Presidente. – El siguiente punto del orden del día es el debate de siete⁽¹⁾ propuestas de resolución sobre la escalada de violencia en México.

  Ramón Jáuregui Atondo, Autor. − (ES) Señor Presidente, quiero empezar por decir que México es una gran democracia, es una democracia que ha evolucionado progresivamente en los últimos veinte años. Es un país amigo de la Unión Europea con el que tenemos un Acuerdo de Asociación Estratégica, y quiero decir también que México está librando una durísima batalla contra el crimen organizado en el narcotráfico.

Pero hoy, aquí en el Parlamento Europeo hablamos de México en el capítulo de los derechos humanos porque ha habido y está habiendo un incremento notable de la violencia, que sufre, principalmente, el pueblo de México y porque hay denuncias reiteradas y graves sobre violación de los derechos humanos.

La Resolución que los grupos mayoritarios de esta Cámara vamos a aprobar hoy aquí está construida desde el respeto, está construida en el consenso y, desde luego, reconoce este contexto que acabo de describir y anima a México a seguir por el camino de la construcción de un Estado de Derecho y de una democracia perfecta.

Pero también le pide cuatro cosas muy importantes: que asegure el ejercicio del derecho a una prensa libre, porque hay agresiones a los periodistas; que asegure la protección de las asociaciones que defienden los derechos humanos, porque hay agresiones y amenazas a las asociaciones que defienden los derechos humanos; que asegure la protección de las mujeres que sufren la violencia, porque hay feminicidios; y que evite la impunidad y los abusos de poder de sus fuerzas de seguridad. Eso le pide a México este Parlamento desde la amistad que reclama una relación favorable con México.

  Renate Weber, Autora. − (ES) Señor Presidente, Señorías, esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer. En este Parlamento tuvimos muchos pósteres en todas las lenguas de la Unión Europea diciendo que sí se puede acabar con la violencia contra las mujeres. Hoy estamos hablando sobre la violencia en México y me parece normal reconocer que las mujeres mexicanas, indígenas y no indígenas, son las víctimas menos protegidas por parte de las autoridades locales y federales.

Las mujeres mexicanas son víctimas de toda clase de violencia, desde la violencia familiar hasta la violencia sexual y tortura perpetradas por miembros del Ejército o de la policía, y también víctimas de homicidio. Lamentablemente, hasta ahora, las respuestas de las autoridades mexicanas han sido ineficaces y por eso es correcto hablar de una impunidad casi absoluta.

Nuestra Resolución pide al Gobierno mexicano que combata los feminicidios —una palabra dura, pero correcta cuando vemos que la casi totalidad de los asesinatos cometidos contra las mujeres permanecen en la impunidad—. Un ejemplo: en México, en los últimos cuatro años fueron condenados solamente el 11 % de los criminales que asesinaron a casi setecientas mujeres.

Al mismo tiempo, parece que las mujeres son las víctimas preferidas del sistema judicial. No hay otra forma de explicar cómo fue posible que dos mujeres indígenas —Alberta Alcántara y Teresa González– fueran condenadas a veintiún años de prisión y hayan pasado hasta ahora más de tres años en la cárcel por secuestrar, ellas solitas, durante un incidente en un mercado a seis hombres de la Agencia Federal de Investigación. ¡Ojalá el juez que decidirá dentro de una semana el recurso de este caso se dé cuenta de la ridiculez e injusticia de la situación!

Pero la violencia contra las mujeres empieza en la familia. Espero que los legisladores mexicanos mejoren muy pronto la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para que se definan los tipos de violencia y los mecanismos que hagan operativas las normas. Igualmente sería normal establecer que la violencia familiar y la violación en el matrimonio son delitos penales.

Además, para que la sociedad mexicana cambie y rechace la violencia contra las mujeres, es importante que en las escuelas este tema se convierta en un asunto primordial de la educación de los jóvenes.

