Presidente. − Apreciados colegas, hay muchas explicaciones de voto, así que vamos a tener que ser sumamente estrictos con el tiempo. Interrumpiré todas las intervenciones que excedan de un minuto. Lo siento mucho pero así será.

Explicaciones de voto orales

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011 modificado por el Consejo

  Ashley Fox (ECR). - Señor Presidente, deseo explicar por qué he votado en contra del presupuesto para 2011. Lo he hecho porque, en tiempos de austeridad, la UE debería dar muestras de cierto comedimiento; deberíamos recortar nuestros gastos, no incrementarlos. En mi opinión es una vergüenza que la Comisión propusiera inicialmente un aumento del 6 % y el Parlamento lo respaldara.

Creo que el Primer Ministro de mi país, David Cameron, tuvo una muy buena actuación al forzar que el aumento se redujera y no superase el 2,9 %, pero ya sabemos que no es más que una solución de compromiso y no una con la que los conservadores británicos estemos particularmente satisfechos, si bien me enorgullezco de haber votado en contra de las extravagancias de la UE.

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Señor Presidente, es muy significativo que por primera vez el Parlamento haya tenido la oportunidad de aprobar el presupuesto. De cara a posteriores debates de política presupuestaria, creo que el Parlamento debería asegurarse de que las prioridades son que la UE sea capaz de incrementar su propia contribución, que el presupuesto respalde la eficiencia material y las políticas medioambientales por medio de su propia selección de políticas y que, de esta manera, se logren la Estrategia Europa 2020 y una economía más verde.

  Syed Kamall (ECR). - Señor Presidente, al igual que mi colega el señor Fox, yo también comparto esa preocupación junto con otros muchos conservadores británicos.

En una época de austeridad, cuando los gobiernos de toda la Unión Europea —de hecho los gobiernos del mundo entero— están buscando formas de apretarse el cinturón y controlar el gasto, ¿cómo nos atrevemos a pedir un aumento en la recaudación exigida a los contribuyentes? Sin duda es hora de apretarse el cinturón y dar ejemplo. No deberíamos haber estado pidiendo un aumento, ni siquiera deberíamos pedir una congelación, sino que, para que los contribuyentes de toda la Unión Europea pudieran tomarse a sus políticos en serio y supiesen que comprendemos las dificultades que atraviesan en estos momentos y que nos solidarizamos con ellos, debiéramos estar pidiendo recortes en el presupuesto de la UE en vez de dar la imagen de ser una élite selecta que no presta la menor atención al pueblo que la ha puesto en el cargo.

Informe: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska y Helga Trüpel (A7-0369/2010)

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, el derecho a confeccionar un presupuesto es uno de los derechos fundamentales de un parlamento, lo que también es aplicable al Parlamento Europeo. Responsabilidad, confianza y alianzas son los tres aspectos clave de la cooperación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. En este respecto, el proceso de consulta sobre el presupuesto de 2011 no ha servido para fomentar la confianza. Insto a la Comisión y en particular al Consejo a que respeten los derechos del Paramento Europeo porque, como ya he dicho, el derecho a confeccionar un presupuesto es un derecho fundamental del Parlamento Europeo.

  Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, ayer me preguntaba si no me habría subido por error a la máquina del tiempo y me encontraba de vuelta en la década de 1970. Y hoy lo que me pregunto es si no estaré en la de 1770.

Permítanme que cite una observación de Thomas Jefferson sobre el gobierno a larga distancia; decía que «desde tan lejos y apartados de la vista de los electores», los gobernadores a la fuerza deben tender a «la corrupción, el expolio y el despilfarro». Una descripción perfecta de lo que ocurre en el caso del presupuesto de la UE con sus cuentas no aprobadas, la distribución errónea de recursos y esas cantidades en permanente aumento pese a los intentos de los veintisiete Estados miembros de controlar su gasto. Es lo que ocurre cuando no hay vinculación alguna entre finalidad, representación y gasto, cuando la UE espera toda clase de elogios por gastar dinero pero ni la menor crítica por recaudarlo.

La única manera de hacer que esas cifras vuelvan a niveles aceptables a ojos de la opinión pública es devolver la responsabilidad presupuestaria a los parlamentos nacionales y a sus miembros, que tendrán que rendir cuentas ante los votantes, quienes además también son los contribuyentes.

Informe: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

  Cristiana Muscardini (PPE). – (IT) Señor Presidente, colegas, estamos a favor de la medida y damos las gracias al ponente, que ha sido muy preciso.

No obstante creemos que este trabajo debería obligar a las instituciones europeas a continuar realizando un seguimiento de la evolución futura de esta nueva disciplina porque, por desgracia, en el pasado se han producido situaciones poco claras con demasiada frecuencia, lo que ha tenido un impacto negativo en el sistema financiero, en detrimento tanto de las empresas como de los ahorradores.

Nos parece sumamente importante dotarnos de un nuevo sistema europeo para las agencias y revisar todas las autoridades bancarias centrales para asegurarnos de que las calificaciones responden eficazmente al sistema financiero moderno y resultan útiles para el público. Así pues, doy las gracias al ponente.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, la cuestión es: ¿Quién hace el seguimiento de las autoridades encargadas de hacer el seguimiento? Hasta los árbitros de fútbol tienen que pasar por un proceso de seguimiento o de examen. Si esto es aplicable al fútbol, sin duda también debe de serlo a los mercados financieros. En este caso el proceso de evaluación de la fiabilidad y robustez de los productos financieros, de los bancos e incluso de países enteros, se ha dejado en manos de las agencias de calificación crediticia. Ahora bien, cuando estas agencias se convierten en un monopolio y logran evitar cualquier forma de supervisión, entonces adquieren un estatus cuasi divino y nos encontramos con que se les rinde culto. No debemos permitir que eso ocurra. Ya dice la Biblia que «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Este informe trata de rectificar la situación al introducir la supervisión de las agencias de calificación crediticia. Cuando llegue el momento oportuno, el Parlamento debería preguntarse si estas medidas han tenido éxito.

Informe: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska y Helga Trüpel (A7-0369/2010)

  Barbara Matera (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la votación de hoy sobre el presupuesto de 2011 es el punto final de un nuevo procedimiento que, por muy doloroso que haya podido resultar, también ha puesto de manifiesto la actitud responsable y la gran dedicación de las autoridades presupuestarias.

Pese a que se trata de una solución de compromiso que supone sacrificios tanto por parte del Parlamento como del Consejo, ha impedido la introducción de un sistema de doceavas partes provisionales, lo que habría acarreado serias consecuencias para la financiación de los programas de la Unión Europea.

El Parlamento está satisfecho con los objetivos logrados aunque también señala a quienes son culpables de haber provocado el fracaso del acuerdo sobre el Programa del Reactor Termonuclear Experimental Internacional y sobre flexibilidad. De hecho, la Unión ha perdido credibilidad frente a sus socios internacionales y se arriesga a no ser capaz de financiar sus comisiones ni de abordar las nuevas parcelas de actuación derivadas del Tratado de Lisboa.

A partir de enero de 2011 debemos por tanto establecer prioridades y lograr que sean financieramente sostenibles a lo largo de los años venideros.

Informe: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

  Mario Pirillo (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la necesidad de modernizar los sistemas de medida y legislar mejor nos ha llevado a derogar las directivas europeas sobre metrología.

Yo también estoy convencido de que este es un primer paso para iniciar una reforma más radical y precisa en este ámbito. Además no cabe duda de que necesitamos acordar un marco temporal suficientemente amplio que permita a los Estados miembros evaluar los efectos de la derogación de estas reglamentaciones en sus propias leyes y realizar cualquier ajuste que pudiera ser necesario.

Por último, la decisión de derogar las diversas directivas responde a la perfección a la necesidad de una mayor simplificación que todos los sectores sienten que es necesaria. Confiamos sin embargo en que al final no resulte peor el remedio que la enfermedad.

Informe: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, colegas, el Tratado de Lisboa ha introducido una innovación clave en el funcionamiento democrático de la Unión Europea al proporcionar este nuevo instrumento práctico de participación civil en el debate y la integración europeos.

De hecho, la iniciativa ciudadana europea introduce un nuevo concepto de democracia internacional y proporciona a la Unión Europea una nueva forma de democracia participativa. Todos nuestros ciudadanos puede solicitar directamente a la Comisión que esta presente una propuesta legislativa.

Valoramos positivamente la propuesta de la Comisión, ya que la participación de la sociedad civil y la formulación de políticas en el proceso de toma de decisiones refuerzan la legitimidad democrática de nuestras instituciones y acercan más la Unión Europea a los ciudadanos.

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, primero que nada me gustaría expresar mi satisfacción por la aprobación de la iniciativa ciudadana europea, cuestión para la cual yo he sido ponente alternativo de la Comisión de Cultura y Educación, aunque también se me plantea la queja de que el Parlamento no haya sometido a votación dos cuestiones que me parecen fundamentales: el derecho de los jóvenes de más de dieciséis años a firmar iniciativas y el voto para los residentes.

Sabemos que el Tratado de Lisboa no cubre estas iniciativas y ese es el motivo por el que nos oponemos a este tratado.

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, el Partido Liberal danés ha votado hoy a favor de la iniciativa ciudadana porque esta fomenta la participación de los ciudadanos y hará la Unión Europea mucho más accesible. El Parlamento ha logrado con éxito establecer una relación que incluye unas cuantas condiciones estandardizadas tendentes a hacer que la iniciativa ciudadana sea accesible, independientemente del Estado miembro en cuestión, y a garantizar que el instrumento continúa siendo fácil de usar. No obstante, como mínimo los ciudadanos deben de proceder de un cuarto de Estados miembros —el número de ciudadanos por Estado miembro debe ser por lo menos el equivalente al número de Miembros del Parlamento Europeo de ese Estado miembro multiplicado por un factor de 750, y los ciudadanos han de tener edad suficiente para votar en unas elecciones parlamentarias. Creemos que estas condiciones son importantes a la hora de garantizar que la iniciativa ciudadana también adquiere la validez necesaria para que se la perciba como una contribución seria al desarrollo de la democracia.

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, me gustaría decir unas palabras sobre la iniciativa ciudadana. Es cierto que el Tratado de Lisboa ha supuesto dotarnos de una nueva iniciativa que alienta a nuestros ciudadanos a firmar peticiones que la Comisión se aviene a tratar, ¿pero es eso todo? En mi opinión se trata de una iniciativa excelente pero tenemos que considerar cómo conferirle un mayor alcance.

La premisa de partida es que eminentemente nuestros ciudadanos participan en el proceso democrático a través del voto en las elecciones, esa sería una manera de tratar los temas que importan a la gente. En consecuencia, esta nueva iniciativa tal vez potencie de manera obvia la participación ciudadana pero, por otro lado, también me puedo imaginar cómo podría acabarse en una situación en la que la Comisión tan solo responde a las iniciativas pero no surge nada concreto. Siendo ese el caso, necesitamos pensar en cómo podríamos animar verdaderamente a la gente a participar en la toma de decisiones políticas.

  Morten Løkkegaard (ALDE). – (DA) Señor Presidente, simplemente para sumarme a lo que ya se ha dicho sobre el apoyo del Partido Liberal danés, me gustaría señalar que, tal y como ya se ha mencionado, esta iniciativa es extremadamente importante. También es un experimento que debemos —y esto es lo que yo pido— supervisar muy de cerca para asegurarnos de que verdaderamente damos seguimiento al proceso de tres años hasta revisión que hemos fijado para esta iniciativa, y hemos de considerar si se trata de una iniciativa ciudadana propiamente dicha o si se está utilizando —por decirlo de algún modo— con otros intereses en mente. Esta cuestión es importante para el éxito de la iniciativa, el éxito que todos deseamos para la misma y que sencillamente consiste en que los ciudadanos tomen la iniciativa. En este sentido me gustaría también señalar que personalmente confío en que los ciudadanos plantearán toda una serie de cuestiones de progreso, constructivas y positivas respecto del proyecto de la UE de modo que no siempre sean los partidarios del «no a todo» los que monopolicen el uso de este tipo de iniciativas.

  Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Señor Presidente, damas y caballeros, he estado siguiendo el procedimiento legislativo de la iniciativa ciudadana europea muy de cerca y me satisface, en parte en base a las declaraciones del Consejo y la Comisión, que las primeras peticiones vayan a plantearse en el plazo de un año.

También me enorgullece poder anunciar al Parlamento Europeo que en Italia ha surgido un amplio movimiento ciudadano de bases compuesto por toda una serie de asociaciones y comités a raíz de la aprobación de la escandalosa directiva sobre investigación con animales. Este movimiento no se quedará de brazos cruzados durante todo este año sino que se dedicará a la preparación de la propuesta para la Comisión: una propuesta tendente a que la Unión Europea cuente con leyes modernas y civilizadas y diga «no» a las pruebas de laboratorio con animales, una práctica cruel e ineficaz, al tiempo que fomenta enérgicamente otros métodos alternativos.

Decir «no» a la vivisección debe ser un objetivo de la Unión Europea ya que es el deseo de sus ciudadanos.

  Ashley Fox (ECR). - Señor Presidente, opino que la iniciativa ciudadana podría ser útil porque permitirá a los ciudadanos dirigirse directamente a la Comisión, pero la cuestión pendiente sigue siendo aclarar cómo reaccionará la Comisión a las propuestas que no le gusten.

Creo que cabe esperar toda una serie de iniciativas que solicitarán a la Comisión que haga más, pidiéndole que haya más Europa, por decirlo de algún modo, y sin duda la Comisión responderá a éstas de manera entusiasta.

Pero ¿cómo reaccionará a las propuestas que pidan menos Europa o tal vez que Europa haga las cosas mejor, o que despilfarre menos dinero, o quizá solicitando una declaración de que nunca se plantearía una fiscalidad europea? Espero con interés a ver cómo va a reaccionar la Comisión a esas propuestas. ¿Las tratará con igual respeto? Si solo responde a las propuestas que le gustan, entonces esta iniciativa resultará superflua.

  Seán Kelly (PPE). – (GA) Señor Presidente, me complace haber votado a favor de estas propuestas y creo que los dos ponentes han hecho un trabajo extraordinario, no solo para la Unión Europea sino para los ciudadanos en general.

La iniciativa ciudadana era una parte muy importante del Tratado de Lisboa que se aprobó en Irlanda hace poco más de un año, pero durante un tiempo tuvimos la impresión de que el proceso se había quedado paralizado debido a complicaciones y cuestiones regulatorias. Gracias al extraordinario trabajo de los ponentes se ha logrado una simplificación y me parece particularmente positivo el hecho de que un panel de siete miembros de distintos países pueda iniciar el proceso. Creo que esta y otras medidas garantizarán que se planteen las preocupaciones genuinas del pueblo y al mismo tiempo impedirán que se generen propuestas basadas en intereses creados.

(GA) Desearía finalizar mi intervención por tanto con un proverbio en mi lengua materna que dice que si se empieza con buen pie la mitad del trabajo ya está hecho y, en este caso, se ha empezado con buen pie.

  Nicole Sinclaire (NI). - Señor Presidente, verdaderamente esta democracia nuestra es una farsa, ¿no es cierto? Es una pena que no se quisiera escuchar verdaderamente lo que el pueblo europeo está diciendo antes de pasar a la aplicación del Tratado de Lisboa, que nos ha traído la iniciativa ciudadana.

En respuesta a la intervención del señor Fox hace unos minutos: después de una primera fase, la Comisión podría decidir que no merece la pena realizar el ejercicio completo. Ese es el problema que se plantea porque existe un mandato vinculante y la Comisión puede simplemente desestimar la petición. Una vez más, asistimos a cómo la Unión Europea no tiene en cuenta los deseos del pueblo europeo. ¡Por Dios, escuchen a los ciudadanos porque esto no es lo que quieren!

Propuesta de Resolución RC-B7-0688/2010

  Jim Higgins (PPE). - Señor Presidente, valoro positivamente y he votado a favor del Programa de Trabajo de la Comisión para 2011.

La crisis financiera es un gran reto al que hay que enfrentarse sin rodeos. Le deseo a la Comisión lo mejor en lo que a la consecución de los objetivos que se ha marcado respecta. En relación al euro, es absolutamente crucial, desde el punto de vista de la integridad y cohesión de la Unión y también desde el punto de vista de la solidaridad dentro de la Unión Europea, que compartamos una moneda común y que hagamos todo lo posible para protegerla.

En cuanto a los puestos de trabajo y la economía, me complace que en enero de 2011 la Comisión vaya aprobar su primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento que analizará la situación económica de la Unión, incluidos los potenciales desequilibrios y riesgos sistémicos. Es algo fundamental para que Europa se transforme en una economía inteligente y sostenible.

Para terminar, pero no por ello menos importante, recordar que somos una comunidad de quinientos millones de personas. Tenemos que empezar a osar codearnos con los grandes, tanto en el ámbito europeo como en el mundial. Mis mejores deseos para la Comisión para el año que viene.

  Philip Claeys (NI). - (NL) He votado contra esta propuesta por varios motivos, pero el apartado del texto que me ha resultado más peculiar es el que menciona que, según este Parlamento, los Estados miembros deberían destinar el 0,7 % de su RNB a la ayuda oficial al desarrollo y que la Comisión sería la encargada de supervisar esos compromisos.

Dejando a un lado momentáneamente la cuestión de si la ayuda para el desarrollo tiene o no sentido, en cualquier caso esto constituye una violación seria del principio de subsidiariedad. Otra peculiaridad puede encontrarse en el apartado 52 en el que se pide a la Comisión que mantenga la dinámica del proceso de ampliación. ¿Podría alguien decirme qué dinámica es esa? ¿Se está hablando de las constantes provocaciones de Turquía o de las violaciones de derechos humanos en masa que se cometen en ese país, por no mencionar su creciente islamización?

Propuesta de resolución RC-B7-0693/2010

  Philip Claeys (NI). - (NL) Sin duda esta resolución tiene un par de cosas buenas, como que condene que el presidente Mugabe, que es un criminal, participara en la Cumbre de Lisboa y la referencia a las perjudiciales consecuencias de la fuga de cerebros que sufre el continente africano.

La resolución también hace bien en enfatizar el papel fundamental del desarrollo de capacidades para el sector agrícola. Por otro lado, verdaderamente debemos librarnos de esa norma absurda del 0,7 %. Los mil millones de dólares estadounidenses en forma de ayuda para el desarrollo que se ha destinado a África a lo largo de sesenta años solo han servido para sumir a este continente en la miseria todavía más. En vez de conceder más ayuda aún, necesitamos concentrar nuestra energía, entre otras cosas, en combatir la fuga ilegal de capitales, tal y como señala la resolución en cualquier caso.

De todos modos, no es que me haya impresionado precisamente el apartado sobre migración, que es por lo que finalmente he votado en contra.

  Syed Kamall (ECR). - Señor Presidente, si consideramos el lamentable estado en que se encuentran muchas naciones africanas, obviamente en la UE y los distintos Estados miembros de la UE todos queremos ayudar a que salgan de la pobreza, pero creo que deberíamos ser más sensatos en lo que al uso de la ayuda oficial se refiere. Cuando se produce un desastre natural es totalmente correcto que la ayuda desempeñe un papel vital a corto plazo, pero si estamos hablando de desarrollo a largo plazo, en ese caso a veces la ayuda no se distribuye correctamente.

Sin duda no es correcto que nuestros contribuyentes de los diversos Estados miembros de la UE envíen dinero a gobiernos africanos que no están llevando sus países de manera decente y que el dinero no llegue a los que verdaderamente lo necesitan. La mejor forma de ayudar al desarrollo es ayudar a los empresarios de los países más pobres a que creen riqueza en sus propias comunidades y sean ellos quienes saquen a sus vecinos y amigos de la pobreza.

Abramos nuestros mercados, empleemos nuestra ayuda oficial para fomentar el comercio y el desarrollo en vez de limitarnos a repartir dinero.

  Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, junto con varios Miembros de esta Cámara, he asistido recientemente a la cumbre de estados de África, el Caribe y el Pacífico celebrada en Kinshasa, en el que según datos oficiales es el segundo peor país del mundo. Las Naciones Unidas confecciona un índice de felicidad conforme al cual la República Democrática del Congo solo supera a Zimbabue. Pero claro, a diferencia de los zimbabuenses, los congoleños no se pueden consolar pensando que las cosas cambiarían si hubiera un cambio de gobierno: han tenido ya sus elecciones multipartidistas, su constitución respaldada internacionalmente, etc.

La República Democrática del Congo magnifica y concentra la tragedia de África. Creo que en este caso se puede culpar a la experiencia colonial vivida con más vehemencia que en el caso de otros países vecinos, aunque no es mi intención rememorar ahora en detalle la tragedia del Estado Independiente del Congo. Por supuesto hay que tener en cuenta la maldición de los recursos naturales, que rompe la relación entre recaudación impositiva y gasto y convierte la política en una lucha callejera en busca de honores y riqueza. Pero, por encima de todo, lo que se da es la heterogeneidad, la falta de sentimiento de nación, la ausencia de unidad de propósito a nivel lingüístico o étnico. «Si amas a tu país, paga tus impuestos», rezaba un lastimero cartel en Kinshasa. Cosa que por supuesto nadie hace.

Seguro que adivinan por qué digo esto. El Presidente del Consejo Europeo ha declarado que el patriotismo conduce a la guerra. Bueno, la verdad es que me encantaría llevarlo a un lugar donde no hay patriotismo de ningún tipo y que vea a qué lleva esa ausencia.

Propuesta de Resolución RC-B7-0688/2010

  József Szájer (PPE). – (HU) Señor Presidente, todos sabemos que, como resultado de la crisis financiera, el pilar del estado que supone el sistema de pensiones, que ofrece un mayor grado de seguridad, cada vez resulta más atractivo en varios países europeos. Muchos estados están revisando sus propios sistemas y afanándose en reforzar su sistema estatal de pensiones. Pese a que el sistema de pensiones es una cuestión de competencia eminentemente nacional, la dirección que están tomando los debates sobre este punto en Europa sigue siendo importante. Así pues, me satisface que el punto 30 de la Resolución sobre el Programa de Trabajo de la Comisión, que acaba de adoptarse con el apoyo de los tres grupos más populares, sociales y liberales del Parlamento Europeo, pone de manifiesto que hace falta reforzar el pilar de estado del sistema de pensiones. Con el acto adoptado ayer, mi patria, Hungría, ha dado un paso importante en la dirección adecuada. El debate sobre pensiones dentro de la UE, en torno al Libro Blanco y posterior Libro Verde debe continuar en este espíritu, esto es lo que el Parlamento Europeo pide que haga la Comisión, y por tanto me complace mucho esta propuesta.

