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Procedimiento : 2009/0107(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0055/2010

Debates :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Votaciones :

PV 05/05/2010 - 13.35
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0125

Debates
Miércoles 5 de mayo de 2010 - Bruselas Edición DO

14. Explicaciones de voto
PV
 

Explicaciones de voto

 
  
  

Informe: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) Estoy a favor de la postura adoptada por el ponente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) sobre este expediente, y también estoy a favor de la propuesta de la Comisión sobre la lucha contra el fraude fiscal en la Unión Europea. Creo que esta propuesta puede mejorar la cooperación administrativa en las transacciones intracomunitarias, cuando se trata de calcular el valor añadido y controlar la correcta aplicación de este impuesto.

Queda por ver si la propuesta de la Comisión de ampliar la red Eurocanet y establecer una nueva estructura, Eurofisc, que operaría de forma voluntaria, sin tener capacidad jurídica, aumentará el índice de éxito a la hora de luchar contra el fraude fiscal en la UE.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) De conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1798/2003 del Consejo, la cooperación administrativa europea en términos de IVA debe mejorarse, sobre todo por cuanto atañe a la lucha contra la evasión fiscal. El informe elaborado por el señor García-Margallo y Marfil respalda este enfoque, apoyando las propuestas de la Comisión Europea que se centran en facilitar el intercambio de datos entre los Estados miembros. He votado a favor del informe, ya que también añade algunas mejoras sustanciales al texto de la Comisión Europea, en particular, relativas a la protección de datos de las personas.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) En el marco del procedimiento de consulta del Parlamento Europeo, he votado a favor del informe de mi excelente colega español, el señor García-Margallo y Marfil, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo en relación con la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. El fraude en el ámbito del IVA a menudo se organiza sobre una base transfronteriza, por lo que la Unión Europea y sus Estados miembros deben estar mejor coordinados para combatir el fraude relativo a este impuesto, en particular, y el fraude fiscal, en términos generales. Me complace que la propuesta de la Comisión establezca el principio de una base jurídica para el establecimiento de una estructura común, Eurofisc, hecho que permitirá realizar un intercambio de información multilateral, rápido y selectivo para que los Estados miembros puedan responder de manera adecuada y coordinada ante la lucha contra todas las nuevas modalidades de fraude que surgen, a partir de un análisis de riesgos organizado de forma conjunta. Comparto las preocupaciones del ponente acerca de la protección de datos personales, una información que merece el debido respeto. Este tipo de datos sólo puede utilizarse con el objetivo de prevenir y combatir los delitos fiscales.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He apoyado este informe porque creo que es necesario reforzar las disposiciones en el ámbito de la lucha contra el fraude. El fraude destinado a evadir impuestos tiene graves consecuencias en los presupuestos nacionales, viola el principio de justicia fiscal y puede falsear la competencia y repercutir en el funcionamiento del mercado interior. Los reglamentos vigentes no garantizan una efectiva cooperación entre los Estados miembros, aunque el fraude en materia de impuesto sobre el valor añadido a menudo se organiza en varios países y, por lo tanto, los Estados miembros deben cooperar para prevenirlo. Es alentador que la nueva versión del Reglamento vaya a reforzar la base de datos de la Comunidad de contribuyentes del IVA y sus operaciones, lo que proporcionará a los Estados miembros acceso a la información, mejorará la cooperación administrativa y también nos permitirá luchar contra el fraude del IVA con mayor eficacia.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de una estrategia europea destinada a lucha contra el fraude y la evasión fiscal en materia de IVA. Creo que es necesario crear un mecanismo a nivel europeo para luchar contra el fraude, porque la dimensión de este fenómeno pone de relieve que las medidas encaminadas a hacer frente a este problema ya no pueden gestionarse exclusivamente a escala nacional.

La Asociación Internacional del IVA cita estimaciones de pérdidas de IVA que oscilan entre 60 000 millones a 100 000 millones de euros anuales en toda la Unión Europea. Por este motivo, insto a que exista una estrecha cooperación entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la Comisión Europea con el fin de evitar las repercusiones negativas que el fraude fiscal puede tener en los presupuestos nacionales, así como en la competencia.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La cooperación administrativa entre los Estados miembros en la lucha contra el fraude y la delincuencia financiera es muy importante por razones de equidad y justicia y por el enorme impacto que tiene este tipo de delincuencia en la situación económica de un país. Acontecen innumerables casos de fraude en el ámbito del IVA, por lo que es esencial contar con un marco jurídico con medidas firmes a fin de lograr una reducción sustancial del número de casos de esta naturaleza.

Se desea contar con una mayor cooperación entre los gobiernos centrales basada en el intercambio de información, siempre y cuando se respete la privacidad de las personas. También deseamos contar con bases de datos completas y con funcionarios debidamente capacitados para la identificación y el procesamiento de estos casos. Los Estados miembros tienen que aplicar las medidas propuestas por la Unión Europea lo antes posible a fin de crear un sistema más transparente que pueda combatir el fraude fiscal de forma más eficaz.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Las distorsiones causadas por el fraude relacionado con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) afectan al equilibrio general del sistema de recursos propios, que debe ser justo y transparente a fin de garantizar el buen funcionamiento de la Unión. Dado que las autoridades públicas tienen la obligación de compensar la pérdida de ingresos, un aumento en el fraude se traduce en una mayor presión fiscal sobre las empresas que respetan las normas fiscales. Aunque no se han llevado a cabo investigaciones sobre la magnitud de la evasión y el fraude del IVA en todos los Estados miembros, la Asociación Internacional del IVA estima que las pérdidas oscilan entre los 60 000 millones y los 100 000 millones de euros anuales en toda la Unión Europea. Se desea una mayor cooperación entre las administraciones centrales basada en el intercambio de información, siempre que se respete la privacidad individual. Los Estados miembros tienen que aplicar las medidas propuestas por la Unión Europea lo antes posible, a fin de crear un sistema más transparente que pueda combatir el fraude fiscal de forma eficaz.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad para la UE, sobre todo, en el ámbito del IVA. Desde esta perspectiva, se aboga por una política intersectorial para combatir el fraude en todos los Estados miembros, incluyendo de forma notable los intercambios de información. Resulta especialmente significativo que el fraude sea una de las principales causas de la injusticia dentro de la UE, ya que conduce a una competencia desleal y a un mercado desequilibrado.

 
  
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  Siiri Oviir (ALDE), por escrito. (ET) He votado a favor del proyecto de Reglamento del Consejo sobre la cooperación administrativa y la lucha contra la evasión fiscal en materia de IVA, ya que este acto jurídico permitirá a los Estados miembros luchar contra la evasión fiscal transfronteriza de forma conjunta y con mayor eficacia. Esta práctica tiene graves consecuencias en los presupuestos de los Estados miembros; viola los principios de igualdad en términos de fiscalidad y provoca distorsiones de la competencia. Aunque las medidas para combatir la evasión fiscal, en gran medida, son competencia exclusiva de los Estados miembros, creo que la adopción de medidas contra la evasión fiscal en el mundo global de hoy en día también debe ser una prioridad para la UE.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La propuesta de la Comisión ofrece a los Estados miembros los medios necesarios para combatir el fraude de forma eficaz en el ámbito del IVA transfronterizo, suplementando y modificando la normativa vigente, y creando una base jurídica para la cooperación específica con el fin de luchar contra el fraude denominada Eurofisc. El fraude fiscal tiene graves consecuencias en los presupuestos nacionales, conduce a violaciones del principio de justicia fiscal y es susceptible de provocar distorsiones en la competencia. Tampoco podemos olvidar que las autoridades públicas tienen la obligación de compensar la pérdida de ingresos, ejerciendo para ello mayor presión fiscal sobre las empresas que respetan las normas fiscales. La lucha contra el fraude fiscal en la UE debe complementar la acción de los Estados miembros. El proyecto de Reglamento tiene por objeto no sólo permitir que el IVA se calcule correctamente, sino también controlar su correcta aplicación, en particular, en lo que respecta a las operaciones intracomunitarias, y luchar contra el fraude en materia de IVA. En términos generales, se introducen varias mejoras en relación con el intercambio de información, a saber, una mejor definición de los casos en que los Estados miembros podrán llevar a cabo una investigación administrativa, incluidas las medidas para remediar la ausencia de investigaciones.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Me complace que el impacto financiero de las irregularidades, en la medida en que se haya identificado, haya disminuido de 1 024 millones de euros en 2007 a 783 200 millones de euros en 2008, con reducciones registradas en todos los ámbitos de gasto, excepto en los ámbitos de gastos directos y fondos de preadhesión. Apoyo plenamente la labor realizada por la Comisión y me gustaría señalar que la lucha contra el fraude y la corrupción es una obligación importante de las instituciones europeas y de todos los Estados miembros.

Habida cuenta de la particular situación económica que afecta a toda Europa, estoy de acuerdo en que es necesario proteger los intereses financieros de la Unión y luchar contra la delincuencia organizada, que, según los indicadores nacionales, está aumentando su capacidad de concertación dentro de las instituciones, en particular, a través del fraude contra el presupuesto comunitario.

Por ello, creo que es esencial promulgar una legislación eficaz a fin de mejorar la cooperación administrativa en la lucha contra las prácticas fiscales perjudiciales y garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. En este sentido, apoyo la propuesta de Directiva del Consejo sobre cooperación administrativa en materia de fiscalidad, al tiempo que se destaca la importancia de que los Estados miembros asuman más responsabilidades, partiendo de la calidad de la información registrada en las bases de datos.

 
  
  

Informe: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) La propuesta de la Comisión de simplificar, modernizar y armonizar las normas relativas a las facturas del IVA ofrece mejoras, en particular, en las disposiciones que permiten a las pequeñas y medianas empresas utilizar facturas simplificadas, así como la garantía de la aceptación por parte de las autoridades fiscales de las facturas electrónicas en las mismas condiciones que las convencionales. En este sentido, la propuesta del ponente de conceder a las autoridades fiscales la opción de establecer requisitos adicionales, tales como números secuenciales de facturas simplificadas, proporciona una medida de seguridad simple que conserva las mejoras introducidas por la Comisión.

En este ámbito sobre el sistema común del IVA y las normas de facturación, la Comisión debe apoyar a los Estados miembros que requieran asistencia técnica para modernizar su administración electrónica, ya sea a través del programa comunitario Fiscalis 2013 o mediante el uso de los Fondos Estructurales. Creo que el ponente ha introducido enmiendas que mejoran la propuesta de la Comisión, de ahí la razón por la que he votado a favor de la aprobación de este informe.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor del informe del señor Casa sobre las normas de facturación del IVA. En este sentido, una directiva del Consejo de 2001 había establecido normas comunes en la Unión Europea como un medio para simplificar, modernizar y armonizar las normas de facturación del IVA. Hay diferencias, sin embargo, en relación con las normas en los distintos Estados miembros, en particular, en cuanto a facturas electrónicas se refiere. Estas discrepancias, sin embargo, son un impedimento para la incorporación de este tipo de facturación, a pesar de ser una fuente de simplificación. La mayor armonización de las normas propuestas por la Comisión Europea y respaldadas por el ponente es, por tanto, una buena nueva para todas las empresas europeas, ya que la facturación electrónica será más accesible para ellos y, a su vez, se verá reducida la burocracia administrativa a la que se ven sometidas.

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) En el marco del procedimiento de consulta del Parlamento Europeo, he votado a favor del informe de mi excelente colega, el señor Casa, de Malta, sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del IVA en lo que respecta a las normas de facturación. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una necesidad acabar con la carga burocrática asociada a la facturación. Históricamente, las oportunidades ofrecidas a los Estados miembros en este ámbito han implicado diferentes normas, en particular, en el ámbito de la facturación electrónica. Estas normas son un obstáculo para el buen funcionamiento de las empresas —especialmente para aquellas que utilizan nuevas tecnologías de desmaterialización— en el mercado interno en un momento en que las cargas administrativas innecesarias en Europa están conteniendo el crecimiento económico. Estoy a favor de todas las medidas de simplificación propuestas en el informe, especialmente, las destinadas a las PYME y, en particular, con: eliminar el requisito de posesión de una factura que cumpla con las formalidades de todos los Estados miembros; confirmar que las facturas en papel y las electrónicas tienen la misma validez; y suprimir la posibilidad de que los Estados miembros donde se grava el impuesto puedan exigir la traducción de facturas concretas a sus lenguas oficiales.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Acojo con satisfacción la aprobación de este informe por diferentes razones. Sin embargo, especialmente en calidad de ponente y autor de algunas de las enmiendas clave, sólo me gustaría referirme a los aspectos más importantes, que resultan especialmente en la reducción de la carga administrativa impuesta a las empresas.

La primera de ellas es la obligación de los Estados miembros de aplicar el sistema de contabilidad basado en los ingresos y los pagos (contabilidad de caja) para las PYME (que se definen a escala europea como empresas con un volumen de negocios inferior a 2 millones de euros), que será un incentivo que el sector empresarial acogerá con beneplácito. Esto se está introduciendo en un momento en que las empresas se encuentran en la situación en que tienen que pagar el IVA de una factura tan pronto como se haya emitido, cuando es posible el cobro de las facturas correspondientes (y su IVA asociado) no se realice hasta que no hayan transcurrido algunos meses, o incluso nunca. Sin embargo, en todos los casos, el principio fundamental sigue siendo que la deducibilidad del IVA esté indisolublemente vinculada a su pago.

El segundo aspecto es que a las facturas electrónicas se les conceda el mismo valor jurídico que a las facturas en papel a fin de que las facturas enviadas por correo electrónico puedan llegar a sustituir a las facturas en papel que se utilizan actualmente, facilitando así no sólo la emisión y el envío de facturas, sino también la gestión y el almacenamiento de las mismas.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) Me gustaría felicitar al ponente, el señor Casa, por la importante labor que ha realizado hasta la fecha. Mi grupo parlamentario siempre se ha comprometido a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son el verdadero motor de la economía europea y que nosotros, como políticos, tenemos el deber de impulsar.

En particular, respaldo la posibilidad, propuesta por la Comisión, de permitir al proveedor pagar el IVA sólo cuando reciba el pago de la factura emitida. También estoy de acuerdo con el principio relacionado con la posibilidad de conceder la misma validez a las facturas electrónicas que a las facturas en papel. Por tanto, se trata de una serie de medidas que, en mi opinión, forman parte de un proceso más amplio destinado a reducir la burocracia, algo que resulta útil para las empresas europeas, especialmente en una coyuntura económica tan crítica.

Por tanto, espero que estas medidas se adopten tan pronto como sea posible dentro de un marco de apoyo más amplio destinado a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan operar en un entorno económico y fiscal más sencillo.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. − Pues este ha sido mi informe en relación con las normas del IVA sobre la facturación. Tuvimos éxito al solicitar que el régimen de contabilidad de caja se introdujera en todos los Estados miembros con carácter obligatorio, dando así a las PYME la posibilidad de elegir si adherirse o no a dicho régimen. El informe también ha tenido éxito por cuanto atañe a la reducción de las cargas burocráticas innecesarias impuestas a las empresas que se contemplan en la propuesta de la Comisión. A tal efecto, el informe ha sido un éxito en el logro de sus objetivos y, por tanto, tengo que decir que he votado a favor.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Una mayor integración del mercado interior y el recorte de gastos injustificados a las empresas a través de un proceso de simplificación y de eliminación de las barreras administrativas son objetivos que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar la legislación de la Unión.

Esta directiva, que pretende establecer un sistema común de facturación en relación al impuesto sobre el valor añadido, por tanto, resulta esencial para conseguir dichos objetivos. En particular, creo que el método de facturación tradicional debe ser reemplazado por la facturación electrónica, que es un proceso más rápido y menos costoso para las empresas y los particulares, siempre que se respete el principio de transparencia.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La Directiva objeto de debate pretende establecer un sistema común de facturación en relación al impuesto sobre el valor añadido a través de un ejercicio de simplificación y reducción de la carga administrativa, un aspecto esencial para lograr una mayor integración del mercado interior y reducir los costes injustificados a los que tienen que hacer frente las empresas. Creo que esta directiva constituye un paso positivo hacia la aportación de claridad y seguridad jurídica tanto para los sujetos pasivos como para las administraciones, al tiempo que ofrece medios adicionales para luchar contra el fraude fiscal en el ámbito del IVA.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Contar con un sistema común de impuesto sobre el valor añadido (IVA) en cuanto a las normas de facturación es esencial para la simplificación, modernización y armonización de las normas de facturación del IVA. Este nuevo sistema también aporta a las empresas un ahorro importante, algo que es de suma importancia en este contexto de crisis. La adopción de este informe también es un paso más en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

 
  
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  Siiri Oviir (ALDE), por escrito. (ET) Como liberal, he votado a favor de la directiva que contempla el cambio de las normas de facturación, porque creo que el método utilizado hoy en día, por el que este capítulo se ha incorporado a la Directiva sobre el IVA, no ha alcanzado totalmente su objetivo, que era simplificar, modernizar y armonizar la presentación de las facturas del IVA. Creo que las nuevas normas reducirán la carga burocrática a la que se ve sometido el empresario y también garantizarán que todos los Estados miembros comiencen a aplicar las mismas normas en términos de elaboración y emisión de facturas. No existiría nada más razonable si tenemos en cuenta el mercado libre y el movimiento de los servicios.

 
  
  

Informe: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Sobre la base de la recomendación que nos ha hecho en el informe el eurodiputado polaco, el señor Czarnecki, he votado a favor de conceder al Secretario del Tribunal de Justicia la aprobación de la gestión en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2008. Me adhiero a la petición formulada por el Tribunal de Cuentas en la que se aboga porque el Tribunal Europeo de Justicia establezca procedimientos mejorados en términos de formalización de contratos. Estoy satisfecho con el buen funcionamiento del Tribunal de Justicia. Sin embargo, no puedo entender su reticencia a publicar las declaraciones de interés financiero que han hecho sus miembros y, además, apoyo la petición formulada por el Parlamento para aplicar esta práctica sin demora.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. Este informe proporciona un análisis exhaustivo de la situación presupuestaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). Señala una serie de cuestiones importantes que deberían reconsiderarse con urgencia, como la necesidad de establecer mejores procedimientos de licitación con objeto de ayudar a los servicios ordenadores a organizar los procedimientos de licitación y a controlar el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. Acojo con satisfacción el hecho de que el TJCE haya adoptado la práctica de incluir en su informe de actividades un capítulo que esboce el seguimiento durante el año anterior a las decisiones de aprobación de la gestión del Parlamento y a los informes del Tribunal de Cuentas.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre el Tribunal de Justicia.

 
  
  

Informe: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Sobre la base de la recomendación que nos ha hecho en el informe el eurodiputado polaco, el señor Czarnecki, he votado a favor de conceder al Secretario General del Tribunal de Cuentas la aprobación de la gestión en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2008. Como muchos de mis colegas, estoy encantado con el buen funcionamiento del Tribunal y su buena gestión financiera. Sin embargo, lamento que las declaraciones de intereses financieros de los miembros del Tribunal que estos presentan posteriormente al Presidente del Tribunal de conformidad con su Código de Conducta no se hayan hecho públicas o, al menos, que no se hayan comunicado a los miembros de la Comisión de Control Presupuestario.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. Me alegra ver que una empresa externa, PricewaterhouseCoopers, ha auditado las cuentas del Tribunal de Cuentas y que haya concluido lo siguiente: No hemos observado nada que nos haga creer que, en todos los aspectos materiales y sobre la base de los criterios (determinados), a) los recursos asignados al Tribunal no hayan sido empleados para sus fines previstos, b) los procedimientos de control no ofrezcan las garantías necesarias para asegurar la conformidad de las operaciones financieras con las normas y reglamentos aplicables. También acojo con satisfacción el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya adoptado la práctica de incluir en su informe de actividades un capítulo que esboce el seguimiento durante el año anterior a las decisiones de aprobación de la gestión del Parlamento.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Como el organismo encargado, en gran medida, de auditar a las instituciones europeas, al Tribunal de Cuentas también le toca someterse a una auditoría. Está claro que la auditoría llevada a cabo por una entidad externa —PricewaterhouseCoopers— ha demostrado ser muy positiva. El informe del auditor interno también fue positivo, y cabe destacar que sus recomendaciones se han aceptado y aplicado con antelación en el marco de varios planes de acción.

 
  
  

Informe: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Sobre la base de la recomendación que nos ha hecho en el informe el eurodiputado polaco, el señor Czarnecki, he votado a favor de conceder al Defensor del Pueblo la aprobación de la gestión en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2008. Acojo con satisfacción la decisión del Defensor del Pueblo, el señor Diamandouros, de publicar su declaración anual de intereses y de colgarla en su sitio web.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe anual que la auditoría no dio lugar a observaciones significativas con respecto al Defensor del Pueblo. Observó, sin embargo, que pueden mejorarse ciertos aspectos del proceso de contratación pública. Me sumo al ponente en una calurosa bienvenida a la decisión del Defensor del Pueblo de publicar su declaración anual de intereses de forma que esté disponible en Internet. Estoy de acuerdo con el ponente en instar al Defensor del Pueblo a que incluya en su próximo informe de actividades (para el ejercicio 2009) un capítulo en el que se detalle el seguimiento durante el año anterior a las decisiones de aprobación de la gestión del Parlamento.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre el Defensor del Pueblo Europeo.

 
  
  

Informe: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Sobre la base de la recomendación que nos ha hecho en el informe el eurodiputado polaco, el señor Czarnecki, he votado a favor de conceder al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) la aprobación de la gestión en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2008. Acojo con satisfacción la publicación anual de las declaraciones de los intereses financieros de los miembros elegidos de dicha institución (Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Adjunto).

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. Me sumo al ponente en la evaluación positiva que hizo de los esfuerzos para consolidar la gestión de los recursos financieros y humanos, así como la mejora en la funcionalidad y eficacia de las funciones de control interno alcanzado en 2008. También acojo con satisfacción la publicación anual de las declaraciones de los intereses financieros de los miembros elegidos del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que contienen la información pertinente relativa a los puestos o actividades remunerados y a las actividades profesionales declarables. Eso es esencial para generar la confianza del pueblo en los titulares de cargos públicos. Estoy de acuerdo con el ponente en instar al Supervisor Europeo de Protección de Datos a que incluya en su próximo informe de actividades (para el ejercicio 2009) un capítulo en el que se detalle el seguimiento durante el año anterior a las decisiones de aprobación de la gestión del Parlamento.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Sobre la base de la recomendación que ha hecho al Parlamento Europeo en su informe mi gran colega y amiga, la señora Mathieu, he votado a favor de conceder al Director del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea la aprobación de la gestión en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2008. No puedo entender por qué este organismo acumula excedentes aparentemente innecesarios, por ejemplo, un superávit de casi 27 millones de euros en 2008 y fondos acumulados a 31 de diciembre de 2008 de casi 50 millones de euros. Me sorprende que no se haya resuelto la controversia de las pensiones.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Respecto a las actividades del Centro, el Tribunal de Cuentas constata que hubo una cierta falta de precisión en las previsiones de las solicitudes de traducción recibidas, lo que llevó a que el Centro tuviera un superávit acumulado contrario al Reglamento (CE) nº 2965/94. Es necesario poner remedio a esta situación. Yo, en calidad de ponente, considero que es lamentable que no se haya encontrado todavía una solución para el conflicto entre el Centro y la Comisión sobre el porcentaje correspondiente al empleador en las contribuciones al régimen de pensiones para el personal.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Eso significa que el Centro ha realizado enormes progresos en relación con el procedimiento de inventario para la identificación, el registro y la capitalización de activos, y también en relación con la documentación sobre los procesos de control interno y con los procedimientos de contratación. Sin embargo, se ha experimentado un estancamiento en el ámbito de la gestión del personal, ya que los objetivos para el personal y los indicadores de rendimiento no eran mesurables ni estaban centrados en los resultados. Sin embargo, en calidad de ponente, acojo con satisfacción la intención del Centro de introducir un sistema piloto en el año 2010 para el registro del tiempo dedicado al trabajo por cada uno de los miembros de la plantilla.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales de la Agencia Comunitaria de Control de Pesca para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Me preocupa la observación realizada por el Tribunal de Cuentas de que la Agencia no elabora un programa de trabajo plurianual, que es esencial para una gestión financiera eficaz y para la fijación de objetivos claros. Por tanto, cabe felicitar al Consejo de Administración por su decisión de desarrollar este tipo de programas. Dicho programa será esencial para mejorar la gestión presupuestaria y financiera de la Agencia. Aunque el Tribunal aprobó esta gestión, aún existen algunas deficiencias que tienen que cubrirse. Al igual que la ponente, creo que una herramienta importante que hay que introducir es un medio eficaz para la gestión del tiempo que los funcionarios dedican a trabajar, estableciendo de forma estricta el número de horas recomendadas para cada proyecto.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Comunitaria de Control de Pesca.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Sobre la base de la recomendación que ha hecho al Parlamento Europeo en su informe mi gran colega y amiga, la señora Mathieu, he votado a favor de conceder a la Agencia Europea de Reconstrucción la aprobación de la gestión en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2008. Creo que sería útil que la Comisión, en virtud del memorando de entendimiento de diciembre de 2008 entre la Comisión y la Agencia en el que se estipula que ciertas transacciones de cierre y, en particular, los activos residuales de la Agencia pasaran a disposición de la Comisión a partir del 31 de diciembre de 2008, elaborase un informe final detallado sobre las operaciones de cierre en cuanto a los ámbitos financiero y social. Estoy a favor de solicitar aclaraciones sobre la financiación asignada a Kosovo, ya que está en juego la credibilidad de la Unión y de esta joven nación, que un día tiene la intención de convertirse en un Estado miembro de la UE.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. Tengo que insistir en el hecho de que el Tribunal de Cuentas constata que no se ha respetado ninguna de las condiciones formales exigidas para la concesión de una subvención directa por valor de 1 399 132 euros (es decir, el 0,31 % del presupuesto operativo disponible) a una organización internacional. Al igual que la ponente, lamento que se haya dañado el buen funcionamiento de la Agencia Europea de Reconstrucción y que la gestión de los fondos se haya transferido a las delegaciones; exijo que la Comisión presente un informe detallando la cantidad de personal que las delegaciones han contratado para hacer frente a las tareas de la Agencia. También pido a la Comisión que facilite información amplia y completa acerca de si la ayuda presupuestaria se ha prestado de los fondos transferidos de la Agencia a las delegaciones.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea de Reconstrucción.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Yo sostengo que es indispensable que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas señala en su informe que las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Ha habido notables progresos durante los últimos años y este organismo también ha hecho un esfuerzo para aplicar las medidas sugeridas en el pasado por el Tribunal de Cuentas y el Servicio de Auditoría Interna. Como señala la ponente, sin embargo, es necesario reforzar los mecanismos para la fijación de los objetivos de la Agencia con el fin de facilitar la evaluación de la consecución de los mismos y también es necesario presentar una nueva metodología para la gestión del personal, que abarque desde la contratación hasta la evaluación del rendimiento.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Cabe destacar que el Centro ha consolidado sus funciones de salud pública, ha aumentado la capacidad de sus programas específicos de enfermedades, ha desarrollado más colaboraciones y ha mejorado sus estructuras de gestión. Lamento, sin embargo, que el Centro no haya cumplido totalmente su obligación de remitir a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión un informe elaborado por su Director donde se resuma el número de auditorías internas efectuadas por el auditor interno.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. La Agencia está desempeñando una función que la Comisión no está en condiciones de asumir; trabaja en perfecta consonancia con las prioridades estratégicas de la Unión y sus actividades son complementarias a las de otros organismos. Cabe señalar que el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto los retrasos en las actividades operativas causados por las dificultades en la aplicación del sistema de TI y por la falta de personal cualificado.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas considera en su informe que las cuentas anuales de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Felicito a la Agencia por la evaluación externa de los organismos descentralizados de la UE encargada por la Comisión en 2009, cuyas conclusiones principales fueron muy positivas. En particular, quisiera felicitar a la Agencia por haber construido un sistema de gestión bien desarrollado basado en actividades, un programa plurianual de trabajo, un cuadro de mando con indicadores y un sistema de control de gestión integrado, que son elementos que contribuyen a una gestión eficaz.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea de Medio Ambiente.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara en su informe que las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. La Autoridad ha alcanzado un alto nivel de ejecución presupuestaria, tanto en materia de compromiso como en materia de créditos de pago (el 97 % y el 95 %, respectivamente). No obstante, cabe señalar que algunas deficiencias identificadas previamente por el Tribunal de Cuentas se mantienen y, de hecho, se están convirtiendo en recurrentes, a saber, las prórrogas de los créditos al ejercicio siguiente y la cancelación de compromisos para las actividades operativas prorrogados del año anterior. Esta situación se contradice con el principio de anualidad y muestra debilidades en la programación y presupuestación que deben subsanarse. Sin embargo, se trata de un avance bastante positivo que la Autoridad haya logrado mejorar sus indicadores de rendimiento en los últimos años de forma notable y coherente.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Al igual que la ponente, yo abogo porque el Centro defina de forma explícita los objetivos propuestos en su programa de trabajo anual a fin de que la evaluación anual de su rendimiento sea más sencilla. También debe incluir los procedimientos de gestión de los recursos humanos para que la gestión sea más eficaz, por ejemplo, mediante la introducción de objetivos de horas de trabajo para sus agentes en su programación y también mediante la definición del tiempo medio que estos deben dedicar a cada proyecto.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales de la Agencia Europea de Medicamentos son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Me sumo a las felicitaciones que la ponente ha transmitido a la Agencia por haber puesto en marcha la presupuestación sofisticada basada en actividades y la supervisión basada en la satisfacción del usuario. Sin embargo, la Agencia debe mejorar la calidad de sus procedimientos de contratación a fin de poner fin a las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas (por ejemplo, en lo que respecta a la aplicación de métodos de evaluación de los criterios de precio y en cuanto a la necesidad esencial de motivos que justifiquen la elección de los procedimientos).

