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Procedimiento : 2010/2005(BUD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0134/2010

Debates :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Votaciones :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0171

Debates
Martes 18 de mayo de 2010 - Estrasburgo Edición DO

9. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
PV
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

Informe: Rui Tavares (A7-0125/2010)

 
  
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  Philip Claeys (NI).(NL) He votado en contra del informe Tavares porque la introducción de un programa conjunto en materia de reasentamiento es el paso enésimo paso hacia una política de asilo europea completamente uniforme.

No es necesario tener el don de la clarividencia para predecir, incluso ahora, que una política uniforme como esta nos llevará a un mayor incremento del número de solicitantes de asilo en los Estados miembros. El considerando del informe que afirma que la introducción de un programa conjunto en materia de reasentamiento haría menos atractiva la inmigración es particularmente desagradable. Este pseudoargumento hipócrita reaparece una y otra vez cuando en esta Cámara son sometidos a votación textos relativos a la inmigración o al asilo. Se trata de un engaño a la ciudadanía. En países como Bélgica, la inmigración ilegal habitualmente se produce cuando las personas pasan a la clandestinidad tras su proceso de asilo y después son recompensadas con la regularización.

Debemos combatir este tipo de cosas, y un programa conjunto en materia de reasentamiento no ofrece solución alguna.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Hemos aprobado una directiva que indudablemente ampliará las posibilidades para investigar en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios y que contribuirá al ahorro en lo relativo a la calefacción de los edificios. El principal problema son los edificios antiguos, claro está, no y no sólo los bloques de apartamentos. Ayer mi colega la señora Marinescu hizo referencia a un fondo especial. La disposición de recursos adicionales en tiempos de crisis es cuestionable. Por tanto, es necesario hacer un mejor uso de los recursos actuales, que suponen un 4 % para el período 2010-2014.

 
  
  

Informe: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Quiero referirme de nuevo al informe sobre el Fondo Europeo para los Refugiados. Quiero decir que el resultado de la votación muestra que me he abstenido. Sin embargo, quiero declarar aquí que apoyo la responsabilidad compartida para que los solicitantes de asilo tengan acceso a unas condiciones más dignas, y que estaba a favor. Por otra parte, debemos luchar de manera más eficaz contra la inmigración ilegal.

Unas palabras sobre el punto de Schengen, si se me permite. Hoy hemos aprobado más iniciativas para poner en marcha la segunda versión del Sistema de Información de Schengen, que refuerza las garantías de seguridad para todos los europeos que viven en un espacio unificado sin barreras.

Sin embargo, el comportamiento de las policías alemana y austríaca proyecta una sombra oscura sobre la idea de Schengen y de la solidaridad europea, ya que numerosos ciudadanos checos son obligados a someterse a controles innecesarios, íntimos y degradantes en las fronteras interiores. Planteé este problema, junto a otras cuestiones, hace dos años en una pregunta a la Comisión Europea, pero la situación aún no ha sido resuelta de manera satisfactoria. Equivale a un claro incumplimiento de las normas, y en el caso de los ciudadanos checos, incluidos hombres de negocios y trabajadores, restringe la libre circulación, que es una de las libertades básicas garantizadas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Rui Tavares (A7-0131/2010)

 
  
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  Clemente Mastella (PPE).(IT) Una política migratoria, señora Presidenta, que busca ser justa y realista requiere necesariamente la adopción de reglamentos europeos compartidos sobre asilo y debe también disponer un programa en materia de reasentamiento que sea eficaz, sólido y sostenible. En este momento, creo que debo subrayar que el reasentamiento no sólo persigue un objetivo humanitario, sino también el objetivo político y económico de aliviar a terceros países del peso de aceptar grandes cantidades de refugiados, y la carga igualmente pesada de compartir los costes y las responsabilidades financieras.

Sin embargo, creemos que una partida presupuestaria y una forma de ayuda financiera no son suficientes, por lo que urgimos a los Estados miembros a fomentar la creación de mecanismos de financiación privada, a alentar las asociaciones público-privadas con ONG y otros agentes sociales, como organizaciones religiosas y étnicas, con el fin de posibilitar la promoción del trabajo voluntario en este ámbito. En lo que se refiere a las nuevas perspectivas financieras, pensamos que sería buena idea por ejemplo disponer una asignación financiera específica, tal vez por medio de un nuevo fondo creado con este fin.

Finalmente, proponemos un compromiso firme de todos los implicados para ofrecer a los refugiados, especialmente a los más vulnerables, acceso a una vivienda digna, a una educación apropiada, a cursos de idiomas, a atención sanitaria, a servicios psicológicos, así como acceso al mercado laboral, lo que resulta esencial para asegurarnos de que se integran de manera adecuada.

 
  
  

Recomendación para la segunda lectura: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Me complace que el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género haya recibido un apoyo tan amplio en la votación de hoy. Soy consciente de que garantizar unas condiciones sociales para las mujeres emprendedoras que estén al mismo nivel que las disfrutadas por las mujeres empleadas es fundamentalmente responsabilidad de los Estados miembros. Sin embargo, este informe establece unos esquemas claros que deberían ser seguidos por los países. No creo que esto suponga un incumplimiento de la subsidiariedad, pero si alguien tiene dudas puede iniciar una revisión. Gracias al Tratado de Lisboa, incluso los parlamentos nacionales pueden hacerlo. Tengo curiosidad por saber si aprovecharán de esta crítica o si se enredarán en una mera palabrería hueca.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) He votado a favor de este informe y creo que es importante destacar que el promedio indica que las mujeres de la Unión Europea siguen estando peor pagadas por hora de trabajo, ya que reciben un 17,4 % menos que los hombres. Esta diferencia apenas se ha reducido ligeramente en los últimos quince años, aunque en algunos países incluso ha crecido. Estoy de acuerdo con la llamada del Parlamento a preparar informes regulares sobre la diferencia salarial por géneros en la Unión Europea, y apoyo todas las medidas dirigidas a reducir la discriminación contra las mujeres en la UE.

 
  
  

Informe: Toine Manders (A7-0122/2010)

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Hemos aprobado la controvertida propuesta porque nuestra Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor la ha ampliado y mejorado introduciendo el etiquetado del país de origen también para la Unión Europea. Los europarlamentarios italianos han presentado propuestas más avanzadas en la sesión plenaria de hoy, que incluyen un reglamento para abarcar también el sector del calzado. He respaldado firmemente esa idea durante largo tiempo, pero debe ser redactada en un borrador con estándares más elevados por parte de la Comisión Europea. Es cuestión de resolver las definiciones técnicas, algo que el Parlamento no puede hacer demasiado bien por sí solo. Por tanto, no he votado a favor de ello. Al mismo tiempo quiero pedir a la Comisión que comience a trabajar de inmediato y que presente la propuesta.

 
  
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  Morten Løkkegaard (ALDE) . – (DA) Señora Presidenta, tan sólo quiero decir que he votado en contra de estas dos partes del informe que afectan a la expresión «hecho en» porque no creo que haya prueba alguna que demuestre que las ventajas son mayores que las desventajas. Creo que esto tiende hacia el proteccionismo y eso es algo a lo que me cuesta dar un voto favorable. Por tanto, he votado en contra de estas dos partes.

 
  
  

Informe: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

 
  
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  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Señora Presidenta, he decidido respaldar esta iniciativa, que da a ciertas regiones de Europa la oportunidad de desarrollarse. Debemos prestar atención al hecho de que en términos económicos algunas áreas de la propia Europa también se están convirtiendo en regiones ultraperiféricas. Por tanto, este tipo de programas tiene como objetivo, entre otras cosas, el desarrollo de áreas de Europa, y espero que estimulen el crecimiento por medio de la agricultura y de la industria pesquera.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Señora Presidenta, quiero expresar mi preocupación con respecto a la situación de los productores de bananas de las Islas Canarias, Guadalupe, Martinica y Madeira, a las que el Tratado incluye entre las regiones ultraperiféricas.

Su situación se ha vuelto más difícil especialmente desde que la UE, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, firmó un acuerdo con los países de América Latina para la rebaja de las tarifas a las importaciones de bananas desde esa área. Quiero destacar el hecho de que el 2006 la UE reformó su organización del mercado común para las bananas. Quedaron comprometidos fondos presupuestarios para ayudar a los productores de bananas de esas regiones. Desde la reforma, la UE ha destinado 208 millones de euros anuales a ayudar a los productores de Canarias, las Antillas Francesas, Madeira y, en menor grado, las Azores.

Aunque debemos aplaudir dicho apoyo, para muchos productores de bananas no será suficiente. De modo que quiero urgir a las instituciones competentes a que adopten las medidas necesarias para garantizar que las áreas tradicionales de la economía de la UE no son puestas en peligro a cambio de objetivos comerciales más estratégicos.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE). – Señora Presidenta, apoyo este informe porque aborda la cuestión de la diversidad y de nuestra política agrícola entre las regiones. Sin embargo, quiero hacer un comentario sobre las observaciones finales del Comisario Cioloş. Ha respondido a las preocupaciones expresadas en relación con la reapertura de las conversaciones con Mercosur y, a pesar de que sus palabras han traído algo de alivio a quienes las han escuchado —ya que ha dicho que se aseguraría de que los intereses del modelo agrícola de la UE estarían protegidos— me temo que a mí no me ha tranquilizado.

En los propios documentos de la Comisión queda muy claro que los productores europeos de productos vacunos, de aves de corral y de productos porcinos serán afectados de manera muy negativa si se cierra un trato. Esta reapertura de las negociaciones se produce en un momento en el que estamos reformando la política agrícola. Es posible que no dispongamos de suficientes fondos presupuestarios y no obstante nos enfrentamos a un mayor trastorno de los precios y los ingresos agrícolas. No tiene sentido, y espero que el señor Comisario tenga en cuenta estas opiniones.

 
  
  

Informe: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

 
  
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  Krisztina Morvai (NI).(HU) Apoyo este informe porque simplifica el enorme peso administrativo y burocrático que actualmente deben soportar los agricultores. Confío plenamente en que como resultado del informe surja una nueva forma de relación entre los funcionarios responsables de poner en marcha la política agrícola común y en los Estados miembros, especialmente en los antiguos Estados comunistas como Hungría, y los agricultores. Esto acabará con las prácticas vigentes hasta ahora, que sistemáticamente castigaban, penalizaban y aterrorizaban a los agricultores. También espero que finalmente se desarrolle una nueva forma de cooperación entre los funcionarios y los clientes. Creo que es muy importante que la responsabilidad no corresponda en exclusiva a los productores, quienes hasta ahora han debido pagar sanciones por los incidentes más nimios, sino que también el Estado asuma su responsabilidad, como cuando el gobierno se retrasa en el pago de lo que debe a los granjeros. Las reclamaciones de esos pagos deberían ser ejecutables en los tribunales tanto por parte de los agricultores como de los clientes.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) He votado a favor del informe Ashworth porque creo que simplificar y reducir los procedimientos burocráticos relacionados con la PAC no sólo es algo deseable sino también necesario, pues así los agricultores europeos podrán aprovechar al máximo sus aspectos beneficiosos y no, como sucede a menudo, topar con dificultades y retrasos administrativos.

También opino que muchos compartirán el deseo de garantizar una legislación más clara y comprensible, tanto para las autoridades responsables como para los productores agrícolas, que elimine todos los reglamentos superfluos, y de fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y las autoridades locales.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señora Presidenta, la viabilidad de política agrícola común debe ser comprobada, ya que la burocracia innecesaria nos cuesta a nosotros y, sobre todo, a los agricultores una enorme cantidad de tiempo y de dinero. Los elementos que no sean significativos y apropiados deben ser desmantelados y simplificados. Es el caso, en concreto, de la normativa del sistema de condicionalidad, que a menudo resulta muy complicada y conflictiva.

Nuestro objetivo declarado es conseguir una política agrícola más simple y más transparente. Los agricultores de la Unión Europea deben poder dedicar más tiempo a sus labores sobre el terreno, como antes, en lugar de pasarlo frente a un escritorio. Realmente espero que la Comisión tome nota de este mensaje importante de nuestro informe y actúe para hacerlo realidad.

 
  
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  Diane Dodds (NI). – Señora Presidenta, he votado a favor de este informe, como muchos otros que están implicados activamente con los agricultores de su región. Uno de las claves que escuchamos constantemente es que en el sector hay demasiada burocracia. De modo que un aspecto clave de la nueva PAC debe ser una reducción de la burocracia y del papeleo. La legislación debe tener sentido para los agricultores y no debemos impedirles que se dediquen a la producción de alimentos. Sin embargo, no sólo es importante la racionalización de las normativas, sino también la flexibilidad de los Estados miembros, sobre todo con la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo.

El Tribunal de cuentas ha mostrado muy escasa flexibilidad, y asimismo muy poco sentido común, al aplicar las penas. Esta normativa necesita atención urgente, y necesitamos más sentido común. También es precisa una revisión financiera para evaluar el coste de las inspecciones agrícolas y la cantidad de dinero obtenida por medio de las sanciones, para comprobar si en realidad supone una buena relación calidad-precio para el contribuyente.

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE). – Señora Presidenta, creo que cuando introdujimos la desvinculación, pocos de nosotros fuimos conscientes de las implicaciones de incluir el sistema de condicionalidad en el paquete al que ahora los agricultores deben ajustarse. Creo que son más de diecisiete directivas distintas. Tal vez deberíamos preguntarnos en esta Cámara hasta qué punto conseguimos legislar para simplificar.

Sin embargo, hay un área concreta a la que quiero referirme, y es la de las inspecciones. Tenemos la inspección general de la condicionalidad por parte de las autoridades competentes, pero los productores se enfrentan crecientemente a otros grados y estadios de inspección por parte de procesadores, de minoristas y de todo tipo de colectivos; necesitamos un poco de coordinación y no duplicar las inspecciones. No añaden ningún valor o grado de seguridad al producto final, pero suponen una cantidad importante de burocracia y de frustración para los productores, a quienes se exige verse y recibir a todos esos inspectores. Doy la bienvenida a este informe.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Ashworth, por su excelente informe. En mi opinión, hay una razón muy buena para centrar ahora la atención en nuestra capacidad de simplificar los procesos relativos a la agricultura en la Unión Europea. Podemos decir que un agricultor se enfrenta a tal jungla de pagos, viva en el norte o en el este de Finlandia, o en cualquier otra parte de Europa, que se muestra reacio a examinarla. Por tanto, necesitamos unos modelos claros, factibles y comprensibles. También necesitamos confianza entre la población agrícola y el gobierno con el fin de hacer progresos.

Actualmente, la política agrícola de la Unión Europea es un desastre tal, con sus veintisiete países diferentes y sus veintisiete culturas distintas, que resulta complicado verle un futuro claro que no pase por la simplificación y la clarificación de los sistemas. Este informe del señor Ashworth es un paso excelente en esa dirección, y espero que podamos continuar por este camino: instrucciones y orientaciones claras y sencillas sobre agricultura ahora y en el futuro.

 
  
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  Seán Kelly (PPE). – Señora Presidenta, creo que es innovador que al Parlamento le llegue un informe que comienza con la palabra «simplificación». Por supuesto, eso en sí mismo no debería resultar necesario, pero sugiere que hasta ahora ha sido demasiado complicado.

Cualquier cosa relacionada con un enfoque instructivo sobre un cierto tema debería implicar simplificación en lugar de complicación. Hemos tenido demasiado de esta hasta ahora, como sabrá cualquiera que se haya reunido con agricultores. Los productores agrícolas se están volviendo completamente locos por la cantidad de formularios que deben cumplimentar y por las inspecciones autoritarias a las que deben someterse.

De modo que aplaudo esta propuesta. Por supuesto, también hay que decir que lo que se hace con los formularios en realidad no va a decidir cómo se trabaja la tierra. Es el modo en que los granjeros tratan a sus animales y el modo en que trabajan su tierra lo que nos va a proporcionar la trazabilidad, la responsabilidad y la seguridad alimentaria que necesitamos.

Así que se trata de un paso en la dirección adecuada. Espero que veamos muchos como este y, a su debido tiempo, superemos la necesidad de utilizar la palabra «simplificación», porque contaremos con ella automáticamente.

 
  
  

Informe: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

 
  
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  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). (FI) Señora Presidenta, he votado a favor del informe, pero me he equivocado al votar el trascendental artículo 34, en la enmienda 5. Es muy importante que clarifiquemos el tamaño de la presencia de CO2 y, más allá, descubrir su coste. Es hora de que en el Parlamento Europeo adoptemos una posición única, y me complace mucho que el nuevo Gobierno del Reino Unido haya decidido que este asunto debe formar parte de su programa. Espero que los otros Estados miembros también lo conviertan en un tema prioritario. Es una cuestión ambiental y también una cuestión de costes. Mientras el Parlamento Europeo sea capaz de gastar tanto dinero como el que gasta ahora en una reunión de esta naturaleza, continuaremos ignorando la crisis económica.

 
  
  

Recomendación para la segunda lectura: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

 
  
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  Sonia Alfano (ALDE).(IT) En cuanto al informe Ţicău, he votado a favor de la posición común de actualizar la Directiva relativa al rendimiento energético de los edificios, porque el objetivo es que, a partir de finales de 2020, todos los edificios de nueva construcción tengan un equilibrio energético equivalente a cero, un fin que las instituciones europeas deben esforzarse al máximo por conseguir. Europa ha asumido un compromiso compartido, y está firmemente convencida de que en el futuro próximo no será necesario producir más energía, sino hacer un mejor uso de la que ya es producida.

El ahorro de energía y la eficiencia energética representan efectivamente una fuente de producción de energía. No necesitamos esperar diez años para avanzar en esta dirección; en lugar de eso, los Estados miembros deben comprometerse ahora a alcanzar los objetivos de eficiencia energética, usando recursos financieros que, hasta ahora, habían estado dedicados a producir mayores cantidades de energía.

Les recuerdo especialmente la infame puesta en marcha del programa nuclear de Italia, que dañó y puso en peligro la salud de los ciudadanos y del medio ambiente. Esta iniciativa consumió una enorme cantidad de recursos públicos con el fin de producir, en menos de veinte años, la misma cantidad de energía de la que podríamos prescindir si invirtiésemos ahora mismo los mismos recursos en eficiencia energética. ¡Inversiones ecológicas para nuestros hijos, no a los residuos radioactivos!

A continuación pasaré a explicar el voto del informe Rühle.

 
  
  

Informe: Heide Rühle (A7-0151/2010)

 
  
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  Sonia Alfano (ALDE).(IT) He votado a favor porque creo que es importante que el Parlamento apoye la simplificación y la racionalización de la legislación sobre contratación pública. Esto hará más fácil el trabajo tanto de los organismos administrativos como de las empresas, especialmente el de las PYME, que tendrán más facilidades para tomar parte en las licitaciones.

Considero esencial referirme al uso de la contratación pública como medio para fomentar las vías de desarrollo sostenible, introduciendo criterios ambientales y sociales en las invitaciones a licitar. Asimismo creo que es deber del Parlamento y de las instituciones europeas seguir presionando en favor de una transparencia absoluta en lo relativo al uso de dinero público, especialmente con referencia a la contratación pública, empleando todos los medios posibles y muy específicamente Internet.

El control ciudadano constituye una contribución crucial para el uso de fondos públicos de un modo que vaya auténticamente en beneficio del colectivo y, como nos recuerda la Comisión de Desarrollo Regional, para luchar contra la corrupción que reina entre las autoridades locales y regionales.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Por desgracia, el de la contratación pública es un ámbito que registra uno de los mayores grados de corrupción. Me ha alegrado respaldar el informe de la señora Rühle que pide una simplificación de la contratación pública. Sin embargo, al mismo tiempo quiero señalar que hasta que la Comisión introduzca un portal público con información sobre las circunstancias de las contrataciones sospechosas financiadas por la Unión, no será mucho lo que cambie. La competencia no será eficaz, justa y accesible para las pyme. Estoy hablando de control y de análisis, sobre un precio de referencia para un kilómetro de autopista, por ejemplo, sobre publicarlos nombre de los propietarios reales de las empresas adjudicatarias, incluidas las subsidiarias de compañías matrices, y también los nombres de las empresas que ganan de manera habitual, para que puedan ser investigadas por los medios de comunicación y por la ciudadanía.

 
  
  

Informe: Franziska Keller (A7-0140/2010)

 
  
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  Mairead McGuinness (PPE). – Señora Presidenta, yo también quiero hablar sobre eficiencia energética, pero aparentemente la norma dice que si no hay enmiendas, no son posibles las explicaciones orales, por lo que la he presentado por escrito.

Sobre el informe Keller, quiero dejar claro que lo rechazo debido a los apartados 44 y 45 y al considerando I. El apartado 44 se me antoja profundamente inquietante.

Además, ¿cuál es la postura del Parlamento? El año pasado y el año anterior, presionamos a la Comisión para que tomase la iniciativa para ayudar a los productores lácteos de toda Europa, que se encontraban en una situación complicada. La Comisión respondió con restituciones a la exportación como medida de emergencia. Las únicas personas que me remitieron sus quejas eran de Nueva Zelanda, que no es un país en vías de desarrollo. Creo que incluir esos párrafos en este informe, que de otro modo habría sido positivo, hace un flaco servicio a este Parlamento y a nuestros productores de la Unión Europea, que están pasando apuros. Estamos reduciendo la producción en Europa. Eso tiene consecuencias para los países en desarrollo. Debemos prestar atención.

 
  
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  Presidenta. – Señora McGuinness, tenía usted toda la razón con respecto al Reglamento. Había pensado que la señora Alfano iba a seguir en una línea parecida a la de la señora Jäätteenmäki, pero de hecho ese informe no debería haber tenido ninguna explicación de voto. Está usted en lo correcto.

 
  
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  Seán Kelly (PPE). – Señora Presidenta, tan sólo quiero decir que coincido con mi colega la señora McGuinness. Hemos tenido dificultades con algunas de las propuestas y por ese motivo no iremos en la línea del PPE, como de costumbre. Creo que la señora McGuinness ha explicado el porqué. La comprendo muy bien y también coincido con lo que ha dicho, así que espero que el PPE también lo entienda.

 
  
  

Informe: Hella Ranner (A7-0130/2010)

 
  
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  Peter van Dalen (ECR).(NL) Señora Presidenta, he votado a favor del informe Ranner porque ofrece una buena solución para el problema del tiempo de conducción y los períodos de descanso en el transporte por carretera. Esta solución reside en la armonización y en la interpretación de las leyes. Esto puede ser encontrado en el apartado 17, tal y como ha sido modificado.

La Comisión Europea, en cooperación con la Confederación de Organizaciones responsables de las normativas para el transporte por carretera (Corte), debe trabajar en producir una interpretación artículo por artículo de la aplicación de las leyes. Además, esa interpretación debe estar clara y debe ser conocida por todos quienes están implicados en aplicar la legislación en las carreteras de Europa.

También aplaudo el apartado 27 modificado, y pido a todos los conductores que hagan uso del punto de contacto de transacciones desproporcionadas creado por Euro Contrôle Route. Conductores, las cosas deben cambiar en Europa en términos de tiempo de conducción y de períodos de descanso, y hacen falta pruebas. Por ello les animo a que presenten sus quejas ante esta ventanilla dispuesta por Euro Contrôle Route.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Señora Presidenta, el informe de mi colega hace hincapié en que persisten unas diferencias notables en la manera en que son tratadas las infracciones graves de tráfico en los distintos Estados miembros. Por tanto, estoy a favor de las medidas propuestas para la armonización y la igualación de las infracciones y de las sanciones europeas relacionadas, así como de la posible creación de un instrumento de coordinación a escala de la Unión Europea.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Solicitud de consulta al Comité Económico y Social Europeo - Hacia un espacio europeo de seguridad vial: directrices estratégicas en materia de seguridad vial hasta 2020

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) En las carreteras de Europa todavía se producen demasiados accidentes. Esto está relacionado con el creciente volumen del tráfico, pero también con las exigencias excesivas a los usuarios de las carreteras, traducidas en tensión y en exceso de fatiga por motivos profesionales o personales, así como con las masas confusas de señales de tráfico, de carteles publicitarios, etc. Tampoco debemos olvidar que, en especial en el caso de los accidentes mortales o que registran heridos graves, el tráfico intenso tiene una influencia negativa.

Por el bien del medio ambiente debemos poner en marcha por fin ideas que no sólo sean apoyadas de boquilla, como la transferencia del transporte de mercancías a los trenes; pero también debemos aplicar unos planes de tráfico inteligente como la introducción de semáforos. Medidas como las zonas de circulación lenta, la prohibición de circular por los centros urbanos y otras similares aún no han sido suficientemente investigadas y por tanto no deben ser aplicadas a gran escala. Hay una serie de problemas que este informe sencillamente no aborda con el detalle necesario, por lo que he votado «no».

 
  
  

Recomendación para la segunda lectura: Jean Lambert (A7-0118/2010)

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Esta propuesta forma parte de las iniciativas legislativas de la Unión con el fin de establecer un sistema europeo de asilo. Esta Oficina Europea de Apoyo al Asilo debe por tanto proporcionar a los Estados miembros ayuda experta y contribuir a la aplicación de una política común europea de asilo coherente y de alta calidad.

Sin lugar a dudas, la creación de esta nueva oficina será un valor añadido para el refuerzo de la confianza mutua y de escenario de responsabilidades compartidas entre los Estados miembros. Debe facilitar los intercambios de información, de análisis y de experiencias entre ellos; organizar actividades de formación y desarrollar una cooperación concreta entre las administraciones encargadas del análisis de las solicitudes de asilo. Es importante confrontar las diferencias significativas en los procesos de toma de decisiones de los veintisiete Estados miembros en lo relativo a las solicitudes internacionales de protección y para alcanzar con éxito un cierto grado de convergencia sobre cómo los Estados miembros analizan y responden a esas solicitudes.

Apoyo la propuesta del ponente de incluir la oferta de ayuda para el reasentamiento. Estoy de acuerdo en que los cambios presupuestarios necesarios del Fondo Europeo para los Refugiados proporcionarán la financiación adecuada para la nueva agencia en sus fases iniciales.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Las cuestiones relativas a la inmigración y, especialmente, al derecho de asilo son particularmente delicadas. Que este derecho sea reconocido o no a los ciudadanos no europeos podría tener un impacto catastrófico en sus vidas, por lo que la decisión debe ser tomada con seriedad, considerada de manera reflexiva y tratada con humanidad. Creo que el sentido común más básico dicta que una política de puertas abiertas —sin criterios para restringir el acceso al territorio de la Unión— es inaceptable, pero que una política de prohibición absoluta de las entradas resulta intolerable. Necesitamos un equilibrio justo que persiga reconciliar los intereses legítimos y las preocupaciones de los ciudadanos de los Estados miembros con las necesidades de quienes pretenden acceder a éstos.

La creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo podría suponer un paso importante hacia la adopción de mejores prácticas en este ámbito, dando a los Estados miembros una mayor confianza entre ellos, lo que generaría un intercambio de información mejorado.

Sin embargo, debo hacer hincapié en que los Estados miembros han de continuar disfrutando de libertad de circulación en lo referente a si admiten o no a estos solicitantes de asilo dentro de sus fronteras. También quiero destacar que la UE no debe ocultar el hecho de que los intereses de sus Estados miembros en este ámbito no son convergentes en absoluto.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El objetivo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo es proporcionar ayuda experta que contribuya a aplicar una política europea común de asilo coherente y de alta calidad. Esta oficina posibilita el desarrollo de la confianza mutua y permite compartir responsabilidades, y será responsable de la coordinación del intercambio de información y de otras iniciativas relacionadas con el reasentamiento por parte de los Estados miembros. Como promotora de valores de dignidad humana, que constituyen los elementos básicos de la libertad, la democracia y el desarrollo socioeconómico, en el contexto del actual panorama global la Unión Europea debe ser pionera y un ejemplo para los demás en lo relativo al asilo. La creación de la oficina europea, con el fin de apoyar a los Estados miembros en este ámbito de intervención con ciudadanos de terceros países, será un factor determinante a la hora de aplicar un sistema europeo común de asilo y la solidaridad de los Estados miembros en acciones coherentes que se ajusten a los valores y los principios del proyecto de construcción de Europa. Pido que los mecanismos y los recursos necesarios para crear la Oficina de Apoyo al Asilo sean garantizados con celeridad.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor de la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo con la esperanza de que permita aportar un cierto valor añadido al sistema europeo de asilo que actualmente es claramente defectuoso. Ciertamente me habría gustado que el mandato de esta oficina fuese más ambicioso y que se constituyera en el instrumento a través del cual se estableciera finalmente la solidaridad obligatoria entre los Estados miembros, para así poner fin a la lotería del derecho de asilo. Esta seguirá siendo una esperanza piadosa hasta que adoptemos los procedimientos comunes de asilo. Por suerte, esta oficina al menos tendrá el mérito de contribuir a una identificación mejorada de los problemas y temas de asilo, con el fin de garantizar la mejor protección posible para las personas que son víctimas de persecución y que buscan refugio en nuestro país.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de crear la Oficina Europea de Apoyo al Asilo ya que, en el caso de los Estados miembros cuyo sistema nacional de asilo está bajo presión, esta oficina puede apoyar la puesta en marcha de mecanismos de solidaridad dirigidos a promover una mejor reubicación de los beneficiarios de la protección internacional de dichos Estados miembros a otros, al tiempo que permite garantizar que no se produce un abuso de los sistemas de asilo. Aplaudo el hecho de que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo vaya a coordinar las iniciativas comunes de asistencia de los Estados miembros que se enfrentan a situaciones específicas como grandes llegadas de ciudadanos de terceros países que solicitan protección internacional.

Para nosotros será vital armonizar tanto nuestras leyes como nuestras prácticas de asilo. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo identificará buenas prácticas, organizará cursos de formación a escala europea y mejorará el acceso a la información precisa sobre los países de origen. Además, creo que las actividades de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo también deberían incluir la preparación de orientaciones dirigidas a facilitar la evaluación de las solicitudes de asilo, así como un control del cumplimiento y del respeto de la legislación comunitaria pertinente.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Estamos convencidos de que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo representará un valor añadido para el desarrollo de la confianza mutua y para la división de las responsabilidades políticas y financieras. Los Estados miembros de la UE todavía deben alcanzar un acuerdo final sobre el tratamiento que se debe dar a los refugiados y sobre el perfil de los individuos a los que se concederá el estatus de refugiado; y sobre todo aún deben superar las reservas de ciertos gobiernos en lo referente a los posibles costes.

Esta oficina será responsable de proporcionar ayuda especializada. Su función abarcará la coordinación, el intercambio de información y las iniciativas relacionadas con la reubicación de los refugiados. Pondrá en marcha programas de formación dirigidos a los responsables de este sector en cada país, contribuyendo a una mayor armonización entre las distintas prácticas. Nosotros los diputados al Parlamento conservamos el derecho fundamental a designar a su director ejecutivo.

Creo que es mi deber destacar nuestra llamada a realizar los cambios necesarios en el Fondo Europeo para los Refugiados con el objetivo de garantizar que la nueva agencia funciona adecuadamente. La principal cuestión política sigue siendo la relación entre la solidaridad humana y el reparto de las cargas financieras: se ha solicitado a la UE que ofrezca ayuda eficaz a los Estados más afectados por los flujos migratorios y por un elevado número de solicitantes de asilo, y a los que hacen frente a presiones específicas y a menudo desproporcionadas debido a su tamaño relativamente pequeño.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) En una cuestión tan delicada, referida a los derechos humanos, la creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo es importante para hacer posible una ayuda especializada a escala de la UE para definir una política europea común de asilo coherente y de alta calidad. Por eso he votado del modo que lo he hecho.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La Oficina de Apoyo al Asilo podría constituir un organismo muy útil, especialmente si adoptase una función de coordinación en lo relativo a la repatriación y, por tanto, si sirviera para acelerar las medidas de repatriación. En consecuencia, el apoyo también podría resultar útil para el reasentamiento. Este informe trata este elemento, que yo considero muy importante, como una mera cuestión de segundo orden. En lugar de concederle protagonismo, contiene numerosas propuestas burocráticas que tendrán como resultado un aparato hinchado y una aplicación morosa de las medidas. Por tanto, me he abstenido en la votación.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Expreso mi respaldo a la propuesta de crear una Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La función de esta oficina, inicialmente financiada por el Fondo Europeo para los Refugiados, será proporcionar la asistencia especializada que se necesita para activar una política común de asilo y para coordinar los intercambios de información y las iniciativas relacionadas con el reasentamiento de refugiados. Corresponderá al Parlamento Europeo designar a su director ejecutivo y aplicar los principios de transparencia y de control democrático. La solidaridad dentro de la comunidad estará garantizada por un acuerdo entre los Estados miembros con el consentimiento de los actores implicados. También respaldo la creación de un foro consultivo, como resultado de la presión ejercida por nosotros los diputados al Parlamento Europeo, que asegurará un diálogo cercano entre la Oficina de Apoyo al Asilo y los distintos participantes.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) Hoy estamos dando luz verde a la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que generará beneficios múltiples. La Oficina de Apoyo al Asilo hará una contribución decisiva a la integración en una área única europea de asilo. Pondrá con rapidez en funcionamiento una organización que coordinará y reforzará la cooperación entre los Estados miembros en cuestiones de asilo, fomentando un acercamiento entre las distintas prácticas nacionales. La oficina también posibilitará fomentar la convergencia entre los planes reguladores que son de aplicación en la UE en el ámbito de los derechos de asilo. Con todos estos beneficios presentes y con el consentimiento tanto de los Estados miembros como de las instituciones europeas para el establecimiento de la oficina europea, me ha alegrado votar a favor de su creación.