Informe: Kinga Gál (A7-0344/2010)

  Clemente Mastella (PPE). - (IT) Señor Presidente, el nuevo marco institucional introducido por el Tratado de Lisboa recalca que la eficaz protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales sustentan la democracia y el estado de derecho en la Unión Europea.

He apoyado este informe porque estoy seguro de que es necesaria una nueva política interna de derechos humanos para la Unión que sea eficaz y completa, y que se garantice la existencia de sistemas eficientes de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como comunitario, para corregir las numerosas violaciones de derechos que presenciamos todos los días.

Deseamos enfatizar que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha cambiado de manera radical el panorama legislativo de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales posee ahora la misma validez jurídica que los Tratados y representa una codificación muy moderna de derechos fundamentales que proporciona un buen equilibrio entre derechos y solidaridad y comprende derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales así como derechos humanos de tercera generación.

  Antonello Antinoro (PPE). – (IT) Señor Presidente, colegas, he decidido votar a favor de este informe no solo porque haya sido la decisión tomada por mi grupo político sino también porque estoy absolutamente convencido de que el mismo es de gran importancia en términos institucionales y necesario en un momento en que las competencias del Parlamento están definidas pero tardan en organizarse.

Claramente deseábamos hacer de nuestra primera aprobación del presupuesto conforme a los términos del Tratado de Lisboa un acontecimiento señalado y para ello era necesario que todos adoptáramos una postura común, lo que explica los esfuerzos del ponente para identificar enmiendas de compromiso para evitar las decisiones que simplemente entrañan que se tarde más en llegar a una línea definitiva en la aplicación del Tratado de Lisboa.

Así pues, agradezco a la señora Gál su trabajo y confío en que este informe llevará a una mejora colectiva de las actividades de las instituciones europeas.

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, en primero lugar, quiero felicitar a la señora Gál por su excelente informe sobre la situación de derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora bien, no es más que un informe, debemos recordar que todavía queda mucho por hacer dentro de la Unión Europea. Por desgracia, en la práctica no se respetan los derechos fundamentales de todo el mundo, incluso si en teoría se supone que así es. Tenemos sin ir más lejos el ejemplo de la considerable minoría de los ciudadanos romaníes, cuyos derechos fundamentales no se están aplicando en todos los ámbitos.

También nos enfrentamos a problemas en cuanto a la libertad de opinión. Hemos otorgado a un disidente cubano el Premio Sájarov precisamente en nombre de la libertad de opinión, pero aún así todavía experimentamos problemas respecto a esta cuestión dentro de Europa. No es posible hablar libremente o expresar una opinión en todas partes por igual y disponemos de un ejemplo concreto de ello en la persona de un colega Miembro de esta Cámara que tiene que ir acompañado de agentes de seguridad porque está amenazado. Debemos defender los derechos fundamentales en Europa y luchar para asegurarnos de que todo el mundo disfruta de liberad de expresión en la Unión Europea.

  Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, es sobradamente conocido que las actividades del gobierno italiano suponen una violación constante de la Carta de los Derechos Fundamentales. No tenemos más que pensar en el acuerdo entre Italia y Libia, que infringe al menos una docena de artículos de la Carta o la propuesta ley «bavaglio», cuya intención es amordazar a la prensa y al sistema jurídico.

Estamos hablando de un gobierno respaldado por un parlamento elegido de manera antidemocrática, sin permitir que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus preferencias, un gobierno que ayer supero una moción de censura gracias a los votos de miembros de la oposición, de parlamentarios que han admitido públicamente que se les había prometido un escaño en futuras elecciones y dinero a cambio.

(Alguien alza la voz para interrumpir a la oradora)

Los hechos demuestran que hay corrupción, lo cual no es ninguna novedad para el corrupto Berlusconi, o al menos así lo declaran las sentencias finales de los casos Mondadori y Mills.

(¿Ahora resulta que en el Parlamento dejan entrar a verduleras?)

El 9 de diciembre, el Parlamento Europeo celebró el Día Internacional contra la Corrupción. Ayer, el Parlamento italiano celebró el primer día en favor de la legalización de la corrupción de los parlamentarios.

  Presidente. − Señora Ronzulli, siéntese y cállese por favor. Esta clase de comportamiento no es aceptable en esta Cámara. No tiene usted la palabra y por tanto no debe interrumpir a otros oradores de este modo. Por favor, guarde respeto. Señora Alfano, por favor continúe. Le doy treinta segundos más.

  Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Señor Presidente, el 9 de diciembre, el Parlamento Europeo celebró el Día Internacional contra la Corrupción. Ayer, el Parlamento italiano celebró el primer día en favor de la legalización de la corrupción de los parlamentarios.

  Presidente. − Señora Ronzulli, es la última vez que se lo digo. Si se vuelve a poner de pie para interrumpir no tendré más remedio que pedirle que abandone el hemiciclo. ¿Me he expresado con suficiente claridad? No vuelva a hacerlo.

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Señor Presidente, con la adopción del Tratado de Lisboa, una de las áreas más importantes en lo que al bienestar de los ciudadanos respecta es la Carta de los Derechos Fundamentales, que ahora es vinculante para todos nosotros. El próximo paso es que las instituciones de la UE se centren en el seguimiento y promoción de los derechos fundamentales —en todos los ámbitos que atañen a las políticas comunitarias y en todos los Estados miembros— de un modo que sea lo más vinculante y eficaz posible.

Para lograr esto es importante que los individuos así como las diferentes instituciones trabajen de cara a asegurar que se promueve el avance de la Directiva sobre la igualdad de trato, que en estos momentos se encuentra estancada en el Consejo, y que como consecuencia de ese avance nos dotemos de los medios jurídicos vinculantes necesarios para intervenir en casos de discriminación en los Estados miembros.

También querría añadir que reviste particular importancia que se intervenga en los casos de discriminación tácita al igual que flagrante. La discriminación tácita o encubierta afecta por ejemplo a los ancianos.

  Philip Claeys (NI). - (NL) Señor Presidente, obviamente he votado en contra de este informe políticamente correcto. En tanto que nacionalista flamenco, me parece completamente inaceptable que este Parlamento equipare automáticamente nacionalismo con xenofobia y discriminación.

La propuesta de complementar los procedimientos contra los Estados miembros por incumplimiento con un procedimiento que bloqueará ciertas medidas políticas hasta que la Comisión decida si iniciará o no procedimientos formales por incumplimiento es, ni más ni menos, peligrosa. Se trata en definitiva de poco menos que tener a los Estados miembros sometidos a vigilancia y esa es una situación inaceptable.

En el futuro, la Comisión Europea podrá bloquear efectivamente una política de deportación y al hacerlo se excederá notablemente en sus atribuciones. La aplicación y el ejercicio de estas tareas debería dejarse en manos de los Estados miembros a título individual y no en las de la Comisión Europea.

  Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, en un apéndice de 1984, George Orwell escribió un capítulo sobre la «neolengua» y en él hablaba sobre cómo el lenguaje podría viciarse y cambiarse, y a su vez modificarse con ello nuestro pensamiento. El ejemplo que daba era la palabra «libre». En neolengua, se imaginaba que la palabra «libre» solo se utilizaría para indicar que este perro está libre de garrapatas o este campo está libre de malas hierbas, de modo que el concepto de libertad intelectual o política desapareciera al no haber palabras con las que describirlo. Sin duda era un ejemplo astutamente visionario porque eso es más o menos lo que ha ocurrido con la palabra «libre» en nuestros días.

Solía significar libertad frente a la coerción del estado: libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de culto; ahora significa derecho. Tengo libertad de trabajar; tengo libertad de utilizar el servicio nacional de salud o lo que sea. Este informe sobre derechos humanos ha pasado del concepto de derechos como una garantía de libertad personal a uno de derecho como una exigencia frente a todos los demás. En vez de garantizar nuestro derecho a que se nos trate a todos por igual, establece nuestro derecho a que se nos trate de manera diferente. En Europa no hay una crisis de derechos humanos sino una crisis democrática y no le haremos frente a la misma transfiriendo el poder de los representantes electos a los juristas no electos.

***

  Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero disculparme por lo que ha ocurrido antes pero, como italiana, no puedo soportar cierto tipo de actitudes. Estoy harta de que la señora Alfano persista en su empeño de utilizar el tiempo de sus explicaciones de voto para contar mentiras y distorsionar la realidad de lo que verdaderamente ocurre en Italia. Ayer tuvo lugar en el Parlamento italiano una votación de confianza de base uninominal y en condiciones completamente democráticas. Bien, he sacrificado ya casi todo mi tiempo de explicación de voto así que sin más declaro que he votado a favor del informe del señor Juvin.

Informe: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

  Mario Pirillo (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, yo también estoy convencido de la importancia del papel que puede desempeñar la publicidad a la hora de estimular la competencia y la competitividad entre empresas para así incrementar la variedad de opciones de que dispone el consumidor.

No obstante, Europa debe lograr aplicar un reglamento más estricta a un sector que, en caso contrario, corre el riesgo de volverse cada vez más invasivo, sobre todo como resultado del uso de las nuevas tecnologías. De hecho cada vez es más frecuente que los consumidores mismos proporcionen datos confidenciales sin ser conscientes de los resultados que pueden obtenerse de esos datos.

Por esta razón estoy de acuerdo con el informe del señor Juvin, sobre todo porque se centra en los más vulnerables, como por ejemplo los niños, que no son capaces de evaluar de forma independiente las ofertas comerciales que se les presentan a través de una publicidad cada vez más agresiva.

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Señor Presidente, la publicidad suele ser una fuente útil de información para los consumidores que además los ayuda a tomar decisiones sensatas. Además el propio sector publicitario ha adoptado procedimientos de auto-seguimiento excelentes en lo que a código ético respecta, lo que determina el tipo de publicidad que es permisible y aceptable.

En los últimos años, sin embargo, esta práctica ha caído en desuso, tal y como podemos constatar, por ejemplo, en el cómo se utiliza a los menores en el medio publicitario además de en la publicidad dirigida a niños. Por este motivo creo que el Parlamento debería intervenir en este asunto y, en una fase posterior, utilizar este excelente informe como base para examinar si la directiva debe revisarse para hacerla más restrictiva.

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Señor Presidente, la publicidad es una parte fundamental de un mercado interior que funciona adecuadamente como medio para fomentar la competencia y proporcionar a los consumidores opciones entre las que poder elegir. He votado a favor del informe sobre la publicidad. No sugiere nueva legislación para regular la publicidad ordinaria ni controla ni limita Internet.

El informe contribuye a incrementar la concienciación sobre la necesidad de una publicidad responsable con objeto de combatir las prácticas comerciales injustas en el ámbito publicitario y respectar los datos y privacidad de los consumidores.

Hago un llamamiento a la comunidad empresarial para que asuma su parte de responsabilidad a través de la autorregulación, emprendiendo voluntariamente acciones tendentes a evitar la publicidad engañosa, oculta o intrusiva. En particular pido que los niños no se vean expuestos a la publicidad. Dejen de usar a Batman, Spiderman y Bamse contra nuestros hijos.

Informe: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

  Jim Higgins (PPE). – (GA) Señor Presidente, valoro positivamente el informe Bendtsen y he votado a favor del mismo. Debemos hacer hincapié en el ahorro de energía como una forma de reducir la demanda energética y por tanto de lograr la eficiencia energética en toda la Unión Europea. A menudo entablamos un debate sobre fuentes de energía renovables, pero es muy fácil olvidarse de nuestro consumo de electricidad. He votado a favor de este informe porque es extremadamente importante. Quiero felicitar a los ponentes.

  Jens Rohde (ALDE). - Señor Presidente, interesante agresión la que ha protagonizado nuestra colega italiana de aquí arriba.

La semana pasada mucha gente hizo el largo viaje hasta Cancún, pero en cambio no se movieron prácticamente del sitio en lo que a la lucha contra el cambio climático se refiere. La votación de hoy sobre eficiencia energética de hecho nos permite avanzar un paso hacia delante. Tal y como apunta muy acertadamente este informe, la eficiencia energética es la forma más eficaz en términos de coste y más rápida de reducir las emisiones de CO2. Y, sin embargo, las medidas adoptadas en los Estados miembros están lejos de resultar suficientes. En vista de nuestros esfuerzos actuales, solo conseguiremos la mitad del objetivo de reducción en un 20% de las emisiones para 2020. Por este motivo necesitamos el objetivo vincularte en materia de eficiencia energética. Este informe incluye muchas de las soluciones, ahora necesitamos ponerlas en práctica. Me gustaría dar las gracias al señor Bendtsen y felicitarlo por el excelente trabajo realizado en la confección de este informe.

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, el señor Bendtsen por este importante informe sobre la revisión del Plan de acción para la eficiencia energética. He votado a favor del mismo porque creo que es importante, no solo en atención a consideraciones económicas sino también en base a lo acontecido en la conferencia de Cancún. Allí logramos encontrar un cierto terreno común y por tanto lo más importante es continuar con el trabajo que ya iniciara la Unión Europea en casa para reducir las emisiones de CO2. La eficiencia energética es una de las vías más adecuadas para ello. Los Estados miembros deben contar con planes nacionales efectivos en este ámbito, incluidos mecanismos financieros. Es necesario un acuerdo entre los Estados miembros y la Comisión Europea sobre asistencia específica. Todos los europeos deberían beneficiarse de decisiones como la de hoy, porque estamos abordando muchas áreas independientes: transporte, nuevas tecnologías, la eficiencia de edificios, industria e infraestructuras. Este documento es un compendio de medidas cuyo objetivo no es solo la protección del medio ambiente sino también ayudar a las economías nacionales.

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, también he votado a favor de este informe sobre eficiencia energética del señor Bendtsen. En la Unión Europea, el programa Europa 2000 asimismo supone nuestro compromiso con la eficiencia energética, el ahorro energético y el uso de fuentes de energía renovables. No obstante, hemos de recordar que cuando nos marcamos este tipo de objetivos todos debemos comprometernos y este ha sido el problema en toda Europa: los objetivos han sido los correctos pero los Estados miembros no se han comprometido con los mismos.

Por supuesto cabe esperar que cuando se habla del uso eficiente de la energía no nos estamos restringiendo a Europa sino que es una cuestión aplicable a escala más amplia. Pero, evidentemente, no existe ningún caso en el que pueda permitirse que la eficiencia y el ahorro energéticos supongan un obstáculo a la competitividad: debemos asegurarnos también de que podemos competir en los mercados globales y garantizar así la prosperidad y competitividad en Europa. Como decía, es importante cumplir con los compromisos que nos marcamos.

  Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Señor Presidente, colegas, creo que la Unión Europea no puede evitar enfrentarse al reto energético que decidirá la suerte del planeta.

Debemos rebatir la leyenda de que el desarrollo económico de un país está estrechamente ligado con un incremento en el consumo de energía. Europa ha de ser pionera en la aplicación de un nuevo modelo económico sostenible, basado en un menor uso de recursos, incluida la energía, y con mayor productividad. Debemos por tanto romper el vínculo entre crecimiento económico y una mayor cantidad de energía consumida por la industria y el sector público y, en vez de a eso, ligarlo a unos mayores servicios energéticos que creen empleo y eficiencia energética.

Por todos estos motivos, creo que la eficiencia energética representa una prioridad para el futuro de la UE tanto en términos económicos como medioambientales y confío en que la Comisión tomará inmediatamente las medidas necesarias para la aplicación de los objetivos vinculantes que el Parlamento ha establecido hoy.

  Sirpa Pietikäinen (PPE). - (FI) Señor Presidente, he votado a favor una política más vinculante y ambiciosa en este Plan de acción para la eficiencia energética y me complace la posición final del Parlamento en este respecto.

El cambio climático no se evitará sobre todo con acuerdos internacionales y grandes declaraciones, necesitamos una solución práctica para lograr el objetivo de reducción de las emisiones. Mejorar la eficiencia energética es un proyecto crucial y fundamental en relación a todo esto. Para lograrla, es necesaria una política muy amplia y completa sobre eficiencia energética mejorada que sea vinculante y, de ser necesario, motivada por consideraciones financieras y que incluya sanciones. Este Plan de acción es un paso adecuado en esa dirección.

***

  Presidente. − Señor Silvestris, ¿me está usted aplaudiendo o es que quiere plantear una moción de orden durante las explicaciones de voto? Lo que es increíble, proceda.

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, como ve estoy aplaudiendo, pero también quisiera aprovechar la oportunidad para plantear una moción de orden.

Señor Presidente, ¿se propone usted tomar también las medidas oportunas contra los Miembros de este Parlamento que han optado por la desafortunada vía de la utilización del tiempo de sus intervenciones para ofender al gobierno de su país?

En su presencia, una colega acaba de ofender al Gobierno de Italia que precisamente ayer obtuvo el voto de confianza en el Parlamento italiano y por tanto goza de la confianza del público italiano. Tal vez a la colega en cuestión no le guste que así sea, pero ese es su propio problema y debe solucionarlo en privado con sus amigos. Esta colega ha aprovechado el tiempo de su intervención para insultar al gobierno de su país, que también es el mío, en vez de para explicar su voto.

Señor Presidente, me gustaría preguntarle si tiene intención de tolerar estas cosas pese a lo que establece el Reglamento de la Cámara porque, si es el caso, en el futuro aprovecharé todas las explicaciones de voto para hablar en favor del gobierno que está liderando Italia legítimamente en estos momentos con el consenso del país y de su Parlamento.

  Presidente. − Espero que aprecie usted la circunstancia de que le he concedido la palabra a pesar de que lo que ha planteado no es una moción de orden. Mi tarea no es controlar lo que los Miembros decidan decir sino más bien asegurarme de que lo digan cuando tienen que decirlo y no interrumpiéndose los unos a los otros (y además de uno modo, si se me permite añadir, bastante escandaloso y maleducado). Así que, muchas gracias por su comentario. Trataré por todos los medios, al menos cuando sea yo quien presida, de que los Miembros se comporten de manera civilizada y haré todo lo posible por que se respeten los tiempos de intervención. Lo que los miembros digan en el hemiciclo, en una cámara democrática como esta, es asunto suyo, no mío.

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  Seán Kelly (PPE). – (GA) Señor Presidente, quisiera hacer algunos comentarios sobre el tema que nos ocupa.

Creo que, en la lucha contra el cambio climático, hasta la fecha casi todo el énfasis se ha puesto en las energías renovables, que por supuesto son un elemento muy importante, pero se podría hacer mucho más en el área de la eficiencia energética y por eso valoro positivamente este informe.

En lo que se refiere a los edificios, se podría hacer mucho más, sobre todo en relación a este edificio mismo sin ir más lejos, los de Bruselas y muchos otros edificios públicos. Es muy importante que los hagamos más eficientes en términos energéticos. Lo mismo puede decirse de muchos medios de transporte y muchos motores que devoran litros de combustible. Debería obligarse a los fabricantes a hacerlos más eficientes en términos energéticos.

En cambio, hay un grupo cuya labor quiero ensalzar. En mi propio país, los colegios realizan una tarea fantástica en el ámbito de la bandera verde. Debería reconocerse y fomentarse porque con sus acciones están logrando llegar a los niños y a los padres y generar una actitud muy positiva.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Reimer Böge (A7-0367/2010)

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Las prácticas presupuestarias de la Unión Europea cumplen con una serie de principios entre los que se encuentra el de la especialización. Esto significa que una cantidad destinada a una política en particular solo puede utilizarse para esa política. Este principio, junto con otros, supone una salvaguardia que garantiza la buena gestión financiera de la Unión. Ahora bien, además genera una cierta falta de flexibilidad en el presupuesto. El presupuesto anual y incluso el Marco Financiero Plurianual no son capaces de predecir todos los gastos a los que se enfrentará la Unión, que es por lo que desde hace ya algunos años, existe un Instrumento de Flexibilidad que consiste en una reserva financiera cuya cantidad se estipula en el presupuesto cada año y permite la financiación de políticas y proyectos cuyo coste no había sido posible anticipar. El informe de mi colega el señor Böge recomienda que este instrumento se utilice para financiar el Programa de Formación Permanente y el Programa de Competitividad e Innovación y para la financiación de la ayudar financiera a Palestina. Habida cuenta de que éstos son tres ámbitos en los que creo en la acción positiva de la Unión, no he dudado en votar a favor del texto.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) Estoy de acuerdo con la decisión del Parlamento Europeo de destinar ayuda financiera adicional para el desarrollo del Programa de Formación Permanente y el Programa de Competitividad e Innovación en 2011. El objetivo incluido en la Estrategia de Lisboa de convertir a la Unión Europea en una economía competitiva a nivel mundial y basada en el conocimiento, en el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo, y que lucha por una mayor cohesión social, podría lograrse si se aplican estos programas.

Para poder incrementar la competitividad global de la Unión Europea debe prestarse especial atención a la pequeña y mediana empresa y proporcionar a esta la asistencia y apoyo financiero necesarios. Más aún, las inversiones en innovación verde y el desarrollo de la investigación científica estimularían el uso de las fuentes de energía renovables que a su vez facilitarían la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles en diversos sectores, incluidos el de la energía, la fabricación y el transporte.

  Bastiaan Belder (EFD), por escrito. − No puedo prestar mi apoyo al informe Böge sobre la utilización del Instrumento de Flexibilidad. La propuesta de la Comisión Europea carece de la justificación adecuada en lo que respecta a los motivos por los que esta financiación adicional es necesaria. Además, en general soy muy crítico con el uso del Instrumento de Flexibilidad. Lo deseable es disminuir ciertas líneas presupuestarias para financiar otras para las que surgen necesidades adicionales de financiación justificadas.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El Instrumento de Flexibilidad ofrece la posibilidad de financiar gastos identificados específicamente y que no pueden sufragarse dentro de los límites máximos disponibles conforme a una o más rúbricas del Marco Financiero Plurianual. Así pues, su uso dentro del presupuesto de 2011 está ligado a la necesidad de financiación para el «Programa de Formación Permanente» y el «Programa de Competitividad e Innovación» —dentro del marco de la Estrategia UE 2020— así como la financiación de la ayuda financiera destinada a Palestina, el proceso de paz y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Dada la importancia de estos programas, mi intención es votar a favor de la propuesta.