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea de Medicamentos.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas ha expresado su opinión de que hay pruebas de que las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Marítima son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Sin embargo, la Agencia no pudo preparar un programa de trabajo plurianual y, además, su programa anual de trabajo no estaba relacionado con su compromiso presupuestario. No obstante, la Agencia está poniendo punto y final a una estrategia de cinco años y también está desarrollando indicadores clave de rendimiento, un proyecto que deberá presentar al Parlamento para su control. El informe también señala que los procedimientos para establecer el presupuesto no fueron lo suficientemente rigurosos, dando lugar a un elevado número de transferencias presupuestarias y a un alto nivel de cancelación de los créditos de pago, lo que indica deficiencias en términos de planificación y seguimiento. Sin embargo, es posible que se trate de un hecho aislado debido al traslado que ha tenido lugar al edificio en que se ubicará la oficina de la Agencia a largo plazo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea de Seguridad Marítima.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Sin embargo, pone de relieve deficiencias en los procedimientos de contratación, en particular, con respecto a la subestimación de los presupuestos de los contratos marco, que en última instancia, constituye un obstáculo a la competencia leal. Por tanto, es necesario cubrir estas deficiencias. Dada la importancia de las redes de comunicación electrónica, cabe felicitar a la Agencia por la mejora en la resistencia de las redes europeas de comunicaciones electrónicas, así como por desarrollar y mantener relaciones de cooperación con los Estados miembros.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señala que la Agencia tiene debilidades en el establecimiento de objetivos y medidas de rendimiento, además de problemas en los procedimientos de contratación. Habida cuenta de la existencia de un mayor control de las actividades de los organismos públicos, la Agencia debe adoptar las medidas adecuadas para superar estos problemas. Por último, quisiera felicitar a la Agencia por haber aplicado 32 de las 36 recomendaciones formuladas por el Servicio de Auditoría Interna desde 2006. De las cuatro recomendaciones que aún están en proceso, sin embargo, una es fundamental y tres son muy importantes. Por lo tanto, insto a la Agencia a aplicar ciertas normas de control interno relativas a las firmas bancarias, la separación de funciones, los puestos claves y el mantenimiento de la delegación de poderes, como se menciona en dichas recomendaciones.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Ferroviaria Europea.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. No obstante, advierte que existen irregularidades, así como falta de transparencia en los procedimientos de contratación y, además, destaca que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) incluso ha abierto una investigación sobre la Fundación. Cabe señalar, sin embargo, que la Fundación dice que ha realizado una revisión exhaustiva de sus procedimientos de contratación en respuesta a las conclusiones del Tribunal de Cuentas, aunque aún no hemos obtenido información al respecto. Por último, es importante destacar que la labor de la Fundación a la hora de apoyar a la Comisión en 2008 obtuvo un índice de satisfacción del 97 % por parte de la Comisión.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Fundación Europea de Formación.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. La Agencia ha mejorado significativamente su gestión financiera en los últimos tres años, hecho que resulta muy positivo, y debe seguir luchando por conseguir los más altos estándares en términos de planificación, aplicación y control presupuestarios. Sin embargo, subsisten algunas irregularidades que hay que subsanar, sobre todo, en relación con los procedimientos de contratación.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales de la Agencia de Abastecimiento de Euratom son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Cabe señalar que en 2008 la Agencia no recibió ninguna subvención para cubrir sus operaciones y que la Comisión sufragó todos los gastos en los que incurrió la Agencia para la ejecución del presupuesto de 2008. También hay que señalar que los compromisos prorrogados del ejercicio 2007 se pagaron con la parte no utilizada de la subvención de 2007. A todos los efectos, por lo tanto, ante la ausencia de un presupuesto autónomo, la Agencia, de hecho, está integrada en la Comisión. Esta situación puede hacer que surjan preguntas en cuanto a su estructura y autonomía, aspectos que pueden analizarse en el futuro.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia de Abastecimiento de Euratom.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. Tras detectar deficiencias en los procedimientos de contratación y adjudicación de contratos en el año anterior, el Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Esto representa una mejora en la gestión de las cuentas de la Fundación y de los sistemas de auditoría interna, que es un hecho bastante positivo. Dada la importancia de este organismo, espero que siga trabajando en materia de disciplina presupuestaria, así como por mejorar sus procedimientos de gestión de recursos humanos y que indique la cantidad de personal, incluido el personal contratado, en el informe de actividades de una forma transparente.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. A pesar de que el Tribunal de Cuentas opina que las cuentas de la Unidad Europea de Cooperación Judicial (Eurojust) son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares, me preocupa la evaluación que ha realizado la ponente, en la que afirma que «la falta de indicadores, los déficits en la evaluación del grado de satisfacción de los usuarios y la falta de coordinación entre el presupuesto y el programa de trabajo dificultan la evaluación del rendimiento de Eurojust». Asimismo, tomo nota de la constatación del Tribunal de Cuentas según la cual, en 2008, Eurojust siguió teniendo un problema de prórroga de créditos, si bien no tan acentuado como en el ejercicio anterior y, por tanto, es necesario tomar las medidas necesarias para evitar que esta situación se produzca en el futuro. Por último, comparto la opinión de la ponente de que Eurojust no ha aplicado de forma íntegra ninguna de las 26 recomendaciones realizadas por el Servicio de Auditoría Interna.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propopuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre Eurojust.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. Felicito a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por el esfuerzo que ha realizado para subsanar las deficiencias previamente identificadas tanto por el Tribunal de Cuentas como por el Servicio de Auditoría Interna. En especial me gustaría destacar la introducción de medidas para mejorar la evaluación del rendimiento. Es necesario desarrollar aún más estas acciones.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propopuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas indica en su informe que las cuentas anuales de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2008 son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Tomamos nota de que el presupuesto de la Agencia se ha incrementado significativamente en el transcurso de los tres últimos años y que aumentó casi el 69 % en 2008. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, ha constatado varias deficiencias, en particular: i) un elevado nivel de prórrogas y anulaciones (con un porcentaje sin utilizar de los créditos disponibles del 49 %, de casi el 69 % y del 55 % en 2008, 2007 y 2006, respectivamente); ii) que se contrajeron compromisos jurídicos antes de contar con los correspondientes compromisos presupuestarios y iii) diversos procedimientos de contratación no son conformes con la reglamentación, en particular en cuanto a la transparencia y a la igualdad de trato.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propopuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. Me preocupa ver que, según las palabras de la ponente, la Autoridad Europea de Supervisión del Sistema Global de Navegación por Satélite haya decidido presentar los resultados de sus actividades sin tener en cuenta el hecho de que la gestión de la Autoridad de los programas Servicio Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario y Galileo debe interrumpirse después de la finalización de la transferencia de activos y fondos a la Comisión prevista para finales del primer trimestre de 2008. Lamento también que el Tribunal de Cuentas basara su declaración de fiabilidad en la fiabilidad de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 y en la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propopuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Autoridad Europea de Supervisión del Sistema Global de Navegación por Satélite.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas en su informe describe las cuentas anuales de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión para el ejercicio 2008 como fiables y las operaciones subyacentes como legales y regulares. Cabe señalar que el Tribunal de Cuentas identificó un superávit de 57 600 000 euros en la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria, cifra que representa el 38 % de los ingresos devengados, y parte de ese excedente se prorrogó para el ejercicio 2009. Esto puede deberse al hecho de que la empresa común se encontraba en una fase de puesta en marcha y a que no había establecido plenamente sus sistemas de información financiera y control interno durante el ejercicio 2008.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propopuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas al público en general. Por lo tanto, deben hacerlo de forma objetiva y rigurosa a la hora de explicar cómo han utilizado los fondos públicos que se han puesto a su disposición. El Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales de la Empresa Conjunta para la Investigación sobre Gestión de Tránsito Aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo (SESAR) son fiables y que las operaciones subyacentes son legales y regulares. Al igual que la ponente, sin embargo, no puedo dejar de señalar que el presupuesto definitivo aprobado por el Consejo de Administración en abril de 2008 demostró ser muy poco realista, como se ilustra en el porcentaje de utilización de créditos de compromiso y de pago del 1 % y el 17 %, respectivamente. También quiero destacar el hecho de que haya habido deficiencias en los controles de las transacciones y que no existan controles internos adecuados para los contratos y la adjudicación de los mismos. Creo que es esencial que SESAR adopte las medidas adecuadas para resolver los problemas identificados ahora durante el próximo ejercicio.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto de la Unión Europea deben estar sometidas a un control minucioso por parte del Tribunal de Cuentas y por todas las entidades que tengan dicha función. Es necesario comprobar si se están utilizando bien los fondos de la Unión, si estas instituciones están cumpliendo con los objetivos establecidos para ellas y si los recursos se están desperdiciando. Por lo general —con muy pocas excepciones, a juzgar por las auditorías que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan los fondos habilitados de manera adecuada y de conformidad con los objetivos que se les han propopuesto. Por eso he votado a favor del informe sobre la Empresa Conjunta SESAR.

 
  
  

Informe: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos a presión transportables, que derogaría la actual directiva y una serie de directivas relacionadas. Dado que algunas disposiciones técnicas de la directiva en vigor no están en consonancia con las normas internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas, es esencial eliminar las inconsistencias y hacer que los requisitos técnicos estén en consonancia con las normas internacionales.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El transporte de equipos a presión, tales como tanques, recipientes y botellas, se rigen por la Directiva 1999/36/CE, que establece los requisitos de seguridad para el transporte por carretera y ferrocarril. Por otra parte, la directiva establece normas comunes para el diseño, la construcción y los controles posteriores de este tipo de equipos.

No obstante, estas normas infringen las normas internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas, por lo que la Comisión ha presentado una propuesta de Directiva revisada. La propuesta no implica cambios sustanciales en el marco normativo vigente en cuanto al ámbito de aplicación y a las disposiciones principales. Simplemente trata de eliminar las inconsistencias mencionadas anteriormente haciendo que los requisitos técnicos del transporte de mercancías peligrosas estén en consonancia con las normas internacionales en vigor.

Por tanto, comparto la opinión del ponente de que, dada la ausencia de una solución horizontal entre las instituciones en relación con el texto de las nuevas disposiciones sobre comitología, será necesario concluir el expediente lo antes posible con un acuerdo en la primera lectura.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El transporte de equipos a presión, tales como tanques, recipientes y botellas, se rigen por la Directiva 1999/36/CE. La directiva garantiza la libre circulación de tales equipos en la Unión, incluida su introducción en el mercado, mediante el establecimiento de normas comunes para el diseño, la construcción y los controles posteriores. Sin embargo, algunas disposiciones técnicas de la directiva en vigor entran en conflicto con las normas internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas. La Comisión ha presentado una propuesta de Directiva revisada, que derogaría la actual Directiva sobre equipos a presión transportables y otras directivas relacionadas. Por los motivos expuestos, he votado a favor de esta resolución, en la que se ha invitado a la Comisión a aprobar el informe sin enmiendas adicionales y a designar al ponente para que entable negociaciones con el Consejo sobre esta base.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La creciente preocupación por cuestiones relacionadas con el medio ambiente y su protección nos lleva a prestar especial atención a las normas de seguridad relacionadas con el transporte de equipos a presión. El propósito de esta Directiva es reforzar la seguridad y garantizar la libre circulación de estos equipos dentro de la Unión mediante el establecimiento de normas claras, transparentes y vinculantes para el transporte seguro de equipos a presión en todos los Estados miembros, normalizando así los procedimientos en toda la Unión Europea.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) El principal objetivo de esta directiva es eliminar las inconsistencias existentes en la legislación anterior armonizando los requisitos técnicos con los reglamentos internacionales que regulan el transporte de mercancías peligrosas. Además, la propuesta tiene por objeto simplificar y racionalizar algunas disposiciones, en particular, las relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad. La propuesta también incluye disposiciones relativas a los equipos para las operaciones de transporte en el mercado interno, creando así un marco general para la comercialización de productos en el mercado único europeo.

He votado a favor de este informe, ya que creo que la propuesta, una vez que haya sido adoptada, garantizará un alto nivel de seguridad para los equipos a presión transportables y sus usuarios. Su correcta aplicación en los Estados miembros también proporcionará una mayor protección para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Simpson sobre equipos a presión transportables, a pesar de que no se haya adoptado nuestra enmienda.

 
  
  

Informe: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Seguridad en los aeropuertos y transparencia en las tarifas de los consumidores, a fin de elevar sus estándares y niveles: estos son los temas tratados en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de protección de la aviación.

Los sistemas actuales para cubrir los gastos relacionados con la protección de la aviación, regulados a escala nacional, no siempre son claros para los usuarios finales, a quienes a menudo ni siquiera se les informa antes de calcular los cargos o de si se realizan cambios en un sistema de tarificación que les afecte. Entre otras propuestas, el informe sugiere que se incluyan asociaciones de pasajeros y de protección de los consumidores en las consultas entre el organismo encargado de la gestión de la seguridad y las compañías aéreas, a fin de garantizar que los costes relacionados con las medidas de seguridad se determinen correctamente y que se comparen con el precio de los billetes de avión que pagan los usuarios finales.

Acojo con satisfacción otro punto del informe: la solicitud de que la Directiva sólo la apliquen los aeropuertos de los Estados miembros que realmente impongan cargos para las medidas de protección y no aquellos en los que no se han introducido estas medidas. Por estas razones, he votado a favor del informe.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que la seguridad de los aeropuertos es una tarea muy importante que deben desempeñar los Estados miembros y que debemos tomar todas las medidas cautelares indispensables. Cada Estado miembro toma las decisiones oportunas sobre los métodos para la financiación y la aplicación de la protección de la aviación. Es muy importante que la Directiva establezca principios básicos y los procedimientos aplicables al organismo responsable de la seguridad y las compañías aéreas. Aunque los requisitos legales para la regulación del aeropuerto son muy diferentes en los distintos Estados miembros, el operador debe facilitar una cantidad razonable de información a las compañías aéreas a fin de que el proceso de consulta entre aeropuertos y compañías aéreas tenga sentido. Con este fin, la Directiva estable qué información debe facilitar la entidad gestora del aeropuerto con carácter regular. Las compañías aéreas, a su vez, deben comunicar sus previsiones de tráfico, su uso previsto de la flota y sus necesidades específicas, presentes y futuras, en el aeropuerto, a fin de permitir que la entidad gestora emplee su capital y asigne su capacidad de manera óptima.

 
  
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  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (S&D), por escrito. (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo se han abstenido en la votación de esta propuesta, ya que creen, en primer lugar, que se trata de una legislación innecesaria porque la legislación necesaria está ya en vigor en este ámbito. En segundo lugar, creemos que no es competencia de la UE solicitar a los Estados miembros que paguen costes adicionales para la seguridad aeroportuaria. La cuestión de la financiación de las tasas de protección debe confiarse a los distintos Estados miembros.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de protección de la aviación. Esta propuesta es muy importante a la hora de defender y proteger los derechos de los pasajeros y los consumidores, ya que establece una serie de principios básicos que deben respetar los operadores aeroportuarios al determinar sus tasas de protección. Estos principios son: la no discriminación, la consulta y las vías de recurso, la transparencia de costes y relación de las tasas con los costes y el establecimiento de una autoridad de supervisión.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La Comisión Europea ha presentado una propuesta que establece los principios básicos que deben respetar los operadores aeroportuarios al determinar sus tasas de protección: (i) no discriminación, (ii) consultas y vías de recurso, (iii) transparencia de costes y relación de las tasas con los costes y (iv) establecimiento de una autoridad de supervisión.

La cuestión principal que se plantean en este sentido es la de la financiación de las medidas de protección más estrictas que se deben aplicar. El Parlamento ha solicitado, en más de una ocasión, una regulación de la financiación de las tasas de protección, pero ha sido en vano. El ponente argumenta muy bien que la financiación de estas medidas más estrictas no deberían sufragarla únicamente los pasajeros (a través de la externalización de los costes), sino que deben financiarlas los Estados miembros, que en última instancia son responsables de la seguridad de sus aeropuertos. Por último, quiero señalar que nunca se puede invertir demasiado en los aeropuertos ni en la protección de los pasajeros, como bien se demostró claramente a raíz de los últimos intentos de ataques terroristas contra la aviación civil, que afortunadamente fracasaron.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El Parlamento Europeo ha exigido —más de una vez y en vano— la regulación de la financiación de la seguridad para lograr una mayor transparencia, así como que los impuestos y los cargos en términos de seguridad estén relacionados con sus verdaderos propósitos. El Parlamento considera que los Estados miembros deben pagar la factura de la aplicación de medidas más estrictas. El incidente terrorista de hace unas semanas ha vuelto a demostrar que la seguridad aeroportuaria es responsabilidad de los Estados miembros y que el propósito de las medidas de seguridad previstas, tanto las nuevas como las actuales, es prevenir ataques terroristas. Sin embargo, un aspecto que hasta ahora no se ha tratado en el debate sobre esta cuestión es que, en definitiva, son los pasajeros los que pagan la factura de la aplicación de tales medidas. Estoy de acuerdo con las modificaciones introducidas por la presente resolución, que permitirán evitar procedimientos paralelos innecesarios y los costes administrativos en este ámbito.

 
  
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  Louis Grech (S&D), por escrito. − Debemos asegurarnos de que las tasas aeroportuarias de protección sean transparentes, objetivas y que estén basadas en criterios claros que reflejen costes reales. Cualquier nuevo coste añadido al transporte aéreo debe reconocer la importancia que tienen los aeropuertos para el desarrollo de las regiones, especialmente las que dependen en gran medida del turismo, así como aquellas que sufren desventajas geográficas y naturales, como las regiones ultraperiféricas y las islas. Los usuarios de los aeropuertos, así como las autoridades locales, deben tener la capacidad de obtener información de forma oportuna acerca de cómo y sobre qué base se calculan los cargos. Siempre que sea necesario realizar una revisión de los cargos, debe haber también un procedimiento obligatorio de consulta entre las autoridades del aeropuerto y las partes interesadas o las autoridades locales. Además, cualquier autoridad de supervisión independiente debe contar con términos de referencia precisos y claramente definidos, incluida en particular cualquier competencia que pueda tener para adoptar medidas punitivas.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) No me parece bien que los Estados miembros no estén garantizando la financiación de medidas de seguridad en los aeropuertos que no están previstas en la legislación europea y que, además, estén pasando los costes a las compañías aéreas, un cargo que posteriormente hacen pagar a los pasajeros. Creo que era necesario ir más allá de la regulación de 2008 y aprobar leyes para garantizar que los pasajeros no soporten estos costes adicionales, que a veces pueden demostrar no estar en absoluto relacionados con los cargos de seguridad. Por eso he apoyado el informe de mi colega austriaco, el señor Leichtfried, que garantiza una mayor transparencia para los ciudadanos, así como para las líneas aéreas y, además, fuerza a los Estados miembros a que faciliten la financiación pública de medidas de seguridad que van más allá de las exigencias europeas, ya que son competencia de la seguridad nacional de cada Estado miembro. En el caso de que la Comisión presente una propuesta de incluir los escáneres corporales en la lista de métodos europeos para que los Estados miembros dejen de financiar esta práctica, volveré a apoyar a mi colega y votaré en contra de esta propuesta, si es necesario.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Una atención cada vez mayor a la cuestión de la seguridad en nuestros aeropuertos ha dado lugar a un aumento paulatino de los costes, por lo que los pasajeros han estado pagando la cuenta. Los costes adicionales de las medidas de seguridad más estrictas deben sufragarlos los Estados miembros, pues su propósito es impedir ataques terroristas; sin embargo, son los pasajeros quienes los están sufragando. Hemos votado a favor de este informe porque estamos en contra de esta situación.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Los costes de una tarea que debe emprender el Estado, a saber, el mantenimiento de la seguridad pública, no se pueden transferir de esta forma. Tenemos que decidir qué costes pueden prever los pasajeros que van a pagar de forma razonable en concepto de reglamentos de seguridad antiterrorista cada vez más restrictivos. Sólo podemos prevenir la posibilidad de un aumento desenfrenado de los escáneres corporales y otras medidas similares si los países asumen por su cuenta la responsabilidad financiera de las medidas de seguridad estrictas que se han prescrito y también si son capaces de tomar sus propias decisiones en relación a tales medidas. Los únicos que se benefician de la histeria que rodea el terrorismo y de la competencia salvaje para estar mejor equipados serán las empresas innovadoras de los Estados Unidos. Por todas estas razones, considero que la propuesta es positiva.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe. Lo importante para nosotros, sin embargo, ha sido que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y el Grupo ALDE (VN) han rechazado nuestros dos objetivos: «vincular los costes derivados del control y el escaneo en materia de seguridad con servicios liberalizados en tierra» y «tratamiento justo intermodal de financiar las medidas de seguridad».

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El Parlamento había solicitado en repetidas ocasiones a la Comisión que regulara la financiación de las tasas de protección en el sector de la aviación. Su posición siempre ha sido solicitar una mayor transparencia y que las tasas y los cargos en materia de seguridad estuvieran relacionados con sus verdaderos propósitos, defendiendo que son los Estados miembros los que deben pagar la factura de la aplicación de medidas más estrictas.

La propuesta de la Comisión no aborda esta cuestión. Sólo busca realizar una nueva evaluación del impacto económico, con el fin de limitar los costes y que esté basada en los principios de no discriminación, consultas y vías de recurso, y transparencia de costes. Sin embargo, el presente documento propone que, cuando la aplicación de medidas más estrictas resulte en costes adicionales, estos deben sufragarlos los Estados miembros. Me gustaría hacer hincapié en la importancia de las medidas de seguridad en los aeropuertos y, además, quisiera decir que voy a votar a favor de esta iniciativa del Parlamento.

La propuesta, que se aplicará en todos los aeropuertos comerciales de la Unión Europea, está intrínsecamente vinculada a las preocupaciones en relación con el derecho a la información, a la no discriminación de pasajeros y a la protección de los consumidores. Creo que los objetivos que consisten en lograr una mayor transparencia y evitar los gastos innecesarios sólo pueden lograrse mediante la armonización de las legislaciones y la clarificación de la responsabilidad entre las compañías aéreas y los Estados miembros en la adopción de medidas de seguridad.

 
  
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  Artur Zasada (PPE), por escrito.(PL) Ha sido un placer escuchar los resultados de la votación de hoy. Creo que, durante la elaboración de este documento, hemos conseguido desarrollar una posición inequívoca y ambiciosa, sobre todo, por cuanto atañe a la financiación. Me gustaría volver a destacar que los objetivos de los ataques terroristas no son las compañías aéreas, sino los Estados. Es el Estado el encargado de velar por la seguridad de sus ciudadanos y, por tanto, debe cumplir con esta obligación. El resultado de la votación de hoy —613 a favor y 7 en contra— transmite un mensaje muy claro al Consejo. Esto demuestra la gran determinación del Parlamento Europeo sobre la cuestión de las obligaciones que tienen todos los Estados miembros de asumir al menos parte de los costes de la seguridad del tráfico aéreo.

 
  
  

Informe: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor del informe sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, porque su objetivo es construir y modernizar las infraestructuras ferroviarias, los puertos, las vías navegables y los aeropuertos. Los proyectos prioritarios previstos incluyen también la línea ferroviaria Curtici Braşov. Acojo con satisfacción la creación de un comité para apoyar a la Comisión en la aplicación de la presente decisión y en la elaboración de las orientaciones que ha estipulado.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este texto con determinación. A pesar de que sólo aporta modificaciones técnicas, nos recuerda la importancia de contar con una red europea de transportes con el fin de acercar a los ciudadanos de la UE y de fomentar la movilidad. Esta movilidad es esencial, ya que no podemos tener una buena Europa sin llegar a conocer a nuestros vecinos, sus países y su cultura. La red transeuropea de transporte también participa en el plan destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la introducción de una mejor gestión de los modos de transporte y la promoción de su interoperabilidad.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El texto en cuestión es una propuesta de la Comisión que no es más que una codificación de los actos y reglamentos anteriores. Además, introduce algunas modificaciones de menor importancia. Por lo tanto, de acuerdo con la propuesta del ponente y, tras haber tomado nota de las garantías jurídicas y políticas, apoyo la aprobación del texto, incluidas las modificaciones y correcciones de menor importancia propuestas por el Consejo, así como la clausura del documento mediante un acuerdo en la primera lectura.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) En términos técnicos, esta propuesta es una propuesta diseñada para codificar el documento jurídico. Sin embargo, la Comisión estaba obligada a refundirlo, ya que el anexo se ha modificado ligeramente. He votado a favor de la adopción de estas enmiendas.

 
  
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  Elie Hoarau (GUE/NGL), por escrito. (FR) Yo condeno el hecho de que las regiones ultraperiféricas no siempre juegan un papel integral en la red transeuropea de transporte mundial, a pesar de la gran importancia que esto tiene para la cohesión económica, social y territorial. Es inconcebible que las regiones ultraperiféricas no estén implicadas en la planificación de la red y que no aparezcan en varios mapas de la red transeuropea de transporte. La red mundial, las autopistas marítimas y los proyectos prioritarios deberían extenderse a todas estas regiones, sin discriminación alguna. La política de la RTE-T debería incorporar también a las industrias y los servicios de redes de interés económico general; no debe limitarse únicamente a los principales flujos de tráfico de carga y pasajeros. Debe atenderse la petición de igualdad de trato para las regiones ultraperiféricas. ¿Cómo podemos contemplar quedar fuera de las redes transeuropeas cuando la política europea de transportes es vital para la apertura de nuestras regiones y para la libertad de circulación en el mercado interno? Aunque la Unión Europea vende la producción de azúcar, banano y ron a otros países por medio de tratados comerciales con una mano, al mismo tiempo nos mantiene fuera de las rutas comerciales intraeuropeas con la otra. Estas manos tienen un poder absoluto sobre nosotros, un hecho que deploramos.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) Durante el período parcial de sesiones he votado a favor del informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Fue una propuesta técnica, ya que se están haciendo preparativos para llevar a cabo la revisión adecuada de las orientaciones. Se prevé que estarán listas para finales del próximo año. Creo que esto brinda una oportunidad absolutamente crucial para reafirmar el importante papel que desempeña la política de transportes a escala europea en el contexto actual del debate en curso sobre los objetivos de Europa 2020. Los Estados miembros en general y Rumanía, en particular, un país que todavía necesita invertir en su infraestructura de transporte, deben ser conscientes de que esta política de transportes se está modificando a fin de afrontar los nuevos retos. Una población que envejece y los requisitos específicos de movilidad de las personas mayores, la migración social y el cambio climático son sólo algunos de los factores que imponen la necesidad de elaborar una política de transporte adecuada. Al mismo tiempo, la elaboración del documento durante este periodo de la Estrategia del Danubio de la UE ofrece el marco perfecto para garantizar que se haga el máximo uso del transporte fluvial en las vías navegables de la UE.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Se han realizado modificaciones y redefiniciones del desarrollo de la red de transporte transeuropea durante años. Una red de transporte transeuropea eficaz es esencial para la existencia de un mercado interior saludable y, además, contribuye al fortalecimiento de la cohesión económica y social. El fenómeno del volcán islandés nos mostró claramente que una red transeuropea de transporte es necesaria; una red que sea eficaz y que pueda dar una respuesta coordinada a los problemas que surgen en estas situaciones. Esta decisión es importante porque marca las pautas sobre los objetivos, las prioridades y las principales medidas que deben adoptarse en el ámbito de la red de transporte transeuropea.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La UE ha confirmado la importancia del corredor báltico-adriático, dando carácter prioritario al brazo norte que va de Gdańsk a la República Checa y declarando su compromiso con el proyecto del túnel de base del Brennero. Es aún más importante desarrollar la parte sur del corredor a través de la línea de ferrocarril que va desde el sur de Austria a Italia. En esta red, que, en particular, transporta aproximadamente la mitad de pasajeros y mercancías, tenemos que neutralizar una peligrosa situación de ojo de aguja. El apoyo de la UE al proyecto Koralm es esencial debido a los cuellos de botella existentes en esta región en las rutas de ferrocarril para el transporte de mercancías, que, después de todo, es una situación por la que siempre aboga la UE. Con el túnel de Koralm, la UE tiene una oportunidad única para transferir el tráfico a los ferrocarriles en una escala por la que hemos estado luchando durante décadas. He votado a favor del informe, pues el desarrollo de la red transeuropea puede ser de importancia capital para la competitividad de Europa y las enmiendas presentadas son meros ajustes técnicos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor de este informe a pesar de que no se haya adoptado nuestra enmienda.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) En relación con las prioridades nacionales en el marco de la red transeuropea de transporte (RTE-T), considero que es importante no sólo invertir en los ferrocarriles, sino, sobre todo, en las autopistas marítimas y también en la interoperabilidad y cooperación de los diferentes tipos de transporte.

Sólo una verdadera red de transporte combinado, con el apoyo de una gestión eficaz, será capaz de garantizar la competitividad de la alternativa marítima. El transporte marítimo es esencial para mi país, que goza de un acceso privilegiado a las vías fluviales navegables, y verdaderamente crucial para las regiones ultraperiféricas e insulares, como en el caso de Madeira. Además, es una herramienta fundamental para la continuación de la consolidación del mercado interior y para la cohesión territorial.

Este informe ha recibido un gran apoyo no sólo en el Parlamento, sino también en la Comisión y el Consejo. También se trata de un documento bastante técnico. Su aprobación en esta Cámara sigue la recomendación prácticamente unánime de la Comisión de Transportes y Turismo.

En resumen, la presente propuesta, que yo personalmente apoyo, no modifica el contenido del texto de la RTE-T, sino que sólo añade mapas de los 12 Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 y 2007. Se está preparando una revisión de las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la RTE-T y sólo podrá estar lista para finales de 2010.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) La UE cuenta con 5 millones de kilómetros de carreteras (62 mil kilómetros de autopistas), con 215 mil kilómetros de ferrocarriles y 41 mil kilómetros de vías navegables interiores. Se espera que la intercomunicación entre los Estados miembros se haya duplicado en 2020. Una Europa unida es imposible sin una red transeuropea de transporte coordinada y eficaz. Según un tratado de la UE relacionado con este ámbito, la inversión en la RTE-T alcanzará unos 500 000 millones de euros. Por tanto, es importante garantizar la cooperación europea y seleccionar cuidadosamente los proyectos prioritarios. La RTE-T tiene que haber unido la tierra, el mar y las redes de transporte aéreo en toda Europa para 2020. El objetivo principal es asegurar un rápido y fácil movimiento de personas y mercancías entre los Estados miembros. Una autopista que cumple la norma europea conecta el puerto más importante de Lituania ubicado en Klaipėda con Vilnius, y una línea de ferrocarril conecta Vilnius con Moscú y con la zona oriental. Si queremos que el puerto siga siendo competitivo, tenemos que modernizar su infraestructura actual y suprimir trámites burocráticos. Los ferrocarriles y las vías navegables interiores, en particular, deben utilizarse para el transporte de larga distancia y las carreteras para las distancias cortas. Debemos prestar más atención al transporte de mercancías y al transporte por las vías navegables internas, pues se trata de medios de transporte rentables, de bajo consumo, no contaminantes y seguros. Lo más importante es la protección y la seguridad de los pasajeros. La crisis financiera ha tenido un impacto en la política de transportes. Sin embargo, la RTE-T se puede utilizar para crear puestos de trabajo y observar la cohesión social y económica. La Estrategia Europa 2020 reconoce la importancia de la política de transportes para la economía europea. La libre circulación de personas y mercancías es lo que define a la UE y esto sólo es posible gracias a una buena RTE-T.

 
  
  

Informe: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque creo que, a fin de abordar la crisis actual, tenemos que encontrar formas de agilizar la aplicación de los programas de ayuda, de modo que la financiación de la Unión, en particular, encaminada a apoyar a los ciudadanos, y más concretamente a los desempleados, se pueda utilizar con mayor plenitud. Esta propuesta pretende aportar una serie de cambios de reglamentación con el fin de simplificar las normas de aplicación de la política de cohesión y aumentar la prefinanciación (anticipos) para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE). Los pronósticos económicos predicen una reducción importante en el crecimiento de la UE del 1,1 % en 2010. En este contexto, este informe representa una reacción a la crisis financiera y a sus repercusiones socioeconómicas. Por lo tanto, considero que es sumamente importante para lograr una mayor transparencia y simplificación de las normas que rigen la política de cohesión. Esta contribución tendrá un impacto positivo sobre el ritmo de aplicación de los programas, en particular, facilitando a las autoridades nacionales, regionales y locales normas más claras y menos burocráticas que permitan una mayor flexibilidad en la adaptación de los programas a los nuevos retos.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) El año pasado la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento sobre los Fondos Estructurales (1083/2006) con el fin de proporcionar incentivos financieros a los Estados miembros más afectados por la crisis económica. Una de las medidas contenidas en la propuesta de la Comisión fue una excepción al principio de la cofinanciación por la introducción de una opción temporal para los Estados miembros que sufren de problemas de liquidez para solicitar un reembolso del 100 % destinado a la financiación de medidas subvencionables por el Fondo Social Europeo.

El Consejo rechazó esta propuesta, pero sí estuvo de acuerdo con la ampliación del plazo para el cálculo de la liberación automática de los compromisos presupuestarios anuales relativos a la contribución total anual de 2007 para mejorar la absorción de los fondos comprometidos a ciertos programas operativos.

Creo que la medida temporal propuesta por el ponente para reconstituir los créditos para el ejercicio 2007 de los fondos de asistencia en el marco del Fondo Social Europeo, como resultado de liberaciones de créditos efectuadas, está justificada, habida cuenta de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo que impediría la aplicación del apartado 1 del artículo 93 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 en su forma actual.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión han demostrado ser instrumentos eficaces y sumamente útiles para el desarrollo territorial y la gestión de las consecuencias de la crisis económica que ha afectado a Europa y al mundo desde hace algún tiempo. En este sentido, acojo con satisfacción las propuestas para simplificar los procedimientos para la liberación de los fondos y para facilitar los pagos a los beneficiarios de los diversos programas ejecutados con los fondos anteriormente mencionados. Además, estoy a favor de establecer una cuota adicional de prefinanciación para el año 2010 destinada a los Estados miembros más afectados por la crisis.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Como referente en este informe para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), he pedido a mis colegas que voten a favor de este texto. En cuanto a las simplificaciones que figuran en el presente informe, estoy convencida de que son muy positivas. Este es un verdadero salto cualitativo: hay menos información que proporcionar, mayor flexibilidad con respecto a los proyectos generadores de ingresos, menos controles por la Comisión para proyectos medioambientales por valores que oscilan entre los 25 y los 50 millones de euros, y así sucesivamente.

