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Procedimiento : 2009/2513(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

B6-0150/2009

Debates :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Votaciones :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Explicaciones de voto
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P6_TA(2009)0252

Debates
Miércoles 22 de abril de 2009 - Estrasburgo Edición DO

7. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
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Explicaciones orales de la votación

 
  
  

- Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo - 2010

 
  
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  David Sumberg (PPE-DE). - Señor Presidente, quizás piense que, porque dejo este Parlamento en julio, no debería opinar en absoluto sobre el programa para el Parlamento en 2010. Pero decepcionaría a los que me enviaron aquí durante los últimos 10 años si no aprovechara esta oportunidad para protestar contra la posibilidad de seguir manteniendo este Parlamento en Estrasburgo. Es un derroche escandaloso de los recursos de los contribuyentes. Y no hay razón alguna para ello puesto que ya existe un edificio adecuado para el Parlamento en Bruselas. Cuando menciono esto a la gente del Reino Unido —los gastos y los inconvenientes de que todo el mundo venga hasta aquí― se quedan totalmente asombrados, especialmente en estos tiempos de dificultad económica, en los que debemos luchar contra esta costumbre. Ha llegado el momento de poner fin a la farsa de Estrasburgo, con vistas a garantizar que el Parlamento opera solamente en Bruselas y contribuye efectivamente a ahorrar el dinero público para emplearlo en mejores razones.

 
  
  

PRESIDE: Luigi COCILOVO
Vicepresidente

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señor Presidente, cada año la Conferencia de Presidentes presenta diversas enmiendas para intentar garantizar que empleamos más tiempo en Estrasburgo del que deberíamos. De hecho, pasamos más tiempo en Estrasburgo de lo que realmente se percibe, porque el simple hecho de llegar hasta aquí requiere casi un día de viaje para la mayoría. No deberíamos elegir venir a Estrasburgo en ningún caso.

El único derecho añadido que me gustaría que este Parlamento tuviera es el derecho a elegir donde se reúne. Mi compañero, el señor Posselt, reconoce que existen ciertas ventajas locales para los políticos que viven cerca de este lugar. Sin embargo, no es fácil para ninguno de nosotros desplazarnos constantemente a través de la frontera de Alemania. Para traer a los electores aquí ―personas que desean realizar una visita para ver cómo funciona este Parlamento— es necesario más de un día. Tenemos instalaciones muy buenas en Bruselas. No deberíamos votar la prolongación del tiempo que empleamos en Estrasburgo: deberíamos votar por deshacernos de este.

 
  
  

- Informe: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
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  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, solo tengo una cuestión que suscitar aquí, y es la escandalosa saga de leyes de expropiación de terrenos en España, que se ha presentado ante la Comisión de Peticiones de una forma u otra durante los últimos seis años. En toda esta Cámara todos nosotros tenemos electores, independientemente de nuestra nacionalidad, que han estado sufriendo los abusos de la ley de urbanización en las costas españolas, al igual que miles de ciudadanos españoles.

Los intentos de traer esta cuestión a juicio de esta Cámara han sido vergonzosamente frustrados por varios diputados españoles de ambos partidos, y haría especialmente un llamamiento a mis compañeros del Partido Popular para que recordaran la importancia de la inviolabilidad de la propiedad. De todas las personas, deben entender ―conociendo su historia y lo que pasó en la Segunda República, donde la propiedad no estaba garantizada― la importancia de que la gente debe percibir que sus títulos de propiedad no pueden ser violados por los abusos del estado.

 
  
  

- Informe: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, en primer lugar quisiera comentar que el informe de la señora Záborská adopta el enfoque correcto. Es muy importante que se pueda implementar la igualdad en los diferentes papeles del Parlamento, ya sean los comités o las delegaciones.

Además, reviste gran importancia que a la hora de compilar las listas de candidatos para las elecciones europeas, se puedan incluir candidatos de ambos sexos.

Nos necesitamos los unos a los otros, y espero que las cosas se desarrollen en una dirección en la que, un día, el género ya no desempeñe un papel tan importante como las habilidades y la experiencia. Cuando el Parlamento adopta sus decisiones, es más importante que contemos con personal cualificado y experto —tanto hombres como mujeres— en los comités. De esa forma, todo el mundo tendrá una visión clara y común sobre cómo construir un futuro y una Europa mejores utilizando el conocimiento y las habilidades.

 
  
  

- Informe: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
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  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, existe un gran potencial de ahorro mediante la creación de una red común europea. En algún lugar en Europa, en un momento dado, existen excedentes de producción eléctrica, y al suprimir las trabas nacionales se reducirá considerablemente nuestra dependencia de las fuentes de energía importadas. Lamentablemente, no obstante, este tipo de modelo de integración —uno de libre mercado, descentralizado y orgánico― no es lo que hemos estado votando en nuestra serie de informes del día de hoy. En su lugar, estamos recorriendo el camino hacia la armonización, los precios fijos, la protección y hacia una posición de negociación común frente a Rusia y otros terceros. Se trata de una diferencia ideológica básica en la Unión Europea entre un mercado libre basado en el reconocimiento mutuo de productos y un mercado armonizado basado en la reducción de las posibilidades de elección del consumidor, la protección de los productores y la regulación de las autoridades.

Creo que existen riesgos específicos para un país como Gran Bretaña. Éramos, hasta hace dos años, el único productor de energía neta de la UE. Incluso ahora estamos más o menos en equilibrio. Una política energética común podría acabar siendo para nosotros como la política pesquera común, donde somos el único país que pone una cantidad sustancial en la caja común, mientras que el resto hace uso de ésta de forma equitativa.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). - Señor Presidente, antes de que profundice en la cuestión, quisiera rendir homenaje a la ponente, la señora Morgan. Sé que ella está a punto de abandonar este lugar y, aunque no siempre estamos de acuerdo en algunos temas, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que ha realizado una cantidad ingente de trabajo respecto a este informe.

Somos conscientes, si nos fijamos en la historia de la liberalización en la UE, de que la liberalización de las telecomunicaciones ha sido un gran éxito, puesto que ofrece opciones, precios más bajos y mejores servicios a los consumidores en toda la UE. Es una pena que el mercado postal y el energético, en particular, no hayan estado a la altura en este sentido. Esto representa sin duda un paso adelante en la dirección correcta, pero todavía necesitamos solucionar el problema de la separación entre las redes además del acceso a otros mercados.

No es justo que algunos mercados, como el del Reino Unido, permanezcan abiertos a la competición, en tanto que empresas de Alemania y Francia pueden acceder al mercado británico, pero impiden que empresas del Reino Unido y de otros países accedan a sus propios mercados. El tiempo del proteccionismo se acabó. Es el momento de tener más fe en el mercado.

 
  
  

- Informe: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría decir que el informe del señor Belet es excelente. Es muy importante que garanticemos que somos respetuosos con las fuentes de energía, ahorramos energía y actuamos eficazmente en todos los sentidos —en transporte y en otras áreas—.

Todo ello también debería ser nuestro objetivo en el caso de los neumáticos. Este informe concreto habla de transporte y neumáticos, pero es fundamental recordar que la seguridad es la cuestión más importante y que nunca debe ponerse en peligro.

En cuanto a este asunto, necesitamos encontrar el tipo de equilibrio correcto. No se debe permitir que el rendimiento energético en la fabricación de neumáticos ignore la seguridad. En otras palabras, si queremos garantizar el rendimiento energético e incrementarlo, tenemos que asegurar al mismo tiempo que la seguridad no queda socavada ni en lo más mínimo, porque en autovías, carreteras y en todas partes la seguridad deber ser la prioridad y el principal objetivo cuando desarrollamos los transportes en Europa.

 
  
  

- Informe: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, en primer lugar, deseo dar las gracias a la ponente, la señora Vălean, por su excelente informe. Es muy importante que podamos lograr en el futuro el abaratamiento y la uniformidad de tarifas de llamadas de telefonía móvil en el mercado interior europeo.

En la actualidad, el problema es, sin duda, que al viajar de un país a otro nos encontramos con frecuencia con que tenemos que comprar nuevos abonos de suscripción o, de lo contrario, tendremos que pagar cargos muy elevados.

Es importante que, mientras existe libertad de circulación de ciudadanos y de trabajadores y se construye un espacio económico común – algo que de hecho debería estar operativo a nivel de la Unión – se debería aprobar un sistema de tarifas de telefonía móvil coherente. Este sistema sería de interés común.

La Unión Europea debe actuar de forma que conceda prioridad a los intereses de los ciudadanos y, si nos lo proponemos, podemos actuar para asegurar que los precios de las llamadas de voz se reduzcan.

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). - Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores sobre este informe, estoy muy satisfecho del trabajo que hemos llevado a cabo para generar una mayor transparencia. Durante muchos años, uno de los grandes problemas ha sido el asunto del susto de la factura para muchos consumidores que, cuando regresan a sus hogares, se encuentran con una factura mayor de lo esperado.

Sin embargo, si nos fijamos en el resto del informe y, especialmente, en el asunto de los precios máximos, creo que debemos reconocer que, sin este Reglamento, los precios ya se han reducido. La propia Comisión admite, con sus propias cifras, que la mayoría de los consumidores no realizan llamadas itinerantes: el 70 % de los consumidores no realiza ninguna llamada itinerante a lo largo del año. El nivel para los usuarios habituales de las llamadas itinerantes es mucho menor. Por lo tanto, lo que realmente estamos haciendo es reducir el coste de las llamadas y de las transferencias de datos para un reducido y privilegiado grupo de parlamentarios, funcionarios de la Comisión, y periodistas y empresarios europeos.

Esperemos que las empresas, cuando intenten recuperar sus ingresos por alguna otra vía, no repercutan mayores precios a los consumidores nacionales – y especialmente a los más pobres – por sus llamadas. Esperemos que no estemos robando a los pobres para conseguir llamadas más baratas para los ricos.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe de la señora Vălean sobre un asunto al que, por fin, se pueden aplicar totalmente los poderes de la Unión Europea.

En este ámbito de las telecomunicaciones, debo decir que la situación es, en ocasiones, insoportable. Hay consumidores decepcionados que, después de haber utilizado un teléfono móvil como este, que su contrato alegaba incluir las llamadas internacionales, se desesperan cuando descubren el importe de sus facturas. Por citar un ejemplo, esto es lo que me ocurrió a mi no hace mucho cuando, después de utilizar una conexión a Internet dos o tres veces en Italia en un día, recibí una factura del operador francés Orange, prácticamente nacionalizado, por importe de 1 200 euros, y por otro día en el mismísimo límite de la frontera francesa, entre Evian y Ginebra, ¡recibí una factura de 3 000 euros!

Estas son prácticas abominables que rayan el atraco a plena luz del día, y estos operadores son responsables ya que no ofrecen ninguna transparencia a los consumidores. Por lo tanto, las normas sobre la transparencia en los contratos de telefonía móvil han de ser estandarizados en el seno de la Unión Europea.

 
  
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  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, por supuesto que estamos todos a favor de unas tarifas más bajas cuando viajamos al extranjero con nuestros teléfonos móviles. Uno tendría que estar loco para estar en contra de esto, pero esto es solamente una parte de la ecuación. Cuando nosotros, desde esta Cámara, obligamos a los operadores a reducir sus tarifas de llamadas itinerantes, ellos tendrán que compensar sus ingresos de algún otro modo y posiblemente lo hagan aumentando las tarifas a los que no viajan al extranjero.

Se trata, expresado de otro modo, de un impuesto sobre los que no viajan en beneficio de los que si lo hacen. Habrá adolescentes de municipios de mi distrito electoral que tendrán que afrontar unas tarifas más altas para que ciertos empresarios, parlamentarios y comisarios puedan hablar más barato cuando estén fuera de su país.

Tengo que confesar que no somos parte desinteresada. Todos los que estamos involucrados en esta votación tenemos mucho que ganar de este tipo de Reglamentos que hemos apoyado en este ámbito durante el año pasado. Si quieren comprender como ha cambiado la balanza de poder en Europa, solo necesitan leer este informe. «¿Quién, para quién?» se preguntaba Lenin en lo que posiblemente constituya el argumento de filosofía política más conciso jamás pronunciado. ¿Quién tiene el poder y sobre quién lo ejerce? Bueno, ya no hay lugar para dudas sobre quien tiene el poder. Nosotros lo tenemos, nosotros los eurócratas.

 
  
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  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Señor Presidente, muchas gracias por darme la palabra. He votado a favor de este informe porque considero que la tarea llevada a cabo por el Parlamento Europeo en el ámbito de las comunicaciones móviles es extremadamente importante. Recuerdo que en mis primeros días de trabajo en Bruselas un minuto en el teléfono costaba tres euros o más. Hoy en día, gracias a estos Reglamentos, pagamos unas cantidades limitadas lo cual ha beneficiado a la totalidad de los ciudadanos europeos. También me gustaría señalar que estas tarifas itinerantes no son claras. Esto es especialmente obvio en el caso de los textos. Mientras hemos obtenido descuentos significativos en llamadas de voz, en ocasiones las empresas han conseguido beneficios demasiado altos por la transmisión de textos y esto, de nuevo, no representa el interés común de los ciudadanos. Considero que a través de este Reglamento y esta Directiva hemos conseguido un gran avance en lo relativo a la defensa de los intereses del consumidor y también hoy en día, cuando la transferencia de datos recibida a través del teléfono móvil es tan crucial, el hecho de que estas tarifas se hayan reducido constituye un gran logro del Parlamento Europeo.

 
  
  

- Informe: Peter Skinner (A6-0413/2008)

 
  
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  Eoin Ryan (UEN). - Señor Presidente, me gustaría felicitar al señor Skinner por su informe. Ha llevado a cabo un trabajo excelente. Ha sido una tarea enorme pero el señor Skinner la ha llevado a cabo satisfactoriamente a través de esta compleja pieza legislativa. También me gustaría felicitar a las instituciones europeas y a los Estados miembros que nos han concedido una finalización exitosa de Solvencia II.

Constituye un buen ejemplo de cómo Europa debe trabajar unida para conseguir la recuperación financiera. Compartiremos tanto los problemas como las soluciones. Esta respuesta aprobada a nivel europeo es un buen ejemplo de una relación más cercana en lo relativo a cooperación financiera. Hemos de trabajar unidos para garantizar que nunca jamás se repetirá una crisis bancaria de las proporciones de la que estamos experimentando en la actualidad.

Me he fijado especialmente en la aprobación por parte de la Comisión de un sistema de apoyo hipotecario para los propietarios de viviendas del Reino Unido. Este sistema permitirá a los propietarios que no pueden hacer frente a sus préstamos hipotecarios, retrasar el pago de la totalidad del principal y hasta un 70 % de los pagos de intereses por un período de dos años. Deberíamos seguir con atención la evolución de este sistema, aprender de el y aplicar cualquier medida efectiva que reduzca la carga que soportamos.

