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Procedimiento : 2009/2201(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0317/2010

Debates :

PV 24/11/2010 - 20
CRE 24/11/2010 - 20

Votaciones :

PV 25/11/2010 - 8.14
CRE 25/11/2010 - 8.14
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0446

Debates
Jueves 25 de noviembre de 2010 - Estrasburgo Edición DO

9. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
PV
  

Explicaciones de voto orales

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0683/2010)

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución sobre las negociaciones en curso sobre el presupuesto 2011. El fracaso de la reunión del Comité de Concertación Parlamento-Consejo de la semana pasada ha causado una inquietud significativa en toda la Unión Europea. Resulta lamentable que algunas personas todavía no sientan la necesidad de adherirse al Tratado de Lisboa. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre el presupuesto y otras cuestiones relacionadas antes de finales de año, esto tendrá graves consecuencias. La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior y las tres nuevas instituciones para supervisar las instituciones financieras de la Unión Europea sería muy difícil si faltara financiación. La escasez de fondos también significaría que la política de cohesión, una de las políticas más importantes de la Unión Europea, no se aplicaría adecuadamente, por no mencionar lo que les pasaría a la Estrategia Europa 2020 y el programa Galileo. Por lo tanto, creo que la posición flexible y constructiva del Parlamento Europeo demuestra una vez más que, ante las condiciones de la crisis financiera, el Parlamento Europeo realmente está actuando con responsabilidad.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señor Presidente, con respecto al desastre de las negociaciones sobre el presupuesto para 2011, quisiera decir lo siguiente: en primer lugar, el derecho a elaborar un presupuesto es un derecho fundamental de todo parlamento democrático. En segundo lugar, un parlamento que se toma a sí mismo en serio debe ejercer este derecho. En tercer lugar, me gustaría pedir al Consejo Europeo que respete y acepte este derecho evidente del Parlamento Europeo. Y cuarto, se debe hallar un proceso que asegure que se escucha al Parlamento Europeo cuando se trata de decisiones presupuestarias.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Señor Presidente, he votado a favor de este presupuesto y, por supuesto, está claro que si en el Parlamento tenemos competencia presupuestaria, deberíamos ejercerla.

Sin embargo, debemos pensar cómo podemos actuar con responsabilidad. Puedo decir que, en muchos aspectos, el contenido del presupuesto no refleja los ideales que compartimos en la Unión Europea. Deseo que podamos examinar a fondo muchas cuestiones de una forma que ponga de relieve la presencia de restos antiguos que ya no son relevantes y que nos anime a utilizar el presupuesto para analizar estos restos de nuevo. Desde luego, también es importante asegurarse de que la Unión Europea reciba su propia financiación, que de este modo le permita también llevar a cabo las funciones sobre las que nos hemos puesto de acuerdo y que se nos cruzan en el camino con el Tratado de Lisboa.

Cuando sugiero que hay algunas cuestiones sobre las que deberíamos adoptar una nueva perspectiva, tenemos antiguos restos, como por ejemplo el apoyo al cultivo de tabaco, entre otros, que no creo que cuenten ya entre las funciones de la Unión Europea actualmente. Debemos centrarnos en el presente, desarrollando un presupuesto que dé un verdadero impulso a la economía europea.

 
  
  

Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

 
  
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  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Saïfi porque ha logrado el objetivo que se propone de especificar cómo se deberían fortalecer los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales.

Eso permitirá que las principales organizaciones internacionales cooperen más estrechamente para dar cabida en los acuerdos multilaterales a los asuntos sociales. Sería útil que se reformara la Organización Mundial del Comercio para dar espacio a ese tipo de cooperación, aunque el ostracismo de algunos países dificultaría que se pusiera en práctica una reforma de este tipo.

De hecho, la cláusula de derechos humanos ya figura en los acuerdos internacionales más recientes y eso se convertirá en la práctica habitual para futuros acuerdos comerciales. Por tanto, lo que se necesita es asegurar la aplicación eficaz de las 27 convenciones para que los países se beneficien del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y de las medidas que le acompañan diseñadas para mejorar la capacidad de aplicación.

Por último, cuando se reforme el SPG, este debería centrarse en los países más necesitados.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución. Como ponente del Parlamento del informe anual sobre los derechos humanos en el mundo este año, no puedo más que reiterar la importancia de las cláusulas y normas de derechos humanos en los acuerdos comerciales internacionales.

El comercio representa una parte importante a la hora de garantizar no solo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos y sociales. Simplemente piensen en el papel que pueden desempeñar los programas de asistencia relacionados con el comercio al asegurar el desarrollo en muchos países pobres de todo el mundo. Debemos tener presente que las cláusulas de derechos humanos se incluyen en todos los acuerdos comerciales bilaterales que realiza la UE y también en sus regímenes SPG y SPG+ con los países en desarrollo.

Deberíamos hacer que estas cláusulas y condiciones fueran más robustas y vigilar de cerca su aplicación. Asimismo, deberíamos considerar que se realizara una evaluación en materia de derechos humanos de los países no pertenecientes a la UE que mantienen relaciones comerciales con la UE y que se concedieran preferencias comerciales a los países que realmente hayan ratificado y aplicado las convenciones internacionales fundamentales sobre el desarrollo sostenible, los derechos sociales y la buena gobernanza.

 
  
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  Daniel Hannan (ECR).(EN) Señor Presidente, la finalidad del comercio es maximizar la prosperidad y beneficiar a ambos participantes. Los países no comercian unos con otros: lo hacen las empresas y las personas. Sin embargo, en este informe, y de forma más general en la política comercial de la UE, vemos la determinación de la Comisión de introducir en sus acuerdos comerciales todo tipo de criterios no comerciales: no solo aquellos que tratan sobre los derechos humanos, las normas medioambientales, etc., sino también, y de una forma bastante más perjudicial, aquellos que insisten en que otras partes del mundo se agrupen en bloques comerciales regionales a imitación de la UE.

El objeto del comercio consiste en intercambiar a costa de las diferencias. No tiene ningún sentido obligar, pongamos por ejemplo, a los países de América Central a formar una unión comercial entre ellos en la que se vendan entre ellos plátanos, café y flores. Igualmente, tampoco hay mucha ventaja en tener en Europa un bloque de economías industrializadas similares, donde nos hemos apartado a nosotros mismos de los mercados en crecimiento del resto del mundo. Resulta perjudicial para las naciones en desarrollo y para la Anglosfera y es particularmente desastroso para mi país, que se encuentra atrapado en una unión aduanera regional reducida y cada vez menor.

 
  
  

Informe: Ivo Belet (A7-0286/2010)

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señor Presidente, los medios de comunicación representan un papel muy especial e importante en nuestra sociedad democrática. Ellos garantizan la información de alta calidad y, por lo tanto, contribuyen considerablemente al funcionamiento de nuestra democracia. Estoy convencido de que un entorno de medios de comunicación públicos de alta calidad y bien equilibrado también influye positivamente en la calidad de los medios privados. Tanto los medios públicos como los privados se necesitan mutuamente y tienen una influencia positiva entre ellos. Si queremos un entorno de medios de comunicación informativos y bien equilibrados, debemos apoyar a los organismos públicos de radiodifusión como equivalentes a los organismos privados de radiodifusión. Esta es una de las claves para la libertad de la prensa y sin ella no puede existir ninguna libertad de expresión con sentido en nuestra comunidad.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Señor Presidente, he votado a favor de este informe del señor Belet, que se opone a la recomendación de nuestro Grupo, porque yo mismo creo que es muy importante que reconozcamos la necesidad de proteger los servicios públicos de radiodifusión, incluidos aquellos ofrecidos por las empresas nacionales de radiodifusión. Esta es una cuestión muy importante y podría decirse que en las democracias sólo hemos tenido experiencias en su mayoría positivas al respecto.

Es bastante cierto que también necesitamos canales comerciales. Estos dos tipos distintos de servicio, los canales comerciales y los del servicio público, pueden complementarse el uno al otro. En mi opinión, es un derecho absolutamente fundamental e indispensable para la libertad de expresión que exista un canal público que se mantenga con fondos públicos y que se centre en producir información temática y actualizada para los ciudadanos de los Estados nacionales y de toda Europa.

Creo que este informe es excelente y merece nuestro apoyo y espero que también represente una tendencia en el futuro en todos los Estados miembros de la UE para salvaguardar el servicio público de radiodifusión.

 
  
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  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe Belet porque reconoce y especifica el papel fundamental que desempeña el sector público de radiodifusión en Europa. Lo considero un avance importante para el Parlamento, que afirma claramente que es necesario que la radiodifusión pública siga siendo independiente del poder político.

Este informe parece haberse escrito especialmente para el caso de Italia, donde la RAI ahora se encuentra en avanzado estado de descomposición porque los partidos políticos se han apoderado de ella completamente, en detrimento de la profundidad cultural e informativa de la radiodifusión pública y, en consecuencia, de todo el país. Basta con observar lo que ocurrió la semana pasada en el programa llamado «Vieni via con me» (Quédate conmigo).

Los Minzolinis y Masis de la radiodifusión, los profesionales de la desinformación pública y sus pagadores, son incompatibles con el informe que el Parlamento ha aprobado hoy. La Unión Europea debería tomar nota y actuar en consecuencia. ¡No queremos más partidos políticos en la RAI!

 
  
  

Propuesta de resolución (RC-B7-0624/2010)

 
  
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  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución. El Parlamento Europeo debería celebrar la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad.

Un 90 % de las víctimas de guerra son civiles, en su mayoría mujeres y niños. La violación y la esclavitud sexual son la cruda realidad que sucede a diario en la guerra. En el marco de la Convención de Ginebra, se reconoce que la violación y la esclavitud sexual constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También se debe señalar que la violación es una forma de genocidio y está reconocida como tal por la comunidad internacional. Es de vital importancia que se obligue a aquellas personas que cometen estos crímenes a rendir cuentas por sus actos.

Las mujeres deben participar en las medidas adoptadas para intentar prevenir los conflictos y promover la gestión de crisis y las negociaciones de paz. Asimismo, es importante hacer posible que las mujeres participen en la reconstrucción de sus países después de la guerra.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Señor Presidente, he votado a favor de esta importante resolución porque no podemos ignorar que los niveles de violencia contra la mujer van en aumento. En particular, esto puede verse en las zonas de guerra y conflicto. Estoy de acuerdo en que se debería prestar la debida atención a la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la primera resolución que abordó el impacto desproporcionado y excepcional de los conflictos armados en las mujeres, al más alto nivel en la Unión Europea. Esto debería ser un tema especialmente importante en la revisión en curso de la política de derechos humanos de la UE, a la hora de elaborar una estrategia global por país sobre los derechos humanos y de evaluar las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados y la lucha contra todas las formas de discriminación en su contra. Apoyo el llamamiento para que se asigne la financiación necesaria a combatir la violencia contra las mujeres y respaldar la participación de las mujeres en los procesos relacionados con la paz, la seguridad y la reconciliación.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0622/2010)

 
  
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  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Señor Presidente, he votado a favor de la resolución sobre la apicultura y en apoyo al sector de la apicultura porque esta forma de producción agrícola es la actividad agrícola más especializada que se lleva a cabo. Cuando normalmente pensamos en los insectos, las asociaciones que nos evocan no son especialmente agradables. Los insectos no son criaturas agradables, pero tenemos que convivir con ellos. No obstante, este hecho simplemente pone de relieve que las abejas son los únicos insectos a los que se ha utilizado para fines relativos a la producción agrícola y de alimentos. Esto demuestra lo sumamente importantes que son.

No olvidemos tampoco que, sin las abejas, no tendríamos gran parte de los demás productos que tenemos, puesto que ellas son las responsables de la polinización. Es de vital importancia que el Parlamento Europeo se asegure una y otra vez de que se armonizan las normas, especialmente en la agricultura, y en particular en el caso de la apicultura, entre la UE y los países que no pertenecen a la UE. La Comisión debe tomar nota de esto.

 
  
  

Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

 
  
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  Jens Rohde (ALDE).(DA) Señor Presidente, permítanme dar las gracias a la señora Kolarska-Bobińska por su acertada cooperación y un informe excelente, un informe que aquí en el Parlamento hoy se ha hecho mejor de lo que ya era antes gracias a que la mayoría del Parlamento ha adoptado una postura firme a favor de que en Europa incrementemos nuestro objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 20 % al 30 %. Esa es la condición previa para convertirnos en pioneros y no solo avanzar en el ámbito del medio ambiente, sino también asegurar que lleguemos a ser competitivos en la esfera de la tecnología medioambiental y ecológica. De esta forma, protegeremos los empleos, la economía y el medio ambiente al mismo tiempo y hallaremos respuestas simultáneas a los principales retos que afrontamos en Europa. Hoy ha sido un buen día para Europa con esta votación.

 
  
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  Jan Březina (PPE). (CS) Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la estrategia energética, que esboza las direcciones que debería tomar la futura política energética de la Unión Europea. Quisiera destacar el papel de la energía nuclear en la actual y futura combinación energética de la UE, incluido un reconocimiento implícito de la necesidad de ampliar la vida útil de las infraestructuras existentes. La estrategia puede considerarse equilibrada desde la perspectiva de fuentes individuales, aunque no menciona ni una sola vez la que es, desde mi punto de vista, la función importante del carbón cuando se quema en centrales eléctricas modernas. Es difícil ver cómo podemos incrementar la seguridad e independencia energéticas de la UE sin el carbón como recurso primario estable capaz de responder con flexibilidad a aumentos repentinos de la demanda energética. El punto débil es la naturaleza excesivamente general del informe y la ausencia de legislación pertinente. La forma concreta y práctica de la estrategia también estará enormemente influenciada por el plan de acción que se está elaborando para lograr una economía con bajas emisiones de carbono antes de 2050, el cual se publicará a principios del próximo año.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Señor Presidente, he votado a favor de este importante documento, que contribuye de forma constructiva al debate que estamos manteniendo en Europa sobre una estrategia energética común creíble.

La seguridad energética es, sin duda, uno de los aspectos clave de esa estrategia. La UE debe fomentar una política energética común, cuando no única. A los reguladores e instituciones de toda Europa se les debería atribuir un papel más importante. La Comisión Europea debe desempeñar un papel más fuerte en las gestiones encaminadas a desarrollar rutas energéticas alternativas, lo primero de todo, desde Azerbaiyán y Asia Central y desde el Norte de África y otros países también. Europa debe invertir más en terminales de GNL y ayudar a que sus nuevos miembros hagan lo mismo.

También se necesitan otras medidas, como por ejemplo mejorar la eficiencia energética, invertir en energía nuclear y crear incentivos para las tecnologías de energía renovable. Una pieza esencial del puzle es la liberalización del mercado energético interior de la UE. Por eso deberíamos apoyar sin reservas la iniciativa del Presidente Buzek y el anterior Presidente de la Comisión, Jacques Delors, de establecer una comunidad energética europea.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Señor Presidente, también pienso que este informe de la señora Kolarska-Bobińska es excelente. Es importante que este ponga a prueba una estrategia energética europea para los próximos diez años. Asimismo es excelente que conceda mucha atención a la noción de lo que es la seguridad del suministro energético, aunque también a la eficiencia energética y sin olvidar el ahorro de energía. Estas cuestiones son importantes.

Además, es muy importante que invirtamos en investigación y nuevas aplicaciones para distintas tecnologías medioambientales. Las innovaciones en este ámbito serán muy necesarias si queremos construir una Europa que sea más limpia y menos dependiente de otros en cuestión de energía. Por lo tanto, tenemos que pensar principalmente en formas de energía alternativas. Es cierto que necesitamos la energía nuclear como forma básica de energía, pero necesitamos nuevas inversiones en energías alternativas. Espero que poco a poco podamos dejar de utilizar el carbón. No deseo ver un futuro negro como el carbón para la energía en Europa.

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre la estrategia energética de la Unión Europea que abarca muchos puntos y cuestiones importantes y en el que se habla de la energía renovable, la investigación, las innovaciones, la reducción de la contaminación y, por supuesto, el aumento de la seguridad energética. En particular, apoyo la disposición del Parlamento Europeo de que las redes de energía, incluso aquellas de naturaleza comercial, deben regirse por acuerdos intergubernamentales transparentes que no afecten a los intereses de los Estados miembros. Los acuerdos y proyectos bilaterales de algunos Estados miembros, como por ejemplo el gaseoducto Nord Stream, provocan desconfianza no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también en términos del principio general de solidaridad. Dos países logran un acuerdo y, aunque uno de ellos sea un Estado miembro de la UE, el principio de solidaridad de los Estados miembros que se establece en los tratados comunitarios básicamente se deja de lado. Por esta razón, estoy de acuerdo en que los conductos externos y demás redes de energía que entren en el territorio de la Unión Europea deben regirse por acuerdos intergubernamentales transparentes, elaborados estrictamente de conformidad con la legislación de la UE. Estos conductos deberían estar sujetos a las normas del mercado interior, incluidas normas tales como el acceso de terceros.

 
  
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  Seán Kelly (PPE).(GA) Señor Presidente, me alegro de haber votado a favor de este informe y deseo felicitar a mi colega y amiga, la señora Kolarska-Bobińska, por el buen trabajo que ha realizado.

Asistí al debate que se celebró en el Parlamento pero no conseguí llamar la atención del Presidente mediante la solicitud incidental de intervención. Así que me gustaría hacer dos observaciones: que la Unión Europea debería centrarse en la investigación, el desarrollo y la innovación; y que se debería crear una red europea para el almacenamiento y la transmisión de electricidad en toda la Unión. Si actuamos de este modo, conseguiremos grandes avances.

Por último, quiero decir que me complace que una gran mayoría de diputados haya votado a favor de este informe.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0616/2010)

 
  
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  Jens Rohde (ALDE).(DA) Señor Presidente, me alegro de que el Parlamento haya aprobado una resolución que establece una propuesta de negociación que respaldará a nuestro Comisario encargado del clima, que va a ir a Cancún a negociar. No obstante, también pienso que, considerando que tuvimos problemas importantes para hacer que la UE hablara con una sola voz en la COP 15 en Copenhague el año pasado, da qué pensar que estemos tan divididos en el Parlamento, como era evidente en las votaciones tanto sobre las enmiendas como sobre la resolución general. En este sentido, creo que quizás podríamos aprender algo de que podría ser provechoso moderarse un poco en las demandas de una tasa Tobin y otras tasas, porque esto, entre otras cosas, provoca divisiones en el Parlamento. En igualdad de condiciones, habría sido mejor que hubiéramos reducido nuestras demandas y, por lo tanto, hubiéramos enviado a nuestros negociadores con un mandato amplio y menos ambiguo, no como ha sucedido hoy aquí.

 
  
  

Propuesta de resolución (RC-B7-0675/2010)

 
  
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  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Señor Presidente, hay quien ha dicho que la condena a Marruecos es demasiado suave, dada la magnitud de la represión de los derechos humanos en el Sáhara, en el que Marruecos no es más que un país ocupante, sin soberanía ni título legal alguno. Pero lo importante es el mensaje de que Europa entera y este Parlamento no soportamos más su violencia.

Ayer hablaba del Tribunal de la Haya en este mismo Parlamento. La comunidad internacional, que tristemente fracasó en su intento de evitar el genocidio en Ruanda, Yugoslavia y Darfur, espero que evite, en este caso, el del Sáhara Occidental y no tengamos que verlo ante otro Tribunal, también de la Haya, como decía, pero esta vez de crímenes de guerra.

 
  
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  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Señor Presidente, resulta lamentable que la política exterior que practican algunos países de la UE siga teniendo un carácter muy colonial. Eso ha sido muy obvio en el caso del Sáhara Occidental. España y Francia, que apoyan a Marruecos, son especialmente responsables de prolongar el conflicto. El Sáhara Occidental es la última colonia de África y con una resolución de las Naciones Unidas en 1966 se propuso por primera vez que el territorio fuera liberado del dominio colonial.

La situación del Sáhara Occidental ha empeorado recientemente. Las autoridades marroquíes han usado una violencia desmesurada y se han producido denuncias de numerosos casos de muertes, agresiones y desapariciones. La zona de crisis también ha sido bloqueada para que no pueda recibir ni siquiera ayuda internacional. La crisis actual del Sáhara Occidental y todo el conflicto deberían resolverse lo antes posible. Esta es una tarea de la Ministra de Asuntos Exteriores de la UE, la señora Ashton, y también de todos los Estados miembros de la UE.

 
  
  

Propuesta de resolución (RC-B7-0650/2010)

 
  
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  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Señor Presidente, naturalmente he votado a favor de la resolución sobre Ucrania. Ya presenté en gran parte mis argumentos durante el debate de ayer.

Sin embargo, quiero aprovechar esta intervención para hacer una aclaración muy importante porque durante el debate de ayer se dijo algo que es incorrecto. En aquel momento, es más que probable que el señor Brok se confundiera con el uso de términos erróneos. No obstante, él dijo que el jefe de los servicios de seguridad nombra y participa en el nombramiento de jueces constitucionales en Ucrania.

He comprobado este dato esta tarde y he podido confirmar que esto no es así. El Tribunal Constitucional es nombrado por el Presidente, el Parlamento de Ucrania y la judicatura. En la práctica, el jefe de los servicios de seguridad no participa en el nombramiento de jueces para el Tribunal Constitucional. Simplemente quería aclararlo.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Señor Presidente, por fin tenemos una resolución sobre Ucrania aprobada por nuestro Parlamento. Por supuesto, nos preocupan los recientes acontecimientos sucedidos en el país. Si Ucrania es nuestro socio estratégico, entonces, según tengo entendido, tenemos el deber de expresar nuestra preocupación sobre las deficiencias que observamos, como por ejemplo, las competencias excesivas que se conceden a los servicios de seguridad de Ucrania y las medidas que han tomado para intimidar a las ONG que operan en ese país y para controlar los medios de comunicación.

También nos preocupa el proceso político en su conjunto, en especial que los partidos de la oposición no puedan participar en las elecciones sin restricciones ni discriminación. Por otro lado, deberíamos seguir apoyando las perspectivas de integración europea de Ucrania y utilizar más zanahorias que palos a la hora de intentar que Ucrania se acerque a Europa —en vez de que se aleje de ella— y hacer cuanto esté en nuestra mano para lograr este objetivo estratégico que tenemos.

 
  
  

Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Señor Presidente, la Unión Europea realiza una política de protección medioambiental muy amplia, que también abarca la agricultura y la industria. Sin embargo, en las actuales condiciones de producción y competencia, no es posible que deje de utilizar productos químicos en la agricultura ni que cambie los métodos empleados para fabricar productos de tal manera que no requieran un gran gasto de energía. Acusar a la Unión de que no es el líder en política ecológica y proponer a los Estados Unidos y China como modelos es muy poco apropiado. Al fin y al cabo, estos países son líderes en emisiones de CO2. No obstante, la importancia primordial de la protección medioambiental es un hecho innegable, por lo cual deberíamos esforzarnos para hacer que la economía europea sea sostenible, en especial las esferas de la industria, la agricultura y el transporte. Los productos de la naturaleza son nuestros bienes más preciados y algo que es muy difícil de recuperar una vez que se ha perdido. Por lo tanto, se debería hacer todo lo posible por encontrar el proverbial punto medio.

 
  
  

Informe: Harlem Désir (A7-0317/2010)

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Señor Presidente, hallar un equilibrio entre los intereses económicos y sociales es muy importante, pero también muy difícil. La cooperación económica que va de la mano con el respeto por las normas básicas de la democracia y el bienestar de sus ciudadanos constituye la base de la Unión Europea. Por eso es tan importante introducir normas unificadas para los derechos humanos, así como normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. Aprobar este tipo de norma dentro de la política comercial de la Unión Europea hará que los ciudadanos perciban esto último de forma positiva y también que mejoren las relaciones de la UE con sus socios. La cooperación internacional en este ámbito es especialmente importante y el Parlamento Europeo debería apoyarla en la mayor medida posible.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0623/2010)

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Señor Presidente, los acuerdos horizontales abarcan una amplia variedad de reglamentos y los errores en las disposiciones legislativas, ya sean intencionados o no, pueden dar lugar a que se elimine la competencia. Por lo tanto, hay una cuestión fundamental y, al mismo tiempo, una que es susceptible de errores. Se debe asegurar el equilibrio mediante reglamentos apropiados que normalicen procedimientos y promuevan el acuerdo entre las partes interesadas. No se pueden pasar por alto los derechos de propiedad intelectual y no respetarlos debe implicar serias consecuencias. También apoyo las peticiones de la autora respecto a mejorar la calidad de los textos legislativos que se crean. El lenguaje que se emplea hoy en día en numerosos documentos con mucha frecuencia es difícil de entender y resulta inaccesible para el ciudadano medio.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0683/2010)

 
  
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  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) De nuevo, se está interpretando una farsa entre los representantes políticos del capital y los gobiernos burgueses con el fin de manipular a la población. Lo principal no es si conseguiremos o no un aumento en el presupuesto, sino adónde irá el dinero. Eso también se ha de decidir. Los subsidios agrícolas para las explotaciones medianas y pobres, se han recortado de acuerdo con la PAC, mientras que el dinero procedente de los fondos agrícolas se destina a proyectos «adecuados», es decir, proyectos adjudicados directamente o a través de colaboraciones público-privadas a grandes grupos empresariales. Así pues, el presupuesto de la UE también se usa para canalizar fondos a los grupos monopolísticos. Por otro lado, todo incremento del presupuesto comunitario se destinará a financiar la política y las medidas antipopulares de la UE, como por ejemplo el mecanismo recién adoptado del Servicio Europeo de Acción Exterior para facilitar la actuación político-militar intervencionista e imperialista de la UE.

El presupuesto de la UE es otro instrumento más para recortar los ingresos populares y redistribuirlos al capital monopolístico. Las disputas imperialistas que se producen en el seno de la UE no preocupan a la población; lo que preocupa es la lucha entre las clases burguesas y partes del capital en lo que respecta a quién conseguirá la mayor parte del botín robado de los ingresos populares.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Estoy segura de que ustedes son conscientes de los problemas que de nuevo sacudieron a la Unión Europea cuando llegó la hora de aprobar el presupuesto para 2011. La Comisión Europea y el Parlamento deseaban un aumento de alrededor del 5 % con objeto de aplicar nuevas políticas europeas (regulación del mercado financiero, política exterior común, etc.) que se han creado como respuesta a los retos que afrontamos. En vista de los actuales recortes presupuestarios, el Parlamento decidió finalmente acceder a que este aumento se redujera al 2,91 %, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones políticas (debate sobre la concesión de recursos propios a la Unión Europea con objeto de poner fin al tira y afloja entre los Estados miembros, la flexibilidad presupuestaria y la financiación de prioridades estratégicas clave). Puesto que el Consejo Europeo ha rechazado estos términos, he votado a favor de la nueva resolución que expone con claridad la posición sumamente razonable, constructiva e incluso ambiciosa del Parlamento. Aunque mis colegas diputados y yo deseamos apretarnos los cinturones junto con todos los demás en Europa, también queremos destacar lo importantes que son las contribuciones europeas en cuanto a coordinar y apoyar las políticas aplicadas por la Unión.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He dado mi apoyo a esta resolución. El Tratado de Lisboa ha introducido muchos cambios importantes en diversos ámbitos y ha otorgado nuevas competencias al Parlamento Europeo. El infructuoso intento de alcanzar un acuerdo con el Consejo Europeo sobre el presupuesto para 2011 fue el primer esfuerzo serio del Parlamento Europeo por utilizar las competencias que se le habían asignado. El Parlamento Europeo está dispuesto a llegar a un acuerdo lo antes posible para que la UE pueda comenzar 2011 con el presupuesto aprobado y para que no se retrase la financiación de esferas y proyectos importantes. No obstante, cabe mencionar los requisitos del Parlamento Europeo en el acuerdo con el Consejo y se debe llegar a un acuerdo sobre ciertos mecanismos de flexibilidad, que permitan una financiación adecuad, en 2011 y a partir de entonces, de las políticas que surgen de las nuevas competencias otorgadas a la UE en virtud del Tratado de Lisboa y de la Estrategia Europa 2020. Debe existir un compromiso por parte de la Comisión con las presentes propuestas sobre nuevos recursos propios para la UE y se debe llegar a un acuerdo con el Consejo acerca del examen de la estructura financiera. Además, se debe alcanzar un acuerdo entre las tres instituciones sobre un método para trabajar juntas que incluya la participación del Parlamento en el proceso de negociación del próximo marco financiero plurianual. El Parlamento Europeo debe cumplir los requisitos que ha presentado. No solo dependerá de dichos requisitos el establecimiento del presupuesto de la UE en el futuro; sino que estos también sentarán un precedente para ampliar la influencia de la única institución elegida directamente en la gobernanza de la Unión Europea.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) El Parlamento Europeo no debe ceder a la presión de la Comisión Europea para que acepte el presupuesto de 2011. Esto equivaldría a que el foro más democrático de la Comunidad Europea y el único que es elegido directamente, infringiera las enmiendas del tratado, las cuales constituyen la base del funcionamiento de la Unión. Las reacciones de los líderes de la Comisión Europea dan a entender que el poder ejecutivo de la Unión tiene la impresión de que el Parlamento no está de acuerdo con el presupuesto que se ha elaborado precisamente para demostrar quién manda de verdad. Sin embargo, el Parlamento, que votó en su totalidad en contra del presupuesto de 2011 propuesto por la Comisión, evidentemente tiene cosas más importantes que hacer que dedicarse a vanas luchas de poder. En realidad, el presupuesto no tiene en cuenta las nuevas competencias de la Unión ni contempla la financiación de la Estrategia UE 2020, que goza de acuerdo unánime.

No podemos ser poco coherentes a la hora de tomar nuestras propias decisiones. No podemos diseñar y aprobar estrategias con buenas intenciones sin ofrecer también la aportación financiera para aplicarlas. El Parlamento tiene el derecho a crear el camino por el que avanzará la Unión el año que viene, un derecho que le otorga el Tratado de Lisboa. La unidad de acción adoptada por todos los grupos parlamentarios en el legislativo europeo sólo sirve para demostrar que es necesario revisar el presupuesto de una forma mucho más flexible.

 
  
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  Françoise Castex (S&D), por escrito. (FR) Hemos votado a favor de esta resolución porque nos recuerda, en términos técnicos, los tres requisitos de los que depende la votación del Parlamento sobre el presupuesto de 2011: a saber, mantener la opción de movilizar el instrumento de flexibilidad, que es un instrumento presupuestario necesario para asegurar la financiación mínima de las competencias y prioridades comunitarias; el compromiso de la Comisión Europea de formular propuestas concretas sobre nuevos recursos propios desde ahora hasta julio de 2011; y la firme participación del Parlamento en futuros debates sobre el sistema de financiación de la Unión Europea, en concreto sobre la cuestión de los recursos propios y la elaboración del próximo marco financiero. Esta resolución confirma los cambios que introduce el Tratado de Lisboa en el Consejo a fin de que este por fin reconozca la nueva legitimidad del Parlamento en asuntos presupuestarios. Más allá de la batalla interinstitucional, debemos darnos cuenta de que la cuestión de la integración europea y el futuro del proyecto comunitario están en juego en este debate sobre el presupuesto, donde el Parlamento una vez más representa el espíritu comunitario y el respeto por los ciudadanos de la Unión. Por último, los Estados miembros, que han ratificado este tratado por separado, deben conocer muy bien sus requisitos y asumir las ambiciones que en él se incluyen.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Antes de que la Comisión proponga un nuevo proyecto de presupuesto, el Parlamento Europeo quería reafirmar el papel que pretende desempeñar en las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual. Debemos establecer tres condiciones: primero, mantener un mecanismo de flexibilidad, en particular para poder movilizar millones de euros en ayuda de emergencia para países en desarrollo; segundo, que la Comisión ofrezca propuestas sustantivas sobre nuevos recursos propios; y tercero, que el Consejo se comprometa a examinar esas propuestas junto con el Parlamento durante las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual. La resolución ha sido aprobada por amplia mayoría, lo cual indica la determinación del Parlamento de apoyar la aprobación del presupuesto de 2011 sólo si se cumplen estas tres condiciones.

 
  
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  Göran Färm, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito.(SV) Lamentamos que las negociaciones hasta ahora no hayan logrado resultados. Una minoría de Estados miembros, entre ellos Suecia, ha bloqueado la continuación de las negociaciones, a pesar de que el Parlamento Europeo contribuyó mucho a las negociaciones aceptando la propuesta presupuestaria del Consejo para 2011, ofreciendo una solución para los extensos y complejos proyectos de financiación, como por ejemplo el programa de investigación sobre fusión ITER, y prometiendo una rápida aprobación del presupuesto rectificativo nº 10, que implicaba que los Estados miembros recibieran más de 600 millones de euros.

La resolución del Parlamento subraya que las negociaciones deberían continuar, pero también establece requisitos para el futuro.

Para que la UE impida más crisis presupuestarias y consiga financiar las principales prioridades, como la política climática y la Estrategia UE 2020, se necesitará más flexibilidad dentro del presupuesto de la UE durante los próximos años. Sin embargo, no creemos que haga falta aumentar el nivel general del presupuesto de la UE. A fin de evitar el riesgo de un veto, por parte del Parlamento, si sólo se le permite aprobar una posición sobre un paquete entre los Estados miembros cuando las negociaciones ya hayan finalizado, nosotros también creemos que se debería permitir que el Parlamento Europeo participara en las negociaciones preparatorias sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE posterior a 2013 y en los debates sobre la futura financiación de este presupuesto a largo plazo, sin que, por ello, se adopte básicamente una posición sobre la cuestión de los recursos propios. Por último, nos gustaría destacar que estos requisitos no van más allá de la competencia que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En la actualidad estamos experimentando una situación de estancamiento institucional en lo que concierne al presupuesto para 2011, con algunos Estados miembros que bloquean la propuesta de la Comisión en el Consejo. Espero que este estancamiento se supere lo antes posible, puesto que el presupuesto tiene que respetar los compromisos y responsabilidades de la Unión Europea en el marco del Tratado de Lisboa.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El Parlamento quiere que se respete el Tratado de Lisboa y que prevalezca la paz institucional en el seno de la UE. De hecho, según se establece en el Tratado de Lisboa, el Parlamento tiene que participar —votando o dando opinión— en el nuevo acuerdo interinstitucional, en el próximo marco financiero plurianual y en la creación de nuevos recursos propios. En lo que se refiere al acuerdo interinstitucional, es obvio que el respeto por los compromisos contraídos por las instituciones europeas, en concreto el Consejo, depende de la existencia de flexibilidad con respecto al actual marco financiero plurianual.

La Estrategia Europa 2020, el Programa ITER (Reactor termonuclear experimental internacional), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los supervisores financieros son algunos ejemplos que necesitan financiación. El Consejo tiene que incorporar el Tratado de Lisboa, desde el punto de vista de las nuevas esferas que se someten a la jurisdicción de la Unión Europea, como queda reflejado en el presupuesto, y desde el punto de vista del refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo, en especial con respecto al presupuesto. De hecho, estos cambios fortalecen la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión. De este modo, tenemos una gobernanza más democrática siguiendo el método comunitario en lugar del camino intergubernamental. El Parlamento pide lo mínimo de lo que sería conveniente, teniendo en cuenta las limitaciones de los Estados miembros.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) No estamos de acuerdo con la propuesta de presupuesto para 2011. Pero tampoco estamos de acuerdo con muchas de las justificaciones que la mayoría del Parlamento presenta para impedir que se apruebe el presupuesto para 2011.

El debate que ha comenzado sobre las perspectivas financieras posteriores a 2013 ya es deficiente por varias razones, entre ellas, la incapacidad de las instituciones europeas —el Parlamento y el Consejo— para llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el presupuesto de 2011; los intentos por parte de varios Estados miembros de forzar una reducción de los fondos para futuros presupuestos; la insistencia de otros en nuevos recursos propios para la UE, sugiriendo la creación de impuestos europeos además de los impuestos nacionales, pagados por los ciudadanos y no por el sector financiero; la insistencia en la plena aplicación del Tratado de Lisboa; y la oposición de los países ricos a aumentar considerablemente sus contribuciones al presupuesto de la UE.

En cualquier caso, aunque estamos de acuerdo con que las nuevas responsabilidades deberían implicar nuevos recursos, no podemos ofrecer nuestro apoyo a una resolución que no defiende una distribución de fondos comunitarios con vistas a la cohesión económica y social, afrontar la crisis y apoyar el empleo con derechos, sin fortalecer el militarismo o la represión.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución sobre las actuales negociaciones del presupuesto para 2011 porque es fundamental que el Parlamento asuma su nuevo y legítimo papel en la elaboración del presupuesto de la Unión Europea ahora que el Tratado de Lisboa ha entrado en vigor. Puesto que el Comité de Concertación no ha llegado a un acuerdo a pesar de todos los esfuerzos del Parlamento, hemos insistido en varios puntos en los que el Consejo debe ser flexible. En primer lugar, la necesidad de una mayor flexibilidad hasta el final del marco financiero plurianual 2007-2013 con el fin de tener en cuenta las nuevas competencias otorgadas a la Unión Europea y, en segundo lugar, que el Parlamento participe totalmente en las negociaciones sobre el marco financiero posterior a 2013. Por último, cuando la Comisión haya accedido a presentar propuestas detalladas sobre la creación de recursos propios para la UE, queremos que el Consejo se comprometa a que el Parlamento esté incluido por completo en las discusiones sobre esas propuestas. Esta resolución transmitirá un mensaje firme al Consejo Europeo cuando se reúna los días 16 y 17 de diciembre de 2010.

 
  
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  Anna Hedh (S&D), por escrito. (SV) Lamento que las negociaciones hasta ahora no hayan logrado resultados. Una minoría de Estados miembros, entre ellos Suecia, ha bloqueado la continuación de las negociaciones, a pesar de que el Parlamento Europeo contribuyó mucho a las negociaciones aceptando la propuesta presupuestaria del Consejo para 2011, ofreciendo una solución para los extensos y complejos proyectos de financiación, como por ejemplo el programa de investigación sobre fusión ITER, y prometiendo una rápida aprobación del presupuesto rectificativo nº 10, que implicaba que los Estados miembros recibieran más de 600 millones de euros.

La resolución del Parlamento subraya que las negociaciones deberían continuar, pero también establece requisitos para el futuro.