 
  
  

Recomendación para la segunda lectura: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) Si bien el voto favorable a este informe es una mera formalidad, dado que la aplicación del Tratado de Lisboa requiere una cierta adaptación en lo relativo a la base jurídica y a los actos delegados, quiero no obstante destacar la importancia de la eficiencia energética en el sector de la construcción de edificios en lo que se refiere a alcanzar el objetivo de la UE de reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 en un 20 %, y de incrementar la producción de energía a partir de fuentes renovables en otro 20 % para el año 2020. Como sabemos, alcanzar los objetivos de eficiencia energética y de reducción de las emisiones en los centros urbanos depende fundamentalmente de una mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes y también la de los que están en construcción.

Sin embargo, sigo pensando que la directiva establece unos objetivos muy ambiciosos que las administraciones locales tendrán dificultades para alcanzar a menos que reciban ayuda financiera, también de la UE. En concreto estoy pensando en el inmenso trabajo de recuperación de energía que es necesario llevar a cabo en el patrimonio inmobiliario, como las viviendas sociales, donde la renovación energética (que permitiría a las familias pagar menos en sus facturas de luz y de gas) exigirá un compromiso financiero significativo por parte de las autoridades locales.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El objetivo de este texto tan ambicioso es alentar la construcción y la renovación de edificios según unos estándares que son más respetuosos con el medio ambiente, ya que son más eficientes en el aspecto energético. He votado decididamente a favor de su adopción. Gracias a iniciativas como esta, la Unión Europea está demostrando su condición de líder en el área del desarrollo sostenible. Esta directiva es un buen compromiso entre el estímulo y la restricción en lo que respecta a la construcción ambientalmente responsable.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) El sector de la construcción es responsable del 40 % del consumo de energía de la UE y del 35 % de sus emisiones. Esta legislación estipula que para 2020 los edificios nuevos deben tener un consumo de energía casi nulo y que los edificios existentes sometidos a renovación deben cumplir unos requisitos mínimos de rendimiento energético. Por tanto, esta legislación contribuirá a disminuir la dependencia energética en Europa, a reducir las emisiones de CO2, mejorando la calidad interior y exterior del aire, y a incrementar el bienestar en las ciudades. El incentivo de mejorar el rendimiento energético de los edificios también representa una ocasión para reclasificar nuestras ciudades, contribuyendo al turismo, a la creación de empleo y a un crecimiento económico sostenible en la UE. Sin embargo, la reclasificación exige un incremento de la inversión pública y privada. Contemplamos una inversión pública directa con un efecto directo en la creación de empleo y en la implicación de las PYME; y un programa de regeneración urbana resultará apropiado para la recuperación económica. Por tanto, pido a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen los Fondos Estructurales para reclasificar los edificios en términos ambientales y energéticos, haciendo de esta financiación un catalizador para la financiación privada. También les pido que encuentren el modelo de financiación adecuado para renovar los edificios existentes.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Pasamos el 50 % de nuestra vida en nuestros hogares. Hoy, el 30 % de las viviendas existentes en Europa son insalubres, incluso pese a las grandes diferencias existentes entre los Estados miembros. Por tanto, es importante no sólo fomentar nuevos edificios sostenibles, sino también llevar a cabo una renovación sostenible. Aplaudo esta nueva legislación, que permitirá a los consumidores reducir sus facturas de energía y al conjunto de la UE alcanzar su objetivo climático de reducir el consumo de energía en un 20 % en un plazo de diez años. Los Estados miembros deberá adaptar sus normativas sobre edificios para que todos los edificios construidos a partir de finales de 2020 se ajusten a unos estándares energéticos exigentes. Los edificios ya existentes deberán ser mejorados en la medida de lo posible. Para el Movimiento Demócrata, la cuestión de la vivienda también tiene un aspecto urbanístico y de calidad de la construcción. Debemos dar prioridad al modo en que nuestros hogares son diseñados. Por tanto, debemos impulsar la rehabilitación del patrimonio inmobiliario, por ejemplo mediante una modulación de los impuestos sobre bienes inmuebles dependiendo del rendimiento energético de los edificios. Por tanto, pedimos a los Estados miembros que establezcan un sistema fiscal reorientado a estimular a todas las partes implicadas a comportarse de una manera ambientalmente más responsable.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) Considero este informe beneficioso para el futuro del sector energético de la Unión Europea, siempre que los objetivos subrayados en él sean factibles y compatibles con la situación financiera de los Estados miembros. Aplaudo los objetivos adoptados por el Consejo el 14 de abril de 2010 relacionados con la necesidad de reducir las grandes diferencias entre Estados miembros en términos de eficiencia térmica en los edificios, así como el objetivo propuesto de que todos los edificios alcancen un consumo de energía cero para el 31 de diciembre de 2020, algo que se basará en fases cubiertas por los Estados miembros en 2015 y en 2018. Sin embargo, la Comisión y el Consejo deben tener presente que muchos Estados miembros siguen haciendo frente a la recesión económica y que necesitarán ayuda financiera y logística para alcanzar los objetivos que están siendo propuestos. La Comisión debe considerar de cara al futuro el diseño de un plan de intervención financiera basado en la asignación de fondos para el desarrollo que ayudarán a los Estados miembros que son incapaces de destinar los fondos necesarios, especialmente para trabajos de renovación. Esta medida debe ser vista como beneficiosa por los ciudadanos ordinarios, ya que son quienes están corriendo con los gastos de parte de los costes de renovación.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de la recomendación sobre rendimiento energético de los edificios, porque plantea propuestas ambiciosas y factibles para una reducción del 20 % en el consumo de energía y en las emisiones de CO2 en los sectores no cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión para 2020. Esta directiva tendrá un efecto directo en las vidas de los ciudadanos europeos, ya que ayudará a los consumidores a reducir su gasto en energía y, al mismo tiempo, puede contribuir a crear millones de puestos de trabajo en toda la UE gracias a las inversiones planeadas en mejoras de la eficiencia energética y en el uso de fuentes renovables de energía.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En 2008, la UE se comprometió a una reducción del consumo de energía del 20 % para 2020 y a que un 20 % de la energía consumida procediese de fuentes renovables. Mejorar la eficiencia energética de los edificios es la manera más eficaz de reducir en un 20 % el consumo de energía y las emisiones para los sectores que están fuera del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión. Además, el ahorro en energía de los edificios energéticamente eficientes es de promedio un 30 % superior al de los edificios convencionales.

El 13 de noviembre de 2008, la Comisión presentó su propuesta de enmienda a la Directiva 2002/91/CE sobre el rendimiento energético de los edificios. Esas enmiendas tendrán un impacto significativo en las vidas de la ciudadanía europea, ya que traerán consecuencias inmediatas para los edificios en los que viven, y generarán la necesidad de descubrir y desarrollar unas tecnologías más eficaces para el sector de la construcción. Más allá, esta estrategia generará empleo y contribuirá al crecimiento sostenible. Dado que el borrador actual está basado en el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en noviembre de 2009, apoyo la propuesta del ponente.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La adopción de esta directiva relativa al rendimiento energético de los edificios es un paso importante hacia la reducción de las emisiones de CO2 y de la dependencia energética de Europa. Estos factores son crecientemente decisivos para la calidad de vida de los ciudadanos europeos, así como para la competitividad de nuestra economía y para nuestra organización social. Dado que el sector de la construcción es responsable del 40 % del consumo de energía y del 35 % de las emisiones totales de CO2, la autosuficiencia y el rendimiento energético mejorado de los edificios renovados adquieren una importancia decisiva en lo tocante a la capacidad de la Unión Europea para alcanzar, en 2020, los objetivos de una reducción del 20 % en el consumo de energía y de un incremento del 20 % en el uso de fuentes renovables de energía y en eficiencia energética. Además de posibilitar que los consumidores privados y los servicios públicos reduzcan sus costes energéticos, se espera que la aplicación de esta nueva legislación permita luchar contra la crisis en el sector de la construcción civil, y que contribuya al desarrollo de programas de regeneración urbana, que tendrán un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida y del bienestar de la ciudadanía.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Mejorar el rendimiento energético de los edificios es particularmente importante para incrementar la eficiencia energética general en la UE y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si la Unión Europea quiere alcanzarlos objetivos que se ha propuesto, aspirando a reducir el consumo de energía en un 20 % y a garantizar que el 20 % del consumo de energía procede de fuentes renovables y a incrementar la eficiencia energética en un 20% antes de 2020, deberá asumir un compromiso significativo en lo tocante al rendimiento energético de los edificios.

El acuerdo político alcanzado entre el Parlamento y el Consejo ha derivado en la clarificación de los aspectos técnicos, en unos requisitos mínimos de rendimiento energético que dependen de la edad del edificio y de si ha sido renovado o no, y en el respaldo de las autoridades públicas a la aplicación de las recomendaciones.

Sin embargo, aún existen algunas inquietudes en lo tocante a la función reforzada de la Comisión para evaluar los planes nacionales y los informes de inspección, así como a las adaptaciones al Tratado de Lisboa, que concede más poder a la Comisión por medio de los «actos delegados».

 
  
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  Adam Gierek (S&D), por escrito.(PL) Los factores básicos que afectan al rendimiento energético son: primero, la conversión de una forma de energía en otra de modo que pueda dársele un uso específico. Cuanto más larga sea la cadena de conversiones, mayor serán las pérdidas. En la práctica, esto sólo afecta a la corriente de energía térmica liberada de las fuentes primarias de energía. Una gran parte de esta pasa al medio ambiente. Este efecto puede ser reducido en los procesos de cogeneración, que pueden alcanzar una tasa de eficiencia de hasta el 90 %. Segundo, la resistencia eléctrica, o resistencia de Ohm, que es importante en la transmisión de energía eléctrica. Tercero, la resistencia térmica. En los intercambiadores de calor es importante una resistencia baja; mientras que una resistencia alta es importante debido a la baja conductividad térmica de los materiales aislantes. El uso de estos materiales aislantes —como el poliestireno, la lana mineral o el cemento celular— reduce significativamente las necesidades térmicas de las viviendas residenciales. Actualmente, resulta bastante elevado; en torno a un 40 % de la energía total utilizada. Cuarto, la fricción en procesos antifricción, como en los rodamientos, y en procesos de fricción como los frenos. Esto afecta principalmente a los coches y a la turbulencia en los aviones. Las pérdidas por fricción se sitúan en torno al 30 % del total de energía.

He votado a favor del reglamento sin enmiendas porque las pérdidas de energía en los edificios residenciales son —junto con las pérdidas por conversión— las más importantes, y porque el ahorro favorecerá a los ciudadanos con pocos recursos. En el caso de Polonia, la modernización térmica, junto a la cogeneración, puede traer beneficios económicos, sociales y ecológicos. En este ámbito debería haber algún tipo de prioridad de realización, porque los nuevos reglamentos a menudo ralentizan la aplicación de los anteriores.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor del proyecto de directivas revisadas sobre el rendimiento energético de los edificios porque creo que creo que los edificios nuevos deberían acatar el principio de ahorro de energía y que en esta área deberían ser aplicados unos estándares vinculantes, de modo que fuesen respetados eficazmente en todas partes. Los edificios públicos serán los primeros a partir de 2018, dando a las autoridades públicas más peso y legitimidad en sus campañas informativas a los ciudadanos. Estos textos también estipulan que el ahorro de energía debe ser un elemento fundamental en la renovación de edificios. Por tanto me gustaría que estas medida diesen un impulso nuevo a las PYME y que los Estados miembros reforzaran los programas de formación para la mano de obra responsable de construir edificios energéticamente eficientes. De manera similar, en lo que respecta al etiquetado relativo al consumo energético de los artículos que funcionan con energía, creo que los consumidores deben conocer las características energéticas de los productos que adquieren.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La cuestión de la eficiencia energética es crucial para la Estrategia Europa 2020. Con la adopción de esta recomendación se ha producido un avance importante hacia la reducción del consumo de energía durante los próximos años, ya que el texto aspira a la existencia de edificios con un consumo de energía cercano a cero para 2020. Este esfuerzo debe ser realizado no sólo en la construcción de edificios nuevos, sino también en los grandes proyectos de renovación que implican a los edificios ya existentes. También será crucial que se dé un ejemplo positivo en los proyectos de construcción públicos. De ahí el signo de mi voto.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) En el pasado han sido implementadas medidas de ahorro de energía fáciles de aplicar, y es complicado estimar cuán fácil (es decir, sin unos trabajos de renovación extremadamente amplios) de alcanzar es el potencial para el ahorro energético. En cualquier caso, todo esto no debe írsenos de las manos hasta el punto de que los edificios en los que han sido realizados trabajos excelentes de renovación para la eficiencia energética se queden vacíos debido a unos alquileres exorbitados. Hablando en general, no debemos interferir inaceptablemente con los derechos de propiedad de los ciudadanos en lo que se refiere a las renovaciones, incluso en beneficio de la defensa ambiental.

Para empezar, las medidas de ahorro de energía son muy costosas y no siempre implican una tecnología completamente desarrollada, por lo que en ese aspecto sencillamente no podemos establecer algo; debemos disponer incentivos por medio de subvenciones. Dados los recortes salariales y de seguridad social a los que hacemos frente, debemos realizar una verificación doble e incluso triple de que la nueva normativa no lleva a los constructores de viviendas o a los residentes a la ruina y a la perdición. El impacto de la demanda de energía no puede ser estimado claramente, por lo que he votado en contra.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) El sector de la construcción fue señalado por la UE como uno de los mercados con el mayor potencial de ahorro de energía. El ahorro de energía medio de los edificios con eficiencia energética es un 30 % superior al de los edificios convencionales. En los nuevos Estados miembros de la UE, incluida Lituania, en muchos bloques de apartamentos se desperdicia en torno al 60 % de la energía térmica. Sólo en Lituania hay más de 35 000 bloques de apartamentos. Sus inquilinos no sólo pagan grandes sumas por la calefacción, sino que también son responsables de toneladas de emisiones de CO2. El gobierno conservador lituano es incapaz de iniciar el aislamiento de los edificios. Tras casi dos años de promesas sobre la inminencia de la renovación, ni un solo edificio ha sido renovado.

He votado a favor de esta recomendación sobre el rendimiento energético de los edificios porque promueve el objetivo de avanzar hacia unos edificios con un gasto de energía cercano a cero. Esto garantizará que los edificios de la UE pasen a ser sostenibles a tiempo desde un punto de vista energético. Al implementar esta directiva, iniciaremos el proceso de reducción del consumo de energía en la UE en una quinta parte de aquí al año 2002. Las inversiones para incrementar la eficiencia energética crearán millones de puestos de trabajo y contribuirán al crecimiento de la economía de la UE.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Manifiesto mi apoyo a la recomendación para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Eficiencia energética significa no solamente ahorrar energía, sino también reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Para alcanzar este objetivo, debemos limitar la pérdida de energía de las viviendas, que ha incrementado debido a una tecnología que ha trasladado los costes energéticos de la construcción al mantenimiento. La investigación en el sector de la construcción está orientándose hacia un enfoque más ecológico.

Hoy los proyectos más grandes se concentrar en los países templado, donde este tipo de tecnología se extiende a un ritmo que sugiere que tendremos ciudades sostenibles en un futuro no muy lejano. En los países mediterráneos, estas tecnologías nuevas no se extienden a la misma velocidad. Pese a que allí el problema de la dispersión térmica es menos grave, los edificios no son más ambientalmente sostenibles.

El uso creciente de sistemas de aire acondicionado, cada vez más habituales en los hogares, exige en realidad una gran cantidad de energía. Por tanto, la Unión Europea debe poner en marcha campañas informativas y actuar haciendo uso de los fondos comunitarios, de los incentivos y de las campañas de información, así como investigando y aplicando las nuevas tecnologías.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) Alcanzar el objetivo 20-20-20 para 2020, es decir, una reducción del 20 % en el consumo de energía, un incremento del 20 % en la proporción de energía procedente de fuentes renovables que se incluye en el consumo energético total, y un aumento del 20 % en la eficiencia energética requiere una actuación coordinada y con un objetivo claro tanto por parte de la UE como de los Estados miembros. Más importante aún, mejorar la eficiencia energética de los edificios es la manera más eficaz de reducir el consumo de energía y las emisiones en los sectores no pertenecientes al régimen de comercio de derechos de emisión en un 20 %. Para ser precisos, el ahorro medio de energía de los edificios eficientes es un 30 % al de los edificios convencionales. Además los edificios energéticamente eficientes usan menos agua y unos costes de mantenimiento y una factura energética menores. Por tanto he votado a favor de la directiva sobre rendimiento energético, porque se espera que tenga un impacto significativo en la vida de los ciudadanos europeos, dado que afecta directamente a los edificios en los que viven y que usan. Más aún, las inversiones para la mejora de la eficiencia energética y para el uso de fuentes renovables de energía creará millones de puestos de trabajo y contribuirá al crecimiento de la UE; al mismo tiempo, también permitirán reducir el dinero que actualmente se despilfarra en el mantenimiento de edificios de gran consumo energético.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) Los edificios son responsables de casi la mitad de las emisiones de CO2 no incluidas en régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, por lo que cuentan con un gran potencial para recortar sus emisiones, con unos costes de disminución bajos o negativos. La nueva Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios establece una serie de indicadores o requisitos mínimos para el rendimiento energético de los edificios nuevos, de modo que sean capaces de alcanzar un consumo de energía cercano a cero para 2020, con una gran parte de la energía procedente de fuentes renovables. Esto también conlleva aplicar estos requisitos a los edificios existentes.

Resulta vital informar a los ciudadanos sobre estos requisitos y animarles, incluso si sus edificios están siendo renovados para introducir sistemas inteligentes de medición (para reemplazar los sistemas de agua caliente y de aire acondicionado con alternativas energéticas eficientes, como las bombas de calor reversibles). Parte de la financiación saldrá del presupuesto UE para estimular las medidas de eficiencia energética. Los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas con el fin de implementar con rapidez esta directiva. He votado a favor de este informe ya que la nueva legislación permitirá a los consumidores recortar el importe de su factura energética, posibilitando así que la UE cumpla su objetivo de alcanzar una reducción del 20 % en el consumo de energía para 2020.

 
  
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  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. (ES) Mi voto a favor de esta importante Directiva se debe a la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios, uno de los ámbitos con mayor potencial para contribuir a los objetivos generales de la UE de aumentar en un 20 % la eficiencia energética para el año 2020. Según el texto, acordado entre el Parlamento Europeo y el Consejo, antes de finalizar el año 2020, todos los edificios nuevos deberán tener un consumo energético nulo, produciendo tanta energía como consuman. Los edificios públicos deberán dar ejemplo, cumpliendo con esta normativa antes del 31 de diciembre de 2013. El presupuesto de la UE financiará parte de los costes de las reformas. Además, los inmuebles existentes deberán cumplir unos estándares más elevados de eficiencia energética calculados por los Estados miembros a partir de un marco común establecido en la Directiva. El indicador para medir la eficiencia energética de los edificios deberá ser incluido en los anuncios publicitarios de venta o alquiler que aparezcan en los medios de comunicación. Otra novedad importante es la exigencia de incluir contadores inteligentes y sistemas de control y gestión orientados al ahorro energético. La Directiva será revisada antes del año 2017.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (FR) La votación de hoy sobre las normas de la UE acerca del rendimiento energético de los edificios representa un gran avance en el área de la eficiencia energética. Sin embargo, deploramos totalmente el hecho de que la legislación no tenga en cuenta las necesidades de renovación de los edificios existentes, que son responsables de un 40 % del consumo de energía y de un 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. En lugar de establecer una política ambiciosa de eficiencia energética por medio de una inversión fuerte para renovar los edificios, la UE se ha concentrado exclusivamente en los edificios nuevos. Está dejando escapar la oportunidad de crear millones de puestos de trabajo, de reducir nuestra dependencia energética con respecto a nuestros vecinos y de combatir de manera significativa el cambio climático.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) El sector de la construcción cuanta con uno de los más destacados potenciales de ahorro de energía. Este sector es responsable del 40 % del consumo de energía y del 35 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Mejorar la eficiencia energética de los edificios es la manera más eficaz de reducir el consumo de energía y las emisiones.

Este acuerdo merece nuestro apoyo total. Para el 31 de diciembre de 2020 como muy tarde, todos los edificios nuevos deben tener un gasto energético cercano a cero. Todos los edificios del sector público deben lograr esto dos años antes. De ahora en adelante van a ser aplicados unos requisitos mínimos de rendimiento energético cuando se produzca una renovación de edificios antiguos. Los edificios con un gasto energético cercano a cero son edificios con un rendimiento energético muy elevado. Además, la cantidad de energía insignificante o muy pequeña que consumen debe proceder, en gran medida, de fuentes renovables de energía.

Hay que aplaudir el que la directiva dedique atención a la creación de instrumentos de financiación que posibiliten esta transición. Los Estados miembros deben preparar una lista de medidas para alcanzar los objetivos de esta directiva antes del 30 de junio de 2011 como muy tarde. Finalmente, la Comisión debe evaluar el funcionamiento de la directiva con suficiente antelación; esto es, para el 1 de enero de 2017 como muy tarde. Esta directiva supone una contribución importante a la lucha contra el cambio climático.

 
  
  

Informe: Rui Tavares (A7-0125/2010)

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) El Programa de Estocolmo dispone la creación en la Unión Europea de una política común de asilo fiable y sostenible. Sin embargo, con el fin de implementar y garantizar los objetivos de la política de asilo, resulta necesario estimular a los Estados miembros a participar voluntariamente en el programa conjunto de la UE para el reasentamiento de refugiados. Por tanto, el Parlamento Europeo aspira a ofrecer lo antes posible a los Estados miembros la oportunidad de participar en los programas en materia de reasentamiento de refugiados de la UE. El Parlamento Europeo apoya la propuesta de la Comisión y es de la opinión de que el reasentamiento de refugiados debe tener una función central en las políticas exteriores de asilo de la UE. Debe ser desarrollado en mayor grado y ampliado hasta convertirlo en un instrumento eficaz de protección por parte de la UE.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) Al votar a favor de este informe, Europa ha dado un paso hacia una política común de asilo. Esto hará posible proteger los derechos humanos de manera más eficaz y, al mismo tiempo, limitar la inmigración ilegal.

La UE debe hacer oír su voz en lo que respecta a la migración y la integración. Debe asumir la responsabilidad de definir unas normas europeas y de contribuir al gasto incurrido por los países de la UE afectados por los flujos migratorios. Sin embargo, el reasentamiento no puede y no debe quedar separado de una línea de actuación compartida contra la inmigración ilegal. Dicha actuación requiere no sólo el acuerdo de los países limítrofes sino también el de los países de origen de los inmigrantes ilegales.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. – El reasentamiento de refugiados es un proceso en el que es posible reubicar a estas personas tras una solicitud del ACNUR en la que considera que experimentan la necesidad de recibir protección internacional. Este es uno de los criterios admisibles del Fondo Europeo para los Refugiados. Este proceso puede ser la solución ideal para aquellas personas cuya seguridad no puede ser garantizada adecuadamente por las naciones de primer asilo.

Estoy de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por el ponente y por tanto he decidido votar a favor del informe.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Solamente mediante una política común de asilo y un plan conjunto en materia de reasentamiento podemos aspirar a una política de derechos humana adecuada en la UE. El reasentamiento es, sin lugar a dudas, una de las soluciones durables para los refugiados cuya protección no puede ser garantizada en los países de primer asilo. Es importante que los fondos adecuados estén disponibles, aunque limitarnos a asignar parte del presupuesto no puede ser considerado un verdadero programa en materia de reasentamiento de refugiados.

No dudamos de la importancia de esta enmienda para el Fondo para los Refugiados, haciendo posible tapar un vacío que existe en varios Estados miembros y que mejora su capacidad de reasentamiento. Me complace advertir que el número de Estados miembros que participan en este programa ha aumentado en los últimos años; es importante que tratemos de animar a otros a tomar parte. El desarrollo de la UE y la expansión de este instrumento de reasentamiento debe continuar con el fin de establecer una protección lo más eficaz posible.

Por tanto, la Comisión será capaz de establecer las prioridades comunes de la UE en lo tocante al reasentamiento de personas cada año. Estas prioridades pueden estar referidas a regiones geográficas concretas, a nacionalidades o a categorías de refugiados susceptibles de ser reasentados, aunque estoy de acuerdo en que la flexibilidad debe estar garantizada con el fin de responder a las situaciones de emergencia.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) La presión de los flujos migratorios se está intensificando, y hay una serie de países de destino de la migración cuya preocupación por este fenómeno debe ser entendida. Por eso es tan importante que el programa en materia de reasentamiento entre en funcionamiento, ya que facilitaría una distribución justa de la responsabilidad de ajustarse a las obligaciones internacionales sobre protección de refugiados, así como aliviar la carga de los países agobiados por el gran número de refugiados que deben acoger.

Una medida interesante sería conseguir crear y poner en funcionamiento este año la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que puede proporcionar a los Estados miembros ayuda a la hora de aplicar iniciativas en materia de reasentamiento. Sin importar en qué país serán reasentados los refugiados, lo que resulta primordial es que puedan acceder de manera inmediata a cursos de idiomas y culturales sobre el país pertinente, así como a otras instalaciones de naturaleza religiosa y a asesoramiento psicológico, si lo necesitan.

Considero que la sostenibilidad debe ser el rasgo principal de dicho programa, que tiene garantizada una perspectiva presupuestaria a largo plazo como resultado de esta decisión. Los beneficiarios ya experimentan el trauma de tener que romper con la cultura y las tradiciones del país del que proceden. Deben crearse una nueva identidad, lo que es un proceso traumático que no debe ser exacerbado por la naturaleza precaria e insegura de su futuro.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La necesidad de reasentar refugiados ha ganado creciente importancia en una Europa que no desea cerrarse al mundo exterior o ser ciega a lo que sucede en él. El carácter acogedor y la solidaridad con quienes sufren son dos características europeas inspiradas en el cristianismo y que sería bueno recuperar en su totalidad. Sin embargo, esto debe hacerse sin descuidar los límites legítimos establecidos por los Estados miembros. Las prioridades anuales comunes de la UE en términos de las categorías concretas de refugiados que reasentar deben tener realmente en cuenta las necesidades de los Estados miembros y sus circunstancias individuales; la participación de los Estados miembros en las iniciativas en materia de reasentamiento debe ser estimulada.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Una de las «acciones admisibles» del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) es el reasentamiento. El Programa de Estocolmo declara que la UE debe actuar en asociación y cooperar con los terceros países para acoger grandes grupos de refugiados. La Comisión define anualmente las prioridades comunes de la UE en cuanto a personas que reasentar, y esta definición debe ser lo suficientemente flexible para responder a los casos de emergencia. Se debe prestar una atención especial a las víctimas de los sistemas culturales, sociales y políticos más represivos. El número de Estados miembros que participan en los programas de la UE en materia de reasentamiento ha ido creciendo y debe incluir al mayor número posible de Estados miembros. Quiero destacar el impacto positivo de introducir fondos para ayudar al reasentamiento, con cantidades mayores durante los dos primeros años del proceso. Estos fondos son la respuesta a los crecientes costes incurridos de manera natural por la creación de mecanismos y estructuras, así como a la importancia de garantizar unas condiciones que aseguren la mayor sostenibilidad y la mayor calidad posibles del proceso de reasentamiento de refugiados.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) Dado su comportamiento, más bien insatisfactoria, Europa debe contribuir más al esfuerzo para reasentar refugiados cuya vida corre peligro en los países que los han recibido. He votado a favor de este informe con el fin de animar a los Estados miembros a unirse a este movimiento de solidaridad colectiva; un informe que aspira a alentar la acogida y el reasentamiento de refugiados en Europa. Ya no basta con buenas intenciones; debemos transformar las palabras en acciones y, en especial, dar prioridad a las mujeres y a los niños, que son víctimas de la violencia y de la explotación; así como a los menores no acompañados, a las personas que han sufrido tortura y a quienes se encuentran gravemente enfermos.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Solamente diez Estados miembros de la UE, incluido Portugal, aceptan refugiados para su reasentamiento. El reasentamiento de refugiados es un procedimiento según el cual, basándose en una solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en relación con la necesidad de protección internacional de una persona, ciudadanos de terceros países o personas sin Estado son trasladadas desde un tercer país a un Estado miembro. La adopción de esta recomendación busca incrementar el número de Estados miembros que reasientan refugiados, para lo cual quienes lo hacen por vez primera contarán con una ayuda financiera incrementada para los primeros dos años. El reasentamiento de los siguientes colectivos debe ser preferente, con independencia de las prioridades geográfica que pueda haber establecido la UE durante un cierto período: mujeres y niños en peligro de sufrir violencia psicológica y física o explotación sexual; menores sin acompañante; personas con necesidades médicas especiales, supervivientes a la violencia y a la tortura, así como personas que necesitan un reasentamiento de emergencia por motivos jurídicos y de protección.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Las medidas admisibles de ayuda en el ámbito del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) incluyen el reasentamiento de refugiados de terceros países. «Reasentamiento» significa el proceso según el cual, tras una solicitud de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) basada en la necesidad de protección internacional para una persona, los ciudadanos de terceros países o las personas sin Estado son trasladadas desde un tercer país a un Estado miembro, donde se les permite: a) residir como refugiados; o b) obtener un estatus que les garantiza los mismos derechos y beneficios que el estatus de refugiado bajo la legislación nacional y comunitaria.

Las medidas propuestas en el informe tendrán como resultado que la UE —que ya tiene que hacer frente al problema de la inmigración masiva— se convertirá en un destino aún más atractivo para los inmigrantes. Las cifras del ACNUR lo confirman. Mientras que en 2008 hubo aproximadamente 5 000 personas reasentadas en toda la UE, en la actualidad hay 750 000 personas en todo el mundo con esta necesidad. Por ese motivo he votado en contra del informe.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) En muchos Estados miembros, incluido mi país natal, Austria, la capacidad para aceptar refugiados se encuentra ya saturada y la ciudadanía se muestra bastante reticente a la creación de nuevos centros de acogida e instalaciones similares. El informe sobre el Fondo Europeo para los Refugiados, al pedir como pide el reasentamiento de refugiados en la UE, resulta aún más incomprensible. Por tanto, he votado en contra del informe.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El problema de los refugiados es un problema europeo y no puede ser dejado a la gestión de los Estados nacionales, especialmente dadas sus diferencias geográficas y económicas. Por tanto, apoyo la creación de un fondo a escala europea.

El establecimiento de dicho fondo tendrá dos propósitos: debe prestar ayuda a los refugiados que llegan a nuestros países, a menudo a nuestros litorales, buscando ayuda, y también a aquellos Estados que reciben las mayores cantidades de estas personas desesperadas debido a su ubicación geográfica. Este es y debe ser un problema europeo y no podemos dejar que ciertos Estados se ocupen de él en solitario. Espero que el fondo sea tan sólo el inicio de un proceso hacia el desarrollo de un planteamiento más europeo y más unido en relación con este asunto.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) A la vista de la necesidad de ayudar a los refugiados en Europa, creo que la decisión adoptada por el Parlamento Europeo sobre esto resulta extremadamente importante. El objetivo principal del fondo es apoyar las medidas tomadas por los Estados miembros, que muy a menudo implican gastos adicionales. Dichas medidas pretenden garantizar unas condiciones de vida dignas para los refugiados, y también afectan a la normativa jurídica de su estancia en los países de la Unión. Creo que resulta esencial amentar la ayuda financiera a los países que están implicados en la ayuda a los refugiados.

No debemos dar motivos a las críticas de que, como países desarrollados, en lugar de proteger a los refugiados a toda costa estamos intentando evitar que lleguen a nuestros territorios. Los refugiados que llegan a Europa desde los países en vías de desarrollo, y que a menudo han tenido que hacer frente a problemas enormes, como la violencia, la falta de medios de vida y de acceso a la asistencia sanitaria, deben recibir una atención organizada de la mejor manera posible por parte de los Estados miembros de la UE.

 
  
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  Anna Záborská (PPE), por escrito. (SK) Señorías, en la comisión tuvimos que votar muchas propuestas de enmienda dirigidas a señalar la importancia de la Iglesia y de los grupos de fe a la hora de resolver los problemas de los refugiados. Todas esas propuestas de enmienda fueron rechazadas. Cuando los políticos liberales y los de izquierdas afirman que el trabajo diario está suficientemente cubierto por las organizaciones no gubernamentales y la financiación pública, eso revela su cinismo e hipocresía cortos de miras. En realidad, aquí ocurre justo lo contrario. ¿Acaso no es verdad que a menudo los Estados soportan críticas por el hecho de que las condiciones en los campos de refugiados son, en su mayor parte, indignas? ¿Estaría fuera de lugar señalar abiertamente la hipocresía de países como Alemania, España, Francia, Italia o Malta? Los gobiernos cometen errores en la acogida y el cuidado de los refugiados. La miseria de estas personas, las más desfavorecidas de todas, supone una ofensa para la próspera Europa, así que nos libramos de ellas. Debido a la corrección política, ignoramos el hecho de que en lo más profundo de la miseria de los campos de acogida, allí donde las ONG políticamente correctas ya han arrojado la toalla, ahora sólo las discretas órdenes de monjas católicas siguen trabajando con entusiasmo. Gracias a la Orden de Malta, al Servicio Jesuita a los Refugiados y a muchas organizaciones cristianas, los gobiernos están reconociendo su obligación de abordar el destino de los refugiados. Las organizaciones cristianas son una piedra en el zapato de nuestra conciencia. Por eso, merecen nuestro agradecimiento; incluso ahora, cuando reciben una financiación muy limitada del presupuesto de la UE e incluso no pueden ser mencionadas en los informes por iniciativa propia sobre este asunto.