Creo que esto es algo que todos los Estados miembros pueden considerar pero también creo que las propias instituciones financieras de los Estados miembros pueden facilitar a los ciudadanos con problemas el cambio a hipotecas con pago de solo el interés. Teniendo en cuenta el apoyo que las instituciones financieras han recibido de los gobiernos de los Estados miembros, pueden hacer mucho por ayudar a las personas con graves problemas derivados de la recesión.

 
  
  

- Informe: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
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  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Señor Presidente, antes de comenzar con la explicación de mi voto, me gustaría felicitar al señor Kamall, quien acaba de pronunciar su discurso número 100 en sesión. ¡Algunos se sorprenderán de lo mucho que ha tardado! Pero es agradable contar con el en el club de los centuriones.

He votado a favor del informe Hökmark por una variedad de motivos. Principalmente porque, bueno, ¿quién podría estar en contra de la seguridad nuclear? Además, supongo que si vamos a hablar sobre seguridad nuclear y sobre la forma de suministrar energía en el futuro, desearíamos que dicho suministro, y la eliminación de sus residuos, sea lo más seguro posible. Pero igualmente he votado a favor de este informe principalmente porque deseo que se suministre más energía nuclear en el futuro, más en el Reino Unido, porque estoy harto de ver molinos y turbinas de viento asomando en las bellos parajes del campo europeo que no añaden nada a nuestras redes eléctricas nacionales – de hecho causan un daño adicional a las redes eléctricas nacionales – y no proporcionan energía renovable: únicamente proporcionan una escasa energía alternativa durante un corto período de tiempo. Estoy totalmente a favor de la seguridad nuclear y de la energía nuclear.

 
  
  

- Informe: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
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  Jim Allister (NI). - Señor Presidente, la inadmisible propuesta de la Comisión, en su proposición original, que debería controlar la pesca recreativa y exigir cantidades y autorizaciones y todo lo demás que acompaña a esa burocracia, fue una de esas propuestas que, con toda la razón, generan una enorme oposición, no solamente en ese sector, sino también entre aquellos que toman partido en asuntos relativos a la pesca y a la burocracia de la UE.

Me satisface, por lo tanto, que hoy se haya aprobado la enmienda 48. Esto por lo menos ayuda de alguna manera a la restitución del criterio apropiado del Estado miembro en lo relativo a la aprobación de medidas relacionadas con las autorizaciones y los registros de la pesca recreativa, y le otorga al Estado miembro la capacidad de juzgar si se produce o no algún efecto sobre el producto de la pesca recreativa, que no se da en la mayor parte de los Estados miembros. Me agrada, por lo tanto, que se haya desairado a la Comisión en esta propuesta y que lo que comenzó como algo negativo se haya mejorado hasta cierto punto.

 
  
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  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, después de 10 años en este Parlamento pensé que nada me podría ya sorprender. Sin embargo, me ha chocado la necedad de la propuesta de extender la política pesquera común a los pescadores de caña recreativa, exigiéndoles anotar cada captura y contarla en relación a sus cuotas nacionales.

Si bien la propuesta no se ha eliminado, si se ha mejorado de forma sustancial gracias a la larga y agotadora guerra de desgaste que se ha luchado en la comisión por cuatro valientes y patrióticos escoceses que representan a los principales partidos de dicho país: las señoras Attwooll y Stihler y los señores Stevenson y Hudghton. También deseo rendir homenaje al mejor amigo de Irlanda del Norte, Jim Allister, quien es un gran defensor de las tradiciones y de las comunidades de su provincia.

El problema en este caso ha sido un problema de ejecución de la ley. El problema ha sido que no se estaba ejecutando la ley existente. Nuestro primer instinto en este Parlamento siempre es legislar en lugar de utilizar el arsenal legislativo que ya tenemos a nuestra disposición. Ojala aplicásemos, más allá del ámbito de la pesca, el principio que sostiene que lo mejor es no aprobar una nueva ley hasta haber agotado completamente los poderes legales de los que uno dispone.

 
  
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  Catherine Stihler (PSE). - Señor Presidente, espero que el voto de hoy sobre el informe Romeva sirva para asegurar a los pescadores de caña europeos que se han tenido en cuenta sus preocupaciones. Las enmiendas 7 y 11 se han aprobado sin oposición; la enmienda 48 se ha aprobado por 608 votos contra 37; la enmienda 49 se ha aprobado por 580 votos contra 54; la enmienda 50 ha sido ampliamente apoyada; la enmienda 2 ha sido aprobada ya que formaba parte de una votación en bloque con las enmiendas 7 y 11; la enmienda 92 decayó al igual que la enmienda 93, que era lo que la comunidad de pescadores de caña habían solicitado.

El siguiente paso realmente será como el Consejo aborde el cambio de redacción del artículo 47. ¿Aceptarán el cambio de redacción del Parlamento o adoptarán un enfoque diferente? Es una vergüenza que no haya nadie del Consejo aquí para contestar a esta pregunta. Pero el lanzamiento hoy del Libro Verde sobre la reforma de la política pesquera común nos proporciona a todos una oportunidad de cambiar la política pesquera común, y espero que los parlamentarios aprovechen esta oportunidad para hacer circular el Libro Verde a tantos electores como sea posible para que su opinión pueda ser escuchada.

 
  
  

- Informe: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
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  Syed Kamall (PPE-DE). - Señor Presidente, muchas gracias. Lo asumo como un gran hito – perdón, ¿es un hito o una cruz? – el haberlo alcanzado.

Este informe tiene un título interesante: «La conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas». Porque debo decir que si verdaderamente queremos la mejor medida técnica para conservar los recursos pesqueros, no la vamos a encontrar en la política pesquera común. Los resultados están ahí: la política pesquera común ha sido un fracaso en lo relativo a la conservación de las poblaciones de peces. Ya es hora – ya hace tiempo – de que miremos a los resultados que han funcionado en el resto del mundo.

Observemos el ejemplo de Islandia, donde han sabido desarrollar soluciones basadas en la propiedad y en derechos transferibles. Observemos el ejemplo de Nueva Zelanda, donde los derechos a las zonas de pesca se han transferido de generación en generación. En ambos casos se demuestra que, si uno confía en el mercado, en el Estado de Derecho y en los derechos de propiedad, la mayoría de las veces se encontrará una solución mejor que un sistema de planificación central al estilo soviético, como la política pesquera común, que ha demostrado ser un desastre. Ya es hora de tener fe en el mercado.

 
  
  

- Informe: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
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  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Haré un breve comentario para explicar el voto de nuestro grupo, el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre mi informe sobre una política común de emigración. Se han realizado dos votaciones, una sobre una propuesta alternativa y otra sobre el propio informe. Hemos votado a favor de la primera, para poder eliminar un párrafo introducido por el bloque socialista en esta Cámara que ofrece a los inmigrantes el derecho a voto. Esto es algo con lo que no estamos de acuerdo y también hemos votado en contra a nivel de comisión.

Sin embargo es lamentable que esta propuesta no se haya aprobado, ya que de haber sido así el párrafo se habría suprimido. En cambio, hemos votado a favor del informe en conjunto porque creemos que es un buen informe que incluye el programa integral del Parlamento Europeo en el ámbito de la política común de emigración.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Señor Presidente, los principios, acciones e instrumentos de la política europea de emigración: esto constituye el extenso tema del informe del señor Busuttil.

¿Los principios? Se supone que la Unión Europea necesitará 60 millones adicionales de inmigrantes no europeos de aquí al 2050, a pesar de los millones de desempleados y ciudadanos pobres, los despidos en masa y los cierres de empresas.

¿Las acciones? La concesión de más derechos a las poblaciones migrantes, y en particular el derecho a voto, y el ofrecimiento de un acceso ilimitado al territorio europeo y al mercado de trabajo.

¿Los instrumentos? La llamada discriminación «positiva» o el reconocimiento de cualificaciones informales, sean las que fuesen, mientras que a los europeos se les exige tener cualificaciones debidamente certificadas; el reconocimiento de una nueva categoría de inmigrantes, los inmigrantes medioambientales, y la obligación de los ciudadanos europeos de adaptarse a su inevitable hundimiento, tal y como ha sido orquestado y planificado por los eurócratas, con la complicidad de este Parlamento.

En lugar de todo esto, debemos urgentemente cambiar estos flujos migratorios, restaurar las fronteras internas, aplicar una política verdaderamente enfocada en la familia para aumentar la población europea e imponer la preferencia por lo nacional y lo europeo en todos los ámbitos.

 
  
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  Mario Borghezio (UEN).(IT) Señor Presidente, Señorías, tengo muchos recelos sobre este informe, el primero de los cuales, como se mencionó hace poco, se refiere a una disposición que resulta desconcertante en un momento en el que Europa se enfrenta al problema del fondo de garantía salarial o de los despidos de millones de trabajadores. Estipular que 60 millones de nuevos inmigrantes vengan y trabajen en Europa es, en mi opinión, una medida escandalosa.

Me gustaría mencionar, sin embargo, que mientras debatimos como regular y organizar el futuro de la emigración, se están produciendo tragedias – evitadas, gracias a Dios, por el espíritu humanitario de Italia y la buena gobernanza del señor Maroni – tal y como la que podría haber ocurrido con el navío turco Pinar.

¿Qué debe hacer Europa? En 600 casos – como ha señalado correctamente el señor Maroni – Malta, a pesar de obtener fondos de la Unión Europea, ha fracasado en su obligación de acoger a los que han viajado desde las costas de África del Norte y han llegado a sus orillas. En todos estos casos ha tenido que intervenir Italia, si bien nuestro centro de acogida en Lampedusa sobrepasa ahora su capacidad, como todos sabemos.

Por lo tanto, ¡Europa ha de intervenir, ha de establecer reglas definitivas! Solicitamos un aumento significativo de la financiación para nuestro país que nos permita hacer frente a este reto de forma apropiada. Europa debe despertar y regular seriamente los flujos migratorios: ¡No podemos continuar así!

 
  
  

- Informe: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
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  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Muchas gracias señor Presidente. Desearía expresar mi opinión sobre el informe del Comité de Pesca – el informe del señor Visser – sobre asuntos de conservación pesquera. Señor Presidente, para mi país, Letonia, la pesca es extremadamente importante ya que contamos 550 km de costa. Dado que Letonia está representada en Europa por ocho parlamentarios, no podemos estar presentes en todas las comisiones, pero estos asuntos son muy importantes tanto para nuestra economía como para nuestra forma tradicional de vida. El Reglamento actual, también regulado por este informe, no es suficiente para proteger la pesca costera. Si bien entiendo que la sobre explotación pesquera es un problema grave, es precisamente la regulación excesiva lo que amenaza a nuestra pesca costera y, de hecho, nuestros pescadores están siendo desplazados de nuestra costa Báltica. Creo que la siguiente tarea del Parlamento Europeo debería ser el considerar que aquellos Estados que directamente bordean el mar puedan tanto preservar su forma tradicional de vida como, en términos prácticos, llevar a cabo las actividades de pesca, ya que en la actualidad ocurre frecuentemente que nuestras villas de pescadores se ven obligadas a comprar productos de grandes empresas que pescan en océanos lejanos. Cientos, incluso miles, de residentes de zonas costeras están perdiendo sus puestos de trabajo, aunque durante siglos este ha sido su principal medio de vida. Muchas gracias.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

- Informe: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

 
  
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  Rovana Plumb (PSE), por escrito. (RO) He votado a favor de esta recomendación ya que la adhesión de la Comunidad Europea al Reglamento nº 61 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos industriales en lo que respecta a los salientes exteriores situados por delante del panel trasero de la cabina (Acuerdo revisado), se inscribe dentro de un objetivo de política comercial común en virtud del artículo 113 del Tratado, tendente a eliminar los obstáculos técnicos al comercio de vehículos de motor entre las partes contratantes.

La implicación de la Comunidad añadirá peso a la armonización de las actividades llevadas a cabo en virtud de este Acuerdo y permitirá, por lo tanto, un acceso más fácil a los mercados de terceros países. Esta implicación debe resultar en la existencia de consistencia entre los actos denominados «reglamentos» aprobados bajo el Acuerdo revisado y la legislación comunitaria en este ámbito. La aprobación de un reglamento de este tipo implica la adaptación al progreso tecnológico.

 
  
  

- Recomendación para la segunda lectura: Jan Cremers (A6-0207/2009)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Voto a favor.

La Comisión Europea siempre ha prestado una gran atención a la protección de los derechos de los ciudadanos que se desplazan, sobre todo en lo relativo a las ventajas relacionadas con el ámbito de la seguridad social. La libre circulación de los ciudadanos en el seno de la Comunidad es una de sus libertades fundamentales y fomenta el desarrollo de la economía interna de los Estados miembros.

Es por este motivo que la Comisión intenta intensificar sus esfuerzos para que los ciudadanos de la UE y sus familias puedan disfrutar verdaderamente de los derechos garantizados bajo la actual legislación europea. Mientras que en determinados sectores la legislación nacional dispone de un mejor trato para la población de la Comunidad y sus familias de lo exigido por la legislación europea actual, ningún Estado miembro ha ratificado de hecho todas las directivas elaboradas sobre la materia.

El actual y frecuente quebrantamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE a la libre circulación en el territorio europeo es evidente, sobre todo en las situaciones siguientes: el derecho de entrada y de residencia para familiares ciudadanos de terceros países y la falta de asistencia en caso de accidentes laborales.

Esperamos que la Comisión continúe su cooperación técnica con los Estados miembros, que ha resultado en la identificación de varios puntos para debate y mayor aclaración, especialmente en lo relativo a los abusos.

 
  
  

- Informe: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), por escrito. − He votado a favor de este informe porque envía una señal contundente al próximo Parlamento de que el asunto de la tala ilegal y la deforestación ha de ser tratado de forma más efectiva.

Hace tiempo que esta propuesta es necesaria. Se estima que aproximadamente entre el 20 % y el 40 % de la producción industrial global de madera procede de fuentes ilegales, y hasta un 20 % de esta encuentra una vía de entrada a la UE cada año. Esto reduce los precios de la madera, destruye recursos naturales, afecta negativamente a los ingresos fiscales y aumenta la pobreza de la población indígena de todo el mundo. Los efectos a largo plazo son todavía más graves ya que la deforestación, una de cuyas principales causas es la tala ilegal, contribuye a casi una quinta parte de la emisión de gases de efecto invernadero.