Para que la UE impida más crisis presupuestarias y consiga financiar las principales prioridades, como la política climática y la Estrategia UE 2020, se necesitará más flexibilidad dentro del presupuesto de la UE durante los próximos años. Sin embargo, no creo que haga falta aumentar el nivel general del presupuesto de la UE. A fin de evitar el riesgo de un veto, por parte del Parlamento, si sólo se le permite aprobar una posición sobre un paquete entre los Estados miembros cuando las negociaciones ya hayan finalizado, yo también creo que se debería permitir que el Parlamento Europeo participara en las negociaciones preparatorias sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE posterior a 2013 y en los debates sobre la futura financiación de este presupuesto a largo plazo, sin que, por ello, se adopte básicamente una posición sobre la cuestión de los recursos propios. Por último, me gustaría destacar que estos requisitos no van más allá de la competencia que el Tratado de Lisboa otorga al Parlamento y aunque estoy en contra de la introducción de este tratado, creo que ahora no tenemos otra elección más que aceptar las consecuencias de su ratificación y trabajar de conformidad con sus disposiciones.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito.(DE) El presupuesto de la Unión Europea constituye el marco en el que pueden actuar sus Estados miembros. Especialmente en tiempos de incertidumbre económica, es importante poder basarse en compromisos adquiridos en este sentido. Debe ser posible que la población tenga confianza en que realmente podrá disponer de los fondos. Con esto me refiero en particular a los agricultores. El hecho de que existan fondos no utilizados en el ámbito de la agricultura no significa que no se necesiten. Sólo significa que se han gestionado con mucho cuidado. No se debe castigar a los agricultores por esto destinando los fondos a otras esferas. Por el bien de los ciudadanos de la UE, se debe proteger económicamente a la agricultura. Se ha de llegar a un acuerdo lo antes posible para que podamos aprobar el presupuesto de 2011. Sólo cuando hayamos hecho eso, se podrá proteger la financiación de la agricultura y se podrán evitar los obstáculos nacionales.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) He votado a favor de la resolución sobre el presupuesto pero me he abstenido en la enmienda 1b, que trata sobre los nuevos recursos propios. Sin duda, creo que la UE debería buscar nuevas fuentes de financiación, pero no creo que esto deba hacerse buscando compromisos anticipados por parte del Consejo. Deberíamos mantener un debate abierto sobre todas las opciones.

 
  
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  Barbara Matera (PPE), por escrito. (IT) Si el Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo sobre el presupuesto de 2011 antes de finales de este año, esto puede tener consecuencias importantes para la financiación de los programas de la Unión, provocar graves retrasos en la creación de los órganos de supervisión y hacer que instrumentos de emergencia como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el Fondo de Solidaridad sean inviables.

No obstante, el Parlamento necesita actuar con firmeza en futuras negociaciones. De hecho, lo que pide al Consejo es simplemente que respete las competencias otorgadas por el Tratado de Lisboa. El Parlamento no ha hecho nada excepto defender el presupuesto de la UE de recortes irreflexivos, que habrían afectado al empleo y habrían hecho que la población de Europa pagara las consecuencias de la intransigencia de unos pocos Estados miembros. Espero sinceramente que en las próximas negociaciones predomine un gran sentido de la responsabilidad, para evitar que a la actual crisis económica se sume una crisis institucional.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Tratado de Lisboa ha dado nuevas responsabilidades al Parlamento y estas conllevan un aumento de costes. Estas necesidades requieren un presupuesto para 2011 que sea un poco más elevado que el de 2010, para que el Parlamento pueda desempeñar su función correctamente. Nadie se beneficia del punto muerto al que se ha llegado en las negociaciones con el Consejo y, a pesar de la crisis que Europa está atravesando, es necesario llegar a un entendimiento para que la UE pueda cumplir los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Especialmente en tiempos de crisis financiera, cuando se está pidiendo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón y acepten recortes masivos en las esferas sociales y relacionadas con la familia, también debe ser posible un ahorro riguroso en el presupuesto de la UE. En lugar de esto, está previsto un aumento de un 3 %. Algunos proyectos simplemente se han postergado de tal manera que, en el futuro inmediato, tengamos la perspectiva de sólo el gasto importante más inmediato. Habría numerosas oportunidades de ahorro, por ejemplo, en relación con las dos ubicaciones de las sesiones plenarias, o dando prioridad por fin a la lucha de la UE contra el fraude y recuperando por completo los fondos que se han pagado incorrectamente. También debemos considerar si todos los proyectos prestigiosos deberían continuar realmente. Algunos de ellos sin duda también estarán orientados al futuro, pero la ejecución de algunos proyectos suscita dudas en cuanto a su planteamiento o base lógica. No puedo apoyar este presupuesto de la UE para 2011 bajo ninguna circunstancia.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Las conversaciones sobre el presupuesto han fracasado debido al conflicto existente entre la estabilidad y adaptabilidad presupuestarias. Por lo tanto, los representantes del Parlamento Europeo están pidiendo mayor flexibilidad presupuestaria, pero sin considerar los intereses de los países que son contribuyentes netos. Son los contribuidores netos los que financian la UE, son los responsables de reiniciar el motor de la economía tras la crisis y los que están rescatando a los países con grandes déficits presupuestarios y al euro. Por lo tanto, está justificado que estos se atengan a las dotaciones presupuestarias vinculantes, para que el balance neto no pueda cambiarse con carácter retroactivo por capricho y malgastarse de ese modo el dinero. Quienes invierten y abonan dinero deben asegurarse del mayor nivel posible de estabilidad. De igual modo, la actitud crítica hacia la fiscalidad comunitaria no tiene nada que ver con una supuesta «falta de solidaridad». Simplemente se debe a que la mayoría de los Estados miembros se oponen claramente a ello y están manteniendo la ratificación por parte de los Parlamentos nacionales en aras de la subsidiariedad. La «emancipación del Parlamento Europeo» que se cita tan a menudo en este contexto me parece que se trata más bien de una preocupante emancipación de los ciudadanos de la UE. Por lo tanto, he votado en contra de esta propuesta de resolución.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Como la gran mayoría de los diputados, he votado a favor del proyecto de presupuesto porque creo que el Parlamento debe ser tenido en cuenta. Pero no solo desde un punto de vista simbólico, debido a que el Parlamento representa a 500 millones de europeos, sino sobre todo, desde un punto de vista «constitucional», ya que el tratado establece que el propio Parlamento dé su conformidad a la aprobación del futuro marco financiero plurianual (MFP).

El aumento que el Parlamento está pidiendo no es un capricho, sino que está encaminado a beneficiar a los ciudadanos de la Unión Europea. Los importantes beneficios derivados de los fondos y las iniciativas aplicadas en toda la Unión dan fe de ello. No obstante, coincido sin duda con quienes opinan que quizás deberíamos considerar que se distribuyan de otra forma, para evitar que algunos países sean simplemente contribuidores netos y obtengan muchos menos beneficios. Espero que todas estas peticiones puedan tenerse en cuenta durante la fase de consulta y conciliación.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Considerando que la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto ha limitado los créditos de pago a un importe que representa un aumento del 2,91 % en comparación con el presupuesto de 2010 y que el 15 de noviembre de 2010 el Comité de Concertación Parlamento-Consejo no consiguió llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto de cara al presupuesto 2011, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con las condiciones que el Parlamento está imponiendo al Consejo y la Comisión con objeto de facilitar un acuerdo sobre el presupuesto para 2011.

 
  
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  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. (PT) Me he abstenido en la votación de la resolución sobre el presupuesto para 2011 y la futura financiación de las políticas europeas, a pesar de haber apoyado todas las enmiendas destinadas a mejorar la posición del Parlamento en la discusión y el control sobre las decisiones presupuestarias. En realidad, el texto del compromiso representa una vuelta a anteriores posiciones adoptadas por el Parlamento, precisamente a aquellas que se encontraban tras la ruptura de la primera conciliación con el Consejo.

En su nueva reformulación, la posición de los diputados no garantiza lo que es vital en esta negociación: que no se repita el marco restrictivo actualmente impuesto por los países más ricos de la UE en 2012 y 2013. La posición del Parlamento tampoco asegura que se lleve a cabo una conferencia democrática en el marco de un debate, con la participación de los Parlamentos nacionales, sobre los nuevos recursos que han de financiar las nuevas perspectivas financieras. Mi abstención respalda la actitud del Parlamento, que es crítica con la posición de los gobiernos que persiguen mayores competencias europeas con menos dinero, pero no apoya los acuerdos deficientes ni un presupuesto mediocre.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Esta resolución es una señal clara del compromiso del Parlamento para superar el actual punto muerto en cuanto al presupuesto para 2011.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (EN) En lo que se refiere al presupuesto adecuado para 2011, el Consejo indicó que el nivel de créditos de pago no debería superar un aumento del 2,91 % en comparación con el presupuesto de 2010. Especialmente en el caso de los Estados miembros que habían votado en agosto en contra de la posición mayoritaria del Consejo sobre el presupuesto, este era el punto absolutamente innegociable. El Parlamento en los diálogos a tres bandas sobre el presupuesto de 2011 había dado un paso adelante en su deseo de aceptar esta posición sobre los pagos, tras conseguir garantías sobre compromisos extra por encima del límite máximo a través del instrumento de flexibilidad en la rúbrica 1A (competitividad) y en la rúbrica 4 (acciones exteriores) para poder abarcar el refuerzo de las prioridades de políticas en la rúbrica 1A (en particular, el aprendizaje permanente) y las necesidades extra en la rúbrica 4 (en especial, Palestina). Asimismo, con respecto al Programa ITER (se necesita unanimidad en el Consejo), parecía que un acuerdo garantizaría 1 400 millones extra durante los años 2012 y 2013 aprovechando los márgenes sin utilizar en las distintas rúbricas del año 2010 y —pero esa parte todavía se estaba discutiendo, ya que estaba vinculada a garantizar unos mejores mecanismos de flexibilidad en el marco del Reglamento del marco financiero plurianual— la redistribución del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo.

 
  
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  Peter Skinner (S&D), (EN) Me he abstenido en el texto original del apartado 1(6) porque la idea de pedir nuevas propuestas sobre recursos propios mediante iniciativas fiscales y otros posibles programas, como por ejemplo el comercio de derechos de emisión, representa una posibilidad para los impuestos al estilo de la UE. Esta votación es coherente con mi actitud y anterior planteamiento sobre cualquier sugerencia de un sistema fiscal al estilo del euro.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. (EN) Esta resolución transmite una señal clara a las demás instituciones de que el Parlamento Europeo desea comenzar unas negociaciones serias con el fin de resolver el actual bloqueo del presupuesto y tomar una decisión acerca de un presupuesto para 2011 lo antes posible. Alcanzar un acuerdo significará que no se retrase el pago único por explotación y no se vea afectada la financiación de los Fondos Estructurales. Creo que los diputados al Parlamento Europeo, como únicos representantes de la UE elegidos directamente, deberían participar en la configuración de la próxima perspectiva financiera, a fin de lograr el mejor acuerdo para los ciudadanos del Reino Unido. Es necesario tomar medidas para que el presupuesto de la UE sea más flexible. Esto permitirá que la UE reaccione con rapidez a las crisis y permitirá que se financien necesidades imprevistas. En esta resolución también se pide un debate muy necesario sobre las nuevas formas de financiar la UE, que podrían reducir el coste de la UE para los contribuyentes británicos.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito.(DE) He votado a favor de la resolución sobre las negociaciones en curso sobre el presupuesto 2011 porque hasta la fecha, las negociaciones del presupuesto, por desgracia, han demostrado que el Consejo evidentemente no ha encontrado tiempo durante los últimos doce meses para leer y comprender el Tratado de Lisboa. Todo lo que pedimos son derechos y procedimientos que se basen estrictamente en lo que se acordó en Lisboa, nada más y nada menos. Fue el Consejo quien insistió en la necesidad de un nuevo tratado. El Consejo debe atenerse al tratado y tiene la obligación de no permitir que las diferencias obvias en sus propias filas repercutan negativamente en los ciudadanos de Europa.

En este contexto, saludo la amplia determinación del Parlamento a llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2011 lo más rápidamente posible antes de finales de año. Necesitamos flexibilidad. Lo que es más, también necesitamos urgentemente las nuevas autoridades de supervisión financiera, como día tras día pone de relieve la dramática situación de Irlanda.

 
  
  

Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) La inclusión de la cláusula sobre derechos humanos o la aplicación de las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales constituye un principio que la UE debería intentar garantizar. Así que estoy de acuerdo con el objetivo de la UE de ejercer presión en el seno de las organizaciones internacionales, en especial la Organización Mundial del Comercio (OMC), y de fomentar la creación de una nueva organización medioambiental para promover el comercio justo.

Por otra parte, Europa debe respetar unas normas sociales y medioambientales rigurosas, pero también debe exigir el mismo nivel de diligencia a sus socios. Merece la pena señalar que esto es posible, como demuestran los progresos logrados en los acuerdos de libre comercio. No obstante, es necesario que exista un claro marco normativo en las organizaciones internacionales. Esto se puede producir mediante el fortalecimiento del diálogo dentro de estas organizaciones, en particular con respecto a la aplicación obligatoria de estas normas en los acuerdos comerciales y los necesarios incentivos y mecanismos de supervisión, además del refuerzo de grupos de arbitraje. Los instrumentos del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que permite a la Unión conceder unilateralmente preferencias comerciales, pueden representar una oportunidad para identificar mejor qué partes deberían beneficiarse, teniendo en cuenta sus respectivos niveles de desarrollo y la supervisión de sus compromisos.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Cada año, de acuerdo con las competencias de asuntos exteriores establecidas en los tratados, la Unión Europea firma toda una serie de acuerdos comerciales. Ahora que se han ampliado las competencias de la Unión Europea en los ámbitos de los derechos humanos (la Carta de los Derechos Fundamentales ahora es legislación básica) y el desarrollo sostenible (uno de los cinco objetivos clave para Europa 2020), pienso que es importante apoyar el informe elaborado por mi colega Tokia Saïfi, que intenta asegurar que estas cuestiones se reflejan mejor en los acuerdos comerciales de la Unión. Naturalmente, el informe propone que se mejore la cooperación en las organizaciones internacionales existentes y la inclusión automática de cláusulas sobre estos temas, pero también introduce nuevas ideas, al pedir que se cree una organización mundial del medio ambiente a la que se podrían remitir los casos de competencia medioambiental desleal. Esta propuesta también se encuentra vinculada a la noción de establecer un mecanismo de cómputo del carbono que complemente el régimen de comercio de derechos de emisión. Este doble planteamiento nos permitiría impedir la transferencia de emisiones a terceros países.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He dado mi apoyo a este informe. Las distorsiones de la competencia y los riesgos de competencia desleal en los ámbitos medioambiental y social son cada vez más frecuentes en el ámbito del comercio internacional. Esto sucede en detrimento de las empresas y de los trabajadores establecidos en el seno de la Unión Europea que, a diferencia de sus socios comerciales de países que no forman parte de la UE, están sujetos al respeto de normas sociales, medioambientales y fiscales más estrictas. Por lo tanto, los acuerdos bilaterales y multilaterales de la UE deberían obligar a todas las empresas, no solo aquellas ubicadas en la UE, a cumplir los requisitos mencionados. Los acuerdos comerciales de la UE deben establecer los máximos niveles de transparencia y unas normas estrictas en materia de contratación pública, con vistas a luchar contra la fuga ilegal de capitales. Con el fin de lograr estos objetivos, la UE debería cooperar de forma activa con socios internacionales en el ámbito del comercio: la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque es esencial intentar reequilibrar el derecho comercial y los derechos fundamentales, así como intensificar el diálogo entre las principales organizaciones internacionales, especialmente entre la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio. Además, la inclusión de los derechos humanos y de las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales puede aportar un valor añadido a dichos acuerdos y permitir, así, un mayor apoyo a la estabilidad política y social, estableciendo de ese modo un clima más favorable para el comercio. Cabe señalar que en Europa las sociedades industriales y comerciales europeas han de respetar estrictamente una serie de normas sociales y medioambientales.

Estoy de acuerdo con la posición del Parlamento Europeo en que si la Unión Europea respeta normas vinculantes, también debe poder exigir reciprocidad a sus socios comerciales y más concretamente a los países emergentes, y apoyar un conjunto de exigencias en materia de calidad y sostenibilidad, en particular para los productos alimenticios que entran en su territorio, con el fin de preservar un comercio leal y equitativo. Quisiera destacar que, para fortalecer la política social y de derechos humanos en el comercio internacional, debemos exigir que todos los futuros acuerdos comerciales establezcan la prohibición de la explotación del trabajo infantil, en particular en relación con la extracción y la transformación de piedra natural.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Considero que las normas sociales y medioambientales no son compatibles con los intereses comerciales de la Unión Europea ni los de sus socios. Se debería intensificar la cooperación entre las organizaciones internacionales en el marco de un acuerdo global sobre el clima, especialmente en el ámbito de los mecanismos de cómputo del carbono para el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, al tiempo que se garantiza, sin embargo, que cese la fuga existente. También creo que la UE debería dirigir sus esfuerzos al uso del libre comercio bilateral para que este incorpore no solo disposiciones sobre los derechos humanos, sino también disposiciones sobre cuestiones de desarrollo sostenible.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Soy consciente de la complejidad del debate sobre la inclusión de cláusulas de derechos humanos y normas sociales y medioambientales en acuerdos internacionales y tengo presente que actualmente existe un desequilibrio entre las normas del comercio internacional y el resto del Derecho internacional. Creo que la Unión Europea desempeña un papel determinante en esta búsqueda de una nueva gobernanza mundial y, a tal fin, debe favorecer la coherencia de las políticas desarrolladas por las instituciones internacionales.

Pienso que la Unión Europea debe encontrar un equilibrio entre los enfoques comerciales restrictivo y liberal, así como llegar a un compromiso entre la defensa de sus intereses comerciales y la exigencia de respeto por los valores en los que se basa. Así que es importante fomentar el diálogo y las colaboraciones con organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, permítanme recordar que el Tratado de Lisboa ha introducido cambios en la política comercial que hacen referencia a algunas de las propuestas presentadas en este informe. Por lo tanto, he votado a favor de la gran mayoría de las medidas incluidas en este informe.

 
  
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  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. (EN) Apoyo este informe, que pide que no se considere al comercio un mero fin en sí mismo. Más bien, nuestra futura estrategia comercial debería verlo como un medio adicional para promover los valores e intereses europeos. Las disposiciones sobre desarrollo sostenible ofrecen ventajas a todas las partes. Además, la inclusión de normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales contribuye a regular la globalización. Optar por ignorarlos es un enfoque contraproducente y corto de miras que no solo contraviene los principios que orientan nuestra acción exterior sino que también socava el modelo social europeo. Las relaciones comerciales bilaterales de la UE con terceras partes son aun más cruciales para los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales cuando existen pocas expectativas de progreso en el marco de la OMC. No obstante, es necesario que sigamos presionando para que a la OIT se le conceda el estatuto de observador y el derecho a hacer uso de la palabra en la OMC y, además, se debería crear un comité sobre comercio y trabajo digno dentro de la OMC. Aunque la inclusión de cláusulas vinculantes en materia de derechos humanos en los acuerdos internacionales de la UE constituye un procedimiento admirable, las deficiencias en la supervisión y aplicación de dichas cláusulas parecen volverlas inútiles en la práctica y esta cuestión se ha de abordar seriamente en todos los acuerdos en el futuro.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Los acuerdos comerciales internacionales representan una oportunidad para que la UE inste a sus socios a adoptar normas sociales y medioambientales. El informe ha sido aprobado por una gran mayoría e incluye propuestas que exigen que los productos importados cumplan con las mismas normas sociales y medioambientales que los productos europeos. Además, sugiere que debería ser posible remitir los casos de competencia social y medioambiental desleal bien a la OIT o bien a una organización mundial del medio ambiente, que es necesario crear lo antes posible. Las actuales negociaciones sobre acuerdos de libre comercio deberían incluir cláusulas sobre derechos humanos, pero también sobre normas económicas, sociales y medioambientales. Si no se hace así, la ventaja competitiva desleal implicará que la UE ya no pueda competir con las importaciones de bajo coste y de baja calidad. Está en juego el futuro de la agricultura europea y de la industria europea.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe sobre «los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales» porque la política comercial debería ser coherente con el objetivo de la UE y debería contribuir a la salvaguardia de su modelo social y su política medioambiental. Así pues, es de suma importancia que la UE garantice la aplicación de ciertas normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La cuestión sobre si debemos comerciar con quienes no tienen las mismas normas de respeto por los derechos humanos no es nada nuevo en las relaciones internacionales y amenaza con prolongarse eternamente. Siendo lo más realista posible, creo que la UE debería esforzarse al máximo por asegurar una mayor aceptación de las normas que se estiman adecuadas y procurar vincular a los países con los que comercia a la iniciativa mundial de respeto por esos derechos. En los planos económico y diplomático, entiendo que la UE no debe dejar de recalcar la importancia y centralidad de esta cuestión en el momento de establecer canales comerciales duraderos. No obstante, como es bien sabido, no estamos en posición de imponer estas normas ni hacer este tipo de exigencias. Aunque muchas veces se obedecen estas normas formalmente, la UE también se da cuenta de que tiene socios que las incumplen con regularidad. En esta categoría figuran los principales suministradores de energía a Europa. Dicho esto, me gustaría reiterar la importancia de seguir defendiendo los derechos humanos y hacer de ellos una condición para el establecimiento de relaciones comerciales sólidas.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La inclusión de la cláusula relativa a los derechos humanos y la aplicación de normas sociales y medioambientales en las negociaciones comerciales son cuestiones complejas que dividen a la comunidad internacional. Por un lado, los países del norte denuncian la competencia desleal que practican los países emergentes en los ámbitos social y medioambiental, que entraña una distorsión de la competencia en los intercambios comerciales; por otra parte, los países del sur sospechan que los países del norte quieren obstaculizar su desarrollo económico y recurrir, a través de la aplicación de dichas normas, a un proteccionismo encubierto.

He votado a favor de este informe porque creo que la política comercial debería funcionar como un instrumento al servicio de los objetivos globales de la Unión Europea y que, por tanto, es importante que el comercio no sea considerado como un fin en sí mismo sino como una herramienta que permite la promoción de los valores y de los intereses comerciales europeos, así como un instrumento para lograr unos intercambios justos capaz de generalizar la inclusión y la aplicación efectivas de normas sociales y medioambientales con respecto a todos los socios comerciales de la UE.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor del informe sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales porque es fundamental que la política comercial de la Unión Europea sea coherente con sus objetivos políticos. El texto, mejorado considerablemente por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, deja claro que el comercio ya no puede seguir siendo un fin en sí mismo, sino más bien que todos los acuerdos ahora deberían incluir ciertas cláusulas sociales y medioambientales. Estas cláusulas deben ser vinculantes e incluir la posibilidad de remitir los casos de incumplimiento, en particular, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con el informe porque no hay que olvidar que, en Europa, las sociedades industriales y comerciales europeas han de respetar estrictamente una serie de normas sociales y medioambientales. Si la Unión Europea respeta normas vinculantes, también debe poder exigir reciprocidad a sus socios comerciales y más concretamente a los países emergentes, y apoyar un conjunto de exigencias en materia de calidad y sostenibilidad, en particular para los productos alimenticios que entran en su territorio, con el fin de preservar un comercio leal y equitativo. Es importante mejorar el acceso a los bienes y tecnologías verdes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y debemos concluir rápidamente las negociaciones sobre la reducción o la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias para los bienes y servicios medioambientales con el fin de fomentar nuevas formas de políticas de empleo y la creación de puestos de trabajo que se atengan a las normas de trabajo decente de la OIT, así como las posibilidades de crecimiento de las industrias europeas y las PYME.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. (PL) Hallar un equilibrio entre los intereses económicos y sociales no solo es muy importante, sino también muy difícil. La cooperación económica que va de la mano con el respeto por las normas básicas de la democracia y el bienestar de sus ciudadanos constituye la base de la Unión Europea, por eso es tan importante introducir normas uniformes en materia de derechos humanos, así como normas sociales y medioambientales, en los acuerdos comerciales internacionales.

Aprobar este tipo de norma dentro de la política comercial de la Unión Europea hará que los ciudadanos perciban esto último de forma positiva y también que mejoren las relaciones de la UE con sus socios. La cooperación internacional en este ámbito es sumamente importante y el Parlamento Europeo debería apoyarla en la mayor medida posible.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) He votado a favor de este informe, ya que los derechos humanos, las normas sociales y las normas medioambientales deberían aplicarse en todos los países y no solo en Europa. Dentro de nuestra esfera de influencia, se encuentran aquellos países con quienes comerciamos. A este respecto, tenemos una responsabilidad que deberíamos cumplir y este informe nos indica la dirección correcta, que es la dirección hacia el comercio justo y, en particular, la justicia con los ciudadanos y el medio ambiente. Si somos capaces de mejorar algo en estas esferas, deberíamos hacer cuanto podamos por que así sea.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) Acojo con gran satisfacción este informe, que pone de manifiesto que la política comercial de la UE debe consistir en algo más que tratar de lograr el máximo beneficio económico. Los acuerdos comerciales de la UE deben incluir sólidas normas sociales, medioambientales y de derechos humanos.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Este informe pone de relieve varias cuestiones pertinentes, entre ellas: el examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de la aplicación de la cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales; la capacidad de la OIT de remitir casos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la participación de los Parlamentos nacionales y ciudadanos de terceros países en las negociaciones; y la lucha contra la esclavitud moderna.

Este interés en los derechos humanos es recibido con agrado viniendo de un Parlamento que apoyó el golpe de Estado en Honduras y la firma de un acuerdo comercial con los líderes de dicho golpe. Sin embargo, aparte de mis dudas sobre la verdadera repercusión de las declaraciones sobre derechos humanos, el deseo que se expresa en el informe de introducir acuerdos de libre comercio en todas partes, además de la promoción del intercambio de derechos de contaminación que llamamos el «mercado del carbono», implican que no pueda votar en su favor.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Los países de la UE y todos sus agentes económicos tienen mucho cuidado a la hora de respetar los derechos humanos y cumplir las normas sociales y medioambientales y es perfectamente natural pedir lo mismo de sus socios comerciales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de conseguir que el comercio sea más justo y equitativo. Somos conscientes de que, en ocasiones, no resulta fácil cumplir con esas obligaciones, especialmente en el caso de los países emergentes. No obstante, la UE debe seguir esforzándose para que esto así sea y, por lo tanto, corresponde a la UE y al Parlamento hacer todo lo posible por defender el respeto por la vida humana y proclamar que el trabajo digno es el mismo en todas partes y para todos, y que existe un aspecto universal del significado de los derechos sociales y medioambientales, incluidos los derechos sindicales y la lucha contra el trabajo infantil.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) He votado a favor de esta Resolución ya que incluye explícitamente la necesidad de que la UE contribuya efectivamente al desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad entre los pueblos, el comercio justo y la erradicación de la pobreza. Mi apoyo se basa también en la importancia y necesidad, reflejada en la Resolución, de vincular jurídicamente los acuerdos comerciales internacionales al respeto de los derechos humanos y su estricto y constante seguimiento. En este punto, me parece valiosa la propuesta de que se conceda a la OIT el estatuto de observador oficial en el seno de la OMC y, sobre todo, la creación de un Comité sobre comercio y trabajo digno dentro de la OMC que supervise los acuerdos comerciales en coordinación con la OIT y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otro punto por el que he dado mi voto a esta Resolución es la firmeza con la que plantea la necesidad de crear una «auténtica organización mundial del medioambiente» y la defensa inequívoca de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente al comercio anteponiéndolos al modelo de comercio internacional actual.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Por supuesto que por el bien de la UE se deberían concluir acuerdos comerciales principalmente con socios en condiciones de igualdad. Esto significa que se debería prestar más atención a los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales, porque, siempre y cuando la UE cumpla con estas normas, también puede exigirlas a sus socios comerciales. No obstante, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, así como en las normas sociales y medioambientales, la UE se estrella contra un muro una y otra vez cuando otros países con los que ha firmado acuerdos comerciales bilaterales tienen distintas opiniones al respecto. Me he abstenido de votar, porque dudo que realmente sea posible aplicar lo que ha propuesto la ponente.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Los derechos humanos y la aplicación de normas sociales y medioambientales en las negociaciones comerciales son cuestiones bastante complejas y muy problemáticas. Así que es fundamental que la cláusula social figure cada vez con mayor frecuencia en los acuerdos bilaterales. A pesar del desequilibrio evidente que hoy existe entre las normas del comercio internacional y las demás normas del Derecho internacional, creo que es muy importante votar a favor del informe de la señora Saïfi para que puedan desarrollarse nuevas formas de pensamiento con objeto de lograr una verdadera coordinación entre las organizaciones internacionales. La Unión Europea desempeña un papel determinante en esta búsqueda de una nueva gobernanza mundial y, a tal fin, pienso que debe favorecer la coherencia de las políticas desarrolladas por las instituciones internacionales. He votado a favor del informe para que se pueda iniciar y llevar a cabo una nueva política comercial; una política que esté basada en la firmeza y el diálogo y que tenga en consideración las normas medioambientales con el fin de lograr objetivos «legítimos».

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales porque soy partidaria de que se incluyan cláusulas relativas a los derechos humanos y se apliquen normas sociales y medioambientales en las negociaciones comerciales.

Existe una verdadera tensión entre los países del norte, que denuncian la competencia desleal que practican los países emergentes en los ámbitos social y medioambiental, y los países del sur, que sospechan que los países del norte quieren obstaculizar su desarrollo económico y recurrir, a través de la aplicación de dichas normas, a un proteccionismo encubierto. Sin embargo, este conflicto de intereses no impide que la UE adopte un enfoque positivo, aunque también jurídicamente vinculante en sus negociaciones, con la inclusión de disposiciones sobre desarrollo sostenible, en particular en los acuerdos bilaterales.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) La Unión Europea debe, a través de las políticas que desarrolla y, muy en particular, de su política comercial, defender sus intereses comerciales respetando y haciendo respetar las normas y valores que defiende. Esta reflexión debe ayudar a las diferentes instituciones europeas a emprender y desarrollar una nueva política comercial que sea ambiciosa y se base en la firmeza y el diálogo. No debemos olvidar que, en Europa, las sociedades industriales y comerciales europeas han de respetar estrictamente una serie de normas sociales y medioambientales. Si la Unión Europea respeta normas vinculantes, también debe poder exigir reciprocidad a sus socios comerciales y más concretamente a los países emergentes, y apoyar un conjunto de exigencias en materia de calidad y sostenibilidad, en particular para los productos alimenticios que entran en su territorio, con el fin de preservar un comercio leal y equitativo.

En este sentido, las exigentes normas del mercado único europeo en materia de sanidad, seguridad, medio ambiente y protección de los trabajadores y los consumidores constituyen un modelo europeo específico que debe ser fuente de inspiración a escala internacional y en los foros multilaterales, y reflejarse en las negociaciones de los acuerdos comerciales bilaterales en curso.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor porque creo que, puesto que la Unión Europea desempeña un papel determinante en esta búsqueda de una nueva gobernanza mundial, debe favorecer la coherencia de las políticas desarrolladas por las instituciones internacionales. En la actualidad, existe un desequilibrio creciente entre las normas específicas del comercio internacional y las demás normas del Derecho internacional. Como protagonistas de primera línea, tenemos la obligación de hallar nuevas vías de reflexión, con el objetivo concreto de establecer una coordinación eficaz entre las organizaciones internacionales.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) La inclusión de la cláusula sobre los derechos humanos, al igual que la aplicación de las normas sociales y medioambientales en las negociaciones comerciales, son problemas complejos que dividen a la comunidad internacional. Por un lado, los países del norte denuncian la competencia desleal que practican los países emergentes en los ámbitos social y medioambiental, que entraña una distorsión de la competencia en los intercambios comerciales; por otra parte, los países del sur sospechan que los países del norte quieren obstaculizar su desarrollo económico y recurrir, a través de la aplicación de dichas normas, a un proteccionismo encubierto. Todo ello permite comprender que es extremadamente difícil tratar con serenidad la cuestión de las normas dentro de las instancias multilaterales y más aún dentro de la OMC, coincidiendo con la aparición cada vez más frecuente de la cláusula social en los acuerdos comerciales bilaterales.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Estamos a favor del informe sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales, porque los terceros países que no respetan los derechos de los trabajadores y se niegan a participar activamente en la lucha contra el cambio climático, con demasiada frecuencia compiten de forma desleal con las empresas de la UE.

Nuestras empresas tienen que cumplir normas sumamente exigentes de protección de los trabajadores, hacer frente a elevados salarios y cargas fiscales, respetar leyes que establecen controles estrictos de las emisiones en el medio ambiente y cumplir las condiciones impuestas por los reglamentos de planificación local. Las empresas competidoras de terceros países, como China y la India, obviamente no están sometidas a este tipo de controles y normas y es evidente que sus productos finales son más competitivos frente a los de Europa.

Cuando hablé en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y en la reunión interparlamentaria sobre la energía, pedí que la UE aprovechara su influencia en la Organización Mundial del Comercio para permitir que Europa impusiera una tasa sobre el carbono a los países que no firmaran los acuerdos relativos al cambio climático. El mismo argumento debería aplicarse a aquellos países que producen mediante métodos que son muy distintos de los que se encuentran en Europa, como por ejemplo el uso del trabajo infantil, o países que no reconocen los derechos de los trabajadores.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. (PL) He votado a favor de que se apruebe la resolución sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. La Unión Europea se basa en unos principios que incluyen el respeto por los derechos humanos. Por esta razón, valora mucho la observancia de los derechos humanos en todo el mundo.

El Tratado de Lisboa confirma que las actividades exteriores de la Unión Europea, de las cuales el comercio exterior forma parte integral, deberían llevarse a cabo de conformidad con los mismos principios en los que se basa la creación de la UE. Por eso apoyo plenamente la práctica de incluir cláusulas jurídicamente vinculantes sobre los derechos humanos en los acuerdos internacionales de la Unión Europea. No obstante, quisiera llamar la atención sobre la necesidad de que dichas cláusulas se apliquen y el hecho de que los países que no acaten las normas establecidas tendrán que hacer frente a posibles consecuencias económicas.

De acuerdo con el punto 15 de la resolución, creo que es fundamental que todos los acuerdos de libre comercio incluyan normas sociales y medioambientales negociadas, que incluyan lo siguiente: una lista de normas mínimas que deberán ser respetadas por el conjunto de los socios comerciales de la UE, así como una lista de convenios adicionales que deberán aplicarse de manera gradual y flexible, teniendo en cuenta la evolución de la situación económica, social y medioambiental del socio en cuestión.

En particular, estoy a favor de introducir en todos los futuros acuerdos comerciales una prohibición del trabajo infantil. También apoyo que se refuerce la cooperación en materia de derechos humanos entre la OMC y las principales instituciones de las Naciones Unidas.

 
  
  

Informe: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En 2009, el Defensor del Pueblo Europeo recibió 3 098 reclamaciones, de las cuales 727 entraban dentro de sus competencias. El puesto de Defensor del Pueblo Europeo se estableció en el Tratado de Maastricht en 1992, creando un intermediario entre los ciudadanos europeos y las autoridades de la Unión Europea. Los ciudadanos y empresas europeos, así como las instituciones y toda persona que vive o reside legalmente en un Estado miembro, tienen derecho a presentar una reclamación al Defensor del Pueblo. Este es elegido por el Parlamento Europeo al inicio de su mandato para esa legislatura e investiga errores administrativos que se señalan a su atención. El Defensor del Pueblo elabora un informe anual de actividad. Al votar a favor de esta resolución, me sumo a la aprobación general expresada por el Parlamento General de este eslabón esencial en la cadena de la democracia.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) La institución del Defensor del Pueblo Europeo salvaguarda el derecho, basado en la Carta de los Derechos Fundamentales, de todo ciudadano «a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable». La entrada en vigor del Tratado de Lisboa consolidó la legitimidad democrática del Defensor del Pueblo gracias a su elección por el Parlamento, y amplió su mandato a la Política Exterior y de Seguridad Común así como a las actividades del Consejo Europeo. He votado a favor de esta resolución porque acojo con satisfacción los resultados de las actividades de 2009. La duración media del tratamiento de las reclamaciones se redujo en cuatro meses en 2009 y más de la mitad de los procedimientos iniciados se concluyeron mediante un acuerdo amistoso. Esto demuestra la cooperación eficaz que existe entre el Defensor del Pueblo y las instituciones y órganos de la Unión. Opino que es preciso aumentar la confianza de los ciudadanos comunitarios en la UE y sus instituciones y, sobre todo, asegurar que los ciudadanos tengan la oportunidad de obtener la información que necesitan y tengan fe en la capacidad de las instituciones de la UE para defender sus derechos.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque mediante su labor, el Defensor del Pueblo ayuda a las instituciones europeas a tomar decisiones transparentes a las que pueden tener acceso todos los ciudadanos y personas jurídicas. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa consolidó la legitimidad democrática del Defensor del Pueblo gracias a su elección por el Parlamento, y amplió su mandato a la Política Exterior y de Seguridad Común así como a las actividades del Consejo Europeo. La transparencia, el acceso a la información y el respeto al derecho a la buena administración son requisitos previos indispensables para mantener la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para hacer valer sus derechos. Las alegaciones más habituales en materia de mala administración se referían a la falta de transparencia. Por lo tanto, es esencial garantizar que los ciudadanos reciben una respuesta rápida y sustantiva a sus preguntas, reclamaciones y peticiones. Las instituciones y órganos comunitarios deben facilitar a los ciudadanos la información que necesitan. Celebro la colaboración del Defensor del Pueblo Europeo con los Defensores del Pueblo y órganos análogos nacionales, regionales y locales de los Estados miembros.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) El papel de la administración europea es extenso y complejo. He votado a favor de este informe porque creo que es imprescindible garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas a través de una administración eficiente, donde los procedimientos sean transparentes y se facilite el acceso a las infraestructuras. Me complacen los resultados positivos en la reducción de reclamaciones y la mejora de su tratamiento a nivel europeo.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) El trabajo del Defensor del Pueblo es esencial y contribuye a una mayor transparencia, aproximando la UE a los ciudadanos, al mismo tiempo que refuerza la confianza que los ciudadanos depositan en la capacidad de las instituciones para hacer valer sus derechos. Aunque, en 2009, se registró una pequeña reducción del número de reclamaciones (9 %), en comparación con 2008, de los 335 casos abiertos, se concluyeron y cerraron cerca de 318. Es muy positivo el hecho de que el 56 % de los casos se cerraran tras haber sido resueltos o haber alcanzado un acuerdo amistoso. Estos resultados demuestran la cooperación constructiva entre el Defensor del Pueblo y las instituciones y órganos de la UE, que, en la mayor parte de los casos, ven estas reclamaciones como la oportunidad perfecta para remediar los errores cometidos y cooperar con el Defensor en nombre de los ciudadanos.