 
  
  

Informe: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El informe sobre el Sistema de Información de Schengen y su modernización contribuye a este magnífico logro en la libre circulación intereuropea. Nos enfrentamos a crecientes movimientos de personas entre los Estados miembros en el Área de Schengen, así como a la reciente ampliación, por lo que debemos mejorar el manejo de datos para asegurar que esta libertad puede ser ejercida con total seguridad. El informe Coelho contribuye a la búsqueda de una mayor efectividad en la circulación de información, así como al respeto necesario por las libertades individuales garantizadas por la Unión Europea. Como es lógico, he votado a favor del informe.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) El objetivo de esta propuesta es garantizar la migración desde el Sistema de Información de Schengen, cuya forma actual es SIS 1+, al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). En efecto, es de lamentar que el inicio de este sistema haya experimentado demoras. El Parlamento Europeo ha hecho todo lo que pudo para garantizar que el sistema comenzara a funcionar lo antes posible y que el proceso de implementación del Proyecto SIS II fuese completamente transparente. Sin embargo, es necesario obtener la aprobación de todas las instituciones. Es importante destacar que la Comisión tendría que aplicar un programa alternativo si el Proyecto SIS II he SIS II resultase un fracaso, y que el parlamento debe ser incluido en la toma de decisiones en lo tocante a la migración. Antes de cambiar al nuevo Programa SIS II, el Parlamento debe ser informado exhaustivamente por la Comisión sobre los resultados de los ensayos y recibir la oportunidad de emitir una opinión.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. – Antes de la migración al nuevo Programa SIS, resulta necesario que llevemos a cabo los ensayos adecuados y que contemos con las garantías necesarias. Pese a que creo que lo anterior debe ser ejecutado de una manera profesional y rigurosa, también comparto la decepción del ponente con respecto a los continuados retrasos que han impedido la migración al nuevo sistema.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) He votado de manera general a favor de las enmiendas propuestas para este reglamento. La fase de migración de datos es la tarea final del mandato de desarrollo para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). Por tanto, esto justifica la necesidad de otorgar a la Comisión un mandato de desarrollo válido para el desarrollo del sistema hasta que sea operativo. Dados los considerables retrasos y los costes crecientes del Proyecto SIS II, comprendo que sea necesario mantener la cláusula de expiración. El nuevo mandato concedido a la Comisión debe ser definido de conformidad con la fecha prevista para la entrada en funcionamiento del Programa SIS II, a finales de 2011.

Sin embargo, la Comisión debe mostrar algo de flexibilidad con el fin de ser capaz de posponer las fechas utilizando el procedimiento de comitología, de modo que pueda adaptar el marco jurídico a un escenario alternativo si el Programa SIS II no tiene éxito. La incapacidad de la Comisión para establecer una fecha probable para que el SIS II entre en funcionamiento resulta inaceptable, ya que de ello dependen unas mejores garantías de seguridad, seguridad, libertad y justicia en el área europea. Esto también genera dudas sobre la falta de transparencia en el modo en que se ha manejado el proceso.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La especial delicadeza de este tema justifica la asignación del informe a uno de los europarlamentarios que más se ha dedicado a este tema, mi colega el señor Coelho, a quien quiero felicitar por su trabajo. Los retrasos que ha experimentado este proceso son lamentables, pero comparto su prudencia sobre el éxito del proceso de migración y su inquietud en relación con el derecho del Parlamento a ser informado de los acontecimientos.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) La «saga» de la migración del SIS I al SIS II ha durado demasiado. Por eso he votado a favor de este informe: para destacar la necesidad de respetar los plazos establecidos y para finalizar lo que podría ser visto, después de varios resultados estériles y dados los recursos desplegados para alcanzar el objetivo de la mencionada migración —sin éxito, hasta ahora—, como un caso de pésima gestión. La pelota está en el tejado de la Comisión, pero como autoridad presupuestaria el Parlamento Europeo debe utilizar sus poderes y reservarse el derecho a pedir al Tribunal de Cuentas Europeo que lleve a cabo una auditoría detallada de la gestión del proyecto y del impacto financiero que su fracaso tendría en el presupuesto de la UE.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Veo muy pocos avances en las enmiendas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que contiene este informe. En efecto, el texto solicita que el Parlamento Europeo esté implicado en el proceso de toma de decisiones, e indica que es necesaria su opinión favorable antes de que pueda producirse la migración al Sistema de Información de Schengen de segunda generación. Sin embargo, este informe sigue siendo inaceptable. No podemos apoyar la posibilidad de la migración al SIS II —la nueva herramienta para lograr una «seguridad total»— con impunidad.

Con este sistema, es posible reunir más y más datos, y por este motivo su validez está sujeta a interpretación. ¿Cómo se puede considerar válida la mera sospecha de que alguien tiene voluntad de cometer un acto terrorista? Lo peor de todo es que los Estados Unidos podrían tener acceso a nuestros datos. En estos tiempos de crisis, la eurocracia dominante sigue construyendo una Europa caracterizada por la competencia y por un énfasis desmedido por la ley y el orden. Sin embargo, ahora más que nunca es preciso construir la Europa de solidaridad y de cooperación que necesitamos.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Tenemos un Sistema de Información de Schengen que funciona y que es capaz de ser ampliado, y tenemos un proyecto prestigioso que cuesta millones y que parece ser un fracaso estrepitoso. Es la hora de dejar de verter dinero en un agujero sin fondo y de rescatar lo que sea posible. Si la UE verdaderamente quiere gastar más millones, deberíamos gastarlos en protección fronteriza o en beneficiar a las familias autóctonas. En lugar de pagar «recompensas» por acoger refugiados, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados finalmente debería ser aplicada con precisión, y por supuesto no se aplica a las hordas de inmigrantes económicos.

Finalmente, no necesitamos una nueva oficina de apoyo al asilo para extender más aún la jungla del asilo y el marasmo de agencias europeas que engullen millones. Hasta que no tengamos un Sistema de Información de Schengen operativo, el Área de Schengen no debe ser ampliada. Las nuevas propuestas no sólo están deficientemente elaboradas, sino que sencillamente son contraproducentes, y por eso me he abstenido en la votación.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Manifiesto mi total apoyo al informe del señor Coelho. El Sistema de Información de Schengen ha demostrado ser un instrumento excelente y válido de gestión y de control dentro de la Unión Europea. Sin embargo, ha exigido un ajuste y una adaptación en el transcurso de su desarrollo, y también a la vista de mayores necesidades que han resultado evidentes.

La propuesta del ponente coincide en gran medida con este punto de vista: la migración a la segunda generación ya no puede ser pospuesta o aplazada. Necesitamos unos instrumentos eficaces y eficientes para coordinar la información sobre quiénes y para controlar a quienes penetran y viajan dentro del Sistema de Schengen. Por este motivo, me uno al señor Coelho para hacer hincapié en la necesidad de que la Comisión ponga en marcha el Sistema de Schengen de segunda generación lo antes posible.

 
  
  

Informe: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. – Con anterioridad a la migración al nuevo Programa SIS, resulta necesario que llevemos a cabo los ensayos adecuados y que contemos con las garantías necesarias. Pese a que creo que lo anterior debe ser ejecutado de una manera profesional y rigurosa, también comparto la decepción del ponente con respecto a los continuados retrasos que han impedido la migración al nuevo sistema.

Además, creo que resulta necesario pedir al Tribunal de Cuentas Europeo que analice en profundidad la gestión de este asunto.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El creciente número de Estados miembros ha complicado gravemente el proceso de transición y de migración desde el Sistema de Información de Schengen al Sistema de Información de Schengen de segunda generación. El Parlamento ha solicitado, y con razón, información exacta y actualizada sobre la marcha de este informe. Espero que la migración tenga lugar de la manera más eficaz posible, que este cambio no dañe la seguridad de Europa en ningún aspecto y que tenga un resultado satisfactorio.

 
  
  

Informe: Rui Tavares (A7-0131/2010)

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe, ya que la cuestión de los refugiados en la Comunidad sigue siendo muy importante. En la actualidad, el asunto del reasentamiento de refugiados en la Unión Europea no está coordinado de manera correcta y sólo diez Estados miembros reasientan refugiados de manera anual, lo que imposibilita el uso estratégico del reasentamiento como instrumento de política exterior de la UE. Aplaudo la decisión de la Comisión de crear la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que podrá ofrecer ayuda a los Estados miembros para poner en marcha iniciativas en materia de reasentamiento, al tiempo que garantizará la coordinación de las políticas dentro de la UE.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) La UE está participando mucho menos que los Estados Unidos y que Canadá en la acogida y el reasentamiento de refugiados de terceros países. He votado a favor del informe por iniciativa propia del Parlamento Europeo sobre el establecimiento de un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento. El texto solicita la creación de un programa en materia de reasentamiento ambicioso y sostenible dentro de la UE y propone unas ayudas financieras para los Estados miembros dispuestos a participar.

El informe también indica nuestro desacuerdo con la visión del Consejo, que desea tomar la nacionalidad de los refugiados como criterio para decidir quién tiene prioridad para ser reasentado. Además del origen geográfico de los refugiados, queremos que se establezca una categoría de «refugiados vulnerables» (mujeres y niños expuestos a la violencia y a la explotación, menores sin acompañantes, personas que necesitan cuidados médicos, víctimas de la tortura, etc.) Este colectivo siempre debe tener prioridad.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Resulta esencial que la Unión Europea tenga una política de inmigración justa y realista. Por tanto aplaudo este programa en materia de reasentamiento eficaz, sólido y sostenible que proporciona una solución duradera para los refugiados que no pueden regresar a sus países de origen. El programa en materia de reasentamiento requiere un acceso a oportunidades laborales para adultos y la inmediata integración de los menores en centros educativos. Por este motivo, es fundamental el acceso a los servicios de orientación educativa y profesional. Las medidas posteriores deben ser asumidas por diversas entidades del sector público (por ejemplo, los ayuntamientos) y la sociedad civil, así como por las ONG, las organizaciones caritativas, las escuelas y los servicios sociales. Resulta básico fomentar la cooperación entre entidades. Pido a los Estados miembros que promuevan la creación de mecanismos de financiación privada, así como asociaciones público-privadas más extendidas que permitan apuntalar el programa europeo en materia de reasentamiento.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Es positivo que el número de Estados miembros que participan en estos programas en materia de reasentamiento haya aumentado en los últimos años. No obstante, solamente diez Estados miembros reasientan refugiados de manera anual, sin ninguna coordinación entre ellos ni un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento. Es importante que los Estados miembros muestren solidaridad entre ellos y que compartan la responsabilidad de manera justa para ajustarse a las obligaciones internacionales.

Un programa europeo en materia de reasentamiento aportará beneficios para los refugiados que son reasentados, para los Estados miembros y para la propia UE concediéndole una función de liderazgo en el ámbito humanitario internacional. Es deseable un enfoque multilateral que implique a todos los actores relevantes a escala local, sin olvidar la función primordial desempeñada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Un programa europeo de reasentamiento eficaz debe disponer una protección y unas soluciones duraderas, así como la creación de mecanismos para la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros. Un programa como ese debe permitir el intercambio de mejores prácticas, la creación de una estrategia común y la reducción de costes de las operaciones en materia de reasentamiento. Apoyo la sugerencia del ponente —el señor Tavares, a quien felicito por su excelente informe— de crear una unidad de reasentamiento que haga posible coordinar y facilitar los procesos de reasentamiento.

 
  
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  Robert Dušek (S&D), por escrito.(CS) El borrador de reglamento que se postula un programa de la UE para gestionar y reglamentar el reasentamiento solventará, como asuntos prioritarios, el acomodo y la adaptación de los refugiados en su nuevo entorno. Las catástrofes humanitarias y otros eventos impredecibles pueden generar una oleada de refugiados, ante la que debemos ser capaces de responder de manera conjunta, dentro de un marco de la UE. Sin embargo, rechazo por completo a los refugiados que buscan asilo por motivos políticos dentro de la UE. No puedo imaginar que pueda ser legalmente aceptable en un Estado miembro de la UE el que se persiga a un ciudadano por razones políticos. La participación de las autoridades locales en un programa en materia de reasentamiento debe producirse siempre de manera voluntaria, como sucede con la participación de los Estados miembros.

Algunos países están acostumbrados a tener grandes cantidades de extranjeros entre la población local, pero para otros por supuesto es algo nuevo. Para evitar fobias y preocupaciones en relación con los extranjeros en algunos países o regiones, debemos respetar su interés o su falta de interés en participar. También sería conveniente, por el bien de la conformidad y la complementariedad del programa de la UE en materia de reasentamiento con otras políticas europeas relacionadas con el asilo, coordinar el programa propuesto dentro del marco de la OEAA. A pesar de las reservas mencionadas anteriormente, respaldo el informe en su totalidad.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El reasentamiento de refugiados ha demostrado ser necesario en casos en los que los terceros países receptores son incapaces de proporcionarles seguridad y un sustento, de modo que puedan ubicarse allí. Por eso varias entidades activas en este sector han detectado la necesidad de combatir este problema a escala europea, y el programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento propuesto por la Comisión puede ser el medio adecuado de abordar esto. Con independencia de qué modelo se imponga al final, es claramente urgente que los Estados miembros cooperen más entre sí y con los países de primera acogida con el fin de proporcionar una solución duradera, sostenible e interconectada para este problema humanitario tan grave.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) Los ciudadanos europeos no deben ser engañados por el título de este informe: por el reasentamiento. No estamos hablando de paquetes de ayuda para la repatriación de inmigrantes, sino sobre la acogida, en territorio de la UE, por recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de personas que ya han buscado asilo en terceros países; el primer país de asilo o refugio que, por unas razones u otras, no resulta adecuado para ellos o para las Naciones Unidas. Este es un incentivo nuevo e increíble para la inmigración socioeconómica que se oculta tras una solicitud de protección internacional, por lo que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo será crecientemente responsable de distribuir solicitantes por toda la UE, nos guste o no. ¿Cómo podemos confiar en las Naciones Unidas y en los países de primer asilo para organizar semejante intervención? ¿Cómo podemos tolerar el hecho de que una agencia europea diga a los Estados miembros a quién tienen que aceptar en su territorio y con qué estatus? Según el ACNUR, hay 750 000 personas en el mundo que podrían solicitar asilo. ¿Hemos de acogerlos a todos en nuestros países, obedeciendo las órdenes de esta organización? Esto es una irresponsabilidad absoluta.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Solamente diez Estados miembros de la UE, incluido Portugal, aceptan refugiados para su reasentamiento. Esta situación debe cambiar, y debemos encontrar soluciones e incentivos para conseguir que la mayoría de los Estados miembros comiencen a aceptar el reasentamiento de refugiados. La creación de este programa constituye un paso importante en esa dirección. También contribuirá a incrementar la implicación de la UE en el reasentamiento a escala global, por lo que también tendrá un impacto en la ambición de la UE de ostentar el liderazgo en cuestiones humanitarias y en el escenario internacional.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Permítanme manifestar mi apoyo al informe del señor Tavares. Como ya he destacado con respecto a la creación del Fondo Europeo para los Refugiados, el problema exige una línea europea de acción y de enfoque.

Creo que los procedimientos para conceder el estatus de refugiado deben ser armonizados para lograr este fin. No podemos registrar discrepancias acerca de esta definición a escala europea. Un concepto común evitaría la «migración» de refugiados dentro de los Estados europeos, al tiempo que permitiría una gestión más apropiada. Por tanto, tengo la sensación de que un programa conjunto nos llevaría en la dirección correcta. Finalmente un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento eficaz debería proporcionar protección y soluciones duraderas, no sólo para los refugiados a largo plazo sino también para la necesidad de respuestas rápidas y adecuadas en situaciones de emergencia, o en situaciones de urgencia repentina.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) La aprobación del programa europeo de reasentamiento para refugiados de terceros países en Estados miembros de la UE es un paso en la dirección correcta y, por supuesto, he votado a favor del informe, del cual fui ponente por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). De hecho, es muy importante generar solidaridad entre la UE los terceros países en cuestiones relativas a los refugiados. Sin embargo, pronto necesitaremos ser audaces y mostrar la misma solidaridad dentro de la UE creando un programa interior de rechazo, con el fin de mitigar la presión desproporcionada sobre ciertos Estados miembros, en comparación con otros. El programa piloto en Malta es un excelente ejemplo de esto.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) Es positivo que se haya creado un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento. El número de refugiados que necesitan ser reasentados está creciendo, en contraste con el número de plazas disponibles para aceptarlos. Sin embargo, los Estados miembros que reciben refugiados a menudo se encuentran entre los más pobres, y sus recursos no les permiten aceptar grandes cantidades de personas. El reasentamiento debe ser tratado como último recurso; la única solución cuando los refugiados no pueden regresar a su propio país y no pueden encontrar un refugio seguro en un tercer país. Los Estados miembros deben adoptar un programa más ambicioso que asegure la calidad y la eficacia del reasentamiento.

Debemos apoyar la creación de mecanismos de financiación privada y la adopción de iniciativas públicas y jurídicas más frecuentes para reforzar el programa europeo de reasentamiento. Debemos conceder una atención especial a los recursos humanos necesarios para el actual y para el futuro programa europeo de reasentamiento, de modo que sea posible introducir un procedimiento que permita buenas prácticas en lo referente a la adaptación y a la integración de los refugiados en la sociedad receptora.

El objetivo es crear un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento, para que gracias a una cooperación más estrecha de los gobiernos de los Estados miembros de la UE el número de personas reasentadas pueda amentar, y para que su situación en la UE mejore. Es necesario hacer todo lo posible para que más Estados miembros de la UE se incorporen al programa europeo de reasentamiento, que iniciará la cooperación política y práctica entre Estados miembros para la protección permanente de los extranjeros.

 
  
  

Informes: Rui Tavares (A7-0125/2010 - A7-0131/2010), Carlos Coelho (A7-0126/2010 - A7-0127/2010)

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor de estos informes, ya que también estuve de acuerdo con los ponentes durante nuestros debates en la Comisión de Libertades Civiles.

 
  
  

Informe: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

 
  
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  Maria Badia i Cutchet (S&D), por escrito. (ES) El informe, que espero sea votado por una amplia mayoría de sus Señorías, es una evaluación sobre los avances en el ámbito europeo en materia de políticas educativas y de formación durante el período 2007-2009. El informe aborda también los retos identificados por la iniciativa «New skills for new jobs». El resultado nos muestra unas carencias todavía demasiado importantes en lo que a formación de nuestros jóvenes se refiere, tanto en preparación para los nuevos sectores económicos como en su capacitación para desarrollarse en una Europa y en un mundo cada vez más abiertos e interdependientes. La Estrategia 2020 refleja la importancia de la formación y la educación para afrontar con éxito los retos sociales y económicos que la próxima década nos exige. Por ello, en la situación de crisis económica de la UE, quiero destacar la importancia de preservar, en los presupuestos tanto nacionales como de la Unión, las partidas destinadas a políticas de educación y formación.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He apoyado este informe, ya que considero que debemos mejorar la calidad de la educación y de la formación en la UE. Por desgracia, las orientaciones identificadas en la Estrategia de Lisboa no serán puestas en marcha hasta finales de 2010. A pesar de los avances de los últimos años, muchos ciudadanos europeos todavía no están lo suficientemente capacitados, y una tercera parte de la población de Europa tiene unas aptitudes educativas muy pobres. También es preocupante el hecho de que un número creciente de jóvenes abandonen los estudios de manera prematura, sin adquirir posteriormente capacitación alguna. Creo que es muy importante comenzar a implementar lo antes posible una política dirigida a mejorar la calidad de la educación y de la formación en los Estados miembros. La Comisión Europea, los Estados miembros y los empleadores deberían cooperar estrechamente con los proveedores de educación y de formación, para garantizar un nivel elevado de la educación y un alcance más amplio con el fin de cubrir las demandas de los sectores profesionales y del mercado laboral.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) He votado a favor del informe sobre la mejora del programa de trabajo «Educación y Formación 2010» porque el informe incluye algunos pasajes muy importantes, que espero puedan tener una aplicación específica en el ámbito de las políticas de la UE y luego ser aplicados en su totalidad por los Estados miembros.

Me estoy refiriendo en concreto a los comentarios sobre formación profesional y al vínculo entre los procesos formativos y las necesidades del mercado laboral. Desde este punto de vista, para el futuro tanto de nuestro sistema educativo como de nuestro sistema económico, que está compuesto casi en su totalidad por PYME, espero que se reconozca la necesidad de reforzar la conexión entre las instituciones, en especial las dedicadas a la formación profesional, y el mundo empresarial.

La idea de fomentar el establecimiento de formas de asociación entre empresas productoras nacionales y locales, por un lado, y el mundo formativo, por otro, es sin lugar a dudas muy interesante. Esto permitiría que las escuelas tuvieran más éxito a la hora de coordinar los programas formativos con las necesidades locales reales y con el mundo económico que refleja esas necesidades, sin mencionar el hecho de que esta idea también permitiría a las escuelas superar el problema perenne de encontrar recursos apropiados para proporcionar a los jóvenes una formación de calidad que puedan poner en práctica profesionalmente de inmediato.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque es el momento adecuado para revisar los objetivos educativos y formativos que quedaron establecidos en la Estrategia de Lisboa, y para evaluar lo que no ha tenido éxito en este ámbito. Me complace que uno de los objetivos más importantes de la nueva Estrategia Europa 2020 sea la mejora del grado de educación, reducir el número de personas que abandonan los estudios sin capacitación e incrementar el número de personas con formación superior o equivalente. En primer lugar, quiero destacar el hecho de que debido al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, el entorno educativo está ganando progresivamente en complicación y en variedad, por lo que es necesario adaptarlo a las nuevas necesidades de un mundo cambiante. Por tanto, es preciso reformar y mejorar los currículos en escuelas y universidades, teniendo en cuenta las necesidades de un mercado cambiante. En segundo lugar, pido más esfuerzos para incrementar la alfabetización y para estimular la mejora de aptitudes entre las personas procedentes de entornos desfavorecidos. Uno de los objetivos más importantes de este programa es la modernización de la educación y formación profesional (EFP) y de la educación superior. En otras palabras, son crecientemente necesarias unas relaciones estrechas con el mundo empresarial, y es crucial desarrollar unas perspectivas de capacitación y unas posibilidades de movilidad nuevas y más atractivas para los estudiantes matriculados en EFP. Me alegra que el Parlamento Europeo haya prestado una atención especial al hecho de que debemos facilitar la integración en las áreas educativas y formativas de las personas con discapacidades. También coincido en que debemos asignar la financiación apropiada con el fin de garantizar la integración de las personas con discapacidades en el área de la formación.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) La educación y la formación de calidad son obligatorias en términos de realización personal del individuo, de igualdad, de lucha contra la exclusión social y contra la pobreza, de ciudadanía activa y de cohesión social. Resulta esencial mejorar la calidad de la educación y de la formación para todos los estudiantes con el fin de alcanzar mejores resultados y competencias. Esa es la única manera de implementar la agenda social renovada para las oportunidades, el acceso y la solidaridad, y para posibilitar la creación de más y mejores puestos de trabajo. Debemos fomentar la movilidad entre las instituciones de educación superior, el mundo empresarial y la educación y la formación profesional con el objetivo de promover el aprendizaje centrado en el estudiante y la obtención de competencias, de visión emprendedora, de comprensión intercultural, de pensamiento crítico y de creatividad. También pido a los Estados miembros que modernicen la agenda de la educación superior y, en concreto, que coordinen los currículos con las demandas del mercado laboral.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Desde la Estrategia de Lisboa, las políticas educativas y formativas han ganado creciente importancia dentro de la Unión Europea. Por tanto, aplaudo este informe en general, y muy especialmente la comunicación de la Comisión «Competencias clave para un mundo cambiante». Sin embargo, me preocupan los desajustes entre los grados de capacitación adquiridos en la escuela y las exigencias del mercado laboral en la Unión Europea.

Un compromiso claro con la formación profesional y la formación continuada contribuirá enormemente al éxito de la iniciativa «Aptitudes nuevas para empleos nuevos», como lo hará el desarrollo de aptitudes transversales clave como la competencia digital, la capacidad de aprendizaje; las competencias sociales, cívicas, deportivas y artísticas; el sentido emprendedor y la conciencia cultural.

Con el objetivo de que las generaciones venideras sean capaces de superar la brecha actual entre las aptitudes adquiridas y las necesidades del mercado, considero esencial que la enseñanza preescolar sea de calidad elevada, como un instrumento para la adquisición temprana de aptitudes esenciales. También contemplo una educación primaria y secundaria centrada en el desarrollo de unas aptitudes esenciales más específicas; por ejemplo, el dominio de los idiomas extranjeros y la adaptación a las necesidades de las comunidades en las que están ubicados los centros educativos. Asimismo es fundamental una educación superior que coordinada con las necesidades del mercado laboral, de las empresas y de la sociedad en general.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre las competencias clave para un mundo cambiante: puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y Formación 2010». A pesar de algunas mejoras, seguimos muy lejos de alcanzar los objetivos de educación y formación establecidos por la Estrategia de Lisboa. Este informe analiza qué ha ido mal y propone desafíos que aún deben ser superados, como un mejor conexión entre los sistemas educativo, de formación profesional y de formación continua.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Después de haber trabajado en el ámbito educativo en mi país, creo que es muy lamentable ver como prácticamente todos los indicadores relacionados con estas materias lo clasifican siempre injustamente. Me temo que estos resultados tan desfavorables son, en gran medida, fruto de una ideología sobre el aprendizaje que parece estar completamente ausente en la comunicación de la Comisión y en la resolución del Parlamento: ninguna menciona ni una sola vez «el mérito», «el rigor», «el esfuerzo», «la concentración» y «la disciplina», y «la transmisión del conocimiento» y «la memorización» reciben una importancia menor que las «las aptitudes» y «las actitudes» basadas en «las competencias elementales».

Sería útil que los gobiernos dejaran de preocuparse por las estadísticas y, en su lugar, abordaran el problema de raíz, abandonando los métodos que suponen demasiado debate y quitan responsabilidad a las personas que participan en el proceso educativo y en el camuflaje estadístico. En su lugar, tienen que adoptar métodos que se centren, sobre todo, en el contenido científico y en los procesos cognitivos; en el aprendizaje y docencia efectivos. No se deben centrar tanto en manifestar las posturas comunes que son tan vanas como bienintencionadas. Dado el contenido de la resolución, que es, en general, positivo, votaré a favor pero no sin dejar constancia de mi rotundo desacuerdo con esta interpretación de lo que debería ser un sistema educativo.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La educación y la formación son, obviamente, temas de gran importancia, dados los continuos avances de la ciencia y la tecnología y la creciente incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos al proceso productivo. En este contexto, el informe que debatimos considera «imprescindible poner en práctica políticas dirigidas a aumentar la calidad de la enseñanza y de la formación»; naturalmente, estamos de acuerdo con esto.

Sin embargo, cuando expresa esta inquietud ni siquiera hace mención a la importancia de las escuelas públicas para la consecución de este objetivo, ni hace referencia a las consecuencias que habrá si no se invierte en ellas o a la falta de acceso de muchos jóvenes a la educación y formación pero sí decide hacer una referencia errónea y ambigua al fortalecimiento de «la colaboración entre el sector público y el privado en este ámbito». Con respecto a la educación superior, el Proceso de Bolonia no plantea ninguna solución a las mejoras que requiere la educación: al contrario, en países como Portugal, la ha empeorado, sobre todo el sistema público.

No podemos dejar de señalar y condenar la defensa de la «flexibilidad», que empuja a los jóvenes hacia un trabajo poco seguro, incierto, intermitente y mal pagado. Asimismo no estamos de acuerdo con el concepto de trabajo voluntario de sustitución, que agrava la explotación de los jóvenes que pretenden entrar en el mercado laboral.

 
  
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  Emma McClarkin (ECR), por escrito. – Mis colegas conservadores británicos y yo estamos de acuerdo con gran parte de este informe. Seguimos apoyando cualquier tentativa de desarrollar estrategias educativas permanentes y promocionar la educación y formación profesionales y una mejor integración de las competencias clave, como puede ser el aprendizaje de una lengua extranjera, matemáticas y ciencia. Y creemos que lo más importante es asegurar que los mercados laborales son lo suficientemente flexibles para garantizar que los jóvenes puedan tener un empleo.

Sin embargo, no podemos apoyar que se eduque a todos los niños inmigrantes en su lengua materna tal y como sugiere el informe. Creemos que esto va a ser extremadamente inviable, costoso e ineficaz, sobre todo en las escuelas que tienen niños de diversos orígenes lingüísticos y que supondrá un obstáculo al fomento de la integración de los inmigrantes en las comunidades locales. Además, la política educativa es y seguirá siendo de domino exclusivo de cada estado nacional. Por este motivo, hemos votado en contra de este informe.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Tras la Estrategia de Lisboa 2000, se han llevado a cabo una serie de iniciativas encaminadas a lograr el objetivo estratégico fijado por el Consejo Europeo de Europa «convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo». Es imprescindible que haya un compromiso con la educación y formación, y tiene que suponer la mejora de la calidad y eficiencia de los sistemas educativos en Europa. Hay que comprometerse a formar a los profesores y educadores y proporcionar acceso a los sistemas de educación y formación para todos, haciendo que el proceso de enseñanza sea más atractivo, abriendo los sistemas de educación y formación al resto del mundo y promoviendo vínculos más fuertes con el mundo laboral. La normalización de objetivos en el marco de competencias clave fue un paso importante para la consecución de los objetivos propuestos para 2010, que, sin embargo, no se lograron plenamente. Si revisamos y evaluamos el trabajo realizado hasta ahora, este documento se vuelve aún más importante teniendo en cuenta la preparación de estrategias de recuperación para lograr los objetivos inicialmente propuestos para el sector educativo, teniendo en cuenta la nueva propuesta de enmarcar estratégicamente la cooperación europea en este sector: Educación y Formación 2020.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La educación es importante pero la realidad es que durante bastante tiempo una buena educación y formación no ha sido garantía de empleo, por no hablar de un buen trabajo. En lugar de invertir dinero en programas de cualificación apropiados, el plan es enviar al personal menos preparado a la UE mediante todo tipo de soluciones a la carta y reduciendo los plazos de transición al mercado laboral por ser innecesarios. En el contexto de las condiciones básicas a las que se hace referencia, el programa de formación no es adecuado por lo que he votado en contra.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El reconocimiento de que la educación y la formación son esenciales para una sociedad basada en el conocimiento y para la economía del futuro ya no es un mito sino que representa la base la de nuestra sociedad y los cimientos sobre los que se sustenta nuestro propio futuro y el de las generaciones venideras.

La educación (preescolar, primaria, secundaria y superior) y la formación de calidad profesional son indispensables si queremos dar respuesta a las dificultades a las que se enfrenta Europa, incluidas en la Estrategia Europa 2020. Apoyo el sistema de comunicación que menciona la variedad de estrategias que se podrían implantar, como la de apoyar el desarrollo de las competencias de los profesores, actualizar los métodos de evaluación e introducir nuevas formas de organizar el aprendizaje. Apoyo y felicito a la ponente por la sensibilidad que ha demostrado a la hora de elaborar el informe.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) He votado a favor del informe sobre las competencias clave para un mundo cambiante: Puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y Formación 2010». El texto presenta un enfoque global para mejorar y adaptar la educación a los requisitos modernos. Identificar las razones que nos condujeron al fracaso del objetivo del Proceso de Bolonia sobre la convergencia de la educación superior entre los Estados miembros, la importancia de adaptar los sistemas educativos para preparar a las sociedades europeas de modo que puedan salir de la crisis económica y retomar el crecimiento sostenible y la importancia de introducir nuevas tecnologías en todos los niveles de educación son puntos clave para el sistema educativo del mañana. Por esta razón, he presentado enmiendas al respecto que fueron aprobadas por la Comisión de Cultura y Educación.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Estoy muy contento de que hoy hayamos aprobado el informe encabezado por mi colega catalana del Grupo S&D, Maria Badia i Cutchet, sobre un tema tan importante como las competencias clave para un mundo cambiante.

 
  
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  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este informe y quisiera recordar la importancia de que cada europeo adquiera las competencias básicas. El número de jóvenes incapaces de leer como es debido a los 15 años aumenta a un ritmo constante (21,3 % en 2000 y 24,1 % en 2006). Si enfocamos una estrategia europea a la calidad de los trabajos y a una economía inteligente, esta laguna de conocimiento marginará a un sector de la población que es mayor que nunca. Los Estados miembros tienen que integrar esta prioridad para adquirir las competencias básicas (lectura, escritura, aritmética) en sus programas educativos antes de que sus alumnos se especialicen. Además, el aprendizaje de lenguas extranjeras es de vital importancia. Como profesor de inglés soy especialmente consciente de ello. El hecho de que algunos países europeos se hayan quedado atrás en la enseñanza de lenguas extranjeras cierra muchas puertas a los estudiantes en un momento en el que las posibilidades de trabajo son cada vez más internacionales. Por último, la adaptación de los modelos educativos a las nuevas profesiones de la economía ecológica o la economía digital supone un gran reto para la educación en Europa. Por esta razón, ayudar a que haya un aprendizaje permanente es la clave para una trayectoria profesional que sea flexible y se adapte a los trabajos del futuro.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito.(PL) Apoyo el informe sobre el programa de trabajo «Educación y Formación 2010» con gusto y con la esperanza de que se pongan en práctica las ideas del programa rápidamente. Como académica y catedrática, con muchos años de experiencia, presto especial atención a la necesidad de crear una mayor movilidad entre las instituciones de educación terciaria, el mundo de los negocios y la educación y formación profesionales.

