Presidenta. — El siguiente punto es el debate sobre:

- El informe (A6-0479/2008) de Giusto Catania, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008 [2007/2145(INI)],

- La pregunta oral de Gérard Deprez al Consejo sobre el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: el progreso en 2008, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (O-0128/2008 – B6-0489/2008),

- La pregunta oral de Gérard Deprez al Consejo sobre los avances registrados en 2008 en relación con el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (O-0133/2008 - B6-0494/2008).

  Giusto Catania, ponente. − (IT) Señora Presidenta, Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, hace 60 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos supuso una verdadera revolución mundial que ratificaba la profética idea del filósofo Immanuel Kant, de que la violación de un derecho en un punto de la tierra repercute en todos los demás.

La revolución de los derechos humanos presentó ante la comunidad internacional dos conceptos muy interconectados. El primero es que uno no puede ni debe hacer diferencias entre los ciudadanos de un país y los de fuera, entre hombres y mujeres, blancos y negros, cristianos y judíos, musulmanes y no musulmanes, creyentes o no creyentes. En resumen, confirma la igualdad para todos al reclamar sus propios derechos. El segundo concepto es que la humanidad en sí misma es una garantía de dignidad y por tanto nadie puede ser tratado de forma indigna ni tan siquiera el peor de los delincuentes. Como dice el propio Kant, no podemos quitarle al hombre perverso el respeto que le corresponde como hombre.

La UE está considerada como la casa o el templo de protección de los derechos humanos. La protección efectiva y el fomento de los derechos fundamentales deberían ser la piedra angular de la democracia en Europa. La implantación de los derechos fundamentales debería ser el objetivo de todas las políticas europeas y para ello las instituciones de la UE deberían promoverlos de forma activa, protegerlos y tenerlos muy en cuenta a la hora de redactar y aprobar una legislación, con el apoyo de las actividades de la Agencia de los Derechos Fundamentales. Esta agencia puede hacer que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tenga efecto y al mismo tiempo garantice el cumplimiento del sistema establecido por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Desafortunadamente, dentro de la UE no siempre hemos podido garantizar la protección y el fomento de los derechos fundamentales a través de las decisiones políticas tomadas por los gobiernos y las actividades legislativas de los parlamentos. El Parlamento Europeo no ha aprobado un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE durante seis años, aunque siempre hemos sido rápidos a la hora de señalar las violaciones de los derechos fundamentales que se producían fuera de nuestro territorio. No podemos centrar nuestra atención en Guantánamo, Abu Ghraib, las violaciones en Colombia y en China, y después ignorar las violaciones que ocurren en nuestros propios países.

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Comisaria Ferrero-Waldner: necesitamos que haya coherencia entre las políticas externas e internas de la UE. Es probable que un análisis más profundo de la situación de los derechos fundamentales en la UE confirme la desagradable conclusión de que en Europa, los derechos humanos se protegen a menudo teóricamente. Para corroborarlo uno sólo tiene que mirar las condiciones en las que se encuentran las personas desplazadas, las minorías nacionales, los romaníes, los apátridas, los refugiados, las personas en busca de asilo y los inmigrantes económicos.

Mañana es el Día Internacional de la Inmigración y ni un sólo Estado miembro ha ratificado todavía el Convenio de las Naciones Unidas. En los últimos años hemos analizado el estado de degradación de los centros administrativos para inmigrantes que, tanto en términos legales como en condiciones de vida, son verdaderos agujeros negros en los que se trata a hombres y mujeres de forma inhumana y degradante, sin las garantías jurídicas necesarias previstas por las leyes, que con frecuencia son inaceptables y que, al mismo tiempo, son garantía de abusos e impunidad.

La situación de los derechos humanos en la UE no es para nada satisfactoria y el informe anual de Amnistía Internacional así lo dice. Por tanto, tenemos que intentar poner en funcionamiento una política activa para evitar la violación sistemática de los derechos, que deberían estar oficialmente garantizados y definidos como inalienables.

Por este motivo, pedimos al Consejo —y aquí aprovecho que está la Secretaria de Estado— que incluya en los próximos informes anuales sobre los derechos humanos en el mundo además de un análisis de la situación a nivel mundial y también un análisis de cada Estado miembro de modo que podamos —y ya con esto termino señora Presidenta— evitar las políticas de doble rasero. ¿Qué Europa queremos ser? Esta es la pregunta que este informe, del que tengo el honor de ser el ponente, intenta responder.

  Gérard Deprez, autor. – (FR) Señora Presidenta, Rama Yade, Jacques Barrot, Señorías, hoy celebramos el último debate de este mandato parlamentario sobre el progreso realizado en relación con el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Ya envié el contenido de la pregunta oral sobre este tema a la Comisión y a la Presidencia del Consejo de modo que no voy a perder los pocos minutos de los que dispongo parafraseándolo. Señora Presidenta, ahora que la ciudad de Estrasburgo nos invita a celebrar las Navidades en un espíritu festivo quisiera aprovechar la oportunidad de repartir algunos regalos.

Es un placer entregar el primer regalo a la Presidencia francesa del Consejo, no por el tiempo que lleva aquí hoy o por su puntualidad sino, en términos generales, por la calidad de la preparación de la Presidencia en sus contactos con el Parlamento, por la experiencia que ha demostrado tener y, en especial, por los ilustres compañeros que son sus ministros y que participaron en las delicadas negociaciones que se mantuvieron con el Parlamento Europeo. Quisiera dar especialmente las gracias al señor Jouyet, cuya cordialidad, profesionalidad y habilidad se han podido apreciar de forma unánime en esta Cámara.

Mi segundo regalo es para Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión, que se sentía perfectamente cómodo con su anterior papel y que, a petición de su Presidente, y para ahorrar a la Comisión los graves problemas políticos que habría ocasionado la sustitución del señor Frattini, accedió y asumió sin preparación alguna una de las carteras más difíciles y sensibles de la Comisión. Comisario Jacques, en menos de un año no sólo ha conseguido hacerse con un tema especialmente complejo sino que también ha conseguido destacar como demuestran las propuestas que acaba de presentarnos con respecto a las nuevas directrices de las políticas de asilo.

Mi tercer regalo es para mis colegas diputados, la mayoría de ellos son profesionales consumados, muy dedicados a su trabajo, algunos de ellos son incluso adictos y uno o dos, todo hay que decirlo, son verdaderos personajes a los que considero, como otros, con respeto y afecto por igual.

El último regalo es para nuestros colegas de la Secretaría —Emilio De Capitani que está aquí pero no escuchando—, nuestros compañeros en los grupos políticos y los asistentes de cada uno de nosotros, cuyo entusiasmo, devoción y talento forman parte imprescindible del éxito de nuestro trabajo.

Uno vez repartidos los regalos quisiera hacer balance. Nadie puede discutir, señora Presidenta, que en menos de diez años, el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia ha sufrido un crecimiento considerable. Del estado embrionario en el que se encontraba en 1999 —les recuerdo que la ambición del Programa de Tampere era, en primer lugar, sentar las bases de la cooperación entre los diferentes Estados miembros y promover el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales— el sector JLS continuó creciendo durante el Programa de La Haya que consolidó la plataforma comunitaria.

Es desde esta perspectiva dual y bajo la presión de sucesos externos dramáticos —no voy a hablar de los ataques que tanto nos han preocupado, responsables de tantas muertes y tragedias— que una serie de políticas han hecho un progreso espectacular: la lucha contra el terrorismo y los delitos graves, la lucha contra la inmigración ilegal, la lucha contra el racismo y la xenofobia y la lucha contra las drogas y la drogadicción.

Y lo que es más, no es una crítica de todos nosotros —el Consejo, la Comisión, el Parlamento— el reconocer que durante estos últimos diez años nuestro enfoque se ha guiado fundamentalmente, y no digo exclusivamente, por una respuesta instintiva provocada tanto por los sucesos dramáticos que acabo de mencionar como por las expectativas de nuestros ciudadanos con respecto a la seguridad.

No obstante, ha surgido hace poco otro enfoque, que sigue un camino menos defensivo, movido por el deseo de ser más positivos, más voluntarios con respecto al espacio europeo que queremos crear juntos. Fue este enfoque el que hizo que el Tratado de Lisboa, como todos saben, hiciera que la Carta de Derechos fundamentales fuese obligatoria. Fue por este enfoque que se decidió transformar el Observatorio de Viena en una Agencia de Derechos Fundamentales. Por este enfoque el Pacto sobre Inmigración y Asilo, sin pasar por alto la seguridad y defensa, abrió el camino a una política más flexible basada en la gestión activa de los flujos migratorios y los avances en materia de asociación.

Ahora, señora Presidenta, una vez repartidos los regalos y hecho el balance, quisiera volver al desafío que tendremos que enfrentar juntos y a las nuevas directrices que deberían inspirar el Programa de Estocolmo, que sinceramente espero que se pueda implantar partiendo de la base del Tratado de Lisboa si finalmente se ratificase.

Como no tengo tiempo pasaré a la conclusión. No podemos dejarnos guiar por nuestros miedos o los miedos de nuestros ciudadanos. Tenemos que guiarnos, en primer lugar, por nuestros valores, que deben estar sustentados por valoraciones objetivas de los riesgos a los que tenemos que hacer frente. Es con esta intención, espero, con la que redactaremos y juntos implantaremos el Programa de Estocolmo.

  Rama Yade, Presidenta en ejercicio del Consejo. − (FR) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, el informe Catania es un trabajo notable que proporciona una visión general de la situación de los derechos humanos en la UE. Contiene muchas y muy buenas recomendaciones relacionadas tanto con aspectos institucionales como con los aspectos prácticos de los derechos humanos. Algunas de estas recomendaciones conciernen a la Comisión por lo que dejaré que responda por sí misma.

Quizás debiera centrarme en ciertos puntos que se han planteado aquí. Estoy pensando, por ejemplo, en la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. Esta Agencia ha sido criticada por tener un ámbito de competencias restringido ya que se limita a uno de los tres pilares de la UE. Creo que merece la pena señalar al respecto que, por un lado, existe una cláusula para revisar de la competencia de la Agencia, antes del 31 de diciembre de 2009. Esta cláusula permite la posible ampliación de las competencias de la Agencia al tercer pilar partiendo de una propuesta de la Comisión.

Por otro lado, se da la opción a cualquier institución europea o a cualquier Estado miembro de recibir opiniones de la Agencia de forma voluntaria teniendo en cuenta las competencias de cada parte. Así, por primera vez el 3 de septiembre, el Consejo, a través de la Presidencia francesa, pidió la opinión de la Agencia sobre la propuesta de una decisión marco sobre la utilización de los datos de los pasajeros por parte de las autoridades policiales de los Estados miembros, cuestión que entra dentro del tercer pilar de la UE.

Por tanto el Consejo ha intentado demostrar la importancia que atañe a la cuestión de los derechos humanos.

El siguiente punto es el problema de los inmigrantes y refugiados. Se han hecho muchas propuestas, se han incorporado medidas al informe en materia de inmigración y sólo puedo reiterar que el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo muestra que el Consejo Europeo declara solemnemente que las políticas de inmigración y asilo tienen que seguir las normas del derecho internacional y, en especial, aquellas que se refieren a los derechos humanos, la dignidad humana y los refugiados.