Las enmiendas actuales al informe Lucas sostienen que es una infracción tener o vender madera ilegal únicamente si ha sido de manera negligente, imprudente o intencionada – no penaliza a las empresas que han cumplido con sus obligaciones de «diligencia debida». Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de garantizar la legalidad atribuida a las empresas.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución relativa a las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados, porque la tala ilegal es un problema cada vez más serio que tiene efectos medio ambientales muy preocupantes como la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la degradación forestal. Además, es responsable de casi el 20 % de las emisiones de carbono en todo el mundo.

Como importante consumidor de madera y productos derivados, la Unión Europea tiene la obligación de adoptar medidas eficaces contra la deforestación y la tala ilegal que han de incluir de forma precisa el cese de la existencia de un mercado para los productos derivados de la tala ilegal de madera.

Tenemos que aprobar disposiciones legales contra la tala ilegal de tal forma que los consumidores distingan aquellos productos que procedan de fuentes legales, que las empresas que cumplan estas normas no sufran desventajas y que las empresas que opten por productos de madera ilegales no puedan comercializar sus productos.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Acojo con satisfacción el informe de Caroline Lucas que recoge determinadas obligaciones para los operadores que comercializan madera y productos derivados. Yo redacté la opinión de la comisión de comercio internacional que fue aprobada por unanimidad en la comisión.

En nuestra opinión, la mejor forma de acabar con la tala ilegal es reforzar los requisitos y obligaciones y ampliar las vías legales para procesar, como elemento de disuasión, la posesión y la venta por parte de agentes que comercializan madera ilegal y productos derivados en la UE.

Debemos trabajar unidos con otros países que son grandes consumidores como los EE.UU., China, Rusia y Japón para tratar este problema y crear un sistema de alerta global y registro de la tala ilegal y de los países involucrados a través de Interpol, un órgano apropiado de las NU que utiliza sistemas por satélite que incorporan la tecnología más moderna.

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE-DE), por escrito. (FR) He decidido abstenerme en la votación sobre la propuesta de un Reglamento que contenga las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados.

Si bien considero que es crucial aumentar el control sobre las importaciones de madera en las fronteras del mercado único, pienso que el informe propone un sistema demasiado oneroso y burocrático que penalizará a nuestros propios sectores silvicultores europeos.

En vez de imponer un complejo sistema de etiquetado de los productos que sería perjudicial para el sector y para la madera como material, deberíamos aumentar los controles y centrarnos en la cadena de suministro que comercializa los productos en el mercado europeo, para así poder luchar contra la tala ilegal.

El principal objetivo del Reglamento debe ser la aplicación de una nueva cultura de control y responsabilidad, en vez de imponer un proceso burocrático y caro para controlar cada producto. Dados los problemas a los que se enfrenta el sector, no deberíamos penalizar la madera más que a otros materiales y fuentes energéticas con normas excesivamente vinculantes para su comercialización.

 
  
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  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), por escrito. − Quiero enfatizar que este reglamento es muy necesario y muy esperado. La tala ilegal es un problema que ha de ser tratado de forma efectiva, no solo por motivos climáticos, sino también por aspectos medio ambientales y sociales. Sin embargo, he tenido que votar en contra. El informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha perdido su foco de atención y ha extendido su ámbito de aplicación y tareas más allá de su objetivo original. Hemos de garantizar que una vez que los productos derivados de la madera son importados y han pasado las aduanas del mercado único, son presumiblemente legales y, por lo tanto, no hay necesidad de añadir una carga burocrática y financiera desproporcionada a los agentes de la UE.

Pero el informe de la ENVI prevé etiquetados costosos, requisitos de sostenibilidad adicionales, extiende la definición de legalidad fuera de alcance y asigna la carga de la diligencia debida a todos los agentes del mercado interior. Este Reglamento debería luchar contra la tala ilegal en las fronteras, como se contemplaba en el objetivo original. Pero perjudicar a los agentes del mercado interior, aquellos que no están utilizando ni distribuyendo madera talada ilegalmente, y de esta manera potencialmente afectar a su competitividad en los mercados globales, no es ciertamente el objetivo de este Reglamento y no puede ser, por lo tanto, apoyado.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − He votado a favor de este informe, que establecer normas para los agentes que comercializan madera en el mercado de la UE por primera vez. Se exigirá a los agentes que sigan un sistema de «diligencia debida» para que toda la madera sea recogida de conformidad con la legislación regional, nacional e internacional. Me satisface que los agentes también tendrán que cumplir con leyes y criterios de sostenibilidad relativos a las poblaciones indígenas. Es vital que exista una verificación del cumplimiento por parte de un tercero independiente y me satisface que este informe lo subraye.

 
  
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  Robert Sturdy (PPE-DE), por escrito. − Hemos de esforzarnos para detener el comercio de madera y productos de madera talada ilegalmente en el mercado de la UE, en aras de una competencia efectiva, el desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad global y del medio ambiente.

El sistema de diligencia debida propuesto por la Comisión (que ya se emplea en el Reino Unido con unos estándares elevados), incluye medidas y procedimientos que permitirán a los agentes vigilar la madera y productos derivados, tener acceso a la información relativa al cumplimento de la legislación aplicable y gestionar el riesgo de comercializar en la UE madera y productos derivados ilegales. Esta medida también ofrecerá a los consumidores la certeza de que al comprar madera y productos derivados no contribuyen al problema de la tala ilegal y el comercio a ella asociado.

Si bien apoyamos, en principio, esta propuesta, no apoyamos el endurecimiento de los requisitos para todos los agentes como ha propuesto el ponente, ya que consideramos que genera una carga burocrática y financiera desproporcionada sobre todos los agentes de la UE. La propuesta de la Comisión prevé una diligencia debida flexible basada en la evaluación de riesgos y en el análisis de la evidencia y es un enfoque mucho más práctico y efectivo.

 
  
  

- Informe: Miloslav Randsdorf (A6-0214/2009)

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito.? – (LT) El petróleo es la fuente energética más importante en la Unión Europea y la economía es altamente dependiente de su abastecimiento constante, fiable y accesible. Dada nuestra enorme y creciente dependencia de la importación de petróleo, la seguridad del abastecimiento de petróleo es especialmente importante.

La demanda de petróleo dentro de la UE seguirá aumentando hasta el año 2030, aunque solo a una tasa del 0,25 % al año. En el año 2030, el petróleo aún será la fuente primaria de energía en la UE y representará aproximadamente un 35 % de toda la energía consumida. Dado que el abastecimiento de petróleo y las instalaciones de tratamiento no pueden en la actualidad satisfacer la creciente demanda, la situación en el mercado seguirá siendo tensa.

Estos factores han de tomarse en cuenta a la hora de desarrollar una política energética europea verdadera y conjunta. Una parte de esta política debe residir en la capacidad de la UE de reaccionar ante posibles crisis repentinas en el abastecimiento. Las reservas constituyen un elemento importante que suavizan los embates de los problemas de abastecimiento inesperados, ya que sin petróleo, algunos, e incluso todos, los sectores de la economía se detendrían en seco. En este sentido, contar con reservas es un asunto de seguridad nacional fundamental.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de este informe porque creemos que es importante mantener unas reservas mínimas de petróleo crudo y/o de productos petrolíferos. El mantenimiento de unas reservas mínimas es un asunto de enorme relevancia económica y social para cada país, y que incluye la relevancia para su seguridad. Como consecuencia, cualquier tipo de actividad especulativa relacionada con estas reservas mínimas debe prohibirse, al contrario de lo que ha estado ocurriendo. Su posesión y administración debe estar en manos públicas con el objetivo de proteger los intereses de los Estados miembros de la UE.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con los poderes que esta propuesta de Directiva otorga a la Comisión Europea, y en especial la posibilidad de que los departamentos de la Comisión lleven a cabo «la realización de controles de las reservas de emergencia y de las reservas específicas» en los Estados miembros. Los países deben crear reservas mínimas de estos productos, pero la administración de dichas reservas y la definición de los niveles máximos y mínimos es un asunto de soberanía nacional. Tampoco estamos de acuerdo con cualquier intento de usar la creación de estas reservas mínimas como otra justificación, si bien mitigada, para una política de interferencia, como se podría deducir de la creación de «clima favorable a la inversión para la prospección y explotación de las reservas de petróleo tanto dentro como fuera de la Unión Europea».

 
  
  

- Informe: Luca Romagnoli (A6-0228/009)

 
  
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  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. − Si bien estamos a favor de la cooperación entre Estados miembros en estos asuntos, creemos que esta cuestión debería de continuar siendo una de subsidiariedad y no estar sujeta a la acción de la UE.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Esta iniciativa forma parte de una estrategia global de protección de infraestructuras críticas. La economía de la UE y la seguridad y bienestar de sus ciudadanos depende de la existencia y el buen funcionamiento de una serie de infraestructuras que proporcionan servicios esenciales, como servicios de salud, telecomunicaciones, redes de energía y transporte, servicios financieros, abastecimiento alimentario y de agua, y otros.

Mientras que algunos Estados miembros ya cuentan con medidas de protección y estructuras sólidas, en otros Estados miembros la situación es muy precaria. Es, por lo tanto, crucial contar con un intercambio de información mejor y más eficiente y con buenas prácticas, que únicamente serán posibles con el establecimiento de este sistema de comunicación e información.

Este sistema reforzará el diálogo y mejorará la información disponible sobre amenazas y vulnerabilidades y facilitará también la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros. Este sistema también fomentará el desarrollo de las medidas y estrategias apropiadas para mitigar los riesgos, promoverá una protección adecuada y también aumentará la seguridad de los ciudadanos.

Apoyo asimismo la inclusión de una cláusula de revisión de tres años que permitirá la realización de las mejoras necesarias y especialmente la posibilidad de incluir una funcionalidad de un sistema de alerta rápida.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta relativa a la Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas (CIWIN). Algunas de las infraestructuras de los Estados miembros consisten en instalaciones físicas y de tecnología de la información, servicios y activos cuya interrupción podría tener un grave efecto sobre la salud, la seguridad y el bienestar económico o social.

Los sistemas de transporte, telecomunicaciones y energía son sectores cruciales para el desarrollo de los Estados miembros y están cada vez más interconectados, con algunos Estados miembros dependientes de otros. Por este motivo, es extremadamente importante para el desarrollo de la Unión Europea que exista un sistema único para acceder y compartir información entre las distintas autoridades, relativo a la protección de infraestructuras críticas, el intercambio de buenas prácticas y también un sistema de alerta rápida.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito.(EL) La propuesta de la Comisión sobre la que se ha redactado el informe crea una red de información y alertas entre los Estados miembros para sus infraestructuras públicas y privadas que se definen como «críticas».

Esta red constituye un primer paso para hacer posible que las personas privadas, en otras palabras las empresas monopolísticas cuyas instalaciones se definirán como infraestructuras críticas, puedan lograr competencias en materia de seguridad, lo que hoy es únicamente responsabilidad del Estado.

Esta red allana el camino para que las protestas de la clase trabajadora que afecten a cualquier infraestructura «crítica», incluyendo instalaciones privadas (por ejemplo huelgas en sectores críticos como el energético de telecomunicaciones y otros, abandonos de fábricas, empresas y otros, piquetes, manifestaciones, etc.) se definan como una «acción terrorista».

Esta red mina la defensa y la soberanía de los Estados miembros, suprime la división entre la seguridad interna y la externa y otorga a la UE una participación y un papel directos en ella.

La lucha contra «la amenaza del terror» ha sido utilizada de nuevo como un pretexto que necesita la UE para completar su marco institucional reaccionario, que esencialmente funciona en contra de la clase trabajadora y las organizaciones de base y protege el poder del capital a través de una mayor reducción de los derechos soberanos de los Estados miembros.

 
  
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  Vladimir Urutchev (PPE-DE), por escrito. (BG) Hoy la UE ha aprobado el informe del señor Romagnoli relativo a la creación en la UE de una Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas, que no fue debatido durante la sesión plenaria. Considero que la protección de los ciudadanos de la UE tiene la máxima prioridad en esta institución y los ciudadanos deben saberlo.

La creación de esta red de información hará posible, basándose en el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países de la UE, la consecución de una mejor comprensión y unos estándares más altos para la protección de lugares críticos y de actividades que son crucialmente importantes para los países y para sus poblaciones.

Me gustaría mencionar que, como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, me alegra la aprobación por unanimidad por parte de todos los grupos políticos del Parlamento de los requisitos estipulados para la participación obligatoria de los Estados miembros en el nuevo sistema, lo cual garantiza la importancia de esta iniciativa desde una perspectiva europea.

También expreso mi confianza en que, incluso después de los primeros años de su funcionamiento exitoso, la Comisión Europea adoptará las medidas necesarias para mejorar este sistema con funciones adicionales, permitiendo la rápida distribución de información urgente sobre amenazas surgidas que afecten a zonas de infraestructuras críticas en cualquier región de la UE.

Acabaremos disfrutando de un completo sistema de información que ofrecerá una mayor seguridad y protección para los ciudadanos de la Unión Europea.

 
  
  

- Informe: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Voto a favor.

Uno de los puntos más debatidos de las políticas discutidas por la Unión Europea es el relativo a la aplicación de una política común para la protección de personalidades. El concepto de «personalidad» es obviamente muy amplio, pero hoy hemos logrado una definición común por la que se entiende que es una persona que, con independencia de que desempeñe o no un cargo público, esté amenazada por su contribución al debate de la opinión pública.

Algunos casos significativos incluyen el del antiguo miembro del Parlamento de los Países Bajos, Hirshi Ali, que fue amenazada en febrero de 2008 después de su valioso discurso sobre un asunto de extrema actualidad relativo a la radicalización islamista en Europa y el del conocido novelista británico, Salman Rushdie, perseguido por sus controvertidas opiniones del Islam.

Es deseable, por lo tanto, que cualquier persona que se dedica a ampliar el debate público de forma positiva tenga el derecho a ser protegida cuando visita un Estado en el que pueda ser objeto de amenazas o ataques; sobre todo en casos como el de Salman Rushdie en el que un tercer país ya ha dictado una condena a pena de muerte sobre el.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) La protección de personalidades sigue siendo responsabilidad del Estado de acogida, de conformidad con las disposiciones legales de dicho país.

En el año 2002 se creó la Red Europea de Protección de Personalidades con el objetivo de mejorar la comunicación y las consultas entre los Estados miembros en este ámbito.

Esta iniciativa persigue ampliar la definición de «personalidad», tal y como se recoge en el artículo 2 de la Decisión del Consejo 2002/956/JAI, como toda persona a la que, con independencia de que desempeñe o no un cargo público, se considere amenazada con motivo de su contribución al debate de la opinión pública o de su impacto en éste.

Esta iniciativa de los Países Bajos surgió después de un incidente que tuvo lugar en 2008, cuando una antigua diputada al Parlamento de los Países Bajos fue objeto de amenazas a su integridad física tras el discurso sobre la radicalización del Islam que pronunció en un seminario organizado en el Parlamento Europeo.