En cuanto al aspecto financiero, solicité que se reconsiderara el enfoque de la propuesta inicial. De hecho, no habría sido una buena idea poner en tela de juicio el principio de la cofinanciación de gastos y la ejecución de proyectos totalmente financiados por el Fondo Social Europeo (FSE), como propuso la Comisión. A fin de equilibrar los gastos a largo plazo, algunos Estados miembros se hubieran enfrentado a graves dificultades financieras. El Parlamento ha logrado asumir un compromiso que nos permite ayudar a los países más afectados por la crisis y evitar la liberación para el año 2007.

A través de esta votación, estamos dando un gran apoyo a los beneficiarios de fondos de la UE, así como a los departamentos de apertura. No olvidemos, sin embargo, que todavía queda mucho por hacer en términos de simplificación.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Es importante destacar que la presión sobre los recursos financieros nacionales sigue en aumento y requiere tomar medidas adicionales para aliviar esta presión a través de una mejor utilización de los fondos de la UE, y la movilización y la aceleración de todos los fondos disponibles para hacer frente a la crisis, en particular, a través del Fondo Social Europeo (FSE) para paquetes de recuperación rápida, como se indica en la Comunicación mencionada. Es especialmente importante que hagamos un mayor esfuerzo por facilitar la gestión de los fondos de la UE con el fin de agilizar el flujo de fondos a los beneficiarios más afectados por la recesión económica. También es importante para alcanzar el objetivo global de perfeccionar las inversiones cofinanciadas en los Estados miembros y las regiones y con el fin de aumentar el impacto de la financiación de la economía en su conjunto, en particular, sobre las pequeñas y medianas empresas y el empleo. Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía europea y los principales productores de crecimiento sostenible mediante la creación de numerosos puestos de trabajo de calidad. La simplificación y clarificación de las normas que rigen la política de cohesión, sin lugar a dudas, tendrán un impacto positivo en el ritmo de ejecución de los programas, en particular, facilitando a las autoridades nacionales, regionales y locales normas más claras y menos burocráticas que permitan una mayor flexibilidad para adaptar los programas a los nuevos retos.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. − El informe hace referencia a la gestión financiera de algunos de los fondos más importantes dentro de la Unión Europea. Entre ellos se incluyen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión. Después de analizar detenidamente la propuesta de Reglamento [COM(2009)0384], así como el artículo 161 del Tratado CE, además de otros documentos, me incliné por apoyar la posición del ponente y, por tanto, he votado a favor del informe.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) La modificación del Reglamento sobre la aplicación de Fondos Estructurales y de Cohesión es una medida destinada a apoyar a los Estados miembros durante la crisis actual. Por encima de todo, cumple con sus demandas para simplificar la administración de los fondos.

Creo que las nuevas disposiciones van a ayudar, al mismo tiempo, a reducir el riesgo de que se pierdan los fondos por el hecho de que no se utilicen con la suficiente rapidez, pues se está concediendo un plazo más amplio para proyectos que aún no se hayan aprobado o aplicado durante el periodo establecido.

También espero que estas normas simplificadas entren en vigor tan pronto como sea posible para que los Estados miembros y, en particular, las regiones que podrán beneficiarse de esta opción de financiación de la UE, así como las autoridades públicas de estas regiones, sigan invirtiendo en proyectos europeos a pesar de las limitaciones presupuestarias.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito.(FR) La delegación del movimiento demócrata celebra la aprobación de un informe que permite la simplificación de algunas disposiciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión. Flexibilizar los plazos para la utilización de los fondos es un gran paso adelante. Las normas vigentes establecen que las ayudas deben utilizarse en un plazo de dos años a partir del momento en que se obtengan o, de lo contrario, tendrán que devolverse. Sin embargo, las nuevas normas significan que las regiones y los Estados miembros no perderán los fondos comprometidos en 2007 para los proyectos cuya ejecución se haya retrasado. A partir de ahora, los proyectos ambientales por una cuantía inferior a 50 millones de euros ya no tendrán que someterse a una aplicación específica por parte de los Estados miembros para que los apruebe la Comisión Europea. Asimismo, se autorizarán anticipos financieros para 2010 a los Estados miembros más afectados por la crisis económica y financiera. La simplificación de algunas disposiciones también facilitará la revisión de los programas operativos en curso y nos permitirá responder mejor a las situaciones de crisis. Por ejemplo, las regiones afectadas por la tormenta Xynthia podrán utilizar esta nueva flexibilidad para ayudar a las víctimas de dicho desastre.

 
  
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  Robert Dušek (S&D), por escrito.(CS) La Comisión ha presentado una propuesta de modificación del reglamento sobre los Fondos Estructurales, cuyo objetivo es proporcionar a los Estados miembros afectados por la crisis financiera el estímulo económico necesario. La enmienda debe derivar en la aplicación de los denominados umbrales de ayuda. Debería aplicarse un umbral de 50 millones de euros, en lugar del umbral actual de 25 millones de euros. También es necesario proteger los grandes proyectos de la liberación automática. Algunos Estados también deben tener la capacidad de solicitar el reembolso del 100 % de los costes de las medidas aplicadas en el mercado laboral con cargo al Fondo Social Europeo. Si es posible, desde un punto de vista presupuestario, empezar a financiar sin la necesidad de la participación conjunta, que lo dudo mucho, entonces la única forma correcta y posible de hacerlo es comparar las normas y los reglamentos para todo y siguiendo el mismo criterio. Es totalmente inaceptable identificar a algunos Estados miembros como «los más afectados por la crisis» y que queden exentos de las normas por estos motivos. Si ha de haber excepciones, apliquémoslas a todos de la misma forma. La UE no es una entidad tan grande como para que podamos deducir las diferentes consecuencias que ha tenido la crisis financiera para los Estados miembros. Las economías están interconectadas y las consecuencias de la gestión económica son un arma de dos filos. También incurriríamos en un error si no permitiéramos exenciones a fin de penalizar a los Estados Miembros que están tratando de estimular sus propias economías sin esperar a recibir ayuda de la UE. Incluso en tiempos de crisis, luchemos por la igualdad de condiciones en situaciones equivalentes. El informe contempla esta cuestión y, por tanto, respaldo su aprobación.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) Acojo con satisfacción la adopción del informe Kirilov, que he apoyado con mi voto. Creo que la aprobación de este informe justo después de la Comunicación de la Comisión será un hecho positivo, ya que las medidas establecidas en el mismo agilizarán el proceso de financiación, ayudando a impulsar la recuperación económica en las regiones, que es una necesidad absoluta durante la crisis actual. El informe forma parte de las directrices elaboradas por el Consejo sobre las enmiendas relativas a las normas sobre la gestión financiera de los programas cofinanciados por el ESP, así como las relativas a la aplicación de programas destinados a facilitar, simplificar y aclarar las normas que regulan la política de cohesión. En el caso de Rumanía, esto significa aumentar el volumen de los pagos por adelantado para el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, así como más tiempo para el uso de los fondos europeos mediante su liberalización a fin de que los Estados miembros puedan reutilizar los fondos como parte del programa. Otras modificaciones incluyen la simplificación y clarificación de las medidas necesarias para aplicar los Fondos Estructurales, tanto durante la fase de presentación de las solicitudes de financiación como al redactar el informe anual sobre la ejecución del programa. También existe un acuerdo en relación a la existencia de un único umbral de 50 millones de euros, que define un proyecto importante que será capaz de beneficiarse de la financiación de varios programas europeos.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión en lo que se refiere a la simplificación de ciertos requisitos, así como a las disposiciones relativas a la gestión financiera. El impacto grave y sin precedentes de la actual crisis económica y financiera en los presupuestos de los Estados miembros significa que es necesario simplificar la gestión de la política de cohesión y aumentar los pagos anticipados. A pesar de la difícil situación, estas medidas permitirán mantener un flujo regular de efectivo para asegurar que se pueden hacer los pagos a los beneficiarios a medida que se aplican estos programas.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En mi opinión, la política de cohesión de la UE es un factor central en el desarrollo y la aplicación del principio de solidaridad entre los Estados miembros por el que aboga la Unión Europea. Como tal y, en particular, en tiempos de crisis —cuando estos fondos pueden ayudar específicamente a mitigar el impacto provocado en las regiones más desfavorecidas— es esencial para mejorar la estructura actual de la política de cohesión, de modo que los fondos se puedan asignar de forma más eficaz y para que también puedan ofrecer resultados más eficaces de forma oportuna.

Asimismo, los instrumentos tienen que ser más flexible, ya que los instrumentos rígidos que no pueden adaptarse a circunstancias imprevistas, tales como una crisis, son perjudiciales para el desarrollo económico de la Unión Europea. También es importante garantizar que los Estados miembros utilicen correctamente los fondos disponibles en virtud de la política de cohesión y que los recursos disponibles se utilicen de forma eficiente. Por lo tanto, creo que es indispensable reconsiderar no sólo la estructura de la política de cohesión de la Unión, sino también los mecanismos de control disponibles, así como los métodos de coacción que se puede utilizar en caso de incumplimiento por parte de los Estados miembros.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El objetivo de esta propuesta es proporcionar estímulos económicos adicionales a ciertos Estados miembros que anteriormente se vieron bastante afectados por las crisis económicas. Ésta propuesta fue posterior al Plan Europeo de Recuperación Económica, en cuyo contexto las disposiciones de aplicación del Reglamento de base antes mencionadas ya se habían modificado en 2009 para permitir una mayor flexibilidad en los pagos anticipados. El elemento principal de la propuesta de la Comisión pretendía hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera. La solución propuesta consistía en introducir una opción temporal para los Estados miembros que sufren graves dificultades de liquidez para solicitar un reembolso del 100 % para las medidas de financiación aplicadas en el mercado de trabajo con cargo al Fondo Social Europeo, es decir, establecer una excepción al principio de cofinanciación. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto un cambio en el procedimiento legislativo. En lugar del procedimiento de dictamen conforme, en el que el Parlamento sólo fue capaz de decir «sí» o «no», el Parlamento tuvo mucho decir en el contenido del texto con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Por eso he votado a favor de esta propuesta, y es de esperar que la Comisión haga una propuesta correspondiente para un presupuesto rectificativo a fin de que la autoridad presupuestaria pueda examinarlo y aprobarlo.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La propuesta de la Comisión consiste en la introducción de una opción temporal, a la que los Estados miembros que tengan dificultades graves de liquidez podrían recurrir con el fin de financiar medidas para el crecimiento necesario y la promoción del empleo destinadas a luchar contra la crisis y aptas para financiarse con cargo al Fondo Social Europeo. Eso permitiría que los Estados miembros pudieran pedir a la Comisión reembolsos del 100 % para 2009 y 2010, de forma que la cofinanciación nacional no sería necesaria durante dicho período.

Esta es una medida por la que hemos abogado a fin de permitir la plena utilización de los fondos de la UE en momentos en que más los necesitan. La posición del Consejo es diferente, sin embargo, y se limita a recordar que «es necesario destinar un tramo de prefinanciación adicional para 2010 a los Estados miembros más afectados por la crisis […]».

El documento sobre el que el Parlamento va a votar se inclina por la posición del Consejo, que, a nuestro juicio, es más ambigua y menos favorable para los Estados miembros más afectados por la crisis. Creemos, sin embargo, que «ampliar el plazo para el cálculo de la liberación automática del compromiso presupuestario anual relativo a la contribución anual total para 2007, con objeto de mejorar la absorción de los fondos comprometidos para ciertos programas operativos» es un punto positivo.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) Los principales desafíos a los que la Unión Europea se ha enfrentado a causa de la crisis económica y financiera han derivado en la puesta en marcha de ciertas acciones prioritarias que ayudarán a que las economías nacionales se adapten a la situación que se ha creado. He votado a favor del informe porque estoy totalmente a favor de conceder incentivos financieros adicionales a los Estados miembros a los que la crisis financiera ha azotado con dureza, así como a favor de simplificar los aspectos relativos a la gestión financiera. Todos los países podrían beneficiarse del aplazamiento de las liberaciones, mientras que los países que se encuentran en las peores situaciones se beneficiarían de pagos anticipados adicionales. Estos países son Estonia, Hungría, Rumania, Letonia y Lituania. Una mayor aclaración de la reglamentación sobre la política de cohesión y la simplificación de los procedimientos tendrán una influencia positiva en el grado de ejecución de los programas. Este paso es especialmente importante, pues la política de cohesión es el instrumento más potente en términos de concesión de ayudas a la economía real.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Simplificar el acceso al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión es una parte esencial del apoyo prestado a los Estados miembros más afectados por la crisis económica que estamos viviendo. Al conocer la magnitud de los daños que ha causado la crisis financiera a la economía real y al mercado de trabajo, debemos tomar medidas para mejorar el acceso a los instrumentos de financiación de la Unión. Debe haber un flujo regular de fondos que permita realizar los pagos a los beneficiarios a medida que se apliquen los programas.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) En tiempos de crisis, la UE está mostrando una vez más su verdadera cara. Cuando los Estados miembros del este tuvieron que congelarse durante el conflicto del gas de Rusia había pocos signos de solidaridad. Ahora, cuando se trata de la castaña económica del euro —el buque insignia de la UE— de repente algo es posible. En consecuencia, incluso se han ajustado las subvenciones de la UE. Aunque la posible devolución del 100 % para 2009 y 2010 destinada a la financiación de medidas relativas al mercado laboral no promueve la formación continua y un aprendizaje de alta calidad en la medida en que nos hubiera gustado, sin duda, es esencial en la situación actual. Todos los Estados miembros se beneficiarían de la liberación de los compromisos presupuestarios y los países con más problemas recibirían pagos adicionales por adelantado. Poner dinero en un pozo sin fondo a voluntad sin medidas de acompañamiento puede resultar peligroso. Por tanto, he rechazado la propuesta.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) En vista de la crisis económica y financiera, es necesario utilizar de forma óptima las medidas que simplificarán ciertos procedimientos específicos para acceder a los fondos europeos. Estos incluyen:

- la concesión de un anticipo de fondos adicionales para 2010 a los Estados miembros afectados por la crisis, garantizando así un flujo de caja estable y facilitando los pagos a los beneficiarios durante la fase de ejecución de los programas;

- la ampliación del plazo para el cálculo de la liberación automática del compromiso presupuestario anual relativo a la contribución total anual de 2007, lo que mejorará la absorción de los fondos comprometidos a ciertos programas operativos y garantizará un apoyo adecuado a las iniciativas a favor de mantener y crear puestos de trabajo;

- los Estados miembros que recibieron apoyo en 2009, de conformidad con la legislación que establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo para conseguir el equilibrio de los Estados miembros en términos de pagos, pueden beneficiarse en 2010, bajo ciertas condiciones, del 2 % de la contribución del Fondo de Cohesión y del 4 % de la contribución del FSE al programa operativo.

Estas medidas contribuirán al desarrollo de un mercado laboral inclusivo y flexible, así como a una mejora significativa en el impacto positivo generado por la financiación de la UE de la economía en su conjunto, pero especialmente de las pequeñas y medianas empresas y del mercado laboral.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He votado en contra de este informe, porque nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, hemos presentado seis enmiendas y todas se han rechazado.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta propuesta, ya que creo que es un asunto de gran importancia para Portugal, y en particular para sus regiones ultraperiféricas, que son más vulnerables a la crisis que estamos viviendo, ya que sus efectos se sienten con mayor intensidad y tardan más en surgir de la misma.

A pesar de que, en general, estoy de acuerdo con su contenido, debo destacar las dificultades a las que se enfrentan las autoridades regionales y locales para asegurar la liberación de fondos que les permitan ofrecer su parte de la financiación de los proyectos subvencionados por fondos de la UE. Me decepcionó ver que el Consejo bloqueara la posibilidad de aumentar el porcentaje de cofinanciación comunitaria al 100 %, aunque sólo fuera temporalmente y en forma de un pago anticipado que se viera compensado en los últimos años de los programas.

La solución de compromiso, aunque no es perfecta, significa que los fondos de la UE para 2007 que no han sido absorbidos por los programas que han tardado en ponerse en marcha, con carácter excepcional, se beneficiarán de una ampliación del plazo antes de su liberación.

Todos somos conscientes de las difíciles decisiones que las familias y las empresas están tomando estos días, y de la importancia que tienen las medidas como estas que se están preparando para la recuperación económica, que esperamos que sea rápida y sostenible.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) La crisis financiera mundial ha afectado a todos los Estados miembros de la UE. Creo que los Estados bálticos han sufrido el golpe más doloroso. Se adoptaron medidas severas debido al huracán financiero y se han perdido empleos. Sin embargo, tenemos una oportunidad única para convertir la crisis en una oportunidad. Nos gustaría brindar a los jóvenes lituanos un futuro muy prometedor en Lituania y evitar la creciente «fuga de cerebros». Esta tarea es imposible sin los Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE, en particular, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Los Fondos Estructurales constituyen una gran parte de la financiación de la UE: se asignaron 277 000 mil millones de euros para el presupuesto 2007-2013. El FEDER estimula el desarrollo económico y la recuperación en las zonas menos prósperas de la UE. Ayuda a financiar medidas como la regeneración de las zonas industriales afectadas por la reducción de ciudades y pueblos. Incluye importantes programas regionales, como el programa de la región del Mar Báltico, a fin de fortalecer la identidad regional y el reconocimiento. El Fondo de Cohesión desempeña un papel importante en la reducción de las diferencias entre los Estados miembros, en particular, en materia de medio ambiente y redes transeuropeas de transporte. Hoy (2007-2013), el Fondo Social Europeo también tiene un papel vital que desempeñar ayudando a las empresas y los trabajadores a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y apoyando las innovaciones del lugar de trabajo, el aprendizaje permanente y una mayor movilidad. El programa del FSE de Lituania está resolviendo la escasez de mano de obra mediante la movilización de los recursos humanos, la mejora de las competencias y el aumento de los niveles de cualificación. Desde su adhesión a la UE, Lituania ha experimentado una fuga masiva de cerebros. La mejor manera de combatir esto es invertir los Fondos Estructurales de la UE en los jóvenes profesionales.

 
  
  

Propuesta de resolución: (B7-0221/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de esta resolución presentada por la Conferencia de Presidentes de Comisión, que solicita a la Comisión que presente nuevas propuestas para los expedientes que estaban pendientes en el Parlamento en el momento de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el procedimiento para el que ha caducado.

En calidad de ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para la «Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas y, especialmente, contra la enfermedad de Alzheimer, mediante una programación conjunta de las actividades de investigación», apoyo la invitación presentada por la Conferencia de Presidentes de Comisión a la Comisión Europea para que presente una nueva propuesta sobre estos expedientes a fin de consultar al Parlamento de la forma adecuada por su papel institucional asignado también por las disposiciones del nuevo Tratado.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Con esta resolución, el Parlamento Europeo pasa directamente a aplicar todas las políticas más importantes de la Unión Europea. Proporciona las modificaciones legales necesarias para que pueda desempeñar un papel pleno en el escenario institucional y también en el internacional. El Parlamento Europeo puede, por fin, garantizar plenamente que se defienden los intereses de los ciudadanos de la UE, y por eso he votado a favor de esta resolución.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) El Tratado de Lisboa otorga claramente al Parlamento nuevas responsabilidades y competencias. Con su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, muchas propuestas que han sido presentadas por la Comisión sobre la base de los Tratados, pero que aún estaban pendientes en dicha fecha (en diferentes etapas en el proceso legislativo o no legislativo) sufrirán cambios. En algunos casos habrá diferencias al nivel del procedimiento de toma de decisiones, ya sea porque el ámbito del procedimiento legislativo ordinario se haya ampliado considerablemente o porque un nuevo procedimiento de autorización se aplique a la conclusión de acuerdos internacionales. En otros casos, sólo hay un cambio de base jurídica. La Comisión está tratando de cambiar esto formalmente por medio de su propuesta con control. Hay, sin embargo, algunas propuestas (supeditadas al tercer pilar anterior) donde el marco jurídico ha cambiado sustancialmente y, por tanto, han caducado, por lo que deben sustituirse por otras nuevas. Como ponente de la iniciativa que consiste en crear un mecanismo de evaluación para supervisar la aplicación del acervo de Schengen, pido a la Comisión que presente las nuevas propuestas lo más rápidamente posible. Por tanto, apoyo la propuesta de resolución de esta Cámara.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución sobre las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa para los procesos de toma de decisiones interinstitucionales en curso. La entrada en vigor del nuevo Tratado significa que los fundamentos jurídicos de los diversos expedientes en trámite deben volver a definirse. La Comisión y el Consejo deben realizar los cambios necesarios con carácter urgente a la luz del nuevo marco legislativo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa no sólo ha impuesto un nuevo acuerdo institucional y una nueva jerarquía en términos de legislación, sino que también requiere que se tomen precauciones especiales con respecto a los procedimientos de toma de decisiones que estaban en curso en esa fecha. En estos casos, las bases jurídicas han cambiado, al igual que los procedimientos relativos a estas, justificando así plenamente su revisión.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El Tratado de Lisboa concede nuevas responsabilidades y competencias al Parlamento Europeo. Con su entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, muchas propuestas que han sido presentadas por la Comisión sobre la base de los Tratados, pero que aún estaban pendientes en dicha fecha, sufrirán cambios. En algunos casos habrá diferencias al nivel del procedimiento de toma de decisiones, ya sea porque el ámbito del procedimiento legislativo ordinario se haya ampliado considerablemente o porque un nuevo procedimiento de autorización se aplique a la conclusión de acuerdos internacionales. En otros casos, sólo hay un cambio de base jurídica. La Comisión está tratando de cambiar esto formalmente por medio de su propuesta con control. Hay, sin embargo, algunas propuestas (supeditadas al tercer pilar anterior) donde el marco jurídico ha cambiado sustancialmente y, por tanto, han caducado, por lo que deben sustituirse por otras nuevas. Por tanto, voy a votar a favor de esta resolución del Parlamento Europeo.

 
  
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  Eleni Theocharous (PPE), por escrito. − Yo voto en contra de la propuesta de resolución sobre las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso, ya que incluye la regulación sobre el llamado «comercio directo» entre la UE y la parte ocupada de la República de Chipre.

La base jurídica del Reglamento es absolutamente errónea, ya que la Comisión Europea optó por el artículo 133 del Tratado —que actualmente se corresponde con el apartado 2 del artículo 277 después del Tratado de Lisboa—, que aborda las cuestiones con terceros países. Usar tal fundamento jurídico iría contra el Protocolo 10 sobre Chipre, que establece claramente que la República de Chipre entró en la UE como un territorio completo con la suspensión del acervo de la Unión en la parte norte de la isla debido a la ocupación turca. El fundamento jurídico vigente del Reglamento insulta a la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro de la UE, la República de Chipre, y va en contra de los principios y los valores sobre los que se basa la UE y que el Parlamento Europeo deberá respetar y promover como el faro de la democracia europea.

 
  
  

Informe: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Szájer, a quien quiero dar las gracias por el excelente análisis que ha realizado a la luz de los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa.

Dadas las diversas implicaciones de amplio alcance que los «actos delegados» tendrán para el procedimiento legislativo, creo que el deseo del Parlamento de aplicar condiciones claras y específicas a estos actos delegados, a fin de garantizar que esta Cámara tenga un verdadero control democrático sobre ellas, es especialmente encomiable. Creo que también necesitamos, en particular, probar cómo va a funcionar este nuevo sistema en la práctica, con el fin de realizar los cambios necesarios en el mismo.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) El Tratado de Lisboa aborda el déficit democrático mediante el fortalecimiento de las competencias tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales. Este es el marco de este nuevo instrumento, que permite al legislador delegar parte de sus competencias a la Comisión (artículo 290 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea), a condición de que se trate de un acto de alcance general que se utilice para completar o modificar partes de un acto legislativo que no se consideren esenciales. Por lo tanto, hará que sea más rápido y sencillo cubrir las lagunas, o regular o actualizar aspectos más detallados en un acto legislativo, evitando en gran medida la existencia de procedimientos legislativos complicados y prolongados, que solían tener consecuencias negativas para el público. Dos aspectos que se han protegido son el hecho de que la delegación pueda retirarse en cualquier momento y el hecho de que sea necesario el consentimiento previo del Parlamento (y del Consejo) antes de la entrada en vigor de los actos aprobados por la Comisión bajo alguna delegación. Estoy a favor de esta innovación, que debe ocupar el lugar del notorio sistema de «comitología», pero ahora con la necesidad urgente de definir cómo se pueden formar estas delegaciones, su alcance, sus objetivos, los métodos de trabajo que se utilizarán y los términos que puede controlar el legislador.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa requiere la aclaración de algunas de sus normas, en particular, aquellas que tienen contenido jurídico y procedimental, tales como las que se refieren al procedimiento legislativo, la jerarquía de las normas y las competencias de las instituciones. El apartado 1 del artículo 290 del Tratado establece que un acto legislativo podrá delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen ciertos elementos no esenciales del acto legislativo. Lo hace con reservas especiales y limita estrictamente el alcance de tales actos. Sin embargo, este desglose de la ley estipulado en el Tratado es importante para evitar la acumulación excesiva de interpretaciones dispares que pondrían en peligro la coherencia legislativa de la UE. A pesar de que tales actos son comunes en los Estados miembros, no se puede decir lo mismo de los actos en cuestión. La legitimidad de la Comisión y de los gobiernos de los Estados miembros no es la misma y, por tanto, la delegación de la legislación a la Comisión requiere prestar más atención y precaución y, además, debe utilizarse con moderación. Estoy de acuerdo en que el uso de la delegación legislativa debe permitir la adopción de una legislación sencilla y accesible, contribuyendo así a la seguridad jurídica, la eficacia del delegado y el control por parte del mandante.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) En virtud del artículo 290 del Tratado sobre el funcionamiento de la UE, el legislador puede delegar ciertas competencias a la Comisión, por las que la Comisión sólo podrá completar o modificar un acto legislativo. Los «actos delegados» adoptados en consecuencia por la Comisión son actos no legislativos de alcance general. El ponente aboga por un control más estricto de la Comisión a la hora de aplicar sus competencias legislativas delegadas. Por esta razón, he votado a favor de la adopción del informe.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Szájer sobre los poderes de delegación legislativa y el informe Speroni sobre la inmunidad de Ransdorf. Se ha adoptado por una amplia mayoría.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (SV) He votado a favor del informe sobre los poderes de delegación legislativa. El artículo 290 del Tratado de Lisboa permite al Parlamento formular objeciones o revocar las enmiendas y los suplementos de la Comisión a los actos legislativos. Sin embargo, esto requiere una mayoría absoluta, es decir, una mayoría del número de eurodiputados electos. En vista de la ausencia de los diputados, esto normalmente se traduce en un 60 % de los votantes. Anteriormente, sólo el Consejo podía hacer esto, siempre y cuando se obtuviera una mayoría cualificada de votos. Los grupos de expertos de la Comisión, que son elegidos por los Estados miembros, tendrán una gran influencia en la delegación legislativa. Un ejemplo de ello es el hecho de que, a través de un grupo de expertos, la Comisión autorizó un nuevo tipo de maíz modificado genéticamente, a pesar de que el Parlamento y el Consejo se opusieron a ello. Otro ejemplo es la Directiva de Servicios original, donde el Consejo y el Parlamento suprimieron un apartado que indicaba que se iba a prohibir la demanda de un representante permanente en el caso del desplazamiento de trabajadores, es decir, una contraparte sindical. No obstante, la Comisión estaba en contra de esto y elaboró directrices que establecían que no era necesario tener un representante permanente. La Comisión quiere garantizar su independencia y seguir utilizando sus grupos de expertos [COM(2009)0673]. El ponente, el señor Szájer, se opone tanto a los grupos de expertos nacionales como a la participación de las autoridades nacionales. No estoy de acuerdo con el último punto.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El Tratado de Lisboa ha cambiado el antiguo sistema de la comitología por nuevos instrumentos jurídicos, tales como los actos delegados y los actos de ejecución. Con el nuevo Tratado, el Parlamento asume el papel de colegislador, junto con el Consejo.

La consagración en el Tratado de la posibilidad de delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos no legislativos para complementar los actos legislativos es un paso adelante por el hecho de que se trata a las dos instituciones en igualdad de condiciones. El presente informe pretende aclarar los términos sobre los que puede tener lugar la delegación de poderes por el Parlamento y el Consejo a la Comisión, de conformidad con el artículo 290 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. El documento subraya la importancia del principio de la libertad del legislador para delegar sus facultades a la Comisión como una herramienta para mejorar la legislación.

El informe defiende la necesidad de no imponer a los legisladores obligaciones adicionales más allá de las contenidas en el Tratado. El legislador debe permitir a la Comisión que ejerza el poder delegado de forma eficaz y debe controlar el uso del mismo de la forma correcta. Por las razones anteriormente mencionadas, y considerando que la principal prioridad debe ser la adaptación del acervo en las zonas que no estén sujetas al procedimiento de codecisión con anterioridad al Tratado de Lisboa, he votado a favor del documento.

 
  
  

Informe: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) La competitividad del transporte marítimo europeo debe seguir siendo uno de los objetivos estratégicos de la política europea de transporte marítimo de la Unión. Para lograr este objetivo, debemos asegurar el apoyo necesario para la innovación, la investigación científica y su desarrollo, lo que aceleraría la modernización de la infraestructura marítima portuaria y garantizaría la aplicación de las últimas tecnologías en la industria de la construcción naval. Una reducción de la carga administrativa y burocrática daría lugar a un aumento de las inversiones del sector público y privado en los sectores relacionados con el transporte y los puertos marítimos. El desarrollo de la red de transporte transeuropea, la disposición de autopistas marítimas y el desarrollo de la intermodalidad de los medios de transporte darían lugar a la creación de un sistema europeo de transporte marítimo que fuera competitivo y receptivo a las innovaciones. También tenemos que abordar la cuestión de la armonización de los impuestos aplicables a las tripulaciones que navegan bajo la bandera de la Unión Europea.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) El territorio marino de la Unión Europea es el más amplio del mundo. La economía marítima emplea a cinco millones de personas, mientras que el 5 % del PIB de la UE proviene de las industrias y servicios que están directamente conectados a este sector. Datos y hechos demuestran categóricamente que el mar constituye un recurso fundamental para el empleo y el crecimiento en los Estados miembros, sobre todo, teniendo en cuenta su dimensión internacional y, por tanto, la cantidad de presión que tiene que soportar en términos de competencia global.

A este respecto, el informe ofrece muchos puntos positivos en lo que respecta a la demanda de incentivos para el sector marítimo a escala nacional, y de una mayor coordinación jurídica a escala comunitaria. Esto podría comenzar a reducir la burocracia, lo que contribuiría a aumentar la competitividad de todo el sector. Estoy de acuerdo con el enfoque del informe y por eso voy a votar a favor del mismo.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) La delegación del movimiento demócrata celebra la aprobación de los objetivos estratégicos para el transporte marítimo de la UE hasta 2018. La resolución aprobada solicita, en particular, la mejora de los profesionales del mar a través del fortalecimiento de las cualificaciones profesionales y la armonización de la formación europea. De hecho, es esencial proporcionar formación continua y reciclaje profesional de los marinos en todos los niveles, en tierra y a bordo. Con esto en mente, los Estados miembros deben ratificar con urgencia el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 de la Organización Internacional del Trabajo. A fin de que el transporte marítimo siga siendo uno de los medios de transporte menos contaminantes, aún tenemos que hacer más para reducir las emisiones de óxido de azufre, óxido de nitrógeno, de partículas (PM10) y de CO2. Por eso, los eurodiputados del movimiento demócrata lamentan la negativa de la Comisión a incluir el sector marítimo en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. Debemos seguir avanzando en esta dirección y, para ello, la Organización Marítima Internacional (OMI) tendrá que fijar objetivos de reducción, aplicables a todos los Estados miembros, que nos permitan evitar distorsiones de competencia con las flotas de terceros países.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La Comisión ha presentado una comunicación sobre recomendaciones y objetivos estratégicos para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2018. La propuesta de la Comisión abarca una amplia variedad de temas relacionados con la política de la UE de transporte marítimo, permitiendo a los interesados en este sector ampliar el ámbito y la iniciativa a fin de alcanzar los objetivos estratégicos y las recomendaciones que figuran la comunicación.