Quisiera comentar un tercer punto que se recoge en el informe y que en esta ocasión concierne a los derechos del niño. ¿Cómo no se va a estar de acuerdo con sus conclusiones cuando condenan todas las formas de violencia contra los niños, la eliminación del trabajo infantil, prestan atención a los niños romaníes y disponen la asistencia a menores? He observado que el informe considera que la detención de menores que han cometido un delito debería ser el último recurso y que existen medidas alternativas.

Se han destacado muchos otros puntos en este informe y no podemos tratarlos todos. Sin embargo, quisiera concluir con un apunte muy positivo, que me satisface especialmente, y señalar que la decisión marco sobre la lucha contra ciertas formas y expresiones de racismo y xenofobia por medio del derecho penal, al que se refiere el informe, fue formalmente aprobada el 28 de noviembre de 2008 por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, tras siete años de prolongado debate.

En respuesta a Gérard Deprez, empezaré dándole las gracias por las felicitaciones en las que ha incluido a la Presidencia francesa de la UE. Créame cuando le digo que estamos realmente conmovidos. El Presidente Sarkozy ha intentado demostrar así, con su trabajo y con la gestión de una presidencia que en última instancia fue una presidencia en crisis, como ilustra la crisis de Georgia y la crisis financiera, que la Europa política ha vuelto. Nos ha emocionado mucho su felicitación y quisiera agradecerles, Señorías, la estrecha cooperación que han tenido y que nos ha unido durante la Presidencia francesa de los últimos meses.

Antes de abordar las cuestiones que ha planteado quisiera empezar diciendo dos cosas. La primera es que soy muy susceptible con la cuestión de las políticas de doble rasero que muchos de ustedes han mencionado. Es cierto que uno se podría preguntar cómo es posible defender los derechos humanos en el extranjero, fuera de las fronteras europeas, si no se presta atención a la situación que existe dentro de las propias fronteras, como se sospecha a veces que es el caso.

Esta es una pregunta importante y yo misma repito continuamente que necesitamos ocuparnos de nuestra propia casa para fomentar nuestra credibilidad fuera de la UE en materia de derechos humanos. El enfoque que demos a los derechos humanos debe caracterizarse por su fuerza pero también por su modestia. Sólo si tenemos en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos tendremos más posibilidad de ser escuchados afuera.

Algunos de ustedes han hablado del Premio Sakharov concedido a Hu Jia, y estoy encantada, por supuesto. Me complace que se haya concedido este honor a un defensor chino que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo. Creo que es magnífico. Yo misma he defendido mucho la causa de Hu Jia y espero que el Premio Sakharov facilite el progreso en materia de derechos humanos, especialmente en China.

Y volviendo a las cuestiones que ha planteado, señor Deprez, y quizás deba empezar diciéndole que el Consejo se ha comprometido a lo largo del año pasado a cooperar estrechamente con la UE como acabo de decir hace un momento. Se ha entablado un diálogo muy productivo con el Parlamento Europeo y, en particular, con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre los textos que podrían o deberían aprobarse como prioridad siempre que lo permita el calendario institucional.

La Presidencia ha instado a los Estados miembros a que ratifiquen y esto ha permitido que se acelere el trabajo dentro de los parlamentos nacionales y que se aprueben una serie de textos, incluidos algunas que son esenciales.

Hacia el final de este mandato parlamentario esperamos ver que se llega a buen término con textos importantes como la comunitarización de Europol y la obtención de pruebas. En su conjunto estos textos nos deberían facilitar la realización de evaluaciones considerables de la UE con respecto a estos temas.

Quizás también hayan visto que la Presidencia ha llevado a cabo o ha avanzado muchas iniciativas que esta Cámara había incluido dentro de sus prioridades.

Con respecto al tercer pilar, en particular, la Presidencia se ha comprometido a tomar decisiones totalmente conjuntas en materia de inmigración y justicia o justicia civil. Como ya saben, con respecto a las negociaciones con otros países, se ha defendido la idea de que las próximas negociaciones sobre el intercambio de datos con los Estados Unidos deberán se lleven a cabo únicamente en el Parlamento Europeo y esto no ha sido fácil.

Suponen avances importantes en estos ámbitos pero los avances podrían ser incluso más notables si se aplicase el método comunitario a los sectores del área de libertad, seguridad y justicia que entran dentro del tercer pilar.

Proteger los derechos fundamentales en lo que es precisamente un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, es ya una dificultad y creo, como ustedes, que es a través de la protección de los derechos fundamentales como se deberían interpretar los avances en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

Obviamente sólo puedo confirmarles la voluntad del Consejo de trabajar siguiendo estas líneas y podemos firmar un acuerdo en la mayoría de puntos que han propuesto teniendo en cuenta nuestro carácter institucional.

En cuanto a volver a presentar una propuesta relacionada con la protección de los derechos procesales dentro del proceso penal, se debería debatir el año que viene un plan de acción sobre la protección de las personas dentro del proceso penal y se debería llevar a cabo una valoración de la orden de detención europea para que la decisión marco se implante en consecuencia. Además, el Tratado de Lisboa, si entrara en vigor, daría un nuevo impulso a este proceso no sólo haciendo que la Carta de Derechos Fundamentales sea obligatoria, sino también como resultado de los avances institucionales que el nuevo tratado haría posible en el área de libertad, seguridad y justicia.

Se podrían mencionar muchas de las cuestiones recogidas en el informe y planteadas por los diputados durante los últimos meses. Creo que, también en este sentido, podremos avanzar tras el debate. Antes quisiera dar paso —¿es éste mi trabajo señora Presidenta?— al señor Barrot.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. − (FR) Señora Presidenta, quisiera, además de dar mi más calurosa bienvenida a Rama Yade, dar las gracias al ponente, Giusto Catania y a la comisión a la que volveré a referirme señor Deprez.

El informe que ha presentado es detallado y rico en contenido como ya ha señalado la Presidencia. Señor Catania, los derechos fundamentales son el núcleo de la integración europea y la Comisión se compromete evidentemente a promover su estricto respeto en la práctica.

Su informe hace hincapié en que aún queda mucho progreso por hacer en lo que a los Estados miembros y a las instituciones se refiere. Es cierto que tenemos que hacer más para promover y aplicar los derechos fundamentales dentro de la Unión. La Unión debe predicar con el ejemplo no sólo para que su política exterior sea creíble sino también para que haya confianza mutua entre los Estados miembros: la confianza mutua es crucial para trabajar en un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Su informe propone recomendaciones importantes y estamos de acuerdo con que es vital que se haga más por controlar el cumplimiento de las propuestas legislativas resultantes de la Carta, mejorar las condiciones de los inmigrantes y solicitantes de asilo, garantizar que la lucha contra el terrorismo se lleva a cabo conforme a los derechos fundamentales, duplicar nuestros esfuerzos para combatir la discriminación, mejorar la situación de los romaníes en toda la UE y, añadiría también, cooperar más con el Consejo de Europa. Y yo personalmente tengo la intención de comprometerme a ello.

Las recomendaciones y las críticas no deberían, sin embargo, empañar el progreso realizado por la Comisión y la UE a la hora de promover los derechos fundamentales como acaba de decir Rama Yade. Dentro de este progreso está la reciente adopción de la decisión marco sobre racismo y xenofobia y la decisión marco sobre la protección de datos dentro del tercer pilar por parte del Consejo, incluso aunque esto se considere tan solo como un primer paso.

La Comisión ha propuesto recientemente una nueva ley sobre el derecho de asilo que está inspirada por la voluntad de promover un gran nivel de protección. He recordado a los Estados miembros la obligación de respetar los derechos fundamentales cuando transpongan la Directiva sobre la repatriación de inmigrantes ilegales y debería controlar que así es.

La nueva propuesta de directiva sobre la protección contra la discriminación no sólo en el lugar de trabajo va a complementar nuestra ristra de medidas legislativas. La igualdad de género, un ámbito en el que la UE se ha esforzado por estar en cabeza, es el tema de una propuesta de la Comisión para mejorar el equilibrio entre la vida cotidiana y la laboral mediante la ampliación del permiso de maternidad.

Por supuesto, Señorías, que tenemos que garantizar que los derechos fundamentales se respetan en nuestros textos pero también tenemos que comprobar cómo se ponen en práctica. La tarea es muy importante y para completarla con éxito necesitamos implantar una estrategia real que garantice el respeto de los derechos fundamentales dentro de la UE. El próximo programa plurianual, el Programa de Estocolmo, debería incluir, en mi opinión, una comunicación que defina esta política de respeto por los derechos fundamentales dentro de la UE, con una explicación clara de las posibilidades y los límites de la actuación de la Comisión en este ámbito.

Tenemos que hacer que los derechos fundamentales sean tan prácticos como se pueda. No tiene sentido inventar nuevas leyes constantemente. Diría que el marco de regulación básico está ahí: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales. Ahora tenemos información sobre la violación de los derechos humanos que nos ha proporcionado el Consejo de Europa.

Por último, como ya han resaltado, tenemos un instrumento, la Agencia de los Derechos Fundamentales cuyas competencias serán motivo de una cláusula de revisión a finales del año que viene, como bien ha señalado el Ministro. Es cierto que se deben aprovechar estos instrumentos al máximo.

En primer lugar —voy a intentar resumir— el trabajo legislativo de la UE es irreprochable. Tenemos que garantizar el control sistemático y riguroso de la compatibilidad de la legislación europea con la Carta de Derechos Fundamentales.

En 2005, la Comisión definió un método para comprobar que se cumplían las propuestas y tenemos que continuar reforzando su aplicación y utilización. Es realmente importante que tengamos en cuenta el respeto de los derechos fundamentales en todos nuestros procesos legislativos.

Y, por supuesto, tenemos que intervenir en los Estados miembros cuando sea necesario. En el futuro Programa de Estocolmo preveo claramente la explicación de la política de la Comisión en materia de intervención. Podemos intervenir de dos formas conforme a las competencias recogidas en el tratado.

En primer lugar, cuando aplicamos la legislación comunitaria en un Estado miembro se crea un problema en materia de derechos fundamentales, la Comisión continuará controlando que se cumplen los tratados incluso por medio de procedimientos de infracción. Tendremos que ver y, sin duda, hacer una lista de las situaciones en las que la violación de los derechos fundamentales requiere específicamente estos procedimientos de infracción. Yo, particularmente, vigilaré que se respetan los derechos fundamentales y, en especial, los derechos de los menores, cuando los Estados miembros, como ya he dicho, implanten la Directiva de repatriación. Intervine en el proyecto destinado a tomar las huellas dactilares digitales en los campamentos nómadas en Italia para señalar la necesidad de respetar el Derecho comunitario y los derechos fundamentales en particular las normas sobre la protección de datos personales.

También hay situaciones en las que se exceden las competencias comunitarias. Son actuaciones políticas que se pueden ser necesarias en determinadas circunstancias cuando no tenemos la opción de utilizar los mecanismos nacionales.