Como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, apoyo esta iniciativa que persigue ampliar la protección de los derechos humanos y, en particular, fomentar el derecho a la libertad de expresión.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) Los Estados miembros cooperan actualmente en el ámbito de la protección de personalidades, en el marco de las disposiciones legales en vigor en el país correspondiente y de conformidad con los pertinentes acuerdos internacionales. La Decisión del Consejo a debate (2002/956/JAI) establece la protección de personalidades conforme a la definición en la legislación nacional del Estado miembro o según la normativa de una organización o institución internacionales o supranacionales. La protección de personalidades es responsabilidad del estado de acogida.

A raíz de las recientes amenazas contra personalidades públicas, apoyo totalmente la decisión que se ha tomado para enmendar la ya existente Decisión del Consejo relativa a la Red Europea de Protección de Personalidades. El principal objetivo de esta enmienda es ampliar el artículo 2 mediante la definición de «personalidad» como toda persona a la que, con independencia de que desempeñe o no un cargo público, se considere amenazada con motivo de su contribución al debate de la opinión pública.

Considero que esta decisión aumentará la seguridad de las personalidades y tendrá un efecto positivo en el desarrollo de la democracia.

 
  
  

- Informe: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Contar con producción algodonera en la Unión Europea no es un fin en sí mismo. La Unión debe considerar el mercado mundial de algodón en su totalidad y dar a los consumidores de la UE la oportunidad de comprar algodón lo más barato posible sin tener en consideración donde ha sido producido, siempre y cuando se haya producido en buenas condiciones éticas y medioambientales.

Me opongo radicalmente a este informe. Observaría una vez más que es una suerte que el Parlamento Europeo no cuente con poderes de co-decisión en materia de política agrícola de la UE. De lo contrario, la UE caería en la trampa del proteccionismo y de la concesión de cuantiosos subsidios a todos los diversos grupos que existen dentro de la industria agrícola.

 
  
  

- Informe: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He votado a favor.

La región de los Alpes es uno de los territorios más importantes y prósperos de la Comunidad Europea. Se extiende a lo largo de ocho Estados que el 4 de abril de 1998 ya habían firmado acuerdos comunes relativos a la protección y la conservación de la región y a una política de gestión común de los transportes. De hecho, en lo relativo al transporte, el «Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes en el ámbito de los transportes» se promulgó el 24-26 de mayo de 2000, con el objetivo principal de ofrecer un marco legal para la movilidad sostenible en los Alpes.

Si bien este protocolo todavía tiene que ser aprobado por la totalidad de los ocho estados que forman el Convenio de los Alpes, haremos todo lo posible para garantizar que pronto sea ratificado por los otros Estados de la región, de tal forma que la ratificación «Protocolo de transportes» se constituya como una de las principales prioridades de la Comisión Europea.

 
  
  

- Informe: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Este informe es, de hecho, un informe sobre las actividades de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Sin embargo, dado que en un par de ocasiones menciona y ensalza el Tratado de Lisboa y expresa deseos de una pronta ratificación, he elegido votar en contra del informe en su conjunto.

Considero que el Tratado de Lisboa, en principio, ha sido rechazado ya que los ciudadanos de un Estado miembro han votado en contra en un referéndum. Además, hay varios Estados miembros en los que la mayor parte de los votantes hubieran ciertamente votado en contra del Tratado de Lisboa si se les hubiera dado la oportunidad de hacerlo.

No puedo apoyar la ignorancia demostrada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la redacción de este informe.

 
  
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  Francis Wurtz (GUE/NGL), por escrito. (FR) Quiero expresar mi oposición al párrafo 17 de este informe que es, una vez más, una encarnación de la campaña en contra de que Estrasburgo se constituya como la sede del Parlamento Europeo. En este sentido, me gustaría señalar lo siguiente:

En primer lugar, la elección de Estrasburgo fue, desde el principio, una decisión altamente simbólica ligada a la historia de Europa. La intención era resaltar el objetivo de un proceso europeo, como una fuerza para la paz y para lograr un acercamiento entre naciones. Dado que considero que este objetivo todavía es relevante, defiendo la protección del símbolo de Estrasburgo.

En segundo lugar, repetiría mi deseo de ver emerger a una Europa que apoya la diversidad cultural que caracteriza a las naciones que en ella se integran. ¿Por qué no tener una institución significativa en Varsovia, otra en Barcelona, y otra más en Estocolmo además de la Comisión en Bruselas y el Parlamento en Estrasburgo?

A menos que el único objetivo sea conseguir una Europa dirigida por lo empresarial, nada justifica la centralización de todo en un único lugar que está inevitablemente lejos de las gentes de Europa.

Esas son las razones por las que me opongo al párrafo 17 del informe McGuinness, que no presenta ningún otro problema.

 
  
  

- Informe: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución relativa al enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco de los trabajos de las comisiones y las delegaciones. Este informe, elaborado a iniciativa propia, describe el progreso realizado en comisiones y delegaciones y reitera la necesidad de aprobar y aplicar una estrategia integrada de igualdad entre hombres y mujeres.

La petición de igualdad de género no constituye un ataque contra los hombres. Es para la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, beneficia tanto a hombres como a mujeres y también a las familias. La estrategia de integración de la igualdad de géneros implica la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de políticas para garantizar la incorporación de un enfoque de igualdad de oportunidades en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las fases, por parte de aquellos que normalmente están implicados en el diseño de las políticas.

Por lo tanto, es necesario aprobar y aplicar una estrategia integrada de igualdad entre hombres y mujeres que incorpore objetivos específicos en todas las políticas comunitarias que se enmarcan en el ámbito de las comisiones y delegaciones parlamentarias.

 
  
  

- Recomendación para la segunda lectura: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
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  Richard Corbett (PSE), por escrito. − Cientos de miles de mis votantes en todo Yorkshire y Humberside están a favor de ahorrar dinero en sus facturas de gas y electricidad como resultado de esta legislación. Las medidas combinarán una mayor eficiencia energética con menores costes.

Aunque todavía no se ha conseguido una separación completa, esta legislación evolucionará hacia una red en la que las empresas no puedan poseer a la vez la generación de electricidad y su distribución que les permite cobrar en exceso a los consumidores. En particular, me agrada el hecho de que también concederá a los consumidores el derecho a cambiar de suministradores de gas y electricidad en tres semanas sin ningún coste y otorga el derecho a compensación en aquellos casos en los que se emitan facturas incorrectas o con retraso. Se introducirán también contadores inteligentes de alta eficiencia energética.

Estas nuevas normas se asemejan a una carta de derechos para los usuarios de gas y electricidad. Durante demasiado tiempo las empresas han sido capaces de obligar a los consumidores a pagar hasta las ganas por el gas y la electricidad. Mi electorado se beneficiará de esta legislación a través de reducciones en las facturas.

 
  
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  Teresa Riera Madurell (PSE), por escrito. (ES) Desde la Delegación socialista española hemos defendido el modelo de desagregación patrimonial de las empresas verticalmente integradas tanto en gas como en electricidad desde el convencimiento de que el hecho de separar las empresas de suministro/generación de las empresas de transporte equivale a proporcionar una verdadera capacidad de elección a los consumidores europeos y estimula las inversiones necesarias en este sector, haciendo llegar la energía sin interrupciones a todo el territorio de la UE. Sin embargo, he votado a favor del paquete del mercado interior del gas-electricidad porque:

(1) se han situado los intereses del consumidor en el centro de la revisión del paquete legislativo;

(2) hemos incluido el concepto de pobreza energética y hemos solicitado a los Estados miembros que incluyan medidas para atajar la pobreza energética en los planes nacionales de acción en materia de energía y que no solo garanticen el necesario suministro de energía a los clientes más vulnerables, sino que además aseguren la prohibición de desconexión de estos clientes en periodos críticos; y

(3) dado que la desagregación patrimonial será realidad de facto dentro de unos años por los procedimientos anti-trust de los servicios de la Dirección General de Competencia, hemos puesto el acento en la arquitectura institucional, reforzando las competencias de la nueva agencia europea y la independencia de los organismos reguladores nacionales.

 
  
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  Gary Titley (PSE), por escrito. − El mayor defecto del mercado común es el fracaso en la creación de un mercado único energético. Las políticas energéticas nacionales han conducido a Europa a un callejón sin salida debido a la dependencia extrema de las importaciones de combustibles fósiles. No existe ni una red eléctrica europea ni una política estratégica de almacenamiento de energía. Es urgente que diversifiquemos el abastecimiento energético, reduzcamos el consumo, fomentemos la energía de baja emisión de carbono y creemos un mercado interior competitivo y estable.

Por estos motivos yo apoyo estos informes, si bien me preocupa que la lucha por encontrar un compromiso aceptable para todos pueda frenar la efectividad de esta legislación y, por lo tanto, es crucial una supervisión eficiente de su aplicación.

Yo apoyo la mejora de las disposiciones sobre derechos de los consumidores y acojo con satisfacción el reconocimiento de la pobreza energética como un grave problema social.

Sigo preocupado sobre la naturaleza no vinculante de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE. A fin de cuentas, solo podremos garantizar un mercado único energético si contamos con un regulador europeo con poderes reales.

Felicito al Parlamento por empujar a los Estados miembros a ir más allá de lo que pretendían. Esto constituye un ejemplo más como el Parlamento garantiza la victoria de la causa europea sobre los intereses nacionales y el proteccionismo.

 
  
  

- Recomendación para la segunda lectura: Giles Chichester (A6-0235/2009)

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El tercer paquete energético debe desarrollar el mercado de la energía de forma gradual, hasta hace muy poco tiempo este mercado estaba basado en un sistema de monopolio. El avance hacia la liberalización exige una competencia genuina y sostenida y resalta la importancia de una Agencia de Cooperación de los Reguladores con mayor peso y con poderes claramente independientes.

El principal objetivo de la Agencia será ayudar a las autoridades regulatorias a llevar a cabo, a nivel de la Comunidad, las tareas desarrolladas por los Estados miembros y, si es necesario, coordinar sus medidas. La Agencia también supervisará los mercados interiores de electricidad y gas natural colaborando, por lo tanto, con todos los esfuerzos realizados para mejorar la seguridad energética.

Resaltaría el papel crucial de esta Agencia en el futuro de la política energética de Europa, que deseamos que esté caracterizada por condiciones más competitivas y diversas, alejadas de los monopolios del pasado, junto con condiciones de una mayor seguridad y una mejor eficiencia, en beneficio de los consumidores.

Estos son los motivos que me han llevado a votar a favor de este informe.

 
  
  

- Recomendación para la segunda lectura: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Acojo con satisfacción la aprobación de este informe, que constituye una parte integral del paquete energético aprobado hoy, porque, en mi opinión, representa otro paso importante hacia la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

La posibilidad de mejores interconexiones entre redes eléctricas y la existencia de reguladores sólidos y capaces que garanticen la transparencia de mercado y la cooperación transnacional son factores crucialmente importantes para asegurar que los consumidores finales pueden disfrutar de un servicio verdaderamente competitivo y justo.

El compartir responsabilidades y la cooperación entre Estados miembros tanto en el mercado de energía eléctrica como en el de gas natural constituyen la piedra angular de la existencia de un verdadero mercado energético europeo que aspira a ser justo, dinámico y sostenible.

 
  
  

- Recomendación para la segunda lectura: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Apoyo sin reservas la idea de abrir el mercado interno del gas a la competencia. Sin embargo, no es correcto estipular que los Estados miembros deban adoptar medidas concretas para apoyar un mayor uso del biogas y del gas obtenido a partir de la biomasa. Esta es una cuestión sobre la que tiene que decidir cada Estado miembro. He votado en contra, por lo tanto, de la propuesta presentada por la comisión.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) El tercer paquete energético cubre las lagunas estructurales del pasado. No podemos olvidar la discriminación perpetrada en contra de los nuevos proveedores de energía o la falta de transparencia en los precios y la elección de proveedores. Con este paquete energético podemos, por fin, esperar la completa liberalización del mercado interno de la energía en la UE.

La aprobación de este tercer paquete, y en especial de esta propuesta, conducirá a unos mercados energéticos europeos más competitivos, más sostenidos y más seguros.

Se espera que los derechos de los consumidores serán el centro del proceso de apertura de los mercados, dado el acuerdo alcanzado que recoge las cuestiones relativas a la separación de la propiedad y a la independencia de las autoridades regulatorias nacionales así como las condiciones para clarificar la asignación de responsabilidades entre las autoridades nacionales, la Agencia de Cooperación de los Reguladores y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad.

He votado a favor de este informe con la esperanza de que el mercado sea más transparente para los consumidores, quienes tendrán acceso a información detallada y la posibilidad de cambiar de proveedor energético sin ningún coste.

 
  
  

- Informe: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. (IT) Voto a favor del informe del señor David relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA), cuyo objetivo es apoyar la cooperación entre las administraciones públicas europeas.

Este programa facilita una interacción electrónica transfronteriza e intersectorial efectiva y eficiente entre las administraciones europeas, permitiéndoles así la provisión de servicios públicos electrónicos que les pueden ayudar a llevar a cabo sus actividades y a aplicar las políticas de la Comunidad para los ciudadanos y las empresas. Esto facilitará la libre circulación sin obstáculos y el empleo de los ciudadanos en los Estados miembros con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos y a las administraciones públicas servicios más eficientes y más accesibles.

Considero que es apropiado fomentar la cooperación internacional y, por lo tanto, el programa ISA también debería estar abierto a la participación de los países del Área Económica Europea y a los países candidatos a la adhesión. También estoy de acuerdo con que debería fomentarse la cooperación con terceros países y con organizaciones y organismos internacionales.

La participación de los países candidatos en el programa ISA constituye un paso muy importante en la preparación de sus administraciones públicas para todas las actividades y métodos de trabajo que se desprenden de la adhesión a la UE. Considero que la posibilidad de utilizar los fondos para la preadhesión para dicho objetivo debería ser analizada en profundidad.

 
  
  

- Recomendaciones para la segunda lectura: Eluned Morgan (A6-0216/2009), Giles Chichester (A6-0235/2009), Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009), Antonio Mussa (A6-0238/2009), Atanas Paparizov (A6-0238/2009)

 
  
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  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), por escrito. − No he podido apoyar los informes de hoy que fundamentalmente apoyan los esfuerzos de la Comisión Europea de liberalizar los mercados del gas y de la electricidad.

Nuestra propia experiencia en Irlanda ha demostrado como la liberalización y la resultante privatización no han ofrecido soluciones a ninguno de los problemas del sector energético.