  Mario Mauro (PPE), por escrito. − (IT) El Parlamento debe sin duda valorar positivamente el informe del señor Böge sobre la movilización del Instrumento de Flexibilidad para el Programa de Formación Permanente y el Programa de Competitividad e Innovación y la ayuda a Palestina. Estoy de acuerdo con la necesidad y consiguiente dotación de fondos adicionales más allá de los límites máximos establecidos en las rúbricas 1 y 4. Tomando en consideración la actual situación económica, estos gastos son fundamentales desde varias perspectivas, tanto para luchar contra la crisis como para nuestra credibilidad internacional.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Es inaceptable que la ayuda financiera a Palestina, los programas europeos de formación y educación y los programas en beneficio de la competitividad y la libre competencia tengan que incluirse en un único texto. La mala intención resulta más que evidente. Esta combinación me obliga a abstenerme, si bien quiero reiterar mi pleno apoyo a la causa del pueblo palestino.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − (ES) He votado a favor de este informe para garantizar la movilización de fondos de la UE por un total de alrededor de 70 millones de euros en créditos de compromiso y de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para las catástrofes naturales de Portugal, que presentó una solicitud de movilización del Fondo en relación con una catástrofe causada por los corrimientos de tierras y las inundaciones en la isla de Madeira, y también para Francia, que presentó una solicitud para movilizar el Fondo como consecuencia de una catástrofe causada por la tormenta Xynthia, ya que considero necesario el apoyo solidario a estos Estados miembros para que puedan hacer frente y minimizar al máximo las consecuencias sufridas por estos fenómenos naturales. El Fondo de Solidaridad de la UE fue creado con el objetivo de mostrar la solidaridad de la Unión Europea con la población de regiones asoladas por catástrofes. He votado a favor de este informe ya que creo que pide la movilización de fondos con este objetivo y para hacer así un uso correcto del mecanismo previsto.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Las cantidades que se mencionan en este informe no son en absoluto realistas. Además de darse la circunstancia de que el actual marco financiero necesitaría ser suficientemente amplio como para cubrir estos objetivos, se han anticipado unas cantidades ostensiblemente menores si se produjera un aumento. Adaptar el marco financiero a las propuestas del informe no aumentaría la flexibilidad de la Unión sino que la restringiría. Por este motivo he votado en contra del informe.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) Me gustaría, más que nada, expresar mi satisfacción por el hecho de que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan llegado a un acuerdo sobre la financiación del Programa de Formación Permanente y el Programa de Competitividad e Innovación. Quisiera hacer especial hincapié en el Programa de Formación Permanente que está compuesto a su vez por cuatro programas sectoriales. Considero que el programa Erasmus, que permite el intercambio de estudiantes a gran escala, es particularmente significativo. Se trata de una cuestión sumamente importante, tanto en la esfera de la adquisición de nuevos conocimientos y capacidades como en lo que respecta a conocer gente nueva y las diversas culturas de los Estados Miembros. El programa Comenius —dirigido en este caso a jóvenes que aún están en el colegio— desempeña un papel similar.

Estos programas no solo benefician a la economía europea sino que además garantizan la creación de una conciencia europea basada en una red supranacional de contactos sociales. Estos programas deberían ser de alta prioridad independientemente de cuál sea la situación presupuestaria porque suponen una inversión de la que la Unión Europea se beneficiará en numerosos ámbitos, no solo en el económico sino también en el cultural y político. La decisión de ayudar a Palestina es significativa por otros motivos, pero también considero que está justificada.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) La Comisión Europea ha presentado una propuesta para movilizar el Instrumento de Flexibilidad como parte de una nueva «maniobra» presupuestaria para 2011, tras el fracaso de la conciliación. He votado a favor, sobre todo porque el aumento afecta a dos programas, el Programa de Formación Permanente y los Programas de Competitividad e Innovación, que se merecen el máximo respaldo y la mayor cantidad de recursos de la Unión Europea. El Instrumento de Flexibilidad surge del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y, conforme a lo acordado por las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria (el Parlamento Europeo y el Consejo), permite la financiación por encima de los techos establecidos en las perspectivas financieras de necesidades no anticipables en el momento en que se estableció el Marco Financiero Plurianual por un máximo anual de 200 millones de euros. Se trata de un resultado importante para el Parlamento Europeo porque marca un éxito en el diálogo con el Consejo sobre el presupuesto.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Me gustaría aplaudir el acuerdo alcanzado durante la conciliación en lo que respecta al uso del Instrumento de Flexibilidad para financiar el Programación de Formación Permanente en particular. Creo que es vital que la Unión Europea invierta en el desarrollo de una educación y formación de calidad y el fomento de los logros de alto nivel. Solo el rigor y la calidad de la docencia pueden hacer que Europa sea competitiva.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del Instrumento de Flexibilidad para permitir la financiación de gastos claramente identificados que no podrían financiarse dentro de los límites de los techos disponibles para una o más de las rúbricas del Marco Financiero Plurianual. Para el presupuesto de 2011 se requiere un gasto adicional por encima de los techos de las Subrúbrica 1a y la Rúbrica 4. Así pues, se propone movilizar el Instrumento de Flexibilidad conforme al punto 27 del Acuerdo Interinstitucional. Las cantidades a movilizar son las siguientes: 18 millones de euros para el Programa de Formación Permanente con cargo a la Subrúbrica 1a; 16 millones de euros para el Programa de Competitividad e Innovación con cargo a la Subrúbrica 1a; 71 millones de euros para Palestina con cargo a la Rúbrica 4. Se recuerda a las dos ramas de la autoridad presupuestaria que la publicación de la decisión sobre la cuestión anterior en el Diario Oficial de la Unión Europea no puede producirse después de la publicación del presupuesto de 2011.

royecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio de 2011, modificado por el Consejo

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El presupuesto comunitario para 2011 asciende a 141 800 millones en créditos de compromiso y 126 500 en créditos de pago. Puede considerarse que las prioridades del Parlamento para este presupuesto son la confirmación y refuerzo de la financiación para la educación y la innovación. Así pues, con cargo a la Subrúbrica 1a —Competitividad para el crecimiento y el empleo— se produce un aumento de 18 millones para el Programa de Formación Permanente y con cargo a la Subrúbrica 3b —Ciudadanía— se han presupuestado 3 millones adicionales para el programa La juventud en Acción.

Me complace el compromiso adquirido por las próximas cuatro presidencias de la UE (los gobiernos de Hungría, Polonia, Dinamarca y Chipre) de involucrar al Parlamento Europeo en las conversaciones futuras y las negociaciones relacionadas con el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP).

Aplaudo el compromiso de la Comisión Europea d presentar una propuesta formal hacia finales de junio de 2011 garantizando que las propuestas relativas a sus propios recursos se debatan al mismo tiempo que el MFP. La participación del Parlamento Europeo en estos asuntos también queda recogida en los artículos 312, apartado 5, artículo 324 y artículo 311 del Tratado de Lisboa.

Confío en que la necesidad de unanimidad en el Consejo para la aprobación del próximo Marco Financiero Plurianual y de los recursos propios no acabe traduciéndose en un bloqueo.

  Bogusław Liberadzki (S&D), por escrito. – (PL) El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado el presupuesto de 2011. He votado en favor de la adopción del presupuesto en vista de los principios políticos e institucionales subyacentes al mismo y que proponen, entre otras cosas, el refuerzo del papel del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual para después de 2013 y la participación del mismo en el debate sobre nuevas fuentes de ingresos, incluido el impuesto de la UE. Un activo adicional del presupuesto es una mayor flexibilidad ante circunstancias imprevistas. Hemos evitado el peligro de operar en base a un presupuesto provisional, lo que paralizaría en un grado significativo el trabajo de la Unión, algo que sería particularmente perjudicial en un momento en que es necesario luchar denodadamente contra la crisis económica y pasar a la aplicación del Tratado de Lisboa. Gran parte del mérito de todo ello se debe a la postura del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

  Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) La adopción del presupuesto de 2011 de testimonio del hecho de que es posible acordar una solución de compromiso en la Unión Europea. El proyecto del plan financiero de 2011 se ha aceptado y ha superado la votación gracias a la buena voluntad de todas las instituciones que han ayudado a crearlo. Este compromiso por parte de todos debiera considerarse especialmente porque los procedimientos de toma de decisiones tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa son nuevo y por primera vez en la historia el parlamento Europeo ha tomado una decisión sobre gasto junto con el Consejo Europeo y la Comisión Europea y en un plano de igualdad con esas instituciones. No estamos ante un presupuesto ideal pero creo que los desembolsos se han repartido de manera sensata y cubriendo todas las prioridades de la Unión Europea. Al votar a favor de la adopción del presupuesto de 2011, también he expresado mi apoyo a un mayor desarrollo y a la noción de integración europea.

Informe Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, ya que el presupuesto comunitario para 2011, que presentó la Comisión de Presupuestos durante el periodo parcial de sesiones, refuerza la financiación de las prioridades definidas por el Parlamento Europeo, tales como la educación, la innovación, el proceso de paz en Oriente Medio y Palestina, el Programa de Formación Permanente, el programa de investigación «People» y el Programa de Competitividad e Innovación. Felicito al Parlamento, el Consejo y la Comisión por haber acordado también que, si se necesitaran fondos adicionales para cumplir las obligaciones legales de la UE, se procedería a las correspondientes enmiendas presupuestarias a lo largo de 2011 en vista de que, en términos legales, el presupuesto de la UE no puede incurrir en un déficit. Aparte del presupuesto, el Parlamento planteó ciertos requisitos políticos relacionados con la aplicación de las normas establecidas en el Tratado de Lisboa, en particular en lo relativo al nuevo sistema de recursos propios y en relación a ese ámbito es bueno saber que la Comisión ha anunciado que presentará una iniciativa formal hacia finales de junio de 2011 asegurándose de que las propuestas relativas a los recursos propios se debaten al mismo tiempo que las perspectivas financieras futuras.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. − He votado a favor de la resolución y apoyo el presupuesto de la UE para 2011. Me complace el acuerdo alcanzado finalmente por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo y espero que constituya un presupuesto sostenible que pueda aplicarse de manera plena y previsible desde el principio del ejercicio. Con la adopción de esta resolución, nosotros, el Parlamento Europeo, nos aseguramos financiación y continuidad respecto del presupuesto acordada por el Consejo y la Comisión de Presupuestos. Estoy convencida de que era necesario destinar más fondos a educación, investigación e innovación ya que la UE necesita aumentar su eficiencia y competitividad para salir de la crisis económica y financiera. Para lograr este objetivo, la UE tiene que crear una estrategia a largo plazo y este presupuesto debería ser parte de ella.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La aprobación del presupuesto comunitario para 2011 por parte del Parlamento Europeo hace unos cuantos días tras haberlo rechazado demuestra que el procedimiento en su totalidad no es sino un juego tosco cuyo objetivo no es más que desviar la atención de la esencia del presupuesto, que no es sino servir mejor a las grandes empresas en sus esfuerzos por traspasar la carga económica de la crisis e incrementar las intervenciones imperialistas que sufren los trabajadores. Al mismo tiempo, este juego cuidadosamente planificado ha hecho patente la notable competencia que se da entre imperialistas y el hecho de que las diversas instituciones comunitarias están luchando por una posición desde la que ser la que mejor sirva a los intereses de la plutocracia tras la adopción del Tratado de Lisboa. Hace algún tiempo ya se tomó la decisión de reducir cualquier crédito mínimo que hubiera podido destinarse a los granjeros pobres, los trabajadores y los autónomos e incrementar los crédito canalizados directamente hacia los monopolios, los servicios y las infraestructuras de intervenciones civil-militares y la persecución y represión de la clase trabajadora y los movimientos democráticos de base.

Los portavoces políticos del capital no podrán salvarse a sí mismos de la calumnia con trucos como estos. Su papel es hablar cada día más claro. Las clases trabajadores, las bases sociales, están intensificando su lucha contra las políticas de la UE y los gobiernos burgueses y creando nuevas perspectivas para una economía de bases que dará respuesta a sus necesidades y no a las del capital.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La preparación del presupuesto anual de 2011 ha suscitado una vez más verdaderas negociaciones políticas entre los miembros del Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados Miembros. En el contexto actual de recortes presupuestarios, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros, quería hacer que la Unión participara en las medidas de austeridad que los países europeos están imponiéndose a sí mismos. Pese al hecho de que, muy al contrario, el Parlamento Europeo —así como la Comisión— querían que se abordara la crisis por medio de políticas voluntarias, el Parlamento se ha puesto de parte del Consejo en lo que constituye una clara muestra de solidaridad con los Estados miembros. A cambio de esta concesión, el Parlamento quería que se celebrara un debate sobre los recursos de la Unión y en particular en torno a la cuestión de que esta disponga de fondos propios, independientes de las contribuciones de los Estados miembros. En un primer momento el Consejo se mostró intransigente pero al final ha cedido a nuestras legítimas demandas y por ese motivo otros parlamentarios y yo mismo hemos podido dar nuestro consentimiento a este presupuesto, cuyo alcance se limita al corto plazo pero que permite que se abran perspectivas futuras para las políticas de la Unión.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor del presupuesto de 2011, que se ha visto reforzado por nuevos procedimientos previstos por el Tratado de Lisboa. Las largas y difíciles negociaciones que han sido necesarias para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2011 muestran que a medida que los nuevos principios presupuestarios se vayan haciendo efectivos, nos veremos obligados a encontrar soluciones institucionales de compromiso razonables para las áreas más importantes de política de la UE. Por primera vez desde la entrada en vigor del nuevo Tratado, el Parlamento Europeo ha hecho uso de las competencias que se le han concedido para participar plenamente en la confección del presupuesto de la Unión Europea. El primer intento fracasado de alcanzar un acuerdo e incluir las legítimas exigencias del Parlamento demuestra que existe un conflicto que sigue aún presente entre las instituciones y que de hecho no debería existir, puesto que obstaculiza una cooperación interinstitucional eficaz. El objetivo de todas las instituciones de la UE es asegurar que acuerdos que revisten una especial importancia para toda la UE y sus ciudadanos se adopten de la manera más fluida posible. Así pues, creo que en el futuro se deberían producir unos cambios fundamentales en los principios operativos de las instituciones mismas y la inclusión del Parlamento Europeo en todas las etapas de las negociaciones, en particular presupuestarias, debe considerarse como de particular importancia para la aplicación del principio de democracia representativa.

  Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) La Unión Europea debe concederse a sí misma un presupuesto en consonancia con sus ambiciones y no debería dejarse arrastrar por la crisis sino enfrentarse a los retos conforme vayan surgiendo éstos. Con el Tratado de Lisboa, el Parlamento opera ahora en pie de igualdad con el Consejo y se ha hecho un sitio como fuerza proactiva. He votado a favor del presupuesto para 2011 puesto que nos compete, en tanto que diputados del Parlamento Europeo, dotar a Europa de un rumbo político claro. En 2011, Europa mantendrá ese rumbo en las áreas prioritarias y podrá revisar al alza sus necesidades financieras con el objetivo de pasar al ejercicio de sus nuevas competencias. Pese a las difíciles circunstancias económicas, el Parlamento se las ha ingeniado para lograr el firme compromiso de los Estados miembros.

A raíz de una propuesta del Parlamento, en 2011 la Comisión comenzará el debate sobre los diversos tipos de recursos propios, recurso que Europa necesita para garantizar su autonomía financiera en el futuro. No obstante, me preocupa profundamente que el Parlamento no haya alcanzado el consenso en cuanto a la financiación adicional que requerirá el proyecto ITER a partir de 2012. El reactor termonuclear experimental, un proyecto emblemático de investigación internacional y símbolo del dinamismo científico europeo se habría podido beneficiar de una parte excedentaria y no asignada del presupuesto de 2011.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) El Parlamento, tras haber desempeñado un buen papel en las negociaciones con el Consejo sobre el presupuesto de 2011, las condiciones para la confección del próximo marco financiero plurianual y la cuestión de los recursos propios de la Unión, ha perdido la batalla. Al adoptar el presupuesto de 2011 durante el periodo parcial de sesiones de diciembre, hemos demostrado que el Consejo tenía razón. Nuestra preocupación no eran tanto los números sino las exigencias políticas. No hemos olvidado de nuestras siete demandas adoptadas durante el anterior periodo de sesiones. Lo positivo es que la Comisión presentará una propuesta en primavera de 2011 sobre la cuestión de los recursos propios. El Parlamento participará en esos debates y también en los que se planteen para la confección de las perspectivas financieras, claro que en términos aún por definir y por tanto cabe decir que la lucha por la codecisión en este ámbito no ha hecho más que empezar.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La adopción del presupuesto de la UE para 2011 por parte del Parlamento indica que cuando se establece un diálogo entre la Comisión y el poder legislativo, el resultado puede ser beneficioso para ambos. La Comisión se ha dado cuenta de que el Parlamento Europeo ahora tiene más poder para opinar en lo que a las finanzas de la Unión se refiere y ha decidido, si bien tarde, respetar esta situación. A efectos prácticos, el presupuesto sigue dentro de los límites establecidos por el Consejo pero, al mismo tiempo, también incluye algunas prioridades del poder legislativo. Antes de que se alcanzara un acuerdo, nos encontrábamos en la extraña situación de contar con todo tipo de estrategias y programas que no aparecían por ninguna parte en el presupuesto para el año siguiente. Estas estrategias y programas no pueden reducirse al papel porque si así fuera servirían únicamente para poner de manifiesto la incongruencia y falta de confianza en los actos adoptados por la Unión Europea misma.

Resulta evidente que no se pueden desarrollar programas de apoyo a los jóvenes, la innovación y la investigación, ni puedes declararte participante activo en política exterior a nivel mundial sin contar con los fondos necesarios para financiar todos esos planes. El Parlamento ha argumentado con éxito ante el Consejo que hay que evaluar con regularidad los beneficios de la nueva legislación y su financiación. En tanto que representantes elegidos directamente por los ciudadanos de la Unión Europea, hemos de tener presente que el contribuyente concede gran importancia a ver que su dinero se gaste de manera correcta.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Estoy satisfecha con el presupuesto que hemos aprobado hoy, pues conserva las líneas prioritarias adoptadas por el Parlamento en octubre, que refuerzan áreas clave tales como educación, juventud, investigación e innovación. Es fundamental dotar a la UE de un presupuesto estable que pueda aplicarse plenamente y de manera previsible desde el principio del ejercicio y no un sistema provisional de doceavas partes que pondría en peligro la aplicación de las políticas comunitarias. También reviste igual importancia luchar por lograr un presupuesto que sea visionario en estos tiempo de crisis y que refuerce áreas que contribuyen al crecimiento económico y a que haya más y mejores puestos de trabajo, como son la ciencia y la innovación. Solo por medio de un presupuesto ambicioso será posible la recuperación económica en Europa.

  Frédéric Daerden (S&D) por escrito. – (FR) El presupuesto de 2011 se ha votado con responsabilidad, amargura y convicción. Responsabilidad: el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y el Parlamento asumieron su responsabilidad de votar a favor de este presupuesto para evitar un bloqueo institucional y haber de recurrir al sistema provisional de doceavas partes. Amargura: la codecisión en materia presupuestaria es una batalla perdida. Pese a las concesiones realizadas por el Parlamento, algunos Estados miembros —que, a diferencia de lo que me pasa a mí, no creen en el valor añadido de un presupuesto europeo— han permanecido inflexibles. Convicción: el futuro de la Unión depende de la identificación de nuevos recursos propios y un impuesto sobre transacciones financieras y, para que todo ello se convierta en realidad, necesitamos a la Comisión y necesitamos que se comprometa con esta cuestión. Es necesario un impuesto sobre las transacciones financieras, como también lo es un presupuesto para el 2011, y por tanto me he abstenido en lo que se refiere a la enmienda presentada nuevamente por los Verdes sobre esta cuestión, que era simbólica pero irresponsable. La facilitación del comercio y el transporte es un tema demasiado importante como para bromear al respecto en el contexto de la presentación de enmiendas de las que no se es el autor original y sin contar con partida presupuestaria. Lo que en un principio era una enmienda socialista diseñada con intención de hacer avanzar el debate durante el procedimiento presupuestario, si se hubiera adoptado hoy, habría significado optar por una Unión sin presupuesto.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de un presupuesto con un incremento casi igual a cero respecto del de 2010 para mostrar que el Parlamento podía dar muestras de madurez y responsabilidad en el contexto de una crisis económica que paraliza a los gobiernos nacionales. No es correcto incrementar el presupuesto de 2011 en un momento en que la mayoría de los Estados miembros están entrando en una fase de estricto control presupuestario. Me complace enormemente que las duras negociaciones que han tenido lugar entre las diversas instituciones sobre esta cuestión hayan resultado en una solución de compromiso y que hayamos evitado una crisis presupuestaria en 2011.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informado relativo al nuevo proyecto de presupuesto para 2011 porque refuerza la financiación en áreas que han sido definidas como prioritarias por el Parlamento Europeo, tales como educación, innovación, competitividad y cohesión para el crecimiento y el empleo, así como la conservación y gestión de los recursos naturales.

  Göran Färm (S&D), por escrito. − (SV) Los Socialdemócratas de Suecia han votado hoy a favor del proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011. Se trata de un presupuesto comedido pero que también contempla inversiones significativas en investigación, iniciativas en beneficio de lo jóvenes y otras relativas a la necesaria ayuda a Palestina, y que permite el establecimiento de un nuevo Servicio de Acción Exterior de la UE y nuevas autoridades encargadas de la supervisión financiera.

Ahora bien, nos hemos abstenido de votar sobre el texto o las partidas del presupuesto relacionados con nuevos recursos propios para la UE. Estamos a favor de que se realicen una revisión del sistema de recursos propios de la UE y la evaluación de un impuesto sobre las transacciones financieras, pero también creemos que en estos momentos la información con que contamos es demasiado escasa como para poder adoptar una posición detallada sobre este asunto.

Independientemente de la forma que el nuevo sistema de ingresos de la UE adopte, nos gustaría hacer hincapié en que debe ser neutro en términos presupuestarios y respetar la competencia de los Estados miembros en el ámbito impositivo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El de 2011 será el primer presupuesto de la Unión que se haya acordado tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Pese a que este acuerdo, alcanzado en el marco de un nuevo procedimiento de codecisión no aborda todas las preocupaciones del Parlamento Europeo, sí sirve de base para un entendimiento común de las prioridades presupuestarias de la Unión. En vista de los nuevos retos a que se enfrenta la Unión, se ha convertido en una cuestión fundamental que exista un mecanismo que permita a la Comisión el introducir cambios en el presupuesto cuando la financiación prevista sea insuficiente para alcanzar los objetivos estratégicos, es decir, dentro del marco de prioridades establecidas en el marco de la Estrategia EU 2020.

De igual modo, será tarea del Parlamento Europeo y el Consejo encontrar el terreno común que permita una respuesta rápida y eficaz, creando las condiciones favorables a una Unión más igualitaria y competitiva, capaz de enfrentarse a nuevos retos.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El resultado del debate presupuestario de 2011 era predecible si se tienen en cuenta las responsabilidades del Consejo y de los principales grupos políticos del Parlamento, ya sea en la definición y aceptación del actual marco financiero plurianual o en las aprobaciones de los correspondientes presupuestos que habrán de realizarse.