La educación superior moderna debería preparar a los estudiantes a conciencia con miras a entrar en el mercado laboral. Además de los conocimientos adecuados, hay competencias como el espíritu emprendedor, el conocimiento intercultural y la creatividad que son cada vez más importantes y desempeñan un papel decisivo junto con la formación formal a la hora de lograr el éxito profesional.

Por tanto, desde este punto de vista, la educación es muy importante. Asimismo es imprescindible que adoptemos medidas eficaces para aumentar la representación de las mujeres en la ciencia y la investigación científica. A este respecto ya he pedido a la Comisión Europea una opinión y que considere la posibilidad de establecer programas especiales para que haya igualdad de oportunidad para las mujeres en el ámbito de la ciencia.

Teniendo en cuenta las alarmantes estadísticas sobre las cualificaciones de los europeos —incluido, entre otros el hecho de que 77 millones de personas o casi una tercera parte de la población europea entre 25 y 64 años, no poseen cualificaciones oficiales o las que tienen son de muy bajo nivel— considero que este informe es extremadamente importante para promover la ciencia y aumentar las cualificaciones profesionales. Para ello, apelo a los Estados miembros de la UE y a la Comisión para que lleven a cabo con eficiencia las ideas del programa.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) La educación tiene funciones sociales importantes, abre puertas y ofrece posibilidades para un futuro mejor. Por tanto, tenemos que hacer todo lo posible para facilitar la educación de los jóvenes mediante programas comunitarios y becas combinados con medidas nacionales. En la era de la globalización, donde la competitividad es cada vez mayor y los cambios son rápidos, es importante que participemos en el aprendizaje permanente.

Gracias a los intercambios de estudiantes, nuestros jóvenes no sólo mejoran sus conocimientos en ciertos ámbitos, sino que también amplían sus horizontes. Convivir con nuevas culturas y lenguas y entablar contactos internacionales favorece la creación de vínculos más fuertes dentro de Europa y ayuda a la hora de crear de una identidad europea. La ambición de Europa es estar a la vanguardia en términos de investigación y desarrollo, innovación y nuevas soluciones tecnológicas que permiten una mejor gestión de los recursos energéticos.

Depositamos nuestras esperanzas en los jóvenes de modo que tenemos que tratar con prioridad a este grupo. Los jóvenes que han completado su educación universitaria encuentran dificultades para entrar en el mercado laboral porque, muy a menudo, los empresarios hacen hincapié en la experiencia profesional que los jóvenes no tienen en esa etapa de sus vidas. Por ello tenemos que fomentar el diálogo entre las universidades y las empresas, adaptar los estudios a las necesidades del mercado laboral y hacer hincapié en las prácticas y la experiencia práctica que harán que encontrar un empleo sea más fácil.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Señorías, que en toda Europa se estén apretando los cinturones —una medida dolorosa y severa— empieza a tener efectos. Las víctimas y compromisos ya se han convertido en parte de la vida diaria en muchos sectores de la UE pero es importante que (sobre todo durante la recesión económica) no dejemos de lado nuestros compromisos en ámbitos tan fundamentales de la política como es la educación. Como ha demostrado la historia, la educación es algo por lo que merece la pena luchar —ya sea en las clandestinas instituciones educativas de la Europa ocupada por los nazis o en la «universidad volante» de los disidentes en la época de Stalin. La crisis económica mundial nos obliga a adaptarnos de nuevo. La educación y formación profesionales tienen que adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Hay que mejorar el índice de alfabetización de Europa puesto que en este ámbito Europa está bastante rezagada con respecto a EE UU y Japón; tenemos que salvar la distancia. No sólo es importante que aumentemos el nivel de alfabetización, las nociones elementales de cálculo aritmético y la ofimática entre los jóvenes sino también entre los adultos desempleados que pertenecen a una clase socioeconómica más baja. El aprendizaje permanente desde la cuna hasta la tumba así como los llamados programas «segunda oportunidad» para adultos con capacidades limitadas son importantes para estimular la economía y el mercado laboral pero también la inclusión social y la ciudadanía activa. Es nuestro deber aumentar el nivel de calidad de la formación en toda Europa y hacer que la educación resulte más atractiva. Es una lucha a largo plazo pero por algo que merece la pena.

 
  
  

Informe: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La administración y gestión de empresas comerciales es un ámbito que genera nuevas inquietudes, sobre todo durante la crisis actual, incluso aunque haya estado sujeto a una constante regulación. De hecho, es totalmente necesario que los dirigentes rindan cuentas y con esto no me refiero sólo a los administradores en un contexto en el que el objetivo es reducir los riesgos sistémicos. En el caso de las empresas que operan en sectores estratégicos con un gran volumen de ventas o una importante cotización en el mercado, los problemas financieros con los que se pueden encontrar estas empresas obviamente van más allá del simple interés de los accionistas, entrando en el terreno de «las partes interesadas», en otras palabras: acreedores, empleados, consumidores, la industria o el estado correspondientes.

En esta situación, la enmienda que he propuesto sobre hacer responsable al Consejo de Administración obligando a que un porcentaje de los miembros de este órgano sean profesionales respalda la reducción de los riesgos sistémicos dado que, por el momento, ya no es suficiente ser un representante del accionista mientras que, como acabo de demostrar, el beneficio para la salud financiera y la estabilidad de ciertas empresas exceda el estricto beneficio de inversión en forma de propiedad de capital social. Además, para fomentar la participación de los accionistas en estas empresas, que en muchos casos es pasiva cuando la proporción del capital que se posee es demasiado pequeña, se debería regular la votación electrónica.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El gobierno de las compañías y su ética es un tema crítico, sobre todo en la situación actual en la que muchos accionistas sufren pérdidas en sus inversiones porque se han violado algunos de estos principios. Es importante tener buenos dirigentes, responsables y cuya conducta se rija por la ética, para que el proceso de toma de decisiones sea equilibrado y lleve a las compañías a ser más competitivas. Cuando hablamos de regularizar ciertas prácticas éticas, no podemos olvidar el principio de autonomía privada ni que tiene que haber un límite en el que se regulen ciertas prácticas.

Asimismo, considero imprescindible que los accionistas participen más y asuman más responsabilidad para garantizar que el mercado recompensa a los buenos administradores y que se penaliza a los dirigentes cuya conducta es menos ética de modo que sus prácticas no perjudiquen los derechos de los accionistas o tengan un efecto adverso en todo el mercado.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La última crisis financiera ha reforzado la necesidad de que analicemos cuestiones deontológicas relacionadas con la gestión de las empresas de forma más responsable. Las cuestiones relacionadas con la estructura de la remuneración y la gobernanza en materia de remuneración de los consejeros y los dirigentes de las empresas que cotizan en bolsa tiene que regirse por principios éticos y deontológicos que no permitan situaciones como las vividas recientemente, con la concesión de bonificaciones en compañías que inmediatamente después solicitaban la declaración de quiebra o se descubría que se encontraban en serias dificultades. La UE tiene que tener un modelo productivo, social y medioambiental con una perspectiva a largo plazo que respete los intereses de todos: las empresas, los accionistas y los trabajadores. De ahí mi voto.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Manifiesto mi apoyo al informe del señor Lehne. La última crisis financiera ha demostrado la necesidad de analizar las cuestiones relacionadas con las políticas de remuneración de los consejeros de empresa. Estoy de acuerdo con el ponente cuando sugiere un método basado en disposiciones vinculantes con objeto de evitar que las partes variables de la remuneración (bonificaciones, opciones de compra de acciones, etc.), alienten políticas de inversiones y de gestión de empresa demasiado arriesgadas y desligadas de las consecuencias que provocan en la economía real.

Para ello, parece que es necesario que haya medidas legislativas que nos permitan resolver el problema de la disparidad entre las normas nacionales en materia de remuneración corporativa, sobre todo en casos de fusiones transfronterizas. Es necesario que las cuestiones éticas sean el tema central, en especial por lo que respecta al sector financiero; no sólo desde el punto de vista moral, sino también y, sobre todo, desde el punto de vista social. Para lograrlo, tenemos que introducir directrices uniformes y globales.

 
  
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  Evelyn Regner (S&D), por escrito. (DE) He votado a favor del informe de iniciativa propia sobre las cuestiones deontológicas relativas a la gestión de las empresas puesto que, sobre todo, apoyo la petición del Parlamento Europeo de una mayor promoción de mujeres a puestos de dirección y la petición a la Comisión Europea para que presente una propuesta que introduzca un régimen para proveer puestos de trabajo en órganos decisorios de empresas, puestos en otros órganos e instancias. Al mismo tiempo, lamento el hecho de que mi enmienda, que le hubiera dado carácter obligatorio, no se incluyera en la resolución final.

Me hubiera gustado ver peticiones más ambiciosas por parte del Parlamento Europeo. Con respecto a la política de remuneración, quisiera señalar también las serias diferencias que prevalecen en la realidad y hacer hincapié en que hay que cumplir y defender los principios recogidos en las directivas europeas sobre la igualdad salarial y la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Abogo por que estos principios fundamentales se hagan obligatorios en cada Estado miembro y creo que se debería introducir un sistema de sanciones en caso de incumplimiento.

 
  
  

Informe: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) He apoyado el informe del señor Papanikolaou porque soy consciente de que las consecuencias de la crisis económica y financiera ya han llegado y afectado a la estructura de la sociedad, en especial a los jóvenes europeos exponiéndoles a tasas de desempleo alarmantes.

Por tanto, creo que es el deber de las instituciones europeas establecer una estrategia bien definida que pueda aprovechar al máximo la formación y los programas de movilidad existentes (como Comenius, Erasmus y Leonardo da Vinci), y a la vez aumente también la correlación entre la oferta de formación, competencias y las demandas y necesidades del mercado laboral para hacer que la transición entre la formación profesional y ocupación sea más fácil y segura.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con esta resolución porque dado que creamos las políticas de hoy, tenemos una gran responsabilidad con los jóvenes y las generaciones futuras. La UE dispone de importantes instrumentos para la elaboración de políticas en el ámbito de la juventud, que han de ser no obstante explotados, comunicados e integrados plenamente. Me preocupa el aumento constante de jóvenes desempleados, subempleados o con empleos precarios, especialmente con la actual crisis económica. Es muy importante que garanticemos una perspectiva en el ámbito de la juventud en las estrategias posteriores a Lisboa 2010 y Europa 2020. Asimismo apoyo la propuesta de desarrollar medidas adecuadas orientadas a los jóvenes en los programas de recuperación elaborados en el marco de los planes económicos y financieros de crisis y de garantizar una mejor integración de los jóvenes en el mercado laboral.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) El informe, para el que he votado a favor, contiene reflexiones interesantes y sugerencias para desarrollar políticas constructivas con el objetivo de proporcionar a los jóvenes de la sociedad actual un sentido de la responsabilidad.

Los jóvenes se enfrentan a muchas dificultades hoy en día si se quieren hacer un hueco en el mercado laboral y en la sociedad. Estoy de acuerdo con la premisa fundamental del informe: el Parlamento podría ser un instrumento útil para implantar las estrategias europeas en el ámbito de la juventud en vista de su carácter democrático y su consiguiente capacidad de reunir las peticiones de los jóvenes sobre el terreno y dentro de los Estados miembros, y hacer que sus demandas se escuchen en Europa.

Reitero, como han hecho otros discursos anteriores, la importancia de garantizar que las ramas de formación reflejan los modelos comerciales locales: sólo así podemos ayudar a los jóvenes de hoy y del mañana a entrar en el mercado laboral más fácilmente y con una satisfacción mayor. Hoy en día, los trabajos siguen siendo el problema principal de millones de jóvenes en Europa, sobre todo con la crisis económica que ha aumentado la tasa de desempleo de los jóvenes a más del 20 %.

Asimismo estoy plenamente de acuerdo con el énfasis que hace el informe sobre la importancia social y humana de los jóvenes que participan en trabajos voluntarios como un factor que les ayuda a lograr un crecimiento personal y colectivo.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque la preparación y puesta en práctica de una estrategia europea para la juventud es muy importante, en especial en este momento cuando la crisis económica y financiera ha tenido un impacto negativo en el empleo juvenil y sigue poniendo en peligro su futura prosperidad. Puesto que los jóvenes son el futuro de Europa, es nuestro deber ayudarles mediante la aplicación de una estrategia para la juventud bien preparada. Por tanto, sobre todo los Estados miembros tienen que salvaguardar el derecho de todos los niños y jóvenes de obtener educación pública y tienen que proporcionar a todo el mundo las mismas oportunidades de educación con independencia de su origen social y situación financiera. Quisiera que prestáramos atención al hecho de que, tal y como se prevé en la nueva Estrategia Europa 2020, es necesario tomar medidas cuanto antes para reducir el número de estudiantes que abandonan la escuela sin cualificación. Sólo si creamos condiciones de aprendizaje más flexibles para todos los jóvenes y salvaguardamos el derecho a aprender y a estudiar de todos, podemos crear oportunidades para que los jóvenes consigan introducirse en el mercado laboral. Asimismo quisiera destacar que es necesario que preparemos orientaciones generales específicas para implantar la política de empleo y combatir el desempleo juvenil. Es importante que estimulemos el espíritu empresarial entre los jóvenes y les proporcionemos condiciones más flexibles para que aprovechen los instrumentos de microcrédito y microfinanciación.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) La crisis financiera ha estado afectando gravemente las vidas de los jóvenes. Por tanto, celebro la nueva estrategia para la juventud que incluye el bienestar de las generaciones futuras en la agenda política. Dado que el triángulo de conocimiento es un elemento clave para el crecimiento y la creación de empleo, destacaría la importancia de crear más oportunidades para los jóvenes en la educación y el empleo mediante la intensificación de la interacción entre educación, investigación e innovación. Los diputados del Parlamento Europeo desempeñan un papel crucial a la hora de promover las políticas para la juventud en los Estados miembros. Quisiera que prestáramos atención al problema del abandono escolar y a la necesidad de garantizar que un porcentaje mayor de jóvenes acaban la educación obligatoria.

El Parlamento Europeo también juega un papel vital en la formulación, implantación, control y evaluación de la estrategia para la juventud. Es imprescindible que los programas y fondos de la UE reflejen las ambiciones de Europa con respecto a la juventud y que las políticas, programas y acciones de Europa estén coordinados, con miras a una estrategia de la UE para la juventud.

 
  
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  Nessa Childers (S&D), por escrito. – He votado a favor porque, aunque la estrategia de la UE para la juventud es, por su naturaleza, un documento variado y general, es vital reafirmar que cualquier estrategia nueva tiene que centrar su ambición y política en la educación. En el pasado, esta política educativa se habría centrado, como es debido, en la necesidad de que todos los estudiantes de la UE completaran la educación primaria y secundaria. Afortunadamente, ahora hemos llegado a un punto en el que nos podemos permitir centrar nuestra atención en objetivos más ambiciosos. Aproximadamente en las últimas dos décadas se han probado muchas iniciativas con el objetivo de conseguir que los grupos demográficos que tradicionalmente no son propensos a ir a la universidad asistieran a instituciones terciarias. Algunas de estas iniciativas han tenido más éxito que otras pero, en general, siguen siendo los mismos grupos sociales los que constituyen la abrumadora mayoría de los estudiantes terciarios. No podemos permitir que esto siga así. Si realmente vamos a ocuparnos de la pobreza, que sigue existiendo en la UE aunque a menudo pasa inadvertida, hay que conseguir un sistema efectivo por el que los sectores de la sociedad menos propensos empiecen a estar verdaderamente representados en el nivel terciario.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Apoyo el informe del señor Papanikolaou sobre una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación. Estoy de acuerdo con su petición de que los Estados miembros apliquen plenamente las disposiciones del Tratado de Lisboa en lo que se refiere a la política en el ámbito de la juventud, por ejemplo el fomento de la participación de los jóvenes en la vida democrática, una atención especial a los jóvenes y las jóvenes deportistas y el cumplimiento legal de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Destacaría la importante función de los programas Comenius, Erasmus y Leonardo da Vinci en el desarrollo de las políticas europeas de educación y formación. Insto a la Comisión a que dé prioridad a los instrumentos que mejoren las cualificaciones de los jóvenes y aumenten las posibilidades de trabajar y, sobre todo, de desarrollar el programa «Erasmus primer empleo». Estoy de acuerdo en que hay que combatir el consumo de drogas, alcohol, tabaco y otras clases de adicción, entre ellas los juegos de azar.

Destacaría la importancia de informar a los jóvenes sobre cuestiones de carácter sexual a fin de proteger su salud y la importancia de actividades de voluntariado y, como siempre ha sostenido la Juventud Social Demócrata portuguesa (JSD), dar a los jóvenes una responsabilidad central a la hora de concebir y poner en práctica políticas en el ámbito de la juventud a nivel europeo, nacional y regional.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Invertir en políticas en el ámbito de la juventud es imprescindible para el futuro de las sociedades europeas sobre todo en una época en la que el número de jóvenes en la población sigue disminuyendo. Acogí con satisfacción la recepción de la estrategia de la UE para la juventud en la que se recopiló información sobre la situación de los jóvenes de Europa por primera vez, así como las tres prioridades que establece la Comisión para la juventud.

Crear más oportunidades para los jóvenes en cuanto a la educación y el empleo, mejorar el acceso y la plena participación de todos los jóvenes en la sociedad y fomentar la inclusión social y la solidaridad entre la sociedad y los jóvenes son los objetivos fundamentales de una política europea en el ámbito de la juventud que es capaz de contribuir al desarrollo de una mentalidad europea. No obstante, la existencia de diferentes definiciones del concepto de «juventud» en los Estados miembros además del hecho de que la política en el ámbito de la juventud está cubierta por el principio de subsidiariedad, pone de manifiesto los problemas que implica poner en práctica los instrumentos de la política en el ámbito de la juventud de forma eficaz. Se requiere un gran deseo y compromiso por parte de los gobiernos de los Estados miembros para que haya una nueva cooperación europea en el ámbito de la juventud para conseguir resultados concretos, como el urgente fortalecimiento del método abierto de coordinación.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación. La crisis financiera está hipotecando, al menos a corto plazo, los futuros profesionales de millones de jóvenes en toda la UE, esencialmente porque es más difícil entrar en el mercado laboral. Tenemos que asegurarnos urgentemente de que las medidas de formación garantizan una mejor concordancia entre las competencias y las demandas del mercado laboral, promoviendo de este modo la autonomía e independencia económica de los jóvenes; de otro modo, corremos el riesgo de desaprovechar el talento de los jóvenes.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En un momento en el que Europa está atravesando la crisis económica y financiera más larga y más grave de las últimas décadas, es imprescindible que la estrategia europea para la juventud, que estamos debatiendo, se centre en los problemas que ha causado la crisis y que afectan, sobre todo, a los jóvenes. Entre estos problemas, destacaría la alta tasa de desempleo juvenil, la dificultad para introducirse en el mercado laboral, los salarios bajos, una formación oficial poco adecuada en las escuelas y universidades con respecto a las demandas de la vida laboral y la dificultad de conciliar el hecho de empezar un trabajo, que siempre es difícil, con la vida familiar.

Estas cuestiones tienen que estar presentes en cualquier estrategia europea para la juventud. Asimismo hay que buscar también políticas y estrategias que permitan que los europeos se adapten, mejor y más rápido, a los retos que plantea el siglo XXI —en especial en una situación de crisis—. Destacaría especialmente la necesidad de tener medidas que den a la educación la debida importancia; medidas encaminadas a la adquisición de nuevas competencias y que estimulen la creatividad y el espíritu emprendedor. Por último, creo que para lograr los objetivos propuestos es necesario que se fortalezca la coordinación entre los diferentes agentes que participan en la lucha por la estrategia para la juventud.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Para apostar por la juventud hay que crear un buen sistema educativo que dé prioridad a los problemas del abandono escolar precoz y el analfabetismo, y que apoye la igualdad de acceso de todos los jóvenes a una educación y formación de gran calidad en todos los niveles. Asimismo, defendemos la promoción de las oportunidades del aprendizaje permanente. Dadas las altas tasas de desempleo a las que se exponen los jóvenes de Europa, y puesto que es más probable que los jóvenes con menos cualificaciones estén desempleados, es imprescindible que reciban la mejor formación posible que les permita tener un acceso rápido y una larga permanencia en el mercado laboral. El primer trabajo es muy importante. Por eso hemos propuesto el programa «Erasmus primer empleo», que se ha aprobado; esperamos que la Comisión siga esta propuesta. La UE debería informar, desarrollar e implantar mejor los instrumentos que ya tiene a su disposición. Hay que hacer un llamamiento a los jóvenes para que participen más sobre todo en la construcción de una sociedad de reciclaje con el objetivo de combatir el cambio climático al que, de hecho, ya han estado contribuyendo de forma generosa.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Creemos que este informe adopta una perspectiva correcta a la hora de abordar los problemas de los jóvenes como algo transversal a varios sectores de la sociedad. Haciendo esto, identifica problemas específicos en varios ámbitos: educación y formación; empleo; salud; bienestar y medio ambiente; cultura, etc. Estos problemas incluyen, entre otros: el abandono escolar; empleos precarios e inestables; prácticas no remuneradas; la fuga de cerebros; la degradación medioambiental; drogodependencia y exclusión social.

Aunque el ponente plantea propuestas para solucionar estos problemas que nos parecen justas y que merecen nuestro apoyo, hay otras que son claramente inadecuadas; algunas son incluso ambiguas y otras llegan a ser contradictorias. No podemos aceptar, por ejemplo, que una Estrategia UE 2020, que «se centra más en los jóvenes» pueda significar adoptar como solución «estratégica» para la juventud la flexibilidad y precariedad laboral o el trabajo intermitente —conceptos que aparecen en la estrategia mencionada anteriormente— como argumento para la competitividad y para una posible salida de la crisis.

Como sucede en otros ámbitos, lo que necesitamos es que la armonización se logre a través del progreso social y no acabar todos con el mismo bajo nivel de vida. Algunos países —incluid Portugal—han incluido una amplia gama de derechos en sus constituciones; es importante que éstos se apliquen no que se restrinjan.

 
  
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  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. (IT) Desempleo, trabajo temporal, prácticas, ¿qué tipo de posibilidades les espera a la generación futura?, ¿qué expectativas de vida?, ¿cómo se tienen que sentir, viéndose obligados a quedarse en casa, dependiendo de sus padres y sin poder tan siquiera pensar en formar una familia? Trabajando de forma intermitente, a menudo mal pagados y haciendo trabajos que están muy por debajo de su nivel de educación; sin posibilidad de pensión, ¿qué les aguarda el futuro?

Señora Presidenta, Señorías, son los jóvenes los más castigados por esta crisis.

Se sienten desilusionados y alarmados ante la posibilidad de que se les vaya a excluir del mercado laboral. No tiene sentido ocultarse detrás de buenas intenciones y promesas. Los jóvenes piden hechos y es nuestro deber darles las respuestas adecuadas.

Tenemos que invertir, tenemos que proporcionar algo seguro, ofrecer oportunidades. El mundo laboral está cambiando y tenemos que crear las condiciones necesarias para que los jóvenes sean los primeros en adaptarse a estos cambios, aprovechando al máximo la nueva tecnología y siguiendo programas educativos que se adecuen a las nuevas necesidades.

Tenemos que intensificar nuestros esfuerzos; tenemos que enfocar nuestras políticas hacia los jóvenes. Si no hay futuro para los jóvenes no hay futuro para la sociedad entera.

 
  
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  Tunne Kelam (PPE), por escrito. – He votado a favor del informe sobre la nueva estrategia para la juventud porque creo que el futuro de Europa es la juventud de hoy. Tenemos que tomar medidas ahora para garantizar que los jóvenes están mejor preparados para la vida que les espera y para enfrentar las dificultades.

Insto a los Estados miembros a que se tomen en serio la nueva estrategia para la juventud y apliquen las medidas propuestas de forma enérgica. La estrategia para la juventud tiene que aumentar desarrollo personal y profesional de cada joven en Europa proporcionándoles los medios para aprender en casa y fuera de ella, mediante el aprendizaje formal, no formal e informal. La estrategia debería servir también para capacitar a los jóvenes y aumentar su participación en la sociedad.

Además, no hay política que funcione verdaderamente si no se implanta en todos los sectores. Todos los actores de los sectores correspondientes tienen que trabajar juntos para conseguir que la estrategia sea un éxito. Aunque la política en Europa se lleva a cabo a nivel nacional, tenemos que aprender unos de otros y servir de ejemplo. Hacer que los informes nacionales sean públicos es un paso crucial para acercarnos a nuestros jóvenes pero también para aprender unos de otros mediante las mejores prácticas y de las posibles dificultades.

 
  
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  Iosif Matula (PPE), por escrito. (RO) La crisis económica mundial es sólo uno de los factores que contribuyen al cambio de conducta y condiciones de vida de los jóvenes en Europa. Esto tiene que alarmar tanto a los Estados miembros como a toda la UE.

Durante algún tiempo hemos presenciado en Europa una población en decadencia, con las dramáticas consecuencias que ello conlleva para nuestras economías y sistemas de bienestar social. Que los jóvenes se casen cada vez más tarde y tengan menos hijos a una edad más avanzada es motivo de preocupación. Al mismo tiempo, no se les proporcionan las condiciones adecuadas para desarrollar sus competencias y participar activamente en la sociedad.

La educación, el empleo, la inclusión social y la salud son las principales preocupaciones de las generaciones jóvenes pero plantean dificultades para los Estados miembros. Precisamente por este motivo he votado a favor del informe elaborado por el señor Papanikolaou. Creo firmemente que las enmiendas que hemos propuestos harán una importante contribución a la tarea de idear políticas orientadas a los jóvenes permitiéndoles tomar decisiones de forma independiente y respaldando sus iniciativas personales, la igualdad de acceso a la educación para los jóvenes desfavorecidos y su posterior inclusión en el mercado laboral.

Creo que la asociación con los medios de comunicación con el objetivo de elevar el perfil de los programas y proyectos europeos para los jóvenes es un factor clave a la hora de ayudarnos a conseguir nuestros objetivos.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La estrategia de la UE para la juventud ha adquirido cada vez más importancia y ahora tiene que hacer frente a una de las prioridades políticas de la Unión, dado que los jóvenes constituyen el 20 % la población total. Los objetivos son claros y están definidos y relacionados con ámbitos tan importantes como la creación de más oportunidades de empleo o alentar a los jóvenes a que participen de forma más activa en la sociedad. Teniendo en cuenta la crisis económica y financiera que atravesamos actualmente junto con el problema del envejecimiento, los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables. Por tanto, defiendo que haya un compromiso mayor con respecto a las políticas para la juventud a nivel europeo; de ahí mi votación.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Los jóvenes, en particular, se han visto especialmente afectados por esta crisis económica. En vista de la creciente tasa de desempleo juvenil, es importante que mejoremos las oportunidades educativas. Mientras que nosotros, a nivel europeo, seguimos hablando de promoción, los Estados miembros ya están haciendo recortes en la financiación para las universidades.

Si de verdad queremos ayudar a la juventud, tenemos que evitar el fenómeno del «eterno becario». Estas medidas son como mucho una declaración de intenciones pero, dadas las condiciones que hay en estos tiempos de crisis, apenas son suficientes para conseguir algo realmente. Por tanto, me he abstenido de votar.

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), por escrito. (LT) He votado a favor de este documento porque yo mismo formo parte de esa generación más joven que da forma al futuro de la UE y me preocupa el tipo de futuro que me aguarda a mí y a mi generación. En la actualidad, el desempleo es uno de los principales problemas en mi país, Lituania, y en otros Estados miembros de la UE y ya estamos empezando a referirnos a los jóvenes de hoy como la generación perdida de esta era. Otro problema es la incompatibilidad del sistema educativo con las necesidades del mercado laboral. Aunque estamos de acuerdo con la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de la UE para la juventud, me preocupa que, como muchas otras estrategias que hemos aprobado, nunca pueda ser más que una serie de buenas declaraciones sobre papel. Nosotros, el Parlamento Europeo, otras instituciones de la UE, los Estados miembros, tenemos que entender que, a menos que nos ocupemos de los jóvenes de hoy, puede que ninguna de nuestras estrategias, incluida la UE 2020, se lleve a la práctica porque no quedará nadie que las implante. Por tanto, pido a la Comisión, al resto de instituciones competentes y a los Estados miembros que toman medidas concretas cuanto antes para que esta estrategia se haga realidad.

 
  
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  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito.(PL) He votado a favor de la resolución nº A7-0113/2010 del Parlamento Europeo sobre una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación [A2009/2159(INI)] porque hoy en día es extremadamente importante que definamos una estrategia para los jóvenes. El sector joven de la sociedad de la UE se enfrenta a muchas dificultades que tendrá que abordar en un futuro próximo. La crisis económica y el envejecimiento de la población son, sin duda, cuestiones importantes y urgentes y conciernen principalmente a quienes van a construir el futuro. Lo que deberíamos hacer y lo que, de hecho, tenemos que hacer es crear igualdad de oportunidades y de acceso para todos los que vayan a empezar su vida adulta en pocos años y, también, para los que ya empiezan su vida adulta en la actualidad. Desafortunadamente, hay muchos jóvenes con talento que, por varias razones, se han quedado atrás. Debemos darles una segunda oportunidad. Las medidas como el apoyo financiero para las personas que hayan finalizado la universidad son esenciales para que la transición al mercado laboral se lleve a cabo sin problemas. Lamentablemente, la tasa de desempleo entre los jóvenes es alta y las desigualdades en el mercado laboral persisten. En definitiva hay más problemas de los que he mencionado. Por tanto, estoy plenamente de acuerdo con el ponente en que «el presente informe representa un paso más dentro de un esfuerzo permanente. Un esfuerzo que es nuestro deber. Un deber sin límites hacia las generaciones futuras» Esto es lo que se espera de nosotros y es lo que debemos hacer.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Estoy de acuerdo con la opinión del señor Papanikolaou. La creación de una nueva estrategia de la UE para la juventud es de vital importancia. El principal objetivo de la nueva estrategia para la juventud debería ser utilizar los instrumentos existentes de forma más eficiente y promover el conocimiento. Es posible progresar instando a los gobiernos a que cooperen más sobre este tema, con independencia de las diferencias existentes entre las políticas nacionales con relación a los jóvenes.

Este es un factor esencial cuando hablamos de ofrecer un futuro prometedor a las futuras generaciones de ciudadanos europeos. La crisis económica está afectando profundamente a los jóvenes y representa una amenaza para la prosperidad de su futuro. El envejecimiento de la población también tendrá un gran impacto en su futuro. Dadas todas las presiones que sufren los jóvenes, el consiguiente deber de apoyarles por medio de una estrategia para la juventud eficaz, el hecho de que las políticas que favorecen a la juventud están sujetas al principio de subsidiariedad y el hecho de que la cooperación de los Estados miembros en este ámbito sea voluntaria, es de vital importancia que la nueva estrategia supere los puntos débiles de la anterior y proporcione resultados concretos.

 
  
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  Ioan Mircea Paşcu (S&D), por escrito. – Educar a los jóvenes es una tarea crucial porque si se cometen errores, y no se corrigen a tiempo, tienden a tener consecuencias generacionales y son susceptibles de repetirse ocasionando así una degradación mayor. El problema con nuestras «estrategias» es que, una vez se elaboran, nos obsesionamos con la implantación y dejamos de lado la necesidad de revisarlas y ajustarlas con regularidad.

La estrategia actual sobre la juventud, que en esencia se elaboró antes de la crisis actual ya se enfrenta a una serie de dificultades: cómo proteger a los jóvenes del impacto psicológico negativo de la crisis actual; cómo prepararles para el mundo del mañana no de hoy; cómo garantizar la igualdad de oportunidades en la educación con independencia de los ingresos; cómo separar «movilidad» de «fuga de cerebros» y cómo equilibrar el «vinculación virtual» a través de la red con el espíritu de vinculación y de equipo a través de la acción colectiva.

Estos son retos «estratégicos» que necesitan atención «estratégica» por parte de los órganos decisorios en todos los países de la UE.

 
  
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  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este informe porque su objetivo es promover una ciudadanía activa, inclusión social y solidaridad para todos los jóvenes. Con respecto a la política en el ámbito de la juventud, si la norma es la subsidiariedad, tenemos que alentar a los Estados para que definan objetivos y agendas comunes y mejoren su cooperación y su intercambio de buenas prácticas. Este es un asunto urgente porque sabemos que, en Europa, 1 de cada 4 niños de 15 años no sabe leer correctamente. Mientras debatimos el presupuesto 2011, me preocupa la distancia que existe entre las ambiciones del informe que acabamos de votar y el 3,4 % de reducción en el presupuesto de «la juventud en acción». ¿Por qué hacer recortes en un programa encaminado precisamente a desarrollar el sentido de ciudadanía, de solidaridad y tolerancia entre los jóvenes europeos? De modo que espero que la estrategia 2020, que se basa en una economía inteligente, sostenible e integrada, tenga como resultado compromisos financieros ambiciosos en materia de educación y formación juvenil porque en estos tiempos de crisis sistémicas, la supervivencia a medio plazo de la UE depende de los jóvenes que educa y moviliza el proyecto europeo.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito.(PL) Apoyo la estrategia de la UE para la juventud con la plena convicción y seguridad de que será un éxito. Es uno de los ámbitos de trabajo clave de la Comisión de Cultura y Educación para la que trabajo. Es imprescindible que mejoremos la situación de los jóvenes y sus oportunidades educativas y profesionales. Hay tres asuntos cruciales al respecto.