Las principales cuestiones abordadas por la propuesta de la Comisión son: (i) el valor y la competitividad de la navegación marítima europea en un mercado global, (ii) las oportunidades de empleo en el sector marítimo, (iii) la calidad del transporte marítimo europeo, (iv) la cooperación internacional; (v) el transporte marítimo europeo en el marco de la economía europea y como motor de la integración económica y (vi) Europa como líder mundial en términos de investigación e innovación marítimas.

En vista de la posición geográfica de Portugal y la importancia estratégica del mar, este tema tiene bastante importancia para nuestro país y, además, cualquier esfuerzo por desarrollar una «economía del mar» merece nuestro apoyo y compromiso.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El sector marítimo en Europa hace una contribución clara y fundamental tanto a la economía interna de la Unión como a su sistema de transporte. Debe concederse alta prioridad a los intereses del sector europeo de transporte marítimo a la hora de establecer la política general de transporte europeo. Debe tenerse en cuenta que el sector marítimo europeo opera y compite principalmente en un mercado global. El sector del transporte marítimo se enfrenta a retos importantes en lo que respecta al medio ambiente. La tarea principal es mejorar el comportamiento medioambiental de buques de navegación marítima sustancialmente y también es necesario que se reduzcan las emisiones de SOx, NOx, partículas y CO2. En este sentido, quiero subrayar la necesidad de llegar a acuerdos sobre el tema a nivel mundial a fin de luchar contra el riesgo del cambio de pabellón de países no participantes. En cuanto a seguridad se refiere, me gustaría destacar que se ha solicitado a los Estados miembros que apliquen el conjunto de medida de forma rápida y correcta, especialmente en lo que respecta al Memorándum de París (con referencia a las inspecciones en función del riesgo). Esto impedirá las inspecciones innecesarias, aumentar la eficacia del control y reducir los trámites burocráticos para aquellos que están sujetos a las inspecciones.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) La apelación para reducir la huella de carbono de los buques e infraestructuras portuarias, mejorando las instalaciones para los trabajadores de mar, la apelación para reducir las emisiones de óxido de azufre, óxido de nitrógeno, partículas (PM10) y CO2, o incluso la creación de zonas marítimas de control de emisiones son muchas medidas que pueden tener un resultado positivo en función de cómo se apliquen. La permanente preeminencia de la competencia libre y sin distorsiones, sin embargo, y la subordinación de los derechos de los trabajadores de mar a la competitividad significan que este informe va en contra de los intereses de los trabajadores de mar y del interés general. Por eso voy a votar en contra de este texto.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Con la aprobación de este informe, se definen los objetivos necesarios para la existencia de una política de transporte marítimo de la Unión. Este modo de transporte se ha estado moviendo hacia el escenario central, porque respeta el medio ambiente y tiene el potencial necesario para aumentar aún más el nivel de respeto. El sector del transporte marítimo es esencial para la economía europea, no sólo en términos de transporte de pasajeros, materias primas, productos básicos y productos energéticos, sino también porque es fundamental para una amplia gama de actividades marítimas, como la industria naval, la logística, la investigación, el turismo, la pesca y la acuicultura, por citar sólo algunos ejemplos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He votado a favor del informe Van Dalen sobre la estrategia de transporte marítimo hasta 2018, aunque se rechazó nuestra enmienda sobre la inclusión del transporte marítimo en el ETS por una amplia mayoría (votación nominal).

 
  
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  Vilja Savisaar (ALDE), por escrito. (ET) El futuro del sector europeo de transporte marítimo desempeña un papel muy importante en la Unión Europea desde una perspectiva económica y social, así como desde el punto de vista del medio ambiente. La votación que ha tenido lugar hoy pone en marcha una estrategia para la política europea de transporte marítimo hasta 2018, y tal vez esto tendrá un efecto directo en el 41 % de las flotas que pertenecen a Europa, e indirecto en el sector del transporte marítimo de todo el mundo. El Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa ha apoyado este informe, ya que responde esencialmente a nuestras expectativas, y además se han apoyado nuestras propuestas de mejora. En nuestra opinión, las siguientes palabras clave deben desempeñar un papel de liderazgo en el sector del transporte marítimo en el futuro: la eficiencia, el respeto al medio ambiente y la igualdad de condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante que en el informe que se va a aprobar hoy se inste a todos los Estados miembros a ratificar el convenio de la Organización Marítima Internacional, con el fin de asegurar mejores condiciones para los trabajadores de mar y los propietarios de barcos, así como para el medio ambiente. Por último, doy las gracias al ponente por su alto nivel de cooperación y receptividad durante la elaboración del informe.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El transporte marítimo es, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva para Europa, pero aún queda mucho por hacer para fomentar la intermodalidad y comodalidad, que también implica la reubicación del transporte marítimo como una alternativa realmente competitiva.

El sector marítimo se enfrenta a una serie de desafíos, que pueden convertirse en verdaderas oportunidades si sabemos cómo hacer uso de ellos mediante la inversión en la formación de jóvenes técnicos para compensar la escasez de profesionales en el sector. El desarrollo tecnológico y la reducción de la burocracia innecesaria para atraer inversiones en el sector portuario también son dos aspectos prioritarios.

También se debe buscar un transporte más limpio y seguro, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ofreciendo una respuesta efectiva a los actos de piratería. Las presiones que amenazan la posición de la flota marítima de Europa, que se derivan principalmente de la ayuda estatal que recibe el sector en terceros países, deben gestionarse dentro de un marco desarrollado en la Organización Mundial del Comercio.

La infraestructura de Europa y la capacidad portuaria merecen seguir desarrollándose, al igual que las autopistas del mar, que son muy importantes para los países del sur y periféricos, como Portugal, y para las regiones ultraperiféricas, como Madeira.

El informe que hemos aprobado hoy se refiere a estas directrices en términos generales, por lo que se ha ganado mi apoyo.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Más del 80 % del comercio mundial tiene lugar en el mar, y el transporte marítimo sigue siendo la columna vertebral del comercio internacional. La UE es el primer exportador mundial más importante y el segundo importador más grande. Por lo tanto, los servicios de transporte y similares son esenciales si queremos que las empresas europeas compitan a escala global. El cabotaje es una parte importante de la cadena europea de transportes, con un 40 % de la carga dentro de Europa. Cada año, más de 400 millones de pasajeros utilizan los puertos europeos, y por lo tanto el transporte marítimo afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos europeos. El Parlamento Europeo es uno de los defensores de la política marítima de la UE. La política de transporte marítimo de la UE también apoya otras políticas, en particular una política marítima integrada. La crisis financiera global ha afectado también al sector del transporte marítimo. Por lo tanto, ahora realmente debemos liberar el potencial económico de la navegación europea para estimular el crecimiento económico y social y la estabilidad del medio ambiente. La competitividad a largo plazo de la navegación europea es la piedra angular de la política marítima de la UE. Esta estrategia fomenta un transporte limpio, seguro y efectivo y la creación de puestos de trabajo en el sector de la política marítima europea. Una visión estratégica, teniendo en cuenta el desarrollo del transporte marítimo, puertos y sectores similares, es importante para la simplificación de la política marítima de la UE para que pueda enfrentar los retos del futuro, por ejemplo, la lucha contra la piratería y la reducción del impacto medioambiental del transporte marítimo. También es fundamental adoptar un enfoque integrado, intersectorial, incluidas las políticas sobre la pesca, el transporte, el medio ambiente, la energía, la industria y la investigación científica. Los días de los vecinos europeos que compiten han terminado. Esto se aplica tanto a Lituania como al resto de Europa.

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. (FR) Acojo con satisfacción la aprobación de este informe, que integra algunas de mis propuestas para el futuro de la política de transporte marítimo y sus sectores relacionados, ya sea en términos de construcción naval, turismo o pesca. Para mí era importante reafirmar la necesidad de la seguridad como requisito previo para el transporte marítimo y destacar, a pesar de la difícil situación económica, la necesidad de respetar normas estrictas de protección del medio ambiente marino y costero. El aumento previsto del volumen de mercancías y pasajeros, los más estrictos estándares ambientales y la necesidad de fomentar la intermodalidad y el transporte intermodal dieron lugar a que fuera necesaria la modernización de las infraestructuras portuarias. Estas medidas estructurales requieren una inversión significativa en combinación con las normas de financiación transparente y justa con el fin de apoyar la innovación y aumentar la competitividad de los puertos europeos. Por último, celebro el hecho de que la dimensión social se incluya en nuestra estrategia y que subraye, en particular, el empleo, la formación, la mejora de los profesionales del mar y la mejora de las condiciones de trabajo de los marinos tanto en tierra como a bordo.

 
  
  

Informe: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) «Europeana», la biblioteca digital europea, es un portal exclusivo, directo y multilingüe diseñado para el patrimonio cultural europeo. En un futuro, ofrecerá acceso a un gran número de lectores a los documentos raros o antiguos del patrimonio de Europa, a los que resulta difícil acceder por la forma en que se almacenan.

En la propuesta de resolución votada hoy, le pedí a la Comisión Europea que pusiera en marcha una campaña especial en los medios de comunicación y en línea dirigida a estudiantes y profesores, centrándose en el uso de los recursos digitales que ofrece este portal para fines educativos, a fin de aumentar el perfil del sitio de Europeana. El portal de Europeana debe convertirse en uno de los puntos de referencia para la educación y la investigación que acerque más a los jóvenes europeos a su patrimonio cultural y que facilite la creación de la cohesión transcultural en la UE.

En esta propuesta de resolución, el Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a que hagan contribuciones equitativas al contenido del proyecto Europeana, y a que intensifiquen sus esfuerzos en la prestación de obras a las bibliotecas nacionales e instituciones culturales a fin de que todos los europeos puedan tener pleno acceso a su propio patrimonio cultural.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Europeana, la biblioteca digital europea, está demostrando una gran ambición, a saber, para digitalizar todas las obras europeas con el fin de hacerlas accesibles al público en general. Esta es una tarea a largo plazo que requiere un control exhaustivo y un progreso mensurable. El informe de propia iniciativa propone una meta de 15 millones de obras disponibles para 2015, así como el acceso libre para todos al sitio web, y en todas las lenguas de la Unión Europea.

Este proyecto europeo es esencial, ya que contribuye a la mejora de nuestro patrimonio común, a su influencia en el mundo y, por lo tanto, evita la monopolización de estos trabajos por parte de las entidades privadas. Por eso, he votado con firmeza a favor de este ambicioso proyecto.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − He apoyado el informe, ya que creo que el acceso a la información cultural y educativa debe ser una prioridad con el fin de mejorar los niveles educativos y lo niveles de vida en Europa. En vista de los beneficios que tiene para todos los ciudadanos de la UE el acceso a la biblioteca «Europeana», su disponibilidad en todos los idiomas oficiales debe considerarse lo antes posible. Asimismo, las personas con discapacidad deben tener el beneficio de la tecnología digital y disfrutar de un acceso más fácil a la educación y la información a través de formatos accesibles y tecnologías adaptadas. La disponibilidad de «Europeana» debe mejorarse para garantizar un acceso gratuito a alumnos, estudiantes y maestros en los centros de secundaria, las universidades y otras instituciones educativas. Por lo tanto, es esencial para garantizar y simplificar el acceso universal al patrimonio cultural europeo y para garantizar su promoción y conservación para las próximas generaciones.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) La recopilación y conservación del patrimonio artístico y cultural de los Estados miembros de la Unión Europea, mediante el establecimiento de una plataforma multimedia que recoge imágenes, audio y vídeo para crear un recurso que, a su vez, funcione como una biblioteca, un museo y un archivo: este es el objetivo del proyecto Europeana, que, después de haber dado sus primeros pasos en 2008, es ahora cuando está habilitando el patrimonio artístico europeo en línea gracias a la contribución de más de 1 000 instituciones culturales.

A pesar de que todavía presenta una serie de puntos débiles, incluidas la publicidad y la sensibilización del proyecto en sí, el problema de poner en línea trabajos «huérfanos» u obras sujetas a derechos de autor y, no menos importante, una cierta agregación de los objetos y materiales puestos a disposición, Europeana es, sin embargo, la explotación de nuevas formas de tecnología destinadas a informatizar el patrimonio cultural europeo a gran escala, basándose no sólo en los recursos de la UE, sino también en los recursos nacionales y privados.

La conservación de la memoria artística y de las representaciones y particularidades culturales de los distintos Estados miembros es esencial para garantizar que las generaciones más jóvenes tengan un gran conocimiento de su propia identidad. Por esta razón, estoy a favor del proyecto de informe.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) Como resultado de la votación a favor del informe «Europeana – los próximos pasos» y, en calidad de ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, acojo con satisfacción que este informe se haya ultimado y espero que la Comisión adopte sus recomendaciones. A raíz de los debates sobre el informe en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, se ha debatido acerca de una amplia variedad de temas, como la estructura de TI, la gestión del sitio Europeana.eu, el acceso gratuito a la información de la biblioteca, la necesidad de estandarizar los procedimientos de digitalización y el problema de la cobertura de los medios de comunicación para el sitio web. Algunos de estos temas también se han incluido en el informe de la comisión principal, la Comisión de Cultura y Educación, lo que me da esperanzas de que hayamos alcanzado con éxito un informe completo.

Sin embargo, creo que ciertas cuestiones, que no se han adoptado por completo, deben seguir siendo objeto de debate, como la gestión del sitio, los métodos de financiación y, sobre todo, la organización del sitio en forma de una base de datos exclusiva y no en forma de portal. Espero que nuestras recomendaciones, junto con las reflexiones de la Comisión sobre las cuestiones anteriormente mencionadas, conviertan este texto en un proyecto de éxito. De hecho, Europeana puede convertirse en un proyecto de éxito para la Unión Europea, siempre que se construya sobre los valores e ideales de la UE y que proporcione el punto focal para la información cultural europea.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre «Europeana – los próximos pasos», que anima a todos los Estados miembros de la UE a ser más activos a la hora de hacer contribuciones a sus bibliotecas nacionales e instituciones culturales, de modo que todos los europeos tengan pleno acceso a su propio patrimonio cultural. El objetivo de almacenar más de 15 millones de obras en el sitio a corto plazo puede ayudar a proteger el patrimonio cultural de Europa, de modo que las generaciones futuras puedan ser capaces de unificar una memoria colectiva europea.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Incluso durante los períodos en los que las divisiones e incluso la hostilidad entre los países de Europa fueron más evidentes, la cultura europea y la ciencia siempre han sido capaces de cruzar las fronteras y extenderse por todo el territorio que hoy conforma la Unión, e incluso más allá. Es más que justo destacar el papel de las universidades en ese sentido. Con sus orígenes religiosos, que han desempeñado un papel decisivo en volver a conectar las partes cercenadas de lo que llegó a ser la respublica christiana, y en el recuerdo de todos aquellos que fueron capaces de superar las divisiones y hacer que sus ideas se escucharan en todo el continente y, desde allí, en todo el mundo. Como portugués y un heredero de una lengua y cultura que se extendieron por todo el mundo, yo apoyo los esfuerzos que se están realizando para hacer que la cultura y la ciencia europeas sean más visibles y accesibles para todos aquellos que quieran disfrutar de ellas. A este respecto, Europeana es la heredera de la mejor tradición europea. Espero que el proyecto continúe en una forma sostenible y que mi país, en consonancia con su vocación universalista, colabore en este proyecto con un compromiso renovado.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Europeana abrió sus puertas en noviembre de 2008 y su objetivo es poner el patrimonio cultural y científico europeo al alcance de todos en Internet. Europeana tiene actualmente un catálogo de 6 millones de obras digitalizadas y el objetivo es llegar a 10 millones de entradas antes de junio de 2010. La segunda fase del proyecto será el lanzamiento del sitio Europeana.eu para que esté totalmente operativo en 2011, que será más de carácter multilingüe y tendrá características web semánticas. Sólo el 5 % de todos los libros digitales están disponibles en Europeana y casi la mitad de ellos proceden de Francia, seguida de Alemania (16 %), Países Bajos (8 %) y el Reino Unido (8 %). Todos los otros países suponen el 5 % o menos cada uno. Se desea que los Estados miembros hagan mayores aportaciones. Estoy a favor de solicitar que Europeana llegue a un balance de al menos 15 millones de objetos digitalizados diferentes para el año 2015. Estoy de acuerdo con que se debe prestar especial atención a los trabajos que son frágiles y podrían dejar de existir muy pronto y, entre ellos, los materiales audiovisuales. Hay que encontrar formas de incluir material protegido por derechos de autor, de forma que incluyan obras actuales y también las que pertenezcan a un pasado reciente.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La creación de una biblioteca digital, un museo y un archivo del patrimonio cultural europeo —desde obras literarias a otros materiales de importancia cultural y científica— aportará beneficios significativos en los ámbitos de educación, investigación y cultura. Con el fin de lograr el objetivo de beneficiar al público en general, por estar siempre disponible para todos, no sólo en Europa sino también en el resto del mundo, es esencial que Europeana garantice el acceso público y gratuito al material que se pone a disposición. También es fundamental no olvidar la importancia de hacerlo en formatos y medios que garanticen el acceso de las personas con discapacidad.

Sin embargo, hay ciertos aspectos de la resolución adoptada que son menos claros y otros que no se han desarrollado lo suficiente. No está claro cómo se determina qué contenido cultural y científico se incluirá en Europeana o por quién, ni cómo se administrará; estos temas son importantes para evaluar la medida en que se garantizará una representación adecuada de la diversidad del patrimonio cultural europeo.

Las dudas persisten en cuanto a cómo van a funcionar las asociaciones público-privadas propuestas en el informe y la financiación general de las instituciones culturales asociadas a Europeana. Creemos que el patrimonio cultural y científico es de todos, y por tanto, toda la población debe tener la posibilidad de acceder a Europeana de forma libre; de hecho, no debe tratarse como una mercancía comercial.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) Tenemos que proteger el acceso de todos los europeos a los tesoros artísticos y culturales de Europa que constituyen su patrimonio. Esta perspectiva, a pesar de algunos problemas iniciales, fue la que se tuvo en cuenta para poner en marcha Europeana en 2008, la increíble biblioteca digital que hoy cuenta con casi 6 millones de obras digitalizadas. Hoy tenemos que mejorar los contenidos de Europeana, garantizando el respeto de la propiedad intelectual. Por último, me conceden especial importancia las mejoras que se están realizando para facilitar el acceso a esta herramienta a los miembros discapacitados de la población, por lo tanto, los Estados miembros deben facilitar a estas personas el pleno acceso, libre de cargo, a los conocimientos colectivos de Europa a través de formatos accesibles y tecnologías apropiadas.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. (RO) El proyecto Europeana, la biblioteca digital de la Unión Europea, debe acogerse como una iniciativa destinada a crear un foro cultural europeo, proporcionando a todos los ciudadanos europeos un amplio acceso al patrimonio cultural de Europa. Desafortunadamente, aunque el proyecto fue lanzado en noviembre de 2008, no está avanzando, sobre todo debido a los obstáculos en relación con los derechos de autor, así como a la reducción de la financiación. La versión final del informe del Parlamento Europeo adoptado hoy presenta algunas recomendaciones útiles para la gestión de este proyecto en el futuro. En primer lugar, es necesario revisar el tipo de financiación, con un enfoque hacia las asociaciones público-privadas y hacia las contribuciones de los Estados miembros, que son muy erráticos actualmente. En segundo lugar, este informe nos permite poner de relieve el hecho de que los resultados reales se puedan lograr no sólo mediante la digitalización a gran escala de las obras literarias, sino también por la búsqueda de soluciones inmediatas que permitan la utilización de las obras con derechos de autor. Este informe puede ser una contribución importante al marco existente mediante la propuesta de reglamento sobre cómo mostrar las obras, que deben ser gratuitas, mientras que la descarga de las mismas debería cobrarse a un precio asequible.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La difusión del patrimonio cultural europeo resulta beneficiosa para varios sectores, en particular, la educación, la ciencia, la investigación y el turismo, entre otros. Sin embargo, no se difunde del todo bien, y hay una gran discrepancia entre los Estados miembros en cuanto a la digitalización de su patrimonio cultural con el fin de facilitar el acceso al mismo. Se necesita un esfuerzo conjunto que derive en la rápida adopción de nuevas tecnologías que permitan compilar de forma rápida todo el patrimonio cultural de Europa en formatos digitales de alta calidad. Este esfuerzo es necesario para que este patrimonio se pueda difundir en todo el mundo, permitiendo así a otras poblaciones obtener acceso a la riqueza cultural de Europa.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) En la biblioteca digital Europeana, es posible acceder a una cifra aproximada de un millón de libros, mapas y fotografías de los Estados miembros de la UE. El hecho de que los operadores comerciales registren muchos más éxitos con Google Books y de que hayan avanzado más es algo lógico y, además, está asociado al mayor nivel de conocimientos acerca de Google Books. A fin de lograr progresos más rápidos con Europeana y hacer que la biblioteca digital sea más familiar, primero tenemos que conseguir que haya más universidades e instituciones involucradas en el proyecto. Sólo entonces podremos hablar más acerca de los recursos financieros. Aunque Europeana sea importante para el conocimiento y el patrimonio cultural europeos, la comprensión de un aumento de los fondos —que deberían obtenerse de los fondos de desarrollo económico— es limitada, particularmente en un momento de crisis financiera y en vista de los miles de millones que se van a destinar para ayudar a Grecia. Por todas estas razones, me he abstenido en la votación.

 
  
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  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. (LT) El lema de la UE «Unidos en la diversidad» es muy apropiado para el proyecto Europeana. He votado a favor de este informe, ya que es el primer intento serio de presentar el patrimonio cultural de toda Europa en formato digital. Europa tiene uno de los tesoros culturales más importantes del mundo, al que, en mi opinión, debería poder acceder el más amplio espectro de la sociedad. Es algo lamentable que no todos los países de la UE sean igualmente activos en la transferencia de su patrimonio cultural al espacio virtual. Se trata de un caso particular entre los nuevos Estados miembros de la UE. También hay que mencionar otros problemas aún sin resolver: la financiación del proyecto, la cooperación entre los sectores público y privado, y lo más importante, la cuestión de la protección de los derechos de autor. Es necesario abordar estas cuestiones lo más pronto posible a fin de que los europeos y el mundo entero puedan acceder al patrimonio cultural europeo. Espero que el informe que hemos adoptado, además, acelere la ejecución del proyecto Europeana.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) El voto positivo sobre el programa de Europeana significa apoyo a los esfuerzos para digitalizar el patrimonio cultural de los Estados miembros. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el objetivo es proteger el formato electrónico de las obras en sí, sin permitir que los usuarios lo modifiquen. En resumen, el objetivo no es desarrollar otro motor de búsqueda en Internet, sino crear una página Web que, a la vez, sea un museo, una biblioteca y una fuente de conocimiento científico. Sin embargo, la digitalización del patrimonio cultural no será posible sin la ayuda de los Estados miembros y los organismos nacionales. Por desgracia, el 47 % del contenido de Europeana procede actualmente de Francia, mientras que los países que deberían tener una fuerte presencia, teniendo en cuenta su gran patrimonio cultural, como Grecia, sólo representan un escaso porcentaje de los archivos digitalizados. Además, es necesario prestar especial atención a la protección de los derechos de propiedad intelectual. La digitalización permite el libre acceso de los ciudadanos al conocimiento y la ciencia; de no ser así, por cualquier circunstancia, significaría una nueva esfera de acción para la piratería electrónica y falta de responsabilidad.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) Fue en el año 2000 cuando surgió la idea de crear una biblioteca europea virtual. El objetivo era poner en línea el patrimonio cultural europeo a fin de que fuera más accesible para todos. Quien piensa en Europeana, piensa en «cultura». Hoy en día, Europeana ofrece acceso a siete millones de «objetos digitales» (es decir, imágenes, textos, audio y vídeo), ya sean obras de fama mundial o pequeños tesoros escondidos, tan solo con hacer un clic. Más de 1 000 instituciones culturales le facilitarán el contenido, entre otras, galerías, centros de archivos, bibliotecas y museos (incluidos nada menos que el Rijksmuseum, la Biblioteca Británica y el Louvre). Sin duda, al proyecto aún le queda mucho para terminar. La nueva versión de Europeana, cuyo desarrollo está en curso actualmente, se pondrá en marcha este año con el objetivo de alcanzar un volumen de más de 10 millones de objetos digitalizados antes de junio. Para lograr esto, aún es necesario superar algunos retos pendientes e importantes. Estos son el refuerzo del contenido a largo plazo, la incorporación de más material que esté sujeto a derechos de autor, resolver la cuestión de fuera de impresión o las obras huérfanas, la búsqueda de nuevos métodos de financiación, la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad, proporcionar un servicio totalmente multilingüe, todas las cuestiones que se tratan con astucia en el texto que hemos votado y que yo, como resultado, he apoyado.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) Como miembro de la Comisión de Cultura y Educación, apoyo el informe sobre «Europeana – los próximos pasos». Europeana, gracias a la combinación de los recursos de las bibliotecas digitales nacionales de Europa, se ha convertido en un punto de acceso digital al patrimonio cultural y científico de la humanidad. El proyecto ha sido respaldado por la Asociación de Bibliotecarios Polacos. La realización efectiva del proyecto requiere de recursos financieros estables que garanticen la participación de las bibliotecas nacionales y el acceso universal a los recursos de Europeana. En la actualidad, sólo el 5 % del patrimonio cultural europeo está disponible en formato digital. Casi la mitad (el 47 %) de este proviene de Francia, el 6 % de Alemania y el 5 % de los Países Bajos y del Reino Unido. El proyecto supone que, a partir de junio de 2010, estarán disponibles 10 millones de objetos digitalizados, y 15 millones en 2011. Para que esto sea posible, es necesario aumentar la financiación para la digitalización de los productos culturales, garantizando al mismo tiempo una estrecha cooperación entre los titulares de derechos, las instituciones culturales y el sector público y privado. A fin de que puedan acceder a Europeana tantas personas como sea posible, los materiales deben estar disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Una campaña de información es necesaria para aumentar la concienciación sobre Europeana. El portal también debe tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, que deben poder tener acceso total a los conocimientos colectivos de Europa. Con este fin, la Comisión Europea y los editores individuales deben velar porque las personas con discapacidad cuenten con versiones digitales especiales de obras, tales como lecturas de audio.

 
  
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  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), por escrito. – (PL) Creo que la apertura de la biblioteca Europeana multimedia de Internet es un paso muy importante en el proceso de digitalización del patrimonio cultural de Europa y del mundo. Esta es la razón por la que he aprobado el informe de la señora Trüpel.

El proyecto habilita más de cuatro millones y medio de libros, películas, mapas, revistas, fotografías y piezas de música, y es un archivo que almacena, para las generaciones futuras, material que primero se ha grabado en papel, lienzo o pergamino. Esto es extremadamente valioso tanto para los ciudadanos de a pie como para los investigadores, ya que facilita el acceso a obras que, por norma general, son de difícil acceso.

Un obstáculo importante para el futuro desarrollo de Europeana es la existencia de reglamentos de derechos de autor diferentes en los distintos Estados miembros. Debemos esforzarnos para armonizar la ley con el fin de poner a disposición de los ciudadanos tantas obras como sea posible, garantizando al mismo tiempo un compromiso equitativo para los autores. El éxito del proyecto dependerá en gran medida del compromiso financiero de los Estados miembros.

 
  
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  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. (FR) Me he abstenido en la votación de la resolución alternativa de «Europeana – los próximos pasos», porque esta resolución la presentó el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) a pesar de la votación que tuvo lugar en la Comisión.

En la nueva resolución se reproduce una gran parte de la resolución inicial, por lo que incorpora las enmiendas que había presentado y que fueron adoptadas, pero el nuevo texto tiene por objeto, sobre todo, negar a los ciudadanos los medios para agregar contenido a Europeana a través de un espacio especial y la previsión de desarrollar las herramientas Web 2.0.

Por lo tanto, he optado por no apoyar esta iniciativa en su forma y contenido.

 
  
  

Informe: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque insta a la Comisión Europea a evaluar la aplicación del Plan de acción sobre bienestar de los animales que está actualmente en vigor (2006-2010) y a elaborar otro Plan de acción para 2011-2015. También se contempla en este informe el establecimiento de un sistema de vigilancia más estricto y sanciones más eficaces para los propietarios de animales que no respetan los requisitos de bienestar establecidos por la ley y para la compensación de los agricultores europeos por los costes de producción adicionales asociados a normas de bienestar más estrictas; también sostiene que la financiación de estas medidas debe incorporarse en el régimen de subvenciones de la nueva política agrícola común a partir de 2013. El próximo Plan de acción debe centrarse en una legislación general europea en materia de bienestar animal, en un centro europeo para el bienestar y la salud de los animales, en una mejor aplicación de la legislación vigente, en la relación entre la salud animal y la salud pública, y en las nuevas tecnologías.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) Creo que se ha avanzado en materia de bienestar animal a través de la aplicación del Plan de acción2006-2010, ya que la mayoría de las medidas que figuran en este plan se han aplicado de manera satisfactoria.

Como miembro del comité que supervisa la salud pública y la seguridad alimentaria, acojo con especial satisfacción las medidas adoptadas para reducir los efectos nocivos que tiene el uso de antibióticos en la alimentación animal sobre la salud humana, a raíz de la prohibición de los mismos en 2006. Estas son más razones por las que he votado a favor de este informe.

Sin embargo, quisiera destacar que el futuro plan de acción debe incluir más medidas destinadas a apoyar a los agricultores de la UE y a mejorar la aplicación de la normativa vigente sobre transporte de animales en los Estados miembros.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito.(GA) He votado a favor del informe relativo al plan de acción sobre bienestar de los animales 2006-2010. La salud de los animales y el ganado es importante para los ciudadanos europeos, el sector agrícola europeo y también para la economía de Europa.

Acojo con satisfacción la recomendación del informe de que debería hacerse más hincapié en el plan de acción sobre el respeto de la legislación que ya está en vigor. Por supuesto, es necesario mejorar la aplicación de sistemas de sanciones y normas europeas en relación con el bienestar animal a fin de garantizar que haya un nivel mínimo y satisfactorio en términos de bienestar animal en la Unión Europea. Los productores y agricultores europeos tienen estándares altos. Estoy de acuerdo con la afirmación del informe de que hay que garantizar que los subproductos animales, como la carne, que se importan a la Unión europea, cumplan las mismas condiciones de bienestar de los animales para que haya una competencia leal e igualdad de condiciones para todos los que participan en el mercado.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe, ya que es particularmente importante para aplicar la política europea de bienestar de los animales y la legislación para establecer normas comunes europeas en materia de bienestar animal. La buena salud de los animales y la buena ganadería son aspectos importantes no sólo para el bienestar animal, sino también para la salud pública en su conjunto. Teniendo en cuenta que, según la legislación de la UE, todos los animales son considerados como seres sensibles, debemos reforzar los controles de bienestar animal y adherirnos a las normas de protección de los animales. Por desgracia, la Comisión no ha establecido todavía ninguna estrategia concreta sobre las normas de bienestar animal y se ha limitado al informe presentado en octubre de 2009. Estoy de acuerdo con la petición del Parlamento Europeo a la Comisión para que elabore un nuevo plan de acción2011-2015 y para que asigne los fondos necesarios. El presupuesto de la Unión Europea debe incluir los créditos suficientes para que la Comisión pueda realizar su labor de seguimiento, para apoyar a los productores cuando sea necesario y para contrarrestar la pérdida de competitividad a la que se enfrentan los productores como consecuencia de la adopción de normas nuevas y cambiantes en términos de bienestar animal. Los Estados miembros también deben garantizar la aplicación de las sanciones oportunas cuando se produzca alguna infracción de las normas europeas que regulan el bienestar de los animales. Por lo tanto, sólo mediante las restricciones en la legislación de protección animal y su aplicación se puede garantizar la protección de los animales y evitar que se ofrezcan en el mercado interior los productos animales que no cumplan con las condiciones estipuladas en la legislación general.

 
  
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  Louis Bontes (NI), por escrito. (NL) Aunque el Partido por la Libertad holandés (PVV) apoya el bienestar animal, cabe destacar que se trata de una cuestión que compete a los Estados miembros y no a la UE.