  Adam Bielan, Autor. – (PL) Las autoridades mexicanas, y ante todo el Presidente Felipe Calderón, llevan varios años librando una cruenta guerra contra los narcotraficantes. En ella han intervenido más de 40 000 soldados y se han logrado varias cosas, entre las que sin duda se cuentan la detención de los líderes de los cárteles de Sinaloa y Juárez, la destrucción de más de 23 000 hectáreas de cultivos de opio y 38 000 hectáreas de marihuana, el cierre de más de 50 laboratorios clandestinos en los que se elaboraban estupefacientes y la detención de más de 45 000 personas implicadas en esta actividad.

Tenemos que ser conscientes de que los cárteles de la droga mexicanos generan ingresos anuales de muchos miles de millones de dólares, una cantidad incomparablemente superior a la que el Gobierno mexicano destina a abordar el problema de los estupefacientes. De modo que las bandas se están gastando ingentes sumas en sobornar a políticos, jueces y policías, y precisamente por eso las autoridades están perdiendo la guerra. Casi 15 000 personas han sido asesinadas desde 2006, y más de 6 000 de ellas desde el pasado octubre. Los periodistas se encuentran especialmente en peligro, ya que han asesinado a más de 60, incluido, recientemente, Jorge Ochoa Martínez.

Tenemos que entender que sin el compromiso internacional, México no ganará la guerra.

(Aplausos)

  Santiago Fisas Ayxela, Autor. − (ES) Señor Presidente, Señorías, en México existe un importante problema de narcotráfico que genera violencia. Y ante esta situación, el Gobierno del Presidente Calderón ha adoptado una posición contundente para su erradicación, por lo que ha decidido, temporalmente, hacer uso de las Fuerzas Armadas, con resultados importantes en el número de detenidos, en la destrucción de drogas y en la confiscación de armas. El Ejército ha aceptado la totalidad de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluyendo las que se refieren a investigar las quejas sobre su actuación.

El Gobierno reconoce también que debe realizar importantes cambios en materia de seguridad y justicia y ha puesto en marcha una ambiciosa reforma de la justicia para que sea transparente y castigue a los responsables de los crímenes, respetando los derechos humanos.

Desde el Partido Popular Europeo queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo mexicano en la lucha contra el narcotráfico y apoyamos al Presidente Calderón en su voluntad de combatir el crimen organizado.

Por último, quiero mostrar mi satisfacción por este acuerdo que une a los principales grupos de la Cámara.

  Marie-Christine Vergiat, Autora. − (FR) Señor Presidente, Señorías, desde 2007 las violaciones de los derechos humanos en México han seguido incrementándose.

De acuerdo con las ONG y los medios de comunicación mexicanos, sólo en 2009 se han registrado más de 6 500 asesinatos atribuibles a los cárteles de la droga, la inmensa mayoría en el estado de Chihuahua. El Gobierno del Presidente Calderón ha enviado miles de soldados a las zonas más afectadas.

Desde entonces, los actos violentos cometidos por las fuerzas armadas, así como por los cuerpos de policía, se han multiplicado con toda impunidad. Las ONG están elaborando muchos más informes y hablan de crímenes de estado. Los periodistas, las comunidades indígenas y sobre todo las mujeres, indígenas y no indígenas, se ven especialmente afectados. Tuve ocasión de reunirme con algunas mujeres de San Salvador Atenco que habían sido violadas y torturadas por policías, y sus testimonios me horrorizaron. Los responsables de estos actos cometidos en mayo de 2006 siguen gozando de total impunidad.