1. Los jóvenes en la UE y también en Polonia hacen buen uso de los programas comunitarios como Comenius, Erasmus y Leonardo da Vinci. Por tanto, es muy importante que aumentemos la financiación de estos programas y reconozcamos que son la base para el desarrollo de una estrategia comunitaria plurianual para la juventud. En el futuro, estos programas deberían recibir apoyo financiero. No se puede dar mejor uso al presupuesto de la UE que el de invertir en la educación de los jóvenes. Asimismo apelo a la mejora y a la plena aplicación del programa Erasmus Mundus.

2. Como socialista también destaco la necesidad de crear igualdad de oportunidades para los jóvenes con respecto a su acceso a la educación. Es imprescindible que prestemos ayuda financiera a los que no se pueden permitir finalizar la educación terciaria. Asimismo, es importante ayudar a los jóvenes haciendo que su acceso al mercado laboral sea más fácil.

3. En vista de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, quisiera que prestáramos atención a las obligaciones de los Estados miembros con respecto a la implantación de la estrategia, que incluye alentar a los jóvenes a que participen en la vida democrática, prestando especial atención a los jóvenes y las jóvenes deportistas y al cumplimiento legal de la Carta de los Derechos Fundamentales.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) El informe aprobado por el Parlamento Europeo es un análisis exhaustivo de una cuestión de múltiples dimensiones: la juventud; una cuestión que a veces parece que no se debate lo suficiente o se deja en un segundo plano. Los jóvenes de hoy van a crear la Europa del futuro de modo que tenemos que asegurarnos de que se desarrollan como es debido y tenemos que ayudarles a que utilicen las oportunidades que ofrece la Unión lo mejor posible. Los jóvenes son un tipo especial de valor añadido; traen frescura e innovación y pueden hacer que la visión social de Europa sea una realidad, basada en la tolerancia, la diversidad y la igualdad. La cuestión de los jóvenes adquiere incluso más importancia en el contexto de la situación actual: la crisis económica y los factores demográficos en Europa.

Los jóvenes son más vulnerables a los efectos adversos que ocasiona la crisis económica actual. El desempleo en este grupo es casi el doble de alto que la tasa general y la situación financiera a la que se enfrentan a menudo los jóvenes les obliga a abandonar su educación lo que puede, como resultado, conducir a la pobreza y la exclusión.

En el contexto de una población envejecida, hay que encontrar instrumentos que animen a los jóvenes a empezar a formar una familia. A menudo posponen esta decisión por su situación financiera desfavorable, problemas para encontrar trabajo o la necesidad de conciliar la vida laboral con la familiar. En cuanto a las cuestiones de organización y las estructuras de cooperación en el ámbito de la juventud, deberíamos ser más claros y específicos. El tema de la juventud es complejo y requiere la participación de muchos ámbitos de la política.

 
  
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  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), por escrito.(PL) La resolución que hemos aprobado hoy con respecto a la comunicación de la Comisión sobre una estrategia de la UE para la juventud, nos indica la dirección correcta partiendo de un enfoque integrado de los problemas y necesidades de los jóvenes. Esperamos que tener en cuenta los intereses de los jóvenes y las futuras generaciones a la hora de formular las estrategias políticas en todos los niveles políticos garantice una resolución eficiente y efectiva de las cuestiones más urgentes. Por ejemplo, que la tasa de desempleo de estos grupos siga siendo alta demuestra la falta de soluciones estructurales, como pueden ser los fallos en los sistemas educativos que educan a los jóvenes sin tener en cuenta las necesidades del mercado laboral.

Tenemos que alentar a los jóvenes para que participen activamente en la sociedad civil, en la política y estimular su espíritu emprendedor. Tenemos que crear las condiciones para que sean creativos en el ámbito cultural y despierten su interés por el arte, la ciencia y las nuevas tecnologías. Por otro lado, deberíamos asegurarnos de que no se les discrimina e iniciar campañas que promuevan ideas respetuosas con el medio ambiente, sin olvidar la lucha contra la drogadicción y otra clase de adicciones frente a las que los jóvenes son especialmente vulnerables. Por eso hoy me ha encantado aprobar la resolución que ha preparado el señor Papanikolaou.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. (RO) Los 96 millones de jóvenes europeos entre 15 y 29 años representan aproximadamente el 20 % de la población de la UE. La tasa de empleo juvenil llegó al 20 % a comienzos de año debido a la crisis económica mientras que el índice de abandono escolar alcanzó el 17 %, sobre todo en las zonas rurales. Además, cada vez se ofrecen más contratos temporales a los jóvenes reduciendo de este modo su oportunidad de conseguir una estabilidad económica y comprar una vivienda. Los jóvenes son nuestro futuro y deberíamos hacer que participen más en la toma de decisiones a nivel europeo. Ellos son los que deberían planear y poner en práctica medidas junto a nosotros para contribuir al desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Pido a la Comisión y a los Estados miembros que adopten con urgencia una estrategia y medidas concretas para ayudar a que los jóvenes participen más en la sociedad. Estas medidas deberían estar encaminadas a que haya igualdad de acceso a la educación permitiendo que los jóvenes adquieran las competencias que necesitan para encontrar un trabajo que les proporcione una vida decente, ofrecerles guarderías accesibles para facilitar el equilibrio entre la vida laboral y la personal, ayudarles a entrar en el mercado laboral y proporcionarles viviendas sociales.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) La crisis económica mundial ha sido un doloroso golpe para todos nosotros. Lo más triste es que el golpe más fuerte ha sido para aquellos de los que depende nuestro futuro. El tsunami financiero de los últimos años ha hecho que la mayoría de los jóvenes estén desempleados o subcontratados. Según este informe, la tasa de desempleo juvenil en la mayoría de los Estados miembros de la UE se ha casi duplicado en comparación con la población activa. Ahora tenemos la posibilidad de hacer de esta crisis una oportunidad. Se lo debemos a nuestra futura generación de europeos.

Para mi país, Lituania, y para la mayoría de sus vecinos, es importante detener la creciente fuga de cerebros de trabajadores cualificados. Como sugiere el nombre del informe, lo podemos lograr invirtiendo y ofreciendo oportunidades. La educación y el empleo son ámbitos principales desde el punto de vista de la inversión. Tenemos que facilitar la transición de la educación al mercado laboral. Sin embargo, el efecto de esta inversión será limitado a menos que ofrezcamos oportunidades a nuestros jóvenes. Tenemos que alentarles para que sean ciudadanos más activos tanto a nivel social como político. El número de votantes jóvenes es muy bajo en el este de Europa. Por tanto, tenemos que reavivar su interés en el proceso político.

La sociedad civil y las ONG pertinentes pueden apoyar los intereses de la UE, por ejemplo: el proyecto «mi voto», que utilizaba tecnologías innovadoras de Internet contribuyó a aumentar la conciencia política de los jóvenes. Además, tenemos que iniciar un diálogo constructivo con los jóvenes y las organizaciones juveniles de Europa sin la maraña burocrática y la jerga técnica.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – He apoyado el informe sobre una estrategia europea para la juventud porque creo que será vital para conseguir que los jóvenes tengan un empleo a tiempo completo durante los próximos años. Con 5,5 millones de europeos menores de 25 años sin empleo, es evidente que se necesita una estrategia eficaz para combatir el problema.

El problema de desempleo juvenil no sólo se debe a la crisis económica; los empresarios buscan personas con experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con la recomendación de que la educación superior debería estar mejor ligada al mercado laboral La cooperación entre los Estados miembros es clave para abordar los problemas del desempleo juvenil que pueden suponer grandes costes tanto sociales como económicos.

 
  
  

Recomendación para la segunda lectura: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Fortalecer la protección de las mujeres autónomas ha sido algo importante. El informe de la señora Lulling sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma es una medida bien encaminada. Proporciona permiso de maternidad y seguridad social durante 14 semanas para ayudar a los cónyuges; antes este no era el caso. De nuevo, el Parlamento Europeo garantiza la protección de las mujeres en su trabajo. Dado que comparto esta visión, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Regina Bastos (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta la necesidad de revocar la Directiva 86/613/CEE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, esta enmienda propuesta representa un avance importante para la situación de los cónyuges de los trabajadores autónomos también.

Con respecto a la protección social, se ha propuesto que donde haya un sistema de protección social en marcha para los trabajadores autónomos, los Estados miembros tomen las medidas necesarias para que los cónyuges puedan beneficiarse de la protección social con arreglo al Derecho nacional. Aunque la protección social de los cónyuges no es obligatoria, esta propuesta constituye un avance importante puesto que en muchos Estados miembros los cónyuges no gozan de ninguna protección social, ni obligatoria ni voluntaria.

Por último, esta propuesta prevé la protección de la maternidad aunque no que el permiso de maternidad de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos tengan la misma duración que el de los trabajadores asalariados. Sin embargo, tendrán derecho a un pago adecuado que les permita cesar sus actividades durante al menos 14 semanas y/o a un servicio de sustitución temporal. Por todas estas razones, he votado a favor de esta propuesta.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Para superar la recesión económica es muy importante que invirtamos en capital humano e infraestructura social y creemos las condiciones para que hombres y mujeres puedan aprovechar todas sus oportunidades. La UE se ha acercado ahora al objetivo de la Estrategia de Lisboa llegando a una tasa de empleo del 60 % para las mujeres en 2010, pero el empleo femenino en los Estados miembros es muy irregular. Por tanto, la Comisión y los Estados miembros tienen que tomar medidas eficaces para implantar cuanto antes la Directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma. El tema de la protección de la maternidad de las trabajadoras autónomas y de los cónyuges colaboradores o parejas reconocidas es muy importante. Hay que reconocer que necesitan contar con un subsidio que les permita dejar de trabajar el tiempo suficiente para pasar su embarazo de forma segura y recuperarse físicamente tras un parto normal y que el subsidio por maternidad que se concede a las mujeres debe ser el adecuado. Por tanto, estoy especialmente de acuerdo con la opinión de la ponente sobre las propuestas en esta segunda lectura de la Directiva. Además, en las consultas de la Comisión sobre la nueva Estrategia 2020, no se presta la atención suficiente al tema de la igualdad de género. Tenemos que consolidar e integrar los temas que rodean la igualdad entre hombres y mujeres en la nueva estrategia.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Celebro que se haya aprobado esta Directiva que establece el marco para la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma o que contribuyen a que se realice tal actividad en los Estados miembros. La reducida participación de las mujeres en las actividades autónomas constituye una desigualdad dado que las responsabilidades familiares parecen tener un efecto negativo en el espíritu emprendedor de las mujeres en comparación con los hombres. Con respecto a los cónyuges colaboradores, que no tengan seguridad social y no se reconozca su contribución a los negocios familiares confiere una ventaja injusta a algunas empresas, de modo que esta iniciativa garantizaría la igualdad de condiciones en Europa. Es imprescindible que adoptemos medidas para resolver las disparidades entre hombres y mujeres en materia de creación de empresas para que haya una mejor conciliación de la vida personal y profesional. Pido a los Estados miembros que garanticen igualdad profesional plena entre hombres y mujeres en la práctica con vistas a promover iniciativas empresariales entre las mujeres.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La Directiva de diciembre de 1986 ha demostrado no ser eficaz dado que ha tenido resultados insatisfactorios según sus informes de aplicación. Por este motivo, es urgente que avancemos y reforcemos la protección de la maternidad para las mujeres autónomas y garanticemos la igualdad de trato para las mujeres que trabajan para ellas mismas, incluidos sus cónyuges colaboradores.

En Europa, el 16 % de la población activa es autónoma del cual una tercera parte son mujeres. Sin duda, esta cifra es el resultado de innumerables obstáculos con los que se encuentran las mujeres emprendedoras sobre todo en cuanto a hacer malabarismos para compatibilizar su vida familiar con la profesional. Sin embargo, si la Directiva 1986 no logró sus objetivos, la propuesta actual también carece de ambición.

Es lamentable que el potencial de esta Directiva se haya visto reducido para lograr un compromiso político con el Consejo. No obstante, puede considerarse un primer paso para mejorar la situación actual con respecto a la protección social que se proporciona a los trabajadores autónomos y cónyuges colaboradores. Se han creado unas normas mínimas según las que, por primera vez, el derecho a la prestación por maternidad se reconocería a nivel comunitario permitiendo la interrupción del trabajo durante al menos 14 semanas.

 
  
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  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic y Alf Svensson (PPE), por escrito. (SV) La delegación sueca del Grupo PPE votó ayer (18 de mayo) en contra de la recomendación para la segunda lectura de la postura común del Consejo en la primera lectura con miras a que se aprobase la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma y la revocación de la Directiva 86/613/CEE (A7-0146/2010). Es vital que los Estados miembros trabajen juntos para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres a fin de que más mujeres sean autónomas. Por otro lado, no creemos que sea tarea de la UE tomar decisiones sobre políticas de igualdad que tengan un efecto trascendental en las finanzas públicas de los Estados miembros. Esto lo tienen que decidir los propios Estados miembros. Además, no creemos que haya igualdad de trato entre hombres y mujeres si sólo se va a garantizar a las mujeres autónomas (y no a los hombres) las prestaciones y el permiso parental cuando tienen hijos. Por último, me gustaría destacar el hecho de que uno de los principales retos de la UE es que haya una mayor igualdad, y en este reto Suecia puede servir como fuente de inspiración a otros Estados miembros de la Unión. Con la crisis económica actual, lo más importante es apoyar y alentar a los autónomos.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) Hace ya más de dos años que debatimos el informe sobre la situación de las mujeres en las zonas rurales, cuando insistimos en que se hicieran las modificaciones necesarias a la legislación en materia de protección social. El Consejo nos presenta ahora un nuevo tipo de directiva cuyo ámbito de aplicación, sin embargo, se limita sólo a la agricultura. No creo que haya ninguna justificación para tal restricción. La situación de las mujeres en las zonas rurales es extremadamente difícil, sobre todo en los nuevos Estados miembros y esto nos tiene que preocupar de forma constante y activa. Sin embargo, cuando hablamos sobre actividades autónomas no podemos pasar por alto las que implican empleos retribuidos en artesanías, en comercios, PYME, y las profesiones liberales.

Además, creo que hay que evitar esas disposiciones que propone el Consejo, que podrían permitir que los Estados miembros limitaran el acceso a los programas de protección social. Con arreglo a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, la Directiva, tras ser enmendada por el Parlamento, proporciona el marco necesario encaminado a reducir las disparidades entre los hombres y mujeres que se dediquen a actividades autónomas. En este sentido, creo que, por un lado, la protección de la maternidad es vital partiendo del derecho a un permiso mínimo de 14 semanas y a una prestación por maternidad. Por otro lado, es igual de importante el derecho de los cónyuges o parejas de hecho de crear una empresa legalmente.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Como defensor incondicional de los derechos humanos y del principio de igualdad, no minaría las iniciativas encaminadas a proteger los derechos de las mujeres en el mercado laboral como es el caso de este informe elaborado por mi querida colega la señora Lulling. Como ya he dicho anteriormente: «Los hombres y mujeres deben ser tratados de forma equitativa y tener los mismos derechos, pero teniendo en cuenta sus respectivas necesidades. En el caso de las mujeres, esta diferencia resulta realmente pertinente en ámbitos como las ayudas a la maternidad, la conciliación de la vida laboral y la vida familiar...».

Por eso celebro el hecho de ver, entre otras cosas, que hay una preocupación por la protección de la maternidad de las mujeres autónomas. No obstante, también soy un firme defensor del principio de subsidiariedad y creo que muchos de los temas que debatimos tienen que seguir siendo competencia de los Estados miembros.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Celebro los esfuerzos que ha hecho el Parlamento Europeo por fortalecer los mecanismos de justicia social e igualdad de género en la UE. Además de ser un principio incuestionable del mundo civilizado y sobre todo en una Europa que se ve a sí misma cultural y socialmente desarrollada, garantizar la igualdad de trato de los hombres y mujeres autónomos —en especial con respecto al acceso a los mecanismos de protección, sobre todo, los relacionados con la maternidad— es cada vez más apremiante y obvio durante este periodo de profunda crisis económica y social. Destacaría nuestra preocupación con respecto a eliminar las diferencias de trato entre los diferentes ámbitos de actividad en vista de los conocidos avances a nivel tanto de organización como de herramientas y mecanismos de trabajo o producción. Los trabajadores tienen que tener los mismos criterios para acceder a los regímenes públicos de protección social en particular con respecto a las cotizaciones y privilegios. Asimismo destacaría que esta recomendación va a fortalecer definitivamente los incentivos para el espíritu empresarial femenino. La economía europea teniendo mucho que ganar aún y muchos avances que experimentar con la participación más intensa e integradora de las mujeres.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) Puesto que soy especialmente sensible a cuestiones de igualdad de género e igualdad en general, incluida la igualdad de derechos sociales, celebro que se haya aprobado este informe. De hecho, me parece fundamental que los Estados miembros deban garantizar protección social a las mujeres autónomas y cónyuges colaboradores y que esta protección deba ser equivalente a la de las mujeres asalariadas. Esta medida trata de potenciar la actividad empresarial de las mujeres de Europa, que sigue siendo demasiado irregular; trata de permitir que estas mujeres se beneficien del permiso de maternidad igual que las mujeres que desempeñan otro tipo de trabajo. El permiso de maternidad debe estar garantizado en todos los Estados miembros y para todas las mujeres con independencia de su empleo. Dado que esta medida está sujeta al principio de subsidiariedad, esperemos que los Estados miembros hagan lo que tengan que hacer para garantizar que los hombres y mujeres pueden conciliar su vida familiar y profesional tan rápido y fácil como sea posible.

 
  
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  Lívia Járóka (PPE), por escrito. (HU) Me gustaría felicitar a la diputada, Astrid Lulling, por la aceptación de su informe, que representa un avance importante a la hora de resolver un problema que viene desde hace mucho tiempo. La situación de los cónyuges y parejas de hecho de los trabajadores autónomos —que contribuyen a las actividades y ganancias de los negocios sin tener el estatus de empleado o socio empresarial— no se abordó de forma satisfactoria en la Directiva del Consejo de 1986. Por tanto, era hora de revocar dicha legislación y elaborar una nueva directiva que reconozca el trabajo de los cónyuges colaboradores y los sitúe en el mismo nivel que los trabajadores autónomos en términos de protección de la seguridad social.

Además, un importante logro de la ponente y del Parlamento Europeo es que, en comparación con la recomendación original del Consejo, el ámbito de aplicación ya no se limita únicamente a las actividades autónomas remuneradas en el sector de la agricultura, puesto que este colectivo meta también trabaja en las PYME, por ejemplo, o en el mercado minorista donde constituyen una mayoría. Aunque el Consejo no aceptó varias recomendaciones importantes de la ponente y el Parlamento —dejando la igualdad de protección social para los cónyuges y parejas de hecho en manos de los Estados miembros y permitiendo que los Estados miembros mantengan las disposiciones restrictivas relacionadas con ciertos regímenes o niveles de protección— no obstante, la propuesta de Directiva en general representa un avance importante.

 
  
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  Barbara Matera (PPE), por escrito. (IT) Celebro que se haya aprobado la propuesta de Directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de trato de hombres y mujeres que trabajen como autónomos. Al fin el Parlamento Europeo manifiesta una opinión sobre la aplicación de este principio, símbolo del progreso social y económico.

Aunque respetamos las prerrogativas de los estados, creo que hay que formular un criterio mínimo de protección para las madres autónomas, así como para los cónyuges colaboradores y parejas de hecho reconocidas y también hacer que su nivel de protección sea igual al de las madres asalariadas en contraposición a las autónomas.

Se espera que la declaración de estos derechos vaya acompañada del respeto de los mismos, y que los Estados se comprometan a introducir las medidas adecuadas, sobre todo para proteger a las mujeres autónomas y cónyuges colaboradores durante el embarazo y la maternidad. Tenemos que combatir la discriminación en el lugar de trabajo en todas sus formas para respaldar la emancipación de la mujer así como la del hombre.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La propuesta de la Comisión busca garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres autónomos. Por tanto, veo la aprobación de este texto como un paso importante y muy positivo para acercarnos a la legislación europea actual en materia de trabajadores asalariados, puesto que los derechos fundamentales de igualdad y protección social ya están protegidos y las enmiendas que se han propuesto al texto original están encaminadas hacia la mejora general de la protección de los cónyuges de los autónomos, en especial con respecto al subsidio por maternidad concedido a las mujeres autónomas y cónyuges o parejas de hecho reconocidas; de ahí mi voto.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe no sólo porque sea importante y vaya a afectar —creo— a millones de ciudadanos europeos. Conozco muchos artistas, abogados y otras personas que son autónomas y sé que muy a menudo reciben la ayuda de familiares, normalmente la mujer o hijos. El hecho de que ahora vayan a tener derecho a la protección social sin duda mejorará su situación económica, moral y espíritu emprendedor. Esto es especialmente importante en el caso de Lituania porque ahora en una época en la que la crisis ha golpeado duramente los Estados Bálticos, la situación económica de muchas familias roza la pobreza.

No podemos permanecer al margen mientras las mujeres y hombres autónomos que tienen una familia son víctimas de la injusticia social. La aprobación de este informe es una clara señal para que los gobiernos de los Estados miembros de la UE apoyen a los cónyuges de los autónomos, les garanticen el derecho a una pensión, vacaciones pagadas, permisos de maternidad o paternidad y les ayude a reintegrarse en el mercado laboral.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Quisiera expresar mi apoyo al informe de la señora Lulling. La propuesta es necesaria porque sigue habiendo una gran división de género en el sector autónomo y amenaza con ser aún más pronunciada. La propuesta también considera que se debe proporcionar protección social para los cónyuges colaboradores, que a menudo hacen una contribución sustancial al negocio de los autónomos aunque carecen totalmente de cualquier protección de este tipo en muchos Estados miembros.

La propuesta, que tiene el objetivo de proporcionar incentivos a las mujeres para que accedan al mercado laboral y ayudar en la lucha contra el trabajo sumergido, introduce tres cambios principales en el Derecho comunitario actual: la definición de «cónyuge colaborador» se modifica para incluir a las parejas que no están casadas y sí reconocidas por el Derecho nacional; se concede a las mujeres autónomas y a los cónyuges colaboradores el derecho a beneficiarse, previa solicitud, de la del permiso de maternidad remunerado durante al menos 14 semanas. Asimismo, se confiere al cónyuge colaborador el derecho, previa solicitud, al régimen de protección social.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe porque he creído que aprobar esta Directiva es de vital importancia a nivel de la UE, dada la actual crisis económica y financiera que atravesamos. Teniendo en cuenta el hecho de que en la mayoría de los Estados miembros, los cónyuges colaboradores no gozan de las prestaciones de la seguridad social, he creído que, en el caso de que un Estado miembro obligue al autónomo a afiliarse a un régimen de la seguridad social, esto debería ser también obligatorio para su cónyuge colaborador o pareja de hecho.

La postura del Consejo es lamentable puesto que no acepta que deba ser obligatorio para los cónyuges o parejas de hecho de los autónomos afiliarse a los regímenes de protección social en los países en los que su estatus está reconocido según el Derecho nacional. Dado que la gran mayoría no están afiliados a estos regímenes, desconocen las prestaciones que proporcionan los regímenes de la seguridad social que cubren la enfermedad, discapacidad y vejez.

Como ponente alternativa del Grupo S&D, he apoyado la postura de que las mujeres autónomas, cónyuges y parejas de hecho que decidan tener hijos deberían disfrutar de la protección social y permiso remunerado y no se debería impedir que recibiesen la asignación por hijo, como está haciendo el Gobierno rumano.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – estoy muy contenta de que hoy el Parlamento Europeo haya aprobado su postura en segunda lectura sobre la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma y la revocación de la Directiva 86/613/CEE (A7-0146/2010).

Las mujeres desempeñan un papel esencial a la hora de mantener negocios autónomos en calidad de propietarias y cónyuges de colaboración o parejas de hecho. Celebro la decisión del Parlamento sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma y sus cónyuges como parte importante de la legislación de la UE.

 
  
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  Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – El Grupo es un fuerte defensor de trabajar para salvar las diferencias de género para los trabajadores autónomos y sus parejas. Defendemos el objetivo del informe porque nos gustaría ver cómo todos los países de la Unión ofrecen apoyo y protección social a los trabajadores autónomos. Sin embargo, nos oponemos a que esta legislación sea a nivel comunitario. El Grupo ECR siempre ha defendido el principio de subsidiariedad y cree firmemente en que los Estados miembros deberían desempeñar el papel protagonista a la hora de crear y aplicar la legislación en materia de empleo y la política social. Por estas razones, el Grupo ECR se ha abstenido de votar las enmiendas de la 1 a la 17.

 
  
  

Informe: Toine Manders (A7-0122/2010)

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) Hoy, el Parlamento ha reiterado la necesidad de obtener un alto nivel de protección para el consumidor en toda la UE y la importancia de armonizar los reglamentos relacionados con el etiquetado de los productos textiles haciendo que sea obligatorio para toda la ropa marcada en Europa. La aplicación de un futuro reglamento sobre la denominación de los productos textiles, así como la información sobre las etiquetas de los materiales simplificará el marco regulador existente, haciéndolo transparente, claro y beneficioso para los consumidores y para las PYME.

Los consumidores podrán utilizar las etiquetas para tomar decisiones fundadas sobre la compra de productos, también basadas en consideraciones éticas como la salud, el impacto en el medio ambiente, los derechos humanos y el salario y las condiciones laborales de los trabajadores empleados en la fabricación de los productos textiles. Mientras tanto, las PYME y la industria textil en general podrán proteger la calidad, el diseño y la innovación de sus productos lo que contribuirá a hacerlas más competitivas no sólo en el mercado europeo sino también en el mundial. El etiquetado «hecho en» permitiría a los consumidores obtener información adicional sobre las características del producto y también ayudaría a fortalecer la economía mediante el desarrollo de nuevos productos para muchos sectores, promocionando el empleo y respaldando la lucha contra la falsificación por lo que respecta a los productos de terceros países.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) En la era de la globalización, donde los productos son cada vez más el resultado de un viaje a través de la cadena de montaje internacional es difícil saber su «nacionalidad». De forma paralela a este fenómeno, los consumidores quieren poder hacer compras conociendo totalmente los hechos, a veces favoreciendo artículos que provienen de países con niveles de calidad más altos o por criterios sociales o medioambientales. En este contexto, he decidido votar a favor de este informe puesto que propone hacer que el etiquetado en el país de origen sea obligatorio. En mi opinión, se trata de información imprescindible que habría que comunicar siempre al consumidor. Asimismo, apoyo la idea de que la Comisión Europea prepare, de aquí a dos años, un informe o incluso una propuesta legislativa orientada a armonizar las etiquetas textiles. De hecho, puesto que hemos compartido el mismo mercado durante décadas, ¿por qué el sistema de tallas y mucha otra información igual de importante sigue siendo diferente en los Estados miembros?

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este Reglamento porque creo que arrojará más luz a la situación tanto de los fabricantes como de los consumidores. Celebro la forma de regulación elegida que reúne las directivas separadas que están en vigor y de este modo reducirá la carga administrativa de los Estados miembros cuando transpongan a la legislación nacional las adaptaciones técnicas requeridas cada vez que se añade el nombre de una nueva fibra a la lista. No obstante, siento que es hora de empezar a debatir la revisión del sistema de etiquetado textil que no sea una carga adicional para los fabricantes y que entiendan y acepten claramente los consumidores. Por tanto, apoyo las propuestas aprobadas en el Reglamento de que el informe de la Comisión Europea debería cubrir estos temas así como un sistema de tallas uniforme en toda la UE para la ropa y el calzado, una indicación de cualquier sustancia potencialmente alérgica o peligrosa y cuestiones relacionadas con el etiquetado ecológico y social.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Sin embargo, puede parecer sorprendente que la frase «hecho en», que encontramos en muchas etiquetas de ropa, no sea obligatoria en la actualidad y su utilización varíe en gran medida de un Estado miembro a otro. Tras haber considerado la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el plazo de comercialización de una nueva fibra, lo hemos utilizado para solucionar este problema de etiquetado. De hecho, al no haber una legislación europea, existe el riesgo de que aparezcan productos que se hayan fabricado en otros países pero que lleven una etiqueta que sugiera que se han fabricado en Europa. El informe también pide a la Comisión que considere el etiquetado que hará que los consumidores tengan acceso a información sobre las condiciones sociales y ecológicas de fabricación de los productos que compran.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) Felicito al ponente, el señor Manders, por el gran trabajo que ha realizado de aunar tres directivas complejas. Este informe simplifica el marco regulador que existe y garantiza, por ejemplo, que una nueva fibra se pueda introducir rápidamente en el mercado. Para nuestras PYME, esto supone ahorrar en gastos administrativos y beneficiarse más rápidamente de la venta de nuevas fibras. Estas medidas fomentan la innovación, un elemento que es —en mi opinión— imprescindible para las empresas europeas. De hecho, sólo con productos innovadores y de gran calidad podremos superar la fuerte competitividad mundial y salir de esta complicada época de crisis.

El texto también protege a los consumidores, cuyos intereses —insisto— son el centro de nuestras políticas. Las medidas adoptadas garantizaran reglamentos más claros y transparentes para los ciudadanos europeos y también significa que se podrán beneficiar con mayor rapidez de productos innovadores. Por último, la salud pública estará mejor protegida: un etiquetado más detallado proporcionará a los ciudadanos información sobre el origen del hilo y los productos relacionados.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Celebro esta propuesta de Reglamento que pretende simplificar y mejorar el marco legislativo actualmente en vigor, con el objetivo de fomentar la innovación en los sectores textil y de la confección, mientras que permite que los usuarios y consumidores de la fibra se beneficien más rápidamente de productos innovadores. El tema de simplificar es imprescindible para promover la innovación en la industria europea y aumentar la cantidad de información que se proporciona a los consumidores. Asimismo, es importante que encontremos una legislación alternativa que sea menos onerosa en términos de trámites y costes cuando se transponen las directivas. La industria se beneficiaría de la reducción del plazo entre la presentación de una solicitud y la capacidad de colocar el producto en el mercado, que supone un ahorro en costes administrativos y la posibilidad de que llegue antes al mercado aumentando los beneficios de venta.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) Por fin, hemos aprobado los Reglamentos relativos al etiquetado «hecho en» en el sector textil. El Parlamento ya ha votado a favor de la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la indicación del país de origen de ciertos productos importados de otros países en 2005, pero el Consejo la bloqueó. Y dado que no fue un procedimiento de codecisión, no se pudo hacer mucho contra la oposición de algunos gobiernos nacionales.

La votación de hoy, sin embargo, constituye un mensaje político firme por parte de la Asamblea que representa a los ciudadanos y que ahora pide enérgicamente al Consejo que apruebe estos Reglamentos. Este objetivo está hoy más cerca y también está en línea con los objetivos del Tratado de Lisboa.

Quizás se trate sólo de la primera lectura de la votación pero es un resultado importante; el resultado de mucho trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos meses con los compañeros de otras delegaciones nacionales y grupos políticos. Este nuevo Reglamento protege a los consumidores europeos que desean conocer el origen textil de los productos y de las PYME que los fabrican dentro de los Estados miembros. Esto significa, por ejemplo, que ya no seremos capaces de afirmar que un producto se ha «hecho en» un Estado miembro cuando sólo el 25 % de la fabricación se ha llevado a cabo allí; hoy, al menos el 50 % de un producto tiene que haberse «hecho en» dicho país.

 
  
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  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) En general, apoyamos el informe de nuestro colega, el señor Manders, sobre las denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente. Dicho esto, somos muy críticos con respecto al marcado de origen obligatorio porque estamos convencidos de que tendría como resultado precios más altos para los consumidores de Europa, junto con condiciones inferiores y costes más altos, sobre todo para las PYME. Creemos en el libre comercio y, por tanto, creemos que es importante no poner más obstáculos técnicos al comercio con un reglamento innecesario. En cambio, apoyamos el sistema de etiquetado voluntario basado en la demanda del consumidor de marcado de origen.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El 30 de enero de 2009, la Comisión adoptó la propuesta de una nuevo Reglamento sobre las denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente. La propuesta reúne toda la legislación existente en materia de denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente en un único reglamento. Según el ponente, la revisión «es, fundamentalmente, un ejercicio técnico sin mayores implicaciones políticas».

No obstante, sabemos que la competitividad a la que se enfrentan las textiles europeas —sobre todo con los productos chinos— hace que en el futuro sea necesario tomar medidas más enérgicas sobre el etiquetado y esta tiene que ser la labor de la Comisión a partir de ahora. Además, las dificultades a las que se enfrenta la UE hoy en día hace que sea necesario mejorar y fortalecer el mercado y, por tanto, hay que tomar medidas para eliminar los obstáculos para que esto se lleve a cabo. La armonización y simplificación de los criterios relacionados con la denominación textil cumple con este objetivo puesto que aclara la información que se ofrece al consumidor y contribuye de esta forma a hacer que el sector sea más competitivo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La capacidad de identificar debidamente dónde y cómo se ha fabricado un producto y de qué está hecho es una prerrogativa fundamental de los consumidores para garantizar su confianza y proteger sus derechos; asimismo, introduce un factor importante a la hora de promover una competencia leal en el mercado mundial de los textiles. En este contexto, normalizar cómo se etiquetan los productos beneficiará la competitividad de la industria textil y de confección europea, y, sobre todo, la de Portugal. Destacaría la necesidad de armonizar los criterios de marcación de origen de los productos textiles que se importan de países fuera de la UE y criterios específicos para la utilización de la marcación de origen «hecho en» para los productos fabricados en la Unión así como el etiquetado social para que los consumidores estén informados del respeto por las normas de salud y seguridad y los derechos humanos. Asimismo, considero que el etiquetado ecológico relativo al comportamiento medioambiental de los productos textiles es importante. La introducción de estos criterios más claros y transparentes sobre el etiquetado —que incluyen información sobre los componentes no textiles de origen animal— también hará que la capacidad de los consumidores para diferenciar los productos y su calidad sea mayor.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de este informe por su idea central que defiende el marcado de origen y defiende los derechos de los consumidores, los trabajadores y la producción de las industrias textiles y de confección de nuestros países. Sin embargo, no estamos de acuerdo con algunos de los detalles sobre el etiquetado, sobre todo con el contenido excesivamente detallado de las fibras, especialmente en el caso de las PYME, por los costes que esto podría suponer.