Pero lo que este acuerdo no elimina sino que de hecho refuerza son las muchas razones para ser crítico con este presupuesto al que hemos llegado. En vista del empeoramiento de la crisis económica y social, el desempleo y las condiciones de vida de millones de personas —a todo lo cual los planes de genuino terrorismo social que se propone imponer la UE a los Estados miembros contribuyen en gran medida—, vamos todos a descubrir una vez más el verdadero significado de la tan cacareada solidaridad europea: un presupuesto que no supera el 1 % de la RNB (Renta Nacional Bruta) comunitaria, incapaz de desempeñar su función de redistribuir la riqueza, incapaz de garantizar la cohesión económica y social. Todo eso, sin lugar a dudas, exacerbará los efectos negativos de las políticas que está aplicando la UE. Una vez más, reiteramos que existe una alternativa a este presupuesto y que no solo es posible sino que además es verdaderamente necesaria, una alternativa que supondría un refuerzo significativo del presupuesto comunitario, basada en las contribuciones de los Estados miembros justas y alineada con su RNB.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Me complace el acuerdo entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los 27 Estados miembros, sobre todo porque en ausencia de este acuerdo los pagos que recibirán los agricultores irlandeses el año que viene se retrasarían.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) La amenaza de la introducción de un presupuesto provisional para 2011 movilizó al Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para intensificar unos debates cuyo resultado —el proyecto de presupuesto que hemos votado hoy— puede considerarse una pragmática solución de compromiso. Las negociaciones mantenidas entre las instituciones llevaron a la inclusión de la mayoría de las propuestas que defendía el Parlamento. Hemos obtenido garantías del Consejo de que está dispuesto a cooperar durante el establecimiento del Marco Financiero 2014-2020, que supondrá la aplicación práctica de las disposiciones del Tratado de Lisboa. El Parlamento también ha alcanzado un acuerdo sobre este tema con los Primeros Ministros de Hungría, Polonia, Dinamarca y Chipre, es decir con los Estados miembros que presidirán el Consejo de la UE durante los próximos dos años. Asimismo nos complace la decisión del Consejo de mantener el mecanismo de flexibilidad en el presupuesto de la Unión Europea a un nivel del 0,03 % del PIB de la UE. Estos fondos permitirán costear gastos fundamentales que no se anticiparon durante las negociaciones del anterior Marco Financiero, tales como el Servicio de Acción Exterior y el sistema Galileo, por ejemplo. Una concesión por parte del Parlamento es el aplazamiento del debate sobre futuras fuentes de financiación de la Unión Europea, algo que también ha solicitado la Comisión Europea. La idea de las contribuciones nacionales directas al presupuesto de la Unión ha desatado cierta oposición por parte de un grupo de Estados miembros que tenían miedo de la posible reacción de la opinión pública. Sin duda volveremos a debatir este tema en el verano de 2011, cuando la Comisión presentará varias opciones nuevas para la financiación de la UE.

  Julie Girling (ECR), por escrito. − (en nombre de la delegación conservadora del Reino Unido) Los conservadores británicos hemos votado hoy en contra de un incremento del 2,9 % en el presupuesto porque creemos que, en un momento en que en las capitales de los distintos países se esfuerzan por encontrar formas de recortar el déficit nacional y mejorar la situación fiscal, no es apropiado que los parlamentarios europeos pidan un aumento del gasto comunitario. El presupuesto de la UE no puede, tal y como argumentan algunos diputados europeos, utilizarse como un suplemento de los presupuestos nacionales en una época de austeridad; en vez de eso, debería reflejar la difícil situación en la que se encuentran los propios Estados miembros de la UE. Por este motivo los Conservadores presentamos en un primer momento una enmienda exigiendo una congelación a largo plazo de los pagos a los niveles de 2010, una acción que contribuiría en gran manera a asegurar a los ciudadanos que la UE está haciendo lo que puede para lograr el control y una mayor sostenibilidad del gasto público a largo plazo.

  Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) La adopción hoy del presupuesto de 2011 ha puesto de manifiesto el doble fracaso del Parlamento Europeo. El presupuesto que se ha adoptado es demasiado escaso: +2,91 %, muy lejos de lo propuesto en primera lectura (+6 %) y de la propuesta inicial de la Comisión (+5,8 %). Las cantidades aprobadas son exactamente las mismas que las propuestas, sin tener el Consejo verdadera posibilidad de negociar, lo cual no es precisamente tranquilizador de cara a presupuestos futuros. Desde que el Tratado de Lisboa ha entrado en vigor, el Parlamento ha actuado con el Consejo en codecisión en lo que al presupuesto se refiere: al no haberse logrado a día de hoy ningún compromiso concreto sobre el papel que nosotros, los diputados europeos, tendremos en la preparación del siguiente marco financiero o cuál podrá ser nuestra contribución a la necesaria reflexión sobre nuevos recursos propios, corremos el riego de permitir que el Consejo se convierta en dueño y señor del futuro del proyecto europeo. Así pues y en vista de la postura adoptada por ciertos Estados miembros, existe un riesgo real de que ese proyecto naufrague. Lo que más me desalienta es la actitud de la derecha europea, pues estaban más que decididos a emprender negociaciones y luego se retiraron en cuanto empezaron las llamadas telefónicas de los Jefes de Estado o Gobierno. Cualquiera puede sacar sus conclusiones sobre la consistencia política de semejante viraje.

  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) Me complace la adopción, por una clara mayoría de votos, del presupuesto de la UE para 2011. El acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE ha permitido que pueda evitarse el uso del presupuesto provisional, algo que podría socavar las políticas europeas de cohesión y agrícola. Se trata de una noticia especialmente buena para los gobiernos locales de Polonia, los agricultores del país y también las empresas, que en número creciente se benefician de los fondos de la Unión porque, a pesar de la crisis económica, los pagos se incrementarán en un 2,91 % respecto de 2010. También me satisface constatar el incremento de los recursos dedicados a áreas prioritarias señaladas por el Parlamento, incluidas juventud, educación, investigación e innovación.

  Constance Le Grip (PPE) , por escrito. – (FR) He votado a favor del nuevo presupuesto y me satisface que las instituciones europeas hayan encontrado por fin un terreno común. Por medio de esta votación, el Parlamento Europeo proporciona a la Unión Europea un presupuesto estable que puede ponerse en práctica inmediatamente desde principios de 2011, evitándose así el tener que hacer uso del sistema provisional de doceavas partes, algo que habría puesto en peligro la aplicación de muchas políticas europeas. No obstante, me parece deplorable la falta de flexibilidad que este nuevo presupuesto impone, así como la decisión por parte de ciertos grupos políticos, sobre todo los Socialistas, de poner en peligro el ITER, el único proyecto sólido de investigación a largo plazo en el que la Unión Europea desempeña un papel preponderante, al retrasar la votación sobre la financiación del mismo. Al renunciar a 600 millones de euros en créditos disponibles para financiar ITER con un telón de fondo de crisis y por tanto escasez de fondos públicos europeos, los Socialistas han dado muestras de su irresponsabilidad e inconsistencia y están poniendo en peligro un proyecto estratégico que genera puestos de trabajo.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Me complace que, a pesar de la múltiples complicaciones, haya sido posible acordar y adoptar un presupuesto de la UE para 2011 tras las modificaciones introducidas por el Consejo. Es algo muy importante, no solo porque se ha evitado un presupuesto provisional sino sobre todo porque podemos estar seguros de que la programación de gastos relacionada con la política de cohesión, que es de suma importancia para los residentes en la UE y sobre todo para los beneficiarios de los fondos de la Unión. Además me gustaría recalcar que se han incrementado los recursos destinados a la política de cohesión en un 10 %. Es importante que hayamos llegado a un acuerdo político. Al hacerlo hemos dado muestras de solidaridad europea y esto nos dará ahora estabilidad financiera en 2011.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Hoy he votado a favor del presupuesto de 2011. Tras largos debates hemos logrado alcanzar un acuerdo que satisfaga al Parlamento. Desde luego el Parlamento espera que las disposiciones del Tratado de Lisboa se apliquen; el tratado dispone que nuestra institución participe en las negociaciones del próximo presupuesto a largo plazo y este cambio debería aceptarse a todos los niveles. Más aún, el Parlamento quería mantener ciertas reservas en el presupuesto de 2011. Por ejemplo, un caso concreto sería el de los 425 000 euros que el presupuesto de 2011 destina a la Escuela Europea de Policía (CEPOL) y que ahora solo podrán movilizarse en ciertas circunstancias. La agencia tendrá por tanto que poner en práctica las recomendaciones de los diputados europeos tras la negativa del Parlamento a respaldar la ejecución del presupuesto de la agencia de modo que pueda tomarse una decisión sobre el destino pleno de los fondos incluidos en el presupuesto de 2011 para CEPOL.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El presupuesto de 2011, el primero sometido al escrutinio del Parlamento, simplemente ha hecho patente lo limitado del poder de nuestra asamblea, que no contenta con validar contrarreformas neoliberales y trabajar para los mercados financieros en vez de para los ciudadanos que la eligieron, incluso llega a la capitulación en nombre de la urgencia. No facilitaré este ejercicio despreciable con mi voto.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Tras intensas negociaciones, por fin ha sido posible llegar a un acuerdo para el presupuesto de 2011; no se trata del presupuesto ideal pero aún así es un documento que permitirá que se logren los objetivos propuestos por la UE. Este presupuesto comunitario para 2011 que adoptamos hoy en plenaria refuerza la financiación destinada a las prioridades definidas por el Parlamento Europeo, tales como educación, innovación y el proceso de paz en Oriente Medio y Palestina.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − Teniendo en cuenta las cantidades ingentes de burócratas del Parlamento Europeo y la Comisión Europea también, esta resolución acerca a la Comunidad Europea a una situación de reparto cuidadosamente planeado y eficaz de los recursos comunitarios a lo largo del tiempo. He examinado detenidamente otras declaraciones incluidas en el informe y me complace haber descubierto que ciertas personas en este Parlamento comprendan la necesidad de utilizar el dinero a tiempo y no cuando ya es demasiado tare. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Tal y como era el caso de la última propuesta de incrementar el presupuesto para 2011, también he tenido que oponerme a esta otra en interés de los ciudadanos europeos. Es imposible comprender cómo la UE puede permitirse incrementar su presupuesto cuando se están lanzando programas de austeridad por toda Europa. El último aumento se ha justificado en base a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y las nuevas instituciones que se crean en virtud del mismo, tales como el Servicio Europeo de Acción Exterior. Haciendo gala de gran clarividencia, el Partido de la Libertad austriaco ha votado en contra del Tratado de la Lisboa que, pese a haber supuesto algunos beneficios, sobre todo ha resultado en un incremento de la burocracia y los cotes para los ciudadanos. Así pues, he votado en contra del presupuesto de 2011.

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) Apoyo el resultado de la votación del Parlamento Europeo del miércoles 15 de diciembre de 2010 en virtud del cual se ha adoptado el presupuesto de 2011 durante el periodo de sesiones celebrado en Estrasburgo y tras el debate que tuvo lugar el martes. El presupuesto aprobado incluye un incremento de financiación para la mayoría de las prioridades establecidas por el Parlamento y respeta al mismo tiempo los límites globales establecidos por el Consejo. Durante las negociaciones presupuestarias de este año, mis compañeros en este Parlamento también han alcanzado acuerdos con el Consejo y la Comisión en torno a toda una serie de exigencias políticas relacionadas con el presupuesto.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) El proyecto de presupuesto enmendado por el Consejo Europeo no refleja plenamente las necesidades y requisitos marcados por el Parlamento, pero la Unión Europea no puede quedar durante los primeros meses de 2011 sin un presupuesto aprobado. Por este motivo, durante las conversaciones a tres bandas mantenidas el 6 de diciembre, la Comisión, el Consejo y el Parlamento encontraron la solución de compromiso adecuada para hacer viable un presupuesto que pudiera aplicarse plenamente desde principios del ejercicio 2011. He votado a favor porque es la postura responsable y consistente con los esfuerzos del Parlamento para proporcionar a los ciudadanos de la Unión los recursos financieros adecuados, tal y como confirma la aprobación de la declaración conjunta sobre créditos de pago.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento porque considero que, pese a que el proyecto de presupuesto enmendado por el Consejo no satisface del todo la necesidad real de un presupuesto para la Unión que sea sostenible, coherente y eficaz, sí se ha logrado el objetivo del Parlamento de dotar a la Unión de un presupuesto que puede ponerse en práctica de modo pleno y previsible desde el principio del ejercicio.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento puesto que estoy de acuerdo con que, a pesar de que el proyecto de presupuesto enmendado por el Consejo no satisface del todo la necesidad real de un presupuesto para la Unión que sea sostenible, coherente y eficaz, el objetivo del Parlamento era proporcionar a la Unión un presupuesto que puede aplicarse de modo pleno y previsible desde el principio del ejercicio.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (FR) El mes pasado se produjo un momento muy especial cuando todos los grupos políticos arrimaron el hombro para lograr un acuerdo político, más allá del presupuesto de 2011, sobre la financiación de la UE en el futuro. Así que, después de todo el revuelo que provocaron en el trascurso de esas negociaciones, los tres grupos políticos principales cedieron en la recta final. El Parlamento Europeo, pese a contar con nuevas competencias, acaba de dejar pasar la oportunidad de imponerse en su papel decisor en materia presupuestaria. La carta del Primer Ministro belga que nos ha mostrado la Presidencia belga y que garantiza que se respetará el Tratado (sic) y que el Parlamento participará en futuros debates, no ofrece ninguna garantía de resultados políticos positivos. Nuestro voto en contra es reflejo de esta oportunidad perdida y de la cláusula de aplazamiento que la seguirá.

El mejor instrumento para lograr un acuerdo es utilizar el mismo método que en la Convención para reunir a los Parlamentos nacionales y europeo y la Comisión Europea. En cuanto al megaproyecto TIER, que requiere y continuará requiriendo niveles de financiación exorbitantes, no lamentamos que sufra un aplazamiento y trataremos nuevamente de demostrar el despilfarro financiero que supone tan pronto como vuelva a plantearse el tema en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Estamos a punto de aprobar el presupuesto de la Unión Europea para 2011 que se tramita, por primera vez, de conformidad con el nuevo procedimiento del Tratado de Lisboa. Me complace la confirmación del papel del Parlamento Europeo en esta cuestión y apoyo las principales prioridades señaladas en el documento que votamos hoy. En 2011 habrá de prestar especial atención a los temas de juventud, educación y movilidad, prioridades que se toman en cuenta en todas las secciones del presupuesto. Necesitamos invertir en nuestros jóvenes y en formar a todos los ciudadanos europeos a través de los programas de Formación Permanente, Erasmus, Mundus y Eures.

También es fundamental promover la inversión en investigación e innovación y el papel de las PYME como motor de dinamización económica. Al considerar la importancia de la política de cohesión como un elemento global que abarca todas las políticas europeas, me complace que se haya planificado incluirla en el documento que es fundamental para la ejecución de esta política con éxito. En vista de las razones expuestas y porque creo que la Unión Europea está pasando por un periodo que requiere más esfuerzo en términos de hacer a Europa más fuerte y competitiva sin olvidar la necesidad de fomentar el diálogo interinstitucional, voto a favor del proyecto presentado por el Parlamento.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. − (DE) He votado a favor del informe. En las negociaciones con el Consejo, el Parlamento ha sacado las uñas. El año pasado, en el contexto del Tratado de Lisboa, el Consejo realizó concesiones significativas al Parlamento. En esta decisión sobre el presupuesto, el Parlamento ha evolucionado hacia la posición del Consejo. Esta solución de compromiso parece ser factible.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. − El presupuesto de 2011 se ha decidido en un momento de desafío e inestabilidad. En un momento en que asistimos a cómo se realizan importantes recortes en los presupuestos de los Estados miembros, es más importante que nunca asegurarse de que Europa proporciona los recursos para poder lidiar con los efectos de la crisis. Los beneficios de la financiación de la UE pueden constatarse en la circunscripción que represento y proporcionan ayuda a quienes sufrirán debido a la actual política de cultivo de chamizo que está aplicando el Reino Unido.

Ahora bien, hay secciones del presupuesto con las que no puedo estar de acuerdo, y por ejemplo no me parece en absoluto adecuado votar a favor de subsidios agrícolas que suponen un despilfarro o de un aumento de los gastos de representación. Creo que es importante mostrar contención en el gasto en estos tiempos económicos inciertos y por ese motivo elijo abstenerme en la votación del presupuesto de 2011.

  Glenis Willmott (S&D), por escrito. − Los diputados socialistas del Parlamento Europeo han votado en contra del paquete presupuestario porque, en un momento en que se están produciendo recortes tan profundos en el gasto público a nivel nacional, no creemos que sea apropiado que el presupuesto de la UE aumente.

Desde luego no aprobamos la manera en la que los gobiernos están poniendo el peligro sus economías recortando el gasto público de ese modo, pero eso no significa que vayamos a apoyar automáticamente un incremento del gasto total de la Unión Europea.

La UE estará realizando muchas labores importantes el año que viene, en muchos casos proporcionando apoyo en esas áreas que serán las que más sufran los recortes nacionales. Ahora bien, en los casos en que sean necesarios nuevos gastos, creemos que habría sido posible encontrar formas de ahorrar por otro lado para liberar fondos y destinarlos a proyectos importantes.

Dada la presión a que se encuentran sometidas las economías nacionales en la actualidad, estas negociaciones presupuestarias habrían podido brindar una oportunidad para persuadir a los líderes de la UE de hacer frente al despilfarro que se está produciendo en ciertas áreas tales como los subsidios agrícolas, que a menudo socavan la economía de los países mismos a los que se trata de apoyar con el presupuesto de ayuda internacional de la UE. Sin embargo este paquete presupuestario deja esos subsidios prácticamente inalterados.

En este contexto, los parlamentarios socialistas no podían apoyar un aumento del presupuesto de la UE.

Informe: Barbara Matera (A7-0353/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) En vista de que los Países Bajos han solicitado asistencia en relación a los 613 casos de despido que tuvieron lugar en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 46 de la NACE (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas) Revisión 2 en la región NUTS II de Holanda Septentrional, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea y con las correspondientes enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo. También estoy de acuerdo con que el funcionamiento y valor añadido aportado por un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debería evaluarse en el contexto de una valoración general de los diversos programas e instrumentos creados en virtud del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayor de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) La ayuda a trabajadores que han perdido el puesto debido a la reestructuración y reubicación de su empresa debería ser dinámica y flexible de modo que se pueda ejecutar rápidamente y con eficacia. En vista de los cambios estructurales que vive el comercio internacional, es importante que la economía europea sea capaz de utilizar rápidamente instrumentos de apoyo a los trabajadores afectados por esos cambios y al mismo tiempo de darles la formación necesaria para volver lo antes posible al mercado de trabajo. La ayuda financiera debería por tanto proporcionarse en base a las circunstancias de cada caso. También es importante recalcar que esta ayuda no sustituye a las responsabilidades que normalmente recaen sobre las empresas, ni tiene por objeto la financiación y reestructuración de las empresas. Teniendo en cuenta que los Países Bajos presentaron una solicitud de ayuda en relación a 613 casos de despido que tuvieron lugar en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 46 de la NACE (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas) Revisión 2 en la región NUTS II de Holanda Septentrional, he votado a favor de este Informe o, dicho de otro modo, a favor de la movilización del FEAG para apoyar a los Países Bajos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La crisis económica y financiera que estamos atravesando combinada con los continuos cambios en el mercado laboral han provocado alternaciones en la estructura del comercio internacional que han resultado en un sinfín de víctimas del desempleo, en muchos casos a largo plazo. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para responder a ese tipo de situaciones. En este caso estamos hablando de movilizar algo más de dos millones quinientos mil euros para que los Países Bajos apoyen a los 613 casos de despido que se han producido en dos empresas intermediarias de comercio entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de enero de 2010. Habida cuenta de que, tras examinar esta solicitud, la Comisión considera que es adecuada y cumple con los requisitos establecidos y por tanto recomienda que se apruebe, he votado a favor.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) En vista del impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido especial repercusión en el empleo, el uso adecuado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es fundamental para aliviar el sufrimiento de muchos ciudadanos y familias europeas al contribuir a su reintegración social y desarrollo profesional y al mismo tiempo proporcionar recursos que den respuesta a las necesidades de las empresas e impulsar la economía. Es en este contexto en el que se plantea el plan de intervención en los Países Bajos en relación a los 613 casos de despido que tuvieron lugar en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 46 de la NACE (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas) Revisión 2 en la región NUTS II de Holanda Septentrional. Así pues, espero que las instituciones europeas refuercen su compromiso con la aplicación de medidas para acelerar y mejorar la tasa de utilización de este tipo de importante recurso como es el FEAG, que en la actualidad presenta un nivel de movilización muy bajo. Este año solo se ha solicitado un 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE constituye un área de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es parte de todo ello. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las reubicaciones realizadas por las empresas en la era de la globalización. Un número creciente de empresas están reubicando sus instalaciones para aprovechar los costes laborales más bajos en toda una serie de países, sobre todo en China y la India, con el consiguiente efecto perjudicial para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG tiene por objetivo ayudar a los trabajadores que han sido víctimas de una reubicación empresarial y es clave a la hora de facilitarles el acceso a nuevos puestos de trabajo. El FEAG se ha utilizado en el pasado en otros países de la UE, así que es apropiado ahora presentar ayuda a los Países Bajos, que han presentado una solicitud de movilización del FEAG en relación a los 613 casos de despido que tuvieron lugar en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 46 de la NACE (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas) Revisión 2 en la región NUTS II de Holanda Septentrional.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Los empleados que han perdido sus puestos de trabajo como resultado de la crisis financiera y económica deberían tener oportunidad de volver rápidamente al mercado laboral. Los Estados miembros están obligados a tomar las medidas adecuadas para apoyar a estar personas. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización proporciona financiación para este propósito precisamente, que los Estados miembros pueden solicitar. Voto a favor del informe, pues la movilización del fondo por parte de los Países Bajos cumple plenamente los criterios necesarios para ello.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) En vista de que los Países Bajos han solicitado ayuda en relación a los 613 casos de despido que tuvieron lugar en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 46 de la NACE (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas) Revisión 2 en la región NUTS II de Holanda Septentrional, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea y con las correspondientes enmiendas a la misma presentadas por el Parlamento Europeo. También estoy de acuerdo con que:

- el FEAG debería apoyar la reintegración individual de los trabajadores despedidos para su vuelta al empleo y me gustaría insistir en que la ayuda del FEAG no debiera ser un sustitutivo de las medidas que son responsabilidad de las empresas conforme a las leyes nacionales o los correspondientes convenios colectivos, ni tampoco debiera financiar la reestructuración de empresas o sectores;

- las funciones y valor añadido por el FEAG debieran evaluarse en el contexto de la valoración general de los diversos programas e instrumentos creados en virtud del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006;

Valoro positivamente la propuesta de la Comisión Europea para establecer una fuente de financiación diferente a los recursos no utilizados del FSE con objeto de responder a las declaraciones reiteradas del Parlamento Europeo sobre como es necesario identificar mecanismos presupuestarios adecuados para transferir fondos, habida cuenta de que el FEAG se creó para ser un instrumento específico e independiente, con sus propios objetivos y periodos de financiación.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. − (IT) Estoy completamente de acuerdo con la ponente, la señora Matera, a quien complace observar que la Comisión continúa identificando nuevas fuentes de créditos de pago distintas de los recursos no utilizados del Fondo Social Europeo, de conformidad con las frecuentes demandas planteadas en este sentido por el Parlamento Europeo.