Con respecto a las detenciones secretas de la CIA, la Comisión ha hablado con Polonia y Rumanía en varias ocasiones para hacer hincapié en la necesidad de realizar investigaciones. La respuesta de Polonia fue informar a la Comisión de que ya se había iniciado una investigación criminal. El Senado rumano ha realizado una investigación que debería completarse para poder tomar en cuenta el segundo informe del Consejo de Europa.

Sé que en su informe, señor Catania, hace referencia al infame artículo 7, que en cierta manera está íntimamente relacionado con la disuasión nuclear, y se pregunta por qué no se ha utilizado. Pude utilizarlo como amenaza. Es cierto que cuando le recordé a Bulgaria que era necesario reconsiderar el premio periodístico concedido a un periodista conocido por sus comentarios despectivos hacia los romaníes, se le quitó el premio. No obstante, es cierto que también tenemos que reflexionar acerca de esta utilización del artículo 7.

Después tenemos que intentar avanzar con respecto a los derechos humanos en ciertos ámbitos de vital importancia para el espacio que compartimos. Los derechos del niño conciernen al conjunto de políticas de la Unión. No obstante, siguen siendo un ámbito en el que se puede mejorar. Les recordaré que en la política de asilo europea dijimos que no era posible detener a menores que no fueran acompañados. En general hemos insistido en que los niños reciban una atención especial.

En el caso de la reforma de Dublín II hemos destacado las demandas de la reunificación familiar. Le agradezco también a la Presidencia francesa que nos haya alentado a implantar este rápido mecanismo de reacción que es vital para evitar el secuestro de menores. Entonces, en marzo de 2009, propondré la revisión de la decisión marco sobre la explotación sexual infantil, la pornografía infantil y la lucha contra el tráfico de seres humanos.

Con respecto a la protección de datos personales necesitamos una estrategia global, renovada que abarque la revisión de la Directiva 95/46 partiendo de la base de la evaluación realizada en vista de los desarrollos tecnológicos.

Ya he hablado sobre el derecho de asilo. Con respecto a combatir el racismo y la xenofobia, es evidente que ahora que tenemos un texto —gracias a la Presidencia francesa por permitirnos por fin tener este texto— tenemos que utilizarlo y tenemos que garantizar que la crisis económica no da como resultado más racismo y xenofobia, en particular entre ciertos formadores de opinión. Tendremos que garantizar que se respetan de verdad los derechos fundamentales en todos los ámbitos relacionados con la lucha contra el terrorismo. La comunicación sobre el racismo y la xenofobia podría definir las maneras de mejorar la eficacia de la acción en este ámbito.

Por último, en 2010, la Comisión tiene que presentar un informe sobre los crímenes totalitarios. El objetivo es promover la cultura de reconciliación específica en la UE, una cultura basada en el reconocimiento de crímenes y víctimas para poner fin a las divisiones que existen entre los nuevos Estados miembros y los veteranos, que no siempre son suficientemente conscientes de la historia trágica de los primeros. Se trata de una tarea amplia, una estrategia que debería conseguir que se garantizase la puesta en práctica de los principios de la UE.

Le diré a Giusto Catania que obviamente extraeremos toda una serie de ideas de su informe para desarrollar el Programa de Estocolmo.

Y ahora voy con la pregunta de Gérard Deprez. Quiero darle las gracias y decirle —y también me dirijo a los miembros de su comisión— que, para mí, como Comisario responsable de la libertad, seguridad y justicia, contar con una comisión que es exigente pero que también es extremadamente atenta y se implica en todos los problemas difíciles, donde hay que encontrar el equilibrio adecuado entre la necesidad de seguridad, evidentemente legítima, y la opción de desarrollar todo el potencial de las libertades y la justicia, supone una ayuda y una oportunidad.

Es cierto que se ha progresado en el ámbito de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, tenemos —tras el Programa de Tampere y el de La Haya— que redactar el programa plurianual de Estocolmo y hoy es demasiado pronto para que formule ideas concretas sobre el contenido del próximo programa. Voy a mencionar tan solo uno o dos puntos y pido disculpas si me extiendo un poco.

Primero, demostrar respeto por los derechos humanos en la práctica tiene que convertirse en un principio que respalde todo el programa plurianual.

Segundo, el individuo tiene que ser el centro de nuestra acción ya sea un ciudadano europeo o de otra nación que resida en Europa. Tenemos que construir una Europa que dé resultados, que beneficie a las personas. Esta Europa depende de que se garanticen sus derechos, su seguridad y protección, así como la de los más vulnerables, como son las víctimas, y de un mejor acceso a la justicia.

Quisiera dar las gracias a la señora Yade por haber sacado el tema de los derechos procesales. En mi opinión éste es un texto de gran importancia. Soy consciente de que habrá cierta renuencia con respecto al resultado pero si de verdad queremos el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales es vital que nos aseguremos de que la justicia que se imparte en Europa cumple con una serie de garantías procesales. Es absolutamente crucial.

El espacio judicial europeo sí debería simplificar las relaciones comerciales y la libre circulación de ciudadanos pero tenemos que recordar que tenemos que luchar contra el crimen y el terrorismo siempre conforme a las leyes. El modelo de justicia europeo se consolidará mediante el equilibrio y la coherencia siempre que nos esforcemos por aumentar la confianza y el reconocimiento mutuo.

Tercero, la dimensión externa del espacio de libertad, seguridad y justicia. Esta dimensión externa tiene que integrarse y añadirse a la interna. No podemos combatir el tráfico de personas sin abordar el fenómeno en países que con frecuencia son el punto de partida del tráfico. Entonces, toda la política de inmigración, toda la política para una gestión coordinada de los flujos migratorios es parte de esta idea de unir la dimensión externa con la interna.

La Comisión tiene la intención de presentar una comunicación en mayo de 2009 sobre las futuras prioridades. De modo que habrá un debate político sobre la adopción de un tercer programa plurianual a finales de 2009. No obstante, tengo que decir —como dije esta mañana a los coordinadores de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior— que de verdad necesitamos al Parlamento Europeo para redactar este programa plurianual. No tengo duda de que contaremos con sus sugerencias y propuestas.

Es cierto que ha habido progresos en el espacio de libertad, seguridad y justicia pero también es cierto que esto es el comienzo de una comunidad judicial real en la que las personas puedan circular por el espacio europeo con la certeza de que se respetan sus derechos sin importar el Estado miembro en el que se encuentren. Esto es muy importante si de verdad queremos que el concepto de ciudadano europeo signifique algo en la vida de nuestros ciudadanos.

Aún queda mucho por hacer, es una tarea emocionante y deberíamos una vez más dar las gracias al Parlamento Europeo, y en particular a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior por la ayuda, entusiasmo y convicción que han aportado.

  Ignasi Guardans Cambó, Ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación. – (ES) Señora Presidenta, voy a acumular en mi intervención un turno en nombre de mi Grupo parlamentario y el turno que correspondía a mi colega Viktória Mohácsi, en nombre de la Comisión de Cultura.

Quería empezar ciertamente felicitando al ponente por el excelente trabajo que ha hecho y por su esfuerzo, del que soy testigo muy en primera fila, por intentar consensuar con los demás grupos el contenido de lo que es actualmente su informe.

Yo comparto con el ponente el 100 % de su compromiso en defensa de los derechos humanos y la buena voluntad por ir un poco más allá. Es verdad, comparto totalmente lo que él decía en su intervención, que a veces llegamos en Europa a la paradoja de que defendemos y atacamos la situación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y pasamos por encima de discriminaciones aberrantes dentro de nuestro propio territorio porque a veces no tenemos suficientes instrumentos para luchar en esa situación.

Eso es algo que realmente hay que denunciar y quien tiene la legitimidad plena para hacerlo es este Parlamento.

El ponente es testigo de que algún debate hemos tenido sobre si es útil o no incluir en este informe otros problemas sociales de nuestra sociedad que van más allá de los derechos humanos.

Yo creo que este informe, en alguno de sus párrafos y, evidentemente, mucho más en sus versiones originales, peca un poco de tener muy buena voluntad de intentar resolverlo todo, no sólo los derechos humanos, sino todos los problemas sociales que hay en este momento en Europa.

Eso, a veces, puede debilitar un poco nuestra actuación. Desde la carestía de la vivienda hasta el empleo de las personas mayores: bien, son problemas que habrá que afrontar, pero no estoy del todo seguro que haya que afrontarlos en el mismo paquete o en la misma lista que la defensa de los derechos fundamentales.

Pero, en todo caso, es cierto y es un hecho que tenemos problemas graves dentro de nuestras propias fronteras, problemas que afectan a individuos en particular y problemas que afectan a grupos, a grupos sociales que están siendo despreciados, que están siendo discriminados por razones sexuales, de orientación sexual, por razones étnicas, por su pertenencia étnica, por razones religiosas, etc., y precisan ser denunciados y precisan un planteamiento global. Por cierto, se ha hecho en cooperación con el Consejo de Europa y me parece muy oportuna la mención que se hace a esa gran institución.

En ese sentido, la Comisión de Cultura hizo una mención muy específica de uno de esos problemas que quiero subrayar aquí en nombre de mi colega Viktória Mohácsi, que lideró ese tema en la Comisión de Cultura, y es la discriminación en materia de educación a los niños de etnia romaní.

El informe, en general, trata muy bien los problemas que afectan a los menores en distintos ámbitos y de forma muy especial la discriminación que sufren los niños de etnia gitana o de etnia romaní, así como la necesidad de que los medios de comunicación −y se ha dicho ya aquí− y los stakeholders −las ONG, las asociaciones sociales− se impliquen en esta lucha contra la discriminación.

Hay aquí mucho de pedagogía, hay que transmitir a la sociedad la implicación en esos valores, y ahí los medios, por un lado, y la educación toda ella, por otro, tienen una enorme responsabilidad.

  Kinga Gál, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (HU) Para el Parlamento es difícil aprobar una decisión general con respecto a la situación de los derechos humanos en la UE puesto que son precisamente esos derechos los que menos deberían estar sujetos a opiniones partidistas o políticas sino que deberían estar basados en hechos y datos independientes privados de cualquier hipocresía. Por tanto, el hecho de que hayamos establecido una Agencia de Derechos Fundamentales durante un periodo de prueba envía un importante mensaje por parte del Parlamento y por la nuestra. Quizás sea este organismo el que asuma esta tarea en los próximos años. El tipo de mensaje que envía Europa a sus ciudadanos con respecto a los derechos fundamentales es, por supuesto, muy importante. ¿Cómo se tratan estos problemas?, ¿de verdad se abordan los problemas reales que afrontan muchas personas?