Los precios de la energía en Irlanda han aumentado en los últimos años, afectando mayoritariamente a las familias normales y corrientes y a los trabajadores. En esta época de recesión, el esfuerzo de la UE de imponer la liberalización en sectores económicos clave tiene menos sentido que nunca. La Comisión y la UE deben aprender a dejar de experimentar con las viejas y fallidas políticas neoliberales.

Lamento que el «paquete energético» haya obtenido tanto apoyo hoy por parte de los parlamentarios.

 
  
  

- Informe: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

 
  
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  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) He votado a favor.

Las implicaciones medio ambientales y de salud del uso de los plaguicidas han sido objeto de debate a nivel europeo y el Parlamento Europeo ha aprobado directivas relativas a la autorización y venta de los plaguicidas.

Esta medida establece requisitos esenciales para la seguridad y la protección de la salud que las máquinas para la aplicación de plaguicidas comercializadas en el mercado interior deben cumplir para disfrutar de la libre circulación dentro de la Comunidad. Además de proteger a los consumidores, la legislación también persigue velar por la salud y la seguridad de los trabajadores.

Los costes en los que incurren los fabricantes posiblemente se trasladen a los usuarios a través de una subida de precios. Sin embargo, la resultante reducción media anual en el consumo de plaguicidas permitirá a los usuarios ahorrar recursos que compensarán cualquier aumento de precios.

La directiva propuesta consigue el objetivo de garantizar un nivel común de protección medio ambiental a la vez que evita un marco legislativo fragmentado a nivel de la Comunidad que podría generar un alza en los costes para las empresas que tratan de operar fuera de sus fronteras nacionales.

 
  
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  Janelly Fourtou y Andreas Schwab (PPE-DE), por escrito. − En el contexto de la enmienda a la Directiva 2006/42/CE de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas, relativa a las máquinas para la aplicación de plaguicidas, nos gustaría resaltar que desde que el Parlamento Europeo aprobó la Directiva relativa a las máquinas en 2006, venimos destacando que la Comisión Europea debería revisar la Directiva relativa a tractores con el objetivo de conseguir un enfoque coherente. En nuestra opinión, los tractores no están incluidos en el ámbito de aplicación de la definición de máquinas tal y como se recoge en la Directiva relativa a las máquinas. La Directiva existente relativa a los tractores podría y debería ser reemplazada por un Reglamento menos complejo.

 
  
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  Rovana Plumb (PSE), por escrito. (RO) Es un hecho reconocido que el uso de los plaguicidas constituye una amenaza tanto para la salud humana como para el medio ambiente. El objetivo de la «Estrategia Temática sobre el Uso Sostenible de los Plaguicidas» es la reducción de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente generados por el uso de plaguicidas.

La armonización de los requisitos de protección medio ambiental y de los procedimientos de evaluación de la conformidad para las máquinas para la aplicación de plaguicidas es un requisito previo para la consecución del mismo nivel de protección medio ambiental en toda la UE, pero también para garantizar una competencia leal entre fabricantes y facilitar la libre circulación de estos productos en la Comunidad.

La construcción y el diseño correctos de estas máquinas juegan un papel significativo en la reducción del impacto adverso de los plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente. Asumiendo que un pulverizador de plaguicidas tiene un ciclo de vida útil medio de entre 12 y 15 años, se estima que se compran cada año en la Comunidad aproximadamente de 125 000 a 250 000 pulverizadores nuevos. Gracias a su mayor eficacia, los pulverizadores que cumplen con los nuevos requisitos medio ambientales usan una cantidad menor de plaguicidas y reducen, por lo tanto, el tiempo empleado en operaciones de mezcla, carga, pulverización y limpieza y no cabe duda de que ahorrará un dinero a los usuarios que compensará el posible aumento de los precios de algunos equipos de pulverización.

Es por esto que he votado a favor de este informe.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) La Directiva del Parlamento Europeo relativa a las máquinas para la aplicación de plaguicidas y por la que se modifica la Directiva 2006/42/CE de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas, introduce una modificación esencial en la legislación.

Su objetivo es la armonización de los estándares de protección medio ambiental y salud en la Unión Europea. Además, la armonización legislativa permitirá el transporte transfronterizo de maquinaria en la seno de la UE sobre una base de igualdad, y esto, por su parte, aumentará la competitividad en el mercado europeo.

La directiva exigirá que los Estados miembros lleven a cabo inspecciones periódicas del equipamiento profesional utilizado para la aplicación de plaguicidas y que adopten un sistema para la inspección y el mantenimiento periódicos de dicho equipamiento. Como resultado, la directiva reducirá el uso de los plaguicidas, por lo que disminuirán sus efectos adversos sobre el medio ambiente, y tendrá un efecto positivo sobre la salud de los consumidores y de aquellos ciudadanos que tienen un contacto directo con los plaguicidas en su puesto de trabajo.

 
  
  

- Informe: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. (LT) Dado que el transporte por carretera genera casi el 25 % de la totalidad del CO2, la tarea de mayor envergadura de la UE es la reducción de la intensidad del uso energético de los medios de transporte y de la cantidad de compuestos de carbono que estos emiten a la atmósfera. Los neumáticos representan entre el 20 % y el 30 % del consumo energético de los medios de transporte y, por lo tanto, una mayor estabilidad de los neumáticos debería tenerse en cuenta como parte de un método integrado que tenga como objetivo la reducción del consumo energético del transporte por carretera y los contaminantes que estos emiten. En el listado de medidas dirigidas, presentado en el plan de acción para la eficiencia energética, cuyo objetivo es reducir el consumo de energía en un 20 % de aquí a 2020, se resalta también que una de las posibles vías para conseguir este objetivo es mediante el etiquetado de neumáticos.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Acojo este informe con satisfacción, porque creo que demostrará ser un instrumento más que mejorará la información suministrada a los consumidores y contribuirá, por lo tanto, a un mercado más transparente en el que se pueda llevar a cabo una elección informada y deliberada entre productos, basada en estándares simples que sin embargo están justificados tecnológica y científicamente.

En mi opinión, este informe representa otro paso hacia una Europa sostenible en términos de energía, que permitirá a los consumidores elegir neumáticos que reduzcan el consumo de carburante de sus vehículos.

Además, la posibilidad de elegir neumáticos en base a su rendimiento específico es otra herramienta que permite a los consumidores protegerse y equipar sus vehículos de una manera apropiada a su forma de conducir y a las condiciones medio ambientales de los lugares por donde conducen.

También resaltaría que este sistema introducirá en el mercado de neumáticos una competencia saludable y orientada hacia la tecnología, esto implica que los consumidores pueden comparar, y entender, los avances tecnológicos de las diversas marcas de forma clara y objetiva.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución relativa al etiquetado de neumáticos en relación a la eficiencia de carburante. Dado que casi un 25 % de las emisiones totales de CO2 procede del transporte por carretera, la reducción de la intensidad energética de los vehículos es un reto crucial para la UE.

La creación de un sistema de etiquetado garantizará el suministro de información apropiada en cuanto a la eficiencia del carburante y la adherencia, entre otras características, y permitirá a los consumidores adoptar sus decisiones de compra de neumáticos con total conocimiento de causa.

De los neumáticos depende entre un 20 % y un 30 % del consumo total de carburante de los vehículos, por lo que el aumento de la sostenibilidad de los neumáticos debería considerarse parte del enfoque integrado para la reducción del consumo de carburante y, como resultado, de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE-DE), por escrito. (FR) Este informe constituye un compromiso razonable que debería de permitir a los consumidores finales tomar una decisión con conocimiento de causa respecto a la compra de neumáticos, especialmente en lo relativo a la eficiencia en el consumo de carburante, la adherencia en superficie mojada, así como el ruido de rodadura exterior.

Acojo con satisfacción la mayor flexibilidad en lo relativo a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, ya que debería de permitir un mayor margen de maniobra a los fabricantes, evitando así la destrucción de las reservas de neumáticos. Dicha destrucción entraría en contradicción con los objetivos medio ambientales propuestos.

Los asuntos más delicados en lo relativo a los neumáticos eran, sin lugar a duda, el moldeado obligatorio en relieve o en hueco sobre cada flanco, la eficiencia en el consumo de carburante, el índice de adherencia en superficie mojada y las emisiones de ruidos. Estas exigencias hubieran obligado a nuestros fabricantes a sustituir toda su gama de moldes a un coste desorbitado. Sostengo que dichas exigencias hubieran perjudicado todavía más a nuestra industria de fabricación de neumáticos, que ya sufre profundamente las consecuencias de la crisis económica.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) Existen muy buenas razones para esforzarse en alcanzar la eficiencia energética y lograr la reducción de las emisiones de nuestros vehículos. Sin embargo, un sistema armonizado de etiquetado para neumáticos en la UE es problemático. En particular, la experiencia previa en lo relativo a etiquetado sugiere que debemos ser cautos.

Tomemos como ejemplo el etiquetado de los electrodomésticos. La falta de voluntad del sector para aumentar de forma continuada los requisitos para ciertos tipos de etiquetado energético, por ejemplo en los frigoríficos, ha desembocado en un sistema de etiquetado absolutamente complejo y difícil de entender. Algo que los políticos esperaban que fomentaría el desarrollo sostenido y proporcionaría a los consumidores una muy necesaria orientación y que, sin embargo, ha ayudado al desarrollo de mejores productos y ha hecho más complicado para los consumidores tomar las decisiones correctas.

Creo que la UE puede jugar un papel importante en el desarrollo de la reducción del impacto de los vehículos en el medio ambiente. Sin embargo, contrariamente a la Comisión Europea y a la comisión responsable, en vez de un Reglamento detallado, yo defendería un aumento en los requisitos mínimos para aquellos fabricantes de neumáticos que pretenden comercializar sus productos en el mercado interno. Los políticos de la UE deberían crear marcos sostenibles y favorables para la sociedad y las empresas en vez de involucrarse en el control de cada detalle. Dado que la Comisión Europea y la comisión responsable no comparten mi opinión, he decidido votar en contra de este informe.

 
  
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  Gary Titley (PSE), por escrito. − Acojo este informe con satisfacción como un complemento necesario para la homologación de la legislación relativa a la seguridad general de los vehículos aprobada este año y que se refiere principalmente a las normas medio ambientales y de seguridad para los neumáticos.

Necesitamos que los neumáticos sean más seguros, más eficientes en su consumo de carburante y más silenciosos. El ruido del tráfico, al que el ruido de los neumáticos contribuye de forma significativa, es una causa importante de niveles de salud precarios. La reducción del consumo de carburante beneficiará enormemente a los consumidores en un momento de creciente austeridad y reducirá, asimismo, las emisiones de CO2, contribuyendo a los ambiciosos objetivos de la UE en materia de reducción del cambio climático.

Con el proceso de etiquetado los consumidores podrán tomar decisiones con conocimiento de causa al adquirir neumáticos, pero también al decidir qué vehículo van a comprar.

Debemos, sin embargo, supervisar la efectividad de las etiquetas. Debemos garantizar que los consumidores realmente entienden las etiquetas, de lo contrario toda esta actividad será inútil.

 
  
  

- Informe: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con que la regulación de los precios de las llamadas de voz debe continuar. Cuando se aprobó el Reglamento (CE) Nº 717/2007, el precio de las llamadas entre redes no disminuyó de manera significativa, sino que se mantuvo cerca del límite superior establecido por el Reglamento.

Considero que se debe ampliar el ámbito de aplicación de la regulación para incluir el SMS. Como consecuencia de los precios abusivos que los consumidores tienen que pagar, parece que, desafortunadamente, es necesaria la regulación de las tarifas de SMS a nivel mayorista y minorista y, por lo tanto, voto a favor de este Reglamento.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Estoy en principio en desacuerdo con la intervención del legislador en el mercado y la fijación de precios. Considero que el mercado ha de definir sus propios precios en virtud de los principios fundamentales de una competencia saludable.

Esto es precisamente lo que falta en lo relativo a las llamadas itinerantes y lo que justifica la intervención del Parlamento Europeo a través de la fijación de tarifas máximas, por debajo de las cuales se verán obligados a competir los operadores de telecomunicaciones. He votado a favor de este Reglamento que no se limita exclusivamente a las llamadas recibidas o realizadas, sino que también incluye SMS y los servicios itinerantes de datos.

Una UE que fomenta la libertad de circulación de sus ciudadanos no es compatible con reglas de mercado que desaparecen, o están limitadas, cuando uno cruza una frontera.

En la actualidad, una sorprendente mayoría de personas todavía muestra ciertas reticencias a utilizar sus teléfonos móviles cuando viajan, debido al temor de una factura de servicio itinerante. He votado a favor de este Reglamento para precisamente garantizar unas tarifas más bajas para los consumidores de servicios en itinerancia y reforzar, al mismo tiempo, las normas sobre la transparencia en la fijación de precios.

Esto constituye un ejemplo concreto de cómo la UE afecta a nuestras vidas diarias. Desde este momento, cuando los ciudadanos europeos regresen de sus vacaciones o viajes de negocios en el extranjero recordarán que la disminución en la facturas de su teléfono móvil se debe a la UE.

 
  
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  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), por escrito.(EL) La UE fomenta una restructuración capitalista más rápida en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones móviles, extendiendo el ámbito de aplicación del Reglamento en cuestión a todos los servicios ofrecidos por las compañías de telefonía móvil.

La Directiva refuerza la posición de los monopolios europeos frente a sus competidores internacionales. Esta Directiva prorroga el período de vigencia del Reglamento para facilitar las fusiones y adquisiciones de empresas que garantizarán unos mayores beneficios para el capital.

La aplicación de la Directiva ha reforzado la posición de las empresas monopolísticas. El supuesto límite superior en las llamadas itinerantes se elude a través del uso de métodos basados en un período inicial de tarificación, aumentando, por lo tanto, el precio aplicado a los servicios suministrados y los beneficios de las empresas, tal y como reconocen las autoridades auditoras competentes en esta materia. La división de precios planificada entre mayoristas y otros servicios de telefonía móvil, como por ejemplo los SMS y correos vocales, no beneficiará a los consumidores pero si aumentará todavía más los beneficios del capital.