También estoy de acuerdo con la ponente en que las alternativas elegidas en los últimos casos (partidas presupuestarias dedicadas al apoyo a los nuevos proyectos empresariales y la innovación) no son satisfactorias en vista de las graves limitaciones que la Comisión se encuentra a la hora de aplicar los programas de competitividad e innovación. En un periodo de crisis económica, de hecho estos fondos deberían haber aumentado. La ponente insta por tanto a la Comisión a continuar con sus esfuerzos para identificar más partidas presupuestarias adecuadas para pagos en el futuro.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud de ayuda presentada por los Países Bajos conforme al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación a los 613 casos de despido que tuvieron lugar en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 46 de la NACE (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas) Revisión 2 en la región NUTS II de Holanda Septentrional cumple todos los requisitos establecidos legalmente. Ciertamente, en virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el alcance del FEAG se amplió temporalmente ya que se anticipaba que podría intervenir en situaciones como esta si, como resultado directo de una crisis global financiera y económica se producen «por los menos 500 despidos en un periodo de nueve meses, sobre todo en empresas pequeñas o medianas incluidas en una división de nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones NUTS II contiguas». Así pues he votado a favor de esta resolución y confío en que la movilización del FEAG contribuirá a la exitosa integración de estos trabajadores de vuelta en el mercado laboral.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Con esta votación, el Parlamento Europeo: (1) hace un llamamiento a las instituciones participantes para que tomen las medidas necesarias para acelerar la movilización del FEAG; (2) recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento fluido y rápido para la adopción de decisiones relativas a la movilización del FEAG, proporcionando apoyo individual, puntual y limitado en el tiempo tendente a prestar ayuda a los trabajadores que hubieran sufrido despidos como resultado de la globalización y la crisis económica y financiera, y hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración de esos trabajadores despedidos al mercado de trabajo; (3) insiste en que, conforme al artículo 6 del Reglamento del FEAG, debiera garantizarse que este apoya la reintegración de los trabajadores despedidos en el mercado laboral a título individual y reitera que la ayuda procedente del FEAG no debe sustituir las acciones que constituyen la responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o los convenios colectivos pertinentes o las medidas de reestructuración de la empresa o sector.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en beneficio de los trabajadores del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que han perdido su puesto en Holanda Septentrional.

El sector europeo de las TIC se ha visto duramente golpeado por la crisis financiera y económica global y los cambios estructurales en el mercado global de las TI, sobre todo debido al traslado de la producción a China y la India, algo que también refleja el indicador ICT 5.

El indicador ICT 5 es un resumen de los resultados de los principales estudios en torno a ciclos de negocio, costes y asignación presupuestaria al sector de las TIC. Este indicador para Europa Occidental ha descendido desde un valor previo de aproximadamente 160 en agosto de 2008 hasta situarse en torno a 30 en abril de 2009.

Los Países Bajos han preparado un paquete coordinado de servicios personalizados para los 613 trabajadores que han sido despedidos de los dos centros de la empresa Randstad; entre esos servicios se encuentra por ejemplo el proporcionar asesoramiento para realizar la transición de un trabajo a otro, el establecimiento de centros de movilidad, encontrar puestos para personal que ha sido despedido, proporcionar formación profesional e investigar la empleabilidad. El presupuesto total necesario asciende a 3 934 055 euros y los Países Bajos han presentado el 8 de abril de 2010 solicitud para obtener una contribución financiera de 2 557 135 del FEAG.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. − (DE) He votado a favor del borrador de informe. Una vez más, podemos ayudar a los ciudadanos de la UE que han perdido su trabajo en empresas que experimentan dificultades para encontrar otro trabajo.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) Esta es simplemente una más de toda una serie de solicitudes recibidas de los Países Bajos que hemos aprobado recientemente en el Comité de Presupuestos. Obviamente he votado a favor del informe de la señora Matera sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para apoyar a los ciudadanos de Holanda Septentrional que han perdido su trabajo. El propósito del FEAG es que los ciudadanos puedan disponer de financiación a título individual en caso de perder su trabajo como resultado de la globalización. Durante las negociaciones presupuestarias de las últimas semanas, el Gobierno de los Países Bajos se ha superado a sí mismo con su empecinada respuesta a las posturas legítimas adoptadas en el seno del Parlamento Europeo, no obstante siempre dispuesto a ceder. Llegado este momento, quisiera decir que parece ser compatible con la perspectiva política nacional el solicitar decenas de millones de euros de ayuda de la UE por un lado y, por el otro, negarse a entrar en un debate legítimo sobre los comentarios planteados por el Parlamento.

Informe: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. − (LT) He votado a favor de esta resolución porque creo que es necesario reforzar la cooperación en el seno de la UE en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. Opino que la reglamentación de la UE en este campo debería ser universal. En otras palabras, en base a sus normas globales sobre conflictos jurídicos, puede establecerse que cualquier ley es aplicable: la de un Estado miembro participante, la de un Estado miembro no participante o la ley de un Estado que no pertenezca a la Unión Europea. La Unión se ha marcado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de las personas y por tanto, para permitir que los esposos escojan una ley aplicable con la que sientan que tiene una conexión cercana o, en ausencia de tal elección, para que una ley pueda aplicárseles en caso de divorcio o separación judicial, la legislación en cuestión debería ser aplicable incluso si no se trata de una ley de un Estado miembro. Aumentar la movilidad de los ciudadanos exige mayor flexibilidad y mayor seguridad jurídica, algo que el nuevo Reglamento de la UE puede reforzar.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. − (IT) La necesidad de establecer un marco jurídico claro y completo sobre la ley aplicable al divorcio y la separación judicial surge de la necesidad urgente de abordar los problemas que se producen en los casos de divorcio «internacional». Hasta la fecha, las disparidades en las normativas nacionales no han favorecido precisamente la salvaguardia de la igualdad de oportunidades entre esposos ni han protegido el interés superior de los hijos. Muy por el contrario, esas disparidades han contribuido a fomentar la llamada «carrera a los tribunales». Como Mediadora del Parlamento Europeo para casos de sustracción internacional de menores cuya custodia se disputan padres de distintas nacionalidades y en base a la experiencia adquirida en el desarrollo de esta tarea, apoyo esta propuesta en favor de un reglamento que establezca la seguridad jurídica para las parejas afectadas y garantice la previsibilidad y flexibilidad necesarias.

Una de las ideas innovadoras incluidas en el texto del Reglamento es la posibilidad de consultar a un mediador familiar antes, durante y después del procedimiento de divorcio. Esto no es solo porque esta figura resulta de gran ayuda a la hora de informar a la pareja sobre las diversas opciones y condiciones de divorcio y también de resolver las diferencias entre ellos, sino también porque protege los derechos de los menores afectados y ayuda a los cónyuges a tomar las decisiones adecuadas de modo amistoso con el fin de proteger el bienestar de los hijos.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En lo que se refiere a mejorar la coherencia entre las normas europeas en lo que a asuntos matrimoniales respecta, es complicado lograr que los 27 se pongan de acuerdo. Por suerte, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam de 1997, los Estados miembros que lo deseen pueden reunirse para progresar en un cierto campo por medio de la «cooperación reforzada», de modo que un grupo nuclear de Estados puede liderar a la Unión en un cierto rumbo. Los problemas a que se enfrentan los cónyuges para que su estatus se les reconozca en toda Europa, sobre todo durante un procedimiento de divorcio o separación judicial, han llevado a ciertos Estados a reunirse con el objetivo de mejorar la coordinación de las reglamentaciones nacionales. Soy una entusiasta partidaria de que esta cooperación reforzada en la que Francia desearía participar, se aplique. En mi opinión, esta iniciativa permite reunir a los europeos en torno a una cuestión que nos afecta a todos y en la que la seguridad jurídica es fundamental. Así pues, he votado a favor del Reglamento propuesto para la aplicación de esta cooperación reforzada. En el futuro, dicha cooperación reforzada debe utilizarse tan a menudo como sea necesario.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) He votado a favor de este informe porque el objeto del Reglamento es crear seguridad jurídica para las parejas interesadas en separarse o divorciarse cuando pertenecen a distintos Estados de la Unión, garantizando la previsibilidad y flexibilidad.

En este sentido, la iniciativa aprobada ha sido un avance, pero cabe lamentar, en primer lugar, que se haya perdido la oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación al reconocimiento de matrimonios, las nulidades, las tutelas de las y los hijos y las herencias. Tampoco se recoge, por otra parte, la existencia de otro tipo de uniones como las que protagonizan parejas homosexuales y que tienen reconocimiento en algunos Estados de la Unión.

En segundo lugar, hay que lamentar también que solo 15 de los 27 Estados miembros estén dispuestos a suscribir esta cooperación reforzada, lo que perjudicará a las ciudadanías de los países que no lo hagan.

Por ello espero y deseo que, en el futuro, pueda ampliarse el ámbito de aplicación y el número de países favorables a la aplicación de esta cooperación reforzada: se lo deben a la ciudadanía a la que representan.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe del Parlamento Europeo sobre la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial porque debe establecerse una base legal clara y explícita conforme a la cual se sigan las normas relacionadas con la ley aplicable. Me gustaría señalar que uno de los objetivos principales de la Unión Europea es mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de las personas. En la actualidad, la situación legal a nivel europeo en lo que a la ley aplicable al divorcio y la separación judicial de cónyuges de distinta nacionalidad respecta es muy confusa porque no queda claro qué ley habría que aplicar, lo que suele llevar a una «carrera a los tribunales» en la que uno de los esposos presenta la demanda de divorcio antes que el otro para asegurarse de que el proceso se rige por una cierta ley que él o ella considera es más favorable a sus propios intereses. Me gustaría recalcar que el nuevo Reglamento propuesto debería proporcionar la necesaria seguridad jurídica a las parejas y garantizar la previsibilidad y flexibilidad.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Me gustaría felicitar al señor Zwiefka por la confección de este informe que apoyo. El objetivo de esta medida es establecer un marco jurídico claro y completo que abarque las normas relativas a la ley aplicable al divorcio y la separación judicial, otorgando a las partes cierto grado de autonomía. La naturaleza heterogénea de estas normas en los diferentes Estados miembros, de hecho, suscita problemas en el caso de los divorcios «internacionales».

Ciertamente, además de la inseguridad jurídica en torno a la identificación de las leyes aplicables en cada caso individual, también podría producirse una «carrera a los tribunales» para asegurarse de que el procedimiento se rige por una legislación determinada que protege mejor a uno de los esposos. La Unión Europea debe por tanto limitar estos riesgos y deficiencias introduciendo la posibilidad de elegir la legislación aplicable de mutuo acuerdo. En consecuencia estoy de acuerdo con que existe la necesidad de garantizar a las partes una información detallada y justa que les permita conocer cuáles son sus opciones tan pronto como sea posible.

  Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. – (CS) De conformidad con el Tratado de Lisboa, los Estados miembros pueden ahora trabajar en cooperación reforzada en el área de libertad, seguridad y justicia, y más concretamente en asuntos relativos al divorcio y la separación judicial. Este Reglamento define la cooperación reforzada entre ciertos Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía). El principal objetivo de la misma es descartar cualquier discriminación en base al sexo, garantizar la igualdad de oportunidades de ambos cónyuges y dar total prioridad al bienestar de los niños. Los esposos a menudo «compiten» por ser el primero en presentar la demanda de divorcio para asegurarse de que el procedimiento se rija por una ley que proteja mejor sus intereses. El propósito de este Reglamento es mejorar la seguridad jurídica de las parejas afectadas y, al mismo tiempo, garantizar la previsibilidad y flexibilidad del procedimiento. Ha apoyado el Reglamento, incluso si en la actualidad no afecta a la República Checa. A grandes rasgos, creo que la introducción de este Reglamento será un buen ejemplo a seguir por otros Estados miembros, incluida la República Checa. En el futuro, otros Estados miembros podrían firmar el Reglamento y beneficiarse de la experiencia de los Estados miembros pioneros.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Esta propuesta no pretende armonizar la ley sustantiva aplicable al divorcio y la separación judicial sino establecer una serie de normas armonizadas para resolver conflictos jurisdiccionales internacionales. Esto significa que necesitamos trabajar dentro del marco del Derecho Internacional Privado y no en el marco sustantivo del Derecho de familia, contexto en el que cada Estado continuará teniendo su propia legislación.

Este es el motivo por el que es importante por ejemplo recordar que el Reglamento propuesto, por medio de la enmienda al artículo 7, no exige que un Estado reconozca como matrimonio —incluso con el único fin de su disolución— una situación que no se considera como tal conforme a la legislación de este Estado y que, por el mismo motivo, sería contrario al principio de subsidiariedad. No obstante, esto no limita los derechos de las personas cuyas uniones no se reconocen en un Estado, un punto para el que es necesario identificar una solución de compromiso.

En vista de todo lo anterior, solo concibo la disposición favorable a una mayor seguridad jurídica en relación a la resolución de conflictos jurisdiccionales internacionales dentro del contexto del Derecho de familia, más concretamente en relación a la disolución del matrimonio y la separación legal, como un paso importante para la creación de un entorno de libertad y justicia en el que la libre circulación de las personas es una realidad.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Me complace la adopción de este informe que debiera permitir a las parejas procedentes de distintos Estados miembros o residentes en otro país distinto del suyo propio elegir la ley que habría de aplicarse a su divorcio.

Durante 2007 se concedieron un millón de divorcios en la UE, en el 13 % de los casos a parejas donde los cónyuges tenían distinta nacionalidad, caso en que durante estos procedimientos los ciudadanos europeos se enfrentan a problemas legales que afectan a su separación.

Me gustaría señalar que Portugal participa en el proceso de cooperación reforzada que permitiría que se produjeran grandes avances en este ámbito, bloqueado en el Consejo en la actualidad.

Quisiera también hacer hincapié en la necesidad de que este informe no resulte en que se exija a un Estado miembro que reconozca como matrimonio —incluso con el único fin de su disolución— una situación que no se considera como tal conforme a la legislación de este Estado y que, por el mismo motivo, sería contrario al principio de subsidiariedad.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) Me gustaría felicitar al ponente por haber tratado de forma tan exhaustiva un tema complicado como es la elección de la ley aplicable al divorcio y la separación judicial. Para constatar lo delicada que es esta cuestión, basta considerar el hecho de que Roma III es el primer ejemplo en la historia de la UE de cooperación reforzada conforme a los procedimientos establecidos por los Tratados. El alcance territorial del Reglamento se verá por tanto restringido a 14 de los 27 Estados miembros de la UE. Polonia no se encuentra entre ellos. Creo que al introducir un principio que permite a las partes elegir la ley aplicable al divorcio, Roma III contribuirá a una mayor previsibilidad y seguridad jurídica. Ahora bien, teniendo en cuenta el alcance limitado de este Reglamento —solamente afectará a la ley aplicable en un divorcio internacional—, también es esencial responder a la pregunta de qué tribunal es competente para juzgar en un caso en particular.

Este problema constituye el objeto de otro Reglamento de la UE, Bruselas II bis. Así pues, al igual que el ponente, creo que es fundamental que este Reglamento se revise lo antes posible para introducir la disposición sobre el forum necessitatis. Con ello se disiparán los temores de muchos Estados miembros en relación a que sus tribunales se vean obligados, a los efectos de proceso de divorcio e incluso si la ley del Estado en cuestión no considera el matrimonio de que se trate válido, a pronunciar una sentencia de divorcio en virtud de la aplicación del presente Reglamento; esta garantía a su vez alentará a los Estados a adoptar principios generales europeos en materia de divorcio internacional, lo que sin duda facilitará grandemente la vida a muchos ciudadanos de la UE.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Si dos personas de distinta nacionalidad o sencillamente dos personas que no residen en el mismo Estado miembro tienen intención de divorciarse, deberían saber qué tribunal posee jurisdicción y en qué país. A partir de ahora, estas dos personas en trámites de divorcio se encontrarán en poco tiempo en posición de elegir ante qué sistema jurídico de la Unión Europea se tramitará su divorcio. Otro paso específico tendente a la creación gradual de un «espacio jurídico común europeo» directamente aplicable a la vida diaria de todos nosotros. Me complace la adopción de este informe y el uso por primera vez de lo que ha dado en llamarse procedimiento de cooperación reforzada, pero lamento que deba recurrirse a este procedimiento y que no haya sido posible llegar a un acuerdo de todos los Estados miembros de la UE. Confío en que otros Estados miembros se sumarán pronto a esta forma de cooperación.

  Edvard Kožušník (ECR), por escrito. – (CS) La República Checa está representada en el Parlamento Europeo. La República Checa no firmó el mecanismo de cooperación reforzada en el ámbito de la compatibilidad de las leyes aplicables en lo relativo a conflicto de leyes, y ello se debe a que la República Checa no considera que el proyecto de Reglamento sea una medida necesaria para el funcionamiento adecuado del mercado interior. De manera similar, la República Checa opina que el Reglamento es cuestionable en base al principio de subsidiariedad puesto que no ofrece ningún valor añadido que justifique su incumplimiento de las disposiciones del Derecho de familia de los Estados miembros. La República Checa también considera que cabe cuestionar la propuesta en base al principio de proporcionalidad ya que la forma jurídica elegida, el Reglamento, no es el instrumento adecuado para garantizar la compatibilidad de las normativas en conflicto de leyes en el ámbito del Derecho de familia a nivel internacional. Ahora bien, no es mi intención evitar con mi voto que los Estados que así lo decidan puedan optar por esta vía de la cooperación reforzada como herramienta para garantizar la compatibilidad de las normativas en conflicto de leyes en lo que respecta a establecer la ley aplicable en asuntos matrimoniales.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) La propuesta a favor de un Reglamento por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y la separación judicial ayuda a abordar las frecuentes cuestiones complejas y delicadas que van asociadas con el procedimiento de divorcio en el caso de matrimonios válidos celebrados entre personas de diferente nacionalidad. La propuesta también clarifica la situación para los cónyuges en trámite de divorcio y les permite elegir la legislación aplicable. Además incrementa significativamente la seguridad jurídica desde un primer momento. Dado que la legislación adoptada va más allá del acervo comunitario, la aplicación del mecanismo de cooperación reforzada es un paso que permite a los Estados miembros encarar algunos de los problemas jurídicos de la cooperación internacional asociados con la disolución de este tipo de matrimonios.

Todo esto ofrece a otros Estados miembros que no están participando en estos momentos oportunidad suficiente para evaluar los efectos positivos y negativos de este proyecto de Reglamento a lo largo del tiempo y para considerar la posibilidad de firmarlo. Durante varios años y en varios casos convenientemente justificados, ha sido el Derecho internacional el que se ha aplicado en el caso de este tipo de procedimiento de divorcio en la República Checa.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El nuevo Reglamento permitirá a las parejas internacionales (parejas con distintas nacionalidades, parejas que viven en países diferentes o parejas que viven en países distintos a su país de origen) elegir la legislación nacional aplicable a su divorcio, siempre que uno de los cónyuges posea una conexión —por ejemplo, residencia habitual o nacionalidad— con el país en cuestión. Las nuevas normas también clarifican la ley aplicable en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo. El nuevo Reglamento permitirá, por ejemplo, que una pareja de cónyuges español y portugués que viva en Bélgica elija si la ley aplicable a su divorcio debería ser la española, la portuguesa o la belga.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − El divorcio es un asunto muy serio. A menudo entraña platos rotos y reparto de bienes. Francamente admiro el idealismo del ponente, Tadeusz Zwiefka. ¿Qué ocurre si el marido alemán quiere divorciarse en Alemania pero su esposa quier divorciarse en Sicilia porque su madre es siciliana? ¿Cómo se reparten la aspiradora y la lavadora si no hay acuerdo? La idea es buena pero hay que refinarla. El 90 % de los divorcios son una tragedia o un escándalo. Estoy «a favor» pero incorporemos también los detalles cuando consideremos este tipo de documento. Necesitamos una ley, no reglas.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) La separación y el divorcio siempre son asuntos difíciles que implican toda una serie de consecuencias legales. Todo se vuelve particularmente problemático cuando los cónyuges vienen de diferente país. Hemos estado buscando una solución dentro de la Unión Europea pero solo hemos sido capaces de acordar un procedimiento de cooperación reforzada que, en todo caso, logra facilitar un tanto la situación a los afectados, es decir, parejas procedentes de distintos Estados miembros de la UE que se divorcian. No se ha especificado concretamente el alcance de este procedimiento y por tanto no está del todo claro.

Obviamente la cooperación no equivale a decir que las sentencias, como las resultantes de los procedimientos de divorcio, hayan de reconocerse en un Estado miembro donde no existe disposición legal en base a la cual hacerlo. Del mismo modo, el procedimiento no debe plantear una oportunidad de obligar a un Estado miembro a un reconocimiento por la puerta de atrás de las parejas del mismo sexo. Además, se ha prestado poca atención a los derechos de los padres en caso de separaciones transfronterizas. Por este motivo, me he abstenido en la votación.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe porque creo que es necesario establecer un marco legal claro y complete sobre la ley aplicable al divorcio y la separación judicial. Por primera vez y gracias a la introducción del apartado 1 del artículo 3, a los cónyuges se les brinda la oportunidad de estar de acuerdo en designar la ley aplicable al proceso de divorcio. También creo que deberíamos asegurarnos de que la decisión de las partes es una decisión informada, o dicho de otro modo, que ambos cónyuges han sido puntual y adecuadamente informados sobre las consecuencias prácticas de su decisión. En este sentido, es necesario asegurarse de que la información es exacta y completa. Creo que es importante además proteger la relación de la pareja de modo que el acto de separación pueda celebrarse de un modo claro, transparente y consensuado por ambas partes, que se convierten así en responsables de la toma de decisiones dotados de igual autoridad.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Portugal participa, junto con otros 13 países (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta y Rumanía) en la primera prueba de cooperación reforzada de la historia de la UE. Esta cooperación reforzada se aplica al ámbito de la ley aplicable al divorcio y la separación judicial de personas y bienes.