Las 240 enmiendas propuestas al proyecto de informe también señalan el carácter polifacético de ciertas cuestiones problemáticas y polémicas. Gracias al ponente y a los ponentes alternativos se han redactado rápidamente otros textos aceptables a partir del controvertidísimo informe. Esto no significa que ya no queden diferencias entre los grupos políticos del mismo modo que sí existen grandes diferencias en los párrafos controvertidos que reflejan principios y a menudo actitudes emocionales, muchas de las cuales son ya competencia de los Estados miembros. Después de todo, la parte occidental de Europa casi siempre entiende que disfrutar de los derechos fundamentales es disfrutar de la libertad sin discriminación ya sea de las numerosas minorías de inmigrantes o por motivos de origen étnico u orientación sexual. Al mismo tiempo, los nuevos Estados miembros aún no hemos llegado al punto de hablar de nuestro deseo de ser capaces de disfrutar nuestros derechos fundamentales. En muchos casos seguimos temiendo por nuestras libertades fundamentales y, cuando se trata de las minorías, hablamos de millones de minorías indígenas cuyos derechos fundamentales se siguen violando en los nuevos Estados miembros. Es importante que el informe mencione esto también. También hay una serie de frases que siguen siendo motivo de debate, sobre las que no se ha llegado a un consenso y el Grupo PPE-DE considera inaceptables. Sin embargo, no podemos olvidar que la protección de nuestros derechos fundamentales puede variar, en la práctica, de un individuo a otro. Lo más importante es el respeto mutuo a la hora de tratar estos temas. Esto podría ser de ayuda en la situación actual.

  Martine Roure, en nombre del Grupo del PSE. – (FR) Señora Presidenta, señora Ministra, señora Comisaria, todos sabemos que la protección de los derechos fundamentales constituye la piedra angular de la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. La Unión Europea aspira a obtener los mejores resultados, y para ello cuenta con una legislación europea bien dotada contra las discriminaciones. No obstante, aunque somos muy dados a denunciar los derechos humanos en todo el mundo, es necesario que pongamos primero en orden nuestros propios asuntos, como usted misma ha dicho, señora Ministra. Por eso pedimos hoy una política activa de lucha contra todas las formas de discriminación y exigimos el respeto de la dignidad humana, especialmente en las cárceles, pues muchas veces la humanidad se detiene ante sus puertas.

Por otra parte, hay que señalar que, en estos momentos de crisis, parece que por fin los gobiernos descubren a esos ciudadanos europeos que, aun teniendo un puesto de trabajo, viven en condiciones de pobreza y de precariedad. La extrema pobreza y la exclusión social constituyen una violación de los derechos fundamentales en su conjunto. Tenemos que luchar contra las injusticias que sufren las personas que se encuentran en una situación de extrema pobreza y los trabajadores pobres.

Europa debe recordar que todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales, son indivisibles. En realidad, ¿cómo pueden las personas ejercer su libertad de expresión si no tienen derecho a una vivienda, si están en la calle o si no tienen acceso a los servicios de salud? Debemos escuchar las voces de esas personas y garantizar a cada una de ellas el respeto del conjunto de los derechos fundamentales recogidos en la Carta: el derecho a una vida digna, a una asistencia sanitaria de alta calidad, a una vivienda decente, el acceso a los servicios de interés general, a unos ingresos mínimos.

Para concluir, quisiera repetir, si me lo permiten, las palabras del padre Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo: «Se violan los derechos humanos en aquellos lugares donde los hombres están condenados a vivir en la miseria. Unirse para hacerlos respetar constituye un deber sagrado».

  Alexander Alvaro, en nombre del Grupo ALDE. – (DE) Señora Presidenta, señora Yade, señor Vicepresidente de la Comisión, celebramos hoy el vigésimo aniversario del Premio Sájarov, y la semana pasada conmemoramos el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estos dos acontecimientos nunca habían revestido tanta importancia. Debemos redoblar nuestros esfuerzos continuos en favor de la aplicación de los derechos humanos fundamentales no sólo en Europa, sino en todo el mundo.

Señora Yade, merece todo mi respeto por el valor que ha demostrado al criticar en este recinto las relaciones de su propio Gobierno con Libia. No todo el mundo se atrevería a hacer algo así, y a eso llamo yo «poner en orden primero los propios asuntos».

En 2004, se aseguró al Parlamento Europeo que habría un grupo de Comisarios que se ocuparían personalmente de abordar la cuestión de los derechos fundamentales. Me temo que todavía no hemos recibido un informe al respecto; y eso que, lamentablemente, hemos sido testigos de vulneraciones a la libre circulación en Italia, a la libertad de expresión en algunos Estados miembros y al derecho a la intimidad, entre otros derechos, en el Reino Unido.

Los derechos fundamentales son como los músculos: si no se usan, se atrofian. Ayúdennos hoy a ejercitar esos músculos, y también a redescubrir la base sobre la que asentar una coexistencia decente en nuestras sociedades en el futuro.

  Tatjana Ždanoka, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestro ponente, el señor Catania, por el gran esfuerzo que ha invertido al tener en cuenta las enmiendas presentadas por los grupos políticos. Era una labor difícil, y espero que finalmente se adopte el informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

En el futuro, mi grupo cree que nuestro objetivo, cuando se preparen dichos informes, debería ser no sólo mencionar los problemas, sino contemplar también el principio name and shame («vergüenza para el culpable»), por el que se señala a los Estados miembros que vulneren los derechos fundamentales. Recientemente se ha enviado al Presidente del Parlamento una carta a tal fin, firmada por los Copresidentes del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Por supuesto, todos podemos deducir fácilmente qué Estado miembro es el afectado cuando se mencionan una o varios violaciones de derechos humanos, pero creemos que los europeos deben saber con total certeza quién está ignorando nuestro principio esencial de respetar los derechos fundamentales.

En lo que al texto se refiere, lamento profundamente que algunos de mis colegas ignoren el hecho de que no sólo deben tenerse en cuenta los derechos civiles y políticos. En mi opinión, los derechos económicos, sociales y culturales son igual de importantes.

En el texto definitivo se ha incluido una serie de propuestas presentadas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Son las siguientes: la protección de la intimidad en la lucha contra el terrorismo, la necesidad de ratificar el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las lenguas regionales y la prohibición de la discriminación contra las personas apátridas. Además, hacemos un llamamiento a los Estados miembros para que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y permitan que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial examine los casos individuales.

En mi país, Letonia, más de 350 000 de los llamados no-ciudadanos, muchos de los cuales nacieron en el país, no pueden ni siquiera votar en la elecciones locales. Por desgracia, este problema no se abordó en el informe, debido al principio de no mencionar de forma individual a cada Estado miembro, pero me gustaría insistir en que negar a los residentes de larga duración el derecho a participar en la vida política en el ámbito local pone en peligro la integración política y social. Por lo tanto, es absolutamente necesario conceder el derecho de voto a estas personas.

  Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, tengo objeciones a, por lo menos, dos cuestiones que plantea este informe. La primera es la cuestión de la orientación sexual y la segunda se refiere a los llamados derechos reproductivos.

Las propuestas que permiten el acceso universal al aborto y reconocen el llamado matrimonio homosexual en todos los Estados miembros de la Unión Europea no tienen nada que ver con los derechos fundamentales. No hay ningún documento internacional que respalde tal interpretación del derecho a contraer matrimonio. Además, no existe ninguna base jurídica para tales propuestas en el cuerpo mismo del derecho comunitario. En su constante intento de introducir estos temas en la lista de los derechos fundamentales, la izquierda europea quiere que nos vayamos acostumbrando a tales conceptos. Sin embargo, me gustaría dejarle muy claro que nunca daremos nuestro consentimiento.

Quisiera preguntar a los representantes de la Comisión Europea si la Comisión piensa realmente presentar una propuesta de directiva para luchar contra la homofobia, y qué disposiciones podría contener una directiva de ese tipo. ¿Cree la Comisión que existe una base jurídica para elaborar una propuesta de directiva sobre el reconocimiento mutuo del estatus de parejas del mismo sexo en todos los Estados miembros de la Unión Europea? ¿Tiene esa idea cabida entre los planes de la Comisión? Y ¿pretende la propuesta de directiva relativa a la discriminación fuera del lugar de trabajo introducir de forma subrepticia el reconocimiento de los llamados matrimonios homosexuales en los Estados miembros de la Unión Europea? Insisto en que se aporte una respuesta precisa y exhaustiva a estas complejas cuestiones jurídicas.

  Miguel Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Europa suele vigilar muy de cerca los derechos humanos en todos los rincones del mundo —y hace bien—, y por eso celebramos hoy el vigésimo aniversario del Premio Sájarov. Hace bien, pero falla en una cosa —y este es el principal mérito del informe Catania—, en que no vigila el respeto de los derechos fundamentales en su territorio. En realidad, esta cuestión constituye un programa político para la Comisión y el Consejo, ahora y para los próximos años, ya que la autoridad con la que hablemos sobre los derechos fundamentales fuera de Europa dependerá de cómo respetemos los derechos fundamentales nosotros mismos.

Daré un ejemplo en relación con esta cuestión tan importante. Es inaceptable que varios gobiernos se nieguen actualmente a recibir detenidos de la Bahía de Guantánamo cuya culpabilidad no ha quedado demostrada. Mi Gobierno, en cambio, ha decidido acogerlos, y lo felicito por ello. No obstante, afirmó que lo hacía para ayudar al Gobierno de los Estados Unidos, y ahí es donde está el problema. También por ayudar a Washington varios Gobiernos aceptaron los vuelos ilegales. Tenemos que acoger a los detenidos cuya culpabilidad no está demostrada, si lo necesitan y cuando ellos lo pidan, y no para ayudar a un país a solucionar las consecuencias de sus propios actos.

  Georgios Georgiou, en nombre del Grupo IND/DEM. – (EL) Señora Presidenta, el debate internacional sobre los derechos humanos es, desde luego, muy interesante. Por eso considero que es mí deber felicitar al ponente, el señor Catania, por su sensibilidad hacia esta cuestión y su insistencia en que se protejan los derechos humanos también dentro de Europa. No obstante, quisiera aprovechar la ocasión para intervenir y llamar la atención del Parlamento sobre un nuevo elemento que ya no afecta solamente a las minorías, las vulneraciones de los derechos humanos en todo el mundo, los refugiados políticos o económicos, los subgrupos europeos, las minorías religiosas, los homosexuales, etc., sino que afecta a los propios europeos, quienes, debido a la tempestad que se anuncia tras la crisis internacional, se van a ver divididos en categorías que requerirán la protección de sus derechos humanos.

Me temo que nos vamos a enfrentar al fenómeno del surgimiento de grupos europeos que van a sufrir una pérdida de estatus como consecuencia del paro y de la mengua de protección social, grupos que tal vez se verán abocados a movilizarse, que probablemente pondrán en peligro las economías y políticas económicas en todo el continente europeo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, esos grupos deben ser, sin dilación, objeto de disposiciones y de protección inmediata por parte de la Unión Europea. Los lamentables acontecimientos ocurridos recientemente en Grecia afectan obviamente a Europa, que, esta vez, no cuenta con el lujo que tenía en el pasado en relación con los derechos de los extranjeros y las minorías, y que se ve obligada a intervenir en los graves problemas de los ciudadanos europeos que corren el riesgo de ver cómo empeora la situación de sus derechos respecto de aquellos a quienes se ofrece hospitalidad en la Unión Europea. Por desgracia, ha llegado, sin avisar, el momento de que Europa solucione los nuevos problemas que afectan a los derechos humanos de los ciudadanos europeos.