 
  
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  Robert Dušek (S&D), por escrito.(CS) El hecho de que los animales reciban un trato decente ha sido y sigue siendo un deseo activo y una tradición permanente en Europa. El buen estado de salud y la cría de alta calidad del ganado también son aspectos de importancia fundamental para la salud pública. Unas normas estrictas en comparación con el resto del mundo forman parte de la marca de los agricultores europeos, como se destaca, por ejemplo, en la calidad de sus productos agrícolas. Por estas razones, debemos hacer todo lo posible para crear un marco legal que especifique las normas mínimas válidas en toda la UE para todas las formas de cría de ganado. Sólo así será posible que haya una competencia económica justa y libre en el mercado interior. También es necesario exigir la existencia de normas mínimas en el mercado mundial con el fin de evitar que el ganado de los ganaderos europeos se traslade fuera de la UE, a regiones con normas menos estrictas. Acojo con satisfacción la propuesta de la ponente de que los costes de producción más altos asociados con normas más estrictas deben compensarse en el marco de las ayudas de las futuras formas de la PAC. Sin embargo, hay que decir que no se ha seguido avanzando en el seguimiento por satélite de transporte de ganado, y también es lamentable que algunos agricultores europeos no estén siguiendo las normas aprobadas, en particular en el sector porcino. Hay que tener en cuenta que la aplicación de normas más estrictas requiere un mayor gasto financiero y, por lo tanto, los agricultores decentes y responsables se encuentran en desventaja en el mercado a causa del comportamiento de los irresponsables. Por estas razones, es esencial introducir la opción de sanciones adecuadas en caso de violación de los reglamentos de la UE.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la evaluación del plan de acción sobre el bienestar de los animales 2006-2010, que propone que un sistema de supervisión más estricta y sanciones más eficaces a los propietarios de animales que no respeten los requisitos de bienestar establecidos por la legislación en vigor. Es fundamental compensar a los agricultores europeos en el marco de la nueva política agrícola común a causa de unos costes de producción más altos asociados a unas normas más exigentes en términos de bienestar animal.

 
  
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  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. (SV) Tras algunas vacilaciones, los socialdemócratas suecos hemos optado por votar a favor de este informe sobre bienestar animal en Europa. Hubiéramos preferido un enfoque más ambicioso con respecto al bienestar animal en Europa y no queremos que esta protección se formule de tal manera que impida a los Estados miembros establecer normas más estrictas que las de los reglamentos europeos. Sin embargo, hemos decidido considerar el informe como parte de un proceso continuo que poco a poco permitirá el cumplimiento de estas normas y, por tanto, hemos votado a su favor.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Estoy de acuerdo con la ponente alternativa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), la señora Jeggle, en que es necesario adoptar un enfoque más coherente en términos de bienestar animal, pero eso no quiere decir que se necesiten nuevas leyes y reglamentos. Por otra parte, debo hacer la observación —sin menospreciar el tema de la protección del bienestar animal— de que demasiadas normas y demasiados reglamentos pueden tener, en última instancia, repercusiones negativas en el mercado.

No hay que olvidar que mientras más normas haya, más difícil será que los productores las cumplan, y la cría de ganado será menos competitiva en Europa. Por otra parte, la excesiva protección de los animales no debe hacernos olvidar otros valores que son igualmente importantes y que debemos conservar, como la competitividad económica, la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, e incluso algunas tradiciones nacionales.

Por otro lado, sin embargo, también hay que proteger la salud humana de las enfermedades transmitidas por los animales (ya sean animales salvajes, mascotas o animales para consumo humano), y esta cuestión requiere una investigación científica que nos muestre la forma de regular y proteger mejor la salud pública.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Un alto nivel de bienestar de los animales desde que se crían hasta que se matan puede mejorar la seguridad y calidad del producto. Las normas europeas en este ámbito son alguna de las más estrictas del mundo. Sin embargo, el cumplimiento de estas normas no debe poner a los productores europeos en desventaja en el mercado europeo. La verdad es que estas normas implican costes operativos, financieros y administrativos para los agricultores de la UE. La reciprocidad de las normas es necesaria si va a haber una competencia leal en lo que respecta a los productores no comunitarios. Por lo tanto, los agricultores europeos deben ser compensados por los mayores costes de producción inherentes a las normas más estrictas en términos de bienestar animal. La financiación de esta compensación debe consistir en nuevos sistemas de subvención de la política agrícola común a partir de 2013. Quiero subrayar que la política europea sobre la protección de los animales tiene que ir acompañada de una política comercial coherente. Me gustaría destacar el hecho de que no se mencionaba la cuestión del bienestar animal en el acuerdo marco de julio de 2004, ni en cualquier otro documento clave de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No se deben introducir más normas de bienestar animal que tengan repercusiones negativas en la competitividad de los productores hasta que nuestros socios de la Organización Mundial del Comercio no se suscriban a ellos.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hay varios aspectos importantes del informe aprobado que son positivos: en primer lugar, la necesidad de regular las importaciones y garantizar que todos los animales y la carne importados de terceros países cumplen los requisitos de bienestar de la misma forma en que se aplican en la UE; en segundo lugar, la necesidad de cubrir adecuadamente los costes adicionales derivados de la promoción del bienestar animal; en tercer lugar, el reconocimiento de la capacidad de inversión limitada de muchos productores pequeños y medianos, que se ven perjudicados por la forma injusta en que funciona la cadena alimentaria y, por último, la propuesta de incentivos para la cría regional, la comercialización y el sacrificio de los animales a fin de obviar la necesidad de que tengan que transportarse los animales por largas distancias para criarlos o sacrificarlos. Lamentablemente, el informe no reconoce que la actual política agrícola común (PAC) promueve y favorece los modelos de producción intensivos, que son con frecuencia incompatibles con el bienestar y la salud de los animales. Podría y debería haber ido más lejos, al criticar la actual PAC, desestimando su productivismo y abogando por una nueva política agrícola. Además, hace propuestas que no son realistas y viables a duras penas, tales como el desarrollo de un sistema de satélites para el seguimiento del transporte de animales.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) Tengo que hacer dos comentarios con respecto a este informe. Incluso si la ponente no sigue totalmente adelante con su lógica, resulta agradable ver que este Parlamento finalmente se está percatando de una serie de problemas. La imposición de normas legítimas a nuestros propios productores y criadores los penaliza en un sistema de comercio ultraliberal en que la OMC considera que las preocupaciones sociales, medioambientales o de otro tipo son barreras no arancelarias para el comercio. ¿Tengo que recordar a alguien que este mismo Parlamento siempre ha priorizado el comercio y que, por tanto, es responsable de forma conjunta de esta situación? También estoy sorprendido por el hecho de que no se hayan mencionado las regresiones legislativas impuestas por la Comisión, en particular, en lo que respecta a la producción ecológica, que repercuten no sólo en la calidad de los productos, sino también sobre el bienestar animal y la salud humana. En segundo lugar, es hora de reconocer que el respeto, y cito textualmente, «de las costumbres relacionadas particularmente con los ritos religiosos y las tradiciones culturales» puede ir en contra de estas normas que dicen defender y contra las verdaderas tradiciones y prácticas europeas. Es inaceptable que algunas comunidades extranjeras puedan insistir, sobre esta base, en los métodos crueles de matanzas, e incluso recomendar el incumplimiento de los reglamentos europeos en este ámbito.

 
  
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  Dan Jørgensen (S&D), por escrito. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre la protección y bienestar animal en la UE. Apoyamos una política de bienestar animal ambiciosa que haga que se tenga más en cuenta el bienestar animal conforme al artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE posiblemente mediante un sistema de incentivos. Sin embargo, no estamos a favor de la asignación automática de nuevos fondos al sector agrícola europeo como resultado de las pérdidas financieras asociadas con la consideración del bienestar animal.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Creo que el bienestar animal es una prioridad que afecta enormemente a la salud pública y a la economía europea. Es esencial que se aplique una legislación coherente al respecto de forma rápida y eficiente además de establecer una institución que coordine el bienestar animal. Actualmente, el Plan de acción comunitario existente se ha implantado satisfactoriamente pero en el futuro habrá que prestar más atención al tema del transporte y control de animales. Tenemos que luchar por reducir las diferencias entre los niveles de bienestar animal en los diferentes países de la Unión porque en la actualidad existen grandes disparidades en las condiciones de vida de los animales y hay una desestabilización cada vez mayor de los mercados ganaderos.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Celebro el hecho de que Europa ha logrado uno de los niveles más altos del mundo en este ámbito. La creación de sistemas de control más estrictos y penalizaciones más efectivas para los dueños de animales que no respeten los requisitos establecidos por la ley es esencial pero, dado que tales medidas suponen costes más altos para los ganaderos, estamos a favor de las compensaciones que se incluyen en este plan en el régimen de ayudas de la nueva PAC a partir de 2013. Es importante destacar que, junto con este plan, la UE debería imponer normas estrictas y bien definidas para otros países que no respeten estos niveles de exigencia y se conviertan así en competencia desleal para los ganaderos europeos.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Durante años, la UE ha estado intentando conseguir directivas normalizadas sobre asuntos relacionados con la ganadería. Se ha progreso en el ámbito de la ganadería intensiva concretamente pero aún queda trabajo por hacer. En cualquier caso, lo lógico es continuar con el plan de acción, especialmente con relación al cumplimiento de la legislación y directivas existentes. A este respecto, hay que hacer de nuevo una clara mención al problema de los perros importados del Este ya que no se han eliminado todas las lagunas jurídicas de los reglamentos. Animales enfermos y abandonados, la mayoría separados demasiado pronto de sus madres, son transportados a Occidente en las condiciones más deplorables para ser vendidos aquí por grandes cantidades de dinero. Se debería ver este informe como un paso positivo en la dirección correcta y por eso he votado a favor.

 
  
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  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. (DA) He votado a favor del informe de iniciativa propia del Parlamento Europeo sobre la evaluación Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales (informe Paulsen) porque apoyo plenamente el objetivo de fortalecer el bienestar animal en la UE.

Sin embargo, el informe no deja claro si la UE va a establecer una armonización máxima al respecto. No podría apoyar, bajo ninguna circunstancia, una propuesta en el futuro que impidiera que los Estados miembros produjesen niveles de exigencia obligatorios para el bienestar animal que fueran mejores que los que podemos acordar a nivel europeo.

Por el contrario, creo que es crucial para seguir buscando un mejor bienestar para los animales que los Estados miembros puedan encabezar las acciones este ámbito.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , por escrito. (SV) He votado a favor del informe Paulsen sobre la legislación en materia de bienestar animal. Sin embargo, quisiera señalar que es importante que esta legislación represente los niveles de exigencia mínimos. Los Estados miembros y las regiones tienen que tener la oportunidad de aplicar una legislación de mayor alcance en materia de bienestar animal.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El informe que votamos hoy evalúa de forma objetiva y crítica los resultados del Plan de Acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 y establece objetivos realistas y necesarios para el crecimiento —en el sentido de progreso— de la producción alimentario y el consumo en la UE. Un tema que quisiera destacar es el reconocimiento de que productos de mejor calidad significa mayores costes para los productores, en especial los productores primarios, que normalmente no suponen una demanda comercial mayor puesto que sólo una minoría de consumidores elegirá productos más caros.

Por tanto, el informe hace hincapié en la necesidad de compensar a estos productores por sus esfuerzos. Asimismo, se debería tener en cuenta la intención de imponer las normas que se aplican a los productos europeos a los productos de terceros países, puesto que garantiza comercio justo y equilibrado. Por último, me parece importante defender la creación de un organismo europeo de coordinación y la adopción de una legislación común para armonizar las mejores prácticas y establecer mecanismos de supervisión.

 
  
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  Daniël van der Stoep (NI), por escrito. (NL) Aunque el Partido por la Libertad holandés (PVV) holandés apoya el bienestar animal, se trate de un asunto que deben tratar los Estados miembros y no la UE.

 
  
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  Artur Zasada (PPE), por escrito.(PL) Hoy, hemos aprobado una resolución importante que evalúa el plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010. Se requieren altos niveles de salud animal no sólo por razones éticas sino también por la seguridad y calidad de los productos animales y esto, sin duda, crea una marca agrícola europea positiva y fiable.

 
  
  

Informe: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
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  Richard Ashworth (ECR), por escrito. – Aunque apoyamos las medidas para gestionar y proteger los bosques europeos, no apoyamos la creación de una nueva política forestal europea que transfiera poderes a la UE en este ámbito. El informe también hace referencia a la Directiva del suelo, legislación que cuenta con la oposición de la delegación conservadora británica puesto que los Estados miembros son los que mejor gestionan el suelo porque aplicar las mismas normas a todos los suelos desde el norte de Finlandia hasta el sur de Grecia no beneficiará a los agricultores en el Reino Unido. Los agricultores de Reino Unido ya cumplen niveles de exigencia voluntariamente muy altos con respecto a la gestión del suelo y han seguido mejorándolos. La Directiva del suelo tal y como propuso la Comisión Europea tenía defectos en muchos aspectos y sólo conllevaría más reglamentos, más costes y menos flexibilidad para los agricultores británicos que creen saber mejor que los burócratas europeos cómo gestionar su propia tierra.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) En mi opinión, el informe sobre la agricultura de la UE y el cambio climático tiene la cualidad esencial de combinar la protección del medio ambiente con la promoción de un sector agrícola europeo más fuerte. De hecho, el sector agrícola tiene que avanzar hacia medios de producción que sean más respetuosos con el medio ambiente y más sostenibles.

No obstante, estos objetivos no pueden ser, bajo ningún concepto, un pretexto para debilitar la agricultura en la UE. Para asegurarnos de ello tenemos que garantizar un mejor uso de los recursos y capacidad de seguimiento del producto. Por tanto, he votado a favor de este informe porque respeta estos equilibrios.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – He dado todo mi apoyo a este informe. La próxima reforma de la PAC tendrá que tener en cuenta muchas cuestiones, entre ellas el cambio climático. Ya está claro que el cambio climático tendrá un efecto negativo en la agricultura de la UE, sobre todo en las regiones del sur y sureste. La nueva PAC tendrá entonces que satisfacer la creciente demanda pública de que haya una política agrícola más sostenible. Hasta el momento, la PAC no se ocupa de cuestiones medioambientales de forma coherente. Los nuevos desafíos que plantean el cambio climático, la gestión del agua, las energías renovables y la biodiversidad no se incluyeron plenamente en la revisión de la PAC. Estoy convencido de que hay que convertir la PAC en una política agrícola, alimentaria y medioambiental con sistemas de apoyo a los agricultores más justos y más sostenibles a la vez que garantizamos la conservación de las zonas rurales, la biodiversidad, la captura del carbono y la seguridad alimentaria.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) La PAC es un ámbito clava en la lucha contra el cambio climático en los próximos años. Como tal el informe que presenta el señor Le Foll prudentemente coloca el clima como tema central de la PAC.

El cambio climático asesta un golpe doble a la agricultura. Es la primera en sufrir el aumento de las sequías y desastres naturales. Sin embargo, también es responsable del 9 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. El Parlamento Europeo demuestra que tenemos buenas medidas a nuestro alcance.

Los abonos nitrogenados que utilizan los agricultores son importantes emisores de CO2. Especificando su uso, mediante la promoción de abonos a partir de residuos orgánicos y haciendo hincapié en la agricultura orgánica reduciríamos de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. El metano de las heces de los animales también es una fuente renovable de energía. Además, los bosques y suelos europeos son también increíbles reservas de CO2.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La UE es el mayor importador de productos agrícolas pero también me alegro de la promoción que se ha hecho sobre la producción interna con un impacto mínimo en el cambio climático. Las conclusiones del informe que se han debatido el miércoles en el Parlamento Europeo ponen de relieve que importar productos agrícolas de terceros países tiene un impacto mucho más perjudicial en el medio ambiente que la producción interna, la cual está sujeta a reglamentos más estrictos sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, haciendo que sea más propicio el cambio climático.

La agricultura ha sido y será la principal fuente de alimento mundial. Según Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la producción alimentaria mundial deberá aumentar un 70 % en los próximos 40 años para satisfacer las necesidades alimentarias de la población mundial. La UE tiene que empezar a idear políticas o implantar las políticas existentes urgentemente para evitar una crisis a largo plazo. Estas políticas tienen que estar respaldadas por unos objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono ambiciosos con un impacto medioambiental adverso porque estamos dentro de un círculo vicioso. Según los expertos, la agricultura que se lleva a cabo con independencia de su impacto medioambiental causará un calentamiento global que nos conducirá a problemas mayores incluso con respecto al ejercicio de la agricultura a largo plazo.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) La agricultura europea contribuye a la consecución de los objetivos de mitigación del cambio climático de la UE para 2020. Las emisiones de gas de efecto invernadero se han reducido como resultado del aumento de la eficiencia de la agricultura de la UE, innovaciones constantes, utilización de nuevas técnicas como el almacenamiento de CO2 en el suelo y avances en la producción de energías renovables y sostenibles. Por tanto, la innovación tiene un papel importante a la hora de reducir el impacto que tiene la agricultura sobre el cambio climático y sus consecuencias medioambientales. Pido que se utilicen los fondos europeos del sector agrícola para desarrollar la tecnología para adaptar este sector a la lucha contra el cambio climático. El papel de la agricultura en el proceso de lucha contra el cambio climático tiene que tener en cuenta la postura competitiva del sector de los agroalimentos de la UE en el mercado mundial, de modo que hay que encontrar soluciones que permitan que la agricultura convencional contribuya a la gestión sostenible del medio ambiente y, al mismo tiempo, la proteja de la especulación de los agroalimentos en el mercado de materias y del proteccionismo del comercio internacional.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) La delegación del Movimiento Democrático en el Parlamento Europeo celebra la aprobación del informe sobre la agricultura de la UE y el cambio climático. Aprueba el hecho de que se haya hecho hincapié en los nuevos desafíos a los que tendrá que hacer frente la PAC: el cambio climático, la cuestión del agua, las energías renovables y la biodiversidad y la gestión del suelo (captura de carbono, capacidad de retención de agua y de minerales, vida biológica, etc.). Con la misma intención, la delegación del Movimiento Democrático quiso que se creare una política forestal común para promover la gestión y producción sostenible de los bosques y dar una mejor utilidad a las contribuciones de la industria de la madera y su desarrollo económico. Estas son cuestiones esenciales y tendrán que ocupar un lugar en la futura PAC.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la agricultura de la UE y el cambio climático porque presente medidas concretas que pueden contribuir a hacer que la agricultura sea más sostenible. La agricultura es una de las actividades más afectadas por el cambio climático pero también uno de los mayores emisores de CO2. La próxima revisión de la PAC tiene que incentivar el desarrollo de prácticas que permitan que la agricultura europea esté mejor adaptada a las consecuencias del cambio climático al mismo tiempo que contribuye a ralentizarlo.

 
  
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  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. (SV) Nosotros, los socialdemócratas suecos hemos votado en contra de la parte del informe que pide una política forestal común para la UE. Creemos que los Estados miembros deberían seguir tomando decisiones sobre temas relaciones con la política forestal.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La agricultura es responsable del 9,3 % de las emisiones de CO2 en la UE, mientras que en 1990 representaba el 11 %. Se ha visto una reducción progresiva y constante de las emisiones de gases de efecto invernadero y la agricultura ha hecho una contribución positiva a la consecución de los objetivos de reducción de las emisiones fijados por la UE.

Además, tengo que señalar que, aunque las inquietudes con respecto al sector agrícola son legítimas y necesarias, hay que sopesarlas debidamente con el impacto de las propuestas en cuanto a la sostenibilidad y productividad agrícola. Por esta misma razón, la reforma de la PAC tiene que analizar detenidamente la relación entre la agricultura y la protección del medio ambiente, sin olvidar que, aparte de su impacto negativo en el medio ambiente (como resultado especialmente de las emisiones de CO2), la agricultura contribuye de forma decisiva a la conservación y gestión de los recursos naturales, al crecimiento ecológico y a la gestión del paisaje y la biodiversidad. Estos son los efectos beneficiosos de la agricultura que hay que tener en cuenta en cualquier propuesta que analice la relación entre la agricultura y el medio ambiente.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La agricultura está directamente relacionada con el cambio climático puesto que contribuye en parte a la emisión de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo se ve afectada por él. Ya se está sintiendo el impacto negativo del cambio climático, con las sequías y la erosión del suelo que causan problemas importantes sobre todo en los Estados miembros del sur. Sin embargo, la agricultura también puede contribuir a combatir el cambio climático y tiene un gran potencial para el desarrollo sostenible. La PAC tiene, por tanto, que fomentar prácticas agrícolas que limiten las emisiones y/o mejoren la fijación del carbono puesto que los sectores agrícola y forestal son los principales sectores económicos capaces de capturar el CO2 generado por las actividades humanas, acumularlo y almacenarlo en el suelo. Tenemos que avanzar hacia una agricultura más sostenible, es decir, hacia una eficiencia mayor. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la producción alimentaria mundial deberá aumentar un 70 % de aquí a 2050 para alimentar a una mayor población mundial. Tendremos que producir más pero de forma sostenible, lo que requiere una mayor eficiencia, la adopción de técnicas y prácticas mejores y una mayor inversión en investigación científica en este ámbito.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La consideración de las implicaciones del cambio climático en la agricultura es una preocupación pertinente como también lo es, además de totalmente justificada y necesaria, la compatibilización de la actividad agrícola con la conservación de un conjunto de valores naturales y culturales como los suelos, el paisaje y la biodiversidad. No obstante, estas preocupaciones no nos deben hacer olvidar que la principal función de la agricultura es producir alimentos, ni nos puede servir de pretexto para hacer enmiendas a la PAC que empeoren la ya seria e inaceptable dependencia de varios países tanto Estados miembros —como es el caso de Portugal— como terceros países. Esta dependencia atenta contra la soberanía y seguridad alimentaria de las poblaciones de estos países en nombre de la supuestamente intocable «la posición competitiva de la industria agroalimentaria de la Unión Europea en el mercado mundial». Hubiera sido importante que este informe dedicara aunque fuera unas líneas a la necesidad de romper con el modelo productivista que ha caracterizado las sucesivas reformas de la PAC y a sus trágicas consecuencias sociales y medioambientales; lamentablemente no se menciona ni una palabra al respecto. Asimismo hubiera sido importante que evitara cualquier ambigüedad en un momento en el que nos enfrentamos a la tentativa por parte de la Comisión Europea de imponer los intereses de las multinacionales agroalimentarias con respecto a la extensión de las cosechas modificadas genéticamente.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He apoyado el informe de mi colega socialista el señor Le Foll, puesto que defienda la idea de que la agricultura europea tiene q seguir adaptándose, como ya ha empezado a hacer, a las consecuencias del cambio climático y prepararse para el impacto que tendrán estos cambios en el futuro en muchas regiones de la UE. En realidad la agricultura desempeña un papel importante en la lucha contra el calentamiento global. Es una cuestión esencial cuando hablamos de seguridad alimentaria y de emprender el camino de la sostenibilidad. En este contexto, a partir de 2013 la PAC tiene que integrar el aspecto «climático» inevitablemente y proporcionar soluciones y asistencia para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero mediante el fomento del almacenamiento del carbono en el suelo y el desarrollo de la producción de energías renovables y sostenibles y maximizando la función de la fotosíntesis.

 
  
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  Dan Jørgensen (S&D), por escrito. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe (A7-0060/2010) sobre la agricultura y el cambio climático. Apoyamos una política agraria ambiciosa que prepare al sector agrícola europeo para el cambio climático pero no estamos a favor de que se asignen nuevos fondos a la PAC.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. (PL) Sobre la cuestión del cambio climático, no se debería tratar a la agricultura como una rama de la economía que es dañina. Más bien lo contrario, se la debería tratar como una industria que posee no sólo las mejores opciones para adaptarse a los cambios en el ecosistema, sino como una que positivamente permite combatir de forma efectiva los efectos dañinos del calentamiento global. Ahora se ve una reducción significativa del nivel de emisiones de CO2 en la agricultura en comparación con décadas anteriores. La inversión en el desarrollo rural, el segundo pilar de la PAC, permitirá una mejor educación para los agricultores, la modernización de las granjas y también una supervisión y control adecuados del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Una gestión adecuada de las granjas tendrá como resultado la captura del carbono y una mayor seguridad alimentaria. La investigación innovadora y la debida inversión que establezca la PAC facilitarán que la agricultura se convierta en una herramienta poderosa en la lucha contra el cambio climático y la contaminación de la atmósfera.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Este informe apoya el productivismo y liberalismo que va en contra del interés general que depende del respeto por los seres humanos y por nuestro ecosistema. El productivismo y el capitalismo no permiten ninguno de ellos. No obstante, la preferencia conferida a los circuitos cortos (aunque no están descritos como tal), la prioridad dada a las fuentes de energía renovable, la revisión de sistemas de regadío costosos o incluso la mitigación de los efectos del cambio climático que se describen como «bien común» son demasiadas concesiones a nuestros argumentos como para ser ignoradas.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El cambio climático se ha convertido poco a poco en una realidad a la que todos tendremos que hacer frente de forma prioritaria en la política comunitaria. El cambio climático daña la agricultura, que según los últimos informes publicados indican datos muy desalentadores para este sector. Aparentemente serán los países del sur de Europa, sobre todo, los más afectados por el cambio climático. Es esencial que la PAC tome las medidas adecuadas en respuesta al cambio climático y promueva una mejor gestión de los recursos. Optimizar los recursos hidráulicos, elegir la variedad de cosechas por su resistencia al cambio climático y a las enfermedades, proteger el suelo de la erosión, conservar los pastos, aumentar la forestación, restaurar las zonas dañadas, gestionar mejor los bosques de tal forma que se limite el riesgo de incendio y tomar nuevas medidas para seguir y controlar las enfermedades son medidas extremadamente importantes para adaptar la agricultura europea a los efectos del calentamiento global. Los agricultores serán cada vez más dependientes del estado del clima de modo que aprobamos cualquier medida que resuelva este problema.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de este in expuesto a la presión que éste ejerce. Sin embargo, al mismo tiempo, está directamente asociada con los objetivos de mitigación del impacto del cambio climático ya sea ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reteniendo y garantizando una gestión satisfactoria de los recursos hidráulicos o potenciando la producción y descentralizando las fuentes de energía sostenibles y renovables. En este sentido, los estados del este de Europa con sectores agrícolas altamente desarrollados se pueden beneficiar plenamente del desarrollo de la industria de los biocombustibles y así contribuir al crecimiento de los ingresos en las zonas rurales y a la creación de empleos «ecológicos» (por ejemplo, se prevé la creación de 750 000 empleos relaciones con las fuentes de energía renovables en el sector agrícola para 2020).

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. (FR) Todas las iniciativas que tengan el objetivo de reducir el calentamiento global son bienvenidas. Esto se suma a lo ocurrido ayer en el Parlamento Europeo, en el que 1 500 funcionarios elegidos de las capitales europeas se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero más del 20 % para 2020. La aprobación del informe Le Foll hoy sobre la adaptación de la agricultura europea al cambio climático sigue las líneas de este enfoque. No olvidemos que el sector agrícola es responsable de casi el 10 % de las emisiones de CO2. La agricultura tiene mucho que ganar si se anticipa a los efectos dañinos del cambio climático: zonas inundadas, reducción de las tierras de cultivo, deforestación y cifras impredecibles. Por tanto, es necesario que trabajemos en el aspecto sostenible de la agricultura. Promover un uso razonable de los abonos y plaguicidas junto con la diversificación de la producción agrícola y ganadera, garantizará a los agricultores y ganaderos mucha más autonomía y una base de capital mejorada. Evidentemente, la agricultura europea tiene que desempeñar un papel importante a la hora de combatir el cambio climático. Hay varias posibilidades: la utilización de reservas de carbono, un suministro de energía renovable y nuevas técnicas de regadío. Todo lo que queda es transformar estas ideas en políticas concretas e incorporarlas a la PAC reformada de 2013.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , por escrito. (SV) He votado en contra de este informe. La razón es que el informe del señor Le Foll aboga por una política forestal común. La política forestal es un asunto nacional: hay grandes disparidades entre los Estados miembros de la UE. Asimismo creo que, aparte de los problemas medioambientales transfronterizos, no es adecuado que la política agraria se decida a nivel europeo, en especial después de la ampliación de la UE a 27 países. Sin embargo, mientras la PAC de la UE exista quiero que las decisiones sean tan buenas como sea posible con el claro objetivo de abordar el cambio climático. Coincido con muchas de las propuestas del señor Le Foll para abordar el cambio climático, una cuestión clave en la actualidad pero recomendar la creación de una política forestal común no es el camino correcto.

 
  
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  József Szájer (PPE), por escrito. – Para que conste: como responsable de la disciplina del Grupo PPE, declaro que la intención original del Grupo PPE era votar en contra de los párrafos 18/2 (votación nominal). Ha habido un error técnico por parte del Grupo.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor del informe Stéphane Le Foll. Lo he hecho porque estoy convencido de la importancia del papel que la agricultura desempeñará con respecto a los problemas relacionados con el tratamiento del calentamiento global. Nuestra agricultura ayudará a la UE a cumplir sus objetivos de reducir las emisiones. Celebro la aprobación de los párrafos 18 y 20 que hacen referencia al respeto y la mejora de la calidad del suelo con la fijación del carbono y la utilización de la biomasa para la calefacción que podría reducir de forma significativa el impacto dañino del cambio climático. Esto totalmente seguro de que con el tiempo la PAC será más sostenible, ¡apoyo una PAC respetuosa con el medio ambiente!

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) El cambio climático puede afectar a la agricultura: puede que haya escasez de agua, puede que aparezcan nuevas enfermedades y el calor excesivo afecte al ganado. La agricultura puede ayudar a ralentizar el cambio climático pero también debería estar preparada para adaptarse al impacto del calentamiento global. La PAC tiene que reconocer el impacto del calentamiento global y tomar medidas para reducir el cambio climático. Esto se puede lograr mediante la promoción de energías limpias y renovables, provisión de almacenamiento geológico para el dióxido de carbono y limitando la cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero. Sin embargo, aún no están claros cuáles son los costes asociados a la adaptación de la PAC y la reducción del cambio climático. Hay que realizar un análisis exhaustivo del beneficio económico. El cambio climático es una amenaza real pero a corto plazo se requiere una mejor gestión de los recursos. La ampliación de la UE ha tenido un gran impacto en la agricultura comunitaria. A los 6 millones de agricultores de la UE se sumaron 7 millones más. El 90 % del territorio de la UE son zonas rurales y más de la mitad se dedican a la agricultura. Sólo este hecho subraya la importancia de la agricultura para el medio ambiente natural de la UE. En la Conferencia de Varsovia en febrero de 2010, Lituania y otros ocho Estados miembros firmaron una declaración sobre la nueva PAC, como una expresión más de solidaridad y consideración. No podemos dividir Europa en Estados «nuevos» y Estados «veteranos»; tenemos que demostrar solidaridad. Para garantizar un ingreso estable y justo a los agricultores europeos a partir de 2013 y para reducir el cambio climático, necesitamos una PAC europea fuerte.

 
  
  

Informe: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este excelente informe presentado por el italiano, Herbert Dorfmann, sobre el proceso iniciado por la Comisión Europea para revisar los criterios para la concesión del estatus de «zonas agrícolas con dificultades naturales» y, por tanto, la indemnización compensatoria de las limitaciones naturales permanentes. Deberíamos destacar particularmente la importancia del párrafo 18 de este informe que ya se niega a respaldar los criterios propuestos por la Comisión Europea: «Subraya que sólo podrá llegarse a una opinión definitiva sobre las unidades territoriales básicas elegidas, los criterios y el umbral propuesto por la Comisión cuando se disponga de los mapas detallados que los Estados miembros deben elaborar [...]».

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito.(GA) He votado a favor del informe Dorfmann sobre la agricultura en zonas con dificultades naturales (zonas menos favorecidas).

Aproximadamente el 75 % del suelo en Irlanda se ha calificado como zona desfavorecida, y el régimen actual proporciona ayuda a unas 100 000 familias campesinas. Este régimen es necesario para la viabilidad y desarrollo rural y para combatir el abandono de tierras así como para proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Con la financiación adecuada, este régimen puede prestar ayuda económica a los campesinos que desempeñen su labor en condiciones muy difíciles.