Estamos radicalmente en contra de la liberalización y la privatización de los mercados de telecomunicaciones que resultan en un empeoramiento de las condiciones de los servicios y en la venta de los activos de las organizaciones de base. Animamos a los trabajadores a expresar su oposición a la UE y a su política contraria a las organizaciones de base y a cambiar el equilibrio de poder a nivel político, a través de las próximas elecciones.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) La Comisión busca la ampliación del actual Reglamento relativo a los precios de los servicios en itinerancia para que incluya no solo las llamadas de voz, sino también el tráfico de SMS y la transmisión itinerante de datos. El Parlamento Europeo recomienda un Reglamento más restringido y señala que la regulación de precios debería ser temporal y que en el largo plazo el mercado debería eliminar los altos cargos por servicios en itinerancia. He votado a favor de la posición del Parlamento Europeo ya que es algo más liberal respecto al mercado que la propuesta de la Comisión. He votado en contra de la resolución legislativa dado que la regulación de precios nos conducirá, de facto, hacia la dirección equivocada en el largo plazo.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Los teléfonos móviles forman parte en la actualidad de la vida diaria y una gran parte de la población nunca va a ningún sitio sin su teléfono móvil. El hecho de que se utilicen por motivos profesionales o personales tiene una importancia secundaria. En todo caso, todos los tipos de comunicación ya sean llamadas de teléfono, mensajes de texto o de multimedia, comunicación a través de Internet o navegación en Internet, implican unos costes que los operadores trasladan a los consumidores.

Es comprensible que estos costes sean más elevados en una red extranjera ―es decir, una red distinta a la del operador nacional― pero, desde la aparición de la telefonía móvil internacional, hemos sido testigos de repetidos abusos excesivos en los costes de los servicios en itinerancia.

En algunos casos los consumidores se han visto obligados a aceptar facturas desorbitadas que no están respaldadas por el uso de ningún cálculo universalmente aplicable. A través de esta iniciativa, que no solo hace más fácil para los ciudadanos sobrevivir en la selva de tarifas, sino que también estipula estándares para los costes, la Unión Europea por fin hace algo en beneficio de los ciudadanos europeos. Por este motivo, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Rovana Plumb (PSE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe porque el nuevo Reglamento introduce mecanismos de prevención y mecanismos que garantizan la transparencia de precios de los servicios itinerantes de datos. Estos mecanismos tienen la finalidad de que los ciudadanos/consumidores comprendan mejor el método de tarifas utilizado y les permita controlar sus costes y evitar cualquier «susto por la factura».

El establecimiento de límites para los servicios itinerantes de voz y de SMS, la aprobación de medidas que garantizan la transparencia y los mecanismos de prevención introducidos para tarifas a nivel mayorista para servicios de datos aún permiten a los operadores jugar libremente para competir en el mercado y diferenciar sus servicios dentro de los límites impuestos. Como resultado, las nuevas pequeñas empresas tienen la posibilidad de competir con las excesivas tarifas a nivel mayorista de los operadores más importantes.

Las actuales prácticas de facturación aplicadas a las llamadas de voz itinerantes que utilizan intervalos de tarificación de 60 segundos generan un coste oculto para los consumidores que ha incrementado en un 24 % una factura típica de Eurotarifa para las llamadas efectuadas y un 19 % para las recibidas.

El Reglamento debe proporcionar un nivel de protección de los consumidores aceptable y debe permitirles utilizar los servicios en itinerancia de forma conveniente y sin generar cargas irracionales sobre los operadores de telecomunicaciones.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) La finalización del mercado interno es uno de los objetivos fundamentales de la UE y por ello son tan importantes nuestros esfuerzos conjuntos, para conseguir las mejores condiciones de competencia posibles en ciertos sectores económicos. La globalización del comercio, de los negocios y de la comunicación forma parte de esto. Como consecuencia, este informe relativo al mercado de comunicaciones móviles es crucial.

El resultado de un acuerdo en primera votación, de tal forma que el Reglamento pueda entrar en vigor en julio de 2009, constituye una victoria para el Parlamento. Este informe, no solo establece las condiciones para una mayor transparencia y protección del consumidor, sino también para una competencia más leal y más clara para todos, desde el sector de las telecomunicaciones hasta los consumidores.

Por lo tanto he votado a favor de este informe.

 
  
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  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. (SV) Hoy he decidido abstenerme de votar sobre el Reglamento relativo a Itinerancia II, que propone la regulación de los precios de los servicios de telefonía móvil en el extranjero. La propuesta, que fue un compromiso alcanzado por los grupos más amplios, contenía muchas buenas ideas, incluyendo información adicional para los consumidores que les permitía evitar facturas de teléfono desorbitadas después de viajar fuera de sus fronteras.

El motivo de mi abstención no es complicado. Yo no creo que los políticos de la UE deban fijar precios en un mercado libre. La justificación de una economía de mercado es que los precios se determinan a través de la oferta y la demanda y no mediante lo que los políticos en Bruselas consideren «justo». Ya contamos con una regulación de precios en vigor como resultado del Reglamento relativo a Itinerancia I. El resultado ha sido que los operadores se concentran alrededor de este precio máximo, lo cual no beneficia a los consumidores.

Nuestra tarea como políticos es garantizar que existe un buen nivel de competencia en el mercado interno. Estoy de acuerdo con el hecho de que esta no es la situación de los servicios en itinerancia, pero en vez de una regulación al estilo soviético, hubiera sido mejor adoptar medidas que fomenten la competencia como, por ejemplo, una prohibición sobre los grandes operadores que utilizan la discriminación de precios perjudicando a los pequeños operadores que buscan el acceso a las redes extranjeras.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) Los altos precios de los servicios en itinerancia en la Comunidad Europea constituyen un problema que obstaculiza el proceso de integración europea y restringe la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea.

Durante la votación de hoy, he apoyado el proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo por el que se modifica el Reglamento (CE) N 717/2007 y la Directiva 2002/21/CE, que desde el 1 de julio de 2009 hasta 2011 reducirá gradualmente el coste del uso de servicios en itinerancia en la UE.

El precio máximo para las conexiones efectuadas y recibidas se reducirá cada año en 4 céntimos y en 2011 serán respectivamente de 0,35 euros y 0,11 euros por minuto. Además, desde el 1 de julio de 2009, los operadores tendrán que facturar en intervalos de un segundo y el envío de un mensaje de texto no costará más de 0,11 euros. El coste de la transmisión de datos también se reducirá hasta 0,50 euros por megavatio en 2011.

Definitivamente apoyo este informe. Constituye otro paso hacia una Europa social en la que se otorga un lugar prioritario a las personas, su independencia, sus libertades y la mejora de sus niveles de vida.

 
  
  

- Informe: Renate Weber (A6-0247/2009)

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), por escrito. – (PL) La Tercera y la Sexta Directivas (78/855/CEE y 82/891/CEE) relativas a las fusiones y escisiones de sociedades anónimas contienen en la actualidad un listado de obligaciones detalladas relativas a la información que deben ser cumplidas por las sociedades que se fusionan o se escinden. Esto implica unos costes considerables. Los medios de transmisión de información a los accionistas acerca de los detalles de las transacciones que se contemplan en las directivas fueron concebidos hace 30 años, por lo que no tienen en cuenta las posibilidades que ofrece la tecnología actual. Esto genera costes innecesarios que han de ser soportados por las sociedades.

En este contexto, deberíamos acoger con satisfacción la moción de la Comisión de reducir la carga administrativa en lo relativo a los requisitos de información y documentación en el caso de fusiones y escisiones.

Debería concederse un apoyo especial a los esfuerzos orientados a la adaptación de las disposiciones de ambas directivas al mayor ámbito posible en las áreas de supresión de la duplicación de la exigencia del informe pericial, la publicación de los términos contenidos en los proyectos de fusión y la adaptación de las disposiciones de la Tercera y Sexta Directivas en lo relativo a la protección de los acreedores.

También parecería justificada la introducción de una obligación para las empresas de publicar la totalidad de la información sobre ellas en sus sitios web de Internet e incluir un enlace a estos sitios en una plataforma electrónica central que pronto obtendrá la confirmación final de la Comisión. Esta obligación contribuirá, sin duda, a aumentar la transparencia, especialmente con la introducción de una obligación adicional de actualizar los datos publicados. Las soluciones arriba propuestas tienen como objetivo el facilitar el funcionamiento del día a día de las empresas europeas. Sin embargo, la reducción gradual de la carga administrativa dependerá de la forma en la que estas soluciones son aplicadas por los Estados miembros, las empresas y los propios accionistas.

 
  
  

- Acuerdo comercial interino con Turkmenistán (B6-0150/2009)

 
  
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  Richard James Ashworth (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos no han podido aprobar la gestión del presupuesto europeo para el año 2007, sección del Consejo Europeo. Por decimocuarto año consecutivo, el Tribunal de Cuentas Europeo solo ha podido brindar una declaración de fiabilidad con reservas para las cuentas de la Unión Europea. Nos hacemos eco de las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas de que alrededor del 80 % de las transacciones de la UE las llevan a cabo organismos que trabajan en territorio de los Estados miembros con arreglo a acuerdos de gestión conjunta. El Tribunal de Cuentas ha venido informando de forma sistemática de que en los Estados miembros los niveles de control y escrutinio del uso de los fondos de la UE son inadecuados. A fin de abordar este continuo problema, en el año 2006, el Consejo firmó un Acuerdo interinstitucional, que les obligaba a emitir un certificado para las transacciones de las que son responsables. Nos entristece constatar que, hasta la fecha, la mayoría de los Estados miembros no han cumplido satisfactoriamente con su obligación y, por lo tanto, pese al tradicional «acuerdo entre caballeros» establecido entre el Parlamento y el Consejo, no concederemos la aprobación de la gestión hasta que los Estados miembros cumplan con las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo interinstitucional.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − He votado a favor de esta resolución, que analiza la relación comercial entre la UE y Turkmenistán. Según informes con profusión de detalles de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Open Society Institute, Turkmenistán es uno de los países peor clasificados del mundo por lo que respecta a muchas libertades básicas, entre otras, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Me complace que en esta resolución se ponga de relieve que, si bien se acogen con satisfacción los cambios incidentales introducidos por el Presidente Berdymukhamedov, la UE espera mejoras sustanciales en materia de derechos humanos en Turkmenistán.

 
  
  

- Informe: Daniel Caspary (A6-0085/2009)

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. − He votado en contra de este Acuerdo interino con Turkmenistán pese a la admiración que despierta en mí el trabajo del ponente, Sr. Caspary. Hace un par de años, tuve la oportunidad de visitar el país, con una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores, cuando se encontraba al frente del país Turkmenbashí y su libro, Ruhnama. Desde entonces, la situación ha mejorado ligeramente, pero Amnistía Internacional, entre otras ONG, todavía saca a la luz los graves problemas y abusos en contra de los derechos humanos que se cometen en este país. Las reformas no han sido lo suficientemente profundas como para que, en este punto, desee votar a favor del acuerdo.

 
  
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  David Martin (PSE), por escrito. − He votado en contra de este informe, cuyo objetivo era otorgar la aprobación (dictamen conforme) del Parlamento a un Acuerdo comercial interino entre la UE y Turkmenistán. El año pasado el Parlamento Europeo exigió a Turkmenistán que debía atenerse a cinco criterios en materia de derechos humanos como paso previo a la emisión de un dictamen conforme sobre este Acuerdo. Estos criterios son los siguientes: permitir que la Cruz Roja trabaje en el país con total libertad; hacer que el sistema educativo vuelva a estar en consonancia con las normas internacionales; poner en libertad a todos los presos políticos y de conciencia; abolir toda restricción gubernamental para viajar al extranjero y, por último, permitir el libre acceso a ONG independientes y que órganos de derechos humanos de la ONU puedan constatar el progreso conseguido en todo el país. Estoy convencido de que Turkmenistán no ha cumplido ninguno de estos criterios, por lo que me decepciona que se haya emitido un dictamen conforme para concluir este Acuerdo comercial interino.

 
  
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  Alexandru Nazare (PPE-DE), por escrito. − Quisiera agradecer al señor Caspary toda la labor que ha llevado a cabo en la Comisión de Comercio Internacional por lo que se refiere a esta legislación concreta destinada a mejorar las relaciones de la UE con Turkmenistán.

En un momento como este, de gran riesgo financiero en todo el mundo, era necesario actualizar los acuerdos comerciales de la UE con este país, que en veinte años no habían sufrido ninguna modificación.

No solo se obtendrán beneficios comerciales y económicos de este nuevo Acuerdo interino con Turkmenistán, sino que esperamos observar una mejora de la seguridad regional en todos los aspectos: desde una mejor protección de los derechos humanos y la democracia a mejores resultados en la lucha contra el tráfico de drogas y la trata de personas, así como la participación continuada de Turkmenistán en la reconstrucción de Afganistán, secundando las actividades de los Estados miembros de la UE en este país. Y lo que no es menos importante, establecer mejores relaciones con Turkmenistán significará un avance en el refuerzo de la seguridad energética de Europa.

Me he sumado a mis colegas para respaldar la legislación propuesta por el señor Caspary. Más adelante, habremos de tomar todas las medidas para garantizar que este país desempeña la función que le corresponde en este esfuerzo conjunto a fin de posibilitar que tenga éxito.

 
  
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  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) En la actualidad, las relaciones entre las Comunidades Europeas y Turkmenistán están regidas por el Acuerdo de Comercio y de Cooperación Económica y Comercial, firmado en el año 1989 entre las Comunidades Europeas y la URSS.

No cabe ninguna duda de que el nivel de desarrollo económico y, especialmente, de protección de los derechos humanos en Turkmenistán no es satisfactorio. Turkmenistán no ha cumplido una serie de requisitos humanitarios (entre otros, el hecho de que aún no se permite a la Cruz Roja trabajar en Turkmenistán).

Creo que rubricar el Acuerdo comercial interino entre la Comunidad Europea y Turkmenistán, estipulando claramente al mismo tiempo la condición de que en un plazo límite de cinco años se deben haber introducido principios democráticos y normas de derechos humanos parecidas a las que rigen en la UE, les motivará y será señal de buena voluntad por parte de la Comunidad. Refrendar el Acuerdo puede ayudar a mejorar la vida de la ciudadanía de Turkmenistán, así como promover reformas económicas.

Solo se podrá contemplar la firma del Acuerdo de Asociación y Cooperación si se observa una mejora patente en el ámbito del respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos.

 
  
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  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. − Quisiera aprovechar esta oportunidad para explicar una de las muchas razones por las cuales hoy he votado a favor de establecer vínculos comerciales más estrechos entre la UE y Turkmenistán. La política común externa de seguridad en materia de energía de la UE, a la que los conservadores británicos dan todo su apoyo, reconoce la importancia de que existan nuevos trazados de oleoductos y gasoductos transcaspianos para abastecer a Europa de petróleo y gas. Estos trazados transcaspianos se deberían integrar totalmente en los gasoductos del «corredor meridional», incluidos Nabucco, Southstream y Whitestream. Es fundamental para nuestra seguridad energética colectiva y nuestra política exterior reducir nuestra dependencia del abastecimiento energético de Rusia.

Por este motivo, debemos actuar y comprometernos a establecer una asociación con Turkmenistán, dando nuestro apoyo al Acuerdo comercial interino, que ayudará a impulsar la reforma interna y las mejoras en materia de derechos humanos en este país.