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Señora Presidenta, no hay que mentar la soga en casa del ahorcado. Una vez más, el informe de la Unión Europea sobre los derechos humanos está cargado de autocomplacencia sobre lo mucho que Europa se preocupa por las violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se producen. Pero no hay vuelta de hoja: la indignación selectiva y la hipocresía subyacen todavía con demasiada frecuencia tras la política de derechos humanos en Europa.

En concreto, como ya se ha mencionado, incluso nuestros diputados de la izquierda lo han hecho, ¿no debería el Parlamento Europeo asumir primero los problemas para poner luego sus asuntos en orden? Al fin y al cabo, hace dos meses escasos, este Parlamento violó en su propia casa la libertad de expresión y de opinión, que con tanto énfasis intenta defender en todos los rincones del mundo, desde la Antártida hasta la selva Amazónica y desde Abu Ghraib hasta Harare.

Mi colega Frank Vanhecke, editor encargado de una publicación local flamenca, fue perseguido por un delito de opinión por el Gobierno belga y sus jueces, nombrados políticamente, y ni siquiera recibió la oportunidad de defenderse ante este Parlamento cuando se tomó la decisión de retirarle la inmunidad política. Es más, hoy, el día en que celebramos el Premio Sájarov, vemos que la Conferencia de Presidentes ha dado la orden de prohibir la película Fitna, de Geert Wilders, que ha recibido amenazas de muerte por parte de los fanáticos islamistas en los Países Bajos. ¡Larga vida a la libertad de opinión! ¡Larga vida a la libertad de expresión y de opinión! Aunque, por lo visto, no en este Parlamento.

  Stefano Zappalà (PPE-DE). - (IT) Señora Presidenta, Señorías, no cabe duda de que el informe Catania marca una etapa importante en la vida de la Unión Europea, ya que confirma la situación existente en su territorio.

No cabe duda de que la fuerte presión de inmigrantes, a la que la Unión Europea lleva años sometida, junto con los importantes cambios internos que se están produciendo, han generado, y siguen generando, muchos problemas en los Estados miembros y en los ciudadanos europeos y no europeos. Tampoco cabe duda de que la Unión Europea tiene deberes concretos, como el de controlar la situación y garantizar al mismo el mayor respeto posible de los derechos humanos, pero también debe respetar y proteger a sus propios ciudadanos y sistemas organizativos nacionales.

Sin embargo, este informe tan largo y exhaustivo parece dirigir una serie de críticas a los Estados miembros en relación con las violaciones que se cometen en sus territorios y, por lo tanto, bajo su autoridad. Varias partes del informe ofrecen una imagen de Europa que, en mi opinión, no corresponde a la realidad y parece —y creo que es evidente que el ponente no lo hace deliberadamente— como si se estuviera dando prioridad a quienes, a veces, no se ciñen a las normas, en vez de dársela a quienes sí las cumplen o quienes aseguran que las cumplen.

En términos generales, aunque apoyo algunas partes del informe, me gustaría decir que sería necesario volver a redactar otras secciones, en aras del interés general. Por último, señora Presidenta, permítame expresar mi solidaridad personal con el Vaticano en relación con los ataques que se han dirigido en su contra a lo largo del debate en esta Cámara.

  Jan Marinus Wiersma (PSE). - (NL) Señora Presidenta, hoy celebramos de nuevo un importante debate sobre la cuestión de la defensa de los derechos humanos, que pone el acento en la posición y la función del Parlamento Europeo y de la Unión Europea. Asimismo, el debate define de alguna manera quiénes somos. Como europeos, concedemos un gran valor al respeto de los derechos irrevocables y universales de la persona en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Aunque nuestros valores comunes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos fundamentales forman parte inherente de los Tratados comunitarios y constituyen la base de la Unión Europea, resulta, sin embargo, mucho más dudoso que nos pidamos cuentas unos a otros cuando las cosas van mal. El informe del señor Catania hace bien en poner una banderita roja en este punto, y me gustaría felicitar al ponente y a quienes lo han ayudado a adoptar este enfoque.

Me gustaría preguntar al Comisario qué piensa de la idea de que en la Unión Europea debamos estudiar si no sería posible formular mejor las normas para pedir cuentas a los demás cuando creamos que se producen problemas que afecten a los derechos humanos.

Me gustaría centrarme en un punto concreto del informe, referente a la situación de los romaníes en la Unión Europea. Los romaníes no sólo son la comunidad que sufre mayores discriminaciones en Europa, sino que, además, son una minoría transnacional que traspasa las fronteras. Tras el estallido de violencia que se desató contra los romaníes en Italia, hace ya más de un año, vimos claramente las deficiencias que supone contar con una competencia estrictamente nacional para garantizar el respeto de sus derechos.

Es evidente que la principal responsabilidad de la atención a los residentes recae en los Estados miembros, pero es necesario que cada Estado respete los límites de los tratados comunitarios e internacionales. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos vemos obligados a observar que los Estados miembros se aferran a lo que se conoce como el principio de no intervención. Las cuestiones que afectan a las minorías se consideran una esfera que recae exclusivamente en el ámbito de competencia de los Estados. En mi opinión, esta afirmación ya no puede sostenerse. Como dije antes, debemos celebrar un debate y estudiar si podemos llegar a celebrar acuerdos dentro de la Unión Europea sobre el modo de solucionar las violaciones de los derechos humanos cometidas en la Unión Europea y cómo poner fin a esta política de no atrevernos a pedirnos cuentas unos a otros.

  Sophia in 't Veld (ALDE). - (NL) Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera expresar mi cálido agradecimiento a la Presidencia francesa y felicitarla por la iniciativa que ha tomado en el marco de las Naciones Unidas sobre la despenalización de la homosexualidad. En mi opinión, constituye un gran avance, porque me temo que la discriminación contra las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales sigue estando a la orden del día, incluso en Europa.

Considero que Europa debe dar un ejemplo importante de la aplicación del principio de que todos somos iguales ante la ley. A este respecto, la Directiva contra la discriminación que se encuentra actualmente en la mesa de negociaciones contiene, a mi modo de ver, demasiadas excepciones que, por sí mismas, dan lugar a situaciones de discriminación, por lo que tales excepciones deben eliminarse.

En cuanto al matrimonio homosexual, quisiera responder a las palabras del anterior orador, el señor Szymański. Con toda sinceridad, en mi opinión, al margen de cuál sea su espectro político, es una cuestión de civilización que un Estado no interfiera en la elección personal de sus parejas. El Estado no debe prohibir las relaciones sobre la base de la religión, el color o la orientación sexual. La elección que cada uno haga de su pareja es una elección estrictamente personal. No tiene nada que ver con el Estado.

Señora Presidenta, para terminar quisiera referirme a la cuestión de los datos PNR (Passenger Name Records) que ha sacado a colación la señora Yade. Me temo que el Parlamento Europeo no está nada contento con el rumbo que está tomando el Consejo Europeo al respecto. Esta cuestión se ha abordado en anteriores debates, y espero que en el futuro el Consejo esté dispuesto a seguir las recomendaciones del Parlamento en este ámbito.

PRESIDE: Mario MAURO
Vicepresidente

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Señor Presidente, Señorías, nuestro país puede ser considerado como un verdadero líder en la lucha contra la discriminación y la persecución, y, en lo que se refiere a la protección de los niños romaníes, un tema al que creo que el informe Catania dedica mucha atención, debemos verdaderamente dar las gracias al Ministro de Interior, el señor Maroni. Tras realizar un estudio exhaustivo de la situación de los niños romaníes, el Ministro ha destapado una situación que tal vez se podía haber detectado antes.

El 50 % de los niños romaníes de estos campos viven abandonados a su suerte, no están escolarizados ni vacunados. El informe debería denunciar también la responsabilidad de las familias romaníes, que, en lugar de enviar a sus hijos a la escuela, los envían a delinquir y los mantienen en condiciones que les impiden integrarse. Por lo tanto, acojo con satisfacción la actuación de los gobiernos que, como el Gobierno italiano, trabajan para garantizar la integración de los niños romaníes y de los niños inmigrantes, por ejemplo en el sistema escolar, abriéndoles vías que les permitan, mediante el acceso a las clases, empezar a aprender nuestro idioma.

Se dice que la repatriación no es una opción cuando hay peligro en los países de origen. Pero ¿de dónde vienen los inmigrantes? Vienen de países que viven situaciones peligrosas, por lo que este punto del informe no tiene sentido. Debemos aplicar los principios de protección de los derechos humanos con sentido común, con el concepto de una nacionalidad europea, y no basándonos en la ideología de quienes nos dan lecciones sobre la protección de derechos y, al mismo tiempo, hablan en nombre de partidos cuyos símbolos comunistas de la hoz y el martillo. ¡Una referencia estupenda, vamos!

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV) Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el señor Catania, por su informe y por su compromiso, tan firme como siempre, y su trabajo de promoción del respeto de los derechos fundamentales. Nunca se pueden mantener compromisos con los derechos fundamentales. No puede haber razones culturales o políticas cuando se trata de los derechos fundamentales.

Al señor Szymański me gustaría responderle que, por supuesto, los derechos fundamentales también incluyen los derechos reproductivos. Y también pueden incluir el derecho a la orientación sexual. Lo importante hoy es que todas las instituciones de la Unión Europea trabajen para garantizar que los derechos fundamentales —la Carta— no se quede en vanas palabras escritas sobre el papel, sino que se concreten medidas que se lleven a cabo realmente. Tenemos que garantizar el respeto de los derechos fundamentales, y esto se refiere a todos los grupos de la sociedad. Gracias.

  Hélène Goudin (IND/DEM). - (SV) Señor Presidente, en los Estados miembros de la Unión Europea y en las instituciones, y en el mundo occidental en general, existen graves problemas de discriminación contra los homosexuales, los bisexuales y los transexuales. En muchos lugares del mundo, los problemas son incluso de mayor envergadura. En ellos, las personas corren el riesgo de ser encarceladas o ejecutadas por sus preferencias sexuales. Esto es, desde luego, totalmente inaceptable y no debería ocurrir en 2008.

Creo que los derechos humanos son universales y no relativos. No podemos invocar viejas costumbres para defender la persecución de los homosexuales, los bisexuales y los transexuales. No; los derechos humanos se aplican a todas las personas en todo el mundo, y son derechos inviolables. Cualquiera que afirme estar a favor de la democracia debe asumir su responsabilidad y luchar contra la intolerancia en cualquier situación.

Ya resulta bastante alarmante que muchos de los diputados de esta Cámara alberguen opiniones hostiles sobre los homosexuales. Ha quedado especialmente patente antes y después de las exposiciones que organicé de la semana pasada en Bruselas. Me parecieron deplorables los comentarios que se hicieron, pero, por desgracia, tampoco me sorprendieron especialmente.

Es necesario impulsar la lucha contra la intolerancia y a favor de los derechos humanos en todas partes: con nuestros amigos, en el ámbito nacional, en la Unión Europea y en todo el mundo a través de las Naciones Unidas. Por eso acojo favorablemente las iniciativas de la Presidencia francesa a este respecto. De hecho, creo que tenía un minuto y medio. Gracias.