Por tanto, aunque hemos votado a favor del informe en general, hay propuestas con las que no estamos de acuerdo. Habría que revisarlas o, al menos, prever medidas de ayuda para evitar los problemas con las PYME.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La denominación de origen de un producto es importante para que los consumidores sepan exactamente de dónde viene el producto que están comprando. No es correcto marcar que un producto se ha fabricado en la UE cuando sólo se ha embalado en la UE y las otras fases de producción se han llevado a cabo en países que no pertenecen a la UE. Las nuevas normas que se han aprobado contribuirán a que haya una mayor transparencia en el comercio internacional y a aclarar las cosas a los consumidores; de ahí mi voto.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) De nuevo, la etiqueta orgánica promete algo muy diferente de lo que actualmente proporciona —sólo hay que pensar en el escándalo del «algodón orgánico» o los últimos fiascos con los bioquímicos. En primer lugar, da pie a que haya más confusión de etiquetas y marcas en este mercado orgánico —que la UE podría normalizar de una vez por todas de forma sensata, algo que normalmente le encanta hacer— y, en segundo lugar, ya es hora de que la UE aceptase el algodón modificado genéticamente. Si estamos esperando a que haya estudios sobre los posibles efectos de sustancias perjudiciales, entonces, mientras tanto, las etiquetas deberían indicar, al menos, que los productos contienen algodón modificado genéticamente.

Además, ya es hora de que la UE también se ocupe del uso de identificación por radiofrecuencia (RFID). No podemos utilizar el etiquetado electrónico a los productos textiles sin que las partes interesadas lo sepan; aún no tenemos las normas de etiquetado adecuadas. Si los peatones van a poder ser visibles por medio de vestimentas RFID se podrá controlar cada paso que de una persona. Dado que el informe toma nota al respecto, ha recibido mi apoyo en la votación.

 
  
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  Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. (IT) Estoy a favor del informe del señor Manders sobre la denominación de origen de los productos textiles porque resuelve un problema que durante mucho tiempo ha atentado contra la libertad de elección de nuestros consumidores. El marcado de origen es imprescindible para garantizar la transparencia, seguridad y la información de los ciudadanos europeos y, al mismo tiempo, proporciona a nuestras empresas normas claras y comunes.

Sin embargo, sigue habiendo problema con los productos textiles que vienen de otros países, de nuestros socios comerciales. Por tanto, invito a mis compañeros diputados a que confirmen su apoyo a este Reglamento que debatimos sobre la denominación de origen que debatimos en la Comisión de Comercio Internacional Así protegeremos a nuestros consumidores y empresas no sólo con respecto a los productos textiles y de confección, sino también a sectores que son sensibles al crecimiento económico.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La industrial textil europea ha reaccionado ante las grandes dificultades económicas de los últimos años embarcándose en un difícil viaje de reestructuración, modernización e innovación tecnológica Las empresas europeas han mejorado su propia posición en el mercado mundial y se han concentrado en ventajas competitivas como la calidad, diseño e innovación tecnológica de esos productos con los valores añadidos más altos. La industria europea tiene una función clave a la hora de desarrollar nuevos productos, alta tecnología y textiles no tejidos para nuevas aplicaciones y productos para el sector de la limpieza, la industria automovilística o el sector médico a nivel mundial.

Celebro la propuesta de Reglamento de la Comisión porque creo que simplifica el marco regulador existente, para desarrollar y crear nuevas fibras, y tiene el potencial para fomentar la innovación en los sectores textil y de confección y, al mismo tiempo, permite que los usuarios y consumidores de fibras se beneficien antes de productos innovadores.

Por último, manifestaré todo mi apoyo al Reglamento «hecho en» porque creo que es imprescindible para garantizar que los consumidores tienen la información adecuada sobre la composición y origen del producto que compran.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Nosotros, los verdes, nos hemos abstenido en la votación final de este informe, principalmente porque se han aprobado algunas de las enmiendas claves que ha propuesto el Grupo PPE, los liberales y el Grupo EFD. En resumen, todas estas enmiendas están encaminadas a ampliar las disposiciones del Reglamento «hecho en».

 
  
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  Tokia Saïfi (PPE), por escrito. (FR) No he apoyado las enmiendas al informe Manders sobre las denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente con respecto a la etiqueta «hecho en» (47/49, 48, 12 y 67). Estas enmiendas, que pretenden imponer el marcado de origen a los productos importados de otros países (a excepción de Turquía y los Estados miembros de la CEE) o regular precisamente las condiciones de marcado de origen voluntario de los productos textiles fabricados en Europa mediante este Reglamento, supondrían poner en peligro la aprobación, dentro de un plazo razonable, de esta importante legislación. La propuesta de Reglamento sobre el marcado de origen que ha presentado la Comisión Europea se sigue debatiendo en el Consejo y es el tema central de un informe elaborado por la Comisión de Comercio Internacional.

No me opongo a la transparencia ni seguimiento de los productos en beneficio del consumidor. No obstante, como diputados del Parlamento Europeo tenemos una responsabilidad con respecto a ciertos marcos reguladores. En mi opinión, antes de aprobar una indicación obligatoria «hecho en» en el etiquetado de las vestimentas vendidas en Europa, primero deberíamos asegurarnos de que la propuesta de Reglamento sobre el etiquetado «hecho en» incluye todas las garantías necesarias, sobre todo en sus métodos de aplicación.

 
  
  

Informe: Vital Moreira (A7-0058/2010)

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – He apoyado este documento. Las relaciones entre la UE y Ucrania siempre han sido muy estrechas y se han basado en el diálogo constructivo. La economía ucraniana, igual que las economías de los Estados miembros de la UE, se ha visto golpeada por la crisis financiera internacional que ha tenido como resultado un descenso dramático de la producción, empeoramiento de la posición fiscal y una necesidad mayor de financiación externa. La ayuda macrofinanciera de 500 millones de euros de la Unión no debería ser meramente programas y recursos complementarios del FMI y del Banco Mundial sino que debería garantizar el valor añadido de la participación de la UE. Sin embargo, la ayuda sólo contribuirá a la estabilización económica de Ucrania si las principales fuerzas políticas garantizan la estabilidad política del país y establecen un amplio consenso sobre la aplicación rigurosa de las reformas estructurales necesarias.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) La ayuda macrofinanciera a Ucrania es especialmente importante ahora. Esta ayuda puede incrementar la influencia de la UE en la formación de la política ucraniana y ayudar a Ucrania a superar la profunda crisis económica actual. La ayuda financiera de la Comunidad demuestra que Ucrania es estratégicamente importante como candidato potencial a formar parte de la UE. La ayuda macrofinanciera se concederá en un momento en que la UE está facilitando también la obtención de financiación en apoyo de la reforma del sector energético de Ucrania. La Comisión y otras instituciones involucradas están elaborando conjuntamente un paquete de medidas de apoyo a las autoridades ucranianas destinadas a encontrar una solución sostenible a las obligaciones de Ucrania a medio plazo en materia de tránsito de gas y de pagos conexos. Aunque la ayuda macrofinanciera propuesta no pretende estar directamente ligada a ese paquete, respaldaría la estabilización económica y las reformas de Ucrania. Estoy de acuerdo con esta decisión de conceder a Ucrania ayuda macrofinanciera excepcional. Sin esta ayuda, Ucrania sería incapaz de seguir integrándose plenamente en muchos ámbitos de la economía e implantar el resto de sus objetivos.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Ucrania está pagando ahora el precio de una crisis económica grave además de una inestabilidad política prolongada, que han permitido que las autoridades de Kiev se escabulleran de los compromisos que habían contraído con las instituciones financieras internacionales. Es importante que la UE participe en la concesión de ayuda a su vecino de la frontera este en una época en la que la situación social se deteriora en un telón de fondo en el que falta la liquidez necesaria para mantener en funcionamiento cualquier estado.

Ucrania tiene que tener estabilidad. El préstamo concedido por la Comisión Europea, con la aprobación del Parlamento, también confirme que se puede considerar a Kiev como candidato a la adhesión. Sin embargo, la Comisión Europea tiene que prestar mucha atención a partir de ahora a los mecanismos para hacer un seguimiento del préstamo que se ha concedido a Kiev.

Además, la UE está en posición de pedir a Ucrania que emprenda medidas imprescindibles con más determinación para ayudar a consolidar el Estado de derecho. La transición de Ucrania de una economía controlada por el estado a una economía de mercado es un proceso difícil y doloroso, sobre todo para su población. Esta transición económica tiene que estar respaldada por medidas encaminadas hacia una reforma institucional. Ucrania tiene que tomar medidas de inmediato en ambos frentes, no importa lo difícil que pueda parecer en este momento.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Celebro que se haya aprobado la resolución legislativa que concede ayuda macrofinanciera a Ucrania puesto que permite que el país se ocupe de las consecuencias de la crisis financiera mundial al garantizar que sus cuentas fiscales y externas son sostenibles. Esta respuesta a la petición de Ucrania es imprescindible para la estabilización económica junto con el programa actual del FMI. Sin embargo, Ucrania tiene que tomar las medidas necesarias para prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra irregularidad asociado con esta ayuda, además de prever controles por parte de la Comisión y auditorías por parte del Tribunal de Cuentas. Con esto me refiero al memorando de entendimiento y al acuerdo de préstamo que se van a acordar con la autoridades de Ucrania que preverá la implantación de medidas concretas por parte del país con relación a la prevención y la lucha contra el fraude, la corrupción y otras irregularidades que afectan a la ayuda.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Me ha complacido votar a favor de la propuesta del Parlamento que concede ayuda macrofinanciera a Ucrania. Como candidato potencial a la adhesión a la UE, Ucrania es un socio privilegiado y tiene que ser el objetivo de políticas concretas encaminadas a resolver sus problemas particulares. Sin embargo, la ayuda macrofinanciera de la UE a Ucrania sólo contribuirá a la estabilización económica del país si el panorama político se estabiliza y las fuerzas políticas dominantes —que, en los últimos años, han estado demasiado absortas en sus pequeñas guerras internas por obtener poder e influencia— establecen un amplio consenso sobre la estricta aplicación de las reformas estructurales que requiere el futuro del país.

Asimismo, es absolutamente esencial que el Gobierno de Ucrania tome medidas para poner fin a la falta de independencia de las autoridades judiciales porque están demasiado sujetas a la influencia no sólo de los poderes políticos sino también de los agentes económicos. Sin un sistema de justicia libre e independiente, no hay Estado de Derecho, no se garantizan los derechos humanos y no hay inversión exterior o progreso. Cualquier mecanismo creado por el acuerdo de préstamo tiene que tener en cuenta estos factores para permitir que las instituciones de la UE controlen de forma estricta hasta qué punto se está aplicando.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) Ucrania, que es un país vecino de la UE, también se encuentra entre los países europeos que se han visto golpeados por la gran crisis económica mundial. El efecto adverso que ha tenido la crisis en la economía ucraniana pone en peligro no sólo la estabilidad interna, sino también la de la región entera. He votado a favor de la concesión de ayuda macrofinanciera a Ucrania, que contribuirá de forma especialmente importante a crear estabilidad y a continuar con las reformas económicas de este país.

La Comisión y las demás instituciones implicadas (FMI, Banco Mundial, BERD y BEI) tienen que acelerar el proceso de elaboración de un paquete de ayuda para Ucrania a fin de identificar y poner en práctica una solución sostenible con respecto a la reforma de su economía y, principalmente, su sector energético.

Resolver los problemas relativos al tránsito de gas a través de territorio ucraniano es estratégicamente importante. Creo que se acogió con satisfacción la inclusión del tema de tránsito de gas en la Agenda de la Asociación UE-Ucrania. Creo firmemente que hay que consolidar esta cooperación, que también significa encontrar nuevas formas de cooperación. Hay que ayudar a Ucrania a que continúe las reformas para facilitar el progreso hacia la integración europea que está en línea con los objetivos europeos definidos en el marco de la Política de Vecindad Europea.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Las últimas noticias de violencia entre los diputados del Parlamento ucraniano han preocupado a toda Europa y claramente han reflejado las divisiones de la sociedad ucraniana, la encrucijada en la que se encuentra el país hoy en día y el ineludible papel de Rusia en la región. Creo que la UE no puede dejar de indicar el camino europeo a Ucrania Para ello, la ayuda macrofinanciera que estamos proporcionando actualmente tiene que constituir otra señal de acercamiento con el país en una época de especial debilidad social, económica y financiera.

Espero que Ucrania emprenda un proceso de convergencia con la UE sin reservas, que el acuerdo de asociación que se ha propuesto entre en vigor y fortalezca las relaciones e intercambios bilaterales, y que el final de este camino pueda ser la adhesión de Ucrania a nuestra comunidad. Asimismo, espero que la necesidad de este tipo de ayuda sea cada vez menor, que Ucrania recupere su estabilidad política, que el país consiga volver a equilibrarse socialmente y renueve su estructura comercial y que pueda continuar eligiendo la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La economía ucraniana se ha visto cada vez más golpeada por la crisis financiera internacional, con un dramático descenso de la producción, el deterioro de la posición fiscal y el aumento de la necesidad de financiación exterior. El apoyo financiero de la Comunidad refleja la importancia estratégica de Ucrania como candidato potencial a la adhesión a la UE, por tanto, he votado a favor de la concesión de ayuda macrofinanciera a Ucrania en forma de préstamo por un importe máximo de 500 millones de euros, en principio, con vistas a respaldar la estabilización económica del país y a aliviar las necesidades de balanza de pagos y presupuestarias definidas en el actual programa del FMI. Considero que es importante ayudar a que Ucrania vuelva a los niveles socioeconómicos mínimos necesarios y permitir la estabilización de sus cuentas públicas, creando de este modo posibilidad de crecimiento y confianza política. También estoy de acuerdo con que se debe garantizar que los mecanismos de control aumentan la claridad, transparencia y responsabilidad. El Parlamento Europeo debería recibir informes sobre el trabajo de la Comisión Económica y Financiera de forma regular.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La ayuda macrofinanciera que se está proponiendo actualmente para Ucrania no constituye una forma de ayuda auténtica y desinteresada; más bien lo contrario. Hacer que esta ayuda esté acorde no sólo con el programa del FMI, sino también con «los principios y objetivos clave de la política de la UE con respecto a Ucrania establecidos en la Agenda de la Asociación UE-Ucrania» significa, entre otras cosas, lo siguiente: el establecimiento de una zona común de libre comercio entre la UE y Ucrania; cumplimiento de los objetivos de la PESC de la UE; una cooperación más estrecha a través de los canales militares para abordar temas de interés común; la posible participación de Ucrania en la operación naval Atalanta de la UE; el establecimiento de una economía de mercado completa y plenamente operativa en Ucrania y los principios de una estabilidad macroeconómica determinados por la UE y el intercambio de «mejores prácticas» entre la UE y Ucrania con respecto a la reforma del estado de bienestar con el objetivo de hacer que el sistema de pensiones de Ucrania sea más sostenible. Como resultado de todo lo que se ha manifestado explícitamente y de todo lo que se puede leer entre líneas, dado el conocido significado de gran parte del lenguaje de la UE mencionado anteriormente, nuestro voto sólo podía ser claramente en contra de la propuesta. Con este voto, también manifestamos nuestra solidaridad con los ucranianos.

 
  
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  Filip Kaczmarek (PPE), por escrito.(PL) Señora Presidenta, Señorías, he apoyado el informe sobre la concesión de ayuda macrofinanciera a Ucrania Es una decisión importante que implica que vamos a ayudar a un vecino muy importante de la Unión y de Polonia.

Un préstamo de 500 millones de euros ayudará a que Ucrania salga de la crisis financiera. No creo que tenga que convencer a nadie de que la estabilización de Ucrania y la reforma del sector energético ucraniano redundan en beneficio de los intereses de la Unión. Si será posible conseguir estos objetivos depende de los propios ucranianos. Me complace que hayamos demostrado hoy que queremos trabajar con ellos y ayudarles.

 
  
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  Iosif Matula (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de la concesión de ayuda financiera a Ucrania porque creo que tenemos que mostrar solidaridad, que también significa facilitar la recuperación tras la crisis económica actual. Como país europeo vecino que desea adherirse a la UE en el futuro, hay que enviar a Ucrania un mensaje político claro que anime a las autoridades a poner en práctica las reformas acordadas con la UE.

Al mismo tiempo, es importante para nosotros, los europeos, contar con vecinos prósperos, con una situación política interna estable, en línea con los criterios y valores europeos. A este respecto, esperamos que el préstamos concedido por la UE a su país vecino se vaya a utilizar para ayudar a toda la sociedad ucraniana. Esto incluye a más de medio millón de romaníes que viven en el norte de Bucovina, el norte de Maramureş y el sur de Besarabia. Por supuesto que la Comisión Europea tiene que tomar todas las medidas necesarias para garantizar que esta ayuda financiera excepcional se utiliza de forma prudente y en los lugares en los que se necesita para lograr los efectos previstos. Las condiciones para la concesión de esta ayuda tiene que estar en línea con los objetivos clave de Agenda de la Asociación UE-Ucrania y el proceso de utilización de los fondos tiene que estar sujeto a un control europeo riguroso por el que se informe regularmente al Parlamento Europeo.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Es intolerable que los préstamos y subsidios europeos estén sujetos a las restricciones impuestas por el FMI. Es inaceptable que la propia Comisión Europea asuma el trabajo de verificar que los Estados miembros beneficiarios aplican las políticas del Banco Mundial y del FMI, sin tener en cuenta la soberanía de los ucranianos.

Voto en contra de la concesión de ayuda macrofinanciera presentada hoy al Parlamento Europeo. No se trata de que no apoye a los ucranianos; al contrario, no quiero que sufran más de lo que ya han sufrido debido a un sistema neoliberal obsoleto y peligroso que el FMI, el Banco Mundial y la Comisión Europea les está imponiendo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El proceso de estabilización y recuperación económica en Ucrania está respaldado por la ayuda financiera del FMI. En vista del empeoramiento de las perspectivas económicas, Ucrania ha solicitado ayuda macrofinanciera de la Unión. El programa de ayuda macrofinanciera es vital para mejorar la estabilidad financiera de las naciones europeas que han sufrido la reciente crisis mundial y los efectos que esta crisis ha tenido en sus principales socios comerciales. Los desequilibrios financieros están relacionados con los presupuestos y la balanza de pagos. Esta ayuda es importante para que Ucrania aborde la crisis de la forma más coherente. Por tanto, la UE tiene que ser un área de solidaridad; de ahí mi voto.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Ucrania es un socio importante de la UE entre sus vecinos del este que se ha visto duramente golpeado por la crisis económica. Por esta razón, se debería aprobar la concesión de ayuda macrofinanciera por un importe de hasta 500 millones de euros en forma de préstamo según la propuesta de la Comisión. Esta financiación era para cubrir las necesidades generales de balanza de pagos de Ucrania y las necesidades de financiación exterior del presupuesto público determinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hay que apoyar a Ucrania en el fortalecimiento de su estabilidad macroeconómica a largo plazo puesto que es también un socio comercial importante para la UE. Para mí, sin embargo, también era importante que la ayuda concedida por el presupuesto comunitario no sólo cumpliera con el programa del FMI sino también los principios y objetivos principales de la política de la UE hacia Ucrania. Gracias a la ayuda de la UE, se han puesto en marcha las reformas estructurales necesarias en Ucrania partiendo de una condicionalidad positiva. Por tanto, he votado a favor del informe.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Moreira. La ayuda macrofinanciera propuesta tiene por objeto complementar el apoyo del FMI en el marco del acuerdo de los derechos de giro, y la ayuda del Banco Mundial, que se prestaría en forma de préstamos de apoyo al presupuesto.

El programa de ayuda macrofinanciera tiene por objeto complementar otras financiaciones de la Unión. El apoyo financiero de la Comunidad refleja la importancia estratégica de Ucrania como candidato potencial a la adhesión a la UE. La ayuda macrofinanciera se concederá en un momento en que la UE está facilitando también la obtención de financiación en apoyo de la reforma del sector energético de Ucrania. Estoy de acuerdo con la intención del ponente de mejorar la claridad, transparencia y responsabilidad del proyecto propuesto.

 
  
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  Ioan Mircea Paşcu (S&D), por escrito. – Nadie discute que Ucrania es nuestro «socio estratégico»; situación que nos interesa mucho. Hoy en día, Ucrania se encuentra en una encrucijada económicamente, dada su difícil situación y, políticamente, con un gobierno nuevo que favorece una relación más estrecha con Rusia. Ayudar a Ucrania poniendo a su disposición 500 millones de euros es, por tanto, una decisión acertada, estratégicamente hablando, que respaldamos. Sin embargo, a nivel táctico, ¿no existe discrepancia entre el nivel de apoyo económico, de sólo 500 millones comparado con otros programas que implican 10 000 millones en ayuda financiera, y el control de la política económica de Ucrania que queremos lograr a cambio? Por supuesto que la UE tiene normas estrictas que los que se benefician de su ayuda financiera tienen que respetar sin importar la suma de dinero que reciban pero, a veces, sobre todo cuando el nivel de ayuda es relativamente bajo, mantener el alto nivel de condicionalidad refleja una inflexibilidad política que sólo disminuye la eficiencia de este instrumento, sobre todo en una época en la que otros son mucho más flexibles con respecto a su apoyo.

 
  
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  Traian Ungureanu (PPE), por escrito. – Como Vicepresidente de EURONEST, he votado a favor de la concesión de ayuda macrofinanciera a Ucrania. Espero que se entregue rápidamente con las condiciones establecidas para la concesión. Celebro especialmente la participación del Parlamento Europeo en esta toma de decisiones como consecuencia de la promulgación de las disposiciones del Tratado de Lisboa. La concesión de ayuda macrofinanciera a Ucrania es el primer caso que se decide con arreglo al nuevo procedimiento. Ahora bien, es lamentable el retraso registrado en el proceso de la toma de decisiones debido al nuevo procedimiento.

Insto a las instituciones de la UE a que aprendan de la experiencia de la concesión de ayuda macrofinanciera a Ucrania y eviten más retrasos. Se debería ahorrar a nuestros socios del Este retrasos innecesarios. Me refiero en particular al caso de la República de Moldova y su gobierno proeuropeo que sigue esperando recibir la ayuda macrofinanciera de la UE. Mientras que la República de Moldova necesita urgentemente la ayuda, la propuesta de la Comisión Europea ya llega inaceptablemente tarde; esta semana se enviará al Parlamento Europeo. Pido a todas las instituciones de la UE que eviten más retrasos a la hora de decidir sobre la ayuda macrofinanciera para la República de Moldova.

 
  
  

Informe: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Nuestras nueve regiones ultraperiféricas (Las Azores, las Islas Canarias, Guadalupe, la Guayana francesa, Madeira, Martinica, La Reunión, Saint Barthélemy y Saint Martin) son un activo real para la UE. Su lejanía dificulta su desarrollo, la UE tiene que adoptar medidas compensatorias concretas. En La Reunión, por ejemplo, tiene que ser posible producir leche UHT reconstituida a partir de leche en polvo para el consumo humano. La valiosa excepción que se ha concedido a Madeira tiene que ampliarse a La Reunión, que comparte esta característica e importante lejanía geográfica. Por tanto, he votado a favor de este informe con el objetivo de introducir, ampliar y adaptar las excepciones existentes en las Azores, las Islas Canarias, La Reunión y Madeira en los sectores del azúcar, la leche y el vino.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Las regiones ultraperiféricas se enfrentan a dificultades mayores por su geografía, que las sitúa lejos del centro del la Unión. Por tanto, celebro las medidas concretas en el ámbito de la agricultura para ayudar a estas regiones en la crisis económica actual. Destacaría, en particular, el carácter específico de las regiones de las Azores y Madeira, y celebro las principales medidas que se han adoptado. Estas medidas están relacionadas con la introducción, ampliación o adaptación de algunas excepciones en los sectores del azúcar, la leche y el vino. Es importante destacar que es imprescindible tener una estrategia integrada para las regiones ultraperiféricas sin olvidar que cada una de ellas tiene su propio carácter específico: es importante que encontremos las mejores soluciones para las diferentes regiones. Se deberían destacar varios instrumentos comunitarios como las estrategias regionales y la Política de Vecindad Europea, así como la importancia de continuar debatiendo las orientaciones estratégicas para las regiones ultraperiféricas a fin de concienciar más a los órganos decisorios sobre las cualidades específicas y potenciales de estas regiones.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Hay más de una región ultraperiférica. Cada isla, cada territorio tiene su propio carácter específico, identidad y problemas. El informe que acabamos de aprobar permitirá la introducción de ciertas excepciones en el ámbito de la agricultura para ayudar a las regiones ultraperiféricas. Como ejemplo, los ciudadanos de La Reunión no podrán producir leche UHT reconstituida a partir de la leche en polvo de origen europeo compensando así la producción insuficiente de leche fresca. Entretanto, las Azores, se beneficiarán de una excepción de las normas que limitan la exportación de azúcar a la UE puesto que la producción de remolacha azucarera representa la alternativa más viable para la isla —tanto para su economía como para su medio ambiente— cuando se acaban las cuotas lecheras. Estas excepciones ayudan a las regiones ultraperiféricas. Esto es algo bueno y por eso quisiéramos que se les garantizase a largo plazo; esto es lo que esperamos de la Comisión.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento que recoge medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Además de brindar una oportunidad para la diversificación agrícola la aprobación de este informa significa que se ha levantado la prohibición de volver a exportar ciertos productos. En una época de crisis económica, esta es una contribución decisiva a la reestructuración y mantenimiento no sólo de docenas de empleos en las Azores sino también de la actividad en la industria del azúcar de la región.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La propuesta de la Comisión prevé enmiendas al Reglamento (CE) nº 247/2006 por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Los cambios están relacionados con los sectores del azúcar, la leche y el vino. Felicito a los ponentes que han participado por la calidad de su trabajo. Uno de los principios fundamentales del marco financiero plurianual actual y las próximas perspectivas financieras será el principio de solidaridad con el objetivo de lograr una mayor cohesión social y territorial. Todos conocemos las dificultades naturales contra las que las regiones ultraperiféricas tienen que luchar debido a su localización geográfica y sus condiciones, que tienen como resultado efectos negativos en su actividad económica y capacidad productiva. Las enmiendas propuestas están en línea con este principio de solidaridad de modo que las apoyo.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presupuesto que subyace a este informe —que se hace explícito en el primer punto del preámbulo del compromiso de la propuesta, cuando acepta la finalización de las cuotas lácteas— es inaceptable para nosotros y es por lo que hemos votado en contra. De hecho, poner fin a las cuotas —tal y como admite el informe que se ha aprobado, que lo presenta como un hecho consumado— tendrá consecuencias extremadamente graves para el sector lechero de las Azores y para todo el sector lácteo de la región.

Las consecuencias de la supresión de las cuotas lecheras para la economía de la región —contra la que hemos luchado y seguiremos luchando— no se verán mitigadas por las medidas destinadas a la industria de transformación de azúcar, que se están proponiendo ahora, teniendo en cuenta que se está prolongando la reexportación de azúcar. Siendo este un objetivo justo se ve debilitado desde el principio cuando se acepta que esta medida se suprimirá también gradualmente en un periodo de cinco años.

Por lo que respecta a Madeira, el proceso de reconvertir parras lleva un retraso importante y se podría incluso ver comprometido si no se consolidan los incentivos. También se están ignorando las consecuencias negativas para la región del llamado «Acuerdo de Ginebra» sobre el comercio de la banana. Otro tema que sería importante tener en cuenta es la posibilidad de ayudar a estimular un mercado entre islas para la venta de productos agrícolas locales.

 
  
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  Elie Hoarau (GUE/NGL), por escrito. (FR) He votado a favor del texto final, que se ha hecho aprobar urgentemente porque la aplicación de diferentes excepciones para La Reunión, las Azores, las Islas Canarias y Madeira era clave para garantizar la protección de empleos y la continuación de las actividades agrícolas, en particular, la producción de leche en la Reunión. Sin embargo, he votado en contra de la propuesta de la Comisión Europea y el Consejo puesto que las propuestas del último distaban mucho de las medidas que habíamos propuesto y que había aprobado la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Es lamentable que no se hayan mantenido las cuotas de las exportaciones de azúcar a 3 000 toneladas para las Azores, que la excepción para la producción de leche concedida a La Reunión no se haya considerado para el resto de departamentos franceses de ultramar y que la Comisión no haya mantenido las garantías con respecto a la sostenibilidad de los resultados logrados por los productores de leche de La Reunión. Pondría todas estas cuestiones de nuevo sobre la mesa durante las negociaciones sobre la reforma del programa POSEI.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito.(PL) Las regiones ultraperiféricas se caracterizan normalmente por tener un nivel bajo de población, una superficie reducida, por el estancamiento y las dificultades económicas. Son regiones que dependen mucho de las condiciones climáticas y geográficas y cuyo acceso a los productos y servicios está basado en la cooperación con el continente europeo. La ayuda a estas regiones debería estar permanentemente garantizada dado que las dificultades que tienen que superar las personas de las regiones ultraperiféricas también son permanentes. Para garantizar el desarrollo empresarial, la estimulación de la actividad profesional de estas regiones y el mismo nivel que toda Europa en el sector agrícola, tenemos que introducir nuevas concesiones legislativas —y mantener las que ya existen— que se ajusten a las necesidades de regiones específicas.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El desarrollo económico y social de las regiones ultraperiféricas de la UE está condicionado por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos y servicios. Puesto que todos estos factores restringen gravemente su desarrollo, el artículo 349 del Tratado de Lisboa permite tomar medidas específicas para beneficiar a las regiones ultraperiféricas, que deberían realizarse mediante las oportunas iniciativas destinadas a responder a sus necesidades específicas, especialmente en los sectores agrícola y pesquero. Los principales cambios están relacionados con la introducción, ampliación o adaptación de algunas excepciones en los sectores del azúcar, la leche y el vino. Votamos a favor de estas medidas por todas estas limitaciones y la crisis internacional que nos están devastando; de ahí mi voto.

 
  
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  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito.(PL) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo (A7-0056/2010), porque el segundo pilar de la PAC, es decir, la política de desarrollo rural es extremadamente importante para mejorar la eficiencia de la propia PAC, pero también para facilitar la gestión de las tierras con dificultades naturales. El documento que ha elaborado el ponente es muy necesario, no sólo para nosotros sino también para toda la UE. Tenemos que tener información sobre la tierra que, por razones que no dependen de los propietarios, no se puede utilizar de forma eficiente o como es debido. Estoy de acuerdo con el ponente en su evaluación de la revisión que empezó en 2005, de los criterios para clasificar las zonas desfavorecidas. Hay que modificar los criterios anteriores de apoyo a estas zonas para que puedan reflejar realmente la existencia de dificultades. Asimismo, deberíamos recordar que hay zonas que tienen criterios específicos pero cuyas dificultades ya se han eliminado debido a la aplicación de medidas efectivas. Deberían ser los Estados miembros los responsables de identificar las zonas menos favorecidas y desarrollar la ayuda y los programas. Por supuesto que todas las medidas tienen que estar dentro del marco comunitario.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La propuesta de la Comisión, mejorada por el ponente, prevé algunos cambios del Derecho comunitario anterior, en especial con respecto al Reglamento nº 247 de 2006. Los principales cambios están relacionados con la introducción, ampliación o adaptación de algunas excepciones en los sectores del azúcar, la leche y el vino. Creo que los cambios propuestos son positivos para las zonas ultraperiféricas en cuestión.

La situación es muy difícil, sobre todo en algunas zonas cuyos sectores económicos principales se han visto golpeados por las últimas crisis (el sector lácteo en las Azores, la producción de remolacha azucarera, etc.). Por tanto, sería recomendable fomentar la diversificación de las actividades económicas. No obstante, para fomentar esta diversificación, hay que ofrecer a los productores y transformadores perspectivas a largo plazo y permitir a los agentes económicos que lleguen al nivel de actividad industrial y comercial adecuado. En vista del sistema descrito por el ponente y las enmiendas que han presentado mis colegas de la Comisión correspondiente, me declaro a favor del informe.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Igual que el ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo Regional sobre el informe del señor Alves, me complace el camino que hemos tomado con miras a que haya un ajuste más rápido y efectivo de las cantidades de exportación máxima para los productos que se incluyen en las disposiciones sobre abastecimientos de las regiones ultraperiféricas. El marco de este informe es el artículo 349 del Tratado de Lisboa en el que se prevé la ayuda a las regiones ultraperiféricas para que superen sus dificultades permanentes como consecuencia de su situación geográfica, topografía y clima.

Las disposiciones de este Reglamento tienen que ocuparse de las necesidades específicas de estas regiones y de la realidad del mercado local. Este es el objetivo que tenía en mente cuando elaboré mis propuestas, que la Comisión Europea se ha comprometido a revisar durante la revisión general de este Reglamento que todavía hay que realizar en 2010.