Puesto que la agricultura en Irlanda es limitada debido a las condiciones climáticas frías y húmedas, me complace ver que el informe hace referencia a las dificultades relacionadas con la agricultura en suelos inexplotables, húmedos. Asimismo celebro la referencia a los «días de capacidad del suelo» que hace posible que se tenga en cuenta la interacción entre el tipo de suelo y el clima.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Creo que la aplicación de criterios uniformes simplificaría la implantación del sistema de pagos para las zonas con dificultades naturales en toda la UE y proporcionaría una mayor transparencia y trato uniforme a los beneficiarios de estos regímenes de ayuda.

Es totalmente primordial que se centre este apoyo en las zonas más afectadas por el abandono de tierras. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta los siguientes criterios como parte del ejercicio: no se puede incurrir en costes adicionales y hay que considerar el impacto que tendrá el cambio en la delimitación en las zonas donde la agricultura desempeña un papel clave en la economía local. En este sentido, creo que lo apropiado es poner en marcha medidas en las zonas afectadas por los cambios en la delimitación, que tengan por objeto potenciar la competitividad del sector agrícola y promover la diversificación.

 
  
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  Robert Dušek (S&D), por escrito.(CS) El informe sobre el apoyo a las zonas rurales desfavorecidas tiene la finalidad de redefinir las zonas desfavorecidas de la UE y reformar su ayuda financiera y estructural. Los Estados miembros han identificado previamente como zonas desfavorecidas más de la mitad del total de tierras destinadas a la agricultura en la UE y, por tanto, es esencial redefinir los conceptos y condiciones que se aplican a este tipo de tierras. El apoyo al desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola permite a los Estados miembros, en el marco de la mejora del medio ambiente y del medio rural, realizar ayudas a las zonas de montaña con dificultades naturales así como ayudas a otras zonas con dificultades. Estas ayudas deberían contribuir, mediante la utilización permanente de las tierras de cultivo, a la conservación del entorno rural y al apoyo de sistemas agrícolas sostenibles y deberían indemnizar por los costes adicionales y pérdida de ganancias. La investigación ha demostrado que los Estados miembros identifican temporalmente las zonas desfavorecidas partiendo de una serie de criterios diferentes y estos pueden llevar a distintas respuestas y niveles de ayuda entre los Estados miembros. Por tanto, celebro la sugerencia del ponente de dejar margen a los Estados miembros para que revisen los criterios nuevos antes de comenzar con las ayudas. No obstante, debería haber un límite de plazo para esto dado que todo el proceso de reforma se puede ver muy retrasado por la apatía de algunos Estados miembros, que no sólo tendrá un efecto adverso en las ayudas de estos fondos sino también contribuirá a crear un entorno jurídico confuso en cada Estado miembro. Apoyo completamente el informe.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La ayuda para las zonas rurales menos favorecidas es un elemento esencial del segundo pilar de la política agrícola común (Política de Desarrollo Rural) ya que es natural que las regiones con dificultades naturales sean las beneficiarias de herramientas y políticas concretas.

La Comisión propone en esta comunicación que, según el apartado 3 del artículo 50 del Reglamento (CE) Nº 1698/2005, se defina el resto de zonas menos favorecidas según criterios objetivos. Para ello, propone ocho criterios edafoclimáticos que, a partir de ciertos límites, obstaculizan fuertemente las actividades agrarias en Europa: criterios climáticos (bajas temperaturas permanentes o calor excesivo), criterios relativos a la naturaleza de los suelos (terrenos con drenaje defectuoso); suelos con abundancia de piedras, arenas o lodos; poca profundidad de enraizamiento; terrenos salobreños), así como suelos con una humedad muy poco adecuada o fuertes pendientes. Esta definición de criterios objetivos es positiva pero hay que ponerlos en práctica sobre el terreno para verificar si fiabilidad y adaptabilidad a situaciones reales y a las características específicas de cada zona natural.

Asimismo hay que considerar la posibilidad de que haya un periodo transitorio, con su propio régimen, para cada región que pierda su clasificación como zona menos favorecida.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El apoyo a las zonas rurales menos favorecidas constituye un elemento esencial de la política de desarrollo rural. Defiendo la concesión de indemnizaciones compensatorias a las zonas menos favorecidas de forma que los agricultores ayuden a conservar el entorno rural y adopten una agricultura sostenible que proporcione bienes públicos como paisajes, la calidad del agua y el aire y la conservación de la biodiversidad. Esta ayuda permite la cohesión social y territorial, conservando las zonas rurales y les confiere un estatus de una zona de economía vital e importancia natural. Lo que se pone en duda en este informe son los criterios relacionados con «otras zonas con dificultades naturales », conforme a la letra a del apartado 3 del artículo 50 del Reglamento (CE) Nº 1698/2005. Un equipo de expertos identificó ocho criterios edafoclimáticos que, a partir de ciertos límites, obstaculizan fuertemente las actividades agrarias en Europa. Estoy de acuerdo con que el criterio geográfico «aislamiento» también hay que tenerlo en cuenta puesto que es una dificultad natural. Espero que los Estados miembros puedan aplicar criterios objetivos con respecto al suelo que se adapten a las condiciones de su zona natural cuando designen zonas con dificultades naturales.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Es algo positivo que se crea que «el régimen de ayuda a las zonas desfavorecidas debe estar vinculado a una agricultura activa» y que «unos criterios estrictos y puramente biofísicos pueden no ser adecuados». También consideramos positiva la inclusión del criterio geográfico «aislamiento» y la declaración de que «podría ser necesario utilizar de forma acumulativa los criterios adoptados». Sin embargo, estos aspectos contradicen otros incluidos en el informe, en especial la definición de «periodo transitorio» para adaptarse a los criterios nuevos; en otras palabras, la aceptación tácita de nuevos criterios propuestos por la Comisión. Nos oponemos totalmente a que los nuevos criterios se reflejen en el futuro desarrollo de la PAC, como también se defiende, manteniendo esta política en el ámbito del desarrollo rural con cofinanciamiento, o sea, manteniendo otra forma de discriminación entre países. Si se lleva a cabo, la propuesta de la Comisión perjudicaría de forma extrema los intereses de los países del sur, en especial, Portugal. Por eso advertimos de la necesidad de redactar una PAC para corregir esta propuesta y demostrar y evaluar el uso no sólo de un conjunto de criterios biofísicos sino socioeconómicos también como el PIB per cápita, rendimiento por unidad de trabajo familiar e indicadores de desertificación.

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) Este informe hace hincapié en la importancia que tendrá la nueva PAC para todos los Estados miembros. La protección de zonas con dificultades naturales será uno de los principales puntos de esta política que implantarán la UE y las regiones de los Estados miembros, aplicando así la subsidiariedad en términos prácticos. La Comisión de la UE tiene que tener en cuenta esta subsidiariedad, en especial con respecto a la identificación de los parámetros que definirán estas zonas. La Comisión no puede negar el hecho de que la recuperación de zonas con dificultades naturales proporcionará ayuda tangible a los agricultores afectados por la actual crisis, y ayudará a mantener el medio ambiente en buen estado. Recordarles que todo esto tiene que ser posible no sólo en la teoría sino también en la práctica mediante la asignación de los fondos adecuados para proteger y volver a desarrollar estas zonas. De este modo, podríamos recuperar y proporcionar incentivos para el desarrollo económico de la agricultura en todas las zonas con potencial para el crecimiento y determinar las repercusiones en el mercado como la producción agrícola de agroalimentos propios de la zona y la protección de los paisajes y el medio ambiente. Le doy las gracias al señor Dorfmann y le felicito por su magnífico informe.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. (PL) Para lograr condiciones justas y uniformes para todos los agricultores en la UE, que debería, sin duda, ser el principal objetivo de la reforma de la PAC, se debería también cuidar las zonas con dificultades naturales. Para armonizar la legislación que clasifica las zonas como aptas para recibir ayudas es sobre todo esencial armonizar los criterios de clasificación de dichas zonas. Este objetivo no se podrá lograr sin una estrecha cooperación con los Estados miembros. El pragmatismo que propone el autor de este informe a la hora de permitir que cada país defina los criterios biofísicos puede suponer una amenaza en forma de tentativa de imponer los intereses nacionales. Sin embargo, mientras la Comisión se ocupe de garantizar que se cumplen las disposiciones del marco legislativo europeo, esta solución mejoraría de forma significativa la identificación objetiva de las zonas en cuestión.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta que más de la mitad de las tierras cultivables en la UE (54 %) están clasificadas como zonas menos favorecidas —ya sea por orografía, condiciones climáticas o terrenos menos fértiles— y que esta medida es esencial para el desarrollo rural, concluimos que la ayuda a las zonas menos favorecidas tiene que ser una prioridad para los Estados miembros. Por este motivo, la elaboración de una estrategia integral para las zonas menos favorecidas que satisfaga las necesidades locales de las diferentes regiones llevará a la reducción de la disparidad existente entre los Estados miembros con respecto a la ayuda que se les concede. Por tanto, definiendo exactamente las zonas con dificultades naturales se podrán obtener los fondos necesarios para hacer uso de las tierras y mejorar la producción agrícola.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) No hay duda de que las granjas de las regiones más aisladas necesitan especialmente ayuda financiera. Las pequeñas granjas de montaña a menudo tienen que luchar por sobrevivir puesto que apenas pueden reaccionar con rapidez a los nuevos requisitos del mercado. Los pequeños propietarios en particular, carecen de personal para seguir siendo competitivos. En consecuencia, desde el punto de vista empresarial, su situación es mucho más difícil que la de las empresas agrícolas en las ubicaciones expuestas. El elevado índice de granjas que se han ido a pique durante los últimos años y el aumento de agricultores a media jordana claramente demuestran que la política de subvenciones de la UE se centra demasiado en la ganadería intensiva y las afines. Para que los Estados miembros de la UE sigan siendo remotamente autosuficientes, es ya hora de que volvamos a nacionalizar nuestras subvenciones agrarias. He votado a favor de este informe para que haya una distribución más justa de las indemnizaciones compensatorias.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe que aborda el problema al que se enfrentan los agricultores en muchos de los Estados miembros de la UE. Quisiera hacer especial hincapié en la importancia de una enmienda que he presentado en la comisión, y quiero dar las gracias a los colegas que la apoyaron. El objetivo de la enmienda a la que aludo es garantizar que la forma de delimitar las zonas con dificultades naturales es importante que se base en zonas ecológicas homogéneas más que en UAL 2, como ocurre actualmente. También quisiera señalar que creo que se debe incluir en la futuro propuesta de la Comisión normas flexibles que también permitan que se conceda ayuda a los agricultores en las zonas con dificultades naturales con una pequeña zona, que esté ubicada desde el punto de vista administrativo en unidades que no cumplan los criterios establecidos.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) La ayuda a las zonas rurales con dificultades naturales es uno de los componentes más importantes del segundo pilar de la PAC. Además, el informe prevé subvenciones para estas regiones no sólo con respecto a la producción alimentaria sino también en el contexto macroeconómico. Por tanto, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito.(PL) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo (A7-0056/2010), porque el segundo pilar de la PAC, la política de desarrollo rural, es extremadamente importante para mejorar la eficiencia de la propia PAC, pero también para facilitar la gestión de las tierras que tienen dificultades naturales. El documento elaborado por el ponente es muy necesario no sólo para nosotros sino también para toda la UE. Tenemos que tener información sobre la tierra que, por razones ajenas a los propietarios, no puede utilizarse bien o de forma eficaz. Estoy de acuerdo con el ponente en su valoración de la revisión, que empezó en 2005, de los criterios de clasificación de las zonas menos favorecidas. Hay que modificar los criterios de apoyo anteriores para que reflejen las dificultades existentes en la actualidad. Asimismo se debería recordar que hay zonas que entran dentro de unos criterios específicos pero donde se han eliminado ya las dificultades debido al uso de soluciones efectivas. Son los Estados miembros los responsables de identificar las zonas menos favorecidas y de desarrollar la ayuda y los programas de desarrollo. Por supuesto que todas las medidas tienen que estar dentro del marco comunitario.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor de este informe junto con mi Grupo.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. (SV) Me he abstenido/votado en contra del informe Dorfmann. La razón que me ha llevado a adoptar esta postura se deduce del informe. La UE es una zona demasiado extensa para poder manejar la ayuda agrícola a zonas con dificultades naturales con eficiencia. Las zonas rurales de la UE son extremadamente diversas. Es el caso de los cultivos empleados, los niveles de humedad del suelo, la combinación de los diferentes tipos de suelo y las condiciones climáticas. El cambio climático hace que sea especialmente difícil hacer una lista de criterios y niveles fijos con respecto a las subvenciones. La UE ha solicitado mapas detallados de los Estados miembros pero sólo unos pocos países los han proporcionado. Un ejemplo que se destaca en el informe del Tribunal de Cuentas es que España paga 16 por hectárea mientras que Malta paga 250 euros por hectárea en lo que se consideran circunstancias similares. La PAC se redactó cuando la CE/UE tenía seis Estados miembros. La situación hoy en día es completamente diferente e incluso más complicada. La gestión de la ayuda agrícola deberían realizarla los Estados miembros. Ellos conocen la zona. Estamos actualmente en medio de una crisis para el euro. Una moneda única es un obstáculo para adaptar los tipos de interés y monedas a las diferentes circunstancias dentro de la zona del euro. Una única PAC no es adecuada para ninguno de los 27 Estados miembros.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) En esta comunicación, la Comisión ha intentado tener más rigor y uniformidad en los criterios para la distribución de ayuda a los agricultores en las zonas con dificultades naturales. También ha intentado corregir la distribución desigual de indemnizaciones compensatorias entre los Estados miembros como resultado de las diferencias en la clasificación, sobre todo en las llamadas «zonas menos favorecidas».

Estas indemnizaciones son cruciales para la conservación del empleo y las comunidades rurales, para el uso continuado de tierras de cultivo y para la biodiversidad y paisaje cultural.

En general estoy satisfecho con el informe y sobre todo con la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional, que intenta proteger los intereses de las regiones más ultraperiféricas puesto que la comunicación de la Comisión ha excluido a las islas.

Según el principio de subsidiariedad, me parece lógico que cuando se identifiquen las zonas menos favorecidas intermedias se permita a los Estados miembros tener en cuenta no sólo los criterios biofísicos sino también otros, como el hecho de ser una isla o una región ultraperiférica.

Asimismo, me parece importante que cualquier región que pierda su estatus como «zona con dificultades naturales» se beneficie de un periodo de transición que le permita mitigar el impacto de perder sus subvenciones.

Ahora tenemos que asegurarnos de que, en la revisión general de la PAC, los nuevos regímenes de ayuda para los agricultores se elaboran de forma coherente y haya una mejor coordinación entre la PAC y la política de cohesión.

 
  
  

Informe: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015.eu, porque creo que Europa tiene que liderar la promoción de la innovación en el sector de las TIC. Por eso tenemos que acelerar las inversiones al respecto. Lamentablemente, Europa corre el riesgo ir a la zaga de Asia en la actualidad, según unos algunos indicadores como la media de transferencia de datos o el hecho de que, aunque los servicios de comunicación de banda ancha están disponibles para más del 90 % de la población de la UE, sólo han llegado a los consumidores en el 50 % de los hogares. La Comisión tiene que presentar una agenda clara, ambiciosa en este ámbito, que sea más que una visión o una perspectiva. Hay soluciones que tenemos que respaldar como el uso de programas de fuente abierta que ayudaría a acelerar la innovación de software mediante contribuciones abiertas y reducciones de costes para los negocios que utilicen estos programas. Al mismo tiempo, tenemos que tomar medidas destinadas a reducir la burocracia en el programa marco comunitario y a potenciar nuestra competitividad a nivel mundial.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El informe de iniciativa propia de la señora del Castillo Vera es ambicioso en lo que respecta a la estrategia digital para Europa. Este asunto gira en torno al acceso a Internet de todos los ciudadanos de la UE. En este sentido, se recomienda que la mitad de la población europea tenga acceso a la banda ancha para 2015 y para 2020, la población entera. El uso extendido de Internet queda respaldado por propuestas sobre la forma en la debería evolucionar la legislación que afecta a los consumidores y la seguridad así como sobre la necesidad de acceso digital a los servicios públicos. Además, esta agenda nos permitirá brindar apoyo a una investigación y desarrollo innovadores facilitando de este modo un crecimiento rápido del conocimiento y acceso al patrimonio. Por todos estos motivos he votado a favor de este informe.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Estoy convencido de que Europa sólo se beneficiará de esta revolución digital si se moviliza a todos los ciudadanos de la UE y se les permite participar plenamente en la nueva sociedad digital. Esto requiere superar muchos retos, comprometerse a invertir a largo plazo, conseguir la confianza de las administraciones para pasar totalmente al acceso en línea a la administración pública (e-government) y la confianza de los ciudadanos para utilizar los servicios digitales. Para lograr estos objetivos es necesario que se reduzcan de forma considerable las lagunas existentes en la alfabetización y las competencias digitales de aquí a 2015. Celebro en especial las propuestas que buscan garantizar que todas las escuelas primarias y secundarias tienen conexiones a Internet de alta velocidad de aquí a 2015 y que todos los adultos en edad de trabajar tienen la posibilidad de recibir formación en TIC. Para tener una agenda digital competitiva tenemos que empezar por las personas.

 
  
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  Regina Bastos (PPE), por escrito. (PT) Las TIC son uno de los ámbitos que más se ha desarrollado en las últimas décadas y están presentes en todos los ámbitos de la vida humana. En un entorno que cambia constantemente, y donde la competitividad es cada vez mayor, las TIC pueden ser una herramienta poderosa a la hora de facilitar el desarrollo sostenible así como en la lucha contra la pobreza y desigualdad social y económica. Cada persona tiene que tener las competencias necesarias y el consabido acceso de alta velocidad y se requiere un marco jurídico claro que proteja los derechos y que ofrezca la confianza y seguridad necesarias. El informe sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015.eu, que apoyo, pretende cooperar con la Comisión en la elaboración de una propuesta estratégica universal y un plan de acción para 2015. Para ello cada hogar en la UE tiene que tener acceso a Internet de banda ancha a un precio competitivo de aquí a 2013; hay que prestar especial atención a las zonas rurales, zonas afectadas por la transición industrial y regiones que padecen dificultades naturales graves y permanentes o demográficas en especial las regiones ultraperiféricas; y, por último, es importante garantizar el acceso de los usuarios finales discapacitados a un nivel equivalente al del resto de usuarios finales.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Uno de los objetivos más ambiciosos de la Estrategia de Lisboa pero que no se ha llevado a cabo era hacer que Europa fuera la sociedad más competitiva y dinámica del conocimiento del mundo. El objetivo de aprobar la agenda 2015.eu, que es complementario a la Estrategia Europa 2020, es hacer que los ciudadanos consumidores sean el centro de una medida comunitaria dirigida a garantizar que todos los ciudadanos de los Estados miembros puedan hacer uso de un conocimiento de TI adecuado para garantizarles acceso a las principales formas de tecnología de la información y comunicación disponibles hoy en día. El camino para asegurar la alfabetización informática de las familias, estudiantes, negocias y gobiernos europeos estará respaldado por varias estrategias que se ocuparán de definir los derechos digitales y también implantar la infraestructura para mejorar y ampliar la banda ancha sobre todo en las zonas rurales.

Dado que creo firmemente que el futuro de la formación tiene que ir necesariamente acompañado de la ampliación de formación por ordenador y la interoperabilidad de competencias TI, estoy a favor de este informe.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Apoyo el magnífico informe sobre la nueva Agenda Digital de la señora del Castillo Vera. Estoy de acuerdo en que la UE tiene que estar a la vanguardia en la creación y aplicación de TIC, generando así un valor añadido para sus ciudadanos y empresas. Asimismo estoy de acuerdo en que sólo cosechará las recompensas de su revolución digital si se moviliza completamente al público europeo y se le da los medios necesarios para participar plenamente en la nueva sociedad digital. Celebro el objetivo de dar una cobertura de banda ancha a cada ciudadano europeo y por todo el territorio, incluidas las regiones más ultraperiféricas. También celebro la recomendación de que se introduzca el concepto de competencia digital en el sistema educativo desde preescolar, junto con nociones de idiomas, con objeto de formar al usuario lo más pronto posible. Destacaría el valor que podría suponer el cambio digital de los servicios públicos para los ciudadanos y empresas (e-government) para facilitar una prestación de servicios públicos más eficiente y personalizada. Asimismo, señalaría el hecho de que con los contratos de trabajo públicos a través de medios electrónicos se pueden obtener ganancias importantes en términos de transparencia y competitividad, con más opciones, una mejor calidad y a precios más bajos.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de este informe y lo apruebo en cuanto a su intención y contenido. Creo que al aprobar este informe, el Parlamento Europeo ha enviado un claro mensaje de liderazgo político con la creación de la agenda digital, un plan europeo integral y verdaderamente coherente que es un paso fundamental para el futuro de Europa.

Por un lado, el desarrollo digital ofrece una oportunidad importante de crecimiento, pero, por otro, supone un gran cambio social con un impacto significativo en el comportamiento de los ciudadanos. Lo importante es asegurarse de que este cambio nos lleva a una sociedad europea más democrática, abierta e integrada y a una futura economía próspera, competitiva y basada en el conocimiento. Esto sólo sucederá si, como se destaca en el informe: «se sitúa a la persona en el núcleo de la acción política».

Es importante que nos centremos en el crecimiento de las conexiones de banda ancha y la aplicación de las tecnologías digitales en los sectores clave del mercado como la energía, el transporte y la sanidad. Esta acción política, sin embargo, tiene que establecer las debidas garantías para evitar que las diferencias entre las PYME y las grandes empresas; las autoridades públicas y el sector privado; las zonas más densamente pobladas y las zonas rurales y de montaña; y el comercio electrónico nacional y transfronterizo sean aún mayores.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) Agradezco los esfuerzos de la señora del Castillo Vera a la hora de elaborar este informe junto con la contribución de mis compañeros diputados. La Agenda Digital y el desarrollo del mercado único digital se encuentran entre nuestras prioridades y las de la Presidencia. Celebro el énfasis que se ha hecho en este concepto de promover la competencia digital entre los jóvenes puesto que son los que más utilizan las nuevas tecnologías y tienen que hacerlo, por tanto, de forma segura y eficiente.

Quisiera dar las gracias a mis compañeros diputados por el apoya que me han brindado al pedir a la Comisión que elaborase un plan para promover empresas nuevas en línea y proporcionar facilidades a aquéllos que han perdido recientemente su empleo. Estoy seguro de que los votos de mis colegas diputados y el mío supusieron un paso importante hacia un enfoque total y eficiente para un futuro digital europeo. Espero que la Comisión nos apoye a la hora de establecer normas claras en este ámbito tanto a nivel comunitario como a nivel de los Estados miembros.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Una «agenda digital» es algo cada vez más importante e inevitable en nuestra sociedad. Los avances tecnológicos, sobre todo en cuanto a generar información, contenido y conocimiento en línea, han sido extremadamente rápidos y en poco más de una década el panorama «digital» ha cambio radicalmente con un acceso masivo a Internet y a las comunicaciones móviles. Por tanto, es importante que miremos al futuro y definamos una estrategia para la agenda digital que establezca objetivos concretos y preste especial atención a las cuestiones relacionadas con los derechos de los consumidores con respecto a la privacidad y los datos personales así como los derechos de autor y la lucha contra la piratería en Internet.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Las TIC desempeñan un papel importante en una economía próspera y competitiva, y ayudan a consolidar una sociedad más respetuosa con el medio ambiente, democrática, abierta e integradora. Las TIC facilitan la eficiencia, el crecimiento sostenible y de este modo contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Éstas son disparidades importantes entre los Estados miembros con respecto al posible acceso público a la banda ancha hoy en día. Necesitamos crear urgentemente un mercado único digital para los servicios que evite la fragmentación normativa y contribuya a la libre circulación de servicios digitales y comercio electrónico. Hay que adoptar una agenda digital y un plan de acción universal que permita que Europa avance hacia una sociedad digital abierta y próspera que ofrezca oportunidades económicas, sociales y culturales a todos los ciudadanos y preste especial atención a las zonas rurales. Destacaría la importancia de ofrecer a todos los ciudadanos acceso ubicuo de alta velocidad a la banda ancha fija y móvil. Se deberían utilizar los fondos nacionales y europeos para garantizar que todos los ciudadanos europeos tienen acceso a Internet de banda ancha a un precio competitivo de aquí a 2013.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hay bastantes aspectos positivos en este informe a pesar de que se ha desarrollado en el marco del mercado interno por el que aboga la UE. Reconocemos los beneficios que subyacen a la agenda digital para Europa incluidos en el informe, en especial la garantía de «acceso de todos los ciudadanos a los productos culturales»; «acceso de los usuarios finales con discapacidad de un nivel equivalente al disponible para el resto de usuarios finales», la disposición de «una mayor inversión en el uso de software de fuente abierta en la UE» y la afirmación de que «se debe prestar especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que sufren graves desventajas permanentes de carácter natural o demográfico, en particular las regiones ultraperiféricas». Contribuyamos a estas propuestas.

No obstante, creemos que una agenda digital avanzada rechaza cualquier comercialización de conocimiento educación e investigación. Por eso no aceptamos que se atenúen los objetivos positivos con las ambigüedades y variaciones de un mercado único europeo.

Consolidar y promover un mercado interno «que funcione correctamente», no hace que esté «más orientado a las necesidades del consumidor» ni nos conducirá a «tarifas más bajas», como intentan hacernos creer. En varias ocasiones se ha demostrado que ha sido al revés, en todo el abanico de actividades comunitarias. Por esta razón nos hemos abstenido.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. (RO) Hay que centrar más la acción en definir la nueva agenda política 2015.eu, que pretende ser más competitiva e innovadora que la estrategia i2010 presentada recientemente, sobre todo con respecto a los aspectos educativo y cultural. Por esta razón, como el ponente de opinión de la Comisión de Cultura y Educación, apoyo este informe sobre todo los puntos relacionados con el papel de las TIC en la formación de los jóvenes y en su preparación para el mercado de trabajo. En el texto presentado y aprobado he hecho hincapié tanto en la importancia de que los niños adquieran un conocimiento básico de las TIC ya desde primaria, como en el valor añadido que la enseñanza en línea puede dar a nuestra sociedad que está en constante cambio. Siguiendo estas líneas, he acogido con satisfacción que los jóvenes sean el segmento de la población más receptivo a las TIC. De hecho, tienen que centrarse en este ámbito ya que puede ser una importante contribución a la reducción del nivel de desempleo en la UE en línea con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por último, pero no menos importante, he reafirmado la necesidad de desarrollar un proyecto europeo como parte de la agenda 2015.eu, que la implante de forma que garantice un perfil elevado así como la consecución de su objetivo cultural inherente.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) Celebro la aprobación de este informe que servirá de ayuda cuando se elabore una propuesta integral para la estrategia 2015 en materia de TIC. Creo que nuestra salida de la crisis económica depende en gran medida de que la propuesta pueda facilitar la aplicación amplia y eficiente de las TIC en el sector empresarial. Las PYME pueden actuar de catalizadores para la recuperación económica en Europa. De hecho, la Comisión Europea tiene que fortalecer las medidas de apoyo a las PYME en el futuro con respecto al uso de herramientas TIC, con vistas a potencias su productividad. Hoy utilizo mi voto para apoyar la propuesta de este informe de crear un Plan Digital para promover las empresas en línea, con el principal objetivo de ofrecer otras alternativas a aquéllos que han perdido su empleo recientemente debido a la actual crisis financiera. Esta iniciativa se podría poner en práctica ofreciendo precisamente conexión gratuita a Internet y asesoramiento.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Es esencial que Europa tenga una nueva agenda digital para que haya una revolución digital de la que el público europeo en general se pueda beneficiar. Sin embargo, se requiere la participación de todos los ciudadanos en este proceso para que haya tal revolución, para que se conviertan en actores de la nueva sociedad digital. Para que esto sea una realidad, se requiere una inversión a gran escala para permitir que la línea divisoria digital que hay actualmente en la UE se reduzca. No podemos olvidar que un público informado y progresista contribuye a aumentar el potencial de Europa.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito. (SK) Hacer un uso completo de las TIC es un prerrequisito para que Europa sea más competitiva y para el crecimiento sostenible.

La UE debería garantizar el desarrollo y aplicación de estas tecnologías y permitir que todos los ciudadanos europeos se conecten con la nueva sociedad digital a través de las conexiones a Internet de alta calidad y velocidad a precios asequibles. Lamentablemente, los mercados de las telecomunicaciones aún no han logrado los niveles de apertura a la competitividad en muchos Estados miembros y, por tanto, los consumidores y hogares se ven desalentados por las altas tarifas y no adquieren competencias digitales suficientes.

Por tanto, considero esencial la integración y liberalización general del mercado único y la eliminación de los obstáculos para proporcionar servicios de telecomunicación transfronterizos.

Al mismo tiempo, apoyo la creación de un marco jurídico mejor para el nuevo espacio digital que garantizará la protección de los derechos civiles básicos y los derechos de propiedad intelectual además de prevenir la delincuencia informática, la divulgación de pornografía infantil y otros delitos en Internet.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Se prevé que cada hogar de la UE tenga una conexión a Internet de banda ancha a un precio competitivo de aquí a 2013. Además, la intención es que Europa sea el continente más móvil en el mundo en cuanto al acceso a Internet para 2015. Apoyo las medidas al respecto y, por tanto, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) La nueva Agenda Digital para Europa es un programa ambicioso para diseminar nuevas tecnologías y conexiones rápidas en los Estados miembros, que es por lo que he votado a favor. Sin embargo, aparte de las declaraciones que hace en principio, como incrementar la velocidad de conexión móvil y familiarizar a los ciudadanos con las nuevas tecnologías, parece que algunos objetivos son extremadamente difíciles de lograr. Por ejemplo, me parece que, aunque es muy conveniente, el objetivo que requiere que todas las escuelas de la UE tengan Internet de alta velocidad para 2015 va a ser difícil de lograr por motivos objetivos (por ejemplo, en los países ultraperiféricos de montaña o en las islas, es difícil lograr altas velocidades de inmediato). En consecuencia, la nueva Agenda Digital para Europa debería estar respaldada por una serie de acciones e iniciativas coordinadas como una financiación comunitaria más generosa para garantizar un mejor acceso a Internet incluso para los alumnos con dificultades geográficas.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Europa sigue siendo un líder mundial en el campo de las TIC. La World Wide Web, la norma del GSM para teléfonos móviles, la norma del MPEG para el contenido digital y la tecnología ADSL son inventos europeos. Conservar este liderazgo y transformarlo en una ventaja competitiva es un objetivo político vital.

Durante los últimos cuatro años, las políticas TIC han confirmado el papel de estas tecnologías como motor de la modernización económica y social de Europa, y han fortalecido la resistencia de Europa en tiempos de crisis. Todos los Estados miembros de la UE han desarrollado políticas TIC y considerado estas tecnologías como una contribución esencial al crecimiento nacional y al empleo en el contexto de la renovada Estrategia de Lisboa.

A pesar de esto, en la primera década del siglo XXI, la UE está a la zafa en cuanto a la investigación e innovación en TIC. Por eso la Unión ha iniciado programas de investigación ambiciosos con el objetivo de llenar el vacío y apoyar las actividades de investigación y desarrollo con visión de futuro. Por tanto, reitero claramente mi pleno apoyo a estas acciones con el firme convencimiento de que Europa puede ser una vez más líder y primer motor de este importantísimo sector.