Quisiera subrayar la importancia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en el que el derecho a una buena administración figura entre los derechos fundamentales inherentes a la ciudadanía de la Unión. También se introdujeron dos modificaciones sustanciales: que el Defensor del Pueblo sea elegido, lo que refuerza su legitimidad democrática, y que su mandato se amplíe a la Política Exterior y de Seguridad Común.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) El informe sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009 es de gran interés, ya que nos permite evaluar en qué medida la relación entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos llega a ser transparente, ágil y eficaz. De hecho, hay muchos temas sobre los que el Parlamento y la Comisión expresan sus opiniones sin recibir ninguna respuesta de los ciudadanos, aparte de las reclamaciones presentadas al Defensor.

Sin embargo, aunque apruebo el informe, creo que el propio Defensor del Pueblo Europeo y la labor que realiza deberían darse a conocer mucho más, en especial en los Estados miembros donde no es inmediatamente reconocible. En realidad, nunca se debería olvidar que una pequeña cantidad de reclamaciones puede significar que la población no percibe muchas irregularidades o que tiene poca confianza en una posible solución jurídica a sus problemas. Ofrecer más publicidad sería una forma de ampliar el informe, para que pudiéramos determinar con mayor certeza cuál de las dos situaciones es aplicable en este caso.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) En 2009, el Defensor del Pueblo registró un total de 3 098 reclamaciones, frente a las 3 406 de 2008, lo cual representa una reducción del 9 %. Las reclamaciones se referían a: la Comisión (56 %), la administración del Parlamento (11 %), la Oficina Europea de Selección de Personal (9 %), el Consejo (4 %) y el Tribunal Europeo de Justicia (3 %). La principal reclamación trataba de la administración deficiente y la falta de transparencia, incluida la denegación de información sobre documentos, que es un factor clave al garantizar la seguridad y confianza de los ciudadanos en la UE. Por lo tanto, esto demostró la necesidad de seguir intentando conseguir una administración mejor y permitiendo una mayor transparencia en las instituciones, lo que puede lograrse mediante el esfuerzo conjunto del Defensor y las instituciones, en particular a través del intercambio constante de buenas prácticas.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que examina y apoya las actividades del Defensor en 2009. El Defensor del Pueblo representa un enlace importante con los ciudadanos y su labor contribuye a desarrollar la confianza en las instituciones comunitarias y las hace más accesibles.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) El objetivo del Defensor del Pueblo Europeo consiste en asegurar el respeto a todos los niveles de la Unión de los derechos que la legislación comunitaria reconoce a los ciudadanos, y que las instituciones y los órganos de la UE se ajusten a las normas más rigurosas de calidad de la administración.

Recientemente, el Defensor ha continuado sus esfuerzos por mejorar la calidad de la información facilitada a los ciudadanos y las posibles reclamaciones relativas a sus derechos, en especial, a través de la Red Europea de Defensores del Pueblo. El Defensor del Pueblo debe seguir esforzándose por asegurar que las instituciones y los órganos de la UE adopten un enfoque centrado en los ciudadanos en todas sus actividades y, por lo tanto, debe buscar todas las oportunidades para lograr soluciones amistosas a las reclamaciones y emprender más investigaciones por iniciativa propia para identificar los problemas y fomentar las buenas prácticas.

Apoyo este informe porque intenta animar al Defensor del Pueblo a seguir colaborando con las instituciones para promover la buena administración y la cultura de servicio y a intensificar los esfuerzos de comunicación de modo que los ciudadanos que necesiten recurrir a sus servicios estén debidamente informados de cómo hacerlo, reforzando así su confianza en la Unión Europea y sus instituciones y mejorando nuestra propia credibilidad.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El papel del Defensor del Pueblo Europeo es muy importante puesto que contribuye a acercar a los ciudadanos a las instituciones europeas. El Defensor registró un total de 3 098 reclamaciones, frente a las 3 406 de 2008, lo cual representa una reducción del 9 % con respecto a 2008, con 335 investigaciones abiertas a causa de reclamaciones y 230 reclamaciones declaradas inadmisibles.

La mayor parte (el 56 %) de las investigaciones abiertas por el Defensor del Pueblo en 2009 estaban relacionadas con la Comisión. Otras reclamaciones se referían a la administración del Parlamento (el 11 %), a la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO, el 9 %), al Consejo (el 4 %) y al Tribunal de Justicia (el 3 %). Por último, otras 59 reclamaciones (el 17 %) se referían a otros veintitrés órganos e instituciones de la UE. Las cifras presentadas en el informe demuestran con creces la eficiencia de este órgano y su importancia para la transparencia de las relaciones entre las instituciones europeas y los ciudadanos.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) He votado a favor de esta Resolución puesto que estoy de acuerdo con la necesidad de conseguir una mayor transparencia de las actividades de la Comisión y realizar el esfuerzo necesario para acercar las instituciones de la Unión Europea a los ciudadanos. El informe presentado por el Defensor del Pueblo ha recibido mi apoyo puesto que refleja el trabajo que realiza en la denuncia de la mala administración y su labor positiva en la búsqueda de una mayor transparencia a través de la respuesta que da a las reclamaciones de los ciudadanos de la UE sobre la mala gestión de las instituciones y los órganos europeos. Con este voto a favor apoyo la labor desarrollada por el Defensor del Pueblo que logra resolver numerosos casos de quejas con soluciones de mutuo acuerdo, en colaboración con el Parlamento Europeo. Por otro lado, considero muy positivo que esta Resolución anime al Defensor del Pueblo a incoar investigaciones por su propia iniciativa para resolver problemas de carácter sistémico en las instituciones.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) La Unión Europea ha trabajado durante décadas para reducir la burocracia y aumentar la transparencia. A menudo no hay muchos indicios de esto en el propio Parlamento Europeo. Todo lo contrario, me da la impresión de que el trámite burocrático aumenta año tras año. Antes de las comparecencias para las elecciones más recientes, la palabra «transparencia» estaba en boca de todos. Gracias a la autoridad de su cargo y los derechos que le acompañan, los diputados al Parlamento pueden hacerse oír. No puede decirse lo mismo de los ciudadanos de Europa. Por eso ellos cuentan con el Defensor del Pueblo Europeo. Dado que más de una tercera parte de las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor correspondía a casos en los que existía una falta de transparencia y cuando el 56 % de todos los casos se resolvieron amistosamente, esto confirma lo importante que es el cargo del Defensor. Sin embargo, no puedo apoyar plenamente las afirmaciones de la ponente y por eso me abstengo en la votación.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La protección y el respeto de los derechos humanos constituyen un elemento clave de la Unión Europea, por lo que no se puede pasar por alto el importante papel del Defensor del Pueblo Europeo en este contexto. Por eso he votado a favor del informe de la señora Nedelcheva, ya que no se puede ignorar la función del Defensor del Pueblo Europeo como promotor del respeto por los derechos humanos. Esta figura tan importante a nivel europeo se esfuerza por asegurar que las instituciones y los órganos de la UE adopten un enfoque centrado en los ciudadanos en todas sus actividades, buscando todas las oportunidades para lograr soluciones amistosas a las reclamaciones e iniciando más investigaciones por iniciativa propia para identificar los problemas y fomentar las buenas prácticas. La existencia de un Defensor dispuesto a resolver conflictos y diferencias entre los ciudadanos ayuda a que los ciudadanos con diferentes ideas, experiencias y planes puedan comunicarse y convivir. Este es el punto de partida para reforzar y fomentar esta función en Europa y para asegurar que el servicio se promueva adecuadamente y se administre equitativamente.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El informe anual sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009 demuestra que ha estado muy activo. El nuevo marco jurídico que refleja los cambios en el estatuto del Defensor del Pueblo y la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que suma la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y las actividades del Consejo Europeo al mandato del Defensor, no han perjudicado al ritmo de trabajo. La duración media del tratamiento de las reclamaciones pasó de trece a nueve meses. Cabe señalar que las instituciones y órganos entienden que las reclamaciones al Defensor del Pueblo les brindan la oportunidad de corregir errores y de cooperar con el Defensor del Pueblo por el bien del ciudadano.

Por lo tanto, he votado a favor de esta resolución, que aprueba el informe anual de 2009 y presenta directrices para el futuro. Entre ellas, me gustaría destacar las siguientes: pide al Defensor del Pueblo que vele por el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales, que es ya jurídicamente vinculante con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; solicita a la Comisión Europea que elabore una ley administrativa europea común a todos los órganos, instituciones y agencias de la Unión; e insta al Defensor del Pueblo a que realice un seguimiento del nuevo proceso de selección de personal para las instituciones europeas por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO).

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque pone de relieve la función esencial del Defensor del Pueblo a la hora de garantizar el respeto por los derechos de los ciudadanos de la Unión y de promover una cultura de servicio público en el seno de las instituciones, basándose en las buenas prácticas de una buena administración.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) El Informe Anual sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo relativo a 2009 se presentó oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, el 19 de abril de 2010 y el Defensor del Pueblo, Nikiforos Diamandouros, presentó su informe a la Comisión de Peticiones el 4 de mayo de 2010. El informe ofrece una visión global de las actividades del Defensor del Pueblo durante el año transcurrido. Los resultados de las distintas investigaciones se distribuyen en categorías según la naturaleza de los casos de mala administración o la institución implicada. También se ha publicado un resumen de seis páginas. La nueva publicación recoge los resultados más importantes conseguidos para los demandantes y destaca los principales asuntos políticos examinados durante el pasado año.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito.(DE) Evidentemente, he votado a favor del informe anual sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo porque, como miembro de la Comisión sobre Peticiones, he tenido muchas oportunidades para comprobar el planteamiento dedicado y objetivo que el señor Diamandouros tiene de su trabajo. Sus logros han sido excelentes: en 2009, el 70 % de sus investigaciones se completaron en un año y, asombrosamente, el 55 % de ellas en tan solo tres meses.

 
  
  

Informe: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de esta resolución sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo porque señala que el Defensor ha completado una investigación por propia iniciativa sobre las normas que la Comisión aplica a las solicitudes de los ciudadanos para acceder a los documentos sobre procedimientos de infracción. Las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la UE constituyen una importante fuente de información sobre las posibles infracciones de la legislación comunitaria. La Comisión recibe un número especialmente elevado de reclamaciones de ciudadanos sobre la mala administración. Por consiguiente, es muy importante que la Comisión tome medidas para garantizar que las peticiones de acceso a documentos reciban una respuesta rápida. Se deberían tomar medidas para intensificar la cooperación con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo e intercambiar información con el Defensor con regularidad. El Defensor debería mantener informado al Parlamento Europeo acerca de las investigaciones que esté realizando y los resultados obtenidos. La Comisión debería adoptar una actitud más abierta y anticipatoria hacia la información relativa a los procedimientos de infracción.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) Para ser exactos, creo que el Parlamento también debería haber escuchado los argumentos del Comisario Verheugen sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, no me siento capaz de juzgarle.

No obstante, apoyo la posición del Defensor, ya que considero que la colaboración entre las instituciones es, y debería seguir siendo, uno de los puntos fuertes de sus funciones. En ese sentido, responder tarde y evitar las obligaciones no legislativas sino morales demuestran una actitud censurable. El desarrollo del capital social, en el sentido en que lo entendía Putnam, en realidad va más allá de la licitud de las conductas para analizar su buena fe, coherencia y moralidad.

Por lo tanto, cualesquiera que puedan haber sido las razones del señor Comisario, sin duda respaldo al Defensor del Pueblo.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Celebro las excelentes relaciones institucionales entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones en cuanto al respeto mutuo por las funciones y competencias de cada uno. Considero muy prometedora la práctica ya establecida por el Defensor de asegurar que un representante esté presente en todas las reuniones celebradas por la Comisión de Peticiones.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El informe especial del Defensor del Pueblo surge de la negativa de la Comisión a mostrar a una ONG de protección medioambiental tres cartas, de una serie de dieciocho, enviadas por Porsche AG al Comisario Verheugen, relativas al intercambio de información entre la Comisión y los fabricantes de automóviles sobre un posible enfoque de las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. A raíz de que el Defensor pidiera a la Comisión una opinión razonada sobre la no divulgación de estas tres cartas, esta retrasó su respuesta seis veces, durante quince meses, vulnerando los principios de buena fe y cooperación y perjudicando al diálogo interinstitucional y la imagen pública de la UE. Corresponde al Parlamento, como único órgano elegido de la UE, salvaguardar y proteger la independencia del Defensor en el cumplimiento de sus deberes con los ciudadanos europeos, así como supervisar que se aplique la recomendación que él ha formulado a la Comisión.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea faculta al Defensor del Pueblo para recibir quejas presentadas por cualquier ciudadano de la Unión relativas a casos de mala administración en las actividades de las instituciones u órganos de la Unión. Estas reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la UE constituyen una importante fuente de información sobre las posibles infracciones de la legislación comunitaria.

Con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable». En el marco de las consultas previstas en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento 1049/2001, la Comisión debe establecer un plazo para que el tercer autor de un documento pueda responder. Pero la Comisión debe ejercer esta facultad de manera que le permita cumplir sus propios plazos. Además, la Comisión no puede retrasar ni obstaculizar las investigaciones del Defensor en los asuntos relacionados con el acceso a documentos y debería responder al Defensor sin demora, a fin de cumplir con su deber de cooperación leal, tal como prevé el tratado.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. (EN) El Defensor del Pueblo Europeo ofrece un servicio importante a los ciudadanos irlandeses. Si a ellos les parece que la UE o el Gobierno no están trabajando en su favor, siempre pueden acudir a la oficina del Defensor para buscar una compensación. Por mi trato con la oficina, considero que ésta ayuda a los ciudadanos irlandeses de manera exhaustiva y profesional y mi voto a favor de la aprobación de este informe demuestra la fe que tengo en esta oficina.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe. Pienso que la actitud poco dispuesta a colaborar de la Comisión, en este y otros asuntos, corre el riesgo de minar la confianza de los ciudadanos en la Comisión y socavar la capacidad del Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo de supervisar adecuada y eficazmente a la Comisión y que, como tal, va en contra del principio mismo del Estado de Derecho en que se basa la Unión Europea. Respaldo las peticiones de que la Comisión se comprometa con el Parlamento a respetar en el futuro su deber de cooperación leal con el Defensor del Pueblo Europeo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El papel del Defensor del Pueblo Europeo está bien definido y consiste en investigar las reclamaciones contra las instituciones y órganos de la UE. Tales competencias hacen que exista mayor transparencia en las relaciones entre las instituciones europeas y los ciudadanos, las empresas, las asociaciones y otros organismos que tengan sede social en la UE.

La reclamación presentada por la ONG en cuestión en este informe guarda relación con el acceso a documentos que están en posesión de la Comisión. El Defensor dio un plazo de tres meses para que la Comisión presentara una opinión detallada, pero esto no ocurrió hasta quince meses después. Con este comportamiento, la Comisión incumplió su obligación de cooperar con el Defensor del Pueblo lealmente durante su investigación y fue perjudicial, no solo para el diálogo interinstitucional, sino también para la imagen pública de la UE. Creo que es responsabilidad del Parlamento, como única institución elegida de la Unión, salvaguardar y proteger la independencia del Defensor del Pueblo Europeo en el ejercicio de sus funciones para con los ciudadanos europeos.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) He votado a favor de esta Resolución puesto que estoy de acuerdo con la crítica que hace a la Comisión por haber hecho prevalecer los intereses de la multinacional Porsche sobre el derecho de acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Esta Resolución critica la actitud de no cooperación de la Comisión, perjudicial tanto para el diálogo interinstitucional como para la imagen pública de la UE. Mi apoyo a esta resolución se basa en que comparto la denuncia que hace sobre la cotidiana falta de transparencia de la Comisión, que constantemente vulnera el principio de leal cooperación entre instituciones europeas, con «los retrasos generales y la obstrucción que practica la Comisión en relación con las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo en los casos de acceso a los documentos».

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Las instituciones de la UE normalmente cooperan muy bien con el Defensor del Pueblo Europeo. Si en la UE todo está regulado, por ejemplo, los plazos de pago permisibles para las empresas, parece extraño que la Comisión, por otro lado, al consultar con una tercera parte, no esté en posición de establecer un plazo para esta tercera parte que le permita cumplir sus propios plazos. Si consideramos el hecho de que la Comisión sólo ha podido cumplir los plazos internos de la UE en menos de una quinta parte de los casos, esto refleja cierta indiferencia hacia los buenos modales. Es realmente lamentable que se necesite un informe especial del Defensor para hacer público algo tan simple como el acceso a unos documentos a los que los ciudadanos de la UE tienen derecho. Citando las palabras del Defensor: los ciudadanos tienen derecho a saber lo que están haciendo la UE y su administración. Quizás podría completarlo diciendo que nuestros ciudadanos también tienen derecho a saber cómo invierte sus impuestos la Unión Europea y dónde se malgastan recursos. Así que sólo puedo votar a favor de este informe.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT, que se refiere al retraso excesivo de la Comisión a la hora de ofrecer respuesta a los servicios del Defensor. Suscribo las preocupaciones y las críticas del Defensor del Pueblo, porque los retrasos excesivos al responder al Defensor, en cualquier caso, constituyen una violación del deber de cooperación leal, tal como se prevé en el Tratado de Lisboa.

De hecho, no responder representa una obstrucción del trabajo del Defensor y por eso coincido en que se deben establecer plazos de respuesta para la Comisión, los cuales deben cumplirse escrupulosamente de manera que no se ponga en peligro la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Este informe especial del Defensor surge a consecuencia de una reclamación presentada sobre la negativa de la Comisión a divulgar tres cartas enviadas por Porsche AG al Comisario, el señor Verheugen, y las seis ampliaciones siguientes del plazo por parte de la Comisión para entregar su opinión detallada sobre el proyecto de recomendación del Defensor. Es fundamental que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Las instituciones de la UE tienen el deber de cooperar lealmente unas con otras en sus relaciones y resulta vital que se respete esta obligación a fin de salvaguardar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas.

 
  
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  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. (IT) Hoy hemos votado en el Pleno sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008/RT.

En marzo de 2007, una organización no gubernamental que actúa en el ámbito de la protección del medio ambiente, pidió el acceso a determinados documentos en virtud del Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

El Parlamento Europeo, en nombre de la Comisión de Peticiones, hace suyas las observaciones críticas del Defensor del Pueblo Europeo y su recomendación a la Comisión en relación a la reclamación 676/2008/RT y reconoce que los retrasos excesivos en responder al Defensor del Pueblo Europeo en esta reclamación constituyen una violación del deber de la Comisión de cooperar lealmente tal como se prevé en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Asimismo, la Comisión de Peticiones opina que la actitud poco cooperativa de la Comisión en este y otros casos de acceso a documentos puede erosionar la confianza de los ciudadanos en la Comisión y socavar la capacidad del Defensor del Pueblo Europeo y del Parlamento Europeo de supervisar a la Comisión de manera adecuada y eficaz.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Los informes especiales son el último recurso del Defensor del Pueblo Europeo. Las decisiones del Defensor del Pueblo Europeo no son jurídicamente vinculantes y, por tanto, se basan en la persuasión, en la capacidad de convencer a través de una argumentación razonada y, de vez en cuando, en la publicidad y la fuerza de la opinión pública. El pequeño número de informes especiales que el Defensor del Pueblo Europeo ha tenido que presentar al Parlamento Europeo (diecisiete desde 1995) es una prueba de la cooperación que existe entre las instituciones de la UE en la inmensa mayoría de los casos. Una parte del contexto de dicha cooperación, sin embargo, es la existencia de la facultad de presentar un informe especial al Parlamento Europeo. Especialmente cuando se elabora un proyecto de recomendación, el conocimiento de que el siguiente paso podría ser un informe especial contribuye con frecuencia a que la institución u órgano en cuestión modifique su posición. Por tanto, sólo deben presentarse informes especiales para cuestiones importantes, cuando el Parlamento pueda contribuir a que la institución u órgano en cuestión modifique su posición. Como órgano político, el Parlamento Europeo es soberano para abordar los informes especiales del Defensor del Pueblo Europeo, tanto en materia de procedimiento como de enfoque y actuaciones.

 
  
  

Informe: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He a favor de esta resolución. El Tratado de la Unión Europea establece las responsabilidades de los Estados miembros en relación con la aplicación de la legislación comunitaria, mientras que la Comisión, como guardiana de los Tratados, asume la competencia y la responsabilidad de asegurar la correcta aplicación de la legislación. Dado el alcance del acervo comunitario y el tamaño de la UE, los ciudadanos, los grupos de interés de la sociedad y las empresas tienen muchas preguntas y dudas. En 2008 se inició el programa Pilot UE para que la legislación se comprendiera y aplicara correctamente. De acuerdo con esto, se creó una base de datos confidencial en línea para la comunicación entre los servicios de la Comisión y las autoridades de los Estados miembros, con objeto de observar cómo se aplica la legislación comunitaria e iniciar procedimientos. Coincido con la opinión expresada en la resolución de que esta iniciativa responde adecuadamente a la necesidad de cooperación entre todas las instituciones de la Unión Europea, en favor de un sistema que funciona correctamente y trabaja por sus ciudadanos. Considero que como institución que representa a los ciudadanos de la UE, el Parlamento Europeo debe tener acceso a esta base de datos para que pueda ejercer su función de controlar a la Comisión en su misión de guardiana de los Tratados.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de esta resolución porque, en su forma actual, los informes anuales de la Comisión «sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario» no facilitan a los ciudadanos ni a las demás instituciones información suficiente sobre la verdadera situación en la que se encuentra la aplicación del Derecho de la UE. El resumen de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, se hace más hincapié en la transposición de la legislación que en la aplicación en sí. La Comisión únicamente hace referencia a los procedimientos formales que se incoan contra los Estados miembros que no han incorporado ciertas disposiciones del Derecho de la UE a sus ordenamientos jurídicos nacionales. Por lo tanto, los ciudadanos y el Parlamento deberían ser informados cuando la Comisión incoe procedimientos como consecuencia de una incorporación incorrecta o errónea del Derecho de la UE, y también se deberían facilitar detalles de dichas infracciones. Además, el Tratado de Lisboa prevé la posibilidad de que los ciudadanos establezcan la agenda legislativa y contribuyan a garantizar la correcta aplicación y observancia del Derecho de la Unión Europea y la transparencia y rigor en los correspondientes procedimientos.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) Resulta lamentable que varios Estados miembros subestimen la importancia de la aplicación correcta y oportuna de la legislación de la UE. La transposición deficiente y tardía y su aplicación inadecuada generan incertidumbre jurídica e impiden que los ciudadanos y las empresas se beneficien del mercado interior. En 2008, en el 55 % de las transposiciones necesarias se produjo un retraso que en muchos casos fue de dos años o más. Aunque los hechos indican una mejora del 15 % este año, debemos tener presente que también se produjo una reducción del 40 % en el número de transposiciones a efectuar.

Es inaceptable que en mayo de 2009 existieran veintidós directivas con plazos que habían expirado más de dos años antes, y cuya transposición todavía no había sido concluida por entre uno y cinco Estados miembros. Es fundamental reforzar la cooperación entre las instituciones de la UE y las autoridades nacionales, así como entre las administraciones de los Estados miembros, para garantizar la aplicación correcta, eficaz y oportuna de la legislación de la UE, además de detectar los problemas de ejecución en una fase temprana.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Dado que la Unión Europea es una entidad jurídica basada en tratados y actos legislativos, es indispensable que estos se apliquen correcta y uniformemente en los 27 Estados miembros. Sin embargo, sabemos que con frecuencia los Estados miembros no aplican ni transponen con prontitud las normas procedentes del Derecho comunitario o que las aplican o transponen de forma deficiente o incompleta. Como señala la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, «una escasa y tardía transposición de las normas y una inadecuada aplicación y ejecución de las mismas crean inseguridad jurídica e impiden a los ciudadanos y las empresas sacar plenamente partido del mercado interior». Por lo tanto, es esencial que los Estados miembros no subestimen el valor de aplicar la legislación de la UE de forma correcta y sin demora y que la Comisión informe debidamente al Parlamento del estado de la aplicación de la legislación de la UE.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Una escasa y tardía transposición de las normas y una inadecuada aplicación y ejecución de las mismas crean inseguridad jurídica e impiden a los ciudadanos y las empresas sacar plenamente partido del mercado interior. Por consiguiente, resulta vital que exista una cooperación más estrecha y permanente entre las instituciones de la UE y las autoridades nacionales, así como entre las administraciones de los Estados miembros, con el fin de garantizar la aplicación correcta, eficaz y oportuna de la legislación de la UE. Con este fin, es fundamental que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales utilicen el nuevo marco de cooperación establecido por el Tratado de Lisboa y efectúen revisiones anuales del proceso de aplicación en un ámbito determinado del mercado único.

Quisiera destacar el apartado de este informe que insta a la Comisión a elaborar datos pormenorizados sobre todos los tipos de infracción y haga que la totalidad de estos datos está a la libre disposición del Parlamento, para que éste cumpla su función de control. El análisis y la categorización de estos datos deben ser coherentes con los informes anuales anteriores para ayudar al Parlamento a evaluar de modo útil los progresos de la Comisión.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) He votado a favor de este informe, que evalúa el control realizado por la Comisión de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en 2008. Centra su análisis en el informe de la Comisión titulado «Informe de Evaluación sobre Pilot UE», en el que la Comisión propone realizar un balance de los logros del proyecto «Pilot UE» transcurridos 22 meses desde su puesta en práctica. La comisión plantea una serie de cuestiones importantes sobre el funcionamiento de «Pilot UE» y el papel de los ciudadanos en la garantía del respeto del Derecho de la Unión en el terrero y pide a la Comisión que facilite información pertinente para permitir la realización de un análisis sobre el valor añadido de «Pilot UE» en relación con los procedimientos de infracción vigentes. Además, la comisión sugiere solicitar a la Comisión que proponga un «código de procedimiento» en relación con el procedimiento de infracción sobre la base del nuevo fundamento jurídico que representa el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para reforzar los derechos de los ciudadanos y la transparencia.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Los informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación de la legislación de la Unión Europea son fundamentales para evaluar cómo están aplicando el Derecho comunitario los Estados miembros. En 2008, en el 55 % de las transposiciones necesarias se produjo un retraso que en muchos casos fue de dos años o más. Aunque los hechos indican una mejora del 15 % este año, debemos tener presente que también se produjo una reducción del 40 % en el número de transposiciones a efectuar. Por tanto, podemos concluir que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que los Estados miembros incorporen debidamente y sin demora las normas establecidas en el Derecho comunitario. Sólo cuando se consiga este objetivo, será posible que los ciudadanos y las empresas se beneficien plenamente del mercado interior.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) Las evaluaciones son una forma de realizar ajustes cuando es necesario. El Informe de Evaluación sobre Pilot UE suscitó una serie de preguntas en la comisión responsable, por lo que se ha instado a la Comisión Europea a que facilite la información pertinente. Debemos considerar qué es más sensato en casos particulares: Pilot UE o los anteriores procedimientos de infracción de los tratados. En este sentido, tampoco se debería ignorar la posibilidad de una revisión de los procedimientos de infracción de los tratados. Lo importante es que, independientemente de qué forma, revisión o combinación de estas se elija en el futuro, no debería generar más burocracia y, en particular, debería cumplir el objetivo de la UE de mayor transparencia. Aunque este informe incluye algunas propuestas positivas, no cumple los objetivos concretos. Por esta razón, me he abstenido en la votación.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) Hoy he votado a favor del informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario. El informe se centra en la eficacia del proyecto Pilot UE para fomentar la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros con vistas a garantizar la correcta aplicación de los tratados.

El informe pone de relieve la necesidad de adoptar un código de procedimiento en forma de reglamento encaminado a mejorar la transparencia y la defensa de los derechos de los ciudadanos, que defina los puntos básicos del procedimiento de infracción, como por ejemplo las notificaciones, los plazos, el derecho a ser escuchado, la obligación de presentar las razones. Como guardiana de los tratados, la Comisión deberá, en lo sucesivo, facilitar toda la información que ilustre cualquier valor adicional ofrecido por el proyecto Pilot UE en el proceso para gestionar los procedimientos de infracción.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El objetivo del vigesimosexto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008) consiste en aclarar los problemas en la aplicación y transposición de la legislación de la UE. Este es un documento que, siempre que se prepare basándose en un planteamiento amplio y sistemático, podría actuar como mecanismo para supervisar y racionalizar la evolución de la legislación de la UE.

En el informe anual, la carencia de nuevos métodos y la información incompleta han suscitado críticas en el Parlamento, críticas que apoyo votando a favor del informe Lichtenberger.

No obstante, debo destacar que, además de provocar una falta de confianza en las instituciones europeas, los retrasos en la aplicación y transposición adecuadas del Derecho comunitario nos afectan a todos los europeos y dan lugar a que no se nos permita disfrutar de los derechos creados por la legislación, generando inseguridad jurídica e impidiendo que la población se beneficie plenamente del mercado interior. Por ende, apoyo el deseo de asegurar que la Comisión siga elaborando datos pormenorizados sobre todos los tipos de infracción y que la totalidad de estos datos esté a la libre disposición del Parlamento, para que éste cumpla su función de controlar a la Comisión en su misión de guardiana de los Tratados.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Considero que se debería realizar una evaluación del valor que aporta el proyecto Pilot UE al procedimiento existente para gestionar casos de infracción. Sin duda, de ello depende el suministro de información pertinente. También me gustaría señalar, como se menciona en el informe, que los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan un papel primordial en la aplicación del Derecho de la Unión Europea. Por eso es necesario apoyar los esfuerzos de la UE encaminados a reforzar y coordinar la formación judicial de los jueces nacionales y los profesionales de la Justicia en general.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) El presente informe evalúa el control realizado por la Comisión de la aplicación del Derecho de la Unión Europea en 2008. Centra su análisis en el «Informe de evaluación de Pilot UE», en el que la Comisión propone realizar un balance de los logros del proyecto «Pilot UE» transcurridos 22 meses desde se puesta en práctica. La comisión plantea una serie de cuestiones importantes sobre el funcionamiento de «Pilot UE» y el papel de los ciudadanos en la garantía del respeto del Derecho de la Unión en el terreno y pide a la Comisión que facilite información pertinente para permitir la realización de un análisis sobre el valor añadido de «Pilot UE» en relación con los procedimientos de infracción vigentes. Además, la comisión sugiere solicitar a la Comisión que proponga un «código de procedimiento» en relación con el procedimiento de infracción sobre la base del nuevo fundamento jurídico que representa el artículo 298 del TFUE para reforzar los derechos de los ciudadanos y la transparencia.

 
  
  

Informe: Ivo Belet (A7-0286/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Las prácticas audiovisuales europeas han dado lugar a un modelo mediático plural construido en torno a un sistema dual. Este sistema singular permite que los servicios públicos de radiodifusión y los operadores privados funcionen de forma equilibrada y mutuamente complementaria. La revolución digital ha creado nuevos retos dentro de este sistema dual. La urgencia de nuevos canales de comunicación y redes alternativas supone una amenaza para el antiguo sistema. Con objeto de mantener la naturaleza complementaria del antiguo sistema y dejar sitio a nuevas formas de comunicación, debemos reformar la radiodifusión europea. Esta es la finalidad de la resolución y he votado a su favor, pues intenta afrontar el triple desafío de la modernización, la convergencia y el respeto por el pluralismo.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Los medios de radiodifusión se encuentran entre las fuentes más importantes de información de las que disponen los Estados miembros de la UE y, como tales, representan un factor importante en la formación de los valores y opiniones de la población. El paisaje audiovisual de la UE es único. Basado en un verdadero equilibrio entre el servicio público de radiodifusión y los organismos de radiodifusión privados, asegura una amplia gama de programas de libre acceso y contribuye al pluralismo de los medios, a la diversidad cultural y lingüística, a la concurrencia informativa y a la libertad de expresión. He votado a favor de esta resolución porque el Parlamento Europeo apoya el objetivo de mantener un servicio público de radiodifusión independiente, fuerte y vivo que se adapte a las demandas de la era digital y facilite que los consumidores pasen de la televisión analógica a la digital. Creo que los Estados miembros deberían combatir la brecha digital y garantizar que la digitalización de todas las personas en todas las regiones permita la igualdad de acceso a la radiodifusión de servicio público.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Los medios de radiodifusión siguen siendo una de las fuentes de información más importantes que están a disposición de los ciudadanos de la UE y, como tales, constituyen un factor importante de configuración de los valores y opiniones de las personas. Un sistema dual europeo equilibrado desempeña un papel fundamental en lo que respecta a la promoción de la democracia, la cohesión social y la integración y la libertad de expresión, con particular atención a la promoción y preservación del pluralismo de los medios de comunicación, la alfabetización de los medios de comunicación, la diversidad cultural y lingüística y el respeto de las normas europeas relativas a la libertad de prensa.

La Comisión debería adaptar los derechos de autor a la nueva era digital, permitiendo que los organismos de radiodifusión mantengan una amplia gama de contenidos europeos de calidad y que analicen maneras concretas de facilitar la reutilización de contenidos de archivo y de poner en marcha sistemas de cánones colectivos ampliados y sistemas de ventanilla única de fácil acceso para el pago de derechos.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) En una sociedad democrática es primordial que los ciudadanos tengan acceso a la información y puedan participar en el debate público. Resulta esencial que exista un sector audiovisual y de prensa escrita independiente y competitivo. En la situación actual que afronta el sector audiovisual de la UE, es de interés general salvaguardar lo que se ha llamado «sistema dual» y asegurar un verdadero equilibrio entre los organismos de radiodifusión públicos y los privados. Esa es la única forma en que podemos garantizar un abanico diverso de programación y, de ese modo, contribuir además al pluralismo de los medios de comunicación, a la diversidad cultural y lingüística, a la competencia editorial y a la libertad de expresión.

Es indispensable contar con un servicio público de radiodifusión fuerte y viable que esté libre de presiones políticas o pérdida de independencia editorial y que se beneficie de suficiente financiación. No obstante, siempre se debe tener cuidado para evitar poner en peligro la competencia leal con otros organismos privados de radiodifusión. El papel de la UE consiste en tratar de aunar a los diferentes agentes y partes interesadas de los medios de comunicación en aras de un sector saludable y viable. Considero que la aplicación del mecanismo para supervisar el pluralismo mediático puede representar un papel fundamental en este asunto.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) No soy tan mayor como para recordar la época en que la radiodifusión era un monopolio estatal y, a decir verdad, no lo echo de menos.

A pesar de que los enormes obstáculos para entrar acaban por limitar el acceso al mercado a nuevos actores y aunque la competencia en ese sector, por ende, siempre está limitada por motivos estructurales, personalmente he asistido a una notable evolución de la competitividad en la difusión televisiva.

Dicho esto, no creo que ni siquiera sea posible imaginar un sistema exclusivamente público, ya que acabaría asfixiando la necesidad de eficacia que provoca el hecho de tener competidores, en perjuicio de los consumidores. Por otra parte, un sistema de televisión puramente comercial podría ser que no tuviera ningún interés en perseguir objetivos de interés general o emitir programas educativos, que no siempre son rentables en cuanto a las cifras de audiencia, pero que, por su propia naturaleza, son necesarios. Por lo tanto, es preciso mantener el sistema dual, siempre y cuando existan normas que permitan una competencia libre y saludable, y controles para evitar toda colusión entre las empresas de radiodifusión públicas y las privadas, al tiempo que se respetan las decisiones editoriales pero teniendo en cuenta la función social que deben realizar los servicios de radiodifusión.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) El servicio público de radiodifusión debe conservar su independencia de la política y contar con la financiación suficiente para ofrecer buenos programas informativos de calidad, proporcionando mayor accesibilidad a todos los ciudadanos de todas partes del país en cuestión. Al mismo tiempo, pienso que la aplicación de nuevas tecnologías ayudará a producir programas de calidad destinados a todos los grupos de audiencia. Se debería prestar más atención a los jóvenes, que siempre están a la vanguardia de las nuevas tecnologías y por eso se necesitan programas que vayan dirigidos a ellos en concreto, incluso a través de Internet.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) La Unión Europea siempre está pidiendo que se respete la libertad de expresión en diversos terceros países, pero también debe poner en práctica lo que predica. La resolución aprobada el 25 de noviembre por una amplia mayoría pide a los Estados miembros que pongan fin a la injerencia política en los contenidos ofrecidos por los sistemas públicos de difusión y recuerda que el cumplimiento de las normas europeas sobre la libertad de expresión, el pluralismo y la independencia de los medios, y sobre la financiación de los medios de los servicios públicos debería ser prioritario para todos los Estados miembros. El Parlamento propone que el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual evalúe la forma en que los Estados miembros han aplicado estos criterios e insiste en que los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades en caso de incumplimiento de estos compromisos. El Parlamento también ha aprovechado la oportunidad de esta votación para subrayar la necesidad de financiación apropiada y estable para que los medios del servicio público sigan siendo independientes y de transparencia en la propiedad de los organismos de radiodifusión privados. Por último, se invita a los Estados miembros a que adopten legislación sobre los servicios públicos de radiodifusión en Internet modificando la legislación sobre derechos de autor para que refleje las realidades de la nueva era digital.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque defiende la necesidad de que los medios de comunicación de los sectores público y privado de la sociedad lleven a cabo sus respectivas funciones libres de presiones políticas y económicas. El sistema dual europeo podría desempeñar un papel fundamental en el fomento de la democracia y la libertad de expresión y en la preservación y la promoción del pluralismo mediático, así como la diversidad cultural y lingüística.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La importancia de garantizar el pluralismo de los medios de difusión se debe al papel esencial que desempeñan dichos medios en nuestra sociedad en términos de información y pluralismo, además de la promoción de derechos, libertades y garantías, lo que evidentemente contribuye a una sociedad más informada y participativa. Por eso, es de suma importancia asegurar que estos servicios posean autonomía financiera y editorial, y que se impida que lleguen a estar politizados o hagan concesiones a intereses económicos. Recientemente en Portugal, se han producido varias denuncias de la posible injerencia gubernamental en el panorama informativo, incluida la sustitución del director de un periódico y el director de noticias de una emisora de radio, además de la repentina cancelación de un programa informativo de un canal privado y de su director general. También se han producido varios incidentes, como el despido de columnistas que eran críticos y un supuesto plan para que una empresa en la que el Estado posee una acción de oro adquiriera una participación en una empresa de medios de comunicación que posee un canal privado. Teniendo esto en cuenta, resulta vital dar prioridad a un sistema dual comunitario que garantice la independencia a todos los niveles y que salvaguarde la libertad de expresión en los servicios de radiodifusión tanto del sector público como del privado, dado que este último no es inmune a la injerencia política.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El panorama audiovisual de la UE se caracteriza por lo que se ha descrito como «el sistema dual». La coexistencia de organismos de radiodifusión de servicio público y de carácter privado ha asegurado una amplia gama de programas. Esto ha contribuido al pluralismo de los medios, a la diversidad cultural y lingüística, a la concurrencia informativa (en términos de calidad y diversidad de contenidos) y a la libertad de expresión. Quisiera destacar la necesidad de que los Estados miembros combatan la brecha digital que existe entre las zonas urbanas y las rurales y garanticen que, con la digitalización, todas las personas en todas las regiones tengan el mismo acceso a la radiodifusión de servicio público, además de ofrecer contenidos atractivos y de calidad para atraer a los jóvenes que tienen acceso a los medios de comunicación.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. (RO) El principal mensaje que queríamos transmitir con este informe es que necesitamos mantener la independencia del servicio público de radiodifusión. Hemos insistido en las modificaciones introducidas en el proyecto de informe sobre la necesidad de hacer nombramientos para los consejos de administración basándose únicamente en la competencia y no en la inclinación política.