Así las cosas, no podemos compartir las preocupaciones de las autoridades mexicanas, cuyos agentes violan periódicamente los derechos humanos. En consecuencia, no vamos a apoyar la resolución común y presentaremos…

(El Presidente interrumpe a la oradora)

  Barbara Lochbihler, Autora. – (DE) Señor Presidente, a través de los medios de comunicación nos llegan con frecuencia imágenes de la violencia brutal que se emplea en plena calle en la llamada guerra contra la droga en México. El asesinato de cientos de mujeres en el norte del país, la mayoría trabajadoras, está llenando titulares de prensa y ha dado origen al término «feminicidio». El Parlamento Europeo ha elaborado su propio informe al respecto. A pesar de ser consciente del importante aumento de las violaciones graves de los derechos humanos, el Gobierno mexicano parece no ser capaz o no estar dispuesto a hacer algo para atajarlo. Señalar que en la lucha contra los narcotraficantes se requiere implacabilidad no exime de la consecuente intervención del Gobierno. La notable ampliación de la presencia y el poder militares, el hecho de que los delitos cometidos por soldados sean competencia de los tribunales militares, la impunidad casi total - éstas son las causas reales de la escalada de violencia en el país. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha documentado en repetidas ocasiones el incremento de delitos violentos cometidos por militares.

El propio Gobierno no quiere reconocer la situación. Además, silencia constantemente los delitos. Ayer, por ejemplo, recorría los medios de comunicación la noticia de que el Ministerio de Defensa había pagado una impresionante suma de dinero a las familias de las víctimas de la violencia a fin de comprar su silencio. ¿Quiénes son los autores de esta violencia? Soldados. La UE debe abordar la lucha contra la impunidad en todas las relaciones que mantiene con México. En vista de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, es absolutamente necesario que la UE no actualice el acuerdo global con México. No debe hacerlo hasta que la situación de los derechos humanos en ese país mejore sustancialmente.

  Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo PPE. – (RO) La escalada de violencia en los estados mexicanos de la zona limítrofe con los Estados Unidos, especialmente en Ciudad Juárez, resulta ciertamente inquietante. Los sucesos de los últimos meses han sido especialmente sangrientos, ya que la intervención de las autoridades federales en dicha región se ha visto acompañada de un significativo aumento del número de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Por tanto, la guerra contra los narcotraficantes viene a sumarse a la guerra entre bandas criminales rivales, y esto se traduce en una serie de asesinatos de extraordinaria brutalidad.

Creo que México es un caso extremo que pone de relieve la gran dificultad que entraña adoptar medidas firmes contra la delincuencia a fin de salvaguardar la seguridad nacional. Resulta de suma importancia que aquí, en el Parlamento Europeo, enviemos un mensaje claro de apoyo a los esfuerzos del Gobierno mexicano por erradicar el crimen, y con ello mejorar la situación de la población civil.

Del mismo modo, tenemos que alentar a las autoridades mexicanas a que sigan haciendo reformas fundamentales en materia de consolidación del Estado de Derecho, especialmente en lo que respecta a los sistemas judicial y penal.

Gracias.

  Ana Gomes, en nombre del Grupo S&D. – (PT) La violencia en México está ligada al narcotráfico y las desigualdades sociales agravadas por la crisis económica. La lucha contra la impunidad resulta esencial. Es vital invertir en el sistema judicial para juzgar y castigar a los criminales y garantizar la protección de los testigos y las víctimas, en muchos casos jóvenes trabajadoras atrapadas en la ola de violencia de los narcotraficantes.

Sorprende que Juárez sea la capital mundial del feminicidio, pero sorprende aún más la cultura machista que explica la inacción de las autoridades a la hora de enjuiciar a los responsables de estos crímenes y proteger a los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas.

Europa debe hacer uso de la Asociación Estratégica con México para apoyar constructivamente a todos aquellos que luchan por los derechos humanos, que son los mismos que luchan por la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Sin derechos humanos no hay Estado de Derecho ni democracia.

  Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR. – (PL) Señor Presidente, hace un momento he escuchado en esta Cámara un llamamiento a no firmar el acuerdo con las autoridades mexicanas. No entiendo esta propuesta, ya que, al fin y al cabo, encomiamos al Presidente de México, y quienes han intervenido antes que yo hace un momento también lo han hecho, por su firmeza en la lucha contra los magnates de la droga y la mafia. Así pues, tenemos que aplaudir a las autoridades mexicanas por su actuación, pero, por supuesto, señalar al mismo tiempo que no han de tirar el grano con la paja y que en esta lucha también deben velar por el respeto de los derechos humanos. Es evidente. Tenemos que comprender la situación de un país que lleva décadas lidiando con enormes grupos de delincuencia organizada y con la mafia. Si el Presidente del país declara la guerra en la zona, hay que apoyarle sin reservas. Sin embargo, claro está, aquí hemos hablado de los periodistas y hemos hablado de otras víctimas, y hay que hacer hincapié en que estas personas no deben sufrir discriminación.