 
  
  

- Informe: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
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  Liam Aylward (UEN), por escrito. − La energía nuclear es una realidad en Europa. Es una realidad con la que en Irlanda no estamos tranquilos, pero reconocemos el derecho de todos los países a escoger su propia combinación de fuentes energéticas, si bien el hecho de que nuestros vecinos utilicen energía nuclear implica que no nos podemos permitir hacer caso omiso de la cuestión.

Justamente la semana pasada se produjo una grave violación de la seguridad en la central nuclear de Sellafield y las instalaciones de almacenamiento de material nuclear en Sellafield –el depósito B30– es, se podría decir, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la industria nuclear en Europa. En el depósito B30 se almacenan importantes cantidades de material nuclear que no ha sido tratado adecuadamente durante décadas.

Por lo tanto, apoyo la propuesta de creación de un marco comunitario en materia de seguridad nuclear que refuerce la independencia de los órganos reguladores nacionales y garantice un alto nivel de transparencia por lo que respecta a la seguridad de las instalaciones nucleares.

He apoyado las enmiendas a este informe que se han propuesto, que reforzarán aún más las disposiciones y requisitos en materia de seguridad. Es más, aunque en Irlanda no dispongamos de centrales nucleares, nuestra ciudadanía podría verse afectada por violaciones de la seguridad que se produjeran en cualquier otra parte y la UE debe garantizar que a nuestra ciudadanía se le brinda la máxima protección.

 
  
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  Brian Crowley (UEN), por escrito (GA) Debemos aceptar el hecho de que en Europa se genera y se seguirá generando energía nuclear. En Irlanda no nos hace gracia esta idea, pero respetamos el derecho de todos y cada uno de los Estados miembros a elegir sus propias fuentes de energía. Mientras sigan existiendo centrales nucleares en los países limítrofes, no podremos hacer caso omiso de esta cuestión.

La semana pasada se produjo una violación de la seguridad en Sellafield y las instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares de Sellafield –a las que se denominan «depósito B30»– es uno de los mayores problemas para el sector nuclear en Europa. En el depósito B30 se está almacenando ingentes cantidades de residuos nucleares no tratados.

Así pues, doy todo mi apoyo a la propuesta que establece un marco comunitario sobre seguridad nuclear, que garantizará que en las centrales nucleares se establezca un alto nivel y normas transparentes en materia de seguridad.

He votado por las enmiendas dirigidas a reforzar esta propuesta. Aunque no existen centrales nucleares en Irlanda, los problemas en materia de seguridad que se produzcan en centrales nucleares de otros países europeos podrían afectar a los ciudadanos irlandeses. Es labor de la Unión Europea garantizar una protección total a la ciudadanía de nuestros países en relación con esta cuestión.

 
  
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  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Como alguien que tiene reservas con respecto a la seguridad a largo plazo de las centrales nucleares, no me satisface completamente este informe. Admito que las personas que trabajan en esta industria son profesionales entregados a su tarea. Admito que se producen pocos accidentes y muy espaciados en el tiempo. No obstante, el problema reside en que, cuando se produce un accidente, las consecuencias pueden ser de extrema gravedad. No podemos olvidar el accidente nuclear ocurrido en los Urales, que sacó a la luz Roy Medvedev, el accidente ocurrido en Three Mile Island, cuyos hechos se relatan en la película El síndrome de China, que se estrenó justo días antes de que se produjera el accidente, ni tampoco podemos olvidar el accidente que se produjo en Tokaimura, Japón, ni, finalmente, el de Chernobil, cuyas consecuencias sufrimos todos a día de hoy, pero que, con particular dramatismo, han afectado a los adultos y niños que residían en las proximidades o cuyos padres se encontraban allí.

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) En nuestras sociedades, la energía nuclear desempeñará un papel fundamental en el futuro de la energía. Como consecuencia, y teniendo en cuenta los planes para construir futuras instalaciones en Europa, es fundamental crear un marco comunitario en materia de seguridad nuclear.

El informe del señor Hökmark garantizará que las futuras instalaciones nucleares que se construyan en Europa se establezcan en condiciones de máxima satisfacción y seguridad. Se creará un marco definido que cuente con organismos reguladores nacionales independientes y potentes, así como con un sistema para la expedición de licencias que autoricen la construcción de instalaciones nucleares y con otro de inspección y control de dichas instalaciones.

La importancia que tendrá en el futuro la energía nuclear exige que las condiciones para su utilización y para el intercambio de información fundamental acrediten la máxima calidad, de manera que se puedan establecer condiciones uniformes de seguridad de la más alta calidad.

Es por esto que he votado a favor de este informe.

 
  
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  Paul Rübig (PPE-DE), por escrito. (DE) La delegación del Partido Popular Austriaco (ÖVP) respalda la creación de una autoridad independiente encargada de la supervisión de las centrales nucleares, con capacidad jurídicamente vinculante para desconectar de la red centrales nucleares peligrosas.

 
  
  

- Informe: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
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  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström y Åsa Westlund (PSE), por escrito. (SV) Hemos decidido votar en contra de este informe sobre un régimen de control en el marco de la Política Pesquera Común. Naturalmente, acogemos con satisfacción que se hagan propuestas que conduzcan a un aumento de las medidas a fin de garantizar que se respetan las normas, pero criticamos el énfasis que se ha puesto en el control de la pesca recreativa. Es poco razonable regular la pesca recreativa cuando, de hecho, se deben a la pesca industrial problemas como la sobreexplotación de nuestros mares.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Lamentamos que la inmensa mayoría del Parlamento haya rechazado ampliamente nuestra propuesta de enmienda, en la que, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República portuguesa ―en otras palabras, las que hacen referencia a la soberanía nacional― y como parte de la batalla para garantizar que estas disposiciones sean respetadas, se establecía que esta propuesta de Reglamento debe respetar y no poner en peligro la competencia y la responsabilidad de los Estados miembros por lo que respecta al control del cumplimiento de las normas relativas a la política pesquera común.

Lamentamos que un inmensa mayoría del Parlamento haya rechazado ampliamente nuestras propuestas de enmienda, que habrían impedido que la Comisión Europea pueda llevar a cabo, por cuenta propia y sin previo aviso, inspecciones en zonas económicas exclusivas (ZEE) y en territorio de los Estados miembros, así como que pueda, a su criterio, prohibir actividades de pesca y suspender o cancelar pagos correspondientes a la ayuda económica comunitaria concedida a un Estado miembro y que impedían, asimismo, que un Estado miembro pudiera inspeccionar sus barcos pesqueros en la zona económica exclusiva de cualquier otro Estado miembro sin autorización de este último.

Si esta propuesta de Reglamento ―que seguirán negociando las instituciones europeas― se aprueba en su forma actual, supondrá otro ataque más contra la soberanía nacional, al incluir requisitos con respecto a equipo y procedimientos, que, como se ha puesto de manifiesto, son totalmente inapropiados para el sector pesquero portugués.

Es por esta razón por la que hemos votado en contra.

 
  
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  Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. (FR) En 2008, se desguazaron 165 arrastreros. En 2009, ya se ha anunciado que correrán la misma suerte 225.

El sector pesquero francés se está viendo enormemente afectado porque el Gobierno francés y Bruselas han decidido sacrificar a los pescadores franceses en aras de la política comercial y económica europea.

De este modo, Noruega, un país que no pertenece a la Unión Europea, pero que ha negociado con esta última acuerdos económicos relacionados con el gas, se reserva el 80 % de la cuota de bacalao, cifra que equivale a 500 000 toneladas al año. Francia, por su parte, tiene acceso a solo 9 000 toneladas al año, de las cuales solo 700 toneladas provienen del Canal de la Mancha y del Mar del Norte.

¿Cómo es posible, en estas circunstancias, no sentir indignación al asistir a la desaparición de los pescadores franceses? ¿Por qué se esfuerzan Bruselas y el Gobierno francés por urdir la desaparición de todo un sector de nuestra economía? El motivo son los intereses euromundialistas y el dogma del libre comercio.

No resolverán este problema los 4 millones de euros prometidos por el Ministro de Agricultura y Pesca, concebidos como una compensación económica supeditada a que las embarcaciones que han alcanzado su cuota de pescado dejen de faenar. Existe una necesidad urgente y vital de liberar a los pescadores franceses de estas cuotas europeas discriminatorias y destructivas.

 
  
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  Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. (SV) En el día de hoy el Parlamento Europeo ha votado a favor de incluir la pesca deportiva y recreativa en la política pesquera común. De esta manera, la UE ha comenzado a regular una de nuestras actividades de ocio más populares.

Se trata de una propuesta absurda. En primer lugar, las aguas de pesca pertenecen a países concretos, no a Bruselas. En segundo lugar, las actividades de los pescadores recreativos no afectan en gran medida a las poblaciones de peces. En tercer lugar, será imposible cumplir con esta legislación. Solo necesitan echar un vistazo a un país como Suecia, que posee 11 500 km de litoral. ¿De verdad creen los burócratas de la UE y los diputados de esta Cámara que será posible vigilar lo que sucede en todo lugar en todo momento? Una ley que no se puede aplicar es una ley especialmente deficiente.

Por otro lado, no me sorprende especialmente la propuesta. La UE es como una máquina de vapor que ha comenzado a moverse hacia su objetivo de convertirse en un Estado federal en toda regla. Es grande, pesada y muy difícil de parar una vez que ha comenzado a rodar. Aniquilará a cualquiera que se interponga en su camino.

Hoy es un día aciago para todos los que deseamos una cooperación europea concisa y efectiva, pero, por encima de todo, es un día muy aciago para todas las personas que practican la pesca recreativa en todos los Estados miembros.

 
  
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  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), por escrito. – (IT) El objetivo de esta propuesta de Reglamento, a saber, garantizar un sistema de control comunitario que asegure el cumplimiento de las normas de la política pesquera común mediante un organismo europeo, es digno de elogio y aborda las numerosas reivindicaciones hechas a lo largo de los años por el Parlamento y la Comisión Europea. El Reglamento también indica, aunque tímidamente, que las mencionadas normas se ejecutarán y se aplicarán de manera uniforme en los 27 Estados miembros.

Aunque apruebo la esencia global del texto (puesto que mantiene una cultura de respeto por las normas al objeto de garantizar la aplicación correcta de la política pesquera común), creo que en esta ocasión, lamentablemente, no se han tenido en cuenta las características específicas de la pesca en el Mediterráneo.

Un ejemplo de lo que comentaba es el requisito de instalar un sistema de localización de buques vía satélite en barcos de más de 10 metros de eslora, lo que puede resultar beneficioso para las resistentes buques pesqueros del Mar del Norte, pero no para los que faenan en el Mediterráneo, que son de pequeño tamaño y con frecuencia carecen de camarote, ya que se usan para «pesca a pequeña escala». Asimismo, esta cuestión plantea el problema de los importantes gastos que hay que asumir, los que, no obstante, se podrían reducir si la Comunidad los cofinanciara al 80 %, como se indica debidamente en la enmienda 20.

 
  
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  Brian Simpson (PSE), por escrito. − Daré mi apoyo a este informe porque hemos aprobado las enmiendas 48 y 49 y hemos rechazado la enmienda 93 referente a la pesca recreativa.

Desde mi punto de vista, es inaceptable incluir la pesca recreativa en la cuota pesquera de un Estado miembro.

Si afirmamos en serio que la pesca recreativa está destruyendo las poblaciones de peces, entonces a mi entender, están soslayando una cuestión fundamental, por lo que respecta a las poblaciones cada vez más mermadas de peces. Y esta cuestión es la sobrepesca por parte de empresas que se dedican a la pesca industrial en sus buques factoría.

Exigimos que sean estas empresas las que cumplan con la política pesquera común, no los pescadores recreativos para los que la pesca constituye un pasatiempo.

 
  
  

- Informe: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
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  Roger Knapman y Thomas Wise (NI), por escrito. − La política pesquera común presenta numerosas deficiencias y ha perjudicado gravemente la economía británica y el medio ambiente. Si bien reconocemos la necesidad de nuevas innovaciones para que la situación mejore, la mayoría de tales innovaciones y mejores prácticas provienen claramente de los Estados miembros y de los propios pescadores. Hemos votado, por lo tanto, en contra de este informe, que otorga competencias más amplias a la Comisión.

 
  
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  Thomas Wise (NI), por escrito. − La Política Pesquera Común presenta numerosas deficiencias y ha perjudicado gravemente la economía británica y el medio ambiente. Si bien reconozco la necesidad de nuevas innovaciones para que la situación mejore, la mayoría de tales innovaciones y mejores prácticas proviene claramente de los Estados miembros y de los propios pescadores. He votado, por lo tanto, en contra de este informe, que otorga competencias más amplias a la Comisión.

 
  
  

- Informe: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
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  John Attard-Montalto y Louis Grech (PSE), por escrito. − En mi propio nombre y en el de mi colega, Louis Grech, quisiera manifestar que, aunque hemos votado a favor del informe, desearíamos hacer hincapié en los siguientes puntos:

apoyamos la existencia de una política común de inmigración;

creemos que, en nombre del interés nacional, el Pacto sobre Inmigración no era satisfactorio;

queremos dejar constancia de nuestra decepción porque el informe no hace una referencia clara y directa al reparto de cargas obligatorio;

queremos hacer constar que se agradece toda cooperación; pero, la UE no puede inmiscuirse en el tipo de acuerdos bilaterales a los que llega un país de origen con uno de tránsito;

no compartimos la idea de conceder el derecho de voto a los inmigrantes ilegales debido a la situación demográfica de Malta;

no estamos de acuerdo con un sistema uniforme de visado Schengen, en vez de sistemas nacionales, si esto supone tener que ampliar la burocracia y el sistema pierde flexibilidad.

 
  
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  Catherine Boursier (PSE), por escrito. (FR) Acojo con satisfacción la aprobación del informe Busuttil, aunque admito que no apoyo todos los puntos que se plantean, especialmente, la favorable acogida dispensada a la conclusión del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo: en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, mi grupo votó a favor de eliminar esta referencia, pero por lo que respecta a esta cuestión, nos encontramos en minoría. Lo mismo puede decirse con respecto al papel destacado que desempeña el FRONTEX en operaciones de retorno.

No obstante, en vista del resultado final, he votado a favor de este informe al objeto de defender enérgicamente la apertura de rutas legales a la inmigración. Por lo tanto, doy todo mi apoyo al reconocimiento de que la UE necesita del trabajo de las personas migrantes; a la necesidad de realizar más consultas con representantes de la sociedad civil; a la libertad de circulación dentro del territorio de la UE tras un período de residencia de cinco años; al respeto por la dignidad humana y la aplicación de las medidas más favorables en el contexto de la aplicación de la Directiva de retorno y, lo último y más importante, el derecho a votar en las elecciones municipales, punto al que se opone duramente la derecha europea.