Asimismo, nos hemos esforzado por dejar lo más claro posible nuestro deseo, no solo a favor de las emisoras públicas con alta calidad y contenidos atractivos, sino también a favor de la integración de nuevas plataformas, teniendo en cuenta las tecnologías más modernas. Una cuestión en la que hemos insistido es la inversión en el servicio público de radiodifusión, sin la cual es imposible trabajar con unos elevados criterios de calidad.

 
  
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  Timothy Kirkhope (ECR), en nombre de la delegación de los conservadores británicos, por escrito. (EN) La delegación de los conservadores británicos ha dado su apoyo a este informe porque reconoce que de conformidad con el Protocolo de Amsterdam, es competencia exclusiva de los Estados miembros definir los cometidos de servicio público y asegurar la financiación de sus organismos de radiodifusión de servicio público. Esto es muy importante para el Reino Unido debido al método excepcional de financiación de la BBC y celebramos esta confirmación de que el Parlamento Europeo no intentará entrometerse en los métodos de financiación empleados en el Reino Unido para financiar la BBC.

El informe incluye dos cuestiones que no cuentan con el apoyo de la delegación del Reino Unido: la petición de que los motores de búsqueda y los proveedores de servicios en línea contribuyan a financiar la creación de contenidos en Internet y la petición de que el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual recoja datos sobre los organismos de radiodifusión públicos nacionales. Por lo tanto, la delegación del Reino Unido ha solicitado votaciones separadas sobre estos apartados y ha votado en contra de dichos apartados. Sin embargo, en general, el informe expone un planteamiento equilibrado de este tema y por esa razón, la delegación de los conservadores británicos ha apoyado este informe.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) Soy partidario de esta resolución, que reafirma su compromiso para con el sistema dual de radiodifusión, en el que los medios de comunicación privados y de servicio público desempeñan sus funciones respectivas, al margen de las presiones políticas y económicas, y pide que se asegure el acceso al nivel más alto a los servicios de radiodifusión independientemente de la capacidad de pago de los consumidores y usuarios.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Resulta extraño ver a los diputados de esta Cámara defendiendo un servicio público. Aunque guardo reservas sobre la idea de que un sistema dual necesariamente tenga en cuenta el pluralismo de los medios y aunque creo que es imposible separar a los medios privados de los intereses financieros, quisiera elogiar un informe que defiende el mantenimiento del servicio público de radiodifusión. Solamente el servicio público de radiodifusión puede estar controlado por el pueblo soberano y puede permitir el acceso de todos a la información plural de alta calidad, algo que no sucede hoy en Francia, ni en varios países que se encuentran dominados por una oligarquía.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Todos hemos sido testigos de cierta injerencia política en toda la UE en los servicios ofrecidos por los organismos de radiodifusión de servicio público y de carácter privado. Recientemente en Portugal, se han producido algunas situaciones curiosas como la suspensión de programas informativos y la sustitución de directores de emisoras de televisión sin ninguna razón aparente que resulte verosímil, lo que sugiere que esto se debe a órdenes políticas.

Aunque conviene saber que el servicio público de radiodifusión es más propenso a este tipo de presiones, el sector privado no es inmune a esto, ya que sus ingresos a menudo dependen de vender espacio publicitario al sector público. Los ciudadanos tienen derecho a un servicio de radiodifusión, ya sea público o privado, independiente y que adopte un enfoque objetivo de todos los contenidos. Habida cuenta de esto, estoy convencido de que el sistema dual europeo desempeñará un papel fundamental en el fomento de la democracia y la libertad de expresión y en la preservación y la promoción del pluralismo mediático, así como la diversidad cultural y lingüística.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) La información es oro. Con el fin de ofrecer información objetiva a los ciudadanos y cumplir la labor de educar, tenemos servicios públicos de radiodifusión en el ámbito de la televisión y los medios de comunicación. A cambio de programas de radiodifusión de alta calidad, estos servicios tienen derecho a financiarse a partir de cuotas. La radiodifusión representa la principal fuente de información para los ciudadanos. Algunos servicios públicos de radiodifusión en gran medida han cambiado con éxito sus programas como consecuencia de la competencia de servicios privados de radiodifusión. El mejor ejemplo de esto es el organismo de radiodifusión británico, la BBC. Otros, como la ORF en Austria, no solo están sufriendo las cada vez menores cifras de audiencia; sino que tampoco pueden cumplir realmente el requisito de imparcialidad y objetividad debido a sus influencias políticas. Además, los organismos privados de radiodifusión han iniciado un debate con respecto a si las cuotas de radiodifusión son realmente legítimas, ya que los organismos públicos de radiodifusión también se benefician de los ingresos publicitarios. Puesto que la organización y las condiciones marco varían de un Estado miembro a otro, no puede tomarse ninguna decisión de normalización a nivel comunitario. Por tanto, me he abstenido en la votación.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) Los medios de comunicación libres e independientes constituyen uno de los principales pilares de la democracia. He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la opinión de que los servicios públicos de radiodifusión libres de presiones políticas e intereses comerciales forman una parte especialmente importante de este sistema. Sin embargo, las tendencias actuales no son esperanzadoras. En algunos países, los organismos públicos de radiodifusión afrontan cada vez más presiones políticas y la financiación de dichos organismos está llegando a depender de la buena voluntad del partido político que ha llegado al poder. En otros lugares, las estructuras empresariales repercuten cada vez más en los organismos de radiodifusión. Coincido con la opinión que defiende que la cultura y los medios de comunicación siempre sean competencia de los Estados miembros. No obstante, creo que las instituciones de la UE también podrían desempeñar un papel importante, pues podrían contribuir al intercambio de ejemplos de buenas prácticas y, en ciertos casos, también podrían dar a conocer y condenar negligencias. Durante la crisis económica, los organismos públicos de radiodifusión deberían aprovechar mejor la oportunidad de conseguir préstamos subvencionados del Banco Europeo de Inversiones que ayudaran a modernizar la infraestructura y aumentaran el nivel de los organismos públicos de radiodifusión, ayudándoles así a adaptarse a los retos del siglo XXI.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Belet sobre el servicio público de radiodifusión. Europa ha entrado ahora en la era digital y las instituciones deben garantizar el equilibrio en el sistema dual que se ha establecido entre los organismos de radiodifusión de servicio público y del sector privado. Todo el sistema debería basarse en las cifras de audiencia de las emisoras de radio y televisión, que son capaces de influir en la opinión pública en general. Adaptar los fondos de la UE al servicio público de radiodifusión de los Estados miembros es esencial porque está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de toda la sociedad, así como con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación y garantizar la diversidad de información y la libertad de expresión. Puesto que este tema es responsabilidad de las autoridades nacionales de los Estados miembros, la UE espera que se ofrezcan mayores incentivos a los organismos públicos de radiodifusión con objeto de relanzar un servicio que, en muchos países, sufre bajo el peso de la política y el control de la información, y de evitar el desequilibrio con la competencia del sector privado que, en ocasiones, es injusto.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) El pluralismo en los medios de comunicación sólo se puede salvaguardar garantizando que los medios públicos y privados puedan coexistir sin obstrucción ni discriminación. Sin embargo, para lograr este objetivo, se han de cumplir dos condiciones previas. En primer lugar, debemos asegurar que los soportes de los medios públicos y privados se pongan al día en la era digital, modernizando sus servicios sin incrementar —y esto es importante— el coste para los consumidores y, en segundo lugar, que se proteja el espacio viable en el nuevo entorno digital para la coexistencia de radio y televisión y otras fuentes de información, como las revistas y los periódicos, en especial ahora que los medios impresos se encuentran en total recesión en toda Europa. Es decir, necesitamos financiación adecuada y planificación nacional en los Estados miembros.

La UE puede y debe demostrar que apoya estos parámetros, a través de financiación, como por ejemplo procedente del Fondo Europeo de Inversiones para la digitalización de los medios, y coordinando los intercambios de buenas prácticas entre los Estados miembros en el procedimiento para digitalizar la radio y la televisión. Opino que el informe pone de manifiesto estas cuestiones y por eso he votado en su favor.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución sobre el servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual, porque considero que el papel del servicio público de televisión en una sociedad multimedia debe tener en cuenta la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea, la alfabetización mediática en un mundo digital, la diversidad de contenidos en los medios y la garantía de la independencia de los servicios públicos de radiodifusión en la sociedad de la información.

De hecho, el sistema dual de radiodifusión, en el que los medios de comunicación privados y de servicio público desempeñan sus funciones respectivas, al margen de las presiones políticas y económicas, es esencial para asegurar el acceso a una información de la más alta calidad y para promover la democracia en sí misma. Tanto el servicio público de radiodifusión como el del sector privado tienen un papel crucial que desempeñar en relación con la producción audiovisual europea, la diversidad e identidad culturales, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el funcionamiento de la democracia.

Apoyo las recomendaciones formuladas, prestando especial atención a que se incentive el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros y una mayor cooperación entre los reguladores de medios de comunicación nacionales, dentro de la Plataforma europea de autoridades reguladoras (EPRA).

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Creo que es crucial que la UE aúne a los diferentes agentes y partes interesadas de los medios de comunicación con objeto de avanzar hacia la creación de un sector saludable y viable desde el punto de vista económico. La rápida transformación que han sufrido los medios de comunicación, especialmente los digitales, obligará a encontrar nuevas soluciones y conducirá inevitablemente a la definición de una «nueva ecología de los medios de comunicación».

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) La radiodifusión es un sector especial. Influye en los valores y opiniones de las personas y sigue siendo la principal fuente de información para la mayoría de los ciudadanos de la UE. Por ello, reviste un significado especial para la protección y el fomento de los valores fundamentales y la democracia, incluida la cohesión social. Como subraya la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, el panorama audiovisual de la UE se caracteriza por lo que se ha descrito como «el sistema dual». La coexistencia de organismos de radiodifusión públicos y comerciales ha garantizado un abanico diverso de programación. Contribuye además al pluralismo de los medios de comunicación, a la diversidad cultural y lingüística, a la competencia editorial (en términos de calidad y diversidad de los contenidos) y a la libertad de expresión. Ello se consigue en parte con un servicio público de radiodifusión fuerte, viable y con una financiación adecuada. En un sistema dual que funcione bien, los organismos públicos de radiodifusión pueden elevar el nivel del mercado.

 
  
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  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), por escrito. (FR) La radiodifusión se encuentra en medio de una revolución tecnológica: la digitalización de los contenidos de los medios de comunicación y su accesibilidad, gracias a Internet, han revolucionado el paradigma de la radiodifusión. En los años setenta, los agentes comerciales y privados se esforzaban por obtener frecuencias de radiodifusión frente a los monopolios estatales. Hoy en día, la gran cantidad de oportunidades a disposición de los consumidores para acceder a contenidos multimedia significa que debemos definir el equilibrio necesario entre el servicio público y los medios de comunicación privados. ¿Qué defendemos en este informe? El servicio público de radiodifusión necesita especial atención, dada la concentración de la propiedad de los medios y la competencia comercial, si se quiere contribuir, sin injerencias políticas, a mantener un espacio público que ofrezca programas de alta calidad e información objetiva. Pedimos a los Estados miembros que faciliten los recursos suficientes para respaldar la digitalización del servicio público de radiodifusión y, sobre todo, para combatir una peligrosa brecha digital.

Todas las personas, ya se encuentren en zonas rurales o urbanas, sean pobres o adineradas, deben tener el mismo acceso de alta calidad al servicio público de radiodifusión. Por último, en vista de las desigualdades en materia de ingresos entre gigantes como Google y los sitios que estos listan debemos pensar en los motores de búsqueda que contribuyen más a la financiar la creación de contenidos.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0624/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad no es la primera resolución sobre estos temas que adopta el Consejo. Sin embargo, debería verse como un momento trascendental para integración de la perspectiva de género, puesto que ahora se tiene en cuenta a las mujeres en las operaciones de seguridad y mantenimiento de la paz. Para conmemorar el décimo aniversario de la aprobación del texto, que coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mis colegas diputados y yo hemos intentado expresar el compromiso del Parlamento con la promoción de los objetivos establecidos en la resolución, principalmente a través de medidas adoptadas por la Unión Europea. Mediante la política común de seguridad y defensa de la UE, el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, y en colaboración con otros órganos internacionales de cooperación estratégica, queremos mejorar la situación de la mujer en las zonas de conflictos graves.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de esta resolución porque se debe prestar mucha atención a la seguridad de las mujeres cuando se despliegan misiones de mantenimiento de la paz y durante los conflictos armados. Quisiera destacar que se debería revisar constantemente la política de derechos humanos de la UE, a la hora de elaborar una estrategia global por país sobre los derechos humanos y de evaluar las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados y la lucha contra todas las formas de discriminación en su contra. Cabe señalar que la violación y la esclavitud sexual, cuando forman parte de prácticas sistemáticas y generalizadas, constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Además, hoy en día también se reconoce la violación como un elemento del delito de genocidio, cuando se comete con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo determinado. Por lo tanto, la UE debería tomar medidas concretas para poner fin a la impunidad de los culpables de violencia sexual contra mujeres o niños. Asimismo, es necesario crear un código de conducta para el personal de la UE involucrado en misiones militares y civiles que contemple la explotación sexual como conducta injustificable y criminal.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) La mujer, la paz y la seguridad son esferas a las que se debería prestar la máxima atención. El décimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas representa una oportunidad para avanzar en estas esferas, al igual que todas las revisiones de políticas comunitarias, en especial sobre los derechos humanos y para combatir la violencia contra la mujer, el uso de los niños en conflictos armados y la lucha contra todas las formas de discriminación. Además, otro aspecto que considero pertinente en este informe es el hecho de que insta al fomento de la participación de la mujer en los procesos de reconciliación, la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, que es otro motivo por el que he votado a favor de su aprobación.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. (EN) El trato y la seguridad de mujeres y niños en zonas de conflicto armado alrededor de la UE son motivo de creciente preocupación. Es preciso que se haga todo lo posible por limitar las consecuencias que se derivan de este tipo de situaciones en estas regiones. Por eso he decidido apoyar la propuesta de resolución.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra de la propuesta de resolución común sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad porque tiene una imagen equivocada de la igualdad entre los sexos. En mi opinión, la igualdad no se logra teniendo mujeres en las organizaciones militares y las fuerzas internacionales de policía. De la misma forma, la seguridad de la mujer, en el sentido de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, se protege mediante empleos permanentes para evitar los conflictos usando medios civiles y pacíficos, no mediante la intervención militar. Por el contrario, esta resolución en concreto pide que se contrate a más mujeres en las misiones policiales y militares y que la UE despliegue más mujeres como policías y soldados en las misiones de la PCSD. Otro motivo por el que he votado en contra de la resolución es porque se rechazaron las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica que eliminaban estas peticiones, incluidas las que pedían que participaran más mujeres en EUPOL y EUSEC y que hubiera una mayor presencia de mujeres en la República Democrática del Congo.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) En la actualidad celebramos el décimo aniversario de esta primera resolución de las Naciones Unidas sobre la excepcional y desproporcionada repercusión de los conflictos armados en las mujeres. Espero que la UE aproveche al máximo esta ocasión para transmitir una señal política firme e intensificar los esfuerzos por su aplicación, ya sea a través de directrices políticas o mediante un aumento de los recursos financieros. También espero que la revisión en curso de la política de derechos humanos de la UE dé pie a una estrategia coherente en términos de derechos humanos, así como una evaluación de las directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y sobre la situación de los niños en conflictos armados, con el fin de combatir todas las formas de violencia y discriminación.

Creo que el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior contribuirá a una mejor aplicación de estas resoluciones, al mismo tiempo que debería destacar también el papel de la UE en este ámbito. Me gustaría felicitar a los diez Estados miembros, entre ellos Portugal, que ya han adoptado un plan de acción para aplicar esta resolución, y espero que los Estados miembros restantes sigan este ejemplo lo antes posible.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) Me parece sorprendente que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se interesara por primera vez en la situación particular de las mujeres en zonas de guerra hace tan solo diez años. No obstante, ahora necesitamos reflexionar sobre los resultados logrados y continuar en la misma dirección. La Unión Europea es lo suficientemente sensible como para tener en cuenta estos temas. En especial, ha llegado el momento de ir todavía más lejos y reconocer que la mujer, por término medio, sufre diferentes traumas y experimenta también ciertas situaciones y sufre algunas limitaciones con mayor intensidad que el hombre. Por lo tanto, apoyo plenamente esta resolución, porque cualquiera que pretenda llevar la paz a zonas de conflicto primero debe encontrar la serenidad a nivel personal. Para ello, diferenciar el objetivo es la mejor forma de hacer un uso más eficiente de los recursos, una meta que tenemos que perseguir, especialmente si el resultado es la sonrisa sincera y amable de una mujer.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) Por desgracia, todas las iniciativas llevadas a cabo con decisión —las resoluciones y los planes nacionales e internacionales para mejorar el nivel de protección de las mujer en zonas de conflicto— no han conseguido eliminar esta arma brutal a la que se recurre con frecuencia en las guerras actuales: la violencia sexual. Por el contrario, la impunidad permite las condiciones favorables para que se extienda esta práctica diametralmente opuesta a nuestros valores.

En repetidas ocasiones he denunciado, junto a otras personas, los actos de violaciones masivas perpetrados en el Congo, Liberia y otras zonas de conflicto, especialmente en África. El problema más grave es que se ha sabido que los lugares donde se han producido atrocidades están a un tiro de piedra de las bases de las fuerzas de las Naciones Unidas. Las miles de mujeres que son víctimas de abusos sexuales y violencia también están condenadas a padecer en el futuro el estigma social y la carga de enfermedades terribles, como el VIH. La Unión Europea debe intensificar sus acciones para combatir estas graves violaciones de los derechos humanos de tal manera que las resoluciones de las Naciones Unidas sean algo más que papel mojado.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, también debe recordarnos que las mujeres son víctimas de violencia doméstica, cuya frecuencia es alarmante, violación marital, acoso sexual y trata.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Cuando pensamos en conflictos armados y en los escenarios más habituales de la guerra, imaginamos a los hombres como las víctimas principales. Sin embargo, y por desgracia, la realidad es que en todos los lugares del mundo donde existen conflictos armados y amenazas a la paz, a menudo son las mujeres y los niños las víctimas principales y más numerosas, aunque en silencio. Las mujeres afrontan innumerables amenazas, ya sea por la práctica de costumbres bárbaras que violan sus derechos en el contexto de la guerra y el conflicto o en el contexto de la pobreza y la exclusión social. Así que es importante que Europa no se olvide de las mujeres que sufren la violación diaria de sus derechos más elementales, como la vida y la integridad física, las mujeres que son condenadas a morir lapidadas, las mujeres a quienes se niega el acceso a la educación, las mujeres obligadas a huir y a vivir como refugiadas para poder ejercer la libertad que nos confiere a todos la Carta de los derechos fundamentales y las mujeres que son discriminadas simplemente por su sexo. En el fondo, es indispensable que Europa no olvide ni dé la espalda a todas las mujeres que todavía no tienen asegurado un futuro de libertad y esperanza.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) A menudo, la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto es una extensión de la discriminación por razón de sexo que, lamentablemente, todavía existe en tiempos de paz. He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la necesidad de que se destinen recursos financieros y humanos con miras a la participación de la mujer y la integración de la perspectiva de género en el ámbito de la política exterior y de seguridad. Quisiera subrayar la necesidad de que se instauren procedimientos públicos adecuados de denuncia en el contexto de las misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PESC), destinados a facilitar, en particular, la condena de la violencia sexual y de género y el llamamiento a la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión para que incluya en la evaluación semestral de las misiones de la PCSD un capítulo detallado dedicado a las mujeres, la paz y la seguridad.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) He votado en contra de esta resolución porque creemos que no basta con adoptar una perspectiva de género en las misiones civiles y militares. El problema de la discriminación contra la mujer no se resolverá ni las guerras serán más justas simplemente haciendo que más mujeres participen en las misiones militares de intervención en las guerras y ocupaciones, como por ejemplo en Iraq y Afganistán. La realidad nos demuestra que esto no es así.

Creemos que las intervenciones militares no ayudan a proteger los derechos de las mujeres, sino que más bien aumentan las violaciones de estos derechos. Sólo la prevención de conflictos y la aplicación de medidas civiles en situaciones de conflicto son capaces de cumplir la promesa formulada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Así que nos decepciona que no se aprobaran las propuestas de enmienda que presentamos.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la votación de hoy, sobre la propuesta de resolución común sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, deseamos transmitir una señal tangible de nuestro compromiso como diputados al Parlamento Europeo pero, ante todo, como ciudadanos europeos. Es justo que recordemos este décimo aniversario, para que no olvidemos que el 80 % de las víctimas de guerra son civiles, en especial, mujeres y niños. El tema de los derechos humanos fundamentales y la ampliación de su protección, debe ser siempre primordial en el debate europeo para que nos permita desarrollar estrategias comunes y efectivas que protejan a las mujeres y los niños por igual. Vemos cómo se cometen cada vez más actos de violencia contra estos grupos de población, pero, además de garantizar que los autores de estos delitos respondan de sus actos, después de que hayan intervenido las autoridades judiciales, debemos aplicar ciertas condiciones esenciales para asegurar que este fenómeno se reduce en la mayor medida posible, con el fin de prevenir conflictos y contribuir a la reconstrucción de zonas que se han visto afectadas por ellos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución que pide la asignación de recursos específicos financieros, humanos y organizativos a favor de la participación de las mujeres y de la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la política exterior y de seguridad; pide un aumento del número de mujeres que participan en las misiones de policía, militares y judiciales y en favor del Estado de Derecho, así como en las operaciones de mantenimiento de la paz y en misiones diplomáticas y esfuerzos de consolidación democrática; y pide a los Estados miembros de la UE que promuevan activamente la participación de las mujeres en sus relaciones bilaterales y multilaterales con los Estados y las organizaciones no pertenecientes a la UE.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Aunque estamos conmemorando el décimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, todavía queda mucho por hacer en este ámbito, sobre todo en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, las directrices de la UE sobre el uso de niños en los conflictos armados y la lucha contra toda forma de discriminación de que son objeto. Es el momento de que todos unamos nuestros esfuerzos para garantizar que se logre este propósito.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) Si bien estoy de acuerdo con muchos de los puntos recogidos en la Resolución, sobre todo con la necesidad de avanzar en el enfoque de género en la cooperación al desarrollo, he votado en contra ya que me opongo al incremento del número de policías o militares, sean hombres o mujeres, por el avance que esto supone en la ola militarización de la UE. La Resolución «destaca la importancia de que la UE nombre a un mayor número de mujeres como policías y soldados en las misiones de la PCSD», lo cual es contrario a la defensa que desde mi grupo hacemos de desmilitarizar la PCSD. Además, hace referencia constantemente al Servicio Europeo de Acción Exterior, a cuyo establecimiento he mostrado repetidamente mi oposición ya que supone un paso más en la escalada de militarización de la política exterior europea.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) Si bien la Resolución 1325 del 31 de octubre de 2000 demuestra que los Estados miembros de las Naciones Unidas habían llegado a ser conscientes de las consecuencias de los conflictos armados para las mujeres, la violencia que estas soportan durante las guerras y el importante papel que podrían desempeñar en la prevención y resolución de conflictos, el décimo aniversario de esta resolución, que hoy conmemoramos, es también una oportunidad importante para hacer balance. En este sentido, podemos citar las Resoluciones 1820 (2008) y 1888 (2009), que, por vez primera, reconocen de forma explícita el uso de la violencia sexual como táctica de guerra, algo que requiere respuestas políticas y de seguridad específicas.

También podemos citar el nombramiento de la señora Wallström para el cargo de Representante Especial para la violencia sexual en situaciones de conflicto. Este grave problema merece toda nuestra atención. Por eso, como Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria, yo personalmente quería que la señora Wallström estuviera en nuestros debates durante la Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE que tendrá lugar en Kinshasa el 2 de diciembre.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito.(DE) En muchos países del mundo sigue existiendo la discriminación contra las mujeres. La violencia contra la mujer es una prioridad y esto es especialmente dramático en las situaciones de conflicto. Los estudios revelan que las mujeres en regiones en crisis donde se producen conflictos militares a menudo son violadas o sometidas a esclavitud sexual. Debería ser un objetivo primordial castigar la violencia sexual contra la mujer como crímenes de lesa humanidad, incluso en aquellas regiones del mundo devastadas por la guerra. Después de todo —y en esto también tienen responsabilidad las naciones occidentales— la explotación sexual es injustificable y constituye una conducta delictiva en cualquier situación. El informe aborda cuestiones importantes y, por lo tanto, he votado a favor.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La violencia contra las mujeres en zonas de conflicto a menudo es una prolongación de la discriminación de género; además, considerando que este año el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer coincide con el décimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto podría o debería señalar el comienzo de un programa fortalecido para la aplicación de esta resolución, en la que no se puede progresar sin un aumento de los recursos y un liderazgo político al más alto nivel. Creo que este tema debería abordarse debidamente durante la revisión en curso de la política de derechos humanos de la UE, mediante la asignación de recursos específicos financieros, humanos y organizativos a favor de la participación de las mujeres y de la inclusión de la perspectiva de género. Considero que esta ocasión es el punto de partida para una acción específica que refuerce, potencie y desarrolle la integración de la mujer. La cuestión de las mujeres, la paz y la seguridad debería convertirse en parte integrante de la planificación y la programación de instrumentos de financiación exterior para la democracia y los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo entre los pueblos.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Se cumplen diez años de la adopción de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 (2000) y 1829 (2008) sobre la mujer y la paz y la seguridad, así como la Resolución del Consejo de Seguridad 1888 (2009) sobre la violencia sexual contra las mujeres y los niños en situaciones de conflicto armado. Estas Resoluciones destacan que es responsabilidad de los Estados poner fin a la impunidad y procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos los relacionados con actos de violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas.

Han pasado diez años desde que se aprobaron dichas resoluciones y, como se explica en la resolución a favor de la que he votado, todavía queda un largo camino por recorrer. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el 25 de noviembre, el mismo día que la votación de esta resolución, no es sólo un día más, sino una advertencia sobre una realidad que todavía persiste. Es necesario que se aborden estas cuestiones al más alto nivel y que permanezcan en el programa político hasta que se elimine este flagelo que no entiende de raza, credo ni edad.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 31 de diciembre de 2000, estipula que, a lo largo del curso de la historia, las mujeres no han participado en el proceso de consolidación de la paz y estabilidad de ninguna nación e insta al desarrollo de la mujer en pie de igualdad a todos los niveles, desde la prevención de conflictos hasta la reconstrucción después de los conflictos y el mantenimiento de la paz y la seguridad. El décimo aniversario de la adopción de la resolución debería señalar el comienzo de un programa que se presentará y no se puede aplicar sin el apoyo político al más alto nivel y los recursos necesarios. La UE debe promover de forma activa el nombramiento de tantas mujeres como sea posible en puestos directivos para coordinar y garantizar la consistencia de las políticas y acciones de la UE y para supervisar el cumplimiento de sus compromisos.

La UE debe designar al menos a cinco mujeres para puestos directivos en el Servicio Europeo de Acción Exterior y cumplir con el equilibro entre los sexos en cuanto a especialistas contratados. Al mismo tiempo, el SEAE necesita una unidad organizativa que se encargue de las cuestiones de género, con al menos un puesto a tiempo completo en cada dirección geográfica y una delegación de la UE dedicada a asuntos de género, encargada de la mujer, la paz y la seguridad.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Espero que el décimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas marque el comienzo de un programa renovado que ponga en práctica sus compromisos sobre la mujer, la paz y la seguridad.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Me complace que se haya adoptado esta Resolución en la que se subraya que el décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad debería constituir el comienzo de una agenda reforzada para la aplicación de esta Resolución, que no avanzará sin un liderazgo político de alto nivel y un aumento de los recursos disponibles; recomienda encarecidamente que se aborde debidamente esta cuestión durante la revisión en curso de la política de derechos humanos de la UE, a la hora de elaborar una estrategia global por país sobre los derechos humanos y de evaluar las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados y la lucha contra todas las formas de discriminación en su contra; y se pide que se asignen recursos financieros, humanos y organizativos específicos y significativos a favor de la participación de las mujeres y de la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la política exterior y de seguridad.

 
  
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  Charles Tannock (ECR), por escrito. (EN) En el ECR apoyamos incondicionalmente la igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación por motivos de género para todas las mujeres, como se establece en la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, y también defendemos con firmeza el inestimable papel de la mujer en el ámbito de la paz y la seguridad y condenamos el trato brutal y horrendo que reciben las mujeres y los niños en las zonas de conflicto.

No obstante, el ECR ha estado constantemente en contra del establecimiento de cuotas para las mujeres en instituciones nacionales, regionales e internacionales, así como la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) Me complace la adopción de esta resolución en el décimo aniversario de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad que, además, tiene lugar en la simbólica fecha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me gustaría destacar la necesidad de fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos de actividad, en especial en la reconciliación, la negociación, la construcción, la imposición y el mantenimiento de la paz, así como en la prevención de conflictos. Es esencial que todas las partes presentes tengan en cuenta las necesidades específicas de la mujer y sólo lograremos mejorar la situación incrementando la presencia de la mujer sobre el terreno.

Además, hacer a la mujer visible sobre el terreno nos permitiría conseguir que la población fuera más consciente de la naturaleza inhumana del usar la violación como arma de guerra y, quizás, que se pusiera fin a la impunidad de la que disfrutan los autores de estos actos de violencia.

Por último, esta presencia nos permitirá desarrollar una confianza mutua entre las víctimas civiles de conflictos, que son en su mayoría mujeres y niños, y los agentes sobre el terreno.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0622/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución porque está aumentando la mortalidad de las abejas y disminuyendo el número de apicultores. Esto es un problema para la agricultura y la biodiversidad, ya que el 76 % de la producción de alimentos y el 84 % de las especies vegetales dependen de la polinización que realizan las abejas. Me gustaría recomendar más investigación a fin de ayudar a que se garantice la puesta en marcha de mejores soluciones y el apoyo a medidas que mejoren la biodiversidad y mitiguen los efectos de la inestabilidad climática. La vida de una abeja obrera es muy corta y muy susceptible a los cambios en el medio ambiente. Por este motivo la producción de miel también se ha visto afectada, no solo por la duración y la inestabilidad cada vez más variables de las estaciones, sino también por el aumento de las agresiones externas, como por ejemplo el uso de pesticidas y los parásitos, entre otras cosas. Por lo tanto, se deben reforzar los programas actuales en el marco de la nueva política común agrícola de tal manera que también podamos encontrar soluciones más eficaces a este nivel.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Se ha declarado 2010 Año Europeo de la Biodiversidad a fin de llamar la atención sobre la amenaza que afronta la biodiversidad en todo el mundo. El sector apícola, que es una fuente importante de empleo e ingresos en las zonas rurales, también está en peligro debido al reciente incremento de la mortalidad y de las enfermedades de las abejas. He votado a favor de esta resolución en la que el Parlamento Europeo insta a la Comisión a que financie estudios específicos con el fin de mejorar el conocimiento y la comprensión de los factores que afectan la salud de las abejas. La resolución observa que los organismos modificados genéticamente y la dispersión de toxinas a través del polen pueden incidir en las enfermedades y la mortalidad de las abejas. Dado que los cultivos de cereales, fruta y hortalizas en Europa dependen de la polinización que realizan las abejas, estos cultivos y la agricultura en general afrontan un elevado riesgo de sufrir enfermedades. Creo que, ante esta incertidumbre, la Comisión Europea debe llevar a cabo con urgencia investigaciones independientes, que evaluarían los efectos de los organismos modificados genéticamente y la dispersión de toxinas a través del polen en el medio ambiente y en especies concretas, y garantizar la publicación de estos datos.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Las abejas desempeñan un papel importante en el equilibrio ecológico y su desaparición tiene graves consecuencias en la cadena alimentaria. Este informe defiende la necesidad de fomentar y mejorar el sector apícola, en especial en el ámbito de los datos estadísticos sobre las previsiones de producción, la mejora y armonización de los programas de supervisión e investigación, unas disposiciones más transparentes relativas al etiquetado de la miel, el desarrollo de programas relativos a la apicultura y de legislación relacionada, y el desarrollo de tratamientos eficaces e innovadores contra la varroasis.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) El efecto multiplicador de la polinización, es decir, la proporción entre el valor económico de la propia polinización y el valor de la miel producida como resultado, da lugar a resultados excepcionales en términos económicos.

Por lo tanto, en un momento en el que se está buscando todo tipo de eficacia, no parece que tenga sentido abandonar la actividad cuando la relación costes-beneficios demuestra lo absurda que es dicha decisión. Ya que las razones no pueden encontrarse en factores económicos sino más bien en condiciones externas, creo que el informe de la Comisión da en el blanco cuando se propone comparar todos los factores que dificultan actualmente la apicultura.

También creo que merece la pena fomentar esta actividad a través de medidas colaterales y que toda contribución científica a este respeto debería ser bien recibida.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Opino que la Comisión Europea debe adaptar la política veterinaria europea en cuanto a su ámbito de aplicación y su financiación, a fin de tener en cuenta las característica específicas de las abejas y de la apicultura y poder controlar más eficazmente las enfermedades de las abejas y disponer de medicamentos veterinarios eficaces y normalizados en toda la Unión, en colaboración con las organizaciones de apicultores.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Hay una grave volatilidad de los precios de la miel en el mercado europeo porque el 40 % de dicho mercado depende de las importaciones, lo que coloca en una situación de desventaja competitiva a los apicultores de la UE, incluidos los portugueses, con respecto a la miel procedente de terceros países. Según las estadísticas oficiales, hay 17 291 apicultores en Portugal, con 38 203 colmenares y 562 557 colmenas. En 2009, la producción ascendió a 6 654 toneladas de miel y 235 toneladas de cera, lo cual representa el 1,9 % de la miel producida en la UE, que alcanzó 351 000 toneladas. La actividad de las abejas y de los apicultores es crucial para mantener los ecosistemas, el equilibrio ecológico de la flora y la preservación de la biodiversidad, además de representar, en términos económicos, una actividad que tiene sentido que Europa proteja y fomente, para que llegue a ser menos dependiente de las importaciones.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Las abejas son esenciales para la polinización de cultivos, el mantenimiento del equilibrio ecológico y como un modo de preservar la biodiversidad. Por lo tanto, es lamentable el descenso del número de colmenas y necesitamos datos científicos que nos permitan comprender los mecanismos que contribuyen a la proliferación de esta especie y desarrollar formas de asegurar su preservación. Creo que es vital centrarse en la miel europea, que poco a poco está siendo sustituida por otras variedades de menos calidad que no cumplen los criterios de producción de la UE.

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) La apicultura es uno de los modelos agrícolas con el menor impacto medioambiental y esta actividad es, por lo tanto, muy idónea para zonas protegidas. La apicultura está muy extendida en mi región y constituye un excelente ejemplo de gestión de la tierra, así como un símbolo de historia, tradición e identidad local. Durante muchos años la apicultura en el Véneto ha producido productos de excelente calidad y ha contribuido al mantenimiento de las zonas más pobres. No obstante, el sector no puede continuar produciendo tales resultados si la Unión Europea no ayuda en su financiación, en colaboración con las autoridades nacionales, regionales y locales. Como se ha indicado en la propuesta de resolución, es importante que se ofrezcan incentivos para la investigación de las enfermedades de las abejas y que se apoye a los productores europeos en la competencia que deben afrontar respecto a terceros países, a consecuencia de la liberalización del mercado comunitario para la miel importada. Por lo tanto, votaré a favor de esta propuesta.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con este informe porque el sector apícola desempeña un papel estratégico en la sociedad, proporcionando un servicio público de valor medioambiental. En la actualidad se está produciendo una alarmante reducción de la cantidad de insectos polinizadores, entre ellos las abejas de la miel. Después de todo, el 84 % de las especies vegetales y el 76 % de la producción de alimentos en Europa dependen de la polinización que realizan las abejas, por lo que su importancia económica es muy superior al valor de la miel que producen. El 40 % del mercado europeo de la miel depende de las importaciones y la anterior liberalización del mercado de la UE para la miel procedente de terceros países ha colocado a los apicultores de toda la UE en una situación de desventaja competitiva. Por lo tanto, debemos apoyar el futuro desarrollo de la apicultura europea, contribuyendo a conservar la biodiversidad. Es importante que se aplique un enfoque global y sostenible que incluya aspectos como, por ejemplo, el desarrollo rural, el cambio climático y la biodiversidad, en particular mediante el apoyo a medidas encaminadas a la conservación y el aumento de los campos de flores. También es importante que se apoye al sector europeo de la apicultura de forma aún más amplia y coherente, utilizando instrumentos adicionales de la futura PAC, incluidas las medidas para reforzar la biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático, conservar un patrimonio de tradiciones y culturas nacionales que da empleo a un gran número de familias en Europa, y proteger y mejorar la calidad y el buen funcionamiento del mercado de los productos de la apicultura.