  Rui Tavares, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (PT) Señorías, esta misma mañana fuerzas policiales de entre cien y doscientos policías han rodeado el Sindicato Mexicano de Electricistas, el mismo sindicato que, después de anunciar una huelga general el próximo día 16, ha visto cómo uno de sus dirigentes, Domingo Aguilar Vázquez, era detenido bajo acusaciones falsas.

Este ataque a la libertad sindical en México a manos del Gobierno sorprende más todavía por lo que estamos hablando aquí, porque el Gobierno Federal mexicano no castiga delitos que cometen, por ejemplo, sus propios militares y no es eficaz en la lucha contra el narcotráfico.

Así es, la situación es complicada. El ejército está protagonizando ataques contra los narcotraficantes, pero también contra los sindicatos. Lo que ocurre es que, en un contexto de ineficacia, impunidad y aumento del autoritarismo, una democracia como la mexicana pierde el control.

Este Parlamento debe condenar más enérgicamente y, sobre todo, pedir al Gobierno mexicano que ponga fin de una vez por todas a su ineficacia en lo que respecta a los criminales y a su aparente autoritarismo por ejemplo con los sindicatos, trabajadores y movimientos de la sociedad civil.

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Señor Presidente, me gustaría destacar dos cuestiones en lo que tocante a la resolución sobre México.

En primer lugar, como hemos escuchado, este año ha aumentado la violencia. México está en manos de grandes cárteles de la droga y se estima que la violencia de estos ya se ha cobrado la vida de 15 000 personas. La situación es especialmente grave cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos de América. El Gobierno mexicano está intentando controlar la situación por medio de una operación militar y policial masiva. Esta estrategia también ha sido objeto de numerosas críticas. Evidentemente, la responsabilidad del tráfico de estupefacientes, el blanqueo de dinero y los problemas que estos generan se extiende asimismo a otros países, y se debe ofrecer asistencia y cooperación a México.

En segundo lugar, deseo hacer referencia a los informes publicados recientemente por Amnistía Internacional sobre la falta de voluntad por parte de las autoridades de proteger a los defensores de los derechos humanos. Quienes salen en defensa de los pueblos indígenas y las comunidades pobres están especialmente amenazados. Cuando fomentar los derechos humanos se vuelve peligroso, muchos activistas han de plantearse los riesgos que implica el trabajo que realizan, y entonces aquellos en cuyo nombre trabajan pierden la esperanza.

Estas cuestiones, los temas relacionados con el tráfico de estupefacientes y los derechos humanos, también han de abordarse en mayo, cuando pensemos en planes de cooperación en el marco de la próxima cumbre UE-México.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) El Gobierno mexicano ha de comprometerse firmemente a combatir el narcotráfico y respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho.

El narcotráfico ha traído consigo actos violentos que tienen como resultado la pérdida de vidas humanas. Las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez se incluyeron entre las diez ciudades más peligrosas del mundo en 2009. Desde 2007 se han cometido 15 000 asesinatos en el marco de la guerra contra la droga y la cifra correspondiente a 2009 asciende a 7 724.

Los jóvenes y las mujeres son los más afectados por el tráfico y el consumo de drogas. En México la crisis económica puede tornarse en un conflicto social, y la pobreza y la falta de formación son algunos de los factores que pueden llevar a la gente joven a convertirse en víctimas del consumo de drogas. En 2010 hay aproximadamente siete millones y medio de jóvenes mexicanos que no tienen la posibilidad de matricularse en el sistema de educación formal, lo que implica asimismo que no tengan esperanzas de ganarse la vida dignamente.