He votado a favor de este informe relativo al Reglamento, que establece reglas claras sobre el procedimiento para parejas internacionales (aquellas en las que los cónyuges poseen nacionalidades diferentes) que deseen obtener el divorcio o la separación judicial de personas o bienes en sus países de origen o residencia. Se trata de una cuestión plenamente consensual que facilitará mucho la vida de un buen número de europeos. Además también se trata de un momento simbólico al ser la primera ocasión en que se ha aplicado la cooperación reforzada entre Estados miembros de la UE.

El objetivo de estas disposiciones es reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad en lo que al divorcio y la separación judicial de personas y bienes respecta. El acuerdo solo contempla la armonización de situaciones de conflicto y no la armonización de normativas nacionales de base.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. − (IT) Uno de los principales objetivos de la Unión Europea es mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se garantice la libre circulación de las personas. La situación jurídica a nivel europeo, en lo que se refiere a la ley aplicable al divorcio y la separación judicial de cónyuges de distinta nacionalidad, es en la actualidad muy confusa, lo que a menudo lleva a una «carrera a los tribunales» en la que uno de los esposos presenta la demanda de divorcio antes que el otro para asegurarse de que el proceso se rige por una cierta ley que él o ella considera es más favorable a sus propios intereses. El objetivo del proyecto de Reglamento es proporcionar seguridad jurídica a las parejas y garantizar la previsibilidad y flexibilidad. Así pues, no puedo por menos que estar de acuerdo con el ponente, el señor Zwiefka, en sus argumentos relativos a las normas para la determinación de la ley aplicable al divorcio y la separación judicial.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia (que se retiró su solicitud el 3 de marzo de 2010), Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía han presentado una solicitud a la Comisión indicando que se proponen establecer entre ellos una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable a asuntos matrimoniales, y han invitado a la Comisión a presentar una propuesta sobre este asunto al Consejo. La movilidad creciente de los ciudadanos exige, por un lado, más flexibilidad y, por el otro, mayor seguridad jurídica. Para lograr este objetivo, este Reglamento debe reforzar la autonomía de las partes en las cuestiones del divorcio y la separación judicial al brindar a los cónyuges la oportunidad de elegir la legislación aplicable a su divorcio o separación judicial en concreto.

El Reglamento se aplicará únicamente a la disolución del matrimonio o cese de las obligaciones matrimoniales (separación legal) y no a cuestiones relativas a la capacidad legal de las personas naturales; la existencia, validez o reconocimiento de un matrimonio; la anulación de un matrimonio; el nombre de los cónyuges; las consecuencias del matrimonio a nivel de propiedad de bienes; las responsabilidades de paternidad; las obligaciones de manutención; o cuestiones relativas a fideicomisos y sucesiones, incluso si se plantean meramente como cuestión preliminar en el contexto del proceso de divorcio o separación judicial.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) El desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de las personas representa uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea y por tanto me complace esta propuesta que introduce una mayor seguridad jurídica en lo que respecta a la identificación de la ley aplicable a divorcios y separaciones nacionales, y me gustaría ver que los Estados miembros unen esfuerzos para lograr la compatibilidad en las normas nacionales sobre conflicto de leyes en este ámbito.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Este texto se propone solucionar problemas tales como el siguiente: A y B son súbditos de distintos Estados miembros y unidos en matrimonio entre personas del mismo sexo en un Estado miembro que ha introducido legislación que permite este tipo de matrimonios. A y B llevan tres años viviendo en un Estado miembro que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo pero que ha participado en la adopción de un Reglamento sobre la ley aplicable conforme al procedimiento de cooperación reforzada. A y B desean disolver el matrimonio.

De conformidad con las disposiciones del Reglamento nº 2201/2003 sobre jurisdicción, los únicos tribunales que poseen jurisdicción en esas circunstancias son los del Estado miembro en donde residen habitualmente, lo que claramente no es justo para la pareja en cuestión, que tendría que enfrentarse a una cantidad nada desdeñable de molestias y considerable pérdida de tiempo para lograr trasladar a la jurisdicción de otro tribunal su divorcio.

  Alf Svensson (PPE), por escrito. − (SV) Cuando el Parlamento Europeo ha votado hoy el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, he decidido abstenerme de votar. En mi opinión, el Derecho de familia, incluidas las normas que rigen los divorcios, es un ámbito donde el principio de subsidiariedad debería respetarse y en el que los Estados miembros debieran tomar sus propias decisiones. La cooperación que trata el informe es voluntaria para los Estados miembros de la UE y, dada la situación actual, tan solo participan 14 países. Suecia no es uno de ellos. Creo que no es del todo apropiado que yo, en tanto que diputado sueco del Parlamento Europeo, adopte una postura sobre legislación que afecta únicamente a una forma de cooperación en la que Suecia no participa.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) Con 16 millones de matrimonios entre cónyuges de distinta nacionalidad celebrados en la UE de los que se estima que una media de 140 000 acaban en divorcio cada año, las negociaciones y el acuerdo sobre esta cuestión son esenciales para garantizar la necesaria seguridad jurídica a los ciudadanos. Tras haber distintos Estados miembros vetado numerosas iniciativas en este ámbito, ahora el procedimiento de cooperación reforzada por lo menos ha brindado la oportunidad de establecer los criterios necesarios a 14 países.

Informe: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque la crisis financiera mundial, a la que las agencias de calificación crediticia han contribuido en parte, ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir un mecanismo de clasificación y supervisión de las agencias de calificación crediticia. Estoy de acuerdo con este informe en alentar a la creación a nivel europeo de un sistema de registro y supervisión de las agencias de calificación crediticia que emiten calificaciones utilizadas dentro de la UE, y también coincido con el informe en su consideración de las condiciones para el uso en la UE de calificaciones emitidas por agencias de países terceros. El acuerdo alcanzado sobre la arquitectura de supervisión europea que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, hace ahora posible la aplicación efectiva de supervisión a dichas agencias. Es fundamental que, desde su establecimiento, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) se encuentre en condiciones de ejercer sus competencias para asegurar una supervisión sólida de las agencias de calificación crediticia que operan en la UE, así como de aquellas ubicadas en países terceros cuyas calificaciones están autorizadas dentro de la UE, y ello en plena colaboración con las correspondientes autoridades nacionales. También me complace que Estados Unidos haya decidido igualmente idear unas normas de supervisión más estrictas en este campo, habida cuenta de que la Comisión asimismo está considerando abordar la cuestión de una mayor armonización internacional.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. − (LT) He votado a favor de esta resolución porque creo que es necesario establecer un mecanismo para someter a seguimiento y supervisión a las agencias de calificación crediticia. La crisis financiera global, a la que las agencias de calificación crediticia contribuyeron en parte, ha influido en esta iniciativa. Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de organizar la autorización y supervisión de las agencias de calificación crediticia por parte de una Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Ahora bien, es fundamental para la AEVM encontrarse tan pronto como se haya establecido en condiciones de ejercer sus competencias para garantizar una supervisión concienzuda de las agencias de calificación crediticia que operan en la Unión Europea y también las agencias de países terceros cuyas calificaciones gocen de autorización en la Unión Europea.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En principio las agencias de calificación crediticia emiten opiniones independientes sobre la solvencia de una entidad, una deuda, una obligación financiera o un instrumento financiero. Ahora bien, las opiniones de estas agencias pueden en ocasiones tener un efecto notable en la economía de un país cuya regularidad financiera están calificando. En 2009, la Unión adoptó el Reglamento (CE) nº 1060/2009 para regular las actividades de las agencias con objeto de proteger a los inversores y los mercados financieros europeos de los riesgos de error profesional estableciendo las condiciones para la emisión de certificaciones así como las normas que rigen el registro y supervisión de las agencias de calificación crediticia. Al mismo tiempo, un informe redactado por un grupo de expertos concluía que era necesario mejorar el marco de supervisión con el fin de reducir el riesgo de futuras crisis financieras y la gravedad de las mismas. El Reglamento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) establece esta Autoridad Europea de Supervisión, y para garantizar que esta autoridad opera de modo fluido y está convenientemente integrada en el marco general de regulación financiera, se ha hecho necesario enmendar el Reglamento (CE) nº 1060/2009. He votado a favor de este informe puesto que mejora el control sobre las agencias de calificación crediticia.

  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. – (FR) Según el informe de mi ilustre colega y amigo Jean-Paul Gauzès del Grupo Popular Europeo (Demócrata-cristianos), he votado a favor de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia y se otorga a la recién creada Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) competencias de supervisión de dichas entidades. Apoyo las mejoras que señala el ponente, en particular la transferencia a la AEVM de nuevas competencias que la Comisión tenía intención de atribuirse, más concretamente en materia de penalizaciones. Creo que es importante que la AEVM pueda delegar parte de sus funciones en las autoridades nacionales. Lamento que no se mencione (si bien esta enmienda regulatoria probablemente no sea el medio más adecuado) la cuestión de calificar Estados y la supervisión específica que debiera existir cuando son Estados lo que se califica. Propongo la creación de una agencia pública europea para la calificación de Estados que garantizaría la necesaria competencia técnica e independencia.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) La crisis financiera global ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer un mecanismo para el seguimiento y supervisión de las agencias de calificación crediticia. Existe la necesidad de realizar una vigilancia conjunta de las agencias de calificación crediticia a nivel de toda la UE y una supervisión integrada de las mismas. Estoy de acuerdo con este importante documento. En 2009 se produjo la adopción del Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre agencias de calificación crediticia que permitió el establecimiento de un sistema europeo de registro y supervisión de las agencias de calificación crediticia que emiten calificaciones utilizadas en la Unión Europea. También establece las condiciones de uso en la Unión Europea de calificaciones emitidas por agencias de países terceros. Es necesario un sistema fiable de supervisión y control y por tanto apoyo las enmiendas propuestas que reforzarán a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Esta institución debe participar en la supervisión de las agencias de calificación crediticia que operan en la UE y ejercer de manera efectiva tales atribuciones.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe porque la crisis económica y financiera que ha sufrido el mundo entero ha dejado clara la necesidad de establecer un mecanismo de seguimiento y supervisión de las agencias de calificación crediticia. Por este motivo, la Comisión Europea presentó una propuesta para la organización de la autorización y supervisión de las agencias de calificación crediticia a través de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Es importante reseñar que se concederán a esta autoridad competencias propias de investigación y que podrá castigar a quienes no apliquen el Reglamento. Estoy de acuerdo con la postura del Parlamento Europeo de que es necesaria una vigilancia conjunta de los productos de las agencias de calificación crediticia y la supervisión integrada de los mismos a nivel de la UE. Lo que es más, el Parlamento sugiere enfocarse en la introducción de la AEVM en la supervisión de las agencias y la definición de sus nuevas tareas y competencias. Es fundamental que la AEVM, tan pronto como se establezca, se encuentre en posición de ejercer sus atribuciones para garantizar la correcta supervisión de las agencias de calificación crediticia que operen en la Unión Europea y también las de países terceros cuyas calificaciones estén autorizadas en la Unión Europea.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Me he abstenido en la votación del informe sobre las agencias de calificación crediticia. Estas agencias de calificación sirven abiertamente a los intereses de especuladores internacionales, han desempeñado un papel negativo desde el principio de la crisis y continúan haciéndolo; la revisión a la baja de la calificación crediticia de ciertos países —tanto pertenecientes como no a la UE— que han realizado de forma específica y arbitraria ha empujado a esos países a un círculo vicioso de especulación y endeudamiento. El incremento de los diferenciales hace que se acrecienten los problemas financieros de los países y enriquece a los mercados a costa de éstos. En la zona del euro en particular, el papel y las prácticas de las agencias de calificación crediticia también tienen un impacto negativo sobre la estabilidad del euro. Es responsabilidad política de la UE el haberles otorgado a estas agencias permiso para calificar tanto a empresas como a las economías de los Estados miembros. Creo que es necesaria la aplicación inmediata de medidas efectivas para poner fin a la naturaleza especulativa de las agencias de calificación y, en consecuencia, enmendar radicalmente el Reglamento (CE) nº 1060/2009. El informe contiene algunas propuestas positivas pero por desgracia nada contundentes y solo da pasos tímidos en esta dirección.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La necesidad de avanzar en la dirección de estos cambios se deriva de la de adaptar el Reglamento (CE) nº 1060/2009 a la nueva arquitectura de supervisión europea y surge también a raíz de la introducción de un nuevo mecanismo tendente a la centralización de las operaciones de las agencias de calificación.

En este sentido, a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados – AEVM) le serán otorgados poderes propios de supervisión e investigación y podrá también sancionar. Debemos asegurarnos de que la AEVM se encuentra en condiciones de ejercer estas competencias y garantizar una supervisión sólida de las agencias de calificación activas en la Unión Europea y de las de países terceros cuyas calificaciones estén autorizadas en la Unión Europea.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Este informe supone una enmienda técnica a la directiva existente y conferirá poderes a la nueva autoridad de supervisión, la AEVM, a partir de enero de 2011. Debemos recordar que se realizará una mejora más completa de las agencias de calificación crediticia en primavera de 2011.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La actividad de las agencias de calificación crediticia, en teoría, ya se supervisa y regula a nivel europeo. ¿Cabe plantearse ahora si pasa a ser cuestionable el dominio de tres agencias estadounidenses que son las que mandan en los mercados europeos y la deuda soberana y por tanto controlan los tipos a los que pueden endeudarse los Estados europeos? Me temo que no. Todo lo ocurrido no ha impedido que recientemente Standard & Poor —e insisto en que no hace mucho— haya amenazado con rebajar la calificación de Bélgica, ni que Moody's haya amenazado a España y Fitch a Irlanda.

Ninguna de estas agencias ha sido penalizada, ni por sus clientes ni por que les quepa temer por su reputación, pese a no haber hecho su trabajo correctamente durante la crisis de Enron o la de las hipotecas basura. Y ahora además dicen tener un papel político: la amenaza a Bélgica es un intento de obligar a que se constituya un gobierno; la ausencia de amenazas contra Francia busca prevenir la fragmentación de la zona del euro de manera artificial. La verdad es que únicamente tienen poder porque los mercados no están regulados y sus textos, Señorías, a favor de los cuales he votado en cualquier caso, no podrán hacer gran cosa para mejorar la situación.

  Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Reglamento cubre tanto la supervisión de las agencias de calificación crediticia realizada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados como la supervisión del uso de calificaciones crediticias por parte de entidades específicas supervisadas a nivel nacional. Las autoridades nacionales de supervisión seguirán siendo responsables de velar por el correcto uso de las calificaciones crediticias por parte de estas entidades concretas. Ahora bien, las autoridades nacionales no poseerán atribuciones para adoptar medidas de supervisión de agencias de calificación crediticias que no cumplan el Reglamento. Este es precisamente el punto de la propuesta que se está examinando en relación al respeto del principio de proporcionalidad. La propuesta crea un sistema de control pero, en el contexto del actual entorno neoliberal, no hay disposiciones tendentes a una aplicación real y esencial del mismo, únicamente se trata de una encomiable acción psicológica dirigida eminentemente al público en general.

La propuesta no está diseñada para reemplazar un sistema anterior sino para introducir un nuevo sistema de control que no existía antes, ni siquiera en esta forma, y que es lo que permitió a las agencias de calificación crediticia seguir avanzando a todo ritmo en primer lugar. En este sentido, tal vez sea mejor este sistema que ninguno.

  Jiří Havel (S&D), por escrito. – (CS) He votado a favor del informe sobre la introducción de la supervisión centralizada de las agencias de calificación crediticia. Estoy totalmente de acuerdo con el contenido del informe del señor Gauzès sobre la propuesta de un Reglamento que establezca un modelo para la centralización de la supervisión de las agencias de calificación crediticia por parte de una Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), sobre todo teniendo en cuenta la particular movilidad de los servicios que ofrecen las agencias de calificación crediticia y el impacto instantáneo de los mismos en los mercados financieros. La supervisión centralizada podría llevar a una mayor transparencia en el sector de las agencias de calificación crediticia y promover mayor competencia entre las diversas agencias. Por este motivo he votado a favor del informe. Ahora bien, me preocupa que el periodo propuesto para que se produzcan todos los cambios relativos a la transferencia de competencias y deberes de los organismos supervisores de los Estados miembros a la AEVM es demasiado corto y creo que debería ampliarse.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe porque la crisis financiera global, a la que las agencias de calificación crediticia contribuyeron en parte, ha mostrado que es necesario establecer un mecanismo para el seguimiento y la supervisión de las agencias de calificación crediticia. Este era el objetivo que se perseguía con la adopción en 2009 del Reglamento sobre agencias de calificación crediticia que hizo posible establecer un sistema europeo de registro y supervisión de las agencias de calificación crediticia que emiten calificaciones en la Unión Europea. El Reglamento también establece las condiciones para el uso en la Unión Europea de calificaciones emitidas por agencias de países terceros. El acuerdo alcanzado sobre la arquitectura europea de supervisión que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 dispone que la AEVM ejerza poderes propios de supervisión, sobre todo en lo que respecta a las agencias de calificación crediticia. Así pues se hace necesario enmendar el Reglamento sobre agencias de calificación crediticia para organizar la autorización y la supervisión de las agencias de calificación crediticia por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, a la que se atribuirán poderes propios de supervisión y también poderes de investigación, y podrá sancionar la no aplicación del presente Reglamento. Las multas las impondrán los Estados miembros.

  Bogusław Liberadzki (S&D), por escrito. – (PL) Hace falta un mecanismo para el seguimiento y supervisión de las agencias de calificación crediticia. Debemos tomar nota del hecho de que las agencias de calificación crediticia contribuyeron en parte a la crisis. En 2011 recibiremos una propuesta de la Comisión sobre las diversas medidas complementarias relativas a las calificaciones y cuya introducción será posible tras la adopción de este informe. Las consideraciones anteriores me han persuadido de respaldar el informe, algo que he hecho para expresar mi convicción de que entrará en vigor rápidamente y producirá resultados positivos.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Las agencias privadas de calificación crediticia han recibido de los poderes públicos nuevos derechos para establecer estándares y promesas de delegación de poderes. Su dependencia de otros socios privados es ilimitada, como lo es también su arbitrariedad. Las autoridades han tirado la toalla. Es una vergüenza.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Hay una necesidad de evolucionar hacia este cambio de modo que el Reglamento (CE) nº 1060/2009 pueda adaptarse a la nueva arquitectura europea de supervisión e introducirse el nuevo mecanismo para la centralización de las operaciones de las agencias de calificación. Así pues, a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados – AEVM) se le atribuirán poderes propios de supervisión, investigación y también aplicación de sanciones. Es fundamental que la AEVM se encuentre en condiciones de desarrollar sus funciones y asegurar una supervisión sólida de las agencias de calificación crediticia dentro de la Unión Europea.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) No he podido apoyar este informe puesto que, aunque estoy a favor de muchos de los puntos que recoge y de la proposición general de fortalecer la transparencia y mejorar la información y supervisión de las agencias crediticias y otras entidades financieras, esta propuesta servirá a los intereses de los inversores, profesionales alejados de lo que se ha denominado la «economía real», ya que les otorga una mayor seguridad jurídica. Por lo tanto, si bien creo necesario que, como apunta esta propuesta, se trabaje firmemente por la transparencia y el derecho a una información clara en el sistema financiero, creo más necesario que se acabe con la especulación financiera y se realice un esfuerzo regulador que ponga a los mercados financieros bajo la tutela de los Estados. Este informe trabaja en la línea de la transparencia, la información y cierto grado de supervisión de los agentes financieros, pero lo hace de manera tímida y desde un enfoque complacista con la industria financiera y procapitalista, que ni comparto ni apoyo.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − Es un instrumento muy importante para informar a los ciudadanos de la UE de la situación en que se encuentran empresas y bancos, y también para comparar la competitividad de las diferentes marcas y artículos. He votado a favor. También confío en que en el futuro este Reglamento se completará añadiéndose elementos de control en lo que respecta a la calificación de partidos políticos y medios de comunicación para evitar así la manipulación de la opinión pública por dinero. Las agencias de calificación crediticia no se esfuerzan por obtener información y analizarla sino que están dispuestas a mostrar el resultado que convenga a quien paga. Todos aquellos que manipulan la opinión pública y por tanto están traicionando a la sociedad merecen un duro castigo.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Más que ninguna otra cosa, la crisis financiera nos ha dejado bien claro que las agencias de calificación crediticia constituyen un peligroso monopolio y que sus valoraciones no siempre son adecuadas y en ocasiones de hecho resultan altamente arriesgadas. En consecuencia, es importante establecer un mecanismo para el seguimiento y la supervisión de las agencias de calificación crediticia. Al formar parte éstas de un sistema muy complejo de mercados financieros, se ha tomado la decisión de introducir un doble sistema con esa finalidad. Además, el informe establece las condiciones bajo las cuales las calificaciones emitidas por agencias de países terceros pueden ser utilizadas en la Unión Europea.

Por supuesto es fundamental que el sistema de supervisión permita la imposición de sanciones. El futuro dirá hasta qué punto será necesario. El hecho de que se hayan creado varios organismos de supervisión de la UE, lo que supone más tareas administrativas y más coste, no es buena noticia para el contribuyente europeo y lo he tenido en cuenta a la hora de votar.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento ya que estoy de acuerdo con que:

- el registro y supervisión permanente de la agencias de calificación crediticia dentro de la Unión debería ser responsabilidad únicamente de la Autoridad Europea de Supervisión (AES), es decir de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), que debiera contar con poderes exclusivos para la firma de acuerdos de cooperación tendentes al intercambio de información con las autoridades relevantes de países terceros;

- la AES (AEVM) debería ser responsable del registro y permanente supervisión de las agencias de calificación crediticia y tener derecho a acceder, por medio de una simple solicitud o decisión, a toda la información que necesite de las agencias de calificación crediticia, individuos involucrados en las actividades de las agencias de calificación crediticia, organizaciones que son objeto de calificación y terceros vinculados a las mismas, terceros a quienes las agencias de calificación crediticia subcontraten para realizar tareas operativas y otros individuos vinculados estrechamente y de forma continuada con agencias o actividades de calificación crediticia;

- el registro de una agencia de calificación crediticia acordado por una autoridad competente debería ser válido en toda la Unión en virtud de la transferencia de competencias de supervisión de las autoridades relevantes a la AES (AEVM).

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. − (IT) La crisis financiera global, a la que las agencias de calificación crediticia han contribuido en parte, ha mostrado la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y supervisión de las mismas, y tal fue el propósito de la adopción en 2009 del Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre agencias de calificación crediticia.