 
  
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  Peter Jahr (PPE), por escrito. (DE) Las abejas son criaturas muy importantes, ya que sin ellas no habría polinización. Por este motivo resulta muy lamentable el creciente número de informes sobre la disminución de colmenas de abejas, lo que requiere una investigación urgente. Esto es lo que sucede en particular con el sector apícola, porque depende en gran medida de la útil labor de las abejas. Por desgracia, es evidente que la industrialización y la vida moderna dificultan más que sobrevivan estas beneficiosas abejas. Situaciones hipotéticas como la extinción masiva de abejas a consecuencia de la varroasis, el éxodo inexplicable de las colmenas de abejas en los Estados Unidos y la amenaza para las abejas de la contaminación electromagnética y de las semillas tratadas de forma incorrecta no son, por desgracia, incidentes aislados. Por esta razón, me complace que el Parlamento hoy se haya puesto de acuerdo para apoyar al sector apícola en el futuro. Creo que es importante que nos centremos en la investigación de la cabaña apícola.

Sin datos científicos precisos, no seremos capaces de identificar los problemas y resolverlos con eficacia. Espero que logremos explicar y prevenir el descenso de las colmenas de abejas, de tal manera que podamos seguir beneficiándonos de la importante y polifacética función que desempeñan las abejas.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) La apicultura es de crucial importancia para la agricultura, en especial para la polinización, porque los ingresos obtenidos a partir de cultivos herbáceos y la fruta dependen de la polinización que realizan las abejas. La continua mortalidad de abejas en muchas regiones es incluso más preocupante y es necesario que se tomen medidas para combatir esto. Así que apoyo la resolución, que pide a la Comisión que incluya las enfermedades de las abejas dentro del ámbito de aplicación de la política veterinaria europea y que elabore un plan de acción para combatir la mortalidad de las abejas. También se le pide a la Comisión que garantice las ayudas al sector de la apicultura y se mantengan y refuercen en la PAC posterior a 2013, garantizando la continuidad del sector. El 40 % del mercado europeo de la miel depende de las importaciones, en parte debido a la liberalización del mercado de la UE para la miel procedente de terceros países, y a que los precios están próximos al límite de rentabilidad.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre el sector apícola porque es importante que se garantice la atención a un sector que protege la biodiversidad y produce un alimento completo como es la miel. Teniendo esto en cuenta, se ha previsto una disposición para incrementar la ayuda anual al sector en Europa de 26 millones de euros para el periodo 2008-2010 a 32 millones de euros para el periodo 2011-2013. Estos fondos irán destinados en concreto a apoyar al sector apícola, por ejemplo a través de proyectos de investigación nacionales sobre nuevos métodos para combatir la alta tasa de mortalidad de las abejas, que últimamente ha alcanzado niveles alarmantes. Por otro lado, no obstante, es importante que se garantice una transparencia justa en la distribución de la ayuda y que se garanticen más recursos a los Estados que realmente los necesiten. He votado a favor de la aplicación de un sistema de recopilación de datos para 2012. Este es un paso en dirección a la transparencia para asegurar que la ayuda se distribuya basándose en los resultados de un estudio de las colmenas presentes en diversos Estados miembros y no en base a datos estimados. Considero que esto es de suma importancia con vistas a garantizar la igualdad en cuanto al gasto público y la protección de aquellas personas que realmente realizan actividades apicultoras.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) En 2010, el Año Europeo de la Biodiversidad, el sector de la apicultura se encuentra gravemente amenazado en todo el mundo, registrándose pérdidas a un ritmo entre 100 y 1 000 veces superior a lo normal. Este sector desempeña un papel estratégico en la sociedad, prestando un servicio público de valor medioambiental, y que la apicultura es un valioso ejemplo de «empleo verde» (mejora y mantenimiento de la biodiversidad, equilibrio ecológico y conservación de la flora), así como un modelo de producción sostenible en el medio rural. Por lo tanto, saludo esta resolución que formula propuestas para mejorar la situación del sector apícola.

 
  
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  Mario Mauro (PPE), por escrito. (IT) El preocupante aumento de la mortalidad de las abejas y la disminución del número de apicultores podrían tener graves consecuencias para la producción de alimentos en Europa porque, como todos sabemos, la mayoría de las plantas y cultivos dependen de la polinización.

Por consiguiente, el Parlamento debería pedir a la Unión Europea que incremente su apoyo al sector apícola, dado que va a renovar la política agrícola común. Se necesitan medidas específicas y firmes para abordar este problema e impedir los efectos adversos en los sectores agrícola y comercial de nuestra economía.

El plan de acción que se pide en la resolución para abordar la mortalidad de las abejas es tan solo la primera de una serie de medidas que se deben adoptar. He votado a favor de esta propuesta.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE depende en gran medida de las importaciones en el sector apícola, pues el 40 % de la miel que consumimos es importada. Dada la importancia del sector apícola, que desempeña un papel estratégico en la sociedad, prestando un servicio público de valor medioambiental y es un valioso ejemplo de «empleo verde» (mejora y mantenimiento de la biodiversidad, equilibrio ecológico y conservación de la flora), así como un modelo de producción sostenible en el medio rural, es importante para todos que se apoye a este sector para garantizar el crecimiento sostenible y que dependamos menos de terceros países. En mi país también se debe fomentar este sector para que puedan verse sus beneficios en términos económicos y medioambientales y para que se logre un incremento de la producción de miel, que ahora mismo representa tan solo el 1,9 % de la producción comunitaria.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) Mi posicionamiento a favor de la Resolución sobre la situación del sector apícola se explica por la preocupación que tengo por la grave disminución de abejas, fundamentales e irremplazables en su importante función polinizadora que, junto a la de otros insectos polinizadores, afecta al 84 % de las especies vegetales. Por ello, creo que ayudar a mejorar la situación de este sector es una obligación ya que, como apunta la Resolución, «desempeña un papel estratégico en la sociedad, prestando un servicio público de valor medioambiental». Además, me alegra que la Resolución pida a la Comisión que se considere obligatorio la consulta por parte de las autoridades europeas y nacionales a los apicultores durante el desarrollo de programas relativos a la apicultura y de la legislación relacionada, ya que creo que es un paso adelante para mejorar la participación ciudadana y un avance democrático. Asimismo, he votado a favor porque estoy de acuerdo en que la Comisión garantice el reforzamiento de las ayudas al sector apícola en la PAC posterior al año 2013.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La pérdida de las colmenas de abejas es un gran problema en toda la UE, cuyas causas todavía no se pueden explicar del todo. Factores como el uso de productos fitosanitarios y de técnicas insostenibles de cultivo, el cambio climático, agentes patógenos y parásitos y la escasez de alimento para las abejas debido al aumento de los monocultivos, han dado lugar, en conjunto, a una significativa reducción del número de abejas de la miel. Además de consecuencias ecológicas, esto también ha tenido una repercusión económica, ya que cada vez se tiene que importar más miel. A fin de poder combatir este problema, el apicultor europeo debería recibir más apoyo en el futuro. He votado a favor porque este informe adopta un enfoque sumamente equilibrado.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito.(DE) En 2010, el sector apícola sufrió grandes pérdidas y el número de abejas descendió considerablemente. Esto tiene consecuencias negativas para todo el medio ambiente y para la agricultura, ya que las abejas son importantes polinizadoras. La situación es especialmente perjudicial cuando se trata de abejas de la miel. Por lo tanto, he votado a favor de este informe, que toma medidas para combatir la mortalidad masiva de abejas.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Estoy a favor de la resolución adoptada por una gran mayoría en la sesión plenaria de Estrasburgo del 25 de noviembre, incluidas las importantes contribuciones de los apicultores de las Azores que se transmitieron directamente en una consulta que yo mismo llevé a cabo.

No obstante, el texto final de la resolución no alcanza mis expectativas iniciales, ya que algunos aspectos cruciales para los productores, como el de las normas de calidad y el etiquetado de la miel importada, deberían haber sido más exhaustivos. Probablemente esto no fue así debido a la falta de concienciación en algunos de los problemas fundamentales que afronta el sector. Esto condujo, por ejemplo, a que no se incluyera el etiquetado local en el texto final de la resolución.

Aún así, esta resolución en general aborda temas importantes, tanto para los apicultores de las Azores como para los nacionales, gracias a la labor realizada en colaboración con el sector, sobre cuestiones como, por ejemplo: la miel importada de terceros países, que tiene graves problemas de calidad y que ahora tiene un etiquetado inadecuado; la necesidad de continuar asegurando la agricultura diversificada a fin de garantizar la polinización; y , por último, la importancia de las normas comunes de calidad y la investigación en la UE.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) El sector de la apicultura desempeña un papel estratégico en la sociedad, proporcionando un valioso ejemplo de «empleo verde» (mejora y mantenimiento de la biodiversidad, equilibrio ecológico y conservación de la flora), así como un modelo de producción sostenible en el medio rural. A nivel europeo, este sector afronta numerosos retos y problemas, especialmente en cuanto a las cuestiones de comercialización, la volatilidad de los precios, las dificultades en la promoción de la apicultura entre los jóvenes, la disminución del número de colonias de abejas y el incremento de la mortalidad de las mismas. Por eso, es totalmente lógico que se aumente la ayuda a este sector.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Me complace la adopción de esta Resolución con la que el PE acoge favorablemente el informe de la Comisión de 28 de mayo de 2010; y señala, no obstante, que los actuales programas concluirán en 2013, expresa su preocupación por los numerosos retos y problemas a que todavía se enfrenta el sector europeo de la apicultura, como las cuestiones de comercialización, la volatilidad de los precios, la promoción de la apicultura entre los jóvenes, el envejecimiento de los apicultores en la Unión Europea, la disminución del número de colonias de abejas y las dificultades generales de la lucha contra la mortalidad de las abejas debida a múltiples factores. Además, pide a la Comisión que responda positivamente a las peticiones de los Estados miembros y de los operadores, por ejemplo mejorando los datos estadísticos en relación con las previsiones de producción, incluidas la introducción de las mismas exigencias de calidad para la miel y la mejora y armonización de los programas de supervisión e investigación en la apicultura.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) Me complace que nuestro excelente colega y presidente de la comisión, el señor de Castro, haya aprobado la propuesta. Las consecuencias relacionadas con la reducción del número de abejas en el mundo son relativamente desconocidas por los ciudadanos en general, si bien las abejas desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de la cadena alimentaria. Necesitamos una ambiciosa política de investigación para que podamos alcanzar un conocimiento más detallado de los mecanismos que contribuyen a la propagación de las especies y para que podamos conseguir los medios necesarios para preservarlas. No podemos aceptar la miel china, que es de baja calidad y no cumple nuestros rigurosos criterios de producción, como algo inevitable, como la única alternativa a la escasez de miel que se está produciendo poco a poco en Europa. Lamento que mis colegas del Parlamento Europeo no votaran a favor de todas las enmiendas que presenté. Deploro que se haya apoyado de forma hipócrita el uso vergonzoso y desenfrenado de neurotoxinas de acuerdo con los grandes gigantes de la industria química. Einstein dijo lo siguiente: «Si la abeja desapareciera de la superficie de la Tierra, al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida». Asegurémonos de que nunca tengamos que descubrir si lo que él decía era cierto.

 
  
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  Artur Zasada (PPE), por escrito. (PL) Aprobando la resolución sobre la situación del sector apícola, contribuimos a fortalecer y mejorar el estado de este sector. Los problemas de este importante sector, que sigue estando infravalorado, tienen una dimensión mundial. La importancia económica y medioambiental de las abejas es fundamental. Las altas tasas de mortalidad observadas en las familias de abejas están teniendo un efecto negativo en la producción agrícola. Por lo tanto, necesitamos nuevos mecanismos de subvenciones en las próximas perspectivas financieras posteriores a 2013, que permitan que se lleve a cabo un mayor volumen de investigación científica sobre las razones de la disminución del número de abejas y también permitan que se adopten las medidas pertinentes para invertir esta tendencia negativa. Asimismo, deberíamos dar nuestro apoyo a campañas informativas y de formación que animen a los jóvenes apicultores a formar parte activa del sector.

 
  
  

Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 porque creo que esta nueva estrategia energética resulta imperativa para poner en práctica una estrategia competitiva, sostenible y segura. En un momento en el que Europa depende cada vez más de las importaciones de energía, considero vital que continúe con su papel de liderazgo dominante en cuestiones energéticas prestando especial atención a la innovación y a la tecnología.

Para lograr que nuestra estrategia energética sea más sostenible se tendrá que prestar atención constantemente a las energías renovables, mediante el aumento de la competencia en el sector, con objeto de conseguir la aplicación eficaz del mercado interior de la energía. Esto llevará a una reducción de los costes y a un incremento de la competitividad en la economía y también creará riqueza y empleo, que son importantes en lo que respecta a un equilibrio comercial saludable.

Procedo de una región ultraperiférica que actualmente tiene un nivel de autosuficiencia energético de alrededor del 27 % y que tiene como objetivo alcanzar la cifra del 75 % en 2012. Las Azores se han propuesto objetivos específicos más ambiciosos que la UE, con resultados que ya han sido reconocidos a nivel europeo, especialmente respecto a la energía geotérmica, mediante una ambiciosa política energética de colaboración entre la región y los mejores centros de investigación nacionales e internacionales.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) El objetivo de la nueva estrategia energética para Europa consiste en aplicar el Tratado de Lisboa en relación con el mercado único de la energía, la seguridad del suministro y la eficiencia energética, reduciendo la dependencia de las importaciones e incrementando la producción energética interior. Apoyo esta resolución porque la Unión Europea necesita aplicar legislación en este ámbito y estrategias energéticas globales rápidamente. Necesitamos una visión a largo plazo de nuestra política energética que garantice que este mercado funciona de forma adecuada, ofrece apoyo a las redes integradas de última generación, emplea mejor el potencial de eficiencia energética, promueve la investigación y el desarrollo, además de la innovación en este ámbito, y beneficia a los consumidores como parte esencial de la política energética europea. Por consiguiente, he votado a favor de este informe, que da el primer paso hacia una amplia política energética comunitaria integrada en la Estrategia UE 2020.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Aunque Europa lidera la producción de energías alternativas, todavía dependemos demasiado de los combustibles fósiles, especialmente del petróleo. Esta dependencia tiene ramificaciones internacionales, ya que muchas fuentes de combustible fósil se encuentran fuera de la UE. El Tratado de Lisboa ha establecido nuevas competencias energéticas para la Unión Europea, un ámbito de competencia sumamente importante. Como respuesta, el Parlamento ha aprobado una estrategia energética para el periodo 2011-2020 a la que he dado mi apoyo. La estrategia requiere que se fomente la inversión en este campo y se promuevan iniciativas centradas en las energías renovables. Desde luego, el objetivo es garantizar la seguridad del suministro en la UE, por lo que se considera una prioridad importante la gestión del gas y los oleoductos que actualmente abastecen a la UE. Así que la estrategia combina necesidades energéticas a corto plazo y planes para cubrir la demanda energética europea en el futuro.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He dado mi apoyo a este importante documento. La inclusión en el Tratado de Lisboa de un capítulo específico sobre energía ofrece ahora un fundamento jurídico sólido para desarrollar iniciativas en materia de energía basadas en la sostenibilidad, la seguridad del suministro, la interconexión de redes y la solidaridad. La Unión afronta problemas importantes en cuanto a la aplicación atrasada o deficiente de la legislación, lo que exige un liderazgo fuerte de la Comisión para superar estas diferencias. En la próxima década, se necesitarán inversiones considerables en el sector energético interior, sobre todo en nuevas centrales y redes eléctricas, puesto que tales inversiones darán forma a la combinación energética durante un período aún más prolongado, contribuyendo a la creación de un mercado energético sostenible y limpio. Es muy importante proporcionar una clara financiación plurianual para los proyectos en el ámbito energético, que asegure que la región del Mar Báltico también se integre en un mercado único de la energía de la UE y que paguemos lo mismo por las fuentes de energía que otros Estados miembros de la UE.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución de la señora Kolarska-Bobińska, porque en general comparto sus opiniones sobre hacia dónde debería orientarse la futura estrategia energética de la UE: hacia una mayor autonomía con respecto a terceros países que proporcionan combustibles fósiles; hacia la apertura de los Estados miembros que todavía permanecen «aislados» en materia energética y que no están conectados de forma apropiada al sistema energético europeo; hacia el fomento del desarrollo de las energías renovables; y hacia el suministro energético exterior en el marco del Servicio Europeo de Acción Exterior. Necesitamos una estrategia energética europea coherente que mire al futuro.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La política de seguridad energética de la Unión Europea debería permitir que esta se anticipara a situaciones de crisis, como en el caso de la crisis del gas de 2009, y no solo que reaccionara ante ellas. Esto debe ir al unísono con el cumplimiento de los objetivos asumidos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % y disminuir el consumo energético en un 20 % para el 2020. Esta tarea dista mucho de ser fácil, en especial porque la contribución financiera, tan solo para los objetivos medioambientales, ascenderá a 58 000 millones de euros. Además de esto, estará la contribución financiera para reducir la creciente dependencia comunitaria de los recursos energéticos exteriores. Es necesario combinar los aspectos internos y externos, de tal manera que la UE ya no sea vulnerable en cuanto a su suministro energético y sus políticas se deben adaptar en consecuencia. Todas las medidas destinadas a asegurar que el mercado energético interior opere correctamente deberían ir acompañadas de diplomacia activa, con objeto de fortalecer la cooperación con los principales países productores, de tránsito y consumidores. Es absolutamente imprescindible elaborar planes nacionales que incluyan medidas preventivas y de emergencia. Coordinar estos planes en el ámbito de la UE garantizaría su eficacia.

 
  
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  Jan Březina (PPE), por escrito. (CS) He votado a favor del informe sobre la estrategia energética, que describe las direcciones que debería tomar la futura política energética de la UE. Me gustaría destacar el papel de la energía nuclear en la actual y futura combinación energética de la UE, así como un reconocimiento implícito de la necesidad de ampliar la vida útil de las infraestructuras existentes. La estrategia puede considerarse equilibrada desde la perspectiva de fuentes individuales, aunque ni siquiera se menciona lo que, en mi opinión, es el papel importante del carbón cuando se quema en las centrales modernas. Resulta difícil averiguar cómo podemos aumentar la seguridad e independencia energéticas de la UE sin emplear el carbón como principal recurso estable capaz de responder con flexibilidad a demandas repentinas de energía. El punto débil del informe es que es demasiado general y carece de legislación complementaria. La forma concreta y práctica de la estrategia se verá muy influenciada por el plan de acción elaborado para lograr una economía con bajas emisiones de carbono para 2050, que se publicará a comienzos del próximo año. A tenor de la ausencia continuada de mercados regionales y la asociación de mercados, considero que establecer un mercado unificado interno para 2015 constituye un objetivo demasiado ambicioso, sobre todo, si tenemos en cuenta que la Comisión Europea, en mi opinión, no supervisa lo suficiente la correcta aplicación de la actual legislación europea en materia de energía en todos los Estados miembros. La Comisión Europea también ha incorporado como corresponde el denominado paquete de infraestructura a la estrategia energética, el cual debería facilitar la construcción de redes eléctricas en toda la UE.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) En este momento, desarrollar una estrategia real europea ha llegado a ser imperativo. Como se explica en el informe de la señora Kolarska-Bobińska, la Unión Europea se está dejando engañar por una enorme dependencia de las importaciones energéticas y las graves deficiencias de su legislación. Al igual que la ponente, me gustaría destacar que la Unión Europea necesita dotarse de los recursos prácticos y financieros necesarios para llevar a cabo sus objetivos, como mínimo proporcionando financiación para la investigación y el desarrollo en el campo de la energía. También estoy convencido de que es necesario que la seguridad del suministro se corresponda con una asociación sólida con Rusia. Es cada vez más evidente que debemos ampliar considerablemente la construcción de gasoductos que lleven gas natural desde cualquier parte del mundo hasta Europa. También necesitamos mejorar las conexiones entre las redes de los Estados miembros a fin de mejorar la solidaridad energética.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) El sector de la energía es el motor del crecimiento económico. Desde 2008, Europa ha tenido una estrategia para la energía y la lucha contra el cambio climático. Es vital que se aplique esta estrategia.

No obstante, el Tratado de Lisboa nos permite ir más allá, abriendo el camino a la creación de una verdadera comunidad energética en Europa. Necesitamos desarrollar el mercado interior de la energía, construir y conectar redes energéticas, garantizar la seguridad y la solidaridad en materia de energía y situar al consumidor entre nuestras principales prioridades. Es necesario que se aumenten los fondos públicos y se desarrollen más instrumentos y programas que incentiven la eficiencia energética. La investigación científica y la tecnología desempeñan un papel clave para lograr estos objetivos. En este sentido, me complace el lanzamiento de diversas iniciativas industriales europeas en el marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) y pido a la Comisión que ponga en práctica las demás medidas de este plan. El octavo programa marco también debería tener como prioridad la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras en el campo de la energía. Por eso, es fundamental que se disponga de la financiación adecuada para respaldar las tecnologías limpias y sostenibles. Sólo así será posible mantener la competitividad de nuestra industria y promover el crecimiento económico y la creación de empleo.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra del informe sobre la nueva estrategia energética para Europa 2011-2020. Este informe está en total consonancia con los objetivos de la Estrategia UE 2020, que elimina los últimos vestigios de la Europa social. El fortalecimiento de la competitividad de la UE, que tanto se fomenta en el informe, conduce indudablemente a que se recorten los salarios y los derechos de los trabajadores de este sector en cuestión. Al mismo tiempo, en medio de una crisis económica, donde casi toda la industria energética europea (centrales y redes energéticas) tiende a privatizarse, el informe establece que se destine más dinero a infraestructuras energéticas, es decir, subvenciona indirectamente a las grandes empresas. Por último, creo que la tentativa del informe de vincular la política energética de la UE con sus objetivos para reducir los efectos del cambio climático es sencillamente un vínculo aparente, ya que todas las referencias son poco precisas y no describen una voluntad política firme.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de la resolución sobre la nueva estrategia energética para Europa 2011-2020. Los objetivos principales que se destacan en esta resolución son avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono y garantizar la seguridad del suministro energético para todos los Estados miembros. Ambos objetivos deben asegurar que la UE sea competitiva y que la energía se distribuya a precios razonables teniendo en cuenta la seguridad del suministro. Creo que los requisitos previos para garantizar la seguridad energética consisten en extender a países vecinos los reglamentos aplicados en el mercado energético interior de la UE y adoptar medidas para diversificar las fuentes de energía y las rutas del transporte para las importaciones de energía.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) La Unión Europea se ha fijado numerosos objetivos ambiciosos para la próxima década, uno de ellos es incrementar la eficiencia energética para 2020. Este objetivo ayudará a impulsar el volumen de inversión en este ámbito y, por extensión, creará nuevos puestos de trabajo tanto en las zonas rurales como en las urbanas. En este contexto, creo que es beneficioso no solamente conceder incentivos financieros a proyectos de este tipo, sino también lanzar campañas de sensibilización pública sobre la eficiencia energética y el nivel de recursos que pueden usar el consumidor y los productos relacionados con la energía.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe «hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020» porque considero que es necesario que exista una nueva estrategia energética para el sector a fin de cumplir los objetivos dispuestos en el artículo 194 del Tratado de Lisboa, los objetivos 20-20-20 establecidos en el paquete sobre energía y cambio climático de la UE y el objetivo a largo de plazo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 % para 2050.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La Comisión ha establecido tres objetivos para la política energética europea: i) avanzar hacia un sistema energético bajo en carbono; ii) garantizar la seguridad del suministro energético; iii) garantizar el fortalecimiento de la competitividad y del suministro energético de la UE para todos los consumidores a precios asequibles. Coincido en líneas generales con estos tres objetivos, aunque creo que falta un cuarto reto, y quizás más importante: la reducción de la dependencia energética, especialmente con respecto a los combustibles fósiles. Además, el objetivo de reducir las emisiones de carbono se ha de considerar con mucho cuidado, al objeto de minimizar los riesgos de fuga de carbono y de pérdida de competitividad para las industrias europeas.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El documento de la Comisión titulado «Hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020» contribuye extraordinariamente a una amplia política comunitaria para el sector energético en el ámbito de la Estrategia UE 2020. El Tratado de Lisboa proporciona una base jurídica sólida para desarrollar iniciativas energéticas basándose en la sostenibilidad, la seguridad del suministro, la interconexión de redes y la solidaridad. Podemos tener una nueva estrategia para el sector energético a fin de cumplir los objetivos del artículo 194 del Tratado de Lisboa y los objetivos 20-20-20 del paquete climático.

Las nuevas iniciativas en el sector energético deberían tratar de avanzar hacia un sistema bajo en carbono, en el que se garantizara el suministro de energía para todos, asegurando al mismo tiempo la competitividad de la UE y el suministro energético para todos los consumidores a precios razonables. Se deben cumplir los objetivos fundamentales del Tratado de Lisboa de lograr un mercado único de la energía, la seguridad del suministro, la eficiencia y el ahorro energéticos, el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables y la promoción de redes de energía. Esta estrategia debe llevarse a cabo, ante todo, en un espíritu de solidaridad y responsabilidad, con el que no pueda dejarse atrás ni aislarse a ningún Estado miembro.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La estrategia energética de la UE defendida en este informe, y que también defiende la Comisión en sus diversos comunicados sobre el tema, está estrechamente vinculada a la definición de la política comunitaria descrita en el Tratado de Lisboa: «la realización del mercado interior de la energía de la UE».

La ponente solicita que «se elaboren planes para crear una Comunidad Europea de la Energía», insistiendo en la aplicación y transposición de las actuales directivas sobre el mercado interior por parte de los Estados miembros, y admitiendo «como última medida, la posibilidad de volver a presentar las disposiciones clave de las directivas vigentes sobre el mercado interior en forma de reglamentos, a fin de garantizar su plena aplicación directa en el conjunto del mercado único». Como hemos repetido, estamos en total desacuerdo con esta propuesta como solución energética para Europa y, por eso, hemos votado en contra del informe.

Este es un sector estratégico para la economía y el funcionamiento de un Estado, el cual debería ser soberano a la hora de definir su política energética.

Además de esto, el aumento de la dependencia de las importaciones de materias primas y de los precios al consumo de la energía, junto con la desinversión en infraestructuras energéticas, ya han revelado el fracaso de esta estrategia del mercado privado. Solamente el sector público puede garantizar el acceso universal a la energía, su buena gestión y eficacia y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

 
  
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  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. (IT) Estoy de acuerdo con los objetivos de la propuesta de resolución: la creación de un mercado único europeo de la energía, la seguridad del suministro, la eficiencia energética, el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables y el apoyo a las redes energéticas.

Apoyo plenamente la petición a la Comisión para que adopte un ambicioso plan de acción de eficiencia energética a fin de reducir la dependencia de la UE, luchar contra el cambio climático, aumentar la creación de puestos de trabajo y contrarrestar el aumento de las tarifas de energía.

Además, también es necesario garantizar el funcionamiento correcto del mercado integrado creando un sistema apropiado de infraestructuras para el gas y la electricidad. No obstante, cabe señalar que se ha otorgado especial importancia a ciertos proyectos, sin mencionar explícitamente otros, que también son de interés europeo y contribuyen al objetivo de alcanzar la seguridad energética. Creo que, para alcanzar estos objetivos, debemos no solo apoyar ciertas obras de infraestructura, sino también adoptar un enfoque neutral de todos los diversos proyectos.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) Actualmente la Unión Europea es uno de los principales actores del mercado energético internacional. No obstante, la UE dispone de muy pocas materias primas y, por lo tanto, se ve obligada a importarlas en grandes cantidades. Este simple hecho suscita dudas sobre la seguridad del suministro y la dependencia de Europa del resto del mundo. Todas estas cuestiones han sido un verdadero motivo de preocupación en el seno de la Unión Europea durante muchos años. Por esta razón, yo, junto con mis colegas del Parlamento, he votado a favor de adoptar una resolución que pide que la UE diversifique sus proveedores a fin de evitar futuros problemas de suministro y crear un enfoque estratégico más riguroso en el sector. Votando a favor de la resolución también he querido poner de relieve que la eficiencia energética debería ser prioritaria para la Unión Europea. Ciertamente, esta me parece la mejor forma de reducir la dependencia energética de la UE, pero también, y lo que es más importante, de luchar contra el cambio climático, algo que ahora se ha convertido en una necesidad urgente.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con este informe y, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente y a los ponentes alternativos por la primera estrategia energética desde que entrara en vigor el Tratado de Lisboa. La estrategia refleja los desafíos principales: la solidaridad en la esfera de la energía y la seguridad del suministro energético. Ante todo, los Estados miembros deben aplicar la legislación que ya se adoptó en el ámbito de la energía. En segundo lugar, se debe establecer un mercado único interior de la energía, así como un mercado de energías renovables. En tercer lugar, se debe actualizar y modernizar la infraestructura energética transeuropea. Por consiguiente, la UE debe superar cualquier barrera administrativa o financiera y los Estados miembros de la UE deben conciliar sus intereses y demostrar su solidaridad. Se deben aplicar las mismas normas a todos los proyectos, ya se trate del gasoducto de Yamal o del de Nord Stream. Como ya sabemos, está aumentando la dependencia de la UE de los países proveedores de petróleo y gas. Los Estados miembros de la Europa Oriental pagan un precio muy alto por el monopolio: no hay competencia, no se protegen los derechos del consumidor y es imposible crear un mercado único. Dependemos de los combustibles fósiles, recursos que se están agotando y, por lo tanto, es especialmente urgente no solo que se desarrollen las energías renovables, sino también que se invierta en aumentar la eficiencia energética para que podamos mitigar los efectos del cambio climático. Una gran carencia de la actual política energética reside en que no se destinen fondos comunitarios a una esfera que todavía figura, a pesar de la recesión, entre las prioridades más importantes de los gobiernos europeos y los ciudadanos. El campo energético debería centrarse en el consumidor y la protección de sus derechos, y la UE debe esforzarse por garantizar unos precios de la energía que favorezcan a los consumidores y las empresas.

 
  
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  Karin Kadenbach (S&D), por escrito. (DE) De acuerdo con este informe, soy partidaria de que la Comisión y los Estados miembros garanticen que se apliquen las normas de seguridad internacionales más rigurosas tanto en las centrales nucleares nuevas como en las antiguas. También he votado a favor de esta cláusula. No obstante, me gustaría aclarar que mi objetivo final sigue siendo la suspensión de las centrales nucleares. Aunque debemos alejarnos de la producción energética que emplea combustibles fósiles, la energía nuclear no es una alternativa. El riesgo potencial todavía es demasiado grande y la cuestión del almacenamiento final de los residuos nucleares todavía sigue sin resolverse. La promoción de las fuentes de energía con bajas emisiones de carbono es un argumento bien conocido que emplea el grupo de presión del sector nuclear para hacer que el uso de la energía nuclear parezca menos doloroso. De cualquier modo, no se debería usar el cambio climático para justificar la expansión de nuestras centrales nucleares.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. (PL) La política energética es, a día de hoy, una esfera de especial importancia en la actividad de la Unión Europea. La prevención de crisis energéticas en países vecinos y la garantía de seguridad energética en los Estados miembros deberían ser una prioridad para las instituciones de la Unión Europea. Es particularmente importante que se asegure el equilibrio entre la política energética y la protección medioambiental. Por eso, debemos promover el incremento del uso de fuentes de energías renovables en la mayor medida posible. Esto permitirá no solo que se reduzcan las emisiones de sustancias dañinas, sino que también puede limitar con eficacia la dependencia del mercado comunitario del suministro exterior de energía.

A fin de garantizar la seguridad energética, que es de gran importancia para todos los ciudadanos de los Estados miembros, es esencial que se promuevan las buenas relaciones entre la Unión Europea y terceros países, en especial con aquellos abastecen a Europa. De igual importancia es la diversificación del suministro de petróleo y gas, para que la Unión Europea llegue a ser menos susceptible de crisis energéticas en países vecinos.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito.(DE) Una estrategia energética sostenible europea es el prerrequisito básico para salvaguardar el suministro energético y, por lo tanto, debe abarcar todos los aspectos del abastecimiento de energía. También es importante un suministro óptimo de energía para una economía próspera, ya que proporciona y crea puestos de trabajo. Acojo con satisfacción que el informe ponga de relieve el potencial de los recursos de biomasa de los Estados miembros de la UE para producir cantidades considerables de biocarburantes de segunda generación. Durante los próximos años se debe reducir considerablemente el uso de energía fósil. La biomasa puede representar un papel importante en la sustitución del petróleo y el gas. Para conseguir la independencia y la seguridad del suministro, también se debe disponer de los recursos necesarios en la esfera de la energía. La agricultura puede contribuir significativamente al logro de los objetivos de la Estrategia UE 2020. Necesitamos reconocer los signos del futuro e invertir en fuentes de energía renovables y tecnologías ecológicas. Apoyo las partes del informe que piden medidas para que se desarrolle una política energética sostenible en Europa de relevancia internacional.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe sobre la estrategia energética puesto que contribuye de forma constructiva al debate europeo sobre este tema y establece directrices para el futuro de la política energética europea. Todos sabemos que en la actualidad la Unión Europea afronta numerosos retos, como también sabemos que depende cada vez más de las importaciones energéticas exteriores. El Tratado de Lisboa fue el primer paso para invertir la tendencia, porque proporciona un marco legal y un fundamento jurídico sólidos (artículo 194) para actuar en el ámbito de la política energética. Proporciona a la Unión un conjunto de objetivos claros: un mercado interior de la energía operativo, la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la promoción de las redes de energía y las fuentes de energía renovables. Así pues, considero que este documento es una contribución muy valiosa a la iniciativa de crear y aplicar una estrategia energética común que pueda fortalecer a Europa en las próximas décadas.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) Me complace este informe sobre una nueva estrategia energética para Europa que considera que el objetivo de toda futura estrategia debe ser el cumplimiento de los objetivos fundamentales del Tratado de Lisboa de lograr un mercado único de la energía, la seguridad del suministro, la eficiencia y el ahorro energéticos, el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables y la promoción de redes de energía; también debe contribuir a conseguir precios asequibles de la energía, en beneficio de todos los consumidores, al refuerzo de las energías renovables en el marco de una producción de energía sostenible y al desarrollo de redes de energía interconectadas, integradas, interoperables e inteligentes, así como reducir la dependencia de las importaciones de energía y aumentar la producción local de energía, manteniendo a la vez la competitividad y el crecimiento de la industria y la reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero.

 
  
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  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. (PT) La estrategia energética para Europa 2011-2020 establece directrices generales que intentan reforzar el recientemente definido mercado interior de la energía. Este informe fortalece la competitividad y los instrumentos del mercado, pero sin ser ambicioso en lo que respecta a las formas de energía renovables o la reducción del consumo de energía. Tampoco presta la atención que corresponde a la microgeneración o la igualdad en el suministro energético. Por último, vincula la seguridad energética europea a una estrecha cooperación con la OTAN. Por estas y otras razones, he votado en contra del informe.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Este informe representa un himno a la energía nuclear, el mercado del carbono y al proyecto DESERTEC. Por encima de todo, defiende una estrecha colaboración con la OTAN. De acuerdo con los principios de ecología y paz que defiendo, he votado en contra de este informe.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Los tres objetivos que ha fijado la Comisión sobre política energética europea son claros y ambiciosos: avanzar hacia un sistema energético con bajas emisiones de carbono, garantizar la seguridad del suministro energético y asegurar el fortalecimiento de la competitividad de la UE y el suministro energético a todos los consumidores a precios asequibles. Se necesita un gran esfuerzo financiero y humano para lograr estos objetivos.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) El Tratado de Lisboa dota a la Unión Europea de un marco legal y un fundamento jurídico sólidos (artículo 194) para actuar en el ámbito de la política energética. Es necesaria una visión a largo plazo y una nueva estrategia energética para alcanzar los objetivos 20-20-20 del paquete climático y energético de aquí a 2020. La Unión Europea debe demostrar que tiene voluntad y ambición. A día de hoy, la Unión depende cada vez más de las importaciones energéticas. Por esto, es importante que la Unión Europea integre las consideraciones energéticas en sus políticas y sus acciones exteriores. Además, necesitamos fomentar las inversiones a largo plazo en el territorio comunitario. La eficiencia energética y el ahorro energético deben ser las prioridades principales, en especial, mediante la adopción de un plan de acción para la eficiencia energética y un programa de incentivos que favorezca a las energías renovables en el ámbito europeo.

La Unión también debe ampliar sus esfuerzos en materia de investigación y desarrollo tanto como sea posible. Por último, debemos prestar particular atención a la competitividad de la Unión Europea y a la accesibilidad económica de la energía para la industria europea y los consumidores privados.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) En su informe, la ponente se ocupa de la mejora del suministro energético europeo, algo que es de agradecer. No obstante, parece que este objetivo se debe lograr aumentando la influencia de la UE en el sector energético. La política energética es algo que varía mucho de un país a otro. Existe poco acuerdo en Europa con respecto al uso de la energía nuclear y las formas de energía «renovables» en particular.

Por esta razón y porque creo que deberíamos continuar decidiendo por nosotros mismos cómo obtener nuestra energía, estoy convencido de que la política energética es algo que deberíamos dejar al criterio de cada uno de los Estados miembros. Por ello he votado en contra de esta enmienda.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Kolarska-Bobińska porque soy consciente de que el camino hacia el futuro energético de Europa actualmente está lleno de obstáculos y dificultades que deben superarse. Los desafíos que Europa pretende afrontar con determinación y firmeza son muchos: el sistema energético europeo necesita una inversión considerable en una época muy delicada en la que todavía está haciendo frente a la crisis económica, que ha afectado a numerosos sectores. Considerando la situación actual de la UE, creo que ya es hora de aplicar una nueva estrategia energética con vistas a lograr los objetivos establecidos en el paquete sobre energía y cambio climático (20-20-20). Sería útil un mejor uso de los recursos presupuestarios de la UE en las políticas energéticas y climáticas comunitarias. También sería una estrategia interesante la creación de instrumentos que proporcionen incentivos para el desarrollo y la modernización de las redes energéticas, lo cual tendría mi apoyo.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento sobre una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 [2010/2108(INI)] ya que considero, al igual que la ponente, que el Tratado de Lisboa, al incluir un capítulo específico sobre energía, proporciona ahora un sólido fundamento jurídico para el desarrollo de iniciativas energéticas basadas en la sostenibilidad, la seguridad del suministro, la interconexión de redes y la solidaridad.

Para este fin, es fundamental que se aborde el problema de la aplicación tardía o deficiente de legislación energética y la carencia de estrategias energéticas globales con un firme liderazgo por parte de la Comisión, junto con una demostración convincente de la determinación y el apoyo de los Estados miembros. Teniendo esto en cuenta, el documento titulado «Hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020» constituye el primer paso hacia una amplia política energética de la UE en el contexto de la Estrategia UE 2020.