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Me gustaría dar las gracias al ponente, el señor Catania, por su informe sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa.

A menudo se vulneran los derechos humanos fundamentales en relación con la lucha contra el terrorismo, que da pie a que se cometan violaciones del derecho fundamental a la intimidad, amenazas o violación de la protección de datos personales y frecuentes discriminaciones.

Hemos sido testigos de cómo numerosos diputados han usado este informe para promover los programas de sus respectivos partidos y han pedido mayor autonomía. La autonomía no tiene cabida en el marco de la Unión Europea y, en el siglo XXI, la autonomía es una idea política que tampoco tiene cabida en el Tratado de Lisboa. En la Unión Europea, tenemos la libre circulación de personas, que es un privilegio fundamental, por lo que debemos entender la autonomía teniendo en cuenta la actual situación del mercado de trabajo. Sólo las personas reaccionarias e incapaces de comprender la idea fundamental de unificar los Estados de la Unión Europea calientan sus manos separatistas al fuego del nacionalismo y el fascismo, y por esta razón rechazo cualquier justificación que pretenda que la autonomía es un método eficaz para resolver los problemas de las sociedades tradicionales y las minorías nacionales.

  Mihael Brejc (PPE-DE). – (SL) Este informe presenta un volumen considerable, y yo me pregunto con qué objeto. Contiene 167 puntos y ocupa 28 páginas. El informe abarca todos los elementos más importantes relacionados con los derechos fundamentales. No obstante, a pesar de unos cuantos puntos positivos, no refleja la situación actual de los derechos humanos. No contiene ningún hecho objetivo ni ningún argumento que respalde las afirmaciones realizadas. Lo que sí contiene, en cambio, es un montón de palabras, que muchas veces resultan contradictorias e irrelevantes, además de un montón de ilusiones, lo que no es precisamente un aspecto positivo. Está repleto de llamamientos a las autoridades competentes, e incluso hay en él una disposición que es contraria a la legislación.

Me sorprende que el señor Catania no haya basado su informe en los informes anuales del Defensor del Pueblo. Si lo hubiera hecho, habría podido comparar la evolución de año en año y ponernos a todos al tanto de los avances realizados en este ámbito, o de la falta de avances. No censuro cada uno de sus puntos, sino que creo que el informe es sencillamente incoherente. Aunque ya haya expirado el plazo para presentar enmiendas, lamentablemente tengo que decir que este informe no puede enmendarse, porque carece de una estructura sustantiva y jurídica adecuada.

En cambio, el informe de la Comisión de Cultura y Educación es otra cosa completamente distinta, ya que establece claramente su orientación sobre los derechos humanos en 12 puntos. Creo que el señor Catania, en su calidad de ponente, tenía muy buenas intenciones. Y creo que ha hecho un verdadero esfuerzo para exponer de la forma más completa posible la situación de los derechos fundamentales, pero, en mi opinión, este informe, a pesar de algunos puntos francamente positivos, no cumple los requisitos mínimas para suscitar un debate serio, y lo lamento mucho.

Si se aprueba este informe, mucho me temo que despertará todavía más críticas de la opinión pública. Por esta razón, señor Catania, creo que más le valdría volver a escribir el informe de forma que presente un panorama claro de cuál era nuestra situación en 2004 y cuál es la situación actual.

Gracias.

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Señor Presidente, una cosa es cierta: la crisis económica mundial va a aumentar la oleada de inmigrantes en Europa y va a empujar al paro a miles de inmigrantes que ya viven con nosotros. Por lo tanto, existe un elevado riesgo de que aumenten la xenofobia y el racismo y una fuerte amenaza contra la cohesión social en los países europeos. Aplicar políticas obsesivas en las fronteras en tales circunstancias no va a resolver el problema. Lo que necesitamos son políticas sensatas orientadas a integrar a los inmigrantes en Europa, políticas que hagan que tanto los inmigrantes como sus hijos dejen de sentirse como cuerpos extraños, y que hagan que otras personas dejen de verlos como cuerpos extraños en nuestra sociedad. Pero hoy en Europa se ha acallado este debate. Lo vimos en el Consejo de Tesalónica, lo vimos en Groningen en 2004 y ahora vemos que se ha desvanecido. La razón, en lo que a mí respecta, es muy sencilla: los políticos europeos no han conseguido convencer a sus comunidades de que en la actualidad la diversidad es, sencillamente, inevitable y que es una cualidad deseable en nuestras comunidades. El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben recuperar esa voluntad política.

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Señorías, por intentar formar una opinión universal, el informe ha acabado resultando tendencioso y poco equilibrado. Da la impresión de que, en el ámbito de los derechos fundamentales, la situación de la Unión Europea es deficiente. Es una clara exageración y nos desacredita, pero resulta muy oportuna para los países de fuera de la Unión Europea con los que mantenemos un diálogo sobre los derechos humanos. No se han tenido en cuenta las enormes diferencias existentes entre los diversos Estados en cuanto a la cantidad de minorías y de inmigrantes. El artículo 45 establece falsamente que en los Estados de la Europa oriental hay un reducido número de inmigrantes. Antes de la ocupación de Letonia, el porcentaje de letones en el país era aproximadamente del 80 %, y el porcentaje de rusos era del 8 %. A principios de 1990, cuando terminó la ocupación, la proporción de letones era sólo del 51 %. Como consecuencia directa de la ocupación rusa, el resto de la población está constituida, en su mayoría, por «inmigrantes rusoparlantes». No debería permitirse que las personas que no desean integrarse ni obtener la ciudadanía tengan un derecho político de voto. La recomendación de conceder a los miembros de cada minoría el derecho a la educación y a hablar su lengua nativa atenta contra los derechos de la población nativa de hablar su propio idioma en su propio país. En el supuesto de que se apruebe el informe, es posible que nos veamos obligados a elaborar inmediatamente otro informe del Parlamento Europeo sobre la protección del pueblo y de la lengua letones. No hay enmiendas posibles que puedan mejorar este informe. La única solución es rechazarlo. Gracias.

  Michael Cashman (PSE). - Señor Presidente, la discriminación sigue viva y coleando, y está bien asentada en el mundo y en la Unión Europea. Por eso, quiero dar las gracias a la Presidencia francesa por su iniciativa ante las Naciones Unidas sobre la despenalización de la homosexualidad.

Es muy triste que hayamos oído, hoy aquí, en esta Casa, palabras en defensa de la intolerancia. La discriminación deja cicatrices en nuestro mundo y —me gustaría decir a algunas personas— deja cicatrices en las almas de quienes la practican. La discriminación habla por boca de políticos e instituciones, como el Vaticano, que debería saberlo mejor. Por eso quiero dar las gracias en nombre de quienes no tienen voz, porque, si la usaran, serían —por ser homosexuales o por su identidad de género— golpeados, torturados, encarcelados o condenados a la pena capital, únicamente por ser diferentes.

Ganaremos. Conseguiremos que haya igualdad. Como homosexual, me comprometo a lograrlo. Lograremos la igualdad simplemente porque la justicia y la bondad están de nuestra parte. Doy las gracias a la Presidencia. Es un enorme privilegio para usted terminar su Presidencia con este compromiso.

  Armando França (PSE). – (PT) Los programas de Tampere y de La Haya, que estamos debatiendo gracias a la pregunta formulada por Gérard Deprez, tienen por objetivo crear un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, mediante la indispensable cooperación de los Estados miembros y entre ellos y las instituciones de la Unión Europea. Para lograrlo, es necesario reforzar las medidas que garanticen la libertad, la seguridad y la seguridad, que son fundamentales para avanzar en el proceso de integración europea. Pero nuestra Unión sólo podrá existir realmente cuando, además del mercado interior y de la cooperación económica, se establezca un espacio común de libertad, seguridad y justicia; cuando los ciudadanos europeos se sientan libres, y vean que sus derechos fundamentales están bien protegidos, y cuando exista para todos una igualdad de justicia. Por eso, la evolución de la cooperación en este ámbito es fundamental. Sin embargo, el Tratado de Lisboa será decisivo, puesto que sus disposiciones en este ámbito son soberanas y dan competencias al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales.

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señor Presidente, la comunidad internacional aborda la cuestión de los derechos humanos aproximadamente cada veinte años. En 1948, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Casi veinte años después adoptó los Pactos sobre los Derechos Humanos y, en 1989, se adoptó otro documento, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entre tanto, en la Unión Europea somos todavía incapaces de elaborar un documento legislativo o de adoptar una carta que, como la Carta de los Derechos Humanos, sea un documento jurídicamente vinculante.

Por esta razón, acojo favorablemente el informe del señor Catania, que contempla los derechos del niño, y quisiera insistir en que debemos considerarlos derechos de primer orden para nosotros, pues los niños representan el futuro de Europa, y Europa se formará en función del modo en que los eduquemos. Por eso es necesario erradicar la pobreza, que es una forma de discriminación que afecta a tantos niños en Europa, y debemos luchar contra ella en nombre de un futuro bueno y justo para Europa.

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) El año próximo, en 2009, deberá aprobarse el nuevo programa plurianual para la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Los resultados de los últimos diez años son positivos, pero tenemos que evitar la tentación constante de favorecer el aspecto de la seguridad en detrimento de la libertad y la justicia.

Por ejemplo, en el plano de la cooperación judicial, la aplicación del principio de reconocimiento mutuo conlleva grandes beneficios para todos los que circulan en este espacio, pero debería tener su contrapartida en la protección adecuada de los derechos y las garantías procesales de las personas en toda la Unión Europea, lo que todavía no ha sucedido.

Se han creado varios sistemas de información para reforzar la seguridad, pero todavía no se ha adoptado la Decisión marco relativa a la protección de los datos personales en el tercer pilar, como bien sabe la señora Roure. La promoción y la protección eficaz de los derechos fundamentales son la base de nuestra democracia y deberían constituir un objetivo permanente de todas las políticas europeas. Los derechos fundamentales son interdependientes y constituyen un conjunto indivisible de derechos. Y en este espíritu están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales. También por esa razón es fundamental modificar el tratado de Lisboa para que nuestra Carta tenga carácter jurídicamente vinculante.

El informe Catania establece varias prioridades, que van desde los derechos sociales hasta la protección de datos y la protección de los derechos de las minorías, entre otras cuestiones. No obstante, en este momento de crisis económica general, creo que debemos prestar especial atención a los casos de extrema pobreza y de exclusión social, que son, por sí mismos, una violación de los derechos fundamentales. Por lo tanto, creo que es fundamental integrar en todas las políticas comunitarias tanto la dimensión social como la protección de los derechos fundamentales y garantizar al mismo tiempo una supervisión rigurosa y sistemática de la compatibilidad de las propuestas legislativas con el respeto de estos derechos.