Ese Reglamento hace posible establecer un sistema europeo de registro y supervisión de las agencias de calificación crediticia que emiten las calificaciones utilizadas en la Unión Europea. También sienta las bases sobre las condiciones de uso en la Unión Europea de calificaciones emitidas por agencias de países terceros mediante un doble régimen de equivalencia y de refrendo de las calificaciones. Así pues, he respaldado al ponente, el señor Gauzes, quien sugiere la necesidad de centrarnos en la introducción de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en la supervisión de las agencias y en la definición de sus nuevas tareas y nuevos poderes. Es ciertamente de vital importancia que la AEVM, tan pronto como se establezca, se encuentre en condiciones de ejercer sus atribuciones para garantizar una supervisión sólida de las agencias de calificación crediticia que operan en la UE y también de las agencias de países terceros cuyas calificaciones están autorizadas en la UE.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento porque estoy de acuerdo con que la transparencia informativa por parte del emisor de un instrumento financiero valorado por una agencia de calificación crediticia designada a tal efecto puede potencialmente contribuir un notable valor añadido en lo relativo al funcionamiento del mercado y la protección de los inversores.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − La crisis financiera global, a la que las agencias de calificación crediticia han contribuido en parte, ha mostrado la necesidad de establecer un mecanismo para el seguimiento y supervisión de las mismas. Este era el objetivo que se perseguía con la adopción en 2009 del Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre agencias de calificación crediticia que hizo posible establecer un sistema europeo de registro y supervisión de las agencias de calificación crediticia que emiten calificaciones en la Unión Europea. El Reglamento también establece las condiciones para el uso en la Unión Europea de calificaciones emitidas por agencias de países terceros mediante un doble régimen de equivalencia y de refrendo de las calificaciones. Durante los debates que precedieron a la adopción del Reglamento (CE) nº 1060/2009, su ponente hizo hincapié en la necesidad de un vigilancia conjunta de los productos de las agencias de calificación crediticia y una supervisión integrada de los mismos que abarque toda la UE.

Este principio se respetó y la Comisión emprendió la tarea de confeccionar una propuesta legislativa conforme a estas pautas. El acuerdo alcanzado sobre la arquitectura europea de supervisión que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 hace ahora posible la aplicación efectiva de la supervisión de las agencias de calificación. El Reglamento en virtud del cual que se establece la AEVM hace hincapié en que esta autoridad ejercerá poderes propios de supervisión, sobre todo en torno a las agencias de calificación crediticia.

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Reglamento cubre tanto la supervisión de las agencias de calificación crediticia por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados como la supervisión del uso de calificaciones crediticias por parte de entidades concretas supervisadas a nivel nacional. Las autoridades nacionales de supervisión continuarán siendo responsables de velar por el correcto uso de las calificaciones crediticias por parte de estas entidades concretas. Ahora bien, las autoridades nacionales no poseerán atribuciones para adoptar medidas de supervisión de agencias de calificación crediticias que no cumplan el Reglamento. Este es precisamente el punto de la propuesta que se está examinando en relación al respeto del principio de proporcionalidad.

La propuesta crea un sistema de control pero, en el contexto del actual entorno neoliberal, no contiene disposiciones tendentes a una aplicación real y esencial del mismo más allá de la encomiable acción psicológica dirigida eminentemente al público en general. Ahora bien, la propuesta no está diseñada para reemplazar un sistema anterior sino para introducir un nuevo sistema de control que no existía antes, ni siquiera en esta forma, y que es lo que permitió a las agencias de calificación crediticia seguir avanzando a todo ritmo en primer lugar. En este sentido, tal vez sea mejor este sistema que ninguno.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. − (DE) Me complace haber votado a favor de este informe. El proceso gradual de regulación de los mercados financieros está empezando a cobrar forma. La protección de los inversores ha mejorado y ha aumentado la transparencia. Las reglamentaciones tienen ahora un alcance más amplio y exhaustivo y por tanto proporcionan una mayor protección a todos los participantes.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) La crisis financiera mundial, que se debió en parte a las agencias de calificación crediticia, ha hecho necesario el establecimiento de un mecanismo para el seguimiento y supervisión de las mismas. Por este motivo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) iniciará su singladura el 1 de enero de 2011

Al mismo tiempo, la dilatada crisis que no ceja y los incesantes nuevos descubrimientos sobre los mecanismos del mercado exigen que las tareas y autoridad de este organismo se ajusten constantemente y, de ser necesario, se amplíen. Así pues, me complacen grandemente las especificaciones y clarificaciones relativas a la autoridad detentada por la AEVM en sus tratos con los organismos nacionales relevantes y, por este motivo, he votado a favor del informe.

Informe: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque contribuye a la necesaria simplificación del marco legal de la UE. Creo que las ocho directivas en vigor en el ámbito de la metrología socavan más que contribuyen. Al mismo tiempo, comparto la opinión de la ponente sobre como los Estados miembros deberían dedicar más tiempo a investigar si la derogación de las directivas pudiera entrañar cierta inseguridad jurídica, lo que haría necesario armonizar las normas a escala europea. Así pues, creo que debe adoptarse una solución que derogue las directivas pero al mismo tiempo proporcione suficiente tiempo para analizar las posibles consecuencias en el contexto de una revisión más amplia del instrumento jurídico de base en este ámbito.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La metrología es la ciencia de las medidas. Desde tiempo inmemorial, los europeos han ido adoptado sucesivamente toda una serie de sistemas de medida en todos los campos (longitud, volumen, alcoholometría, etc.). La adopción de un sistema métrico, por ejemplo, llevó a una mejor colaboración entre diversos agentes económicos en el continente y luego a nivel global. Ahora bien, en muchos campos prevalece una amplia variedad de mediciones y sistemas de medida. En un intento de eliminar estas barreras a la cooperación entre europeos, la Unión viene desarrollando una política de armonización de los sistemas de medida. La Directiva 2004/22 supuso un paso importante en esta dirección. En el momento en que nos disponemos a revisar esta legislación, toda una serie de instrumentos parecen ahora obsoletos y debieran eliminarse para facilitar la lectura de la misma. He apoyado este texto porque proporciona un necesario ajuste de la legislación sobre metrología.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con que es necesario simplificar el acervo legislativo comunitario y actualizar las directivas que ya no se aplican para adaptarlas a los nuevos tiempos. Las directivas en cuestión están obsoletas y no contribuyen a una mejor reglamentación. La Comisión cree que no hay necesidad de armonizar la legislación sobre metrología, pues entiende que se da la suficiente cooperación entre Estados miembros y que la actual situación de reconocimiento común de las normas basadas en parámetros internacionales por parte de los Estados miembros es satisfactoria. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que sería perjudicial que se produjera un vacío legal en la reglamentación de este asunto y que no deberíamos contribuir a la inseguridad jurídica.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El informe sometido a debate trata sobre la posibilidad de derogar ocho directivas sobre metrología en seis sectores con vistas a simplificar el acervo legislativo europeo en este ámbito: contadores de agua fría para agua no limpia (Directiva 75/33/CEE); alcoholímetros y tablas alcoholimétricas (Directivas 76/765/CEE y 76/766/CEE); pesas de precisión media y superior a la media, respectivamente (Directivas 71/317/CEE y 74/148/CEE); manómetros para neumáticos de los vehículos automóviles (Directiva 86/217/CEE); medición de la masa de los cereales (Directiva 71/347/CEE); arqueo de las cisternas de los barcos (Directiva 71/349/CEE).

Las distintas opciones que se barajan en relación a estas ocho directivas son su derogación total, derogación condicional, dejar las cosas como están y, habida cuenta de ello, la Comisión advierte que «ninguna alternativa es mejor que otra. Ahora bien, atendiendo a argumentos a favor de legislar bien, la Comisión favorece la opción de derogación en su totalidad, es decir, que favorece la creación de nueva reglamentación en el ámbito de los instrumentos de medida.

Apoyo esta elección por parte de la Comisión desde un punto de vista de excelencia jurídica pero creo que los Estados miembros deberían contar con el tiempo suficiente para analizar las posibles consecuencias en el contexto más amplio de revisión del instrumento jurídico de base en este ámbito, la Directiva relativa a los instrumentos de medida (Directiva 2004/22/EC).

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Uno de los objetivos de la UE es contar con un acervo legislativo comunitario sencillo y actualizado. No tiene sentido mantener normas que han quedado completamente obsoletas. En lo que respecta a la metrología, se acepta de manera generalizada que no hay necesidad de proceder a ninguna armonización, puesto que la legislación existente supone un reconocimiento común de las normas basadas en los parámetros internacionales por parte de los diversos Estados miembros. Ahora bien, es importante que no se cree un vacío legal en la reglamentación de este asunto para que no se produzcan inseguridades jurídicas.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. −(ES) He votado a favor de este informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se derogan ocho directivas del Consejo relativas a la metrología ya que, al igual que la ponente del informe, respaldo el objetivo general de legislar mejor. Igualmente apoyo la consideración de que «debería darse más tiempo a los Estados miembros para examinar si la derogación de las directivas no desembocará en inseguridad jurídica». Creo necesario la derogación y simplificación de estas directivas que hacen referencia a los instrumentos de medida revisando el instrumento jurídico base de la metrología: la Directiva relativa a los instrumentos de medida. En general, considero positiva la simplificación del acervo legislativo de la UE puesto que así puede mejorarse el acceso de los ciudadanos al trabajo legislativo de la UE y se posibilita una labor más eficiente en este ámbito.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Un total de ocho directivas de la UE cubren en la actualidad el ámbito de la metrología en seis sectores diferentes. Con objeto de legislar mejor, la Comisión ha propuesto que se deroguen las directivas. Según la Comisión, la armonización no es necesaria porque la actual situación de mutuo reconocimiento de las normas nacionales funciona de manera satisfactoria. No obstante, la ponente es de la opinión de que los Estados miembros deberían disponer de más tiempo para examinar si la derogación de las directivas no desembocará en inseguridad jurídica. He votado a favor del informe ya que la ponente tendrá en cuenta los problemas de inseguridad jurídica.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) La derogación de directivas europeas eminentemente conlleva dejar un vacío regulatorio en el sistema de la Unión Europea, pero modernizar un sistema como el de las directivas sobre metrología es sin duda un paso hacia un sistema común más amplio y actualizado. Por este motivo, he votado a favor del informe para la derogación de ocho directivas sobre metrología. No obstante, el principio compartido por el Consejo y la Comisión supone un delicado equilibrio porque los Estados miembros tendrán que confiar en el mutuo reconocimiento de las regulaciones nacionales, evitando causar problemas a las empresas del sector que confían en las normas de metrología hasta que no se adopte la revisión de la directiva sobre instrumentos de medida que armonizará la legislación relevante a nivel europeo.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con la posición de la ponente que aboga por una mejor reglamentación de la metrología.

La Comisión favorecía la derogación completa de las ocho directivas sobre metrología; ahora bien, al ponente ha adoptado una posición más equilibrada concediendo a los Estos miembros más tiempo para examinar si la derogación de las directivas no desembocará en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de armonizar las normas de metrología a escala europea. Así pues, se establece un periodo de transición con objeto de analizar las posibles consecuencias de la derogación de las directivas y la necesidad de revisar la directiva de base en este ámbito (Directiva 2004/22/CE).

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. − (IT) Estoy de acuerdo con la ponente, la señora Weisgerber, quien favorece el objetivo general de legislar mejor pero, en lo que respecta a la propuesta, no queda tan claro cuál será la mejor opción. La Comisión llega en su evaluación de impacto a la conclusión de que, al examinar las diferentes opciones para estas 8 directivas sobre metrología (derogación total, derogación condicional, dejar las cosas como están), se advierte que «ninguna alternativa es mejor que otra».

Sin embargo, con vistas a legislar mejor, la Comisión opta por derogar totalmente todas las directivas (para basarse en el reconocimiento mutuo de la regulación nacional) en vez de proceder a su armonización, es decir, volver a legislar en la Directiva sobre instrumentos de medida. Reiterar también que estoy de acuerdo con la ponente, que opina que los Estados miembros deberían contar con mas tiempo para analizar si la derogación de las directivas no desembocará en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de armonizar las normas de metrología a escala europea.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Derogar las ocho directivas probablemente resultará en más cargas administrativas, pues los Estados miembros podrán introducir disposiciones nacionales para la aplicación de los instrumentos de medida incluidos en las directivas que se derogan. Ni las directivas derogadas ni las que permanezcan en vigor reforzarán el nivel común de protección del consumidor, algo que solo podría lograrse enmendándolas. Creo que los Estados miembros deberían disponer de más tiempo para analizar si la derogación de las directivas no desembocará en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de armonizar las normas de metrología a escala europea. También apoyo la propuesta de la ponente para que el proceso se complete antes del 1 de mayo de 2014. Así pues, he votado a favor de este informe, pues opta por una solución en la que se derogarán las directivas pero que también proporciona tiempo suficiente para analizar las posibles consecuencias en el contexto de una revisión general del instrumento jurídico de base en este ámbito, la Directiva relativa a los instrumentos de medida, Directiva (2004/22/CE).

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con el objetivo general de legislar mejor en el ámbito de la metrología pero creo que sería aconsejable reflexionar más profundamente sobre esta cuestión, ya que una estandarización precipitada podría reportar más perturbaciones e inseguridad jurídica que beneficios.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Por medio de la presente votación, el Parlamento Europeo demuestra estar a favor del objetivo general de legislar mejor. No obstante, en lo relativo a la presente propuesta no queda claro cuál es la mejor opción. La Comisión llega en su evaluación de impacto a la conclusión de que, al examinar las diferentes opciones para estas 8 directivas sobre metrología (derogación total, derogación condicional, dejar las cosas como están), se advierte que «ninguna alternativa es mejor que otra». Sin embargo, con vistas a legislar mejor, la Comisión opta por derogar totalmente todas las directivas (para basarse en el reconocimiento mutuo de la regulación nacional) en vez de proceder a su armonización, es decir, su consolidación en una directiva sobre instrumentos de medida. El Parlamento Europeo considera que debería darse más tiempo a los Estados miembros para examinar si la derogación de las directivas no desembocará en inseguridad jurídica, lo que supondría la necesidad de armonizar las normas a escala europea.

Por lo tanto, hemos preconizado la derogación de las directivas, pero previendo tiempo suficiente para analizar sus eventuales consecuencias en el contexto de la revisión general del instrumento jurídico de base en este ámbito, la «Directiva sobre instrumentos de medida» (2004/22/CE).

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. − (DE) He votado a favor del informe, porque contribuye de forma significativa a la reducción de la burocracia, algo que venimos pidiendo constantemente, y porque permite que se deroguen más de 20 directivas obsoletas o que ya no resultan necesarias. Este es el enfoque adecuado a seguir para lograr una Europa más sencilla y ágil.

Informe: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. − (LT) Apoyo esta importante resolución porque estoy convencida de que la Iniciativa Ciudadana Europea se convertirá en un instrumento poderoso para introducir determinadas cuestiones en el orden del día de los debates públicos y porque fomentará debates transfronterizos de mayor envergadura en el seno de la UE. La iniciativa ciudadana confiere a los ciudadanos europeos el derecho de presentar propuestas legislativas. Para que esta iniciativa sea efectiva, los organizadores de una iniciativa ciudadana europea deberían constituir un comité ciudadano integrado por personas procedentes de distintos Estados miembros. De este modo se garantizará que los asuntos que se planteen tengan un carácter verdaderamente europeo y que, a su vez tenga el valor añadido de contribuir a la recogida de firmas desde el principio. Considero que la iniciativa ciudadana solamente tendrá éxito si el Reglamento en la materia está adaptado a los ciudadanos y si no establece obligaciones incómodas y no genera frustración entre los organizadores. También es muy importante asegurarse de que el proceso se desarrolle de conformidad con los requisitos de la UE en materia de protección de datos y de que sea completamente transparente, desde el comienzo hasta el fin. La iniciativa ciudadana europea es un instrumento nuevo de democracia participativa a escala europea y por tanto es preciso prestar una especial atención a las actividades de comunicación y las campañas de información orientadas a sensibilizar a la población respecto de la iniciativa ciudadana europea.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El compromiso entre el Parlamento Europeo y el Consejo con respecto al reglamento relativo a la iniciativa ciudadana, que ha venido acompañado de un ridículo discurso triunfante sobre el refuerzo de las Instituciones democráticas de la UE, no es más que un ofensivo intento de manipular y engañar a los ciudadanos. Esta engañosamente denominada iniciativa ciudadana no solamente es inútil, sino que además puede resultar peligrosa para los ciudadanos. Aparte de los requisitos de procedimiento acordados para recoger 1 000 000 de firmas con el propósito de exigir una iniciativa legislativa de la Comisión, la esencia es la misma: la Comisión no tiene obligación de proponer la iniciativa legislativa y no se encuentra vinculada por sus contenidos.

Al contrario, este tipo de «iniciativa ciudadana», dirigida y manipulada por los mecanismos del capital y del sistema político burgués, podría ser empleada por los organismos de la UE para presentar las opciones más reaccionarias e impopulares de la UE y de los monopolios como una pretendida «demanda popular». Por añadidura, este tipo de «iniciativa» utilizará las firmas, los memorandos y las peticiones contra la base organizada y el movimiento obrero, las manifestaciones y protestas de masas y las distintas formas de lucha. Las diversas iniciativas ciudadanas no pueden ocultar la cara reaccionaria de la UE ni podrán revertir la escalada de la lucha de clases y la lucha popular.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La iniciativa ciudadana se prometió en el Tratado de Lisboa y ahora se aplica finalmente. Esta nueva forma de participación en la formulación de las políticas europeas permite a los ciudadanos europeos dirigirse directamente a la Comisión y pedirle que presente una propuesta sobre cuestiones de su interés, siempre que entren dentro del ámbito del marco de competencias de la UE. Solamente nos hace falta que se introduzca un reglamento para que se haga realidad este nuevo derecho de los ciudadanos europeos. Esto ya se ha llevado a cabo y he apoyado la propuesta en la votación. Un «comité ciudadano» compuesto por personas de, al menos, siete Estados miembros, puede registrar una iniciativa ante la Comisión. Después de esto, puede iniciarse el proceso de obtención de firmas en papel o en formato electrónico. El millón de firmas requerido debe proceder de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE y debe reunirse en un plazo de 12 meses. Los Estados miembros deberán verificar las declaraciones de apoyo. Todas las firmas deberán provenir de ciudadanos con edad suficiente para tener derecho a voto en las elecciones al Parlamento Europeo. Por último, la Comisión, en su calidad de guardián de los tratados, juzgará, en última instancia, si se debe adoptar el procedimiento legislativo propuesto.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) Apoyo la decisión adoptada por el Parlamento Europeo sobre el derecho de los ciudadanos europeos a presentar propuestas legislativas. Se espera que la introducción de la iniciativa establezca un vínculo directo entre los ciudadanos y las Instituciones, llenando así el vacío existente entre ellos y garantizando que las Instituciones de la UE aborden los problemas concretos que resultan importantes para los ciudadanos. A través de una ICE, los ciudadanos de la UE pueden dirigirse directamente a la Comisión Europea para que presente un acto jurídico. La Comisión será la instancia que decidirá sobre el seguimiento que cabe dar a una iniciativa ciudadana que haya tenido éxito. El Parlamento Europeo podrá contribuir al logro de estos objetivos mediante la organización de audiencias públicas o la adopción de resoluciones. Habida cuenta de que se trata de una nueva iniciativa, resultaría útil que la Comisión presente, cada tres años, un informe sobre su aplicación y, si procede, que proponga una revisión de dicho Reglamento. A fin de garantizar la aplicación efectiva de la iniciativa, deben evitarse los procedimientos administrativos complicados. Asimismo, es necesario asegurarse de que el proceso se desarrolle de conformidad con los requisitos de la UE en materia de protección de datos.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Tras alcanzar un compromiso sobre las normas relativas a la iniciativa ciudadana europea, se ha adoptado el informe por una mayoría muy amplia: 628 a favor y solo 15 en contra y 24 abstenciones. Estoy encantado con esta votación, que introduce para los ciudadanos europeos la oportunidad, a partir de 2012, de lograr que sus voces sean escuchadas con más claridad. El concepto es sencillo, se trata de una especie de petición a nivel europeo: un comité ciudadano compuesto por miembros de al menos siete Estados miembros dispondrá de un año para recoger un millón de firmas en relación con un tema de interés público que requiera la atención de la Comisión. La Comisión debe entonces decidir en un plazo de tres meses si considera apropiada o no la propuesta legislativa presentada sobre ese tema y debe indicar los motivos de su decisión. Puede que nos opongamos a algunas de las condiciones obtenidas por los Estados miembros, tales como el requisito de que sea necesario ser ciudadano y no baste sencillamente con ser residente de la Unión Europea para poder firmar la petición; o la opción de que los Estados puedan solicitar los documentos nacionales de identidad individuales con el fin de comprobar las firmas. A pesar de ello, la iniciativa ciudadana es una idea positiva y constituye un paso hacia la democracia participativa que debemos poner ahora en práctica.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor del presente informe porque la iniciativa ciudadana europea, introducida en el Tratado de Lisboa, constituye un paso enorme hacia unas relaciones más estrechas entre la Unión Europea y los ciudadanos europeos. La nueva iniciativa otorgará a los ciudadanos los mismos poderes en materia de iniciativa política que los que ya disfrutan el Consejo y el Parlamento Europeo. Además, ofrecerá a los ciudadanos un medio para hacerse oír que les permita presentar a las Instituciones europeas una serie de cuestiones de interés. Este flujo de comunicación en ambos sentidos resulta mutuamente beneficioso. Con la introducción de la iniciativa se garantizará que las Instituciones de la Unión Europea aborden problemas concretos de importancia para los ciudadanos. Asimismo, el Parlamento Europeo podrá contribuir al logro de estos objetivos haciendo uso de todos los medios a su alcance en apoyo de las iniciativas ciudadanas de su elección, en particular mediante la organización de audiencias públicas o la adopción de resoluciones.

No obstante, la Unión Europea debe asegurarse de que el proceso se desarrolle conforme a los requisitos de la UE en materia de protección de datos y de que sea completamente transparente, desde el comienzo hasta el fin. Únicamente podremos ganarnos su confianza y acrecentar su interés por la labor de la Unión Europea si garantizamos un marco seguro para la presentación de propuestas por parte de los ciudadanos.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La iniciativa ciudadana, que confiere a los ciudadanos europeos el derecho de presentar propuestas legislativas, incorpora el concepto de democracia participativa en la Unión Europea, que se encuentra actualmente establecido en el Tratado de Lisboa. Se trata de un paso nuevo e importante por parte de la UE y el Parlamento y por tanto recibirá la opinión de los ciudadanos a los que representa en cuanto a si está realizando o no un buen trabajo. Acojo favorablemente el hecho de que el Parlamento se haya esforzado todo lo posible por conseguir que el procedimiento de iniciativa legislativa sea un procedimiento lo más sencillo y fácil posible para los ciudadanos porque son los únicos que lo van a utilizar realmente. No nos hubiera hecho falta un procedimiento complicado que deje frustrados a los ciudadanos.