Me gustaría destacar los siguientes puntos, que están incluidos en la estrategia propuesta para la UE: garantizar el apoyo a redes integradas modernas, garantizar la seguridad del suministro energético, fomentar la investigación energética, la investigación y la innovación, y hacer que los consumidores y los ciudadanos ocupen un lugar central en la política energética de la UE.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) El Tratado de Lisboa define un conjunto de objetivos claros en materia de política energética: garantizar un mercado interior de la energía operativo, la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la promoción de las redes de energía y las fuentes de energía renovables. Por lo tanto, es necesario que la UE adopte una nueva estrategia para el sector energético que permita cumplir estos objetivos, junto con los objetivos 20-20-20 del paquete climático.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito.(ES) Al final nuestro grupo se ha abstenido en la votación de esta Resolución debido al excesivo énfasis que se ponía en relación a la quema de carbón. A pesar de que dos enmiendas clave han sido derrotadas (relativas a los apartados 32 y 52), el contenido sigue siendo difícilmente asumible por nuestro grupo.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito.(PL) El informe de la señora Kolarska-Bobińska llama la atención sobre una serie de problemas, como la falta de una política energética unificada que tenga en cuenta las características específicas de cada uno de los Estados miembros, así como la necesidad de importar fuentes de energía de terceros países. Las previsiones demuestran que la dependencia del petróleo será aún mayor en el futuro, por lo que la estrategia energética debe tener muchos aspectos, además de una dimensión internacional que sobrepase el marco de la Unión Europea. Dada la proximidad geográfica de algunos Estados miembros con Rusia, la UE debería esforzarse para lograr una cooperación más estrecha con nuestros vecinos orientales bajo las condiciones adecuadas. Nuestros esfuerzos también deberían centrarse en lograr los objetivos del Tratado de Lisboa y, en consecuencia, en la creación de un mercado único de la energía, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad del suministro energético. Para lograr estos propósitos, es necesario invertir en infraestructuras de redes, ya que esto fomentaría la integración de los mercados energéticos regionales, y también modernizar las redes energéticas paneuropeas. Como sugiere con acierto la señora Kolarska-Bobińska, la construcción de nuevas terminales capaces de transportar gas desde cualquier parte del mundo, permitiría que se encontraran nuevas fuentes de importaciones de gas, en especial de regiones con abundancia de este recurso, como por ejemplo, el Asia Central. El Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, y el anterior Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, también han propuesto que se ofrezca asistencia financiera para el desarrollo de infraestructuras, porque una red energética moderna y amplia es un requisito fundamental para construir una política energética coherente.

 
  
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  Peter Skinner (S&D), por escrito. (EN) Cada vez es más esencial mantener un enfoque estratégico de la energía en la UE, ya que los recursos se han llegado a comerciar como «futuros» y los regímenes de otras partes del mundo siguen desviando estos recursos escasos sólo en su dirección. Aunque coincido en que una solución eficaz podría ser el ahorro de energía, esto es sólo una parte del enfoque más amplio que se precisa. El desarrollo de tecnologías energéticas como la fusión y las combinaciones de fuentes energéticas sostenibles son fundamentales. No obstante, esto solamente se logrará apoyando la seguridad energética como política con otros organismos occidentales, como por ejemplo la OTAN.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Una estrategia energética para Europa es esencial para aplicar nuevas políticas en el marco del Tratado de Lisboa. Ahora existe un fundamento jurídico sólido para desarrollar iniciativas en materia de energía basadas en la sostenibilidad, la seguridad del suministro, la interconexión de redes y la solidaridad. Los objetivos de un plan estructurado, tal como se presentó al Parlamento, deberían incluir la puesta en marcha de un mercado único energético y la seguridad y eficiencia del suministro energético. Es una realidad que la situación que afronta el sector energético en Europa tiene que hacer frente a muchos retos, ahora y en el futuro. La UE depende cada vez más de las importaciones energéticas y la producción energética en la UE precisa mayores inversiones, en un momento en el que todavía se están afrontando las consecuencias de una crisis económica. Me gustaría destacar la importancia de que se aproveche mejor el potencial de las formas de energía renovables en la U y de que se sitúe en el centro de la política energética europea a los consumidores de la UE. Por los motivos expuestos, he votado a favor del documento.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. (EN) Dado que se calcula que para 2030 se importará el 70 % de la energía de la UE, a menudo de regiones inestables, la seguridad del suministro debe ser una prioridad para la UE y esta resolución expone la estrategia comunitaria para hacer frente a esta dependencia. En particular, la eficiencia energética debería ser una prioridad para la UE, ya que es el medio más efectivo de reducir gastos para los consumidores de toda la UE. La resolución también insta a la Comisión a que garantice la aplicación correcta de toda la legislación actual, incluido un mercado único de la energía, y también reitera la petición del Parlamento del despliegue de contadores inteligentes, los cuales deberían mejorar el servicio que reciben los consumidores y permitirles que controlen mejor la cantidad de energía que utilizan.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0616/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución porque creo que la Unión Europea debería contribuir de forma activa a que la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún fuera prometedora y transparente, especialmente en lo que se refiere a la financiación destinada a la adaptación, la silvicultura, el uso eficaz de recursos, la transferencia de tecnología, la vigilancia, la presentación de informes y la verificación.

Por tanto, la UE debería facilitar igualmente un sólido compromiso político con terceros países mediante la elaboración de políticas que generen mecanismos efectivos para la cooperación internacional en el ámbito del cambio climático, dentro y fuera de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También cabe señalar la responsabilidad histórica de los países desarrollados en la irreversibilidad del cambio climático y su obligación de ayudar a los países en desarrollo y a los países menos desarrollados en el proceso de adaptación a las transformaciones que comporta dicho cambio, así como de aportar ayuda económica para los Programas de Acción Nacionales de Adaptación (PANA), pues son instrumentos importantes para la adaptación al cambio climático y promueven la implicación de esos países.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) La semana anterior a la cumbre sobre el cambio climático en Cancún, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre los objetivos de la cumbre. El fracaso de la Cumbre de Copenhague, en la cual teníamos grandes esperanzas, todavía lo tenemos muy presente y esperamos que la próxima oportunidad de avanzar en la cooperación internacional en el ámbito del cambio climático no acabe siendo otra oportunidad perdida. Por desgracia, no creo que la resolución aprobada en la última sesión plenaria del martes sea especialmente útil. Mis colegas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y yo queríamos mantener el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero en un 20 % para 2020, lo que nos habría dado una buena base para las negociaciones con los Estados Unidos y China. No obstante, el Grupo Verts/ALE y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo consiguieron aprobar el objetivo poco realista del 30 %. No creo que este tipo de enfoque unilaterial sea una buena noticia para las inminentes negociaciones en Cancún y, desde mi punto de vista, es una lástima que se haya aprobado esta resolución, a la que yo me opuse.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He apoyado esta resolución. En la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático no se pudieron alcanzar compromisos concretos. Tampoco dieron el resultado esperado las negociaciones posteriores en Alemania y China, y por eso se ha depositado mucha esperanza en la Conferencia de Cancún, en la que conviene aprobar medidas importantes —la firma de un amplio acuerdo internacional con un horizonte posterior a 2012— que se ajusten a los últimos avances de la ciencia y sean coherentes con nuestros objetivos de frenar el calentamiento de la atmósfera antes de 2020 y reducir el calentamiento global a 2 ºC antes de 2050, con respecto a los niveles de 1990. Estoy de acuerdo con la posición expuesta en la resolución de que la Unión Europea debería asumir el liderazgo en las negociaciones sobre el cambio climático y contribuir activamente a una conferencia sobre el cambio climático más constructiva en Cancún. Solamente la Unión Europea ha aprobado objetivos vinculantes de reducción del cambio climático y pretende adoptar objetivos aún más ambiciosos. Por lo tanto, a la UE le interesa que otros países también asuman estos compromisos, porque el crecimiento económico y la competitividad de la UE dependen de ello.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Unos pocos días antes de la apertura de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún, la resolución conjunta votada por el Parlamento pide «a los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo que den muestras de una voluntad y un liderazgo políticos auténticos durante las negociaciones». Necesitamos medidas rápidas y específicas porque la evaluación es dura: tal y como están las cosas, no es muy probable que nuestros compromisos minimicen los daños producidos por el cambio climático. Resumiendo, nuestros gobiernos deben trabajar más y con mayor rapidez. La Unión Europea debe desempeñar un papel impulsor en las negociaciones hablando con una sola voz, de tal manera que pueda tener algo de peso al negociar con China y Estados Unidos. Por lo que se refiere a los objetivos, necesitamos más ambición. Debemos adoptar el objetivo de la reducción del 30 % de la emisión de gases de efecto invernadero en la UE para 2020 con respecto a los niveles de 1990 (apartado 16). Aunque es cierto que la lucha contra el cambio climático se ha establecido como uno de los retos políticos más importantes durante varios años, todavía no hemos visto los resultados esperados. Por ejemplo, en cuanto a los objetivos de 2020 relativos a la eficiencia energética y la tasa de energía renovable del 20 %, las cifras no cuadran. Cancún es una oportunidad para hacer las cosas mejor; no la perdamos otra vez.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de esta resolución porque la Unión Europea debe desempeñar un papel destacado en las negociaciones sobre el cambio climático, ya que es necesario que se restablezca la confianza en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático después del decepcionante resultado de la conferencia sobre el clima celebrada en Copenhague. Apoyo la petición del Parlamento Europeo de que se tomen medidas concretas para detener la deforestación y su propuesta de que se establezca un mercado mundial de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que sea eficaz. Me gustaría destacar que debemos aumentar la absorción natural de las emisiones de gases de efecto invernadero que fomenta la conservación de la diversidad biológica. Es de esperar que en Cancún se acuerden medidas importantes que deberían estar en consonancia con los últimos avances científicos para garantizar la supervivencia de todos los países, pueblos y ecosistemas.

Además, es muy importante que en Cancún se adopten decisiones fundamentales acerca de la financiación y, en particular, sobre el grado de complementariedad de la financiación para la adaptación, la silvicultura, la utilización eficiente de los recursos, la transferencia de tecnología y la supervisión, la presentación de informes y la verificación. También es muy importante asegurar una transparencia total y un firme compromiso político con respecto a la aplicación de la financiación inmediata.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) El éxito de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún es vital para la credibilidad del proceso de negociación bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Por esto, es crucial que se adopten compromisos realistas y objetivos concretos. Es fundamental que se llegue a un acuerdo sobre aspectos como las políticas de protección forestal, la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y la financiación.

En caso de que no se alcance un acuerdo global, Europa debería seguir dispuesta a considerar un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, pero debería imponer condiciones, en especial con respecto a la integridad medioambiental del protocolo, la remodelación del mecanismo para un desarrollo limpio y la aceptación de compromisos por parte de los principales emisores mundiales, como China y los Estados Unidos.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La forma inicial de la resolución sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún ha cambiado mucho y su contenido se ha suavizado considerablemente al incorporar las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). No obstante, he votado a favor porque considero que se necesitan urgentemente medidas coordinadas y rápidas en el plano internacional para luchar contra el cambio climático y que la resolución en su conjunto todavía incluye bastantes puntos positivos y hace una importante contribución por parte de la UE a la conferencia de Cancún. El informe critica la falta de preparación para la conferencia, destaca la necesidad de que se reduzcan las emisiones como mínimo en un 40 % y pide a la UE y los Estados miembros que apliquen el principio de «justicia climática». También destaca la responsabilidad histórica de los países desarrollados y les recuerda su compromiso financiero y el objetivo de facilitar el 0,7 % del PNB en concepto de Ayuda Oficial para el Desarrollo. La conservación de la diversidad biológica y del ecosistema es la idea central y también se reconocen el derecho al acceso al agua potable y la necesidad de preservar los bosques y desarrollar una política de repoblación forestal. Por último, señala acertadamente que no se aprovecha el potencial de ahorro energético y subraya la necesidad de que se incremente la eficiencia energética de los edificios y el transporte.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) El cambio climático es un problema de importancia mundial y requiere, por tanto, una respuesta conjunta. Un compromiso unilateral es una señal positiva y, por lo tanto, deseable, pero no basta.

Aunque los datos confirman que no será la UE quien más se vea afectada por el aumento de CO2, eso no significa que no debamos tener sentido de la responsabilidad, incluso por lo que se ha hecho en el pasado. No podemos desdecirnos de nuestros compromisos de contribuir de forma tangible a reducir las emisiones, aunque merece la pena señalar que nuestros esfuerzos son básicamente de naturaleza diplomática.

En especial, es necesario que creemos un consenso sobre ciertas cuestiones básicas y que las abordemos junto a los demás actores. De hecho, el incentivo para aprovecharse de los demás puede ser muy poderoso, pero eso debería evitarse por todos los medios; de lo contrario, los costes que nuestro sistema de producción ya está empezando a pagar —y que paga gustosamente, siempre que obtenga resultados— serán en vano.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo del 25 de noviembre de 2010 sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Cancún con miras a cumplir el objetivo general de limitar el aumento de la temperatura media mundial anual en superficie a 2º C (objetivo de los 2º C). Las consecuencias de no cumplir el objetivo de los 2 ºC pueden ser particularmente graves. Hasta un 40 % de las especies se verán amenazadas de extinción, que millones de personas se verán forzadas a desplazarse debido al ascenso del nivel del mar y la mayor frecuencia de los episodios meteorológicos extremos, que las cosechas disminuirán, que los precios de los alimentos subirán y que la producción económica mundial caerá como mínimo un 3 %. Los argumentos científicos sobre el cambio climático y su impacto son muy obvios. Por eso es primordial que se establezca un marco legislativo que supervise la aplicación adecuada de estas medidas.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Creo que la UE y sus Estados miembros deben definir y aplicar un principio de «justicia climática» y, por consiguiente, introducir una cláusula de equidad en las futuras negociaciones internacionales sobre el clima. Considero que sería una gran injusticia que el mundo fuera incapaz de frenar el cambio climático, porque quien lo sufriría sería precisamente la población de los países pobres.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Voto a favor de la gran mayoría de las medidas y propuestas presentadas en este informe. Tras el resultado desalentador de la conferencia sobre el clima celebrada en Copenhague, es necesario restablecer la confianza en las negociaciones internacionales acerca del cambio climático. De nuevo, depende de la Unión Europea asumir un papel destacado en las negociaciones sobre el cambio climático y contribuir de forma activa para que el encuentro de Cancún dé lugar a compromisos más constructivos, transparentes y audaces.

También creo que la Unión Europea debería procurar incrementar sus actividades de diplomacia climática, buscar un sólido compromiso político con terceros países mediante el desarrollo de políticas orientadas a crear instrumentos y mecanismos eficaces para la cooperación internacional en la protección medioambiental y el cambio climático. En este intento por lograr resultados más audaces y ambiciosos, también creo que en la fase final de las negociaciones de la COP16, la Unión Europea debería ofrecer cierta flexibilidad a su negociador principal para que reaccione ante los acontecimientos planteados por las negociaciones.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) La Unión Europea debe hablar con una sola voz y demostrar que es ambiciosa y persuasiva durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún. No se debe repetir el fracaso de Copenhague. Necesitamos medidas rápidas y específicas porque la evaluación es dura: tal y como están las cosas, no es muy probable que nuestros compromisos minimicen los daños producidos por el cambio climático. La Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental en las negociaciones hablando con una sola voz para hacerse notar en sus negociaciones con China y los Estados Unidos. El objetivo más importante que se ha de cumplir es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en un 30 % para 2020 con respecto a los niveles de 1990. También debemos asegurarnos de que países industrializados como los Estados Unidos se comprometan con los países en desarrollo a fin de ayudarles a luchar contra el cambio climático y adaptarse a él combatiendo la deforestación, la desertificación, etc. Es hora de que nuestros gobiernos hagan balance de los desafíos climáticos que nos quedan por delante y lleguen a un consenso político que permita la aplicación de una verdadera política mundial para luchar contra el cambio climático.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. (FR) La Unión Europea ya adoptó el ambicioso objetivo de la reducción del 20 % de las emisiones de CO2 para 2020 durante la Presidencia francesa de 2008. Ya es muy difícil lograr que los demás países que participan en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático acepten este objetivo. Este objetivo europeo, sin un acuerdo internacional, también puede significar que las empresas europeas pierdan competitividad internacional en algunos sectores de la economía.

Proponer como nuevo objetivo la reducción del 30 % de las emisiones de CO2 en la Unión Europea es, por tanto, completamente desproporcionado y por eso he votado en contra de esta propuesta de resolución. La posición aprobada hoy por el Parlamento no sitúa a la Unión Europea en una posición creíble a la hora de negociar con sus socios para alcanzar un acuerdo durante la conferencia de Cancún de la próxima semana.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún porque creo que el Parlamento debería transmitir con claridad que los líderes mundiales deben demostrar su liderazgo político durante las negociaciones a fin de alcanzar el nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Independientemente del debate sobre las causas del cambio climático y sobre si la acción humana lo ha provocado y si se puede invertir, ahora es evidente que este asunto tiene consecuencias muy graves en esferas muy diversas de la vida humana y que amenaza con provocar desequilibrios a escala mundial. Por lo tanto, no podemos dejar de supervisarlo de cerca y con preocupación. En especial, el cambio climático ha causado un preocupante aumento del nivel del mar, migraciones forzosas y la lucha por el acceso a vías fluviales y tierra más fértil, como en el caso de Sudán, enfrentando a pastores nómadas con agricultores asentados. La Unión Europea debe participar de forma activa en esta iniciativa mundial y hacer todo lo posible por vigilar este problema y buscar soluciones duraderas que, en el mejor de los casos, puedan conciliar el progreso científico y tecnológico y el desarrollo de las poblaciones con calidad medioambiental y respeto por la naturaleza. La conferencia de Cancún sobre el cambio climático es una excelente oportunidad para perseguir este objetivo, con el fin de establecer metas más ambiciosas y alcanzar un compromiso colectivo más sólido y amplio para combatir el problema.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Apoyo un acuerdo vinculante que ofrezca un sistema internacional de sanciones para la cumbre de Cancún. Es evidente que este acuerdo sólo tendrá sentido si es obligatorio para los principales emisores globales: los Estados Unidos, China y la India. La UE ha liderado la lucha contra el cambio climático y se debería fomentar que continúe con este liderazgo, aunque sin olvidar los esfuerzos tremendos que ya hacen nuestras industrias para responder a las reducciones obligatorias de las emisiones en Europa. Se debería tener en cuenta que la UE es responsable de alrededor del 15 % de las emisiones mundiales y se estima que este porcentaje descenderá al 10 % en 2030, mientras que los Estados Unidos, China y la India son responsables de la mitad de las emisiones mundiales y esta cifra sigue en aumento.

En consecuencia, no puedo estar de acuerdo con que la UE deba limitar de forma unilateral sus emisiones de CO2 en un 30 %, en vez del objetivo del 20 %, si no la van a secundar otros países, en especial los Estados Unidos. Esto no significa que deba reducirse la ambición de la UE. Al contrario, considero que, aunque otros países no estén de acuerdo con nosotros, deberíamos continuar centrando nuestros esfuerzos en la investigación científica, la innovación tecnológica sobre fuentes energéticas libres de carbono, la eficiencia energética y la creación de empleos ecológicos a fin de aumentar nuestra competitividad.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Esta resolución repite algunas de las carencias, debilidades y errores de la posición que aprobó el Parlamento en la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático, sin reconocer las motivos de su espectacular fracaso. La discusión todavía se centra demasiado en los objetivos de reducción, en detrimento de los medios para lograrlo, lo que desacredita todo el debate. Se insiste en un planteamiento de mercado cuando los instrumentos de mercado ya han demostrado su ineficacia y perversidad. Se queda corta respecto a lo que se necesita en el debate sobre las distorsiones introducidas por los llamados mecanismos de flexibilidad y la necesidad de su supresión o reformulación. Hay una manifiesta incomprensión del sentido y del significado profundo del principio de «responsabilidad común pero diferenciada» al situar en pie de igualdad a los principales contaminadores históricos del mundo, como los Estados Unidos, el mayor emisor mundial per cápita, que se resiste a asumir compromisos serios para reducir sus emisiones, con las economías emergentes, como China o la India, cuyas emisiones per cápita son entre diez y cuatro veces, respectivamente, inferiores a las de los Estados Unidos.

En cuanto a la financiación de la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo, se continúan ignorando las graves limitaciones que pesan sobre estos países, como la colosal e injusta deuda externa de los países menos desarrollados. Pese a algunos puntos positivos, el contenido general de la resolución no merece nuestro apoyo.

 
  
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  Carlo Fidanza (PPE), por escrito. (IT) Tras el fracaso de la Conferencia de Copenhague, espero que por fin avancemos. Me complace la resolución sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún, en especial por las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), que establecen un principio sensato y pragmático: la UE no puede decidir de forma unilateral ningún aumento de las cuotas de reducción de las emisiones si no existen compromisos tangibles de los otros principales actores mundiales.

Por supuesto, Europa debe continuar liderando la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, pero esto no puede realizarse en nombre de una ideología ecologista que no requiera ninguna aceptación conjunta de la responsabilidad y acabe penalizando a cientos o miles de pequeñas y medianas empresas, en especial en un periodo de crisis.

 
  
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  Karl-Heinz Florenz (PPE), por escrito. (DE) He votado en contra de la propuesta de resolución de hoy de la conferencia sobre el clima de Cancún (COP 16) porque me siento responsable de la protección del clima, con lo que quiero decir protección climática realista que combine sostenibilidad y desarrollo económico. Supone un gran paso para mí votar en contra de un informe en cuya redacción he desempeñado un papel importante. No obstante, la propuesta de resolución es una «quimera ecológica» que se propone objetivos excesivos y poco realistas. Hemos conseguido reducir las pretensiones de algunas peticiones, como la de limitar el aumento de la temperatura media a 1,5 ºC. Si aplicáramos esta petición, tendríamos que reducir nuestras emisiones a cero durante los próximos diez años y esforzarnos por lograr emisiones negativas a corto o largo plazo. No hemos logrado imponernos con respecto a una subida unilateral en los compromisos de reducción de la UE, a pesar de que esto no es útil para las negociaciones en la actualidad y de que carecemos de investigaciones sobre cómo se logran reducciones concretas. Debemos impedir que se formulen este tipo de peticiones, ya que nos arriesgamos a perder la credibilidad entre nuestros socios de todo el mundo, en especial de aquellos que todavía no están seguros de si desean unirse a nosotros. La credibilidad es nuestro principal activo en este momento. Estoy convencido de que en nuestros esfuerzos para conseguir esto, Europa debe hablar con una sola voz. Por este motivo apoyo al Consejo y la Comisión.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) Se frustraron las esperanzas cuando en la cumbre de Copenhague no se pudieron establecer objetivos ambiciosos para luchar contra el calentamiento global. Ahora la Unión Europa necesita mantenerse firme en su compromiso para lograr un resultado convincente en la cumbre de Cancún. Para este fin, el Parlamento ha aprobado una resolución que intenta elevar el objetivo de la Unión Europa para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 20 % al 30 % para 2020. He votado a favor de esta resolución porque considero que no tenemos más tiempo que perder y que si lo retrasamos y nos andamos con rodeos perderemos nuestra oportunidad. La Unión Europea necesita ser la impulsora de la comunidad internacional si queremos conseguir resultados reales.

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE), por escrito. (FR) He votado en contra de la aprobación final de esta resolución.

La naturaleza poco realista de los objetivos que se han votado es sorprendente.

La adopción unilateral por parte de la UE del objetivo de reducir las emisiones en un 30 % para 2020 tendría graves repercusiones en Francia en términos de competitividad y empleo.

Hay demasiados factores inciertos que pesan sobre las negociaciones para que la UE establezca por sí sola este tipo de objetivos restrictivos. El año pasado, Europa cometió el error de creer que podría imponer su visión de las cosas a sus socios en Copenhague. Si la UE vuelve a cometer de nuevo estos errores, no podría ni participar en la mesa de negociaciones.

Solamente podremos hablar del 30 % cuando se firme un acuerdo internacional sobre esta cantidad.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor de la resolución sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún porque, ahora más que nunca, tras el fracaso de la cumbre de Copenhague, la Unión Europa necesita estar unida para a la hora de presionar para conseguir unos objetivos estrictos. En especial, el texto presenta el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la UE en un 30 % para 2020, con objeto de limitar la subida de la temperatura global a 2 ºC. La resolución, que es un documento realista, toma en cuenta que los Estados miembros tienen una «responsabilidad común pero diferenciada» que refleja su desarrollo y crecimiento. También propone la creación de un «Fondo Verde para el Clima» que podría emplearse para proporcionar financiación cuando sea necesario, dando prioridad a los países vulnerables.

 
  
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  Romana Jordan Cizelj (PPE), por escrito. (SL) He votado en contra de la resolución. Me explico: ¿acaso fue posible contar todas las voces en el Parlamento Europeo que pedían que la UE hablara con una sola voz en Cancún? La votación de hoy ha demostrado que el Parlamento todavía es incapaz de hacerlo. Una de las posiciones negociadoras claves de la UE es que no deberíamos aceptar ningún nuevo compromiso de forma unilateral. El Parlamento ha rechazado esto por una pequeña mayoría. Por eso he votado en contra de la resolución. Espero que la Comisaria Hedegaard se mantenga fiel a las posiciones que se acordaron anteriormente.

 
  
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  Dan Jørgensen (S&D), por escrito.(DA) Los socialdemócratas daneses se han abstenido de votar sobre la obligación de una reducción del 40 %. Los socialdemócratas, en principio, apoyan el 40 %, pero en esta votación en particular, optaron por apoyar el 30 %, ya que representa un objetivo alcanzable en la práctica. Esto también se reflejó en el resultado final.

 
  
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  Karin Kadenbach (S&D), por escrito.(DE) Lamento que, en el contexto de la resolución sobre la conferencia sobre el clima, la petición de un impuesto global sobre las transacciones financieras, cuyos ingresos se podrían emplear, entre otras cosas, para combatir la deforestación y la desertificación, no recibiera el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo. Por desgracia, la mayoría conservadora no siguió las recomendaciones de los socialdemócratas sobre esta cuestión. Me complace que hayamos aprobado el objetivo de limitar el calentamiento global a un mínimo de 2 ºC, sin descartar de las negociaciones la posibilidad de limitar el aumento de temperatura a 1,5 ºC, a fin de permitir que se garantice la supervivencia de todos los países, pueblos y ecosistemas.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. (EN) El cambio climático es un desafío real e inmediato que afrontan los países europeos. Es vital que se adopte rápidamente una decisión a nivel mundial que pueda ayudar a contener las peores consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, me gustaría ver progresos en la Conferencia de Cancún.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución, que explica la posición del Parlamento antes de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún. Destaca que en Cancún conviene aprobar medidas importantes para allanar la senda a la firma, en Sudáfrica en 2011, de un amplio acuerdo internacional con un horizonte posterior a 2012 que se ajuste a los últimos avances de la ciencia y sea coherente con la consecución, como mínimo, del objetivo de los 2º C, sin perjuicio de su sustitución por un objetivo de aumento de temperatura de 1,5 °C para garantizar la supervivencia de todos los países, pueblos y ecosistemas. La resolución pide a la Unión Europea que asuma una vez más el liderazgo en las negociaciones sobre el cambio climático y que contribuya activamente a una conferencia sobre el cambio climático más constructiva y transparente en Cancún.

 
  
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  Mario Mauro (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución en el periodo previo a la conferencia sobre el cambio climático que se celebrará en Cancún del 29 de noviembre al 11 de diciembre, básicamente porque necesitamos llegar a México con una posición común clara y bien definida. Estoy a favor de la actitud constructiva de la Unión Europea al acordar que se considere un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. No obstante, no debería moverse ni un ápice de las condiciones propuestas con respecto a las emisiones. Ninguno de los actores de la comunidad internacional debería plantearse siquiera dejar a Europa abandonada a su suerte con la esperanza de que resuelva todos los problemas mundiales por sí sola.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Esta resolución acepta algunos de los argumentos planteados en la Cumbre de Cochabamba. Estoy muy satisfecho con esto y me sorprende que no se citara en absoluto en la resolución. Propone que se defina y aplique el principio de justicia climática y reconoce, sin citarlo, la deuda climática contraída por los países del norte con los del sur. Los objetivos que propone la resolución con referencia a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero coinciden con los definidos por el IPCC.

La moderación energética, como quiera que se le llame, está por fin en el orden del día. Si el intercambio de derechos de emisión, conocido como «mercado del carbono» y la creación de un «mercado mundial del carbono» no fueran uno de los pilares principales de esta resolución, habría podido votar a favor.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) De nuevo hay grandes esperanzas en torno a la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún. Los países con mayor responsabilidad deben continuar trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un problema que exige una solución rápida y que preocupa a todo el mundo.

La UE debe de ser capaz de asumir un papel destacado en la lucha contra el cambio climático. Todos los países, desde los Estados Unidos hasta los llamados emergentes, entre ellos China, que son grandes contaminadores, también deben asumir sus responsabilidades en una lucha que deja cada vez menos margen para nuevas oportunidades. El futuro sostenible de la humanidad está en juego. Si no se hace nada a tiempo, podríamos alcanzar el punto de no retorno.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Durante la próxima conferencia sobre el clima de Cancún, se deben acordar límites vinculantes a nivel mundial para las emisiones de CO2 porque el anterior Protocolo de Kioto finaliza en 2012. Aunque la Unión Europea está trabajando para reducir las emisiones de CO2 en un 20 % hacia el final de la década, en realidad el Parlamento busca una reducción del 30 %. Hasta ahora no hemos conseguido nuestros objetivos climáticos, una situación que no mejorará por establecer un porcentaje de reducción más elevado. En especial cuando el comercio de derechos de emisión simplemente permitió que algunas de las emisiones se trasladaran a otro lugar.

Aquí, en Europa, tenemos un alto grado de conciencia medioambiental, lo cual no sucede en algunas de las llamadas economías emergentes. Basta con pensar en China o la India, por ejemplo. Soy muy escéptico con respecto al sistema aplicado hasta ahora. Mi escepticismo se debe principalmente a que se van a construir más centrales nucleares para reducir las emisiones de CO2. Esto significaría, simplemente, ir de mal en peor. Sencillamente, no puedo apoyar una propuesta de este tipo.

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), por escrito. (LT) El cambio climático es uno de los problemas medioambientales más importantes de nuestro tiempo y, a su vez, también es la causa de numerosos desastres naturales. Hace tiempo, nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. No obstante, parece ser que no podemos lograr los objetivos establecidos. Por otro lado, no se puede alcanzar ningún objetivo mientras que los grandes contaminadores del mundo no se unan a la UE. Por lo tanto, es irresponsable que se establezcan objetivos aún mayores si no se han logrado objetivos menos ambiciosos. Además, si empezamos a lograr objetivos más importantes nos quedaremos arrinconados, ya que la industria europea, al tener que cumplir condiciones más estrictas, será incapaz de competir en igualdad de condiciones con países que no establecen tales condiciones. Por lo tanto, aunque establecer objetivos ambiciosos nos convierte en líderes en la lucha contra el cambio climático, de ningún modo contribuye al objetivo de la UE de convertirse en la región más competitiva del mundo. He votado en contra del documento final porque, aunque no tengo dudas de que la UE pueda ocupar el primer puesto en cuanto a la reducción del cambio climático y todos conocemos nuestros compromisos con la naturaleza, debemos establecer objetivos que sean lo más realistas posibles y avanzar hacia ellos con coherencia.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito.(DE) El hecho de que la economía europea tenga que reducir su producción con motivo de la crisis, dando lugar a reducidos niveles de emisiones, no es un argumento para la reducción del 30 % de las emisiones de CO2 que está pidiendo la Comisaria de Acción Climática de la UE, la señora Hedegaard, ahora que la reducción del 20 % se puede conseguir fácilmente debido a la crisis económica. No obstante, la protección del clima solamente se puede conseguir si se lleva a cabo a escala mundial. Tiene poco sentido que se reduzcan las emisiones de CO2 en toda la UE mientras que, al mismo tiempo, se trasladan industrias que son perjudiciales para el clima y los vertidos tóxicos de los países industrializados a los países en desarrollo. Por otra parte, las medidas restrictivas de la UE frenan nuestra economía y ponen trabas a nuestras compañías en la competencia internacional. Por lo tanto, deberíamos decir «sí» a la protección del clima, pero no a expensas de nuestras empresas y no si somos los únicos que tomamos las medidas. Por ello, he votado en contra de la propuesta de resolución.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún para que Europa pueda expresar su apoyo a los acuerdos en el ámbito del cambio climático en una conferencia de importancia internacional. El Parlamento Europeo espera que los Jefes de Estado o Gobierno den la máxima prioridad a este tema y acuerden medidas específicas en las que la UE pueda desempeñar un papel destacado poniendo de manifiesto nuestro compromiso con el Protocolo de Kioto. El calentamiento global se ha demostrado científicamente, así que se debe establecer el objetivo de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2015 para reducir a la mitad las emisiones antes de 2050. Esto mantendrá el ascenso de la temperatura por debajo de 2 °C, lo que salvará países, poblaciones y ecosistemas.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16) es crucial para todos los europeos y para todos los ciudadanos del mundo. Necesitamos una política responsable y ambiciosa a este nivel por parte de todos los actores políticos. La Unión Europea tiene un papel fundamental y debe liderar las ambiciones en el cambio climático.

Considerando esto, he votado en contra de la resolución del Parlamento porque opino que los objetivos que establece no son lo bastante ambiciosos. De hecho, no puedo aceptar un objetivo superior a 1,5 ºC en un futuro acuerdo internacional posterior a 2012 en Sudáfrica dados los últimos avances científicos. En lo que respecta a los compromisos de reducción de emisiones, el aumento debe seguir siendo inferior a 1,5 ºC, lo que obliga a que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lleguen a su nivel máximo antes de 2015 a más tardar y se reduzcan como mínimo en un 50 % en comparación con 1990 antes de 2050, y a que continúen disminuyendo después de esa fecha.

No se trata de meros porcentajes, sino de objetivos que, según investigaciones científicas, son alcanzables y vitales para conseguir un giro decisivo en el camino que hemos recorrido hacia la destrucción de partes importantes de la diversidad biológica de nuestro planeta.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de esta resolución con la firme convicción de que este año lograremos un resultado diferente en Cancún. Creo que la UE hablará con una sola voz tras haber aprendido del resultado positivo de Nagoya en octubre y de la experiencia negativa de Copenhague de 2009. De acuerdo con su mandato, la UE y los Estados miembros deben continuar desempeñando un papel constructivo a escala mundial para lograr un acuerdo jurídicamente vinculante posterior a Kioto. Las ONG y la sociedad civil deben participar plenamente en este acuerdo para que se aplique correctamente y con mayor transparencia. Por este motivo me complace que se hayan registrado 5 000 representantes de la sociedad civil para asistir a los debates de la COP 16.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución porque creo que la Unión Europea debería mostrar su firme compromiso y determinación en el contexto del esfuerzo global para encontrar soluciones que puedan mitigar el cambio climático y sus efectos.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. (FR) Digamos directamente que la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún no va a tener éxito. Hay una buena razón para este pesimismo, dada la verdadera falta de voluntad demostrada en estos últimos meses por los principales protagonistas, entre ellos los Estados Unidos y China principalmente, sin quienes no se puede concebir un acuerdo importante y vinculante. Por todo esto, no es necesariamente cierto que Cancún sea una copia exacta de Copenhague ni que vaya a causar tanta desilusión entre los ciudadanos. En la resolución que se ha aprobado hoy al mediodía, el Parlamento Europeo nos ha recordado que deberíamos intentar conseguir el objetivo de limitar la subida de la temperatura a 1,5 ºC para garantizar la supervivencia de todas las naciones, pueblos y ecosistemas. Esta es una cuestión de responsabilidad con respecto a las futuras generaciones. La resolución nos recuerda que para ser creíble, la Unión Europea debe no solo cumplir sus compromisos de proporcionar 30 000 millones de dólares de ayuda a los países más pobres durante el periodo 2010-2012, sino también demostrar imaginación para salvar el planeta. Asimismo, debe ofrecer nuevas fuentes de financiación: un impuesto sobre las transacciones financieras, impuestos internacionales a las empresas, impuestos sobre las emisiones y contribuciones sobre los billetes de avión, propuestas que cuentan con mi apoyo y el de otros 292 diputados al Parlamento.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − (EN) La resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) se aprobó por un estrecho margen (la votación final fue de 292/274/38) con los siguientes cambios u observaciones: se eliminó la referencia a «sin perjuicio de su sustitución por un objetivo de aumento de temperatura de 1,5 °C» por una mayoría ajustada (VN enmienda 14 y enmienda 18: 307/304/xx); se suprimió la mención explícita de que las lagunas legales del cambio en el uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) y de las cuotas asignadas adicionales (AAU) podrían anular todos los objetivos del Anexo I (enmienda 16: 316/301/xx); pero permanecen otros apartados del anexo I que piden normas firmes que estén diseñadas para generar una reducción de las emisiones. Sin una comprobación electrónica se dijo que se rechazó un apartado que repetía la ciencia del Cuarto Informe de Evaluación (4AR) de la CMNUCC y el 40 % (aunque en una votación separada sobre el mismo apartado se había mantenido la parte sobre el 40 % requerido por la ciencia para los 2 ºC). Se ha mantenido el apartado que reitera «la necesidad de adoptar un objetivo de reducción de las emisiones internas de gases de efecto invernadero para la Unión Europea del 30 % para 2020 con respecto al nivel de 1990, en interés del futuro crecimiento económico de la Unión Europea» (enmienda 20 del PPE rechazada por VN: 298/316/xx). En general, sigue siendo una buena resolución que incluye numerosos mensajes positivos sobre el Protocolo de Kioto, límites a las compensaciones y críticas de las lagunas legales del LULUCF y las AAU, así como una redacción contundente sobre la responsabilidad histórica de los países industrializados y la necesidad de financiar las iniciativas climáticas de los países en desarrollo.

 
  
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  Peter Skinner (S&D), por escrito. (EN) Según se va acercando la conferencia, es evidente que existe una oportunidad real para que la UE haga una contribución positiva en Cancún. Tras haber escuchado al presidente de la comisión, Jo Leinen, estoy convencido de que en el fondo solamente se puede lograr un acuerdo multilateral si se puede eliminar el recelo de los países BRIC. Asimismo, en la conferencia se han de impulsar los compromisos de muchos países de cumplir con las contribuciones destinadas a ayudar a los países en desarrollo.