En suma, el diálogo entre la Unión Europea y México debe reforzarse, con vistas a fomentar el desarrollo económico y social, así como el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Gracias.

  Bernd Posselt (PPE). – (DE) Señor Presidente, en esta Cámara hablamos con frecuencia de dictaduras. México no es una dictadura, sino una democracia. Estamos hablando de casos concretos de violaciones graves de los derechos humanos, pero esta no es la cuestión por lo que a México se refiere; lo esencial es el hecho de que esta gran democracia, socia estratégica nuestra, lleva décadas padeciendo una enfermedad grave, tal vez incluso mortal.

Por consiguiente, necesita el tratamiento y el médico apropiados. El Presidente Calderón y sus compañeros de armas son ese médico. Eso no significa que sean capaces de aplicar cualquier tratamiento, ni que estén autorizados a hacerlo, pero debemos prestarles nuestro apoyo.

Por eso considero tan importante el apartado 12 de la resolución, en el que declaramos que queremos hacer un mayor uso de nuestro instrumento financiero para reforzar la buena gobernanza, el Estado de Derecho y las estructuras del Estado de Derecho frente a la desintegración del Estado, al crimen organizado y a la impunidad, que ha sido objeto de críticas justificadas. No obstante, no podemos hacerlo dejando que nuestros contactos se estanquen en un punto muerto o interrumpiéndolos, sino que debemos fortalecerlos.

  Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Señor Presidente, a todos nos preocupa el incremento de violencia en Ciudad Juárez, pero yo confío en las amplias medidas que las autoridades mexicanas han puesto en marcha para afrontar con eficacia esta situación tan compleja. También apoyo la vigorosa lucha que el Presidente Calderón está llevando a cabo contra el narcotráfico, esa gravísima amenaza global que a todos nos afecta. Por eso, todos debemos ayudar en este combate tan duro a las instituciones mexicanas.

Señorías, en los últimos diez años, México ha experimentado un proceso muy positivo de modernización política y de gobierno. Se trata de reformas que el Presidente Calderón está impulsando con firmeza. México ha adoptado además una línea de mayor asunción de responsabilidades en el plano internacional y participa activamente, por ejemplo, en las Naciones Unidas y en el G-20.

Yo siempre he apoyado en este Parlamento, desde mis modestas posibilidades, el establecimiento de una asociación estratégica de la Unión con México, que finalmente hemos logrado en el año 2008. Espero que en la cumbre de mayo en Madrid se apruebe un ambicioso plan o programa de actuación conjunta, porque la Unión Europea y México tenemos que hacer juntos muchas cosas, tanto en el plano bilateral como en los foros multilaterales, para afrontar conjuntamente desafíos y amenazas, incluidos el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada

  Charles Tannock (ECR). – Señor Presidente, durante mucho tiempo México ha sido un canal básico de acceso al mayor mercado mundial de estupefacientes ilegales: los Estados Unidos. Así, México ha quedado marcado por la brutalidad y la violencia que el narcotráfico trae consigo. Asimismo, México, un país de cien millones de habitantes y socio estratégico fundamental de la UE, se ha ido convirtiendo, por desgracia, en un mercado cada vez mayor de cocaína. Preocupa especialmente el aumento del consumo entre la gente joven.

La violencia relacionada con las drogas sólo parece empeorar en México, ya que aumentan los espantosos asesinatos, y los periodistas que informan sobre estos sucesos son víctimas de ellos. La extensión del desempleo y la pobreza tampoco parece ayudar, y genera un clima de ausencia de ley en algunas zonas del país. El Presidente Calderón se enfrenta a enormes dificultades, pero está decidido a abordarlas de frente, y la UE debe apoyarlo con firmeza. Concretamente, debemos apoyar los esfuerzos que hace para reformar y reestructurar la policía y el sistema de justicia penal a fin de romper los vínculos de corrupción que existen entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad. Considero que también está totalmente justificada la necesidad de utilizar el ejército como medida temporal de urgencia.