 
  
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  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. (ES) Mi voto por este informe de iniciativa del Parlamento ha sido positivo debido a la importancia de la Agenda Digital para afianzar el liderazgo tecnológico europeo. Las TIC son un factor clave para el crecimiento en este momento de recuperación económica, pero también para el crecimiento sostenible y la lucha contra la exclusión social. El informe apoya los ejes que identificó la Declaración Ministerial sobre la Agenda Digital aprobada en el Consejo Informal de Telecomunicaciones de Granada de los días 18 y 19 de abril. El Parlamento reitera la necesidad de que la UE cuente con unas infraestructuras sólidas, rápidas y eficientes, animando a la adopción de medidas que permitan alcanzar la plena cobertura de banda ancha para todos los ciudadanos. Para que la revolución digital sea un éxito, todos los ciudadanos deben participar en ella. Pero para que este éxito sea real no se pueden dejar de lado aspectos como la seguridad en Internet. Por ello, el informe aprobado no sólo apuesta por dotar a todos los ciudadanos de competencias digitales, sino que al mismo tiempo hace hincapié en la necesidad de reforzar la seguridad de Internet y el respeto de los derechos de los ciudadanos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor de la resolución dado que no se han incluido modificaciones perjudiciales.

 
  
  

Informe: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Como ha recomendado en su excelente informe mi compañero polaco, el señor Liberadzki, he votado a favor de la aprobación de la Comisión Europea con respecto a la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008. Me complace que se hayan adoptado ciertas ideas con las que me siento muy vinculado: la organización de una conferencia interinstitucional en la que participen todas las partes interesadas, en especial los parlamentos nacionales y las instituciones superiores de auditoría nacionales con miras a reformar el procedimiento de aprobación de la gestión, acortar los plazos para que la aprobación se vote en el año siguiente al de revisión; y la petición del Tribunal de Cuentas Europeo de que haya una única opinión (la aplicación de una «auditoría única») sobre la fiabilidad y regularidad de las transacciones subyacentes como se prevé en el Tratado. Además, tenemos que simplificar la normativa sobre la asignación de fondos europeos puesto que muchos de los errores surgen de la compleja naturaleza de los procedimientos con dificultades nacionales que a menudo se añaden. Por último, con respecto a las instituciones superiores de auditoría, me complace que el Parlamento Europeo haya reforzado el mensaje que enviamos a la Comisión de no cuestionar de forma dura e infundada la financiación en relación con las normas de auditoría internacionales.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Se ha progresado con respecto a la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2008, pero sigue habiendo un alto número de errores en los ámbitos de los Fondos Estructurales y de Cohesión, desarrollo rural, investigación científica, energía y transporte. Los fondos desembolsados de forma incorrecta ascienden al 11 %. Esto se debió a las normas y reglamentos complicados que los Estados miembros tenían que cumplir. Por tanto, cuando se ejecute el presupuesto el año que viene, se debería prestar especial atención a la simplificación de estas normas y reglamentos, a mejorar el mecanismo de recuperación de los fondos abonados de forma incorrecta y a la introducción de sistemas de supervisión y control más efectivos. Una vez se hayan implantado estas medidas, es probable que la ejecución del presupuesto comunitario sea mejor, se asegure un control de los fondos presupuestarios más efectivo y los proyectos implantados por los Estados miembros tengan un mayor valor añadido para el desarrollo de varios ámbitos de la economía y otras áreas.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El artículo 317 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE prevé que la responsabilidad de la ejecución del presupuesto comunitario sea de la Comisión en cooperación con los Estados miembros, y que el Tribunal de Cuentas envíe al Parlamento y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las transacciones subyacentes. Por el bien de la transparencia, considero esencial que el Parlamento Europeo pueda verificar las cuentas y analizar en detalle la ejecución del presupuesto de la Unión. Estoy de acuerdo con el ponente y las resoluciones sobre la aprobación de la gestión que centran la atención en la necesidad de introducir urgentemente una declaración nacional a un nivel político adecuado, que cubra todos los fondos comunitarios que entren dentro de la gestión compartida para que cada Estado miembro sea responsable de la gestión de los fondos comunitarios recibidos. Esto es especialmente importante si observamos que el 80 % del gasto comunitario lo administran los Estados miembros. Finalmente, quisiera señalar la opinión positiva del Tribunal de Cuentas con respecto a las cuentas, que reafirma al público europeo que se está gestionando el presupuesto de la Unión de debida y rigurosamente a pesar de ciertos problemas que siguen existiendo y que este informe analiza en detalle.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) La perspectiva que proporcionan los casi 40 informes de los diferentes organismos europeos dedicados a la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2008 es dolorosa. Es el decimoquinto año que el Tribunal de Cuentas Europeo ha sido incapaz de aprobar la ejecución del presupuesto de la Comisión Europea, dados los errores y gastos injustificados que refleja. Sin embargo, El Parlamento Europeo aprueba el cierre de cuentas con respecto a su gestión. La Comisión se escuda en la responsabilidad de los Estados miembros que se supone que gestionan el 80 % del gasto, en particular el gasto agrícola y regional. No obstante, los problemas en estos dos ámbitos se están reduciendo mientras que en el caso de las subvenciones gestionadas directamente por Bruselas se están disparando. La situación con respecto a la ayuda preadhesión a Turquía es especialmente grave y preocupante. Esto por no mencionar los organismos descentralizados que se multiplican y los procedimientos chapuza de la contratación pública, junto con la gestión aleatoria de personal y contratación, los compromisos presupuestarios que preceden a los correspondientes compromisos jurídicos y los excesivos órganos de vigilancia que hacen que los costes de gestión aumenten y que, al final, son incapaces de planear de manera adecuada sus ocasionalmente sucias acciones y por tanto su presupuesto. Es tal el caso que, en uno de sus informes, la señora Mathieu pide la evaluación general de su utilidad. Por eso he votado en contra de la mayoría de estos textos sobre la aprobación de la gestión del presupuesto.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. (RO) Votar para aprobar la gestión no significa que la situación sea totalmente idónea. Creo que la situación está evolucionando en la dirección correcta, pero a un ritmo demasiado lento. El número de errores se ha reducido pero aún no hemos llegado al «nivel de errores tolerable». Quiero destacar que es necesario que todos los Estados miembros presenten declaraciones nacionales de gestión con carácter obligatorio tal y como ha solicitado el Parlamento repetidas veces. Me opongo a que haya un sistema de semáforo (rojo, ámbar y verde) sólo para Rumania y Bulgaria puesto que sería una medida discriminatoria. Hay deficiencias en muchos otros Estados miembros y hay que aplicar normas de control comunes.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto comunitario tienen que ser auditadas de forma exhaustiva por el Tribunal de Cuentas y por todas las entidades con esa función. Es necesario que se compruebe si se están utilizando correctamente los fondos comunitarios, si estas instituciones cumplen los sus objetivos y si se está desperdiciando cualquier recurso. En general —salvo unas pocas excepciones que las auditorías tienen que valorar y que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan correctamente los fondos a su disposición y cumplen los objetivos que se les proponen. Por eso he votado a favor del informe sobre la Comisión y las agencias ejecutivas.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) El informe Liberadzki sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas adopta un tono muy negativo con respecto a Grecia sobre una serie de cuestiones que van desde la manipulación de estadísticas financieras a vagas acusaciones de corrupción generalizada en el país. Nuestro grupo parlamentario pidió votar por separado las referencias específicas que son insultantes para Grecia según el procedimiento de votación por separado. Sin embargo, se ha probado que es inviable y por eso voto en contra de todo el informe Liberadzki.

 
  
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  Alf Svensson (PPE), por escrito. (SV) El cinco de mayo he votado a favor del informe Liberadzki sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas. Sin embargo, he votado por la eliminación del párrafo 376, que propone que se reduzca la ayuda preadhesión para Turquía al nivel proporcionado en 2006, y el párrafo 378, en el que el Parlamento Europeo pide a la Comisión modifique los objetivos del Instrumento de Ayuda de Preadhesión, por ejemplo por medio de formas especiales de pertenencia. La razón es que creo que no es correcto que un informe sobre la aprobación de la gestión de la Comisión deba poner en duda el proceso de adhesión y la perspectiva de adhesión de países candidatos. Creo firmemente que una vez se hayan iniciado las negociaciones para la adhesión, con independencia del país candidato en cuestión, se deberán continuar con un espíritu positivo sin complicar más el proceso de adhesión a la UE o poniendo obstáculos en el camino.

 
  
  

Informe: Inès Ayala Sender (A7-0063/2010)

 
  
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  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. (FR) Como se recomienda en el excelente informe de mi compañera diputada y vecina española, Inès Ayala Sender, he votado a favor de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los séptimo, octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2008. Apoyo de forma incondicional el presupuesto de los FED y, cuando llegue el momento, la Unión tendrá que crear su propio instrumento para tomar medidas en la zona de desarrollo. Con respecto al instrumento de inversión gestionado por el BEI, que es un instrumento de riesgo financiado por el FED para fomentar la inversión privada en el difícil contexto económico y político de los países ACP, tengo sentimientos encontrados sobre la idea de que el BEI deba presentar un informe como parte del procedimiento de aprobación de la gestión pero éste será un punto del debate, en especial si, como espera el Parlamento, la Unión se convierte en accionista en el BEI.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos sean responsables ante el público, que es por lo que tienen que rendir cuentas de forma objetiva y detallada de cómo se han utilizado los fondos públicos. Aunque el Tribunal de Cuentas cree que los ingresos y obligaciones no tienen errores, manifiesta su inquietud por el nivel elevado de errores no cuantificables en los compromisos y los pagos relativos al apoyo presupuestario y el nivel de error que afecta al importe de los pagos. Yo, como el ponente, lamento el hecho de que el Tribunal de Cuentas no haya podido obtener toda la información y documentación necesarias relativas a los diez pagos efectuados a favor de organizaciones internacionales y que, en consecuencia, no esté en condiciones de pronunciarse sobre la regularidad de los gastos que ascienden a 190 000 000 euros, es decir, el 6,7 % de los gastos anuales. Por tanto, pido al FED que resuelva todas estas cuestiones para el próximo ejercicio (2009).

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto comunitario tienen que ser auditadas de forma exhaustiva por el Tribunal de Cuentas y por todas las entidades con esa función. Es necesario que se compruebe si se están utilizando correctamente los fondos comunitarios, si estas instituciones cumplen los sus objetivos y si se está desperdiciando cualquier recurso. En general —salvo unas pocas excepciones que las auditorías tienen que valorar y que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan correctamente los fondos a su disposición y cumplen los objetivos que se les proponen. Por eso he votado a favor del informe sobre el presupuesto de los séptimo, octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2008.

 
  
  

Informe: Bart Staes (A7-0095/2010)

 
  
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  Liam Aylward y Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito.(GA) Los diputados Pat the Cope Gallagher y Liam Aylward han votado a favor del informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, y ambos celebran las recomendaciones del informe con respecto a mejorar la transparencia y responsabilidad. Esta transparencia y responsabilidad son necesarias para el correcto funcionamiento del Parlamento Europeo y para fomentar la buena gobernanza en la UE.

El señor Gallagher y el señor Aylward han apoyado sobre todo las enmiendas que pretendían que hubiera una mayor transparencia y que recomendaban que se proporcionase al público los informes del Servicio de Auditoría Interna. Asimismo apoyaron las recomendaciones con respecto a poner a disponibilidad de los contribuyentes europeos información sobre el uso de dinero público por parte del Parlamento.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos sean responsables ante el público, que es por lo que tienen que rendir cuentas de forma objetiva y detallada de cómo se han utilizado los fondos públicos. Este informe lleva a cabo un análisis exhaustivo de la situación presupuestaria del Parlamento, centrando la atención en ciertas cuestiones que hay que revisar con urgencia. Observo que el ponente manifiesta su preocupación por los continuos casos de delitos menores registrados en las instalaciones del Parlamento y solicita que el Secretario General preste especial atención a este asunto, a fin de que se reduzcan este tipo de delitos. Aunque este punto puede parecer trivial es evidentemente muy importante para todos nosotros que utilizamos los instrumentos del Parlamento Europeo cada día. Por último, quisiera señalar la opinión positiva del Tribunal de Cuentas con respecto a las cuentas, que tranquiliza al público europeo asegurando que el presupuesto de la Unión se está gestionando como es debido y con rigor.

 
  
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  Dan Jørgensen y Christel Schaldemose (S&D), por escrito. (DA) El Parlamento Europeo ha votado sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de las cuentas del propio Parlamento para 2008. Nunca antes se ha hecho esto de forma tan exhaustiva y con un ojo tan crítico. Es una clara victoria para la transparencia y el control conforme al tradicional punto de vista danés de la buena práctica. El informa sobre la aprobación de la gestión contiene una serie de puntos críticos que requieren ajustar los procedimientos y prácticas actuales. Entre ellos está el aumento de la transparencia y la apertura con respecto a la utilización de los fondos adicionales y la rendición de cuentas por parte de los actores financieros en el Parlamento. Por supuesto que estamos a favor de esto y por tanto, hemos votado a favor de la aprobación de la gestión y de toda la resolución. El Parlamento Europeo tiene que cerrar sus propias cuentas cada año y precisamente por eso se necesita una revisión crítica. Evidentemente el informe es el resultado de muchos compromisos pero en esencia adopta una postura crítica al mismo tiempo que señala la dirección correcta con respecto a los futuros procedimientos de aprobación. Además, muchos grupos en el Parlamento han apoyado bastante este crítico informe.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE), por escrito. (FR) Mi escepcitismo o de hecho, mi oposición a algunas de las declaraciones que contiene la resolución del informe Staes, del presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2008. Decir que los costes de renovación de Estrasburgo, tras el desastre que tuvo lugar en agosto de 2008, no deberían ser soportados por el contribuyente europeo no es suficiente.

De hecho, el Parlamento Europeo está obligado jurídicamente a cuidar los edificios que posee con la debida atención y cuidado.

Además, se han iniciado los procedimientos legales oportunos para obtener un reembolso de los costes incurridos tras el desastre.

Por último, quisiera ver una revisión rigurosa y objetiva de la situación con respecto a los fondos de pensión de los diputados más que dejarnos arrastrar por cierta demagogia.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto comunitario tienen que ser auditadas de forma exhaustiva por el Tribunal de Cuentas y por todas las entidades con esa función. Es necesario que se compruebe si se están utilizando correctamente los fondos comunitarios, si estas instituciones cumplen los sus objetivos y si se está desperdiciando cualquier recurso. En general —salvo unas pocas excepciones que las auditorías tienen que valorar y que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan correctamente los fondos a su disposición y cumplen los objetivos que se les proponen. Por eso he votado a favor del informe sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección I – Parlamento Europeo.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hemos seguido al ponente, el señor Staes, en su votación incluso aunque hemos perdido una enmienda clave, la número 22, sobre la utilización de fondos públicos, defendida por el propio ponente.

 
  
  

Informe: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos sean responsables ante el público, que es por lo que tienen que rendir cuentas de forma objetiva y detallada de cómo se han utilizado los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas indicó en su informe anual que la auditoría no dio pie a ninguna observación significativa con respecto al Comité Económico y Social Europeo (CESE). No obstante, el Tribunal de Cuentas señala algunas situaciones en las que no ha habido avances como el reembolso de los gastos de viaje de los miembros del Comité que se deben basar únicamente en los costes reales del viaje o el hecho de que el CESE conceda a su personal ventajas financieras que no conceden otras instituciones y que tiene como resultados gastos más elevados. Observo con satisfacción que el CESE ha adoptado la práctica de incluir un capítulo en su informe anual de actividad que describe como se ha hecho el seguimiento de las anteriores decisiones del Parlamento y el Tribunal de Cuentas sobre la aprobación de la gestión.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto comunitario tienen que ser auditadas de forma exhaustiva por el Tribunal de Cuentas y por todas las entidades con esa función. Es necesario que se compruebe si se están utilizando correctamente los fondos comunitarios, si estas instituciones cumplen los sus objetivos y si se está desperdiciando cualquier recurso. En general —salvo unas pocas excepciones que las auditorías tienen que valorar y que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan correctamente los fondos a su disposición y cumplen los objetivos que se les proponen. Por eso he votado a favor del informe sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección VI – Comité Económico y Social Europeo.

 
  
  

Informe: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Creo que es esencial que los funcionarios públicos sean responsables ante el público, que es por lo que tienen que rendir cuentas de forma objetiva y detallada de cómo se han utilizado los fondos públicos. La evaluación de las cuentas del Parlamento presentada y su respectivo cierre entran dentro de esta categoría. Observo con satisfacción que el informe del Tribunal de Cuentas menciona que la auditoría no dio pie a ninguna observación significativa con respecto al Comité de las Regiones (CdR). Estoy de acuerdo con la evaluación positiva del ponente sobre los progresos en el control interno del CdR, en particular del inventario de sus principales procedimientos administrativos, operacionales y financieros. Por último, celebro la calidad del informe anual de actividad del CdR, en especial la inclusión explícita de cómo se ha hecho el seguimiento de las anteriores decisiones del Parlamento y el Tribunal de Cuentas sobre la aprobación de la gestión, destacando la importancia y pertinencia de estas decisiones.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto comunitario tienen que ser auditadas de forma exhaustiva por el Tribunal de Cuentas y por todas las entidades con esa función. Es necesario que se compruebe si se están utilizando correctamente los fondos comunitarios, si estas instituciones cumplen los sus objetivos y si se está desperdiciando cualquier recurso. En general —salvo unas pocas excepciones que las auditorías tienen que valorar y que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan correctamente los fondos a su disposición y cumplen los objetivos que se les proponen. Por eso he votado a favor del informe sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección VII – Comité de las Regiones.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El aumento de agencias externas ha desempeñado un papel importante a la hora de concentrar las capacidades técnicas y administrativas que respaldan la toma de decisión en la Comisión. El hecho de que estén esparcidas por el territorio de la UE también permite que las instituciones se acerquen realmente al público aumentando su visibilidad y legitimidad. Aunque el aumento en el número de agencias es, en general, positivo, la verdad es que crea dificultades con respecto al control y evaluación de su rendimiento. Por este mismo motivo, tras la aprobación de la comunicación de la Comisión «Agencias europeas – Orientaciones para el futuro», de 11 de marzo 2008, El Parlamento, el Consejo y la Comisión volvieron a presentar el proyecto para definir un marco común para las agencias y, en 2009, crear un grupo de trabajo interinstitucional. Creo que este grupo desempeñaría un papel fundamental a la hora de eliminar los problemas que el Tribunal de Cuentas ha identificado en varias de las agencias, muchas de ellos problemas comunes y definir un marco común que permita una mejor gestión financiera y presupuestaria en el futuro.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto comunitario tienen que ser auditadas de forma exhaustiva por el Tribunal de Cuentas y por todas las entidades con esa función. Es necesario que se compruebe si se están utilizando correctamente los fondos comunitarios, si estas instituciones cumplen los sus objetivos y si se está desperdiciando cualquier recurso. En general —salvo unas pocas excepciones que las auditorías tienen que valorar y que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan correctamente los fondos a su disposición y cumplen los objetivos que se les proponen. Por eso he votado a favor del informe sobre el rendimiento, gestión financiera y control de las agencias.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En su informe sobre las cuentas anuales de la Escuela Europea de Policía para el ejercicio 2008, el Tribunal de Cuentas añadió una cláusula adicional a su opinión sobre la fiabilidad de las cuentas, sin matizarla expresamente, y matizó su opinión sobre la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes. Además, en general, las respuestas de la Escuela a las observaciones del Tribunal de Cuentas son, una vez más, inadecuadas y las medidas correctivas que presenta son demasiado imprecisas y ambiguas para permitir que la autoridad responsable de la aprobación de la gestión determine adecuadamente si la Escuela es capaz de mejorar en el futuro. Además de esto, están los innumerables problemas estructurales e irregularidades restantes relacionadas con la Escuela que detallan en el informe. Es por esta misma razón que estoy de acuerdo con la ponente con respecto a posponer su decisión sobre la aprobación de la gestión del Director de la Escuela Europea de Policía con respecto a la ejecución del presupuesto de la Escuela para el ejercicio 2008.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todas las instituciones europeas que dependen del presupuesto comunitario tienen que ser auditadas de forma exhaustiva por el Tribunal de Cuentas y por todas las entidades con esa función. Es necesario que se compruebe si se están utilizando correctamente los fondos comunitarios, si estas instituciones cumplen los sus objetivos y si se está desperdiciando cualquier recurso. En general —salvo unas pocas excepciones que las auditorías tienen que valorar y que ya hemos visto— podemos decir que las instituciones en cuestión utilizan correctamente los fondos a su disposición y cumplen los objetivos que se les proponen. Por eso he votado a favor del informe sobre la Escuela Europea de Policía (CEPOL).

 
  
  

Informe: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) La consolidación de la Asociación Estratégica Birregional entre la UE y los países de América Latina y el Caribe firmada en 1999, tiene que ser una prioridad de la agenda de política exterior de la UE. Aunque el progreso ha sido notable durante los últimos diez años en cuanto al desarrollo de las relaciones bilaterales entre la UE y América Latina, hay que seguir tomando futuras medidas. El objetivo último de la relación es crear en 2015 una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional en los ámbitos político, económico, comercial, social y cultural, que garantice un desarrollo sostenible para ambas regiones.

El voto de hoy significa que el Parlamento Europea apoya la aprobación de la Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y la Seguridad en el futuro que incluirá, partiendo de la Carta de NU y la legislación internacional relacionada, estrategias y directrices sobre acciones políticas y seguridad común.

Asimismo creo que la lucha contra el cambio climático que azota a la población más pobre del mundo, tiene que ser un componente clave en la estrategia UE-América Latina. Las dos partes tienen que hacer esfuerzos importantes para lograr una postura de negociación común como parte de los debates que llevan a la Conferencia de las Naciones Unidas en materia de cambio climático que tendrá lugar a final de este año en México.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El informe de iniciativa propia sobre la Estrategia de la UE para las relaciones con América Latina incorpora el enfoque que la UE promueve en sus relaciones internacionales. De hecho, este texto concilia los aspectos económico, social, político e institucional para garantizar que el comercio entre las dos zonas geográficas beneficia también a las poblaciones más desfavorecidas y contribuye al desarrollo del subcontinente. Además, el informe recomienda la armonización de los reglamentos financieros para introducir una mayor responsabilidad al respecto a nivel mundial. Por tanto, he votado claramente a favor de este informe.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La resolución aprobada hoy durante el pleno del Parlamento Europeo es una señal importante de que la UE es muy consciente de su papel a nivel mundial. América Latina es el destino turístico favorito de muchos europeos pero para Europa significa mucho más que esto. América Latina puede que no tenga suficiente democracia según los niveles y principios europeos.

El Parlamento Europeo ha debatido recientemente una resolución con respecto a las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Cuba. La situación terminó con la muerte de personas que estaban ejerciendo su derecho a expresarse libremente. Éstas son situaciones trágicas que no pueden repetirse de nuevo. Sin embargo, la experiencia de la UE indica que una relación que se forja con el tiempo, basada en la amistad y la diplomacia es mucho más productiva a largo plazo.

Un enfoque constructivo permitirá que la UE se convierta en el exportador de principios democráticos que desea ser. América Latina es un continente enorme al que no se puede ignorar desde el punto de vista económico o social. De hecho, el BEI lleva realizando operaciones en el continente sudamericano mucho tiempo, ofreciendo la oportunidad de realizar inversiones a largo plazo, que ya de por sí es una señal notable. La resolución aprobada hoy es parte del claro mandato dado a la Alta Representante de la UE sobre cómo enfocar las relaciones con América Latina.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) Apoyo el mensaje que transmite la resolución sobre mejorar la coordinación de las posturas de los países en ambos continentes con respecto a los métodos de aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente cuando la cumbre de los ODM se celebrará en septiembre. Necesitamos establecer un terreno común y más cuando vamos retrasados a la hora de cumplir los objetivos propuestos para 2015, en concreto, en la lucha contra la pobreza. Hay que centrar las inversiones en los países más pobres y en los grupos de población más vulnerables, especialmente en una época de recesión mundial, para que puedan beneficiarse de los nuevos empleos y de las condiciones requeridas para la integración social.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la Estrategia de la UE para las relaciones con América Latina que defiende la creación de una asociación estratégica birregional plena. Destacaría la importancia de la recomendación de reconciliar las posturas de los dos bloques regionales con respecto a las negociaciones en la Convención Marco de NU sobre el cambio climático.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Comparto la opinión del ponente con respecto a la necesidad de crear vínculos de cooperación birregional más profundos y estrechos entre la UE y América Latina. No obstante, creo que la UE tiene que prestar especial atención a uno de los países de América Latina cuya gran población, potencial económico y posición como líder regional ya la ha pedido. Evidentemente me refiero al país de habla portuguesa más grande del mundo: Brasil. La comunicación de la Comisión COM(2007)281, de 30 de mayo, reconoce explícitamente que «no se ha aprovechado suficientemente el diálogo UE-Brasil, que ha tenido lugar sobre todo a través del diálogo UE-Mercosur. Brasil será el último «BRICS» que se reúna con la UE en una Cumbre. Ha llegado el momento de considerar este país socio estratégico e importante actor económico y líder regional latinoamericano». Mientras que otras instituciones europeas cumplen con su deber, el Parlamento Europeo se resiste a crear una asociación con este gran país que no sea a través de Mercosur, haciendo que sea el único de Brasil, Rusia, la India y China (BRIC) en el que la UE no tiene una delegación parlamentaria aparte. Es urgente que corrijamos esta situación anacrónica y lamentable.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La asociación estratégica birregional contribuye a que haya una mayor coordinación entre la UE y América Latina dentro de los foros e instituciones internacionales. Además de establecer una agenda común, debería seguir coordinando posturas en asuntos de importancia mundial, teniendo en cuenta los intereses e inquietudes de ambas partes. Por eso he votado a favor de la comunicación de la Comisión «La Unión Europea y América Latina: Una asociación de actores globales», con la intención de identificar propuestas operativas encaminadas a poner en práctica la asociación estratégica birregional totalmente.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe no tiene en cuenta los problemas reales que se sufren en América Latina ni recoge los puntos que se deberían incluir en la estrategia de la UE para las relaciones con América Latina.

Por ejemplo, le quita importancia a todos los problemas económicos y sociales que son el resultado de la firma de acuerdos comerciales y acepta la normalización de las relaciones con Honduras como un hecho inapelable, ignorando el golpe de estado y los aún recientes asesinatos de los miembros del Frente de Resistencia contra el golpe. Ignora la situación en Colombia: los crímenes de paramilitares y la persecución de sindicalistas y políticos, no son problemas dignos de mencionar. Por otro lado, sí critica a Bolivia y Venezuela aunque nunca hace una referencia explícita a estos países.

Sin embargo, no dice nada de la reubicación de la IV Flota de EE.UU. en la región, el plan de los EE.UU. de utilizar siete bases militares colombianas o las operaciones de intervención que se llevan a cabo desde bases militares en los territorios de la UE y los países de la OTAN.

Lamentablemente, se rechazaron la mayoría de las propuestas que hicimos con respecto a las cuestiones mencionadas anteriormente de modo que, al final, hemos votado en contra de esta resolución.

 
  
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  Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe con una salvedad, que es también una esperanza: que encontremos una solución al «tango bond» profundamente arraigado que ensombrece nuestra relación con Argentina.

La determinación de promover las relaciones con los países de América Latina podría allanar el camino a toda la cuestión de los derechos de los inversores europeos de forma apropiada.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Este texto, de naturaleza arrogante e imperial, no es aceptable. Aprueba la reanudación de acuerdos de libre comercio con América Central, Colombia y Perú. Estas negociaciones son perjudiciales desde el punto de vista económico y social así como del democrático. ¿Cómo podemos negociar con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa que protagonizó el golpe de estado en Honduras y después afirmar ser los defensores del Estado de Derecho y los derechos humanos?, ¿cómo podemos negociar bilateralmente con los gobiernos opresores de Álvaro Uribe y Alan García e ignorar la opinión de otros estados soberanos, miembros de la Comunidad andina, Bolivia y Ecuador? He votado en contra de este texto que viola los principios de la democracia y el humanismo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Creemos que el hecho de que la UE sea el principal inversor y segundo socio comercial más grande en América Latina así como el principal donante de ayuda al desarrollo, es la razón suficiente para tener una estrategia clara y bien definida para las relaciones entre la UE y América Latina. Defendemos la definición de directrices claras sobre la mejor forma de colaborar para promover la estabilidad política, la lucha contra el cambio climático, gestionar los flujos migratorios y prevenir los desastres naturales. Tal y como se demostró en la tragedia de Haití, la UE estuvo claramente en un segundo plano con respecto a otros que intervinieron. Por tanto, defendemos que la UE tiene que mejorar sus acciones a nivel internacional. Siendo así, deberá intervenir de forma más coherente y efectiva en la política internacional. Esta mejora tiene que tener lugar en la próxima cumbre que se celebrará el 18 de mayo en Madrid y en la que la Alta Vicepresidenta/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tiene que participar activamente.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) No he podido votar a favor de este texto porque dentro del Objetivo de la Asociación Estratégica aboca por concluir los acuerdos de asociación subregionales con Centro América, Perú-Colombia y Mercosur, a pesar del golpe de Estado en Honduras y el ilegítimo gobierno de Porfirio Lobo derivado de éste. La UE no puede otorgar el mismo trato a gobiernos golpistas y a electos. Asimismo, en el objetivo de creación de una Zona Eurolatinoamericana de Asociación Global Interregional, la asociación en términos comerciales no tiene en cuenta las asimetrías en y entre las regiones. El Acuerdo de Asociación entre la UE y Perú-Colombia en los términos actuales se asemeja a un Tratado de Libre Comercio y no redundará en beneficio de los pueblos europeos ni latinoamericanos. Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo con la posibilidad de apertura de un diálogo político de ámbito triangular (como UE-América Latina-Estados Unidos). Para este tipo de diálogo ya existen organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Además, recoge la creación de la Fundación Europa-América Latina y Caribe. No me opondría a esta figura de no ser porque el ponente propone que se constituya con capital público-privado, una clara puerta de entrada a las multinacionales.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El informe general sobre América Latina adopta un enfoque sensato a la hora de prever el desarrollo de las relaciones entre la UE y los estados sudamericanos por medio de una asociación estratégica. La creación de una Zona Eurolatinoamericana tiene el potencial de generar no sólo resultados económicos positivos, sino sobre todo consolidar el papel de la UE como actor en la política exterior, concretamente con respecto a los EE.UU. Lamentablemente, el informe también recoge algunos párrafos y ciertos términos que dan a entender el afán casi misionario de algunos diputados de esta Cámara y que se podrían interpretar como una intromisión excesiva en los asuntos internos de los estados sudamericanos. No es necesario ni importante prescribir en detalle cómo estos países deberían organizar sus políticas de economía, educación y ciencia o los detalles de cómo regulan su política exterior. Es absurdo pedir a los países latinoamericanos que introduzcan la educación sexual, por ejemplo. Por tanto, me he abstenido en la votación final.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) La UE es el socio de América Latina. Juntos tenemos que hacer frente a los desafíos actuales y problemas mundiales. Problemas como la crisis económica y financiera, amenazas a la seguridad, lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Juntos tenemos que conservar el medio ambiente, ahorrar recursos naturales y también luchar contra la pobreza, desigualdad y migración. He votado a favor de este informe puesto que propone medidas adecuadas para combatir la pobreza en la región: educación y una reducción de las disparidades entre los países más ricos y los más pobres de la región. La UE tiene los Fondos de Solidaridad y también promueve proyectos de integración mientras que América Latina no tiene tales oportunidades. Estoy de acuerdo con el ponente en que si Latinoamérica sigue el modelo de integración europeo esta región se volverá más fuerte. Además, proporcionará más seguridad y prosperidad a sus habitantes.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Me he abstenido en la votación final sobre este informe. Aunque el informe es algo que de ninguna forma podemos aceptar como una buena contribución a la próxima Cumbre UE-Latinoamérica en Madrid, hemos logrado mantener o someter a voto algunos aspectos importantes del texto. La aportación verde dentro de lo que es un informe decepcionante es: mantener el párrafo concerniente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los feminicidios de Campo Algodonero en México, con 359 votos a favor, 235 en contra y 17 abstenciones logramos incluir en el texto que el instrumento de inversión europeo debería utilizarse concretamente para proyectos que contribuyan a combatir el cambio climático, como el transporte público local, los vehículos eléctricos y el proyecto Yasuni-ITT en Ecuador («Mantener el petróleo bajo tierra»). En general se aprobaron 10 de 16 enmiendas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Desafortunadamente, perdimos todas las enmiendas que hacían referencia de forma escéptica a los acuerdos de libre comercio recién firmados y los acuerdos de asociación que se están negociando y que advierten de los riesgos de debilitar las ya frágiles medidas de integración regionales. Por último, también se rechazó la enmienda que pedía que se retiraran paulatinamente los proyectos mega-energéticos que dañan enormemente el medio ambiente.