 
  
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  Alf Svensson (PPE), por escrito.(SV) Durante la votación de ayer en el Parlamento Europeo, voté a favor de la resolución sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún (COP 16). Lo hice así porque la resolución trata un tema de suma importancia: el hecho de que la UE deba demostrar un liderazgo político sagaz en las negociaciones sobre el clima. Los países en desarrollo se ven especialmente perjudicados y, por lo tanto, los líderes mundiales deben esforzarse al máximo para garantizar que las negociaciones sobre el clima no pongan en peligro los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, me gustaría destacar en particular que voté en contra del fragmento de la resolución que insta a la UE a que, durante las negociaciones, proponga un impuesto del 0,01 % sobre las transacciones financieras. Este tipo de impuesto no es el camino a seguir y no ayudará a los países en desarrollo a combatir el cambio climático y adaptarse a él.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0675/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Recientemente se han producido graves incidentes en el Sáhara Occidental. Este territorio, que estuvo bajo administración española hasta 1976, todavía es objeto de considerable tensión entre las autoridades marroquíes y el movimiento independentista. Situado entre el Atlántico, Mauritania y el sur de Marruecos, el Sahara Occidental se dividió entre estos dos países tras la retirada de España. La resolución propuesta por algunos diputados sobre los trágicos acontecimientos del 24 de octubre de 2010 se elaboró urgentemente, aunque en estos casos es necesario un cierto grado de retrospectiva. Por lo tanto, he optado por abstenerme en la votación y supervisaré de cerca la investigación en curso.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Apoyo esta resolución. Después de treinta años, el proceso de descolonización del Sáhara Occidental sigue sin haber concluido. Son motivo de preocupación la situación de los derechos humanos, los actos de violencia que se producen en los campamentos de refugiados y el permanente conflicto y las consecuencias de este en toda la región. Comparto la preocupación expresada en la resolución sobre los ataques a la libertad de prensa e información que han sufrido muchos periodistas europeos. Por lo tanto, se debe llevar a cabo una investigación internacional independiente bajo los auspicios de las Naciones Unidas que explique las muertes y desapariciones de civiles. También es importante que se establezca un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos, que se libere a los activistas que defienden los derechos humanos y que se permita que la prensa, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias accedan libremente al Sáhara Occidental.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Apoyo la investigación de las Naciones Unidas sobre la cuestión del Sáhara Occidental y su posición respecto a que Marruecos debería permitir el libre acceso a esta región a los periodistas, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias. Soy consciente de que Marruecos es un socio estratégico y aliado de la Unión Europa en la lucha contra el fundamentalismo radical islámico.

No obstante, no acepto la actitud de las autoridades marroquíes en los graves y violentos incidentes que tuvieron lugar en el campamento de Agdaym Izik en el Sáhara Occidental el 8 de noviembre, que causaron la muerte de varias personas, cuyo número aún está por determinar. Me complace formar parte de una institución como el Parlamento, que tiene como uno de sus principios básicos la protección y la promoción de los derechos humanos. En vista de esto, reconozco la necesidad de pedir a los organismos de las Naciones Unidas que propongan la creación de un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Felicito al Secretario General de las Naciones Unidas y su Enviado Personal por sus esfuerzos para alcanzar una solución política justa, perdurable y aceptable recíprocamente, que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La situación del Sáhara Occidental lleva prolongándose más de treinta años sin ninguna solución aparente. Junto con el conflicto israelo-palestino y el conflicto de Chipre, forma parte de un grupo de casos de difícil solución que perduran mucho tiempo. A pesar de algunas iniciativas individuales para abrir canales de diálogo, que son de agradecer, hoy parece evidente que las partes enfrentadas todavía no han sido capaces de tomar medidas concretas hacia una solución negociada del conflicto. Las recientes noticias de los incidentes ocurridos en el campamento de Agdaym Izik causan una gran preocupación en cuanto al respeto por los derechos humanos del pueblo del Sáhara Occidental por parte de las autoridades marroquíes y sugieren un importante recrudecimiento de este conflicto. Espero que exista un fin definitivo para este problema y que se pueda hallar una solución administrativa y política al conflicto con objeto de reconciliar los intereses de las partes.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Me alegro de que el Parlamento haya condenado con firmeza los violentos incidentes que ocurrieron en el campamento de Agdaym Izik del Sáhara Occidental el 8 de noviembre, los cuales provocaron la muerte de un número aún desconocido de personas.

Esperamos que la Comisión y el Consejo exijan las medidas que se han propuesto aquí, destacando la necesidad de que los órganos de las Naciones Unidas propongan la creación de un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y exijan el cumplimiento de resoluciones ya aprobadas, en especial la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

Como se dice en la resolución, «las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones».

También son muy lamentables los ataques contra la libertad de prensa y de información que han sufrido numerosos periodistas europeos y se debería instar al Reino de Marruecos que permita el libre acceso de la prensa, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre circulación dentro del territorio.

Por último, nos gustaría destacar la importancia de aumentar la financiación y proporcionar la ayuda humanitaria que necesitan los refugiados saharauis que viven en la región de Tinduf, cuyo número se estima entre 90 000 y 165 000, con vistas a cubrir sus necesidades básicas de alimentos, agua, refugio y servicios médicos, así como a mejorar sus condiciones de vida.

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) La autodeterminación de los pueblos ha sido siempre una prioridad para la Liga Norte. Hoy votamos una propuesta de resolución que pretende garantizar el respeto por los derechos humanos y unas condiciones socioeconómicas aceptables para el pueblo del Sáhara Occidental. Condenamos la reacción violenta e injustificada del Gobierno de Marruecos, que sofocó cruentamente una manifestación de protesta pacífica y democrática. Por lo tanto, pedimos a la Comisión y al Consejo que suspendan las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. Ofrezco todo mi apoyo a la resolución basándome en estas premisas.

 
  
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  Richard Howitt (S&D), por escrito. (EN) Tuve el placer de ser coautor, en nombre del Grupo S&D, de la resolución del Parlamento sobre el Sáhara occidental. Me preocupa que las protestas del Sáhara Occidental se hayan encontrado con una violenta represión por parte de las autoridades y comparto los temores expresados en esta resolución en cuanto a la seguridad de los defensores de los derechos humanos saharauis. La situación del Sáhara Occidental sigue siendo uno de los últimos vestigios de la descolonización y, tras treinta años, es necesario que se resuelva. Acojo con agrado el llamamiento que hace esta resolución a favor de una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes de total conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, una vez más, quisiera sumarme a lo expresado por las Naciones Unidas en su petición de un referéndum del pueblo de esta región.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. (EN) He votado a favor de esta resolución sobre la desafortunada situación del Sáhara Occidental. Estoy horrorizado por los violentos incidentes que ocurrieron en el campamento de Agdaym Izik y en la ciudad de El Aaiún, así como por el uso de la fuerza en el mismo día en que se iniciaba en Nueva York el tercer ciclo de negociaciones informales sobre el estatuto del Sáhara Occidental. Lamento la pérdida de vidas humanas y expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y los desaparecidos e insto a que se cree, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, un comité de investigación independiente y transparente con el mandato de establecer las responsabilidades de las diversas partes por desencadenar los acontecimientos mencionados y de determinar las víctimas que se produjeron. También me asombra que a diputados y periodistas europeos se les prohibiera el acceso al Sáhara Occidental y pido a las autoridades marroquíes que permitan el acceso de la prensa y organizaciones no gubernamentales a la región.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La situación del Sáhara Occidental es muy preocupante y el Parlamento debería transmitir una señal clara de que condena lo que está sucediendo allí. Es necesario que cesen los actos de violencia para dar paso a un diálogo transparente y con buenas intenciones, que ponga fin a un conflicto que ya ha causado demasiadas muertes y que todavía sigue produciendo un gran número de desplazados y refugiados. La UE debe continuar esforzándose por proporcionar ayuda humanitaria a estos refugiados para que tengan cubiertas las condiciones básicas para su supervivencia.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) He votado a favor de esta Resolución puesto que es un mensaje alto y claro que refuerza el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación y denuncia las atrocidades cometidas por el gobierno marroquí. Es positiva puesto que condena la violencia ejercida por Marruecos en la disolución del Campamento saharaui de la Dignidad, de la muerte del joven Nayem Elghari y del bloqueo informativo al que la fuerza ocupante tiene sometido al Sahara Occidental impidiendo el acceso a periodistas, ONG y cargos electos. Aunque desde mi grupo habíamos pedido incluir la necesidad de congelar el Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos, por incumplimiento de la cláusula segunda del mismo, he apoyado con mi voto esta Resolución porque recoge la exigencia de una investigación internacional desarrollada por Naciones Unidas, pide a Marruecos que «respete la ley internacional sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental» e «insiste en la necesidad de invitar a los órganos de Naciones Unidas a proponer la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento y control de los derechos humanos en el Sahara Occidental». Por todo ello, y aunque me hubiera gustado una condena más contundente y clara, he votado a favor.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La razón por la que he votado a favor de esta resolución sobre la actual situación del Sáhara Occidental se basa en el compromiso que siempre se ha demostrado, especialmente en la forma en que se ha desarrollado el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sáhara Occidental, sobre todo, debido a las obvias implicaciones de este problema para la estabilidad de la región.

Evidentemente, en varias ocasiones se ha invitado a Marruecos a mantener un diálogo abierto y flexible sin condiciones previas para conseguir pequeños pero significativos avances en las negociaciones de paz en las que han mediado las Naciones Unidas. Personalmente, siempre he apoyado las iniciativas de las Naciones Unidas y su Enviado, el señor Ross, con objeto de mantener conversaciones políticas bilaterales, negociadas y sostenibles entre ambas partes.

En muchos países de la UE, entre ellos Italia, existe gran sensibilización y concienciación con respecto a las condiciones en las que vive el pueblo saharaui, con una particular comprensión de las posiciones y puntos de vista de Marruecos. La Unión, en especial los países mediterráneos, siempre ha destacado en la prestación de ayuda humanitaria al pueblo saharaui, porque es fundamental el principio de solidaridad hacia los pueblos que viven en este tipo de circunstancias problemáticas.

He votado a favor con la esperanza de que se logre una mejora paulatina de la situación actual mediante un compromiso recíproco de cooperación y diálogo.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He apoyado esta resolución porque considero fundamental la lucha en defensa de los derechos humanos. Se ha tenido noticia de que en el Sáhara Occidental se han producido casos de violencia policial contra ciudadanos que, de forma pacífica, protestaban en el campamento a las afueras de la ciudad de El Aaiún, en contra de la situación social, política y económica y en contra de sus condiciones de vida. Las fuerzas policiales emplearon gases lacrimógenos y porras contra los manifestantes con el fin de evacuar el campamento.

Más que una cuestión política con un Estado vecino, estamos ante una violación de los derechos humanos que todos, sin excepción, debemos condenar y por ello voto a favor de esta resolución y me sumo a aquellos diputados que instan a todas las partes a mantener la calma y abstenerse de cometer actos de violencia.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Tras los múltiples intentos por parte del régimen de Marruecos de impedir que este Parlamento se pronunciara sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, debemos congratularnos por que en esta ocasión el lobby marroquí haya fracasado. Considero inaceptable las constantes injerencias marroquíes. Así mismo, el texto de la Resolución no es sino un compromiso entre posturas que parten de análisis muy distintos, por ello quiero dejar clara la postura de nuestro grupo en favor del pueblo Sahraui, y en concreto nuestra condena de la provocadora e irresponsable manera como se desmanteló el campo de Gdaim Izyk. No podemos poner al mismo nivel a quienes agreden, torturan y masacran, con quienes tratan de defenderse. Es necesaria una investigación independiente, así como que se permita el libre acceso y circulación de los responsables de los medios de comunicación e información. La UE, y especialmente España y Francia, deben asumir su responsabilidad histórica y demandar a Marruecos que cese en su actitud bloqueante e intransigente, congelando incluso los numerosos acuerdos comerciales y de relaciones privilegiadas que existen entre la UE y el Reino de Marruecos, y haciendo todo lo posible por que tenga lugar el referéndum de autodeterminación contemplado en numerosas resoluciones de Naciones Unidas.

 
  
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  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), por escrito. (FR) Los incidentes violentos que ocurrieron en el Sáhara Occidental cuando se desmanteló el campamento de Agdaym Izik y en la ciudad de El Aaiún son muy graves y deben condenarse rotundamente. El Parlamento Europeo está en lo cierto al expresar su preocupación sobre la forma en que se ha deteriorado la situación de la región. Como han señalado las Naciones Unidas, es necesario que las partes implicadas en el conflicto accedan a buscar una solución política realista que sea justa, sostenible y aceptable para ambas partes, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, es desafortunado que el texto se redactara antes de que el Parlamento tuviera acceso a todos los hechos y a la información detallada sobre las circunstancias que desencadenaron esta tragedia, como el número exacto de víctimas. Es necesario que periodistas, investigadores independientes, observadores y autoridades políticas dispongan de tiempo y acceso a la ciudad de El Aaiún y a los campamentos de refugiados para esclarecer los hechos. No se debería explotar de ningún modo la angustia del pueblo saharaui para incitar a más actos de violencia.

 
  
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  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. (EN) He votado a favor de la resolución conjunta sobre el Sáhara Occidental (B7-0675/2010). Sin embargo, lamento profundamente que la resolución no mencione ni critique el acuerdo ilegal de pesca entre la UE y Marruecos, que permite que las flotas pesqueras europeas operen en aguas que pertenecen al territorio ocupado del Sáhara Occidental.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) He votado a favor de la resolución sobre la situación del Sáhara Occidental. Esta resolución conjunta transmite un mensaje firme del Parlamento Europeo condenando el reciente resurgimiento de la violencia en el Sáhara Occidental. El 8 de noviembre, las protestas de los campamentos saharauis se disolvieron con violencia, lo que dio lugar a que muchas personas resultaran muertas o heridas. Los campamentos eran un símbolo de la protesta pacífica del pueblo saharaui contra la represión, la marginación y el saqueo de sus recursos naturales (entre ellos, la pesca) que ha padecido y las malas condiciones en las que vive bajo la ocupación marroquí. La resolución pide que cese inmediatamente la violencia y que se realice una investigación independiente sobre los incidentes ocurridos en Agdaym Izik y El Aaiún. Se insta a las autoridades marroquíes a que permitan el libre acceso al Sáhara Occidental a periodistas, organizaciones humanitarias, diputados al Parlamento Europeo y observadores independientes.

Es muy preocupante el aumento de la represión de activistas que defienden los derechos humanos y activistas saharauis por parte de las autoridades marroquíes, represión que incluye detenciones arbitrarias, acusaciones y encarcelamientos. Estos acontecimientos ejercerán un gran presión en las conversaciones informales entre Marruecos y el Frente Polisario, que está previsto que se reanuden a principios de noviembre bajo los auspicios de las Naciones Unidas. No obstante, se necesita una solución política justa y duradera que mejore la situación del pueblo saharaui.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor de la resolución conjunta sobre el Sahara Occidental, B7-0675/2010. Sin embargo, me parece lamentable que la resolución no mencione ni critique el acuerdo de pesca ilegal entre la UE y Marruecos, que permite operar en aguas del territorio ocupado del Sahara Occidental a las flotas pesqueras europeas.

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. (FR) Al igual que han hecho mis colegas, debo mostrar mi condena a los acontecimientos que recientemente han tenido lugar en el Sahara Occidental y quiero mostrar mi apoyo y mis condolencias a todas las familias de las víctimas. Una vez dicho esto, he decidido no votar a favor de la resolución ya que contiene varios errores de hecho, omite información vital y no presenta una imagen objetiva de la violencia que tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2010. La redacción de la resolución debería haberse centrado en una combinación entre los aspectos diplomáticos y los hechos reales e indiscutibles. En su lugar, este texto partidista contiene una valoración sobre la situación apresurada y mal informada que además descarta, sin mencionar los motivos, la investigación independiente que están realizando las autoridades marroquíes. Me ha decepcionado esta declaración sesgada que se ha elaborado de forma apresurada —dificultará las negociaciones informales que están teniendo lugar en las Naciones Unidas entre el reino de Marruecos y el Frente Polisario— y ha generado tensiones sobre el terreno. Hemos perdido de vista nuestras prioridades y concretamente, la búsqueda de un acuerdo equilibrado y realista que permita a la población civil ser testigo del restablecimiento de la estabilidad y la seguridad. Debemos evitar a toda costa la creación de un nuevo frente en la tan disputada región del Sahel, así como esforzarnos en mantener nuestra estratégica asociación con Marruecos.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0650/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Desde la desaparición de la URSS, Ucrania se ha convertido en un asunto geopolítico vital para Europa. Aunque el país ha recuperado su independencia, Rusia todavía lo considera como parte de la región de su «extranjero cercano». Con el objetivo de aprovechar al máximo su autonomía y centrarse en sus firmes vínculos con la Unión Europea, Ucrania ha expresado desde hace tiempo su intención de adherirse a la Unión Europea. Como país que disfruta de amplios recursos naturales y situado en el núcleo de una región estratégica, Ucrania debe percibirse como un eje potencial para la Unión Europea. He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo que celebra el enfoque europeísta de Ucrania. La resolución menciona los avances que todavía son necesarios en esta frágil democracia. También resalta los esfuerzos realizados y los importantes avances logrados recientemente. Si bien la resolución muestra un tono comedido, confirma que Ucrania tiene un futuro europeo.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Muestro mi apoyo a esta resolución. Existe la preocupación de que, en los últimos meses, libertades democráticas como la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación se hayan visto amenazadas en Ucrania. Las autoridades deben investigar las informaciones sobre las violaciones de derechos y libertades y adoptar medidas para poner fin a estas violaciones. Además, es importante que las autoridades se abstengan de controlar, de forma directa o indirecta, el contenido de la información provista por los medios de comunicación nacionales. Las reglas electorales todavía se están debatiendo. Es necesario, por lo tanto, adoptar medidas activas para mejorar el sistema electoral y sus normas legales antes de las próximas elecciones parlamentarias. Por otra parte, es necesario fortalecer la credibilidad, la estabilidad y la independencia de las instituciones, y garantizar que la gobernanza del Estado se basa en los principios democráticos y del Estado de Derecho. Las autoridades ucranianas han de esforzarse más en la lucha contra la corrupción.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con la resolución del Parlamento sobre la necesidad de que Ucrania refuerce la estabilidad política, tanto dentro del país como fuera de sus fronteras. Ucrania es un socio importante de la Unión Europea para la aplicación de la Política Europea de Vecindad con Europa Oriental. Es vital, por lo tanto, seguir trabajando en aras de una mayor cooperación, especialmente en el ámbito de los requisitos de visados. El Parlamento pide a la Comisión y al Consejo que elabore un Plan de Acción para la introducción de un régimen de viajes sin visado para Ucrania. Con el objetivo de garantizar la estabilidad política a largo plazo, tanto dentro del país como con los países vecinos, es importante adoptar reformas constitucionales que ayuden a lograr el equilibrio adecuado entre el poder ejecutivo y el sistema judicial. También son precisas mayores reformas que fortalezcan la libertad de prensa y el pluralismo. Se insta a las instituciones del Estado a adoptar medidas para garantizar la libertad de prensa. La Unión Europea está firmemente comprometida a ayudar a Ucrania a aplicar sus reformas. Por lo tanto, la Unión Europea sigue teniendo como objetivo la cooperación con Ucrania, el fortalecimiento de su democracia y la aceleración de su integración en la Unión Europea.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Soy escéptica con las elecciones locales que se celebraron el 31 de octubre en Ucrania, y me gustaría que se respetase la libertad de prensa. Lamento los cambios de última hora en las reglas electorales que se han producido antes del 31 de octubre, así como el hecho de que no se haya permitido a los partidos de la oposición registrar a sus candidatos en las circunscripciones. Estoy de acuerdo con el Parlamento en que no podemos permitir restricciones a los criterios democráticos y en que se debe respetar la libertad de expresión. Me uno al Parlamento en su condena del Gobierno de Kiev por sus fallos en un asunto tan delicado.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) En los idiomas eslavos «Ucrania» significa «país fronterizo». Para los rusos siempre ha sido una provincia remota y, ahora para la Unión Europea, Ucrania es un país fronterizo y el resultado de la penúltima ampliación.

Sin embargo, por una vez no queremos que el nombre de un lugar sea la llave del destino de su población. La Unión Europea, con la precaución exigida por el respeto hacia la voluntad democrática de los ciudadanos, es coherente con su papel como actor global al ofrecerse como el garante de la libertad, la democracia y el pluralismo, en una situación en la que el respeto por dichos valores puede permitir que el país consiga la estabilidad que tan desesperadamente necesita.

El proceso de ampliación no implica simplemente una valoración de naturaleza comercial y estratégica —si bien estos aspectos también son relevantes— sino que significa, sobre todo, un esfuerzo constante y pacífico por difundir la esfera cultural del universo de valores que la UE representa.

Durante los últimos seis años —desde que tuvo lugar la Revolución Naranja cuyo aniversario se celebra dentro de unas semanas— el país ha atravesado un período de estabilización democrática. Esperamos que nuestra proximidad geográfica suponga un apoyo para el desarrollo y el respeto de una conciencia democrática

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Voto a favor de esta propuesta de resolución. Las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania, uno de los socios principales de la Unión entre sus vecinos del Este, son especialmente importantes para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Europa. Conscientes de su responsabilidad compartida en el fomento de la estabilidad, la UE y Ucrania han intensificado sus negociaciones y están estudiando crear nuevas vías de cooperación. Estas vías van más allá de la simple cooperación económica, al incluir los ámbitos del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, donde todavía hay mucho por hacer en Ucrania, tal y como ha demostrado el reciente revés en el proceso electoral.

También me gustaría resaltar la extrema importancia que para Ucrania tiene su proceso de integración en Europa para poder llevar a cabo las necesarias reformas económicas, políticas y sociales. A la luz de esto, creo que es especialmente útil finalizar el acuerdo de asociación con el objetivo de lograr una aplicación efectiva de la agenda de asociación entre la UE y Ucrania.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) A pesar de las acciones iniciales del Presidente Yanukovych y las declaraciones posteriores de las autoridades ucranianas sobre la voluntad de Ucrania de unirse a la UE, de adoptar modelos europeos de buena gobernanza y de respetar los derechos humanos y las libertades civiles de su ciudadanía, es inevitable actuar con cautela. De hecho, existe un creciente número de informes sobre el retroceso en materia de libertad de expresión y la libertad de reunión y sobre la influencia política en los medios de comunicación y en las autoridades judiciales, así como sobre las acciones de los servicios de seguridad. Creo que si Ucrania respeta las promesas de sus líderes políticos será capaz de iniciar el proceso de adhesión, cuyo primer paso sería la institucionalización de la libertad y del Estado de Derecho.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Creo que Ucrania es uno de los socios estratégicos de la UE y, por lo tanto, me veo obligado a expresar mi preocupación sobre los poderes excesivos que han sido concedidos a los servicios de seguridad con el objetivo de intimidar a las organizaciones no gubernamentales que operan en el país y de controlar a los medios de comunicación ucranianos. También es primordial señalar la importancia de permitir que los partidos políticos opositores participen en las elecciones sin sufrir restricciones ni discriminación. Considero que sólo podemos mantener nuestro apoyo a la perspectiva de la integración de Ucrania en la UE para garantizar una asociación estratégica si adopta las recomendaciones contenidas en esta resolución.

 
  
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  Tunne Kelam (PPE), por escrito. – He votado a favor de la resolución sobre Ucrania. Lamento, sin embargo, que esta Cámara haya pospuesto la votación en dos ocasiones, generando así una situación en la que la Cumbre UE-Ucrania, para la que se redactó la resolución, se haya celebrado antes que nuestra votación. El Parlamento Europeo ha considerado la aprobación de su propia postura antes de las reuniones periódicas con terceros países como una obligación y como un privilegio que le permite transmitir a tiempo su postura a las dos partes. El impacto de una resolución aprobada con posterioridad será mucho más débil. Si este retraso fue intencionado por parte de algunos colegas para no molestar demasiado a la nueva administración ucraniana, se trataría de una política miope.

La UE está y estará abierta a todos los ámbitos de la cooperación, pero el precio de esta cooperación nunca puede ser el ignorar los alarmantes intentos de destruir los mayores logros de la revolución naranja: elecciones libres y libertad de prensa. Apoyo la declaración de ayer del Comisario Gucht en la que menciona que existe una serie de principios comunes europeos que no podemos comprometer.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta resolución sobre Ucrania. Celebro los esfuerzos realizados por la coalición en el gobierno por restablecer la estabilidad política en Ucrania, lo que constituye una condición esencial para la consolidación de la democracia en el país. Una estabilidad política duradera sólo podrá garantizarse a través de cambios constitucionales basados en una clara separación de poderes y de un sistema efectivo de frenos y contrapesos entre las instituciones del Estado.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) En vista de las declaraciones de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa / Misión de Observación Electoral de la Oficina de las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, que ha considerado que durante las últimas elecciones que se han celebrado en Ucrania se han respetado los criterios internacionales, es patente que este país sigue evolucionando de forma positiva, avanzando hacia su futura integración en la UE. Es vital, sin embargo, que la clase política y las autoridades ucranianas estén comprometidas con la urgente estabilización económica y política. Para conseguir esto, es imprescindible adoptar las necesarias reformas constitucionales, consolidar el Estado de Derecho, crear una economía social de mercado y renovar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la mejora del clima empresarial y de inversión.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) Las elecciones locales que han tenido lugar recientemente en Ucrania han ampliado a las regiones la influencia del partido del Presidente Viktor Yanukovych. Desafortunadamente, los cambios aplicados al sistema electoral, que reintroducen el sistema mayoritario, tan solo unos meses antes de las elecciones, han resultado en una brecha todavía mayor entre el gobierno y la oposición y han sido la base de las acusaciones en contra del gobierno de tener intenciones no democráticas. La resolución también expresa la preocupación sobre el reciente aumento de las violaciones de la libertad de expresión, de asamblea y las restricciones a la libertad de prensa. He votado a favor de la aprobación de la resolución porque exige a Ucrania, que tiene como objetivo de largo plazo su integración en la UE, la aprobación de legislación que regule las actividades de los medios de comunicación conforme con los criterios internacionales y resalta, además, la necesidad de reforzar la independencia y la efectividad de las instituciones del Estado. Creo que esta es la única vía para garantizar el funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho en el país. Apoyo las demandas de los autores de la resolución de que Kiev continúe modernizando su infraestructura de suministro energético y ponga en marcha proyectos para la diversificación de las fuentes energéticas, trabajando junto con los Estados miembros de la UE. Celebro el Plan de Acción sobre la liberalización de los visados que recoge directrices prácticas para su rápida aplicación, mejorando el Estado de Derecho en Ucrania y aplicando los derechos fundamentales.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Considero que la mejora de las relaciones con un Estado vecino —una asociación con un Estado de la Europa Oriental en este caso— mediante la aprobación de acuerdos comerciales, el aumento en el intercambio de información y la colaboración con la libertad de movimiento de los ciudadanos, es una tarea fundamental que la UE nunca debe abandonar. Por este motivo, he votado a favor de la propuesta de resolución sobre Ucrania que, con la ejecución del Plan de Acción, creará las condiciones para la liberalización de los visados de corta duración y reforzará la postura de la UE en lo relativo al desarrollo democrático del país, después de las recientes elecciones locales. La resolución también permitirá a Ucrania participar en los programas de la Unión y definirá la aplicación de las nuevas leyes sobre el gas, ahora que Kiev se ha adherido a la Comunidad Energética.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El nuevo contexto institucional y político de Ucrania así como la disposición al diálogo por parte del recientemente electo Presidente Viktor Yanukovych y del Parlamento ucraniano (la Rada Suprema) a confirmar la determinación de Ucrania de adherirse a la Unión Europea, constituyen un avance en el camino hacia el inicio del proceso de adhesión.

Conforme al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, puede solicitar su adhesión a la UE como cualquier Estado europeo que suscriba los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.

He votado a favor de esta resolución que identifica las propuestas que han de comunicarse a las autoridades ucranianas. Todavía queda camino por recorrer para lograr la estabilidad institucional que reconoce la plena participación de todos los actores políticos y que conduce a transferencias de poder apropiadas. Espero que se consoliden los fuertes vínculos culturales, económicos e históricos que la UE tiene con Ucrania y que permitan, con el tiempo, la entrada en la Unión de los ciudadanos ucranianos. A la luz de esto, me gustaría resaltar la importancia de incrementar la cooperación en el ámbito de los intercambios de jóvenes y estudiantes, así como el desarrollo de programas de becas que permitirán que los ciudadanos de Ucrania se familiaricen con la Unión Europea y sus Estados miembros.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Ha sido una resolución bastante consensuada en la que se destaca que Ucrania, conforme al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, puede solicitar su adhesión a la UE como cualquier Estado europeo que suscriba los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del Estado de Derecho: Y así mismo hace hincapié en que Ucrania, que tiene la intención de adherirse a la Unión Europea, mantiene fuertes vínculos históricos, culturales y económicos con la Unión Europea y es uno de sus socios clave entre los países vecinos del Este, pues ejerce una notable influencia en la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el continente.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Muchos consideraron que, después de las elecciones que se celebraron en Kiev a comienzos de año, Ucrania había llegado a «su fin». El nuevo Gobierno ucraniano es más pragmático y más abierto a las reformas de lo que se había anticipado. La cooperación estrecha con Ucrania es crucial si existe la más mínima posibilidad de garantizar la estabilidad en la región. Recientemente, Ucrania se ha convertido en un campo de futbol de la política a raíz de la tensión entre Rusia y Occidente por ejercer influencia sobre la Revolución naranja y sobre las pasadas elecciones. Actualmente, la UE cuenta con la oportunidad de aplicar una nueva política sobre Ucrania que podría incluir a Rusia. Mi país, Lituania, también tiene un papel que jugar en este contexto.

La seguridad y la energía son dos áreas en las que se precisará una cooperación en el largo plazo para corregir algunos de los problemas de Kiev. Sin embargo, mientras Ucrania se esfuerza en modernizar su economía y en mejorar su integración en Europa, es importante que se respeten los principios democráticos y los derechos humanos. Espero, por lo tanto, que se realicen avances sostenibles en la cumbre UE-Ucrania que se celebrará en Bruselas el 22 de noviembre.

 
  
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  Joachim Zeller (PPE), por escrito. (DE) La caída de la Unión Soviética otorgó a los ciudadanos de Ucrania la primera oportunidad en su historia de decidir su futuro con libertad e independencia nacional. Los Estados y las gentes de Europa tienen una deuda de solidaridad y apoyo con el gran pueblo de Ucrania, que pagó un enorme precio durante el período estalinista y durante la Segunda Guerra Mundial con la pérdida de millones de vidas. La Revolución naranja ha demostrado que los ciudadanos de Ucrania desean forjar su futuro bajo una situación democrática en la que se respete el Estado de Derecho. Esto es algo que nunca puede ser olvidado por aquellos en Ucrania que ostentan responsabilidades económicas, políticas y sociales. La gestión de las recientes elecciones regionales y los hechos acaecidos antes y después de las elecciones hacen a uno dudar de que las acciones de aquellos que tienen responsabilidades políticas realmente reflejen los principios de libertad, democracia y respeto por el Estado de Derecho. La resolución que estamos debatiendo amplía la posición del Parlamento Europeo, de tal forma que los ucranianos pueden contar con la solidaridad de los ciudadanos de Europa, a la vez que se exige a los políticos de Ucrania que respeten la voluntad de sus ciudadanos de vivir en democracia, libertad y bajo un Estado de Derecho. Como signatario, he votado a favor de esta propuesta conjunta de resolución.

 
  
  

Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución ya que creo que la Unión Europea ha de adoptar un papel destacado en la lucha contra el cambio climático, fortaleciendo así su competitividad mediante el ahorro energético y las energías renovables, dos sectores que pueden colaborar en la consecución de la seguridad energética y que poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y creación de empleo.

Sin embargo, para poder ejercer este papel y aprovechar los beneficios derivados de la competitividad, la UE tendrá que modificar sus políticas comerciales, tanto las bilaterales como las regionales y las multilaterales, ya que el comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Asimismo, la UE debería fomentar los cambios de paradigma que son necesarios en los métodos de producción, de consumo y de estrategias de inversión. También debería ser activa en cuanto a las emisiones derivadas del transporte internacional y las tecnologías favorables al clima. A pesar del largo camino que la UE todavía tiene que recorrer en este ámbito, ya se han llevado a cabo importantes contribuciones, especialmente en lo relativo a las importaciones ilegales de madera, los biocarburantes y las emisiones del sector de la aviación.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) El comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Estoy a favor de llevar a cabo políticas comerciales que tengan como objetivo el diferenciar productos y servicios en base a su impacto sobre el clima. He votado a favor de esta resolución porque identifica las próximas etapas que permitirán a la Unión Europea continuar en este camino, porque refuerza la interacción positiva entre comercio y protección del clima, así como las herramientas que garantizan el equilibrio entre el comercio y el clima, y porque fomenta unos precios justos para el comercio internacional, evitando así las fugas de carbono.

Quiero resaltar que la Unión Europea será incapaz de asumir un papel protagonista en la lucha contra el cambio climático si no consigue fortalecer la competitividad de su economía mediante el ahorro energético y el desarrollo de energías renovables. Estos dos sectores poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y creación de empleo y pueden, además, aumentar la seguridad energética de Europa.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Durante la cumbre sobre cambio climático de las Naciones Unidas celebrada en diciembre de 2009, la Unión Europea fue, desafortunadamente, incapaz de jugar el papel que había anticipado. Creo que es importante que la Unión Europea, como pionera en asuntos de desarrollo sostenible, amplíe sus compromisos para incluir la política comercial internacional. Es por este motivo que, en vísperas de la Cumbre de Cancún, mis colegas y yo queremos otorgar un mandato activo a la delegación que defenderá la posición europea. Instamos a la Comisión Europea a diferenciar entre los bienes importados en función de su huella ecológica y a establecer un plan de seguimiento de las emisiones de carbono para todas las políticas comerciales. Puesto que la lucha contra el cambio climático afecta a la competitividad, nuestra resolución insta a todos los sectores industriales a tener en cuenta los riesgos de las fugas de carbono y a poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles, y concretamente las exenciones fiscales a la industria de la aviación.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de esta resolución. En el contexto de la lucha contra el cambio climático, las prioridades de Europa son el ahorro energético y las energías renovables. Ambas colaboran con la mejora de la seguridad energética de Europa y poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y creación de empleo a través del desarrollo de las energías verdes. Sin embargo, esta lucha también tiene un impacto negativo en la competitividad global del mercado europeo. Las normas del comercio internacional son cruciales en la lucha contra el cambio climático, pero el acuerdo de la Organización Mundial de comercio (OMC) no hace referencia directa al cambio climático, a la seguridad alimentaria o a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Considero que es necesario introducir cambios en las normas de la OMC para garantizar la coherencia y la consistencia con los compromisos del Protocolo de Kioto y de los acuerdos medioambientales multilaterales (MEAs). Esto garantizaría que todos los países cumplen las mismas normas porque, en la actualidad, al subvencionar los precios de la energía y no imponer ni restricciones ni cuotas a las emisiones de CO2, algunos países puedan obtener una ventaja comparativa; y no tienen ningún incentivo para adherirse a los acuerdos multilaterales en materia de cambio climático.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque identifica objetivos estratégicos y fases que la Unión Europea podría continuar cumpliendo, mientras persigue un acuerdo sobre el cambio climático más efectivo. Quiero resaltar que la Unión Europea ya ha dado los primeros pasos en la buena dirección en lo concerniente a la importación de madera ilegal, a los agrocarburantes y a las emisiones de la aviación. Quiero también señalar que la lucha contra el cambio climático es un factor de competitividad, dado que las prioridades europeas al respecto son el ahorro de energía y las energías renovables, que permiten mejorar la seguridad energética de la Unión y poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y creación de empleo.

Dado que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima celebrada en Copenhague se saldó con un acuerdo decepcionante, la Unión Europea ahora debe hacerse oír con mayor claridad, estar más unida y ser más efectiva. Debería prestar más atención a los objetivos de reducir las emisiones a los niveles sugeridos por las recomendaciones de los científicos y las peticiones del Parlamento, así como apoyar a los países en desarrollo.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) El informe de Yannick Jadot nos recuerda que el comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, un hecho que ha de tenerse en cuenta en los esfuerzos por abordar el cambio climático. Si bien la Unión Europea ha puesto en funcionamiento unas políticas climáticas ambiciosas, es necesario que las políticas comerciales también reflejen esta prioridad política. He de unirme al señor ponente en lamentar el hecho de que los países que subsidian los precios de la energía y no limitan las emisiones de CO2 o aplican cuotas, pueden disfrutar de una ventaja comparativa. Es una pena que estos países no tengan ningún interés en adherirse a los acuerdos multilaterales en materia de cambio climático, fomentando la competencia desleal. La política comercial de la Unión Europa no es un fin en sí misma; debe seguir siendo una herramienta política regulatoria. Hemos de garantizar una competencia leal y evitar que nuestros esfuerzos relacionados con el cambio climático se conviertan en una desventaja para el comercio internacional.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) El compromiso de la Unión Europea de frenar las emisiones de CO2 no se podrá llevar a cabo a través de declaraciones de principios y argumentos ideológicos. Cualesquiera que sean las consecuencias del problema y sin tener en cuenta las soluciones, frecuentemente radicales, que resultan de los estudios más o menos fundamentados, tenemos la responsabilidad de prevenir el cambio climático porque no conocemos con seguridad los problemas con los que nos podríamos encontrar.