  Charles Tannock (PPE-DE). – Señor Presidente, acojo con agrado la honestidad y el contenido del informe Catania, aunque hay algunas partes del mismo con las que no estoy totalmente de acuerdo. El hecho de exponer nuestras propias deficiencias en un informe como este debería recordarnos que debemos dejar de sermonear tanto a los demás fuera de la Unión Europea. Muchos diputados de esta Cámara hacían cola para criticar a América por la cuestión de la «entrega extraordinaria» y para criticar a los gobiernos europeos que cooperaron con la CIA. Personalmente, me horrorizaría que no cooperáramos de ningún modo con la CIA en la lucha contra los terroristas fanáticos que quieren acabar con nuestro modo de vida.

El informe no menciona la actuación de Italia, por ejemplo, que deporta a los delincuentes extranjeros. Está claro que una política tan popular y que, al parecer, tiene tan buenos resultados, resulta demasiado controvertida como para denunciarla en el informe. Es también un golpe grave contra el dogma absolutista e incuestionable que ha infectado el debate sobre los derechos humanos. Ojalá que en mi país, el Reino Unido, hubiéramos deportado, por ejemplo, a un delincuente extranjero como el ciudadano italiano de mi circunscripción de Londres que asesinó a su profesor, pero, después de condenarlo a la cárcel, los magistrados permitieron que se quedara en el Reino Unido, invocando los derechos humanos. Los ciudadanos europeos que respetan la ley merecen saber que sus propios derechos están protegidos contra las personas que intentan vulnerarlos.

  Marios Matsakis (ALDE). - Señor Presidente, los derechos de los homosexuales son un tema muy importante en la Unión Europea y, de vez en cuando, dan pie a intensos debates.

Hace poco, ha vuelto a salir a la luz el tema del derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños. A este respecto, me gustaría aprovechar la ocasión para hacer a la Comisión y al Consejo una pregunta directa: ¿están de acuerdo y apoyarían una medida que permitiera a las parejas homosexuales adoptar niños igual que las parejas heterosexuales, o considerarían que el derecho de un niño adoptado a ser colocado en un entorno familiar heterosexual es de vital importancia y que, por lo tanto, las adopciones por parte de parejas homosexuales no debe considerarse deseable y el derecho no debe permitirlo en la Unión Europea? Esperamos y agradeceríamos del señor Comisario y de la señora Ministra una respuesta valiente y directa, que nos sería de gran ayuda.

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Señor Presidente, los más trágicos episodios de la historia del hombre han sido provocados por la negación de la humanidad de un grupo de la raza humana por parte de otro. En el pasado, la esclavitud, la persecución y el genocidio han constituido el destino de aquellos que, por su idioma, raza, religión o cualquier otro motivo, se han considerado como seres infrahumanos.

Hoy, en la Unión Europea, nos gusta pensar que estamos por encima de la barbarie, aunque la humanidad se niegue en la actualidad en función de criterios como la edad, el tamaño o las capacidades. Muchos consideran que los niños antes del nacimiento y los niños con discapacidad —incluso antes de nacer— son seres infrahumanos, y, en consecuencia, todos los años se destruyen en la Unión Europea más de un millón de bebés, y algunos incluso después de su nacimiento.

Y lo que resulta más indignante es que este baño de sangre se esté cometiendo en nombre de los derechos humanos. Me gustaría recordarles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 60 aniversario conmemoramos hoy, reconoce la plena humanidad de los niños antes del nacimiento.

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) En nuevos países se constituyen minorías nacionales sin que tengan ninguna culpa. Pero, lamentablemente, en muchos de los nuevos Estados miembros se está cargando a las minorías nacionales con una culpa colectiva, ya que los Estados intentan prohibirles la educación en su propia lengua o estudiar su propia historia y aprender los nombres de su ciudad natal y de los ríos y lugares de su región. Y, lo que es peor, en algunos de ellos está surgiendo un nuevo tipo de «deporte», que consiste en abatir a las minorías con ayuda de la policía. A algunos países les gustaría prohibir todas las formas de autonomía porque consideran que dan lugar a una fragmentación de la Unión Europea. Pero tales países, como Italia o Finlandia, que han dado autonomía cultural o regional a sus minorías, no se han fragmentado. Tenemos que dar a cada Estado miembro de la Unión Europea la oportunidad de respetar los derechos de las minorías nacionales.

  Rama Yade, Presidenta en ejercicio del Consejo. – (FR) Señor Presidente, en este 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el informe Catania llega en el momento oportuno. La amplia diversidad de temas abordaros, la fuerza de las propuestas que hace y las reacciones de sus Señorías ponen de relieve el carácter fundamental de las cuestiones que nos reúnen hoy. Así pues, voy a intentar responder a los diferentes temas que se han planteado, y procuraré agrupar las intervenciones, puesto que muchas de ellas trataban los mismos temas.

En primer lugar, me gustaría evocar la cuestión de los derechos sociales y de la extrema pobreza que han citado muchas de sus Señorías, entre ellas la señora Roure. Evidentemente, los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales. Forman parte de la segunda generación de los derechos humanos y están simbolizados por la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Sus Señorías tienen razón en destacar la importancia de aplicar tales derechos, puesto que, si no se aplican, pueden ver menguada su categoría y credibilidad.

Por esta razón, la Unión Europea y Francia mantienen, por supuesto, un firme compromiso en la lucha contra la extrema pobreza. Les recuerdo que en el Consejo de Derechos Humanos se ha creado el cargo de un Relator Especial que aborde de manera específica estas cuestiones y estos derechos. En este momento se están redactando los principios rectores para reforzar en el ámbito de las Naciones Unidas la lucha contra la extrema pobreza. Por último, la Unión Europea y, más concretamente, Francia, han tomado una serie de iniciativas que, en mi opinión, revisten un gran interés. La Unión Europea ha promovido y apoyado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que acaba de aprobar la Asamblea General de las Naciones Unidas, y han creado un mecanismo de quejas individuales.

No obstante, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que se trata de una lucha a largo plazo y en que, mientras siga habiendo tanta discriminación y tanta pobreza, mientras haya tantos parados y tantos problemas relacionados con el acceso a los servicios de salud, no podremos estar satisfechos, pero se están haciendo esfuerzos continuos y constantes para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales se apliquen de manera clara, con la Unión Europea como principal defensora de los mismos.

Hay luego un segundo tema que muchos diputados han mencionado, y es la cuestión de la homosexualidad. Quiero aclarar a este respecto que la iniciativa que ha tomado Francia es muy sencilla, y repito que hemos partido del hecho constatado de que actualmente en el mundo hay noventa países que penalizan la homosexualidad, seis de los cuales aplican la pena de muerte. Esto significa que hoy hay en el mundo hombres y mujeres que no pueden elegir libremente vivir en función de su identidad sexual y que corren el riesgo de ir a la cárcel o de ser perseguidos. Así pues, estamos ante una cuestión relacionada con los derechos fundamentales.

No se trata de abrir temas, por muy interesantes que sean, como el derecho de los homosexuales a ser padres o el matrimonio homosexual, ni de tomar mediante esta iniciativa decisiones en relación con los debates sociales; se trata de extender este derecho fundamental al ámbito universal, y este derecho fundamental es el derecho de cada persona a vivir libremente su identidad sexual, sin exponerse por ello a la privación de libertad.

Es simplemente eso, y creo que el hecho de presentar esta iniciativa mañana ante las Naciones Unidas dice mucho de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que somos muchos los que apoyamos este proyecto. Espero que respalde la iniciativa el mayor número de Estados posible, porque, en lo referente a los derechos fundamentales, no hay debate posible, ya que es una simple cuestión de humanidad y libertad.

Paso a otro tema, la cuestión de los romaníes y, más en general, los emigrantes, que se ha evocado en varias ocasiones. Por lo que se refiere a los romaníes, el pasado 2 de julio, la Comisión presentó un informe en el marco de su Comunicación. El informe enumera las políticas e instrumentos existentes, contribuye a la inclusión de la población romaní y recomienda un uso más sistemático de dichas políticas e instrumentos con el fin de favorecer de manera clara la integración de las comunidades romaníes.

Como saben, el 16 de septiembre, en Bruselas, la Presidencia francesa participó en la primera Cumbre europea sobre los romaníes, que organizó nada menos que la Comisión Europea, con el apoyo de la Fundación Soros. Esta Cumbre reunió a los representantes de las instituciones europeas y de los Estados miembros y ha suscitado una fuerte movilización de la sociedad civil. Mi colega del Gobierno francés, la Ministra de Vivienda y Asuntos Urbanos, y el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores rindieron homenaje a la excepcional movilización de europeos de todos los orígenes que se reunieron para celebrar esta Cumbre.

La Cumbre fue muy importante, porque la cuestión de la población romaní es una cuestión de interés común para los europeos y requiere que cada Estado miembro aplique una política voluntarista, una política que, por supuesto, se adapte a las condiciones nacionales específicas. Una política voluntarista de esta naturaleza en el plano nacional debe tener por objetivo permitir un acceso efectivo de la población romaní a la educación, al empleo, a la salud y a la vivienda, y es obvio que en este sentido la coordinación de los Estados miembros de la Unión Europea resulta absolutamente fundamental y decisiva.

Por iniciativa de la Presidencia francesa, se han lanzado varias ideas que han permitido celebrar un debate formal sobre esta cuestión. Los días 20 y 30 de septiembre de 2008 se celebró una segunda Cumbre sobre la igualdad. También se organizó, con dos de mis colegas del Gobierno, una mesa redonda sobre la pobreza y la exclusión, los días 15 y 16 de octubre de 2008 en Marsella. En resumen, los Estados miembros de la Unión Europea están prestando un gran atención a la situación de la comunidad romaní, y estoy segura de que, en este sentido, seguiremos realizando nuestra labor incluso después de concluida la Presidencia francesa de la Unión Europea. No les quepa duda de que estamos plenamente comprometidos en esta cuestión.

En cuanto al tema más amplio de los inmigrantes, quisiera, en este final de la Presidencia francesa de la Unión Europea, mencionar el éxito obtenido por el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. Por primera vez, con este Pacto, la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea compartirán unos objetivos, tendrán una posición común sobre esta cuestión, y en especial en cuanto a la creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo, en cuanto al objetivo de los visados biométricos y en cuanto a la actuación necesaria por parte de la Unión Europea cuando se ejerza demasiada presión sobre algún Estado, especialmente en el ámbito de la inmigración.

El Pacto, que, les recuerdo, ha sido adoptado en octubre por el Consejo Europeo, propone una serie de compromisos políticos, como la organización de la inmigración legal teniendo en cuenta las necesidades y las capacidades, la lucha en común contra la inmigración ilegal, el refuerzo de la eficacia de los controles en las fronteras y al objetivos de construir una Europa del asilo.

En resumen, creo que el conjunto de todos estos elementos relativos al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo permite a la Unión Europea adoptar una estrategia común en este ámbito y tal vez, a través de dicha estrategia común, aplicar una auténtica política en materia de inmigración legal y, al mismo tiempo, los derechos correspondientes.

Ahora me gustaría responder a una pregunta, una observación, un comentario sobre Guantánamo y las consecuencias de su cierre, para decirles que la Unión Europea ha afirmado en numerosas ocasiones que la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo respetando el Estado de derecho, es decir, respetando los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de refugiados. También hemos dicho que no podía existir un vacío jurídico para los detenidos, sean quienes sean, y que la existencia de cárceles secretas es inaceptable.