  Janez Potočnik, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, el aumento sin precedentes de la violencia ha generado en México una sensación de absoluta inseguridad entre la población. Sin duda alguna, esta situación preocupa sumamente a la Comisión. Sabemos que las autoridades mexicanas se lo están tomando en serio y han adoptado numerosas medidas para hacer frente al problema.

La prioridad es la guerra que el Presidente Calderón ha declarado a la delincuencia organizada. Además de desplegarse militares por todo el país para combatir la delincuencia organizada, en México se está haciendo un esfuerzo extraordinario para reforzar los cuerpos de seguridad y el sistema judicial.

En agosto de 2008 se aprobó un paquete de medidas de seguridad con el objetivo de reorganizar los cuerpos de seguridad y el sistema judicial mexicanos. La reforma judicial aprobada por el Congreso mexicano en 2008 tiene el potencial para abordar los principales problemas sistémicos a los que se enfrenta la justicia penal en México, si bien somos conscientes de que la aplicación de esta reforma exigirá un compromiso a largo plazo.

México también está haciendo un esfuerzo muy importante por dar respuesta a las inquietudes en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al impacto de los grupos de delincuencia organizada y a los intereses propios de la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión que organizaciones de la sociedad civil han comunicado a la UE. A este respecto, el Gobierno mexicano designó en 2006 un fiscal especial para delitos cometidos contra periodistas.

Este país está realizando notables esfuerzos para hacer frente a otras lagunas, como se ha podido ver con la aprobación de una Ley Federal para erradicar la violencia contra las mujeres y la designación de un fiscal especial para atender a esta cuestión, así como con la nueva Ley Federal para combatir el tráfico de seres humanos.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, México se comprometió a adoptar una política nacional en materia de derechos humanos y a estar abierto a colaborar a escala internacional en este mismo ámbito. La cuestión de la protección de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el crimen organizado y de la integridad física de los defensores de los derechos humanos se refleja en las recomendaciones aceptadas por México a raíz de su participación en el Examen Periódico Universal de la ONU.

México ha demostrado interés y buena disposición a la hora de tratar todas estas cuestiones con la Unión Europea, como hizo recientemente con motivo de la reunión del Consejo Conjunto UE-México celebrada en Bruselas los días 26 y 27 de noviembre de 2009. De hecho, este tema es objeto de colaboración específica.

Los días 3 y 4 de diciembre de 2009 la UE y México organizaron conjuntamente en Cancún un seminario internacional sobre «El uso legítimo de la fuerza y la protección de los derechos humanos». El seminario proporcionó un entorno en el que se pudo consultar con expertos un proyecto de documento de orientación sobre la responsabilidad de los cuerpos de policía local en materia de derechos humanos.

Tras el seminario, el proyecto de documento de orientación fue presentado ante el Congreso local de Quintana Roo. Esta iniciativa complementa a la Ley Federal relativa a la reforma del sistema judicial aprobada recientemente y podría ampliarse a otros estados federales.

Creemos que la Asociación Estratégica UE-México proporciona el mejor marco posible para que la UE apoye a México en materia de seguridad pública y Estado de Derecho. El documento ejecutivo de asociación estratégica, actualmente en proceso de negociación, prevé establecer un diálogo oficial entre la UE y México sobre normas de actuación en cuestiones de seguridad, así como ampliar la colaboración con agencias pertinentes de la UE, tales como CEPOL, Europol, Eurojust y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).

En la Comisión ya estamos apoyando un proyecto del período 2004-2007 para reforzar la administración de la justicia en México. Se prevé un incremento de la cooperación en este sentido en el periodo 2011-2013.

En definitiva, es evidente que México se está enfrentando a importantes retos en el ámbito de la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos. No resulta sencillo, y la situación dista sobremanera de ser la ideal, pero también es justo afirmar que México está demostrando su voluntad y determinación de garantizar la compatibilidad entre una política de seguridad pública eficaz y el respeto de los derechos humanos. Seguiremos apoyando a México en sus esfuerzos.

  Presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar al final de los debates.