Asimismo, me interesaba también proteger los ingresos de los productores de variedades híbridas de vid de Madeira y las Azores cuyo cultivo está prohibido por la organización común del mercado vitivinícola, permitiéndoles continuar con el cultivo de estas variedades para el consumo familiar, lo que significa que no están obligados a arrancarlas. Tal y como esperaba, hoy una gran mayoría en el Parlamento ha confirmado el compromiso resultante del diálogo a tres bandas entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo.

 
  
  

Informe: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El informe Trüpel sobre el presupuesto 2011 es una nueva fase en el procedimiento de aprobación del presupuesto del Parlamento Europeo. En marzo, el Parlamento aprobó las orientaciones para 2011. El objetivo es aprobar el proyecto de estado de previsiones tras las negociaciones que tuvieron lugar entre la Comisión de Presupuestos y la Mesa del Parlamento Europeo que es el órgano competente para ello. He apoyado este informe que prevé particularmente la adopción del segundo tramo de aumento de 1 500 euros al mes del importe de las dietas de asistencia parlamentaria, la financiación de los 18 nuevos diputados que toman posesión del cargo, la mejora de los servicios de apoyo previstos para los diputados (departamentos políticos, servicios de biblioteca), y el aumento de 100 a 110 al año del número de visitantes que cada diputado puede patrocinar económicamente. Estas disposiciones están en línea con las nuevas responsabilidades que el Tratado de Lisboa confirió al Parlamento Europeo: de ahora en adelante, como colegisladores junto con los ministros de los Estados miembros sobre casi todas las competencias europeas, los diputados tienen que poder beneficiarse de los profundos conocimientos técnicos sobre asuntos legislativos, pero también informar a los ciudadanos de su trabajo, en especial recibiéndoles en el Parlamento de Estrasburgo o Bruselas.

 
  
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  Martin Ehrenhauser (NI), por escrito. (DE) He votado en contra del informe de la señora Trüpe y al hacerlo me posiciono claramente en contra del aumento del complemento secretarial y cualquier aumento del número de funcionarios aquí en el Parlamento Europeo. El argumento de que el Tratado de Lisboa traerá más trabajo a los diputados hay que probarlo primero.

Si este fuera el caso, la solución en una época en la que las deudas estatales se disparan, sólo puede ser más eficiencia no más burocracia. El potencial para que la eficiencia en esta Cámara sea mayor es enorme y sería fácil aumentar también el rendimiento con menos personal y menos financiación.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Como he dicho antes, según el Tratado de Lisboa, la cantidad de asuntos de los que se ocupará el Parlamento por el procedimiento legislativo ordinario será mayor. De modo que se requieren medios técnicos y logísticos para que el trabajo se lleve a cabo de forma rápida y eficiente.

Teniendo en cuenta la futura ampliación de la UE y la necesidad de informar mejor al público sobre el trabajo de esta Cámara, es, por tanto, necesario destinar fondos que hagan posible que el trabajo se lleve a cabo de forma eficiente en 2011 a fin de que todo el proceso legislativo de la Unión no se vuelva más lento porque el Parlamento no cuenta con la financiación suficiente.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) En línea con las políticas que ha estado defendiendo, considero que aprobar una política presupuestaria de base cero al comienzo de cada mandato parlamentario es importante. En consecuencia, el presupuesto del Parlamento reflejaría las necesidades reales y aumentaría la transparencia, disciplina y eficiencia presupuestaria. Asimismo, defiendo la distinción entre costes fijos y variables, teniendo que justificar estos últimos por medio de un análisis coste-beneficio. Este análisis es importante para garantizar que se logran mejores resultados y una mejor gestión de los recursos. Se asignaron nuevas competencias con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la introducción de 18 nuevos diputados hace que sea necesario crear las condiciones que les permitan ejercer su mandato de forma efectiva y adecuada. Destacaría la principal prioridad del Parlamento es la excelencia legislativa. Esta Cámara tiene que contar con los recursos necesarios para que funcione correctamente; sobre todo en la época tan difícil que vivimos, en la que las instituciones de la UE tienen un papel crucial que desempeñar para los europeos y para la sociedad en general.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Nosotros los verdes hemos votado a favor del informe de nuestra colega, Helga Trüpel. Se han rechazado todas las enmiendas presentadas. Las previsiones del Parlamento Europeo para el año 2011 se remitirán, por tanto, a la Comisión para que las incluya en el proyecto presupuestario para 2011. Con respecto al segundo incremento de las dietas de asistencia parlamentaria para 2011, esto supone que actualmente se están poniendo las partidas en reserva a la espera de una declaración financiera detallada de todos los costes relacionados. El Parlamento puede volver a este tema en la primera lectura del presupuesto 2011 en septiembre/octubre. Con respecto al primer aumento de las dietas de asistencia secretarial para 2010, se votará mañana como parte del informe Maňka sobre el presupuesto rectificativo nº 1/2010. Hoy ya estamos con el propio procedimiento presupuestario y la votación constituirá el resultado final.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito.(PL) Hemos conseguido acostumbrarnos al hecho de que el presupuesto del Parlamento Europeo refleje compromisos complicados entre el Parlamento Europeo y otras instituciones de la UE y también —indirectamente— entre la UE y los Estados miembros.

El año que viene puede que acabe siendo especialmente difícil en este sentido, si analizamos la importancia y la magnitud del trabajo que le aguarda al Parlamento. Porque, por un lado, el Parlamento se enfrenta a tener que adaptarse a nuevas condiciones como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la ampliación de la UE con la adhesión de Croacia; basta con mencionar los 18 nuevos diputados, 68 puestos adicionales y los 62 puestos relacionados con la ampliación croata. Por otro lado, el presupuesto del Parlamento no va a aumentar de forma significativa en comparación con 2010 (5,5 %), que plantea la cuestión de cómo conciliar esta cifra con la nueva realidad. En este contexto, celebro la propuesta que se repite a lo largo del informe de que el gasto se planee con prudencia.

Como la autora del documento, creo que es necesario revisar el nivel de subsidios que se da a las familias de los empleados, aumentar el empleo la biblioteca sólo tras haber realizado un análisis de las necesidades de los diputados y garantizar la seguridad del personal del Parlamento a un coste razonable y basado en el principio de transparencia hacia el ciudadano de a pie. El Parlamento sigue siendo demasiado cerrado como institución y, deberíamos aumentar la financiación de proyectos lo máximo posible como por ejemplo la Casa de la Historia Europea y visitas guiadas por el Parlamento.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto el aumento de poderes del Parlamento Europeo lo que naturalmente implica nuevos fondos para cubrir más necesidades. Siendo este el caso, las previsiones del presupuesto para 2011 representan un incremento del 5,8 % en comparación con el ejercicio financiero de 2010, en un intento de garantizar que el Parlamento puede hacer pleno uso y ejercicio de sus prerrogativas.

El presupuesto para 2011 ascenderá a 1 710 574 354 euros, de los cuales el 20,32% será para la rúbrica 5 (administración), lo que permitirá conciliar los objetivos políticos con las respectivas finanzas. El proyecto presupuestario incluye disposiciones relativas a la representación de Croacia, los fondos adicionales para los servicios secretariales de los diputados, al aumento de los puestos de trabajo, aumento del número anual de visitantes que pueden invitar los diputados, la reducción de la huella de carbono del Parlamento y financiación para la Casa de la Historia Europea y el centro de visitantes.

Este informe refleja un presupuesto sensato, orientado hacia una política de sostenibilidad del Parlamento. Sin embargo, no deja de tener un enfoque riguroso en cuanto al uso efectivo de los recursos disponibles.

 
  
  

Informe: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

 
  
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  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), por escrito. – Hemos votado en contra de este informe de acuerdo con los principios del Partido por la Independencia del Reino Unido, puesto que sólo apoyamos la legislación cuando limita el poder de la UE y se lo devuelve a los estados nacionales. No se han apoyado las enmiendas que hemos creído que dañaban de forma innecesaria a los agricultores británicos, como puede ser cualquier enmienda que aumente el control comunitario en este sector. El Partido por la Independencia del Reino Unido seguirá defendiendo los intereses de los agricultores británicos de la intervención comunitaria, porque creemos que el sector agrícola británico es perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos y ya cuenta con altos niveles tanto de calidad como de seguridad. El Partido por la Independencia del Reino Unido se opone a que se obligue a los contribuyentes británicos a subvencionar granjas en otras partes de Europa que compiten con nuestros propios agricultores. El Partido por la Independencia del Reino Unido se compromete a comercializar la producción agrícola según los términos de las normas de la OMC.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito.(GA) Hay que reducir la carga administrativa de los agricultores y la excesiva burocracia que a menudo implican los asuntos agrícolas. Los agricultores deberían poder centrarse en su principal responsabilidad: producir productos de gran calidad.

He votado a favor de las disposiciones de este informe relativas a la eliminación de la duplicación actual y a la mejora de la flexibilidad. Asimismo, estoy de acuerdo con las declaraciones del informe en relación con la legislación de este sector; es decir, que esta legislación debe ser proporcionada al objetivo y no debería promulgarse sin haber realizado una evaluación de impacto completa en la que se analice la carga financiera que impondría la legislación. Hay que reducir la burocracia excesiva si queremos un sector agrícola eficiente y competitivo en Europa.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este documento porque creo que es necesario que continuemos con la simplificación del Reglamento y de las disposiciones de la PAC que empezamos en 2005. Se debería librar a los agricultores y al resto de agentes del sector agrícola de la burocracia y de los requisitos que no son necesarios para alcanzar los objetivos políticos y garantizar la gestión adecuada del dinero de los contribuyentes. Es imprescindible que simplifiquemos la PAC para hacer que nuestra economía agrícola sea más competitiva, para conservar y crear empleos y para contribuir al sólido desarrollo de nuestras zonas rurales. Se ha registrado un alto nivel de errores en las solicitudes de algunos Estados miembros y esto dificulta que los agricultores reciban la ayuda a tiempo. Los Estados miembros deberían poner sistemas que fueran simples, claros y transparentes a disposición de los beneficiarios. Por tanto, pido a la Comisión que incluya este asunto en los debates bilaterales con los Estados miembros.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Tres años después de la reforma de la PAC, nos estamos preguntando cómo adaptar nuestra política agraria a las dificultades de hoy en día. El informe de iniciativa propia ofrece recomendaciones útiles y ampliamente compartidas para lograr un sector agrícola que combine la calidad con la competitividad. Tenemos que celebrar el espíritu de este informe positivamente porque con este informe el Parlamento pido la introducción de una nueva PAC en 2013 que reduce la burocracia para los agricultores. Cualquier medida capaz de reducir los trámites y cargas administrativos que abruman a los productores agrícolas —por no mencionar a las autoridades locales en cuestión— y no pone en peligro el nivel de calidad, definitivamente merece nuestro apoyo. Un informe como este, que se preocupa por las necesidades de los agricultores, entre ellas la necesidad de garantizar que su tarea no se ve obstaculizada por cargas burocráticas excesivas, será ciertamente una contribución útil al proceso de reforma de la PAC, que, por razones obvias, será un proceso complejo y muy delicado para el futuro de la economía europea y para la protección de las incontables variedades de productos locales tradicionales. Por tanto, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) La agricultura siempre ha sido un tema central para el Grupo PPE y consideramos que es un sector fundamental de la economía europea. Sin embargo, nuestros agricultores se han visto abrumados por las cargas burocráticas y administrativas durante demasiado tiempo: es hora de facilitarles el camino.

De hecho, estoy convencido de que simplificar los trámites burocráticos que se adoptarán con la reforma de la PAC a partir de 2013 no sólo es conveniente sino necesario. Por tanto, creo que es correcto que simplifiquemos las normas para la identificación electrónica de animales y crear una línea telefónica de ayuda en cada Estado miembro para proporcionar un mejor acceso a la información. Además, es imprescindible que se restablezca la confianza entre las autoridades y los agricultores.

Además, los agricultores no pueden pasarse los días cumplimentando formularios y declaraciones sino atendiendo sus campos para ofrecer de este modo mejores productos agrícolas que cumplan con los altos niveles de exigencia. Por tanto, he votado a favor de estas medidas que forman parte del proceso de simplificación de la burocracia, que mi grupo parlamentario audazmente apoya y que ofrecen una respuesta sustancial en época de crisis.

 
  
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  David Campbell Bannerman (EFD), por escrito. – Hemos votado en contra de este informe de acuerdo con los principios del Partido por la Independencia del Reino Unido, puesto que sólo apoyamos la legislación cuando limita el poder de la UE y se lo devuelve a los estados nacionales. No se han apoyado las enmiendas que hemos creído que dañaban de forma innecesaria a los agricultores británicos, como puede ser cualquier enmienda que aumente el control comunitario en este sector. El Partido por la Independencia del Reino Unido seguirá defendiendo los intereses de los agricultores británicos de la intervención comunitaria, porque creemos que el sector agrícola británico es perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos y ya cuenta con altos niveles tanto de calidad como de seguridad. El Partido por la Independencia del Reino Unido se opone a la corrupción con la que se ha utilizado históricamente la PAC (por ejemplo, los viñedos fantasma) o la forma en la que se ha utilizado para aumentar los ingresos de ciertos políticos de la UE que son propietarios de «granjas». El Partido por la Independencia del Reino Unido se opone, además, a que se obligue a los contribuyentes británicos a subvencionar granjas en otras partes de Europa que compiten con nuestros propios agricultores. El Partido por la Independencia del Reino Unido se compromete a comercializar la producción agrícola según los términos de las normas de la OMC.

 
  
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  Derek Roland Clark (EFD), por escrito. – El Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra de este informe sobre la simplificación de la PAC porque, aunque la puesta en práctica del informe haría que la política fuese más comprensible, transparente y factible y simplificaría la inspección agrícola, añadiría más flexibilidad a las modalidades de pago y facilitaría la labor a los agricultores, hacer esto es mantener la PAC y ¡ayudar potencialmente a que afecte a otra generación! Por tanto, el Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra de todo el informe, sobre todo porque carece de impacto legislativo.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe sobre la simplificación de la PAC y felicito al señor Ashworth y a los ponentes alternativos por el magnífico trabajo que han realizado. Tenemos que tomar medidas para simplificar los trámites y requisitos burocráticos de las granjas, para reducir sus costes y, al mismo tiempo, aumentar su competitividad y seguridad jurídica. A menudo olvidamos que, aunque producen productos principales, las granjas también son negocios cuya competitividad se ve afectada como resultado de la excesiva burocracia.

Por esta razón, creo que los informes de este tipo son importantes porque subrayan los problemas surgen debido a la condicionalidad o los trámites excesivamente complicados mientras que también proponen soluciones para simplificar y mejorar lo que es, después de todo, el programa más importante de la UE, al menos en términos financieros. Creo que, votando a favor de este informe, el Parlamento ha dado otro paso más hacia una PAC más actualizada, eficiente y económica y que es, sobre todo, capaz de garantizar que se satisfacen las necesidades alimentarias de Europa no sólo en la actualidad sino también en el futuro.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Los agricultores siempre han sido los defensores más apasionados y firmes de la integración europea. Creen firmemente que la PAC sigue siendo una política común en el verdadero sentido de la palabra. En un mundo globalizado, la UE, con su mercado comunitario tiene que tomar medidas uniformes para garantizar la seguridad alimentaria y promover recursos renovables. Asimismo, tiene que combatir el cambio climático e intensificar la investigación para aprovechar al máximo las oportunidades que esta puede ofrecer.

Los posibles recortes al presupuesto de la PAC causarían un trastorno social y económico considerable impidiendo con ello que la agricultura pueda hacer frente a los retos del futuro. Es importante que entendamos que los ingresos de los agricultores dependen de los pagos directos aunque sólo estos no puedan proporcionarles un nivel de vida decente. La renta agraria media en la UE, incluidos los pagos directos, sólo asciende a la mitad del salario medio que se paga en el resto de sectores económicos.

Creo que reducir los pagos directos como parte del pilar I de la PAC tendrá consecuencias devastadoras no sólo para los agricultores sino también para las zonas rurales así como para los servicios públicos relacionados con la producción agrícola, los consumidores y la sociedad que se beneficia en general de estos pagos. Los pagos directos son, por tanto, vitales y hay que mantenerlos.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) En general, He votado a favor de los esfuerzos por simplificar la PAC. Esta simplificación debería beneficiar a los agricultores permitiendo que se concentren en producir alimentos seguros y de calidad, y también a las autoridades nacionales y comunitarias mediante la reducción de la carga burocrática asociada a la implantación de la PAC.

La PAC es de vital importancia para la UE porque garantiza la producción de alimentos seguros y por su interés por conservar el medio ambiente o las zonas rurales con vistas a conseguir un desarrollo sostenible adecuado. La simplificación tiene que significar una mayor responsabilidad por parte de todos los actores involucrados.

Por tanto, destacaría la necesidad de transformar la PAC en un instrumento más simple, justo y transparente. Para empezar, destacaría la propuesta de establecer un sistema uniforme de identificación de animales. Este sistema tiene que incluir la posibilidad de autocertificación, reducción de la cuota de inspección hasta límites más bajos que los que existen en la actualidad y trazabilidad de la carne de oveja y cabra; Me refiero sobre todo a la identificación de ganado. Por último, la necesaria reforma de la PAC tendrá que hacer distinción entre el apoyo a los agricultores individuales o sus cooperativas y dejar a las grandes empresas agroalimentarias a la merced de los mercados.

 
  
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  Robert Dušek (S&D), por escrito.(CS) El informe sobre la simplificación de la PAC es un paso más hacia una PAC más simple y eficiente. Por supuesto que tenemos que hacer mucho más por potenciar la competitividad de la agricultura europea, conservar y crear puestos de trabajo adicionales y apoyar el desarrollo natural de las zonas rurales. En este contexto, quisiera mencionar el tema de los pagos directos en las regiones fronterizas en las que se produce competencia desleal y discriminación según el lugar de registro de las entidades agrarias.

Hay indicios de que en las regiones vecinas de los Estados miembros donde el nivel de precios difiere hay una actividad económica masiva por parte de las entidades agrarias en respuesta a esta diferencia de precios. Una entidad agraria que tiene precios más altos en su país de origen hace negocios en otro país (con precios directos más bajos) con costes de producción más bajos y registra el volumen de ventas al otro lado de la frontera. De esta forma, las entidades agrarias con precios directos más bajos se ven discriminadas y desfavorecidas económicamente en el mercado local, mientras que las entidades agrarias de los Estados miembros con precios directos más altos se aseguran la ventaja económica en el mercado como resultado de las políticas comunitarias. Por estas razones es necesario que tengamos en cuenta las consecuencias para los precios cuando reformemos la PAC, es decir, comparar el lugar de producción con el lugar en el que se registran los precios directos. Con este Reglamento también contribuiremos a la creación de un mercado agrícola nuevo y justo. Estoy a favor del informe presentado.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque considero que la simplificación de la PAC es crucial para la competitividad de la agricultura de la UE, la conservación de los empleos y el desarrollo sostenible de las zonas rurales de Europa. Hay que simplificar las normas de los controles y hacer que sean más accesibles para los agricultores, con la ayuda y asesoramiento de los órganos nacionales, a fin de garantizar que la calidad de los productos agrícolas europeos no genera cargas y dificultades añadidas innecesarias para los actores vinculados a la actividad agrícola.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La simplificación de la legislación es un objetivo imprescindible para que Europa esté más cerca de los ciudadanos. Es necesario contar con políticas simples y perspicaces para los que no dominan el léxico comunitario ni hablan «europeo». Por eso una política tan fundamental y permanente como la PAC tiene que ser entendida por sus beneficiarios, en este caso: los agricultores europeos.

Por tanto, reconozco que el ponente tiene razón cuando que «una nueva PAC debe permitir a los agricultores concentrarse en el objetivo fundamental de ofrecer alimentos seguros, de calidad y cuyo origen pueda identificarse, al mismo tiempo que ha de apoyarlos a la hora suministrar bienes públicos no comerciales». Espero que la nueva PAC sea más simple, más transparente y más justa; que esté orientada a las necesidades de los agricultores y del mercado y que sus procedimientos sean más rápidos y menos burocráticos pero seguros y efectivos. La seguridad jurídica no requiere complejidad o procesos lentos sino más bien simplicidad y efectividad; esto es exactamente lo que queremos de la nueva PAC.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La PAC tiene que garantizar, por un lado, el suministro adecuado de alimentos seguros y, por otro, responder a retos como la conservación de las zonas rurales, las zonas de montaña y las zonas desfavorecidas y la multifuncionalidad de la agricultura europea. La armonización de la normativa tiene que ir acompañada de la eliminación de redundancia existente. Se espera que el objetivo de reducir un 25 % la carga administrativa se logre antes de 2012. Hay que simplificar la PAC porque esto hará que nuestra economía agraria sea más competitiva, conservando y creando empleos y contribuyendo al desarrollo sostenible de las zonas rurales. La simplificación de la PAC tiene que beneficiar, en primer lugar, a los agricultores y no sólo a las autoridades nacionales y organismos de pago en los Estados miembros. Los agricultores tienen que tener acceso a sistemas factibles que les permitan presentar solicitudes para los pagos directos en el lugar en el que viven de forma fácil y sin necesidad de burocracia. Esta simplificación tiene que ir acompañada de su aplicación y los Estados miembros tienen que minimizar las formalidades burocráticas que se exigen a los beneficiarios, sobre todo en el ámbito de desarrollo rural. Se necesita una mayor flexibilidad de modo que defendemos la autorización de modalidades de pago más flexibles incluso antes de haber completado definitivamente todos los controles.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe tiene aspectos positivos de los que destacamos los siguientes: la simplificación de la PAC, que no tiene que traducirse en un menor apoyo a los agricultores y en el desmantelamiento de los instrumentos tradicionales de gestión de los mercados; la necesidad de enmendar las penalizaciones, sobre todo cuando están relacionadas con infracciones que no son responsabilidad del productor; la simplificación del proceso de solicitud; y enmiendas muy positivas con respecto a la identificación de animales, en particular: ovejas y cabras.

No obstante, el enfoque que propone el ponente es orientado mayormente al mercado, a la competitividad a «reducir el proteccionismo excesivo», y continuar con la liberalización con sus consabidas y desastrosas consecuencias. Además, el informe sigue apoyando el modelo actual para la distribución de la ayuda. Manifiesta que «la distribución de la ayuda única por explotación debe garantizar la equidad», pero no propone medidas específicas para lograrlo.

Manifiesta su convicción de que se debería revisar la definición actual de actividad agrícola a efectos de la ayuda única pero no propone enmendar el modelo actual por el que se paga a las personas por no producir. En resumen, el informe carece de propuestas y medidas para modificar el modelo actual de la PAC, para empezar (pero no únicamente) por lo que respecta a la distribución de ayuda.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE), por escrito. – Estoy completamente de acuerdo con que la simplificación de la PAC no se debería traducir en menos apoyo a los agricultores y en el desmantelamiento de los instrumentos tradicionales de gestión de los mercados. Además, estoy de acuerdo con que se aplace la obligación de identificación electrónica para el ganado ovino.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito.(PL) Es extremadamente importante que simplifiquemos los principios que definen el funcionamiento de la PAC que no se debería reducir a la simple distribución de dinero. Personalmente, me gustaría que hubiese más recursos destinados a los inversores agrícolas individuales, que pudieran modernizar las granjas y ampliar la producción de forma más eficiente. Sin embargo, aumentar la financiación de los pagos directos es, en mi opinión, una forma de mantener la pobreza de las regiones más desfavorecidas que proporciona apoyo a personas que, en realidad, no están relacionadas con la agricultura y obstaculiza la reestructuración de la agricultura. Lo único que puede garantizar la seguridad en esta zona de Europa y del mundo es subvencionar a los agricultores «de verdad»: a los productores de alimentos sanos y productos de gran calidad.

 
  
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  Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard y Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. – He votado en contra del informe Ashworth (A7-0051/2010) sobre la simplificación de la PAC, concretamente por el apartado 12. Los agricultores no necesitan más apoyo directo de la UE, necesitan precios más justos para sus productos.

Sin embargo, sí estoy de acuerdo con el tema central del informe. La PAC es excesivamente complicada e innecesariamente onerosa para los agricultores, los Estados miembros y gobiernos y autoridades descentralizados. Es necesario que aliviemos esta carga administrativa y reduzcamos la burocracia, sobre todo en estos tiempos de crisis.

Además, debería existir la posibilidad de corregir errores para los agricultores que, sin querer o debido a factores que escapan a su control, cometen infracciones y, en consecuencia, son penalizados, así como una mayor transparencia con respecto a estas multas.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) La PAC es un elemento fundamental de la UE ya hablemos de proporcionar alimento a nuestros ciudadanos o de conservar y proteger las zonas de montaña y las zonas rurales, además de las zonas ultraperiféricas o desfavorecidas. He votado a favor de este informe porque apoyo la simplificación de la PAC, que tiene que centrarse en los resultados y ofrecer una mayor capacidad de reacción. Asimismo, creo que se necesita una cooperación más estrecha entre los Estados miembros y autoridades locales en cuanto al intercambio de buenas prácticas. Además, las autoridades tienen que mantener muy bien informados a los agricultores y brindarles más ayuda.

 
  
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  Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. (IT) La agricultura es uno de los principales recursos en Europa pero también es el sector más afectado por la burocracia de la UE. Tampoco podemos infravalorar el impacto de los factores climáticos y medioambientales que son, por su naturaleza, difíciles de predecir y obligan al mundo agrícola a enfrentarse a nuevos obstáculos debido a los cambios globales que tienen lugar.

Con este telón de fondo, el Parlamento Europeo considera indispensable tener en cuenta que el objetivo de reducir las cargas administrativas un 25 % tal y como se estableció en el programa de 2003, no es suficiente y no es lo suficientemente ambicioso puesto que probablemente lo lograremos antes del plazo acordado: 2012. El Parlamento también considera que tiene que recomendar estrategias urgentes a la Comisión y al Consejo para seguir reduciendo las cargas que oprimen a nuestros agricultores.

Las propuestas de esta resolución parlamentaria también tienen por objeto anticipar la reforma de la PAC en vista de la Estrategia Europa 2020. Esta medida es crucial para asegurar el crecimiento en este sector y el mantenimiento de su asignación financiera teniendo en cuenta la erosión que se prevé de los recursos de la UE para 2013.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) El mérito de este informe es que señala que los servicios públicos no pueden garantizar solos la independencia e imparcialidad de las inspecciones y destaca el concepto de agricultura como un bien público. La insistencia que hace del control de los productos alimenticios es también importante aunque es más probable que un etiquetado claro sobre la huella medioambiental conciencie más a todos los ciudadanos (productores y consumidores) de la importancia del traslado y de la calidad medioambiental de los productos.

La determinación que muestra el informe a la hora de simplificar las normas administrativas de la PAC es también importante. Sin embargo, el hecho de que la PAC se considere sólo desde el punto de vista de la competitividad y el neoliberalismo conforme a las políticas aplicadas por la UE en los últimos años, me impide votar a favor. Por tanto, me he abstenido de votar este texto como señal de buena voluntad por el progreso que se ha realizado con respecto a las intenciones manifestadas.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Es esencial que simplifiquemos la PAC si queremos lograr la reducción del 25 % de la carga administrativa del sector agrícola para 2010. La burocracia es un serio impedimento para los agricultores, que descuidan sus actividades diarias en los campos porque pierden mucho tiempo con los trámites burocráticos. Además, las nuevas enmiendas supondrán también una reducción de cientos de millones de euros en cuanto a la carga administrativa que soportan los agricultores, con beneficios tangibles sobre todo si tenemos en cuenta la difícil situación económica que atravesamos. La simplificación de las normas y mecanismos de control es fundamental para los agricultores que tienen que garantizar la provisión de alimento para 500 millones de personas a un precio razonable; de ahí mi voto.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe que contiene disposiciones importantes que tienen por objeto eliminar la burocracia que afecta a los agricultores europeos sobre todo en un momento en el que la agricultura se ve duramente golpeada por la crisis financiera. Quisiera dar las gracias a los colegas diputados que han votado a favor de las enmiendas que he presentado y que contiene el texto que ya se ha aprobado en la comisión.

Me refiero principalmente a la enmienda 49 relativa al elevado nivel de errores en las solicitudes de pagos directos registrado en algunos Estados miembros, que también destaca que pueden achacarse principalmente al equipo ortofotográfico utilizado y no a los agricultores. Me refiero también a la enmienda 65 relativa al aplazamiento de la obligación de identificación electrónica para el ganado ovino y caprino que se inició en 2010, dado su coste excesivo en un momento de crisis económica.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La propuesta de simplificar la PAC es parte de un proceso más amplio encaminado a reducir los trámites burocráticos; un proceso que hace algún tiempo iniciaron varios Estados miembros de la UE para garantizar servicios más eficientes y accesibles a los ciudadanos.

Asimismo, esta reforma es necesaria para el sector agrícola, para que los agricultores puedan ahorrarse tiempo y dinero y tengan acceso a las prestaciones según el sistema de condicionalidad y pagos directos así como con relación a algunos aspectos del desarrollo rural y métodos de identificación de animales criados.

En la actualidad, con el debate de la PAC a partir de 2013 ya en marcha, esta propuesta de simplificación representa un banco de prueba que se puede emplear para determinar las oportunidades y peligros que existen y fundamentar de este modo la base para crear una propuesta para la agricultura en el futuro. Por todas estas razones he votado a favor del informe.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El informe sobre la simplificación de la PAC analiza un tema que preocupa mucho a los agricultores que son los principales beneficiarios de la PAC y también del público europeo en general que consideran que la PAC es difícil de entender por la complejidad de sus mecanismos. Las medidas de simplificación son, por tanto, necesarias y urgentes por parte de todos. Es imprescindible que estas medidas afecten directamente a los agricultores y no sólo a cada gobierno de los Estados miembros como, con frecuencia, ha sido el caso. La eliminación de los instrumentos de gestión de los mercados no se puede presentar como uno de los medios de simplificación.

Un tema que tiene que abordar la simplificación es la necesidad de eliminar las discriminaciones en el régimen de pago único en los diferentes Estados miembros, que son problemas derivados de la ineficiencia de los gobiernos nacionales: controles, plazos, pagos, etc. Si eliminamos estas discriminaciones evitaremos tener una PAC de varias velocidades que potencie las desigualdades entre los agricultores de los diferentes Estados miembros.

 
  
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  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor del informe Ashworth que propone una PAC más simple que sea también más fácil de entender para los agricultores. A menudo administrar la PAC es excesivamente complicado. En consecuencia, simplificarla es primordial para todo el sector agrícola y para facilitar la vida de los agricultores. Las normas que propone la Comisión Europea son, en muchas ocasiones, extremadamente difíciles de implantar y el nivel de burocracia es muy elevado en los Estados miembros con respecto a la aplicación de la legislación agrícola. Hay que revisar, en particular, la legislación en materia de identificación animal para que sea más flexible y menos burocrática. Las disposiciones legislativas actuales en este ámbito son excesivamente estrictas y contraproducentes en muchas ocasiones.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El proceso de simplificación es primordial para conseguir una economía agrícola más competitiva, proteger y crear puestos de trabajo y contribuir a un desarrollo sólido de nuestras zonas rurales. Me parece fundamental que la Comisión pretenda eliminar los obstáculos burocráticos innecesarios al mismo tiempo que propone nuevos reglamentos en este ámbito.

Cuanto más simple es la legislación, más fácil es de entender para las partes interesadas ya sean los agricultores, las autoridades nacionales y regionales o las entidades que contratan la solicitud de fondos. De la misma forma que, cuanto menos tiempo necesiten estos actores para preparar las solicitudes, menos errores cometerán y más bajo será el coste de controlar y financiar también.

Asimismo, la simplificación es necesaria en el control de cómo se utilizan los fondos y las auditorías externas me parecen la forma más eficiente de hacerlo. Las multas se deben aplicar de forma que sea transparente y proporcional y también tienen que tener en cuenta el tamaño y ubicación de la granja sobre todo en las regiones ultraperiféricas como es el caso de Madeira. Dado que este informe intenta abordar estas cuestiones, he votado hoy a favor en la Cámara. Ahora tenemos que asegurarnos de que hay una mejor coordinación entre la política agrícola y la política de cohesión en la revisión general de la PAC.

 
  
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  Artur Zasada (PPE), por escrito.(PL) Al apoyar este documento, hemos manifestado nuestra determinación de simplificar la PAC. Este proceso es fundamental para garantizar el nivel de competitividad adecuado en el sector agrícola europeo. Es evidente que con la armonización de los reglamentos, la reducción de las cargas burocráticas y la restricción de costes tenemos la oportunidad de tener una PAC más simple, más justa y más comprensible. Sin embargo, deberíamos recordar que los futuros destinatarios de las simplificaciones no deberían ser sólo las autoridades y órganos nacionales que gestionan el sector agrícola sino, principalmente, los agricultores que se ven abrumados por los excesivos reglamentos.