 
  
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  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, (PPE) , por escrito. (ES) Como quiera que algunas de las expresiones recogidas en el apartado 34, introducido por la opinión de la Comisión de Desarrollo, son de una ambigüedad tal que podrían ser susceptibles de ser interpretadas como una cierta complacencia con un hecho rechazable como es el aborto, la delegación española del Partido Popular ha solicitado al Grupo PPE una votación por separado de dicho apartado, para dejar meridianamente clara su oposición a cualquier iniciativa dirigida a conculcar los derechos inalienables de los más indefensos.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La UE y América Latina han desarrollado durante años una asociación estratégica fuerte. La Unión es el principal inversor en Latinoamérica, su segundo socio comercial más grande y su principal donante de ayuda al desarrollo. La finalidad última es crear una Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional en torno al 2015 en los ámbitos político, económico, comercial, social y cultural, que garantice un desarrollo sostenible para ambas regiones.

En este contexto, destacaría la importancia, en primer lugar, de retomar las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur que es sin duda el acuerdo birregional más ambicioso del mundo. Asimismo, celebro los acuerdos de asociación comercial entre la UE y América Central y con la Comunidad Andina así como la profundización de los acuerdos de asociación existentes con México y Chile.

No obstante, es lamentable que tales acuerdos puedan afectar la producción comunitaria interna en esos mismos sectores, en especial en las regiones ultraperiféricas que se enfrentan a dificultades permanentes. Es igualmente lamentable que no se haya encontrado la compensación adecuada a nivel comunitario para estas regiones. He votado a favor de este informe porque considero que la asociación entre estas dos regiones del mundo es esencial, puesto que producirá ventajas mutuas en el campo político, económico y social.

 
  
  

Propuesta de resolución común RC-B7-0233/2010

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) La resolución que hemos votado hoy manifiesta la inquietud del Parlamento Europeo sobre el hecho de que las autoridades canadienses sigan imponiendo la obligación de visado para los ciudadanos rumanos, búlgaros y checos y pide que se suprima dicha obligación lo antes posible.

Imponer la obligación de visado a los ciudadanos de estos Estados miembros viola el principio de libertad de movimiento, crea discrepancias y desigualdades injustificadas. Los ciudadanos de la UE tienen que recibir un trato justo e igual.

Aunque la Cumbre UE-Canadá celebrada en 2009 reafirmó el objetivo común de los socios de garantizar la libertad de movimiento de personas con total seguridad entre UE y Canadá, estamos en el año 2010 y nada ha cambiado.

Creo firmemente que, en un futuro próximo, las autoridades canadienses harán todo lo posible por suprimir los visados. Junto con mis compañeros diputados del Parlamento Europeo continuaré las acciones que ya se han iniciado para permitir que los ciudadanos rumanos, búlgaros y checos puedan viajar libremente cuanto antes.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta resolución porque creo que las negociaciones que se están manteniendo para que haya un acuerdo económico y comercial global podrían consolidar las relaciones UE-Canadá. Se espera que la próxima cumbre UE-Canadá se centre en reforzar las ya estrechas relaciones políticas que mantienen ambos socios, abordando en concreto los siguientes retos compartidos: la negociación de un acuerdo económico y comercial global; los desafíos existentes en materia de política exterior y de seguridad, una respuesta coordinada a la crisis económica y financiera y también el cambio climático y la energía. Del mismo modo la UE y Canadá se comprometen a construir una economía mundial con bajas emisiones de carbono segura y sostenible, a invertir también en tecnologías de energía limpia y convertirse en líderes de la creación de empleos ecológicos para reforzar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) Los ciudadanos de los tres Estados miembros de la Unión siguen necesitando visados para entrar en Canadá. Los rumanos y búlgaros se han unido a los checos a los que se ha vuelto a imponer la obligación del visado debido a la gran afluencia de población romaní. Dada la situación se requiere una cooperación estrecha, por un lado, entre los Estados miembros de la UE para resolver los problemas de la comunidad romaní y, por otro, entre los Estados miembros y Canadá para crear un sistema lo más transparente y efectivo posible para proporcionar información sobre las condiciones para la concesión de visados de forma que se reduzca la tasa de denegación. Al mismo tiempo, hay que revisar el sistema de asilo de Canadá. De hecho, a este respecto, el mérito de la resolución reside en que hace una solicitud directa a la parte canadiense para que tome medidas para suprimir la obligación de visado.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) Canadá es uno de los socios más veteranos de la UE y la cumbre de este año es importante para continuar y consolidar esta estrecha cooperación bilateral en cada ámbito. He votado a favor de la propuesta de resolución común porque refleja de forma concisa y objetiva la perspectiva positiva de nuestra futura cooperación.

Uno de los principios básicos de la UE es garantizar la reciprocidad en las relaciones bilaterales. Espero que en un futuro próximo, Canadá suprima la obligación de visado para los rumanos, checos y búlgaros, garantizando así un trato justo e igual para todos los ciudadanos de la UE. Al mismo tiempo quiero celebrar las medidas que se han tomado hasta el momento destinadas a firmar un acuerdo de comercio entre la UE y Canadá y espero que la cumbre de este año proporcione el impulso necesario para zanjarlo.

Teniendo en cuenta la actual situación económica y el estado del clima, tengo que hacer hincapié en la necesidad de una cooperación estrecha para identificar alternativas a los recursos tradicionales para producir energía, que respeten las características concretas de cada estado, dado que tanto la UE como Canadá, participan en el desarrollo y utilización de tecnologías con bajas emisiones de carbono. Al mismo tiempo, hay que promover también la cooperación en los sectores energético, climático y marítimo en la región del ártico.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Canadá es un socio fiable e importante para la UE por motivos históricos y culturales, por las afinidades étnicas y políticas y porque nuestras civilizaciones comparten valores y puntos de referencia. Un acuerdo económico y comercial global con Canadá podría ser una contribución positiva para profundizar las ya excelentes relaciones entre la UE y Canadá. Aunque han surgido dificultades en esta relación, sobre todo con respecto a la pesca, seguridad e inmigración, cierto es que, en comparación con otros países, la relación UE-Canadá es estable y beneficiosa para ambos socios. Espero que esta relación de confianza dure mucho tiempo y que ambas partes del Atlántico Norte sigan siendo pacíficas y prósperas.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Observo que la asociación entre Canadá y la UE es una de las más antiguas y estrechas, data de 1959, y que las negociaciones actuales para lograr acuerdo económico y comercial global tienen el objetivo de fortalecer más las relaciones entre la UE y Canadá. Destacaría que en 2010 Canadá preside el grupo de países del G-8 y será la sede de la próxima Cumbre del G-20. Por tanto, celebro la declaración de la Comisión en la que se cita el progreso realizado en las negociaciones para un acuerdo económico y comercial global como algo fundamental para las relaciones económicas entre la UE y Canadá. A este respecto, creo que la Cumbre UE-Canadá en Bruselas el 5 de mayo de 2010 brinda una buena oportunidad para acelerar esas negociaciones. En particular, celebro la intención de iniciar una importante reforma de su sistema de gestión de la pesca, que también incluirá a la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Este texto está muy a favor de las negociaciones iniciadas por la Comisión con miras a asegurar un acuerdo económico y comercial global entre la UE y Canadá. Este acuerdo se negociará a espaldas de los ciudadanos europeos a pesar del hecho de que tendrá un efecto significativo en sus vidas cotidianas en los siguientes ámbitos: el desmantelado de los servicios públicos, la superioridad del derecho de los inversores de proteger sus beneficios frente al derecho de los estados de proteger el interés común; la reducción de los derechos de los trabajadores y la restricción de acceso a los servicios sanitarios, agua, educación y cultura. El Grupo PPE, el Grupo ALDE, el Grupo ECR y el Grupo S&D en el Parlamento Europeo proponen respaldar e incluso acelerar esta política y su flagrante rechazo a la democracia. Me opongo rotundamente.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Canadá es desde hace tiempo socio de la UE. Por tanto, es natural que con los años esta relación se haya profundizado y mejorado. El acuerdo económico y comercial global se enfocará de una manera muy especial en esta cumbre con la esperanza de que estas negociaciones tengan éxito porque el acuerdo es fundamental para las relaciones económicas entre la UE y Canadá. Aún hay otras cuestiones importantes entre la UE y Canadá como la ayuda de la Unión a Haití en particular cuestiones relacionadas con la pesca e inquietudes medioambientales. No podemos olvidar que el Tratado de Lisboa ha conferido nuevos poderes a esta Cámara con respecto a la negociación de los acuerdos internacionales: el Parlamento tiene que participar ahora en todas las fases de las negociaciones.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre la próxima Cumbre UE-Canadá celebrada hoy porque creo que es importante que no sólo mantengamos las relaciones a un nivel elevado sino también que las profundicemos y mejoremos aún más. En concreto, también se debería hacer hincapié, en este contexto, en la acción conjunta para la introducción de una exacción bancaria o impuesto sobre las transacciones financieras a nivel mundial.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − La resolución se ha aprobado por una amplia mayoría. Me he abstenido debido a los términos del párrafo 6 sobre la población romaní que justifica la restrictiva política de visados de Canadá contra Bulgaria, Rumania y la República Checa. Sin embargo, el Grupo Verts/ALE ha conseguido introducir en la resolución, con respecto al atún rojo y la Conferencia CITES, lo siguiente: «manifiesta su decepción por la posición adoptada por el Gobierno canadiense en la última Conferencia de las Partes de la Convención CITES respecto de la inclusión del atún rojo en el Apéndice I de la Convención CITES».

 
  
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  Alf Svensson (PPE), por escrito. (SV) Cuando el Parlamento Europeo votó la resolución que establecía las prioridades para la próxima cumbre entre la UE y Canadá, me encontraba entre la minoría que votó en contra de la propuesta. El texto es en gran parte sólido pero contiene dos párrafos con los que simplemente no puedo estar de acuerdo. El párrafo 2 sostiene que una de las prioridades que se debatirán en la cumbre debería ser «la introducción a escala mundial de una exacción bancaria o un impuesto sobre las transacciones a nivel mundial». Me opongo rotundamente a este tipo de exacción o impuesto sobre las transacciones internacionales. En mi opinión, hay numerosas cuestiones dentro del ámbito económico que merecen esa prioridad durante la cumbre.

Además, me preocupan los términos del párrafo 6 que sostienen que el Parlamento «señala que el Gobierno canadiense ha introducido la obligación de visado para los ciudadanos checos en respuesta a la afluencia de población romaní a Canadá». Puede que ésta sea la razón por la que Canadá ha hecho esto pero, tal y como lo veo, no hay ninguna razón por la que nosotros, europeos, tengamos que apoyarlo o incluso mencionarlo en un texto comunitario. Puesto que estos dos párrafos se incluyeron en la resolución y la petición de eliminarlos no recibió, lamentablemente, el apoyo de la mayoría, he votado en contra de toda la resolución.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0243/2010)

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) El Parlamento Europeo ha mostrado receptivo durante la votación de hoy con respecto a la firma del nuevo acuerdo sobre el tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera como parte del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo. Asimismo ha reiterado que cualquier acuerdo nuevo en este ámbito tiene que estar en línea con el marco jurídico introducido por el Tratado de Lisboa.

La lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad para la UE, y la cooperación productiva con los EE.UU., que incluye actividades como el intercambio de datos e información, es una condición importante para evitar atentados terroristas en el futuro.

Creo que es vital que el intercambio de datos se limite estrictamente a la información solicitada para combatir el terrorismo, y las transferencias de datos en masa significan una divergencia con respecto a los principios en los que se basa la legislación y la práctica de la UE Por eso he utilizado la resolución de hoy para pedir a la Comisión y al Consejo que planteen explícitamente este tema de forma adecuada como parte de las negociaciones con los EE.UU. que van a tener lugar en un futuro próximo y analice, junto con nuestros socios estadounidenses, los medios para establecer un procedimiento que sea jurídicamente transparente y factible, con el objetivo de autorizar la transferencia y extracción de datos pertinentes.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre SWIFT, que concierne la transferencia de datos bancarios de los europeos a los EE.UU. como parte de la lucha contra el terrorismo. Tras las advertencias del Parlamento Europeo hace pocas semanas, el proceso de negociación va bien encaminado. El Parlamento Europeo desempeñará ahora un papel en este proceso conforme a los procedimientos que se recogen en el Tratado de Lisboa. El objetivo es lograr un buen equilibrio entre proteger de forma efectiva a nuestros ciudadanos de los riesgos terroristas y respetar los derechos individuales. En mi opinión, el mandato de negociación que el Parlamento presenta hoy al Consejo respalda este punto de vista.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – He apoyado esta resolución porque es importante que lleguemos a un acuerdo que pueda ayudar tanto a Europa como a los EE.UU. a reforzar la lucha contra el terrorismo, por la seguridad de los ciudadanos, sin perjuicio del Estado de Derecho. La UE todavía tiene que establecer los principios fundamentales sobre cómo cooperará con los EE.UU. en términos generales para luchar contra el terrorismo. Por tanto, es responsabilidad de la Comisión y del Consejo buscar la forma de establecer un procedimiento transparente y jurídicamente correcto para la autorización de la transferencia y la extracción de los datos pertinentes analizar así como para efectuar y supervisar los intercambios de datos. Este tipo de medidas se tienen que tomar conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad y respetando plenamente los derechos fundamentales que recoge el Derecho comunitario que permitirían la plena aplicación de la legislación europea pertinente.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Tenemos que luchar por intensificar la cooperación transatlántica en los ámbitos de justicia, libertad y seguridad en un contexto de respeto por los derechos humanos y libertades civiles. Hay que poner en marcha un sistema de protección de datos personales de forma clara y transparente. Los requisitos jurídicos europeos para un tratamiento justo, proporcionado y conforme a Derecho de la información personal revisten una importancia primordial y hay que respetarlos y defenderlos siempre. En la actualidad el intercambio específico de datos es imposible. Las soluciones deben incluir la restricción del alcance de los datos transferidos y la enumeración de los tipos de datos que los proveedores designados pueden filtrar y extraer, así como los tipos de datos que pueden incluirse en una transferencia. Por tanto, es especialmente importante instar al Consejo y a la Comisión a que busquen la forma de establecer un procedimiento transparente y jurídicamente correcto para la autorización de la transferencia y la extracción de los datos pertinentes así como para efectuar y supervisar los intercambios de datos. Cualquier acuerdo entre la UE y los Estados Unidos debe incluir garantías estrictas de aplicación y supervisión, respecto de la extracción cotidiana, el acceso y el uso por parte de las autoridades estadounidenses de todos los datos que les son transferidos en virtud del acuerdo, de cuya verificación se encargaría una autoridad pertinente designada por la UE.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Como estado nacional, Rumania ha apoyado la adopción del acuerdo SWIFT. Sin embargo, el Parlamento Europeo consideró que la primera versión del acuerdo negociado por los representantes de la Comisión y el Gobierno estadounidense violaba los derechos de los ciudadanos europeos cuyos datos se procesaban en masa en lugar de específicamente cuando había sospechas. Es importante que el nuevo acuerdo, que se ha negociado recientemente en Washington entre los representantes de la UE y el Congreso de EE.UU., trate las inquietudes del Parlamento Europeo. Siempre existe el riesgo de que se rechace también la nueva versión del acuerdo si sigue contraviniendo la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.

El Parlamento Europeo es consciente de que el acuerdo es importante incluso para la seguridad de los europeos. Como resultado, cada vez está más claro que las objeciones de los diputados conciernen al contenido del Tratado y no a la forma. El Parlamento Europeo ha adquirido un mayor poder de decisión tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La norma de esta institución es ejercer sus propias prerrogativas y velar por los intereses de los ciudadanos de la UE. Sin embargo, siempre y cuando se vaya a conservar el espíritu de las opiniones manifestadas por el legislativo europeo en la versión futura del acuerdo, será aprobado. La lucha contra el terrorismo y la rápida detección de transferencias bancarias sospechosas seguirá siendo más que nunca una de las principales prioridades de la UE.

 
  
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  Françoise Castex (S&D), por escrito. (FR) Tras el rechazo del acuerdo SWIFT por parte del Parlamento en febrero de 2010, hay que negociar un nuevo acuerdo entre la UE y los EE.UU. para la transferencia de datos bancarios en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Cuando rechazamos el acuerdo en febrero, los diputados nos negamos a permitir que continuara la transferencia de datos masiva e incontrolada al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. He votado a favor de la resolución hoy para influenciar el nuevo mandato de que la Comisión Europea tendrá que negociar un nuevo acuerdo con los EE.UU. Básicamente pedimos que se reconsidere la transferencia «en masa» de datos personales para que se lleve a cabo de forma más específica, para que haya un derecho de reparación para que los datos se almacenen el menor tiempo posible y se el intercambio de datos sea recíproco. La protección de datos personales es un tema importante para el Parlamento Europeo. Por tanto, hemos estado muy pendientes de la transferencia de datos de pasajeros aéreos. Protegeremos hasta el final los derechos de nuestros ciudadanos.

 
  
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  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – He apoyado la resolución sobre la nueva recomendación de la Comisión al Consejo para autorizar la iniciación de las negociaciones con los EE.UU. para transferir datos de mensajería financiera para combatir el terrorismo. Según las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, el acuerdo provisional entre la UE y los EE.UU. firmado en noviembre de 2009, quería el consentimiento del Parlamento Europeo. He votado en contra del acuerdo, que el Parlamento bloqueó, preocupado por la privacidad de los ciudadanos y empresas europeos que se veía amenazada por acuerdos de libre transferencia de datos en masa. Hay que combatir el terrorismo con decisión pero los medios que se empleen no pueden crear un ambiente de inseguridad con respecto a los derechos de los ciudadanos que es precisamente el objetivo primordial de los atentados terroristas. Cualquier acuerdo nuevo tiene que estar supeditado a los principios fundamentales como la limitación estricta de estos intercambios a los fines de combatir el terrorismo y que haya una autoridad europea que garantice supervisión judicial y el respeto de los derechos fundamentales conforme al Derecho comunitario. El acuerdo tiene que tener una duración limitada y estar sujeto a su rescisión si no se cumple cualquier obligación.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra de esta propuesta de resolución porque no rechaza el intercambio de datos en masa con los EE.UU. y otros países dentro del contexto de la llamada lucha contra el terrorismo ni promueve la necesidad de que haya un acuerdo internacional vinculante entre la UE y los EE.UU. sobre el marco del intercambio de información con el objetivo de imponer la ley. Por último, porque dado que el Parlamento Europeo tendrá que aprobar el acuerdo redactado, es inaceptable que se hayan iniciado las negociaciones, aunque sean extraoficiales, sin su participación plena y equitativa.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) He votado en contra del acuerdo provisional firmado entre la UE y los EE.UU. sobre el tratamiento y transferencia de datos financieros de los ciudadanos europeos, no sólo porque es obviamente incorrecto debido a que pone en duda el respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad así como la integridad y seguridad de los datos financieros europeos sino también porque se ha negado al Parlamento la oportunidad de ejercer debidamente sus prerrogativas. Creo en la necesidad de intensificar la cooperación transatlántica en todos los ámbitos pertinentes, concretamente los de libertad, seguridad y justicia, pero esto sólo puede ocurrir si hay un respeto absoluto por los principios fundamentales como el de proporcionalidad, necesidad y reciprocidad. A estas alturas, tengo que alabar a la Comisión y al Consejo por su nueva postura con respecto a la cooperación con el Parlamento. Espero que juntos consigamos establecer los principios básicos que deben regir y facilitar la cooperación entre la UE y los EE.UU. en el futuro para combatir el terrorismo. Deseo conocer cuanto antes las conclusiones de la visita de la delegación del Parlamento a Washington y espero que también aquí podamos ver el comienzo de un nuevo capítulo.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de esta resolución y tengo que reiterar que la cooperación UE-EE.UU. en la lucha contra el terrorismo, del mismo modo que la firma de un acuerdo específico entre la UE y los EE.UU. al respecto, es de vital importancia. Este acuerdo tiene que estar permanentemente en el radar del Parlamento. El Consejo y la Comisión tienen que mantener informado al órgano legislativo durante cada fase de la negociación y firma de este acuerdo. El Parlamento Europeo ha manifestado su postura al respecto en varias ocasiones.

Otro aspecto clave de la resolución es que cualquier solicitud de transferencia de datos tiene que ser aprobada por una autoridad judicial europea. La transferencia de datos tiene que estar justificada y efectuarse de forma transparente. Los derechos de los ciudadanos tienen que estar garantizados, entre ellos, el derecho de acceso, modificación y eliminación de datos además de recibir compensación y daños y perjuicios en caso de que se viole su privacidad.

Quiero destacar la necesidad de encontrar una solución para la restricción de transferencias de datos que sólo permita que se intercambien los datos de las personas sospechosas de llevar a cabo actividades terroristas. Es importante que se respeten los principios de reciprocidad y proporcionalidad en el acuerdo y que se cancele inmediatamente en el caso de que no se cumplan las obligaciones que se han asumido. Creo firmemente que el Consejo JAI tendrá en cuenta las recomendaciones que se recogen en esta resolución.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución porque creo que cualquier acuerdo entre la UE y los EE.UU. al respecto tiene que incluir garantías estrictas de aplicación y supervisión de cuya verificación se encargaría una autoridad pertinente designada por la UE. Sólo de esta forma se puede asegurar que estas transferencias de datos no supondrán una divergencia con respecto a los principios en los que se basa la legislación y la práctica de la UE.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La cooperación jurídica internacional y la cooperación transatlántica son fundamentales para la lucha contra el terrorismo. Por eso se debería celebrar la existencia de un acuerdo a largo plazo entre la UE y los EE.UU. para evitar la financiación del terrorismo. No obstante, tal acuerdo no puede poner en peligro la privacidad de las transacciones de las personas físicas y jurídicas. Por este motivo, requisitos jurídicos europeos para un tratamiento justo, proporcionado y conforme a Derecho de la información personal revisten una importancia primordial y deben mantenerse en cualquier situación.

La UE tiene que establecer los principios fundamentales que regulan las formas de cooperación general con los EE.UU. para luchar contra el terrorismo y los mecanismos de transferencia de información sobre las transferencias de sus ciudadanos consideradas como sospechosas o irregulares. Hay que firmar un acuerdo de cooperación legal UE/EE.UU. para evitar la financiación del terrorismo garantizando que las transferencias de datos personales respetan los derechos y libertades de los ciudadanos y empresas europeos sin poner en peligro la privacidad de las transacciones innecesariamente.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Según las condiciones del acuerdo provisional firmado entre los EE.UU. y la UE he reconocido que la cooperación transatlántica es necesaria en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo internacional. He destacado que esta cooperación debería basarse en la confianza mutua y en el respeto por los principios de reciprocidad, proporcionalidad y respeto por los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la seguridad no debería anular otros derechos, libertades y garantías, sino ser compatible con ellos. No es aceptable que la policía en Portugal sólo pueda acceder a los datos bancarios de una persona con una orden judicial y que se envíen millones de datos para que sean analizados e interpretados por la policía estadounidense sin ningún control judicial. Por tanto, he votado en contra del acuerdo provisional. No obstante, la nueva propuesta de resolución en cuestión muestra una nueva postura por parte de la Comisión y el Consejo con respecto a la colaboración con el Parlamento. Espero que la futura cooperación UE-EE.UU. en la lucha contra el terrorismo se base en los principios de proporcionalidad, necesidad y reciprocidad.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Tras el fracaso significativo del acuerdo provisional SWIFT con los EE.UU. tenemos una nueva resolución que merece toda nuestra crítica porque acepta la idea de que se produzca un gran intercambio de datos en el ámbito de la llamada «lucha contra el terrorismo». Muchos especialistas han manifestado que este acuerdo no garantiza la protección de los derechos, libertades y garantías. El llamado «acuerdo SWIFT» y el acuerdo marco sobre la protección y transferencia de datos constituye una amenaza, no una garantía de seguridad.

Por lo que respecta a las relaciones UE-EE.UU. hay una concepción diferente sobre la protección de datos, las competencias, la legislación y la privacidad. Hay que aclarar estas cuestiones antes de dar a la Comisión un nuevo mandato.

No obstante, la mayoría de esta Cámara ha dado a la Comisión un cheque en blanco estableciendo limitaciones ambiguas como la de «proporcionalidad» o «reciprocidad». Esto abre una verdadera caja de Pandora contra la libertad y promueve la eliminación de funciones de los Estados miembros, como la decisión sobre la transferencia de datos de sus ciudadanos que se está dando a una «autoridad pública europea».

No hay posibilidad de «proporcionalidad» y «reciprocidad» en el caso de la transferencia y almacenamiento en masa, puesto que supone una serie de amenazas incontrolables relacionadas concretamente con quién accede, cómo se utilizan los datos y con qué finalidad.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor de que la Comisión Europea tenga un mandato reforzado para negociar con las autoridades estadounidenses sobre el SWIFT. De hecho, tenemos que estar seguros de que se eliminan dos objeciones importantes: la cuestión de la transferencia de datos en masa y la oportunidad de que los europeos tengan el derecho de reparación en los EE.UU. Por eso creo que este mandato debería cambiar de forma sustancial antes de aprobarlo, de otro modo me veré de nuevo obligada al final de las negociaciones a votar en contra del acuerdo como ya hice la vez pasada.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Voto en contra de este texto que favorece la posibilidad de acuerdo entre Europa y los EE.UU. sobre la transferencia de datos SWIFT. Es inviable, en las condiciones actuales, filtrar los datos que se van a enviar a los EE.UU. Las autoridades estadounidenses tendrán de este modo acceso a gran cantidad de datos privados enviados como medida urgente como resultado de una amenaza terrorista que, aunque sea genuina, seguirá explotándose con fines imperialistas. Además, este texto no requiere reciprocidad por parte de los EE.UU., se atreve meramente a «señalar» de forma sumisa que sería lo normal. Convertir a Europa en el vasallo de los EE.UU. es totalmente inaceptable. No ha habido mejor ocasión para que Europa reivindique su independencia de los EE.UU.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La lucha contra el terrorismo preocupa a la UE así como al resto del mundo democrático. Este mecanismo que puede ayudar a descubrir posibles atentados es esencial para vencer en esta lucha. El acuerdo SWIFT es un instrumento poderoso en la lucha contra el terrorismo puesto que da acceso a información financiera privilegiada relacionada con las sumas de dinero que se transfieren de un país a otro. La nueva negociación de este acuerdo con los EE.UU. es una oportunidad única para que la UE haga una contribución efectiva al descubrimiento de nuevos terroristas y posibles atentados. Por el momento hay un gran deseo de cooperar por parte de los EE.UU. que está promoviendo un acuerdo que proteja de forma efectiva los datos transmitidos y cuente con la mayor reciprocidad posible.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado en contra de esta resolución conjunta en nombre del Grupo ALDE, SD, PPE y ECR porque su texto avala la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los 27 Estados miembros y Estados Unidos para la transferencia de datos bancarios con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Según las condiciones actuales, las autoridades estadounidenses tendrían acceso a gran cantidad de datos privados de millones de ciudadanos europeos. Considero que la pretensión de Estados Unidos es inaceptable y atenta contra las libertades y derechos de los ciudadanos europeos. Con su propuesta, las fuerzas más conservadoras pretenden entregarnos atados de pies y manos a los intereses estadounidenses, sin importarles la seguridad ni la privacidad de los ciudadanos. El Parlamento Europeo no puede permitir que con el pretexto de la lucha contra el terrorismo se vulneren los derechos civiles y las libertades de los europeos.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La propuesta de resolución sobre las negociaciones para un nuevo acuerdo SWIFT contiene numerosas propuestas detalladas sobre cómo mejorar la protección de datos en el futuro con respecto a poner a disposición de los EE.UU. los datos de mensajería financiera. Esto es algo digno de celebrar. Sin embargo, haciendo esto, oculta la cuestión de si es una necesidad fundamental tal invasión masiva de la privacidad. Esto se asume simple y claramente. Sin embargo, no deja claro si de esta forma podemos combatir el fenómeno del terrorismo de forma eficiente. Tampoco queda claro cómo se va a llevar a la práctica la protección de los datos que se ha pedido. Sabemos por experiencia y práctica común que los datos se utilizan de forma tan extensa como sea posible y a menudo en busca de algún beneficio. Por tanto, me opongo, partiendo de esto, a la transferencia de datos altamente personales y voto así en contra de la propuesta de resolución.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) He votado hoy a favor de la resolución del Parlamento que también han apoyado la mayor parte de grupos políticos y que contiene las condiciones del Parlamento para que se ratifique el nuevo acuerdo SWIFT y comience una nueva ronda de negociaciones con los EE.UU. El objetivo del Parlamento es establecer normas flexibles para promover la cooperación transatlántica que ayudará a combatir el terrorismo y crear un sistema de transmisión en el que los ciudadanos de la UE puedan confiar. Uno de los puntos más delicados de la negociación al que hay que prestar especial atención es la reducción del volumen de datos transmitidos. Para lograr esto, el nuevo acuerdo tiene que incluir una serie de garantías diseñadas para garantizar el cumplimiento de la legislación europea que protege los datos personales de los ciudadanos europeos. Además, tal y como se declara en la resolución, es importante que los ciudadanos europeos tengan un mejor mecanismo de apelación de modo que puedan defender sus derechos de forma más eficaz.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Me he abstenido de votar la resolución SWIFT (TFTP). Sin embargo una gran mayoría la ha aprobado (en votación no nominal). Nuestro Grupo se ha abstenido porque se rechazaron nuestras principales enmiendas, concretamente la enmienda 8 que pedía que la transferencia de datos estuviera sujeta a una autorización judicial y la 9 que pedía que se utilizara el Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de Américahttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0243+0+DOC+XML+V0//ES" \l "_part1_def1" para los objetivos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP) También se han rechazado otras enmiendas importantes del Grupo Verts/ALE: una definición europea de lo que constituye una «actividad terrorista» en lugar de la estadounidense, la prohibición de transferir los datos a terceros países u organismos y limitar el periodo de almacenamiento de los datos. No obstante, la resolución se puede considerar como un mensaje bastante firme en vista de las negociaciones UE-EE.UU. para lograr un nuevo acuerdo TFTP tras el rechazo (procedimiento de dictamen) el pasado febrero del acuerdo anterior, incluso aunque desde nuestro punto de vista el texto aprobado hoy supone un paso hacia atrás en comparación con la resolución que el Parlamento aprobó el pasado septiembre.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La lucha contra el terrorismo y su financiación es una realidad incuestionable y merece toda nuestra atención, de modo que la cooperación transatlántica es imprescindible. La tentativa anterior de lograr un acuerdo entre la UE y los EE.UU. sobre el tratamiento y la transferencia de datos carecía de proporcionalidad, reciprocidad y transparencia.

Esta propuesta de resolución pide la adopción de una definición común de lo que constituye una «actividad terrorista» y una aclaración del concepto de «datos no extraídos». Asimismo reitera la necesidad de utilizar el principio de necesidad para limitar el intercambio de información al periodo de tiempo necesario para su finalidad.

Ahora se proponen una serie de garantías que se basan en la práctica legislativa europea y, por tanto, ofrece una mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se está intentando no sólo proteger el principio de no discriminación a través del procedimiento de tratamiento de datos, sino también crear una autoridad europea que sea capaz de recibir y supervisar las peticiones estadounidenses. He votado a favor de esta propuesta de resolución porque entiendo que se han establecido las bases para permitir el inicio de las negociaciones que favorecen la consecución de un acuerdo equilibrado entre la UE y los EE.UU.

 
  
  

Propuesta de resolución: (B7-0244/2010)

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − He apoyado esta resolución considerando que en nuestra época digital, la protección de datos, el derecho a la autodeterminación informativa, los derechos personales y el derecho a la intimidad se han convertido en valores que desempeñan un papel cada vez mayor y que, por tanto, deben ser protegidos con especial atención. Para proteger estos derechos debidamente se debería garantizar que todas las t