 
  
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  Philip Bradbourn (PPE-DE), por escrito. − Los conservadores británicos han votado en contra de este informe sobre la base de que no aceptamos que sea necesaria una política europea común sobre inmigración y que el Reino Unido debe mantener absoluto control sobre sus fronteras nacionales.

 
  
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  Philip Claeys (NI) , por escrito. - (NL) He votado en contra de este informe porque contiene una serie de elementos que consideró inaceptables. De entrada, se parte del supuesto de que la UE necesitará 60 millones de nuevos inmigrantes para el año 2050. Dados los actuales problemas con la inmigración masiva, se trata de una propuesta descabellada. Se sugiere asimismo que no se debería conceder exclusivamente la tarjeta azul a los empleados altamente cualificados. Para el caso, lo mismo daría que abriésemos las fronteras de par en par.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. (PT) Es imperativo que en la Unión Europea se adopte un enfoque común en materia de inmigración. No se puede permitir que exista un enfoque fragmentado e incoherente en una zona común que carece de fronteras internas, porque cualquier política o medida en materia de inmigración aplicada por uno de los Estados miembros, inevitablemente, tiene consecuencias para el resto de Estados miembros.

Por lo tanto, apoyo el establecimiento de una política europea común de inmigración basada en un elevado nivel de solidaridad política y operativa, confianza mutua y responsabilidad compartida.

La adopción del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo ha representado un gran avance en esta dirección, ya que ha dado como resultado una política sobre inmigración que es más coherente, controlada y ligada a las necesidades del mercado de trabajo en los países europeos, así como a los recursos disponibles en cuanto a vivienda, salud y educación. Su objetivo es asimismo combatir con firmeza la inmigración ilegal.

El excelente informe presentado por el señor Busuttil respeta este enfoque. Su único problema reside en una enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que pone en peligro la firmeza de nuestra lucha contra la inmigración ilegal puesto que no cabe la menor duda de que cualquier inmigrante que resida legalmente en territorio de un Estado miembro tendrá derecho de voto en consonancia con las condiciones establecidas. Por este motivo, apoyo la resolución alternativa presentada por el ponente, que, una vez más, ha tratado de llegar a una solución intermedia que sea aceptable para todos.

 
  
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  Edite Estrela (PSE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución sobre una política común de inmigración para Europa, puesto que la inmigración es uno de los principales retos a los que se enfrenta Europa en el momento actual. Al abordar este problema de la inmigración, podemos adoptar políticas que lo conviertan en una oportunidad.

La inmigración es una preocupación que comparten los países de la UE, razón por la cual esta última debe actuar coordinadamente para buscar una respuesta adecuada a este problema. Este informe trata de abordar todos los aspectos de la inmigración, apoyando el establecimiento de una política europea común de inmigración basada en un elevado nivel de solidaridad política y operativa.

Además, incluye asimismo medidas que permiten a las personas migrantes participar en la vida cívica y política de la sociedad en la que viven, especialmente en partidos políticos y sindicatos, y les dan la oportunidad de votar en las elecciones municipales.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) Un informe que contiene 91 artículos debe incluir, evidentemente, algunos aspectos con los que estemos de acuerdo. Sin embargo, pese a tratar de «dorar la píldora», este informe es profundamente negativo y es, obviamente, por este motivo que lo rechazamos.

«Apoya enérgicamente el establecimiento de una política europea común de inmigración», celebrando las «implicaciones institucionales del Tratado de Lisboa, especialmente, en lo que se refiere a la ampliación del procedimiento de codecisión y de la votación por mayoría cualificada a todas las políticas de inmigración» y «la adopción de un Pacto Europeo sobre Inmigración», en otras palabras, apoya enérgicamente el establecimiento de una inhumana política de inmigración basada en la seguridad que criminaliza, explota y selecciona a los inmigrantes.

Si cabían ciertas dudas sobre los propósitos de la UE, este informe se encarga de disiparlas. La inmigración «sigue siendo necesaria para satisfacer las necesidades de Europa […] del mercado laboral […]» (casi «60 millones de trabajadores migrantes para 2050»). Esta es la razón por la que se deben desarrollar «perfiles de inmigración» –«tomando como aspecto central de estos perfiles las necesidades del mercado laboral»– y por la que existe una necesidad de «aumentar el atractivo de la UE para trabajadores altamente cualificados», en especial, mediante la «tarjeta azul». Es decir, se trata de una visión inhumana de los inmigrantes, que les considera simple y llanamente mano de obra a la que explotar.

Más que una política común, lo que necesitamos es una política diferente que defienda los derechos de los inmigrantes y combata las causas fundamentales de la inmigración.

 
  
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  Filip Kaczmarek (PPE-DE), por escrito. – (PL) He votado a favor de la aprobación del informe Busuttil. Se trata de un informe importante porque la inmigración es uno de los retos más significativos a los que se enfrenta la Unión Europea. Deberíamos estar preparados para admitir que no somos plenamente capaces de sacar partido de los aspectos positivos de la inmigración o de impedir que se produzcan esas situaciones que no se pueden considerar beneficiosas en ningún sentido.

Una dificultad añadida es que la inmigración se manifiesta de forma distinta en los diversos Estados miembros y las diferencias en este sentido son amplias. Para algunos países, la inmigración representa un enorme problema social, económico y político. Para otros, se trata de un fenómeno de poca importancia, que no despierta mucho interés. Es por este motivo, entre otras cuestiones, que es tan difícil establecer e introducir una política de inmigración uniforme. Deberíamos asimismo ser conscientes de que para muchas personas permanecer en Europa es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Al devolverlos a sus países de origen, puede que, verdaderamente, los estemos condenando a muerte. Por lo tanto, los instrumentos de la política de inmigración deberían ser flexibles, de manera que se puedan adaptar a casos particulares de personas concretas. Muchas gracias.

 
  
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  Carl Lang y Fernand Le Rachinel (NI), por escrito. (FR) No podemos dar nuestro apoyo a una política común de inmigración que se base en facilitar la apertura de canales legales de inmigración. Esta política debería estar en las antípodas de lo que aquí se propone.

Este informe se basa, de nuevo, en las peligrosas recomendaciones de la Comisión que aparecen recogidas en su Libro Verde de 11 de enero de 2005, dedicado a la inmigración económica. Se trata de un informe que sitúa en 60 millones el número de trabajadores migrantes que, supuestamente, necesitará la UE para 2050 y que, por lo tanto, hace hincapié en la necesidad de abrir canales para la inmigración legal.

¿Cómo es posible que no se considere inmoral que, en medio de una crisis social, económica y financiera, se nos recomiende abrir aún más los mercados a los trabajadores extranjeros en un momento en el que el empleo nacional se encuentra amenazado y el desempleo está desbocado?

En medio de una crisis, lo que se necesita, en cambio, es aplicar medidas sociales y económicas proteccionistas y reservar el empleo, pero también las ayudas sociales, para los nacionales.

Para finalizar, este informe se basa en el falso supuesto de que, al abrir las fronteras a la inmigración legal, la inmigración ilegal se reducirá considerablemente o desaparecerá del todo. Sabemos que tal cosa no sucederá y que, por el contrario, la inmigración legal es la precursora de la inmigración a gran escala.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El derecho de asilo se va a convertir en vehículo para que se produzca una inmigración masiva a una escala sin precedentes. Las puertas de Europa se abrirían de par en par a los países en desarrollo. Si los visionarios de la multiculturalidad se salen con la suya, el significado del concepto de familia se ampliará de forma que tribus enteras puedan inmigrar sin ninguna dificultad.

Además, se limitará la posibilidad de utilizar el internamiento previo a la expulsión, se permitirá a las personas solicitantes de asilo acceder al mercado laboral y se les ampliará la provisión básica de servicios, lo que no haría sino ejercer todavía más presión sobre el mercado laboral interno –especialmente, durante la crisis económica– y se requeriría a los contribuyentes que se rascasen aún más el bolsillo. Por todos estos motivos, no queda más remedio que rechazar este informe.

 
  
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  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito.(EL) En el informe sobre la política común de inmigración, se acoge positivamente la política de inmigración, que favorece el monopolio, de la UE y la contribución a esta política por parte del Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, se propone que se tomen medidas para pasar a la fase siguiente, a costa de los inmigrantes y siguiendo una dirección aún más reaccionaria.

El informe se atiene al principio básico de que la política de inmigración de la UE es una herramienta al servicio de las necesidades del mercado laboral, o lo que es lo mismo, de la rentabilidad de los monopolios europeos. Con este propósito, prevé la aplicación de la política del «palo y la zanahoria» por lo que respecta a los inmigrantes. Así, por un lado, acoge con satisfacción el inaceptable Pacto sobre Inmigración y Asilo y pide que se refuerce el FRONTEX y se apliquen contra los inmigrantes que carecen de utilidad para el capital europeo medidas represivas y de recopilación de información más duras. Por otro lado, acoge con satisfacción que se atraiga y se legalice a inmigrantes «altamente cualificados», así como a la inmigración temporal y cíclica necesaria para el capital, y propone medidas para integrar a los inmigrantes legales, de manera que se encuentren directamente a disposición de los empleadores.

La única respuesta ante esta reaccionaria política es integrar a los inmigrantes en el movimiento de la clase trabajadora y que inmigrantes y trabajadores locales luchen codo con codo contra la política de la UE y el capital dirigida contra los inmigrantes y las bases sociales y que reivindiquen sus derechos, así como la riqueza que producen.

 
  
  

- Informe: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

 
  
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  Šarūnas Birutis (ALDE), por escrito. (LT) Ahora es el momento de que la política RTE-T, basada en 15 años de experiencia, refleje adecuadamente sus objetivos y medidas. Debemos considerar nuevamente proyectos y medidas, hacer más hincapié en la coordinación de la UE y tratar de alcanzar más compromisos vinculantes con los Estados miembros, cuando ejecuten proyectos prioritarios que hayan accedido a llevar a cabo.

Los proyectos y mapas prioritarios RTE-T están compuestos principalmente por proyectos nacionales de infraestructura de transportes importantes y onerosos y fue físicamente imposible ejecutar algunos de los 30 proyectos RTE-T anteriores, mientras que otros proyectos, especialmente tras la ampliación de la UE, adquieron una especial importancia, pero no lograron figurar en la lista.

La actual crisis económica puede alentarnos de nuevo a seguir esta lógica al invertir en infraestructura de transportes. No obstante, necesitamos proyectos e inversiones inteligentes en la infraestructura de transportes de la Unión Europea, a fin de impulsar aún más su desarrollo durante los próximos 10 a 20 años. Las decisiones sobre proyectos de infraestructura de transportes se deberían basar en evaluaciones correctas de la relación coste/beneficio, la estabilidad y el valor añadido transfronterizo europeo.

 
  
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  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe establece las orientaciones «para el desarrollo de la red transeuropea de transportes» (RTE-T), que en la actualidad consiste en treinta proyectos prioritarios «inspirados principalmente por intereses nacionales»

―¿qué otros intereses se deberían tener en cuenta, los de las multinacionales?― que la Comunidad cofinanciará con casi 5 300 millones de euros.

Este informe se encuadra dentro de la visión de la «red transeuropea de transportes», basada en la ampliación del mercado interno y en un aumento de la competitividad y concentración capitalista. Por lo tanto, «insiste en la necesidad de integrar […] los objetivos de la Estrategia de Lisboa» y defiende la adaptación de la RTE-T a las «condiciones cambiantes del mercado», en consonancia «con los criterios siguientes: viabilidad económica, mejora de la competitividad, fomento del mercado único» y desarrollado a través del «partenariado público-privado» (por ejemplo, destinando «un porcentaje de los ingresos por peaje de infraestructuras viarias a la financiación de los proyectos de RTE-T»).

Solo ha transcurrido un mes desde que finalizara la actual legislatura y la mayoría de esta Cámara no puede aguantarse las ganas de pedir a la Comisión Europea que «proponga –para finales de su mandato– una iniciativa legislativa con relación a la apertura de los mercados nacionales ferroviarios de transporte de pasajeros a partir de 1 de enero de 2012».

Finalmente, al objeto de satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos y financieros en cuanto a ampliar su control hacia la Europa Oriental, hace hincapié en que tienen prioridad los enlaces entre la Europa Occidental y la Europa Oriental.

 
  
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  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), por escrito. (RO) El desarrollo y la ampliación de la red transeuropea de transportes son absolutamente indispensables para consolidar el mercado interno y promover la cohesión de la Unión Europea. Este es el motivo que me ha llevado a votar a favor de la opción C propuesta por la ponente, Eva Lichtenberger. Este enfoque permitirá que todos los tipos de recursos económicos disponibles en el futuro se inviertan en transporte e infraestructuras, aunque no ofrezca totalmente los medios para garantizar una aplicación efectiva, teniendo en cuenta que existen numerosos intereses nacionales divergentes.

Cualquier otra alternativa, incluida la opción propuesta por el Grupo PPE-DE, podría haber impedido que los Estados miembros emplearan los Fondos de Cohesión, como parte de la Política de Cohesión, en proyectos de infraestructura de transportes distintos de los proyectos prioritarios RTE-T e, indirectamente, Rumania podría haberse visto privada de la oportunidad de utilizar los Fondos de Cohesión en el sector del transporte, fondos que Rumania necesita desesperadamente. .

 
  
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  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. (PT) Este informe evalúa la ejecución de los treinta proyectos prioritarios RTE-T, en los que los retrasos están repercutiendo seriamente en el futuro de la política europea de transporte sostenible. Pese a las dificultades, es fundamental seguir comprometidos con los cambios necesarios para establecer conexiones intermodales, especialmente para ciudadanos y mercancías. Se deben tener en cuenta una serie de retos actuales, que van desde la seguridad hasta cuestiones regionales, hábitos sociales, económicos y financieros y el medio ambiente. Se debería insistir, por lo tanto, en la necesidad de adoptar un enfoque integrado y más coherente por lo que se refiere a la red de transportes.

Es evidente la importancia de los enlaces transfronterizos para hacer progresos en la red europea de transportes, que es por lo que apoyamos la mejora de las interconexiones entre todos los medios de transporte, especialmente a los que les ha resultado más difícil transformarse y desarrollarse, como es el caso del transporte marítimo o ferroviario. Se deben establecer mejores enlaces con puertos marítimos y aeropuertos y la correcta ejecución de los proyectos de la red transeuropea contribuirá, sin lugar a dudas, a este objetivo.

El informe refleja alguna de estas preocupaciones, pero el orden de prioridades que considero apropiado no se mantiene a lo largo de todo el texto, por lo que he votado en contra.

 
Última actualización: 19 de agosto de 2009Aviso jurídico