Nuestra posición no ha cambiado, y todo esto se basa en nuestra certeza de que las sociedades democráticas no podrán afrontar el terrorismo a largo plazo a menos que se mantengan fieles a sus propios valores. La Unión Europea cree que los Estados Unidos deben, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para cerrar Guantánamo lo antes posible. A tal efecto mantenemos un diálogo permanente con el Gobierno de los Estados Unidos sobre esta cuestión.

Creo que algunas de sus Señorías han planteado un último punto. Me refiero a la cuestión de los derechos humanos, aquí, en Europa, y en especial al papel del Consejo de Europa. Quiero empezar felicitando en primer lugar al Consejo de Europa por su papel en la defensa y la promoción de los derechos fundamentales. Creo que, desde su creación, el Consejo de Europa ha realizado un magnífico trabajo en este ámbito, en especial con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Ya existen mecanismos para supervisar los derechos humanos dentro de los Estados miembros, y creo que usar tales mecanismos nos permite no ceder a las normas de doble rasero y poner primero en orden nuestros propios asuntos, dado que el Consejo de Europa y su instrumento jurídico, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, actúan como fuerzas motrices para recordar a los Estados miembros de la Unión Europea y a otros Estados —puesto que el Consejo de Europa cuenta con más miembros que la Unión Europea— su deber de denunciar las deficiencias y pedirles que pongan remedio a las mismas. El Consejo de Europa es, por lo tanto, un instrumento fundamental, una organización de primer orden en la defensa y la promoción de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, está asimismo la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que también trata los derechos humanos en los Estados miembros y que se menciona en diversos informes publicados recientemente. No obstante, la Agencia se centra en la situación de los derechos humanos en los Estados miembros cuando éstos aplican el derecho comunitario, eso es todo. Por lo tanto, creo que puede establecerse un modus vivendi entre ambas organizaciones, teniendo en cuenta que el ámbito de cada una de ellas se circunscribe a unos límites concretos. Por lo tanto, esta disposición que acabo de mencionar, lejos de ser una limitación de su mandato, pretende, al contrario, evitar que se dupliquen las actividades con el Consejo de Europa.

El Reglamento por el que se crea la Agencia establece expresamente, por ejemplo, que la Agencia debe colaborar estrechamente con el Consejo de Europa. Esa cooperación debe garantizar que no se produzcan colisiones y, sigo citando textualmente: «esa cooperación debe garantizar que no se produzcan colisiones entre las actividades de la Agencia y las del Consejo de Europa». Así pues, es fundamental que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las instituciones del Consejo de Europa traten de garantizar que sus esfuerzos sean complementarios y que las instancias que actúen se complementen unas a otras. Por esa razón, lógicamente, la Agencia tiene una preocupación constante por trabajar en el ámbito de competencia que le corresponde, y complementar al mismo tiempo la actuación del Consejo de Europa.

Creo que he contestado de forma resumida a todos los puntos que han planteado, Señorías. Ahora dejo que el Comisario Europeo responda a las preguntas que se le han dirigido.

  Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. – (FR) Señor Presidente, la Presidencia ha respondido a varias de sus preguntas, por lo que procuraré ser breve.

En primer lugar, me gustaría felicitar a la señora Roure por sus palabras al inicio de este debate, al decir que precisamente la Carta de los Derechos Fundamentales ha sido capaz de unir los derechos sociales y los derechos civiles. En mi opinión, esa es la contribución más positiva de la Carta, que pronto se incorporará, espero, al derecho comunitario. Constituye realmente un vínculo entre los derechos civiles y los derechos sociales.

Siendo así, quiero responder algunas preguntas sobre las minorías. En realidad, no estamos investidos de competencias especiales para preocuparnos del derecho de las minorías en los Estados miembros, pero podemos luchar contra la discriminación que se practica contra las personas pertenecientes a una minoría. La discriminación personal cae en el ámbito de nuestra lucha contra la discriminación.

En cuanto a la comunidad romaní —me parece que la Presidencia ha respondido a esta cuestión—, quisiera recordar que el pasado 16 de septiembre organizamos la Cumbre sobre los romaníes. Yo mismo tuve oportunidad de clausurarla, y debo decirles también, junto con mi colega, el Comisario Špidla, que hemos colocado la cuestión de la discriminación contra los niños romaníes entre nuestras principales prioridades.

Esta discriminación es absolutamente inaceptable, pero Europa no ha tardado mucho en ocuparse de estos problemas. Los Estados miembros tienen responsabilidades de primer orden en este ámbito y sí han tardado tiempo en ocuparse de ellos. Es verdad que hoy vamos a intentar utilizar todos los medios a nuestro alcance para favorecer realmente la integración de la comunidad romaní.

Dicho esto, insistimos también especialmente en que nuestra estrategia no se base en un enfoque exclusivamente étnico en relación con los romaníes. Un enfoque de ese tipo podría ser contraproducente y anularía las ventajas de dar un trato horizontal a la cuestión de los romaníes en todas las políticas de la Unión Europea.

Asimismo, me referiré a la diferenciación sexual. Sinceramente, creo que la respuesta de la Presidencia ha dado en el clavo. En realidad, es un deber de tolerancia respetar y hacer respetar la diferenciación sexual. Es evidente que, en este sentido, contamos con el texto sobre la discriminación, pero debemos garantizar que se aplique.

También quiero decir que en realidad la Comisión no tiene ninguna intención de ir a tomar posiciones en lugar de los Estados miembros en cuanto a la organización del derecho de familia. Como saben, ya hemos tenido dificultades para disponer de normas relativas al divorcio. Con mayor motivo, no podemos meternos en un terreno que requiere la unanimidad.

Añadiré, no obstante, que la ley de libre circulación de personas obliga, por supuesto, a los Estados miembros a reconocer algunos vínculos contraídos en otro Estado miembro y, a este respecto, no hago más que repetir lo que dice el derecho europeo.

Para terminar, me gustaría decir que lo que me parece más importante —y creo que las palabras del señor Deprez eran muy acertadas— es que no debemos dejarnos llevar por el miedo. Tenemos que reconocer que, desde los atentados del 11 de septiembre, se ha propagado un miedo del terrorismo que nos ha hecho perder de vista en algunos momentos la protección de los derechos, las libertades individuales y la vida privada, y es necesario, en mi opinión, vigilar de cerca ese equilibrio. Desde luego, despreciar los derechos fundamentales, los derechos humanos y la vida privada no es el modo más eficaz de luchar contra el terrorismo. Creo que es absolutamente necesario conseguir este comportamiento.

Y a modo de conclusión diré que, en el ámbito de los derechos fundamentales, nuestra tarea consiste no sólo en elaborar textos, sino también en garantizar que se apliquen. Es necesario establecer un deber de vigilancia. Les aseguro que, por lo que se refiere a la Comisión y a su Comisario responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, me encargaré personalmente de que se supervise en la práctica la aplicación del derecho europeo en todos los ámbitos.

  Giusto Catania, ponente. – (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al Comisario Barrot y a la señora Yade por las palabras de apoyo que han dedicado a mi informe. También me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos, la señora Gál, la señora Roure, el señor Guardans y la señora Ždanoka, por su participación activa en el informe y en la composición del mismo.

Creo que las cuestiones que se han planteado son muy interesantes, y me gustaría en especial dedicar unos minutos al tema que ha mencionado el Comisario Barrot. En estos momentos en que la crisis económica se está agravando, debemos impedir que haya una guerra abierta en la Unión Europea entre las personas pobres, los ciudadanos que sufren discriminación por sus condiciones sociales y los ciudadanos discriminados por sus condiciones de vida o sus expectativas, o incluso por su llegada a la Unión Europea y el hecho de haber sido recibidos del mejor modo posible.

Es verdad que la crisis puede intensificar el racismo y la xenofobia, y me gustaría decir al señor Brejc que hemos analizado con suma atención el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, anteriormente, el informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, y hemos constatado que en los últimos años ha habido un incremento exponencial del racismo y la xenofobia en la Unión Europea. Por eso estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo y creemos que es necesario impulsar la creación de procesos que establezcan de manera activa un papel en el que la promoción y la protección de los derechos fundamentales se convierta en una prioridad eficaz para construir una Europa de la paz, una Europa comprometida con la promoción del diálogo intercultural y libre de las prácticas bárbaras.

Creo que, de este modo, con este informe, podemos contribuir a mejorar el papel de la Unión Europea en la escena internacional. No voy a abordar otras cuestiones que han surgido en el debate, algunas no merecen respuesta por mi parte, pero he acogido con gran satisfacción el intercambio que ha tenido lugar y las propuestas que han presentado muchos diputados que han participado activamente en el debate.

  Presidente. – El debate conjunto queda cerrado.

La votación se celebrará en breve.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Con arreglo a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales, los ciudadanos de la Unión Europea son libres de buscar un empleo o un trabajo o de establecerse en cualquier otro Estado miembro.

Por desgracia, hasta el momento no todos los ciudadanos europeos pueden disfrutar de esta libertad. El período de restricción de dos años en el mercado de trabajo impuesto a los nuevos Estados miembros expira al final de este año. Sin embargo, ocho Estados miembros ya han anunciado su intención de ampliar dicho período a otros tres años, debido a la actual crisis financiera.

De conformidad con el informe de la Comisión del 11 de noviembre de 2008, no existen pruebas concluyentes que demuestren que un número importante de trabajadores locales haya perdido su empleo o haya sufrido una bajada salarial por culpa de los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros.

Mantener cerrados los mercados de trabajo supone prolongar la diferencia de trato entre los ciudadanos europeos. Abolir tales restricciones contribuirá a evitar que surjan problemas relacionados con el trabajo no declarado o la falsa actividad por cuenta propia.

Por este motivo considero que los Estados miembros que siguen imponiendo restricciones en el mercado laboral debe tener en cuenta, antes que nada, que la libre circulación de los trabajadores tiene unas consecuencias positivas reales en el crecimiento económico sostenible.

Ha quedado demostrado que la libre circulación no es sólo un factor positivo, sino incluso una necesidad.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Sin comentar en detalle el contenido de este informe, que ha suscitado numerosas críticas, me gustaría llamar la atención sobre un punto del mismo contra el que he votado, aunque en la Comisión había rechazado una enmienda que pretendía suprimirlo. Me refiero al punto 46, que recomienda que se haga una definición de las minorías nacionales en el ámbito europeo, sobre la base de la Recomendación 1201 (1993) del Consejo de Europa. Esta Recomendación no debería invocarse sin una escrupulosa aclaración de la interpretación que debe hacerse de esta disposición, ya que contiene una redacción ambigua que podría interpretarse como que concede derechos colectivos a las minorías o autonomía territorial según criterios étnicos. Creo que el Parlamento Europeo no debe aceptar sin una actitud crítica una referencia a esta Recomendación. Incluso la Comisión de Venecia (Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho) insistió en que debe tenerse especial cuidado con la interpretación que se dé a la Recomendación 1201.