 
  
  

Informe: Heide Rühle (A7-0151/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El informe que ha presentado la señora Rühle es un informe de iniciativa propia que tiene por objeto estudiar las formas de mejorar los trámites de la contratación pública en Europa, a fin de obtener un marco jurídico más estable y transparente. La incorrecta aplicación de las normas de contratación pública es, de hecho, una de las causas más frecuentes de error en el pago de los Fondos Estructurales Europeos. Apoyo los puntos principales del informe de iniciativa propia: que haya una mejor coordinación de los procedimientos de contratación pública en el seno de la Comisión Europea y una constatación de que los objetivos fijados por la revisión de 2004 de las directivas sobre contratación pública (aclaración de las normas y una mayor seguridad jurídica) aún no se han logrado plenamente. Asimismo, apruebo la postura que adopta el informe con respecto a las PYME, que se ven particularmente afectadas por la complejidad de estos procedimientos que a veces pueden hacer que no participen en una licitación por falta de recursos de asesoramiento jurídico. Por tanto, he votado a favor de este informe y controlaré la debida aplicación en nuestros Estados miembros y en Francia en particular, de las directivas en materia de contratación pública que ya están en vigor.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He apoyado este informe porque es especialmente importante para el mercado interior que tengamos un sistema de contratación pública que funcione de forma adecuada y transparente a fin de promover la competitividad e innovación transfronteriza y lograr el beneficio óptimo para las instituciones gubernamentales. Los objetivos de la revisión de 2004 de las directivas en materia de contratación pública aún no se han alcanzado sobre todo con respecto a la simplificación de las normas de los procedimientos y la creación de más seguridad jurídica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha examinado un número desproporcionado de procedimientos de infracción en este ámbito, lo que indica que numerosos Estados miembros tienen dificultades para cumplir las Directivas en materia de contratación pública. El Tratado de Lisboa reconoce por vez primera el derecho a la autonomía administrativa de las entidades regionales y locales y el concepto consolidado de subsidiariedad en el Derecho primario de la Unión Europea. Considerando que el derecho de contratación pública sirve para garantizar el uso eficiente de fondos públicos y ofrecer a las empresas interesadas la posibilidad de obtener contratos públicos en un contexto de competencia leal, pido a la Comisión que simplifique los procedimientos de contratación pública a fin de evitar que los gobiernos locales y las empresas inviertan grandes cantidades de tiempo y dinero exclusivamente en trámites burocráticos. La simplificación de estos procedimientos facilitará a las PYME el acceso a estos contratos y les permitirá participar con mayor equidad e igualdad de oportunidades.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Una parte importante de los fondos de los presupuestos de los Estados miembros se destina a la contratación pública. Por tanto, estoy de acuerdo con la opinión de la ponente de que las arcas públicas deberían ser transparentes y estar abiertas al control público. Los contratos públicos deben adjudicarse en condiciones de transparencia, para que todas las partes interesadas reciban el mismo trato y la relación entre el precio y la calidad del proyecto sean el criterio definitivo, de forma que el adjudicatario sea el que presente la mejor oferta, no la más barata. Para que haya una mayor transparencia en las contrataciones públicas es necesario que se simplifiquen los procedimientos de contratación pública a fin de evitar que los gobiernos locales y las empresas inviertan grandes cantidades de tiempo y dinero exclusivamente en trámites burocráticos. La simplificación de estos procedimientos facilitará a las PYME el acceso a estos contratos y les permitirá participar con mayor equidad e igualdad de oportunidades. Debido a los procesos de globalización es especialmente importante que la Comisión se centre en los procedimientos para la aplicación de criterios sociales. Por tanto, es fundamental que elaboremos directrices u otras medidas prácticas adoptadas para asistir a las autoridades y otros organismos públicos en relación con los procedimientos de contratación pública sostenible.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Celebro esta resolución que tiene por objeto simplificar las normas de contratación pública mientras que, al mismo tiempo, contribuye a crear una seguridad jurídica mayor. Las iniciativas europeas sobre contratación pública requieren coordinación a nivel europeo para evitar incoherencias y problemas jurídicos. También es importante la aclaración jurídica de las condiciones que rigen la aplicación del Derecho de contratación pública a las colaboraciones público-privada institucionalizada. Pido a la Comisión que simplifique los procedimientos de contratación pública a fin de evitar que los gobiernos locales y las empresas inviertan grandes cantidades de tiempo y dinero exclusivamente en trámites burocráticos. La simplificación de estos procedimientos facilitará a las PYME el acceso a estos contratos y les permitirá participar con mayor equidad e igualdad de oportunidades. Hay que alentar a las autoridades públicas a que basen la contratación pública en criterios ambientales y sociales, entre otros. Pido a la Comisión que evalúe la posibilidad de usar la contratación pública ecológica como instrumento para fomentar el desarrollo sostenible.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En 2004, la Comisión llevó a cabo la revisión de las directivas en materia de contratación pública cuya finalidad era simplificar los procedimientos para hacer que la contratación pública fuera más transparente, más eficiente, más flexible y menos burocrática.

Como dice la ponente: «La finalidad principal de la contratación pública es la compra de bienes y servicios en condiciones favorables, en términos económicos y de costes, para dar cumplimiento a las obligaciones de servicio público. Ahora bien, los poderes públicos no son operadores económicos como los demás, ya que deben asumir una responsabilidad especial en la medida en que administran fondos públicos».

Me veo obligado a decir una vez más que una legislación compleja no es la que mejor sirve a los intereses de las partes, en el caso de la contratación pública es más bien al contrario: cuanto más compleja, menos transparente y más lentos son los procedimientos, más probable es que se burle dicha legislación y, en casos extremos, que haya corrupción. Por tanto, es crucial que, durante el proceso de revisión de las directivas actuales en materia de contratación pública, se busquen normas más simples y efectivas para regular un sector que representa casi el 16 % del PIB de la UE.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El gasto total anual en la contratación pública de bienes y servicios en la UE asciende a más de 1 500 millones de euros, esto es, más del 16 % del PIB de la UE. Teniendo en cuenta la actual crisis económica, las directivas en materia de contratación pública no pueden ralentizar el proceso de adjudicación de contratos o hacerlo más costoso. Los contratistas, en particular las PYME, piden seguridad jurídica y procesos rápidos. Creo que la Comisión y los Estados miembros deberían revisar, junto con las autoridades regionales y locales, los diferentes regímenes jurídicos aplicables a la contratación pública para unificarlos y simplificar todo el marco jurídico para la contratación pública a fin de reducir el riesgo de errores y aumentar la eficiencia a la hora de utilizar los Fondos Estructurales. Hay que tener en cuenta que la inadecuada transposición de las normas de contratación de la UE conlleva grandes irregularidades en la aplicación de proyectos europeos cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Creo que la Comisión tiene que considerar la posibilidad de seguir utilizando, incluso después de 2010, procedimientos acelerados en el contexto de los Fondos Estructurales, para que los Estados miembros no desaprovechen estos recursos.

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE), por escrito. (FR) Aunque apoyo el objetivo del informe de pedir a la Comisión que simplifique los procedimientos de contratación pública a fin de evitar que los gobiernos locales y las empresas inviertan grandes cantidades de tiempo y dinero exclusivamente en trámites burocráticos, no estoy de acuerdo con los términos de la segunda parte del apartado 9.

Creo que esta interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que indica que las autoridades locales pueden cooperar sin tener que recurrir al mercado se aparta del principio de neutralidad. De hecho puede ser perjudicial para las empresas (públicas o privadas) que se ven de esta forma excluidas de la posibilidad de competir a fin de obtener contratos para prestar servicios públicos de carácter económico.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) Este informe arroja un poco de luz con respecto a los criterios sociales y medioambientales que tienen que poder integrarse en las licitaciones; además propone recomendaciones para facilitar el acceso de las PYME a los mercados de contratación pública. No obstante, tiene un defecto importante debido a la ausencia explícita de cualquier referencia a la necesidad de adoptar un instrumento jurídico que especifique la definición y el estatus de las concesiones de los servicios en el momento de reestructurar las directivas en materia de contratación pública. No podemos conformarnos con la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia de la UE en materia de concesiones de servicios públicos; es extremadamente necesario tener una directiva marco en materia de servicios de interés general. La aclaración jurídica es imprescindible por el bien de todos. Por eso me he abstenido de votar en la votación final de este informe.

 
  
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  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito.(PL) La contratación pública en el mercado interior de la UE representa aproximadamente el 15 % del PIB. La apertura de la contratación pública beneficia a las instituciones ordenantes porque al haber mercados más amplios hay más oportunidades para elegir y también para que los costes sean más bajos y la calidad mejor. Es extremadamente importante saber cómo se gasta el dinero público, sobre todo ahora, que hay que estimular la economía tras la crisis y los Estados miembros están teniendo problemas presupuestarios. Como bien ha observado la ponente, la legislación actual es bastante complicada y supone un reto particular para las autoridades locales y regionales, y para las PYME. Además, todavía hay que aclarar cuestiones como las colaboraciones público-privadas, el urbanismo y las concesiones de servicios.

Por tanto, estoy de acuerdo con los puntos principales del informe de la señora Rühle que manifiestan la necesidad de que haya más transparencia jurídica en el ámbito de la contratación pública y que no piden que se cambien las directivas actuales sino que se analicen en profundidad los problemas que existen para que los servicios de la Comisión Europea las lleve a cabo.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) La contratación pública representa una parte importante del PIB de la UE. Su finalidad es comprar bienes y servicios al mejor precio y calidad. Las directivas europeas en materia de contratación pública retrasan el proceso de adjudicación de contratos, lo hacen más costoso y restringen el ámbito de acción de los adjudicadores públicos. Lamentablemente, cada vez más Estados miembros se encuentran con este tipo de problemas. Por esta razón he votado a favor del informe porque apoyo firmemente las medidas para simplificar y actualizar los procedimientos. Los Estados miembros necesitan una legislación simplificada y uniforme; una legislación que nos permita eliminar las discrepancias actuales entre los reglamentos que aplican los Estados miembros, además de los errores, así como hacer un uso más eficiente del dinero público.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La contratación pública es un asunto muy delicado que merece ser tratado con la mayor seriedad puesto que afecta a las arcas públicas. De modo que los contratos públicos tienen que ser transparentes y estar completamente abiertos al control público a fin de que no susciten sospechas de ningún tipo. Siendo este el caso, los contratos públicos deben adjudicarse en condiciones de transparencia, para que todas las partes interesadas reciban el mismo trato y la relación entre el precio y la calidad del proyecto sean el criterio definitivo, de forma que el adjudicatario sea el que presente la mejor oferta, no la más barata; de ahí mi voto.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La contratación pública representa aproximadamente el 18 % del PIB de la UE y, por tanto, desempeña un papel clave a la hora de relanzar la economía y el empleo y afecta, además, de forma importante a las PYME, que a menudo actúan de subcontratistas.

En el contexto actual, en el que la interacción entre el mercado interior y los mercados internacionales es cada vez más clara, las empresas europeas corren el serio riesgo de sufrir competencia desleal por parte de las empresas en otros países (por ejemplo, China), que se benefician de los subsidios estatales que las empresas europeas no tienen y que pueden ofrecer costes notablemente más bajos y tiempos de producción más cortos debido a que no tienen que cumplir con los criterios de seguridad europeos y los derechos de los trabajadores.

Necesitamos medidas coordinadas a nivel europeo para contrarrestar este efecto. Por último, les recuerdo la importancia de respetar el principio de reciprocidad y proporcionalidad. Por ejemplo, las empresas chinas tienen acceso al mercado europeo pero las empresas europeas no pueden participar en las licitaciones chinas. Felicito a la ponente por su trabajo y voto a favor del informe.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Me complace mucho que se haya rechazado la enmienda propuesta por el Grupo S&D, que ha permitido que nuestro grupo, Verts/ALE, vote a favor del informe Rühle.

 
  
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  Bernadette Vergnaud (S&D), por escrito. (FR) Lamento la política del avestruz que emplean aquéllos que piensan que la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia de la UE en materia de concesión de servicios es satisfactoria y que no ha ninguna necesidad de legislar. Durante años, los socialistas han luchado y han hecho campaña para obtener directivas marco que protegieran los servicios de interés general y no somos nosotros los que abandonamos este compromiso. La única garantía a largo plazo para los servicios públicos es contar con una verdadera legislación europea, no sentencias judiciales, por muy bien fundadas que puedan estar. Como podemos ver con las dificultades que hay a la hora de transponer la Directiva de servicios relativa a los servicios sociales, sólo un marco específico puede proporcionar seguridad jurídica y calidad de servicio. Las PYME y las autoridades locales y regionales esperan claridad y seguridad jurídica en la adjudicación de contrataciones públicas como los contratos públicos para la construcción de vivienda social. Sin embargo, tampoco queremos votar en contra de este informe, que contiene elementos importantes, sobre todo con respecto a los criterios sociales y medioambientales que tenemos que poder integrar en los procedimientos de licitación; recomendaciones para facilitar el acceso de las PYME y una clara petición para que se supervisen los contratos de colaboración público-privada.

 
  
  

Informe: Franziska Keller (A7-0140/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Es imprescindible que las políticas europeas sobre desarrollo sean coherentes. Sin embargo, este informe de la señora Keller tiene una tendencia a ser, a veces, exagerado o impreciso en sus términos. Estoy claramente a favor de la coherencia de las políticas europeas pero no de cuestionar los compromisos contraídos por la UE (y por Francia) en el marco de la OMC. Nuestra agricultura tiene que evolucionar de forma progresiva y respondiendo a las dificultades a las que se enfrentan nuestros agricultores, que son los protagonistas no sólo en nuestras zonas rurales sino también en nuestras ciudades. Por tanto, he votado en contra de este informe.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La UE es el principal donante de ayuda en el mundo. De hecho, este año se espera que la cantidad de ayuda al desarrollo proporcionada a terceros países ascienda a 69 000 millones de euros, un 20 % más que en 2008. La UE ha demostrado que es coherente con respecto a los compromisos que ha contraído con las instituciones internacionales. El conflicto entre las políticas de desarrollo de Europa y sus políticas comerciales es una realidad. Sin embargo, la UE se ha comprometido a que todas las políticas comunitarias que afecten a los países en desarrollo tendrán en cuenta los objetivos de desarrollo que se han asumido.

En contra de las predicciones iniciales, la crisis económica está afectando a los países pobres en particular, muchos de los cuales participan en proyectos de desarrollo que se llevan a cabo con fondos europeos. Por otro lado, la exportación y las políticas agrícolas que aplica la UE en estos países afectan negativamente a su desarrollo. Por tanto, tenemos que ocuparnos del resultado final no deseado: la UE construye a un nivel macro y tiene una influencia negativa en el nivel micro. En circunstancias así, los objetivos que adopta la resolución que votamos ayer durante el pleno del Parlamento Europeo adquieren una importante enorme y todas las instituciones europeas tienen que adoptarlos.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) En vista de la crisis económica y humanitaria que atraviesa el mundo en la actualidad, es más urgente que nunca que las políticas de ayuda al desarrollo de la Unión se tramiten de forma que sean coherentes y estén unificadas entre ellas, y estén totalmente vinculadas al resto de políticas de la Unión en materia de comercio, medio ambiente, etc. Ahora es evidente que, a pesar del compromiso de la UE con respecto a la política de desarrollo y al hecho de que es el principal donante de ayuda al desarrollo del mundo, no siempre existe una relación eficaz entre sus políticas, que minan, en algunos casos, la consecución de los ODM.

Nuestro objetivo es cambiar el status quo, y con razón. Tenemos que analizar la AOD desde el punto de vista a largo plazo de reunir las sinergias entre todos los Estados miembros y la coherencia entre las políticas. Hay que lograr esta coherencia porque contribuye a satisfacer las necesidades de desarrollo de los que lo necesitan. Apoyo el informe del Parlamento Europeo en general y considero que es vital que los actores comunitarios hagan todo lo posible por eliminar los obstáculos al desarrollo, lograr los ODM, combatir la pobreza y garantizar que se ponen en práctica los derechos humanos, sociales y medioambientales en los países en desarrollo.

 
  
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  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE), por escrito. – (SV) La delegación conservadora sueca votó ayer (18 de mayo de 2010) en contra del informe A7-0140/2010 sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo y el concepto de «Ayuda Oficial al Desarrollo plus» [2009/2218(INI)]. El motivo principal es que no apoyamos la propuesta de establecer un impuesto sobre las transacciones internacionales. Introducir un impuesto Tobin simplemente perjudicaría a los países en desarrollo y les conduciría a una pobreza mayor. Ahora bien, quisiéramos destacar que hay elementos en el informe con los que sí estamos de acuerdo, por ejemplo, con que los subsidios de la UE a la exportación de productos agrícolas han tenido un efecto desastroso en la seguridad alimentaria y en el desarrollo de un sector agrícola viable en los países en desarrollo.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) 1400 millones de personas sobreviven con menos de un euro al día. La UE tiene el deber de combatir esta situación y para ello requiere políticas de cooperación y ayuda al desarrollo más eficientes y eficaces. Los compromisos de la AOD siguen sin llevarse a cabo de forma plenamente satisfactoria. Para hacer frente a la urgencia del desarrollo, pedimos a la Comisión que defina fuentes adicionales de financiación del desarrollo, como el establecimiento del impuesto sobre las transacciones financieras internacionales con el objetivo de generar recursos adicionales para superar las peores consecuencias de la crisis. En este sentido, los Estados miembros deberían reafirmar el compromiso contraído en la cumbre del Milenio de dedicar el 0,7 % de la RNB a la AOD durante la década siguiente teniendo en cuenta la asimilación de capacidades y buena gobernanza de los estados receptores. Por último, la política europea de desarrollo tiene que vinculada a una regulación flexible de la circulación de personas, bienes y capital con los países en desarrollo.

 
  
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  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) Apoyamos el objetivo de este informe para que la política de la UE sea coherente con el objetivo de la Unión de promover el desarrollo en países con rentas bajas y medias. Sin embargo, el informe de la señora Keller habla, por ejemplo, de un mercado de servicios desarrollado y de normas de competencia claras como obstáculos para cumplir los ODM y como resultado no nos vemos capaces de apoyar el informe completo. Contar con directrices claras es una condición previa para que la economía de mercado tenga la capacidad de funcionar correctamente y el comercio en los servicios es un elemento importante para el desarrollo de las economías de los países.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La UE se enfrenta a menudo con paradojas que ella misma crea y con las incongruencias que sus políticas acarrean para los Estados miembros y sus ciudadanos además de para otros países y sus poblaciones. Como el principal donante de ayuda del mundo, la UE y los Estados miembros tienen que luchar porque su política de ayuda al desarrollo no sólo sea eficiente sino también constante y coherente; esto no siempre ha sido así. Se deberían acoger con satisfacción todos los esfuerzos por fomentar esta coherencia, que tienen en cuenta las múltiples necesidades de las personas que reciben ayuda. La política comercial no puede ser inmune a este objetivo.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El tema de este informe es muy importante porque sabemos que las políticas y acciones de la UE en los diferentes ámbitos con frecuencia contradicen los proclamados objetivos de la «ayuda al desarrollo». Hay varios aspectos importantes y positivos como pueden ser, entre otros: destacar la tragedia del hambre a nivel mundial; señalar la incongruencia e inefectividad de los acuerdos en materia de pesca en vista de los objetivos de la cooperación para el desarrollo proclamados; denunciar los efectos de los subsidios de la UE en las exportaciones; criticar la liberalización de los servicios, la introducción de normas de competición, paraísos fiscales, la salida del capital de los países en desarrollo para la UE debido a políticas incoherentes, la ayuda reducida que se destina a la agricultura y defender la creación de un consorcio de patentes para medicamentos contra el VIH/SIDA. Lamentablemente, la propia ponente termina siendo incoherente cuando defiende un desarrollo más amplio de instrumentos como los acuerdos de libre comercio y los llamados AAE. La ponente ignora el hecho de que estos instrumentos atentan contra los intereses de los países en desarrollo en varios ámbitos, algo que ha quedado claro tras la resistencia de muchos de ellos a firmar estos acuerdos, que sólo se ha superado en algunos casos a través de la presión y el chantaje inaceptable por parte de la UE.

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE), por escrito. (EL) Reconozco totalmente la importante de la política de desarrollo y de ayuda a los países en desarrollo de la UE. Sin embargo, he votado en contra del informe Keller por la postura que adopta con respecto al impacto de los subsidios a la exportación agrícola de la UE en el sector agrícola de los países en desarrollo, que es totalmente errónea.

Además, la UE es un mercado especialmente abierto en cuanto a la importación de productos de países en desarrollo como resultado, entre otras cosas, del acuerdo «Todo menos armas» y otros acuerdos preferenciales. Hay que tener en cuenta que el compromiso contraído por los Estados miembros de la OMS en la cumbre ministerial de Hong Kong (2005) afecta a la eliminación paralela de los subsidios a la exportación y la imposición de disciplinas sobre todas las medidas de exportación con un efecto competitivo equivalente.

 
  
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  Evelyn Regner (S&D), por escrito. (DE) He votado a favor de este informe porque me preocupa especialmente que los acuerdos internacionales de libre comercio incluyan criterios sociales y medioambientales vinculantes. Creo que es especialmente importante que la UE no sólo aplique el principio de la economía de mercado social dentro de la UE sino también fuera de sus fronteras. Nuestros socios en los acuerdos de libre comercio deberían mantener ciertos criterios y también creo que deberíamos poner fin a las negociaciones con estados que no cumplen con esos criterios.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor del informe de Franziska Keller sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo con entusiasmo y me complace mucho que haya sido aprobado por la mayoría. Lamento el voto negativo de los Grupos PPE y ECR.

 
  
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  Alf Svensson (PPE) , por escrito. – (SV) En la votación del Parlamento Europeo he votado en contra del informe sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo y el concepto de «Ayuda Oficial al Desarrollo plus». Aplicar una política en favor del desarrollo que sea responsable y efectiva debería ser una prioridad del Parlamento Europeo. Es algo para lo que yo, junto con muchos otros, trabajo a diario en la Comisión de Desarrollo. Es evidentemente absurdo y de todo menos responsable que la UE coja con una mano —por ejemplo, mediante los subsidios agrícolas que hacen que los países en desarrollo sean menos capaces de competir— y después proporcione ayuda «para reparar el daño» con la otra. El debate sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo es importante y valioso.

Sin embargo, el informe actual contiene elementos que no puedo apoyar como por ejemplo el apartado sobre la imposición de un impuesto sobre las transacciones financieras y la utilización de un término que define vagamente: «derechos medioambientales». Sin embargo, hay grandes partes del informe —que se votó en el pleno— que son muy sólidas y mi voto en contra no debe interpretarse como una negativa a participar en la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo. Por el contrario es un proceso que me interesa mucho y me interesa que tenga lugar de la mejor forma posible.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) Me complace especialmente que se haya aprobado el informe sobre la coherencia de las políticas europeas en favor del desarrollo y el concepto de «Ayuda Oficial al Desarrollo plus», que es un informe excelente y tiene por objeto garantizar un mayor respeto por los países en desarrollo. Celebro especialmente que una ligera mayoría haya aprobado el apartado 70, que pide a la Comisión que se incluyan sistemáticamente normas sociales y medioambientales jurídicamente vinculantes en los acuerdos comerciales que negocie la Unión Europea. Esta es una medida importante encaminada a que haya un comercio más justo. La UE tiene que servir de ejemplo en este ámbito.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Teniendo en cuenta la crisis mundial actual, este informe es extremadamente importante porque tiene por objeto hacer que las políticas de la Unión sean más coherentes para que logre los objetivos que se ha fijado ella misma como son los ODM. La UE es el principal donante de ayuda al desarrollo del mundo —las últimas sumas apuntan a aproximadamente 49 millones de euros— y sus intervenciones prestan atención tanto a los países como a sus ciudadanos, de modo que es una política comunitaria de gran alcance con inquietudes comerciales, medioambientales y sociales.

Se destaca la necesidad de promocionar el acceso de productos que proceden de estos países a los mercados europeos, entre otras cosas, el desarrollo de instrumentos de la Unión para reducir los aranceles aduaneros Sin embargo, quiero manifestar mi preocupación con respecto a algunas recomendaciones puesto que hay que decir que podrían tener consecuencias para los productores europeas sobre todo los que provienen de zonas geográficas que se merecen una atención especial. La ayuda al desarrollo y la erradicación de la pobreza son una necesidad de primera orden que merece todo mi apoyo. No obstante, creo que no se deben contraer compromisos que no puedan cumplir sin poner en peligro los intereses de nuestros ciudadanos. No podemos olvidar ni subordinar a nuestros ciudadanos; tenemos obligaciones especiales con ellos.

 
  
  

Informe: Hella Ranner (A7-0130/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor del informe de iniciativa propia del Parlamento Europeo que responde al análisis de la Comisión sobre las sanciones por infracciones graves de las normas sociales en el transporte por carretera. Hoy en día existen diferencias entre los Estados miembros que afectan de forma negativa al buen funcionamiento del mercado interior y de la seguridad en carretera. La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo propone al respecto algunas formas de proporcionar soluciones. En particular, el informe propone la armonización de las sanciones por medio de una clasificación común de las infracciones. Pide la creación de un órgano de coordinación que sea responsable de mejorar la cooperación entre los Estados miembros en la aplicación de las normas sociales además de establecer órganos de inspección. Por último, el informe subraya la necesidad de proporcionar a los transportistas y conductores la información suficiente sobre las normas sociales pertinentes y las sanciones que conlleva la infracción de las mismas por medio de los medios de comunicación impresos, la tecnología de la información y sistemas de transporte inteligente. Dado que apoyo totalmente estas propuestas, he votado a favor del informe.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Los sistemas de sanciones en los Estados miembros de la UE muestran amplias disparidades y, por tanto, la situación jurídica de los transportes internacionales ha llegado a un punto en que es difícilmente comprensible para las empresas y, especialmente, para los conductores. Los reglamentos y la Directiva sobre normas sociales en el transporte por carretera actualmente vigentes ofrecen a los Estados miembros un gran margen de interpretación y esto tiene como resultado que no se logre una transposición uniforme al Derecho nacional en los Estados miembros. El Tratado de Lisboa brinda la oportunidad de acercar las disposiciones penales y reglamentarias de los Estados miembros. Creo que la Comisión tiene que utilizar esta oportunidad para desarrollar y promover enfoques armonizados para los controles e intervenir con carácter regulador a fin de eliminar los obstáculos del mercado único europeo y mejorar la seguridad en carretera. Para garantizar la aplicación de las normas sociales en el transporte por carretera de la forma más eficiente posible, la Comisión Europea debería presentar una interpretación uniforme y vinculante del Reglamento sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso; que los órganos de inspección deberían también tener en cuenta.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Desde 2006, un reglamento europeo ha obligado a todos los transportistas que conducían en Europa a respetar el mismo límite máximo diario de conducción y tomar los mismos periodos de descanso a fin de garantizar la seguridad en las carreteras europeas. Lamentablemente, la forma en la que se aplican estas medidas dista de ser óptima; las sanciones por infracciones son completamente diferentes en cada Estado miembro.

Por tanto, la sanción impuesta a un conductor que excede el límite máximo diario de conducción más de dos horas es diez veces más alto en España que en Grecia. En algunos Estados miembros, se aplica la pena de cárcel para las infracciones graves mientras que en otros se retira simplemente el carnet de conducir. Esta falta de armonía resta eficacia al reglamento y crea una inseguridad jurídica considerable para los transportistas.

He votado a favor del informe de la señora Ranner que pide a la Comisión que proponga sanciones mínimas y máximas para cada infracción de las normas sociales en el transporte por carretera que se armonizarían después en todos los Estados miembros. El informe también pide la creación de un folleto informativo simple y accesible que informe a los conductores de camiones sobre los riesgos que corren si se comete una infracción.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La preocupación de la UE sobre la ausencia de un sistema uniforme para regular las sanciones de tráfico a nivel de los Estados miembros está justificada. La aplicación de estas sanciones, al menos las no económicas, a todos los conductores de automóviles en los Estados miembros reduciría la confusión que sufren muchos transportistas y conductores como resultado de las discrepancias entre el país de origen y el Estado miembro por el que conducen.

Por otro lado, la Comisión Europeo y las comisiones parlamentarias especializadas tienen razón cuando dicen que es demasiado pronto para que contemplemos tan siquiera la normalización de las sanciones económicas que se aplican a las infracciones de tráfico. La UE muestra discrepancias importantes en cuanto a la situación económica de las empresas y de la población, es decir, que las multas impuestas por la misma infracción de tráfico no pueden ser las mismas en todos los Estados miembros. Sin embargo, la normalización de los reglamentos que se aplican al transporte de pasajeros conferiría una responsabilidad mayor a las empresas de transporte.

La armonización de los reglamentos en todos los Estados miembros, respaldada por su estricta aplicación, sin dejar a cada Estado miembro la elección de adoptar o no las recomendaciones europeas también aumentaría la seguridad en las carreteras de Europa.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Las infracciones son un serio problema en el transporte por carretera que plantea preguntas importantes con respecto al cruce de fronteras. Por tanto, es importante que la Comisión considere las situaciones de los diferentes Estados miembros así como qué constituye una infracción en los diferentes sistemas jurídicos nacionales y las respectivas sanciones y multas. Con respecto a este tema, la ponente defiende «que un sistema de sanción eficaz, equilibrado y disuasorio sólo se puede basar en unas sanciones claras, transparentes y comparables entre los Estados miembros» y «pide a los Estados miembros que busquen soluciones legislativas y prácticas para reducir las diferencias, muy importantes en algunos casos, existentes en el tipo y el nivel de las sanciones aplicadas».

Tiendo a estar de acuerdo con la importancia de que haya un sistema de sanciones eficaz y equilibrado y que los Estados miembros trabajen juntos para reducir las diferencias a la hora de tratar las infracciones de tráfico. Sin embargo, me cuesta más entender que un legislador nacional deba perder autoridad en asuntos penales en favor de la armonización a nivel europeo con respecto a la naturaleza y valor de las multas.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe que ha preparado la Comisión Europea resume los diferentes tipos de sanciones que existen en los Estados miembros y demuestra las diferencias entre los sistemas adoptados por cada Estado miembro en este ámbito, y concluye que la situación no es satisfactoria. Por tanto, pide a los Estados miembros que apliquen las normas sociales en el transporte por carretera de forma armonizada. La ponente del Parlamento Europeo propone aumentar la armonización en este ámbito sobre todo a nivel de «la interpretación de la aplicación de la legislación social» y las sanciones clasificándolas y con ello intentar «realizar un mercado interior del transporte y aumentar la seguridad jurídica».

La seguridad vial es, sin duda, un asunto importante porque mejora las condiciones laborales en el sector del transporte por carretera sobre todo los tiempos de conducción y los periodos de descanso. Reafirmaríamos, sin embargo, que estos objetivos no se consiguen necesariamente a través de la armonización genérica. La armonización sí es necesaria pero mediante el progreso y no nivelando a la baja, como ha sido la práctica común siempre que se trata de «realizar un mercado interior». Es necesario que haya una mayor seguridad vial como lo es que mejoren las condiciones laborales en el sector del transporte que garantizarían una mejor seguridad vial en cada Estado miembro.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La seguridad vial siempre ha sido motivo de preocupación en la UE. La aprobación de esta resolución es otro paso más para eliminar las infracciones graves de las normas sociales en este ámbito. Es necesario que haya una mayor cooperación entre los Estados miembros para crear una red de comunicaciones de fácil manejo para todos los profesionales del sector aunque estén trabajando en un Estado miembro que no es el suyo propio. También se necesita un esfuerzo económico para crear infraestructuras adecuadas, que incluyan un número suficiente de plazas de aparcamiento seguras y de servicios, en la red europea de carreteras, de manera que los conductores puedan respetar realmente las disposiciones relativas a los tiempos de conducción y los periodos de descanso; de ahí mi voto.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Según las estadísticas los vehículos pesados se ven involucrados en gran parte de los accidentes de tráfico. Es por eso tan sumamente importante que el vehículo esté en perfectas condiciones. La concentración de los conductores se reduce casi tanto por el cansancio como por los efectos del alcohol. En consecuencia, por la seguridad general, tenemos que garantizar que se respetan estos reglamentos. En este sentido, es importante que se apliquen las mismas condiciones a los asalariados y a los autónomos para no hacer que más personas se vean arrastradas a un falso trabajo autónomo y se las utilice más allá de los límites de su tolerancia.

Ahora bien, las multas no son a menudo la forma indicada de garantizar el cumplimiento de los periodos de descanso que sólo son posibles cuando el vehículo está inmovilizado. Dado que no se ha planeado ampliar las medidas de seguridad vial, he votado en contra.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El informe de la señora Ranner, a quien felicito por su trabajo, arroja luz no sólo sobre las diferentes multas en los Estados miembros sino también sobre las diferencias que rodean a los tipos de sanción considerando tal situación insatisfactoria para los conductores y empresas de transporte.

Estoy de acuerdo con el enfoque del informe parlamentario que subraya lo importante que es para el mercado interior que se apliquen las normas sociales totalmente, realizando controles más frecuentes si es necesario, creando un instrumento de coordinación europea y armonizando las infracciones y sus correspondientes sanciones. Sólo podremos garantizar la rápida recuperación de las sumas por infracciones si tenemos un sistema uniforme. Por tanto he votado a favor.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Este informe realizado por mi colega de la Comisión de Transporte y Turismo es una iniciativa excelente encaminada a solucionar los problemas existentes con respecto a las sanciones en el transporte por carretera que se aplican a las infracciones graves. Las normas que se aplican en caso de infracción grave varían de forma considerable de un Estado miembro a otro en cuanto al importe de las multas, la naturaleza y la clasificación de sanciones, por tanto es necesario que haya una armonización mayor.

Celebro las soluciones que ha propuesto el informe al respecto sobre todo la clasificación armonizada de las infracciones graves y la aplicación de sistemas de control —coordinados a nivel europeo por un órgano con las debidas características— cuya finalidad sería mejorar la cooperación a la hora de aplicar las normas sociales y garantizar la formación de los órganos de inspección encargados de aplicar estas normas.

Asimismo destacaría la importancia de desarrollar iniciativas a fin de proporcionar la debida información sobre las normas sociales y crear infraestructuras adecuadas y aparcamientos para garantizar que se respetan las normas. Por todas estas razones he votado a favor del informe que se ha presentado hoy en el Parlamento.

 
Última actualización: 19 de agosto de 2010Aviso jurídico