Las políticas comerciales deben desempeñar su papel en este contexto. Es fácil pedir a los Estados miembros que reduzcan sus emisiones, pero no tiene sentido si la producción más contaminante se deslocaliza a países situados fuera de nuestras fronteras. Es políticamente conveniente el fomentar campañas sobre el consumo de productos locales, pero carecen de sentido si, para producir estos productos, se utilizan materias primas o productos intermedios procedentes de otras partes del mundo. Una actuación responsable también implica un ajuste de las políticas comerciales sobre la base de una cuidadosa consideración de todo lo que rodea a estos asuntos. Cerrar los ojos implica, principalmente, que nos estamos engañando a nosotros mismos.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de esta resolución ya que considero que el texto del señor ponente se inclina hacia la adopción de compromisos audaces por parte de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. Esta resolución propone una reducción a nivel de la UE de hasta el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Apoyo esta ambiciosa propuesta, si bien considero que los esfuerzos de la UE han de verse respaldados a nivel global por los esfuerzos de los principales países industrializados. De hecho, hemos de encontrar una vía para involucrar también a aquellos actores estatales internacionales más reacios a seguir nuestra iniciativa. Además, como ponente alternativo del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, he resaltado, mediante la presentación de enmiendas al texto original, la necesidad de crear una Organización Mundial del Medioambiente y de introducir criterios medioambientales en la reforma del SPG.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Las políticas comerciales de la UE tienen efectos sobre el clima y, en este sentido, las responsabilidades de la UE no pueden limitarse a la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero generadas dentro de la Unión. Una amplia mayoría en el Parlamento Europeo ha votado a favor de este informe, que busca mejorar los vínculos entre el comercio y la acción por el clima mediante propuestas que apoyan la discriminación de productos en función de su impacto medioambiental y la creación de un plan de seguimiento de las emisiones de carbono para todas las políticas comerciales. Es una lástima que los conservadores no estén dispuestos a apoyar algunas de las propuestas más ambiciosas, sin embargo, la aprobación de este informe supone una clara demanda para que las consideraciones ecológicas constituyan una parte integral de nuestra economía.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre «la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático» porque es necesario adoptar medidas en el ámbito de la política comercial común para reducir el calentamiento global, ya que el comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Después del estancamiento de la conferencia sobre cambio climático celebrada en Copenhague, es importante que la Unión Europea continúe en el camino que ya ha iniciado en lo relativo a un compromiso firme con el desarrollo sostenible y con la reducción de las emisiones de carbono, sin poner en peligro a la industria europea. Sin embargo, cualquier compromiso europeo con la reducción de emisiones no puede perder de vista la eficiencia económica, ni poner en peligro la sostenibilidad económica de los Estados miembros que actualmente atraviesan una crisis económica sin precedentes. No podemos permitir que la creciente transferencia de tecnología a los países en desarrollo se convierta en la vía para solucionar las emisiones de carbono y tampoco podemos permitir que las políticas diseñadas para reducir las emisiones de CO2 perjudiquen a la industria europea.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima celebrada en Copenhague se saldó con un acuerdo decepcionante que no está en condiciones de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2°C. Del mismo modo, el Acuerdo de Copenhague no es ni global ni vinculante. La UE no es —ni mucho menos— el principal responsable de este fracaso. La UE, por el contrario, ha liderado la lucha contra el cambio climático y debería aprovechar este liderazgo, sin olvidar los enormes esfuerzos que nuestro sector industrial ha tenido que realizar para cumplir con las reducciones obligatorias de emisiones en Europa.

Es importante señalar que la UE es responsable de aproximadamente el 15 % de las emisiones mundiales y se estima que este porcentaje se reducirá hasta el 10 % en 2030, mientras que EE.UU., China y la India son responsables de la mitad de las emisiones mundiales, porcentaje que continuará aumentando en el futuro. En lo relativo a la política comercial internacional de la UE en el contexto del cambio climático, incluso aun cuando el resto de países no siguen nuestras iniciativas, deberíamos fijarnos como objetivo el centrar nuestros esfuerzos en la investigación científica, la innovación tecnológica en materia de fuentes de energía no generadoras de carbono, la eficiencia energética y la creación de puestos de trabajo ecológicos, con el objetivo de aumentar nuestra competitividad.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La aplicación de la mayor parte de las medidas que se proponen en este informe no implicaría la adopción de pasos positivos para luchar contra el cambio climático. Por el contrario, el apoyo al Tratado de Lisboa y al libre comercio y la aplicación de controles paliativos a la degradación medioambiental generada por la liberalización del comercio sólo empeorarán la degradación medioambiental que amenaza a nuestro planeta y a sus habitantes. Lo que aquí está en juego es hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la explotación desenfrenada de los recursos naturales, de los trabajadores y de los ciudadanos para así seguir al servicio de un sistema capitalista dominante que se encuentra en crisis permanente. Por lo que a nosotros se refiere, no apoyamos este informe y estamos, por lo tanto, en contra de lo siguiente: seguir insistiendo en el control de emisiones mediante el régimen de comercio de derechos de emisión, que ha demostrado que genera un aumento de emisiones en vez de reducirlas; una mayor apertura de los mercados y la división de trabajo a nivel mundial para que el capital de la UE pueda hacerse con los recursos de los países en desarrollo, reduciendo así los costes y aumentando los beneficios, y el capitalismo ecológico que vincula «la protección del clima y la liberalización del comercio» con «el intercambios de bienes y servicios medioambientales».

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) La UE tiene la responsabilidad de incorporar los aspectos de la política medioambiental relativos al comercio a su política comercial internacional. Apoyo los primeros pasos que la UE ya ha tomado en esta dirección en sus acuerdos comerciales. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. No he podido apoyar el artículo 48. Los subsidios agrícolas son necesarios para la seguridad alimentaria y para la independencia de 500 millones de europeos y, en mi opinión, esto tiene una importancia esencial. Los subsidios también permiten la diversidad agrícola y contribuyen a la conservación del paisaje.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE), por escrito. (FR) He votado en contra del informe sobre la política comercial internacional y los imperativos del cambio climático porque no estoy de acuerdo ni con la opinión del señor ponente ni con su razonamiento. La demanda contenida en el informe de fortalecer los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero con independencia de los resultados finales de las negociaciones internacionales pondría a las empresas europeas en una situación de desventaja competitiva. La propuesta del señor ponente de compensar esta desventaja mediante el uso de medidas proteccionistas, como un impuesto sobre el carbono en las fronteras de la Unión y la regulación de precios mínimos para el CO2, aumentaría el déficit de competitividad en comparación con otros sectores que operan en un nivel menor de la cadena de producción industrial. Además, estas medidas dañarían la política de comercio exterior de la Unión, al complicar la firma de acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales.

La conferencia celebrada en Copenhague el año pasado demostró que si la Unión Europea avanza de forma unilateral, su política climática estará condenada al fracaso. Esto se debe a que sus socios económicos no permitirán que se les impongan los objetivos o los métodos europeos. La Unión debe apoyar a las empresas en sus esfuerzos por reducir el consumo energético a la vez que se preserva su competitividad internacional. El desarrollo de un enfoque más pragmático de las negociaciones internacionales sería un buen comienzo.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Apoyo este informe que explica cómo la política comercial de la UE puede contribuir a abordar el cambio climático. El señor Jadot quiere que la UE asuma el liderazgo internacional en este asunto y que analice la posibilidad de un impuesto sobre las transacciones financieras, la reforma de la OMC (especialmente sus normas anti dumping), que prevenga que el Banco Europeo de Inversiones conceda préstamos a los proyectos que tendrían un impacto negativo sobre el clima y que ponga fin a los subsidios a las exportaciones agrícolas, medidas que acojo con satisfacción.

 
  
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  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. (PT) El comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las emisiones vinculadas al consumo son superiores, en muchos Estados miembros, a las vinculadas a la producción. La Unión Europea tiene que luchar contra estas emisiones «intercambiadas». Esta es la única vía para empezar a combatir el cambio climático de forma efectiva. La UE no puede, por ejemplo, financiar proyectos para luchar contra la deforestación mientras que, al mismo tiempo, incentiva la importación de productos de madera y biocombustibles. La UE debe transformar sus modelos de producción y consumo, y no limitarse a deslocalizar sus emisiones. La UE debe hacer evolucionar sus políticas comerciales hacia una discriminación de los productos en función de su impacto climático y favorecer de ese modo las rupturas necesarias por lo que se refiere a los métodos de producción y consumo y a las estrategias de inversión.

No debe poner en entredicho las políticas climáticas de nuestros socios comerciales para intentar aumentar las cuotas de mercado europeas. La UE debe mostrarse activa por lo que respecta a las emisiones resultantes del transporte internacional y garantizar el acceso de los países en desarrollo a las tecnologías favorables al clima El informe se inclina hacia este tipo de acciones y, por lo tanto, he votado a favor.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) No es fácil conseguir un equilibrio entre la política comercial internacional y los imperativos del cambio climático, pero es necesario realizar un esfuerzo para reducir los niveles de emisión de los gases de efecto invernadero generados por el comercio internacional. Esto, sin embargo, no puede llevarse a cabo a costa de la pérdida de competitividad de la industria europea, especialmente en un contexto de profunda crisis económica y creciente desempleo. Es necesario que adoptemos políticas favorables al clima a la vez que revitalizamos la economía y reducimos los alarmantes niveles de desempleo.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Este informe supone un intento de encontrar una solución al problema de la globalización, un problema creado por la propia UE. Los productos baratos se producen en países fuera de la Unión Europea bajo condiciones completamente diferentes, para después ser importados desde Europa a precios reducidos, generando así presión a la baja sobre los niveles salariales europeos y debilitando nuestra economía.

Este informe aborda los mayores niveles de CO2 que se han generado como resultado. Sin embargo, no busca crear desventajas comerciales para los productos en cuestión sino que, por el contrario, favorece la externalización de tecnología y experiencia europeas al mundo entero. Esto no resolverá el problema de la globalización sino que lo empeorará. Por este motivo, he votado en contra de este informe.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático porque celebro el ambicioso objetivo del Consejo Europeo de reducir en 2050 las emisiones europeas de gases de efecto invernadero entre un 80 % y un 95 %, comparado con los niveles de 1990. Este objetivo es necesario para que la UE recupere su liderazgo en los asuntos relacionados con el clima, animando así a otros países a avanzar hacia compromisos más ambiciosos.

Me gustaría resaltar la importancia de lograr un acuerdo internacional vinculante sobre la protección climática y apoyo sin reservas el lanzamiento de un debate público sobre la creación de una Organización Mundial del Medioambiente. También considero que es crucial fortalecer una interacción positiva entre el comercio y la protección climática, lograr que los precios del comercio internacional sean más justos y evitar las fugas de carbono, fomentar la diferenciación de productos en función de su impacto climático y garantizar que la liberalización del comercio no ponga en peligro las ambiciosas políticas climáticas, incluir el transporte en la ecuación clima-comercio, fortalecer las herramientas que reconcilian el clima y el comercio, y mejorar la coherencia de la UE en clima y comercio desde el punto de vista de los países en desarrollo.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) Para poder jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea ha de impulsar la competitividad de su economía mediante el ahorro energético y el uso de energías renovables. Estas son dos áreas que pueden mejorar la seguridad energética y que poseen un gran potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y creación de empleo.

Al mismo tiempo, es necesario que la UE introduzca cambios en todas sus políticas comerciales, tanto las bilaterales como las multilaterales. Esto es necesario porque el comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Se trata de un proyecto desafiante. Sin embargo, la UE ya ha dado los primeros pasos en la buena dirección en lo concerniente a la importación de madera ilegal, a los agrocarburantes y a las emisiones de la aviación. El objetivo de este informe, objeto de numerosos debates entre empresas, asociaciones, representantes sindicales o la Comisión, es identificar medidas adicionales que permitirían a la UE continuar en esta dirección.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima celebrada en Copenhague se saldó con un acuerdo decepcionante que no está en condiciones de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2°C. Del mismo modo, el Acuerdo de Copenhague no es ni global ni vinculante. La UE no es —ni mucho menos— el principal responsable de este fracaso, pero su falta de unidad, su incapacidad para expresarse por unanimidad, su incapacidad para situar los objetivos de reducción de las emisiones y de apoyo a los países en desarrollo a la altura de las recomendaciones de los científicos y de las peticiones del Parlamento Europeo la han convertido a menudo en un ente inaudible e ineficaz. ¿Por qué se dan tantas dificultades? Seguramente no hay una respuesta única, pero una parte significativa del problema se debe a que numerosos países aún no han experimentado a gran escala y siguen dudando de las ventajas económicas, sociales o democráticas de una transformación ecológica de su economía, a pesar de la multiplicación de los estudios y de las experiencias con éxito en materia de transición energética y de una agricultura y un transporte más sostenibles.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Nos oponemos firmemente a este informe porque no podemos aceptar su enfoque sesgado, frontalmente opuesto a los intereses de nuestra sociedad y nuestra clase empresarial. Pensar que Europa puede resolver el problema de las emisiones de CO2 por si sola es una quimera. Después de exigir demasiado en la conferencia de Copenhague el año pasado, no hemos aprendido la lección y estamos de nuevo preparando un documento que exige demasiado, esta vez para la próxima conferencia sobre cambio climático en Cancún. No tenemos ninguna duda de que si se aprueba el resultado de este texto cuando llegue a esta Cámara acabará en la basura, tal y como ocurrió con el anterior. Parece que este informe trata de esbozar los puntos principales del próximo documento relativo al cambio climático. (COP 16).

 
  
  

Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010) y propuesta de resolución (RC-B7-0616/2010)

 
  
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  Robert Goebbels (S&D), por escrito. (FR) No comprendo la lógica que subyace en el trabajo del Parlamento Europeo sobre el cambio climático. Según muchos de los diputados al Parlamento Europeo, la Unión debería hacer más por reducir las emisiones —reducciones del 30 %, 40 %, 50 %— mientras que somos incapaces de aplicar la famosa Estrategia 2020. Razón de más cuando el resto del mundo es incapaz de tomar nota sobre lo que está haciendo Europa. En Copenhague «se alcanzó un acuerdo entre los africanos, los brasileños, los chinos, los indios y los norteamericanos». La Unión Europea tan siquiera estaba invitada.

En Cancún no se alcanzará un acuerdo vinculante sobre los famosos certificados de CO2 por la razón obvia de que los legisladores de Australia, Canadá y los Estados Unidos no están dispuestos a ello y porque ni Brasil, ni China, ni la India permitirán que se les encorsete de esta manera. La Unión Europea debería invertir más en nuevas tecnologías y no en actividades que sólo fomentan la especulación financiera.

 
  
  

Informe: Harlem Désir (A7-0317/2010)

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) La responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional nos conduce a una mayor gobernanza de la economía mundial, fomenta una globalización más social y más humana y colabora con el desarrollo sostenible. En un contexto de globalización, yo apoyo esta propuesta que persigue que la conducta de las empresas a nivel internacional se vuelva más moral.

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) La globalización y la crisis financiera y social no han hecho más que reforzar la exigencia de reglas sólidas para la economía mundial ya que, en la actualidad, la política comercial internacional está diseñada para servir los intereses de unos cuantos actores económicos que se han aprovechado de la apertura de los mercados para externalizar una parte de su producción y diversificar la cadena de suministro a partir de países con bajos costes de producción y un marco regulador más débil.

Acepto, por lo tanto, los principios propuestos en este informe que persiguen que el comercio se lleve a cabo de manera coherente con los objetivos de la UE y, especialmente, con su política exterior. Esto puede lograrse mediante la aplicación de la responsabilidad social y medioambiental al comercio, para así poner fin al incumplimiento de los principios de responsabilidad social. Esta es una forma de dumping social que debe regularse mediante la aprobación de las propuestas contenidas en este informe, especialmente aquellas relativas a los mecanismos de cooperación judicial entre la UE y los países socios para perseguir a empresas multinacionales por faltas graves cometidas por las empresas en materia de medio ambiente o derechos fundamentales y mediante la aprobación de una nueva iniciativa por parte de la Comisión.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Europea se ha beneficiado enormemente de la apertura de los mercados internacionales. Al mismo tiempo, el modelo social europeo que se ha vinculado a la globalización de Europa ha tenido, desafortunadamente, un escaso impacto en las negociaciones internacionales sobre comercio. Este es el objetivo de esta resolución por la que he votado esta semana. Con el texto de esta resolución, quiero instar a la Unión Europea a adoptar medidas firmes sobre el dumping social. La resolución exige que el concepto de responsabilidad social de las empresas, reconocido por la OCDE, la OIT y las Naciones Unidas, se incluya en el Sistema de Preferencias Generalizadas. También invita a la Comisión a realizar nuevos estudios de impacto que estudien el efecto que los acuerdos comerciales tienen sobre las PYME europeas. Por último, la resolución declara que todos los nuevos acuerdos deberían incluir automáticamente una cláusula de responsabilidad social de las empresas. Al igual que en el ámbito de desarrollo sostenible, la Unión Europea tiene que llevar sus opiniones a la práctica, defendiendo su modelo social y usando esto para guiar el progreso a la par que la globalización.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque establece las propuestas del Parlamento Europeo que contemplan medidas concretas para fomentar la responsabilidad social de las empresas en el contexto de la política de la Unión Europea. Quiero señalar que la crisis económica y financiera internacional ha generado una crisis social a nivel mundial, y esto no ha hecho más que resaltar la necesidad de normas estrictas para garantizar una vigilancia efectiva de la economía mundial, que impida que se desarrolle en detrimento de nuestras sociedades. En el caso de Europa, por lo tanto, la política comercial debe conducirse de forma coherente con todos los objetivos de la Unión y, especialmente, con los objetivos de su política exterior. Además, es muy importante para Europa garantizar que su política comercial común no mine su modelo social ni su política medioambiental sino que, por el contrario, sirva para colaborar en su protección.

Estoy de acuerdo con la petición del Parlamento Europeo de que la Comisión Europea mejore su modelo de evaluación del impacto sobre la sostenibilidad con objeto de reflejar adecuadamente las implicaciones económicas, sociales, de derechos humanos y medioambientales (incluidos los objetivos en materia de atenuación del cambio climático) de las negociaciones comerciales. Además, la Comisión debería realizar un seguimiento de los acuerdos comerciales con los países socios de la Unión Europea, llevando a cabo, antes de la firma de un acuerdo comercial, estudios de evaluación de impacto que tengan en cuenta los sectores especialmente vulnerables.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La UE juega un papel crucial en los esfuerzos por crear una nueva gobernanza. Teniendo en cuenta este objetivo, debe fomentarse la coherencia entre las políticas de las instituciones internacionales. Es obvio que cuando la UE revise su estrategia comercial, debe reflexionar sobre las políticas comerciales que pretende adoptar. Si quiere lanzar un mensaje claramente antiproteccionista, tiene que garantizar que el comercio internacional es justo.

La Unión Europea debe salvaguardar sus intereses comerciales a la vez que cumple con sus criterios y valores y garantiza que otros países también los cumplen. No debemos olvidar que las empresas europeas están sujetas a estrictas normas sociales y medioambientales. La UE debe ser capaz de exigir lo mismo a sus socios comerciales, especialmente a los países emergentes, e insistir en la calidad y la sostenibilidad, especialmente de los productos que entran en su territorio, para así preservar un comercio justo y equitativo. La Unión debe establecer un diálogo con sus socios y encontrar un terreno común para transmitir sus valores. Basándose en este esfuerzo por generar transparencia y diálogo y a la luz de las nuevas competencias atribuidas, el Parlamento Europeo tiene que jugar un papel vital, siendo su deber el otorgar un mandato moral a las negociaciones.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) En el contexto de la globalización económica y el comercio internacional se ha producido un aumento de la presión competitiva entre los países que, en ocasiones, ha conducido a serios abusos de los derechos humanos y del medio ambiente. He votado a favor de este informe porque considero que es especialmente relevante para garantizar el desarrollo de más políticas sostenibles que tengan en cuenta los asuntos medioambientales y sociales, especialmente mediante el fomento de la responsabilidad social de las empresas (RSE).

Es vital que las empresas europeas que invierten y operan en otros países actúen en línea con los valores europeos y los criterios acordados a escala internacional. En concreto, este informe propone que los acuerdos comerciales futuros negociados por la Unión Europea cuenten con un capítulo sobre desarrollo sostenible que incluya una cláusula RSE, algo que yo considero esencial.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) Se desprende del informe que estamos estudiando que el objetivo es la incorporación de los valores que siempre han definido a la Unión Europea y a sus precursores en las actitudes empresariales.

El objetivo es muy loable, asumiendo que se aplica de forma correcta y que no impone cargas sobre nuestras empresas que pongan en peligro su competitividad, ya que ésta ya está limitada por normas que son demasiado estrictas en ámbitos como los derechos laborales y los criterios medioambientales (si bien nadie en los Estados miembros pone en duda los beneficios sociales inherentes al abultamiento de las estructuras de costes).

Considero, por lo tanto, que hemos de actuar con cautela, ya que este no es el momento más adecuado para añadir cargas, a menos que reconozcan que son necesarias y estén dispuestos a aceptarlas.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) La inversión extranjera es un asunto crucial para los países emergentes y en desarrollo. Sin embargo, la débil legislación existente en estos países en materia medioambiental y social implica que existe el peligro de que se generen condiciones laborales poco razonables, violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales. Por este motivo, el Parlamento Europeo ha pedido que se incluya una cláusula de responsabilidad social de las empresas en los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, que se aplicarían a empresas que invierten en países en desarrollo. La cláusula exigiría que estas empresas, sus subsidiarias y sus cadenas de suministro ofrezcan compromisos claros y demostrables en cuanto al impacto medioambiental y social de sus negocios. La cláusula también permitiría a las victimas iniciar acciones legales. Esta es la mejor solución para garantizar una mejor protección social y criterios medioambientales en el mundo entero.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque defiende la necesidad de un nuevo enfoque regulatorio para el comercio internacional. Estos criterios, que son más efectivos y se aplican mejor, deberían contribuir al desarrollo de políticas más sostenibles, que realmente consideren las inquietudes medioambientales y sociales, en vez del beneficio empresarial a cualquier precio.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Los principios que rigen la responsabilidad social de las empresas (RSE) están totalmente reconocidos a nivel internacional y se centran en la expectativa de un comportamiento responsable por parte de las empresas, lo que presupone el respeto por la legislación vigente, especialmente en lo relativo a los aspectos fiscales, el empleo, las relaciones laborales, los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y también su participación en la lucha contra la corrupción. Considero, por lo tanto, que es muy positivo que la UE actualmente incluya en los futuros acuerdos comerciales un capítulo sobre desarrollo sostenible que contenga cláusulas relativas a la RSE.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La Unión Europea apoya el objetivo de fomentar la responsabilidad social de las empresas (RSE). La Unión debe cerciorarse de que las políticas exteriores que contribuyen efectivamente al desarrollo sostenible y al desarrollo social en los países involucrados. También debe garantizar que el comportamiento de las empresas europeas, allí donde operen e inviertan, es acorde con los valores europeos y las normas internacionalmente aceptadas.

En virtud del artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «la política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión» y que, en virtud del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, debe contribuir, entre otras cosas, al «desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como el estricto respeto y desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor del informe sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional. La globalización ha dado lugar a una competencia feroz entre países que, a su vez, ha resultado en pautas de comportamiento inaceptables por parte de muchas empresas multinacionales en países en desarrollo, en violaciones graves de los criterios laborales fundamentales, violaciones de los derechos humanos y degradación medioambiental. El Parlamento pide que se incluya una cláusula sobre responsabilidad social de las empresas en todos los acuerdos de comercio internacionales firmados por la Unión Europea. Esta cláusula exigiría la publicación frecuente de informes que detallen el impacto medioambiental y social de las actividades de las empresas, teniendo en cuenta tanto sus subsidiarias como las cadenas de suministro. El informe exige la creación de mecanismos de cooperación legal entre la UE y los países signatarios y bajo los acuerdos comerciales con el objetivo de garantizar el recurso al sistema judicial para las víctimas, en los casos en los que las empresas multinacionales y sus subsidiarias incumplan la legislación medioambiental y social.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He mostrado mi conformidad con el informe porque, como saben, el crecimiento del comercio internacional no se justifica más que si contribuye al desarrollo económico, al empleo y a la mejora del nivel de vida. Solo con esta condición la apertura de los intercambios se considera positiva y se acepta. En cambio, provoca una fuerte oposición cuando se realiza a costa de la destrucción de empleo o pone en peligro las condiciones de vida, los derechos sociales o el medio ambiente. Por tanto, no cabe reducir la política comercial únicamente a los intereses inmediatos de algunos agentes económicos. La liberalización comercial tiene consecuencias económicas y sociales muy diferenciadas, que deben controlarse y a veces compensarse, pues siempre produce ganadores y perdedores. El desarrollo del comercio internacional solo produce beneficios mutuos cuando se cumplen determinadas condiciones, por ello es necesario un marco para la apertura de los intercambios, sus modalidades y su ritmo, necesidad que se hace sentir aún más con la aceleración de la mundialización. Tanto para Europa como para la comunidad internacional, existe un imperativo de coherencia para incluir en las reglas de los intercambios comerciales auténticas garantías en materia de desarrollo sostenible y derechos sociales. Este imperativo, que es conforme tanto a los objetivos de las Naciones Unidad como a los de la Unión Europea, responde a importantes expectativas de los ciudadanos de Europa. Hasta ahora, el vínculo entre comercio y responsabilidad social de las empresas (RSE) ha sido, como mucho, exiguo. No obstante, si se consigue combinar las normas del comercio y los compromisos de las empresas en materia de responsabilidad social, se conseguiría una importante palanca para hacer avanzar a la vez el comportamiento de las empresas y el respeto de las normas sociales y medioambientales por parte de los Estados signatarios de acuerdos comerciales con la UE.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) He votado a favor de este informe ya que considero que las empresas que participan en el comercio tienen una cierta responsabilidad hacia las personas que trabajan para ellas. En primer lugar, la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en los acuerdos comerciales con terceros países genera condiciones de igualdad entre las empresas de la UE y las de estos países y ofrece protección a los trabajadores. Sin embargo, cuando se establezcan las cláusulas será necesario tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Estas cláusulas deben ofrecer un equilibrio y no pueden establecerse de forma que primero afecten negativamente a los trabajadores para, posteriormente, perjudicar a los consumidores.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) La liberalización comercial tiene consecuencias económicas y sociales muy diferenciadas que deben controlarse en la mayor parte de los casos. La política comercial común ha de ser coherente con los objetivos generales de la Unión Europea y no simplemente servir a los intereses cortoplacistas de los principales operadores económicos.

He votado a favor de este informe ya que considero que la integración de los principios de la responsabilidad social de las empresas en las normas del comercio internacional ofrecerán a la Unión la oportunidad de ejercer presión sobre las empresas y los países que firman acuerdos comerciales con la Unión Europea para garantizar el cumplimiento de los estándares laborales. Esto nos permitirá cerciorarnos de que las políticas externas que apliquemos contribuirán realmente a un desarrollo económico y social sostenible, mientras que las empresas actuarán acorde con los valores y las normas internacionalmente aceptadas.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción el informe de mi colega Harlem Desir sobre la responsabilidad social de las empresas. El señor Desir considera que la responsabilidad social de las empresas es una herramienta eficaz para mejorar la competitividad, las competencias y las oportunidades de formación, la seguridad en el puesto de trabajo y el entorno de trabajo, la protección de los derechos de los trabajadores y los derechos de las comunidades locales e indígenas, el fomento de una política medioambiental sostenible y la promoción de intercambios de buenas prácticas a escala local, nacional, europea y mundial. El autor, sin embargo, deja claro que la RSE no puede sustituir a la normativa laboral ni a los convenios colectivos generales o sectoriales.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) La responsabilidad social de las empresas es un concepto ilusorio que, si bien limita ciertos abusos, puede dar la impresión de que otros tipos de abusos son aceptables. Aún así, esta herramienta puede ofrecer un marco conceptual y legal para la intervención gubernamental, tanto en la producción como en las condiciones ecológicas y sociales bajo las que ésta tiene lugar. Apoyo este informe en lo relativo a este objetivo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Los principios que rigen la legislación vigente, especialmente en materia impositiva, de empleo, relaciones laborales, derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y su participación en la lucha contra la corrupción, han de ser adoptados por todas las empresas que operan en el ámbito del comercio internacional. La incorporación de este tipo de cláusulas en los futuros acuerdos comerciales negociados por la Unión es, por lo tanto, fundamental.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Este informe también persigue una mayor regulación de las empresas por parte de la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea ha demostrado con frecuencia que sus restricciones no fortalecen a las empresas ni mejoran los niveles de vida sino que, por el contrario, tienden a ser contra productivas. Afortunadamente, el señor ponente es consciente de la importancia de poner límite a los peores excesos de la globalización. Pide, de forma muy concreta, que el comercio internacional se liberalice únicamente en la medida en que beneficie a todos los estratos sociales y asumiendo que esto mejora la calidad de vida. Es por este motivo que me abstengo en esta votación.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Tras las crisis climática, energética y alimentaria, la crisis financiera internacional, que ha arrastrado en todas partes una crisis social, no ha hecho más que reforzar la exigencia de reglas sólidas, con el fin de lograr un mejor encuadramiento de la economía mundial e impedir que se desarrolle en detrimento de las sociedades.

El comercio internacional, que está en el núcleo de la mundialización, no escapa a esta exigencia. Para los ciudadanos, en todas partes del mundo, en efecto, el crecimiento del comercio internacional no se justifica más que si contribuye al desarrollo económico, al empleo y a la mejora del nivel de vida. Solo con esta condición la apertura de los intercambios se considera positiva y se acepta. En cambio, provoca una fuerte oposición cuando se realiza a costa de la destrucción de empleo o pone en peligro las condiciones de vida, los derechos sociales o el medio ambiente.

Por tanto, no cabe reducir la política comercial únicamente a los intereses inmediatos de algunos agentes económicos. En el caso de Europa, la política comercial debe ser coherente con el conjunto de los objetivos de la Unión y, en particular los de su política exterior, de la que constituye una palanca para promover su concepto de la regulación en la mundialización.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La resolución del Parlamento Europeo sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional está diseñada como un aviso y como un paso adelante en el camino hacia un nuevo modelo social basado en la ética y en la responsabilidad social en el mundo empresarial. El fracaso del Estado de bienestar, tal y como lo conocemos, exige el diseño de nuevas realidades. En este contexto, la responsabilidad social de las empresas (RSE) puede constituirse como el motor de un nuevo paradigma para el cambio.

De hecho, los problemas globales se ven exacerbados por la crisis financiera y sus consecuencias sociales. Los principios que rigen la RSE están plenamente reconocidos a nivel internacional, tanto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El fomento de la RSE es un objetivo apoyado por la Unión Europea y se trata de un objetivo que cuenta con mi apoyo. Habida cuenta de esto, me gustaría resaltar mi respaldo al comité de «Comercio y trabajo digno» en la Organización Mundial de Comercio (OMC), que permitiría contar con un foro para el debate de ciertos asuntos, incluyendo los estándares laborales, especialmente en lo relativo al empleo infantil y la RSE en lo que se refiere al comercio internacional.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Con esta Resolución, el PE constata que los retos mundiales se han visto agravados por la crisis financiera y sus consecuencias sociales, y han suscitado debates mundiales sobre la necesidad de un nuevo enfoque regulador y las cuestiones en materia de gobernanza en la economía mundial, incluido el comercio internacional; opina que las nuevas normas, más eficaces y mejor ejecutadas, deberían contribuir al desarrollo de unas políticas más sostenibles, que tengan realmente en cuenta las preocupaciones sociales y medioambientales; y constata que la mundialización ha aumentado la presión competitiva entre los países por atraer a los inversores extranjeros y la competencia entre las empresas, lo que a veces ha llevado a los gobiernos a tolerar graves abusos en materia de derechos humanos y sociales, así como importantes daños al medio ambiente, para atraer el comercio y las inversiones.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0623/2010)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Desde su creación, la Unión Europea ha luchado por lograr el objetivo de crear un mercado único. El Derecho de competencia ha ayudado a sostener estos esfuerzos. Lejos de buscar el favorecer a los grandes conglomerados empresariales, la política de competencia tiene como objetivo proteger a los operadores de menor tamaño frente a las prácticas que restringen la competencia. Los acuerdos entre empresas —por ejemplo para el apoyo en programas de investigación— pueden esconder una práctica comercial diseñada para eliminar a una empresa rival y que, por lo tanto, restringiría la competencia. Aun así, el dinamismo de la economía europea está parcialmente vinculado a dicha capacidad de cooperación. En consecuencia, la Comisión Europea ha adoptado un enfoque pragmático. La Comisión regularmente define ciertas categorías de acuerdos que pueden eludir las estrictas normas de competencia en los casos en los que se compruebe que esto es positivo. Ahora que ha comenzado el proceso de revisión de estos reglamentos, la Comisión Europea está participando en amplias consultas. En general, las medidas legales propuestas han adoptado las posiciones expresadas por el Parlamento Europeo y están en línea con nuestras opiniones sobre este asunto. Yo, por lo tanto, he votado a favor de este texto.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Los dos Reglamentos de exención por categorías, el «REC especialización» (Reglamento (CE) nº 2658/2000 de la Comisión) y el «REC I+D» (Reglamento (CE) nº 2659/2000 de la Comisión) expirarán el 31 de diciembre de 2010. La Comisión pretende adoptar dos nuevos reglamentos de exención por categorías que modifican a los anteriores y ciertas directrices que fomentan que las partes interesadas colaborarán en analizar y entender si los acuerdos de cooperación se ajustan a las normas de competencia. En la actualidad, existe un nuevo conjunto de normas derivadas de la Comisión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que requieren su codificación. He apoyado esta resolución y, en concreto, el objetivo del Parlamento Europeo de garantizar la estabilidad legal para las partes interesadas. Considero que, al establecer directrices, la UE debería aprender de la experiencia de las autoridades nacionales de la competencia en la UE, así como de las autoridades en materia de competencia a nivel mundial. Considero, asimismo, que es recomendable intentar acordar a nivel mundial unas normas de competencia convergentes, dado que muchos acuerdos y prácticas están sometidos a distintos regímenes jurídicos en materia de competencia, lo que impide a las partes interesadas competir en el mercado en igualdad de condiciones.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) Una economía de mercado robusta no puede funcionar sin una constante y continua vigilancia del nivel de competencia. Dicha vigilancia, sin embargo, no puede adoptar la forma ideológica de un conjunto de parámetros que se aplican a todas las partes. De hecho, debería examinarse la situación en cada nicho de mercado de forma individual, para así poder llevar a cabo una evaluación justa en cuanto al respeto de aquellos principios que, si se aplican de forma mecánica, podrían desembocar en situaciones paradójicas y antieconómicas. La Comisión, por lo tanto, es digna de elogio por su intento de controlar la cooperación horizontal en los acuerdos de especialización, así como en los acuerdos de investigación y desarrollo, dos sectores sensibles cuyas características justifican el trato especial que reciben.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Los acuerdos horizontales entre empresas, aceptadas de conformidad con las disposiciones legales, constituyen una vía de colaboración empresarial que es, con frecuencia, vital para la creación de beneficios económicos, que acaban teniendo un impacto positivo sobre el mercado y los consumidores. Se trata generalmente de actividades de cooperación que no implican ningún tipo de coordinación en cuanto al comportamiento competitivo de las partes interesadas y, por lo tanto, no afectan a la competitividad sino que, por el contrario, generan unas ganancias que no podrían obtenerse por otras vías. Por este motivo, dichas actividades están exentas de la aplicación del artículo 101 apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto es especialmente importante para los acuerdos de especialización y los acuerdos de investigación y desarrollo establecidos en los Reglamentos (CE) nº 2659/2000 y nº 2658/2000 que la Comisión propone revisar. En una época en la que Europa necesita inversión en investigación y desarrollo y debería invertir en innovación, es fundamental que se establezcan requisitos legales conformes al derecho de competencia para la creación de las sinergias necesarias entre las empresas que operan en el mercado.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) En virtud del artículo101, apartados 1 y 3, del artículo 103, apartado 1, y del artículo 105, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se permiten ciertas formas de cooperación horizontal entre las empresas, siempre y cuando estos acuerdos contribuyan a la producción o distribución de productos o al fomento del progreso económico o tecnológico y se generen beneficios para los consumidores. He votado a favor de este informe ya que considero que, dado los importantes cambios legislativos que han tenido lugar desde la aprobación de los reglamentos y las directrices horizontales, y la experiencia adquirida por la Comisión en la ejecución de estas normas, es necesario codificar un nuevo conjunto de normas elaboradas por la Comisión que tengan en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia en este ámbito.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con esta propuesta porque los acuerdos horizontales normalmente suscitan más preocupaciones por la competencia que los acuerdos verticales y, por lo tanto, celebro que la Comisión mantenga un enfoque más restrictivo para el establecimiento del umbral de cuota de mercado por lo que respecta a los acuerdos horizontales. También comprendo que este enfoque no debería, sin embargo, conducir a un marco regulatorio más complejo.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Celebro el hecho de que la Comisión haya convocado dos consultas públicas distintas respecto a la revisión de las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal. La resolución subraya la importancia de escuchar y examinar en la mayor medida posible, en el proceso de toma de decisiones, los puntos de vista de las partes interesadas con objeto de lograr un marco regulador realista y equilibrado.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La revisión de las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal es fundamental para aumentar la colaboración entre empresas y, especialmente, en lo relativo a investigación y desarrollo, para así generar sinergias que permitan un mayor desarrollo en todos los ámbitos de la cooperación. Debemos, sin embargo, tener presente que este tipo de cooperación no puede incumplir las normas de competencia.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Los acuerdos de cooperación horizontal pueden generar ventajas económicas importantes. Por lo tanto, los competidores comparten el riesgo, se reducen los costes, se mejora la inversión, el conocimiento técnico y la calidad de los productos y aplicar la variedad y la innovación se pueden incorporar con mayor celeridad. Por otro lado, los acuerdos de cooperación horizontal pueden reducir el nivel de competencia si los competidores fijan precios o niveles de producción o fuerzan la división de los mercados. Sería, por lo tanto, muy deseable que existiesen acuerdos firmes que garanticen la estabilidad. Me abstengo en esta votación porque algunos puntos no están redactados con la suficiente claridad.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución sobre la revisión de las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal porque tiene en cuenta la actividad de la Comisión y, concretamente, su transparencia en su relación con el Parlamento y el espíritu de apertura con el que comenzó este proceso de revisión, escuchando la opinión de todas las partes interesadas.

Cada vez que se revisa un elemento de la legislación ha de tenerse en cuenta la seguridad jurídica. En conformidad con la resolución, creo que es fundamental que, una vez adoptado el nuevo marco regulador definitivo, se elabore un resumen y nuevas «preguntas más frecuentes» para explicar en detalle el marco definitivo a los actores del mercado. Comparto la preocupación del Parlamento en cuanto a que esto debería considerarse como un elemento del marco regulador integrado en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual. Es fundamental que se respeten los derechos de propiedad intelectual ya que contribuyen de manera decisiva a la innovación.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Con esta Resolución, el PE celebra que la Comisión haya convocado dos consultas públicas distintas respecto a la revisión de las normas de competencia aplicables a los acuerdos de cooperación horizontal; subraya la importancia de escuchar y examinar en la mayor medida posible, en el proceso de toma de decisiones, los puntos de vista de las partes interesadas con objeto de lograr un marco regulador realista y equilibrado; y pide a la Comisión que indique claramente, al final del proceso de revisión, cómo ha tenido en cuenta las contribuciones de las partes interesadas.

 
  
 

(La sesión, suspendida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

 
Última actualización: 3 de mayo de 2011Aviso jurídico