Las principales exigencias del Parlamento se han aceptado, tales como el «control de admisibilidad», desde el principio en lugar de llevar a cabo una comprobación después de que se hayan reunido las primeras 300 000 firmas. Considero una victoria para el Parlamento y para los ciudadanos de la UE que la cantidad mínima de los Estados miembros necesarios para la obtención de firmas sea de un cuarto y no un tercio, como se proponía originalmente. Confío en que para cuando la Decisión del Parlamento entre en vigor en 2012, los ciudadanos europeos hayan presentado tantas iniciativas como sea posible.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe relativo a la iniciativa ciudadana, plenamente consciente de que se trata simplemente de un medio de expresión de la voluntad de los ciudadanos de Europa y no de un poderoso instrumento que pueda encerrar la participación o dar la marcha atrás a políticas. La Comisión ha tratado hasta el final de limitar este derecho civil específico y, como consecuencia, el texto final no refleja las verdaderas ambiciones; por ejemplo, introduce procedimientos particularmente complejos para ejercer este derecho. Desgraciadamente, se han rechazado importantes enmiendas propuestas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica y, como resultado, los residentes que no sean ciudadanos de un Estado miembro no podrán firmar las iniciativas, impidiendo de tal modo la participación equitativa de residentes, independientemente de su nacionalidad; tampoco hay garantías de que las firmas coincidan con los números de identificación de los firmantes.

A pesar de esto, el texto final constituye una versión mucho mejor que el texto propuesto originalmente, en tanto en cuanto establece en mínimo de un cuarto de los Estados miembros, propone que las iniciativas se registren de manera inmediata y exige que la Comisión organice una audiencia pública para cada iniciativa que haya tenido éxito y que garantice una transparencia absoluta en relación con la financiación de cada iniciativa.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Siempre he considerado esta iniciativa como una de las innovaciones más importantes del Tratado de Lisboa. La posibilidad de que un millón de ciudadanos de un importante número de Estados miembros pueda proponer una iniciativa legislativa debería contribuir a que la ciudadanía europea sirva de refuerzo de una sociedad civil organizada a escala de la UE. He hecho hincapié en el alcance de esta medida, habida cuenta de que los diputados al Parlamento Europeo no gozan del derecho de iniciativa legislativa. Confío en que la aplicación práctica de esta iniciativa legislativa no se revele excesivamente burocrática y no disuada de la utilización de este nuevo instrumento.

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), por escrito. − A pesar de que respaldo plenamente la Iniciativa Ciudadana Europea, he votado en contra de la resolución legislativa final porque me ha decepcionado lo poco que se ha conseguido finalmente con esta herramienta tan prometedora. No estoy de acuerdo con la disposición que pide que los firmantes de la mayoría de Estados miembros faciliten sus números de identificación. También estoy en contra de restringir la participación en la ICE solamente a ciudadanos de la UE.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) La adopción de las normas básicas de la «iniciativa ciudadana» tal y como establece el Tratado de Lisboa, marca otro paso más hacia la democracia en Europa. En el futuro, la Comisión deberá considerar la elaboración de una nueva legislación europea si así lo piden un millón de ciudadanos de al menos un cuarto de todos los Estados miembros. Este nuevo instrumento, por tanto, confiere a los ciudadanos europeos la capacidad de influir realmente en el proceso legislativo, al presentar a nivel europeo una petición o una preocupación planteada por voluntad popular. Constituye una victoria para nuestro movimiento, que ha venido pidiendo sistemáticamente un acercamiento de la Unión Europea a sus ciudadanos por medio de la construcción de una Europa más sólida, más transparente y más accesible.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) Me complace haber votado, junto a la enorme mayoría de Estados miembros, a favor del informe sobre la «iniciativa ciudadana», pues introduce una dosis de participación popular sin precedentes en el proceso legislativo de le UE. De hecho, al conferir a un millón de ciudadanos el derecho de iniciativa política, el Parlamento, se está erigiendo como un buen ejemplo de democracia participativa. Esa es la dirección en la que debe avanzar la Unión Europea: debe acercarse más que nunca a sus ciudadanos.

  Martin Ehrenhauser (NI), por escrito. − (DE) Se han realizado algunas pequeñas mejoras en comparación con el proyecto original. Por lo tanto, he votado a favor del informe. No obstante, quisiera manifestar que, incluso con esta iniciativa ciudadana sin aplicar, todavía existe un déficit democrático espectacular en la UE, que no posee ninguna forma de democracia directa. Como resultado, el próximo paso debe ser la introducción de referendos obligatorios sobre las iniciativas que tengan éxito. La inclusión de audiencias públicas obligatorias para organizadores de peticiones que impliquen a la Comisión y al Parlamento es muy bienvenida. Ahora, los Estados miembros deben aplicar la iniciativa ciudadana con rapidez, sin perder tiempo y sin introducir una burocracia excesiva.

Para evaluar las declaraciones de apoyo, no será necesaria la comprobación de documentos de identidad por parte de las autoridades locales, como en el caso de las peticiones nacionales de referendos. Las autoridades electorales nacionales deberían basarse en un muestreo aleatorio, como el propuesto por el Parlamento Europeo.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre el proyecto de reglamento del Consejo y el Parlamento Europeo relativo a la iniciativa ciudadana, una de las más disposiciones más relevantes introducidas por el Tratado de Lisboa, y con arreglo a cuyos términos un millón de ciudadanos pueden solicitar a la Comisión que presente ciertas propuestas legislativas. Las propuestas adoptadas por el Parlamento Europeo deberían permitir que la aplicación de las normas relativas a la iniciativa ciudadana sea más clara, más sencilla y más fácil.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La iniciativa ciudadana, aprobada hoy, constituye un paso más hacia la creación de una Europa hecha por y para los ciudadanos, aumentando su naturaleza democrática y su transparencia y promoviendo una aproximación de Europa a sus ciudadanos, así como una sociedad activa, interesada y participativa. A partir de este momento, todos los ciudadanos europeos podrán presentar una petición para que la Comisión Europea proponga legislación sobre una cierta materia, siempre que se garantice un número mínimo de firmantes procedentes de al menos una quinta parte de los Estados miembros.

Con todo, he de manifestar cierta perplejidad ante la exclusión entidades colectivas y organizaciones como «organizadores» (artículo 2, nº 3), pensando en particular en ONG y en partidos políticos, las organizaciones fundadoras de la democracia representativa, así como ante la terminología escogida —«comité ciudadano»— para identificar al grupo de organizadores.

Asimismo, me quedo extrañado ante el intento de fijar la edad mínima de los firmantes en 16, cuando, en la mayoría de los Estados miembros el derecho a votar, activa o pasivamente, se adquiere a la mayoría de edad, a los 18 años. Este debería ser el patrón, tal y como propone la Comisión en los considerandos 7 y 2 del artículo 3 de la propuesta.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Estoy complacido con la adopción del presente informe relativo a la iniciativa ciudadana europea introducida por el Tratado de Lisboa, que tiene como objetivo dotar a los ciudadanos de los mismos poderes en materia de iniciativa política que los que actualmente disfrutan el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo.

Cada iniciativa dispondrá de 12 meses para obtener un millón de firmas, que deben provenir de al menos una cuarta parte de los Estados miembros, actualmente siete.

El número mínimo de firmantes por país varía de 74 250 en Alemania a 3 750 en Malta. En el caso de Portugal, el número mínimo de firmantes requerido para apoyar una iniciativa será de 16 500.

La validez de las declaraciones de apoyo será calibrada por los Estados miembros. En Portugal, será necesario incluir un documento de identidad, pasaporte o tarjeta de ciudadano. Los firmantes deberían ser ciudadanos de la UE y tener la edad necesaria para votar en las elecciones europeas (18 en Portugal).

Después corresponderá a la Comisión analizar la iniciativa y decidir, en un plazo de tres meses, si presentará una legislación europea en esa materia. El ejecutivo comunitario tendrá entonces que «indicar las medidas que pretende adoptar, y los motivos que justifiquen, o no, tales medidas». Esta justificación se hará pública.

  Carlo Fidanza (PPE), por escrito. − (IT) Acojo favorablemente el informe de la señora Gurmai sobre la iniciativa ciudadana. La presente votación ha aprobado e incluso contribuye a establecer las normas de base para el funcionamiento de la iniciativa ciudadana europea, de conformidad con el Tratado de Lisboa.

Un comité ciudadano integrado por ciudadanos procedentes de al menos siete Estados miembros puede registrar una iniciativa y comenzar a recoger el millón de firmas necesarias, en papel o formato electrónico, una vez que la Comisión haya llevado a cabo un control de admisibilidad. Este ejemplo de democracia participativa posee un gran potencial porque involucra directamente a los ciudadanos y les permite, en cierto modo, ser una parte de nuestro trabajo.

El trabajo conjunto de los dos coponentes ha demostrado que es posible superar incluso las divisiones ideológicas cuando el trabajo se lleva a cabo de forma eficaz y en interés de los ciudadanos. La posición subyacente es típica del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), siempre proactiva, abierta al diálogo y la cooperación, pero al mismo tiempo anclada en unos valores sólidos e inquebrantables.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta es una iniciativa a todas luces demagógica, que solamente sirve para tratar de ocultar el empobrecimiento de la democracia que vivimos y para hacernos olvidar que los responsables europeos fueron quienes impidieron la celebración de un referendo sobre el propio Tratado de Lisboa, que anticipaba la denominada iniciativa ciudadana.

Entretanto, el propio Tratado de la Unión Europea establece límites a dicha iniciativa ciudadana al disponer, en el artículo 11, que son necesarias un millón de firmas procedentes de un número importante de Estados miembros, y continúa afirmando que solamente se puede invitar a la Comisión Europea a presentar una propuesta adecuada en materias sobre las que los ciudadanos estimen necesario un acto jurídico de la Unión a fin de aplicar los Tratados.

En otras palabras, después de todo el trabajo de recogida de firmas y de cumplimiento de los requisitos que establece el proyecto de reglamento, no existen garantías de que se vayan a tener en cuenta los deseos de los ciudadanos. En cualquier caso, el informe aprobado por el Parlamento Europeo mejora ligeramente la propuesta de la Comisión Europea, pero debe respetar los términos del Tratado, que, de hecho, limita desde el principio la profundización de la iniciativa ciudadana. Por eso me ha abstenido.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Cualquier iniciativa ciudadana debe ir firmada por más de un millón de ciudadanos de la Unión Europea y una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión Europea debe estar representada por esos firmantes: ese ha sido el punto más importante de este Reglamento. El Gobierno irlandés pretende verificar a los firmantes de Irlanda comprobando el censo electoral para las elecciones europeas de ese país.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) Me abstengo en el Reglamento para la aplicación de la iniciativa ciudadana europea. En mi opinión, el Parlamento se equivoca a la hora de querer facilitar en lo posible estas iniciativas, especialmente a la hora de reducir el número de Estados miembros de los que deben proceder las firmas. Sigo siendo partidario de la democracia representativa. Las iniciativas ciudadanas no contribuirán a resolver los problemas económicos, sociales, medioambientales y societales. Las denominadas iniciativas ciudadanas servirán fundamentalmente a las fuerzas políticas extremistas, que se aprovecharán de estos instrumentos para hacer campaña a favor de restablecer la pena de muerte, en contra la construcción de minaretes, en contra la «progresiva islamización» de Europa y otras cuestiones populistas.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Todos llevamos esperando esto desde que el Tratado de Lisboa entró en vigor el año pasado: el Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana que establece los procedimientos para su implementación, sus normas y procedimientos de base y que sobre todo permitirá finalmente utilizar este nuevo instrumento. Desde este momento, un millón de ciudadanos europeos, es decir, tan solo un 0,2 % de la población de la UE, pueden pedir a la Comisión que presente propuestas en ciertas materias: un paso importante hacia la democracia participativa que debería permitir y promover los debates transnacionales en Europa, habida cuenta de que la iniciativa debe ser presentada por ciudadanos residentes en diversos Estados miembros; un paso importante para acercar a los ciudadanos de Europa, con la esperanza de que este nuevo instrumento sea realmente empleado por los ciudadanos europeos, que sea efectivo y que la Comisión Europea sea capaz de seguir las propuestas presentadas por los ciudadanos.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) La iniciativa ciudadana europea constituye una de las innovaciones más interesantes dispuestas en el Tratado de Lisboa. Se trata de una petición europea que permitirá a un millón de ciudadanos europeos, procedentes de un número representativo de Estados miembros de la UE, imponer una materia en el orden del día de la Comisión. En otras palabras, marca la emergencia de un poder verdaderamente legislativo para los ciudadanos europeos, porque la Comisión europea tendrá la obligación de responder a esta iniciativa ciudadana con la puesta en marcha de un estudio o con una propuesta de Directiva. En un contexto en el que el sentimiento de pertenencia a la Unión de los ciudadanos es demasiado endeble y en el que las tasas de abstención en las elecciones europeas, en particular, son especialmente preocupantes, esta nueva herramienta permitirá a los ciudadanos europeos convertirse en actores de pleno derecho en la democracia europea. Por este motivo, encuentro un tanto lamentable escuchar las voces que se han alzado hoy para manifestarse sobre los riesgos que comporta la iniciativa ciudadana. El compromiso alcanzado con el Consejo es totalmente equilibrado, y los criterios que gobiernan la admisibilidad del proyecto velarán por que las iniciativas injustas no lleguen a ver nunca la luz del día. No deberíamos temer los debates suscitados por los ciudadanos que se valgan de esta herramienta. He votado a favor del presente texto.

  Salvatore Iacolino (PPE), por escrito. − (IT) La iniciativa legislativa de los ciudadanos europeos constituye un paso fundamental en el proceso de construcción de una Europa basada en los derechos de los ciudadanos. Unos estrictos criterios de admisibilidad, unos procedimientos accesibles y simplificados y la representatividad de los Estados miembros constituyen los pilares clave de un instrumento que restituye la primacía del valor de la democracia participativa.

De conformidad con los valores de la Unión, el Tratado de Lisboa concede a al menos 1 millón de ciudadanos en representación de al menos una cuarta parte de los Estados miembros, una oportunidad real de una participación eficaz por parte de los ciudadanos en la formación de las normas, en consonancia con las expectativas del pueblo europeo. Esperamos que este instrumento dé un impulso a los derechos de los ciudadanos y que pronto podamos llegar a un momento en el que seamos capaces de evaluar de forma positiva los resultados obtenidos y, en caso de que fuera necesario, realizar las correcciones oportunas en beneficio de los ciudadanos, para garantizar que este proyecto realmente innovador resulte aún más racionalizado y flexible. De esta manera, la Unión basada en el euro se integrará con la Europa que depende del derecho a la ciudadanía del pueblo europeo.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) He aprobado el presente informe porque la iniciativa ciudadana europea constituye un nuevo instrumento de democracia participativa a escala continental. Se trata de una herramienta que deberían utilizar los propios ciudadanos y su objetivo es reforzar la democracia directa, la ciudadanía activa y la influencia de los ciudadanos europeos en las políticas de la Unión Europea. Esta iniciativa fue introducida en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y posteriormente en el Tratado de Lisboa, con el objetivo de otorgar a los ciudadanos los mismos poderes en materia de iniciativa política que los que ya disfrutan el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Me complace que el informe promueva el uso de las tecnologías modernas como instrumento adecuado para la democracia participativa. La introducción de la iniciativa establecerá un vínculo directo entre los ciudadanos y las Instituciones, llenando así el vacío existente entre ellos y garantizando que las Instituciones de la UE aborden los problemas concretos que resultan importantes para los ciudadanos.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. − (DE) La iniciativa ciudadana que se ha adoptado hoy constituye un paso importante para el acercamiento de la Unión Europea a sus ciudadanos. Esto otorga finalmente a los ciudadanos la oportunidad de participar activamente en los acontecimientos políticos. Por añadidura, les permite no solo participar en política, sino también pedirle directamente a la Comisión que actúe.

Es importante garantizar que la iniciativa sea tan accesible y sencilla para los ciudadanos como sea posible, sin alentar el abuso. A pesar de todo lo accesible que pueda ser la iniciativa ciudadana, si se abusa de ella quedará devaluada. La iniciativa ciudadana introducirá más democracia y contribuirá de forma significativa a lograr una Europa más moderna, haciendo que cobre vida para sus ciudadanos. Quisiera pedir una vez más al Parlamento así como a la Comisión que se aseguren de que se conceda a la Comisión de Peticiones un papel adecuado en este proceso.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Uno de los principales objetivos de la iniciativa ciudadana europea es acercar a las Instituciones europeas a los ciudadanos y facilitar a los europeos de a pie el ejercicio de sus derechos y privilegios. No cabe duda de que mejorará las vidas de los residentes de los Estados miembros y contribuirá a la creación de una imagen prosocial para la Unión. Los autores de la propuesta se han esforzado por lograr el modelo más sencillo posible para la organización de reuniones y la recogida de firmas como parte de una iniciativa. Si los europeos van a querer dar voz a sus opiniones, es nuestro deber asegurarnos de que estas sean escuchadas y de que sus peticiones sean tenidas en consideración. Después de todo, eso es lo que significa la democracia.

  Sandra Kalniete (PPE) , por escrito. – (LV) Hoy el Parlamento Europeo ha tomado una decisión histórica, que concede a la sociedad civil la oportunidad de participar mucho más activamente en el proceso de toma de decisiones. Una sociedad civil activa, que participa en la toma de decisiones políticas, constituye una de las piedras angulares de una democracia. Se trata de uno de los requisitos básicos para una política de alta calidad, que durante el transcurso de muchos años ha permitido a los Estados miembros de la Unión alcanzar un elevado nivel de democracia, derechos humanos y bienestar, y ha permitido que toda Europa en su conjunto se convierta en la región más desarrollada del mundo. El cometido de la sociedad civil no reside exclusivamente en participar en las elecciones. Los ciudadanos también deben involucrarse día a día en el proceso de decisiones, expresando su opinión en lo que respecta a decisiones específicas o eventos del orden del día político. Les interesa involucrarse en el control democrático sobre la autoridad y criticar a los políticos por sus actividades. Sin una sociedad civil activa, no habría sido posible restituir la independencia de los Estados bálticos ni asegurar nuestro regreso a Europa. Por ese motivo, voto a favor de la iniciativa ciudadana con una gran convicción.

Hasta ahora, la legislación Europea no ha contenido mecanismos claros lo suficientemente desarrollados como para que los europeos participaran en el proceso de toma de decisiones y para atraer la atención de las Instituciones europeas hacia las actuales preocupaciones de los ciudadanos. Considero que la iniciativa de los ciudadanos aumentará la fe de los ciudadanos en la Unión Europea y mejorará la legitimidad de las decisiones adoptadas.

  Tunne Kelam (PPE), por escrito. − He votado a favor de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo a la iniciativa ciudadana, porque considero que fortalecen la iniciativa y porque permiten que participen más personas. Este es un momento histórico en el que se proporciona a los ciudadanos europeos una medida concreta para presentar cuestiones y temas importantes a escala europea. Insto a la Comisión a que tome nota de la enmienda por la que se solicitan procedimientos más sencillos e información transparente para los ciudadanos. Una cosa es crear tal mecanismo, pero también ha de ser accesible y comprensible para los ciudadanos europeos a fin de permitirles aprovechar este recurso al máximo. El Parlamento pretende simplificar los criterios con respecto a los firmantes, solicitando que procedan de al menos una quinta parte, en lugar de una tercera parte, de los Estados miembros.

También pide la creación de un sistema de recogida de firmas en línea de fácil acceso y gratuito. Quisiera subrayar de forma especial la necesidad de convocar comités ciudadanos para organizar iniciativas. El movimiento de comités ciudadanos fue uno de los factores más importantes que condujo a la independencia renovada de Estonia en 1991. Se trata de una clara señal de que los ciudadanos, unidos, pueden derribar barreras.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. − (DE) He respaldado la decisión del Parlamento de introducir la opción de la iniciativa ciudadana para los ciudadanos de la UE. El nuevo sistema de peticiones a nivel de toda la UE constituye un importante medio para permitir a los ciudadanos una mayor participación y garantizará una democracia más directa. El Tratado de la Unión Europea en su conjunto mejora el funcionamiento democrático de la Unión. Los ciudadanos pueden participar en la vida democrática de la Unión y acercarse directamente a la Comisión. La iniciativa ciudadana confiere a los ciudadanos un derecho de iniciativa similar al del Parlamento Europeo y del Consejo. A fin de velar por que la iniciativa ciudadana se aplique de forma correcta, son necesarias al menos un millón de firmas procedentes de un mínimo de una quinta parte de todos los Estados miembros. Asimismo, el Parlamento recomienda en esta resolución medidas que facilitarán el uso de esta iniciativa ciudadana.

Por ejemplo, la Comisión debería considerar utilizar los programas ya existentes que promuevan la movilidad y la ciudadanía activa, así como nuevas formas de comunicación, tales como las redes sociales, que estimulen el debate público. Acojo positivamente el hecho de que las representaciones y las oficinas de los Estados miembros actúen como puntos de contacto y organismos consultivos.

  Sabine Lösing y Sabine Wils (GUE/NGL), por escrito. − (DE) A pesar de las mejoras resultantes del compromiso entre la Comisión y Parlamento en la iniciativa ciudadana europea, esta todavía entraña obstáculos burocráticos innecesarios. Además, se corre el riesgo de que, por ejemplo, sea empleada por grandes compañías y organizaciones, porque a pesar de que se garantiza la transparencia, no existe un límite en cuanto a las donaciones procedentes de empresas. Por esa razón, entre otras, nos hemos abstenido en la votación final.

Las siguientes constituyen algunas de nuestras críticas:

1. No se excluye a las empresas de la iniciativa.

2. No se ha tomado ninguna decisión acerca de que puedan participar ciudadanos más jóvenes desde los 16 años. En su lugar, esto se supedita a la ley electoral nacional.

3. Los ciudadanos nacionales de terceros países que residan en la UE no podrán participar.

4. No se prevé compensación por encima de las 100 000 firmas (0,005 euros por firma). Por consiguiente, la iniciativa resultará muy costosa para los organizadores y, por lo tanto, no será igual de accesible para todos.

5. No se han prohibido las donaciones de empresas para respaldar una iniciativa ciudadana europea y no se establece para ellas un límite máximo.

6. No se proporciona información específica acerca de la posibilidad de apelación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en caso de que una iniciativa sea rechazada.

7. Si la Comisión Europea rechaza un proyecto de texto legislativo relacionado, no está obligada a justificar su decisión.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) La iniciativa ciudadana establecerá un vínculo directo entre ciudadanos e Instituciones, rellenando así el actual vacío existente entre ellos y garantizando que las Instituciones de la UE aborden los problemas principales a los que se enfrentan los ciudadanos. Deseo hacer hincapié en una serie de puntos que no deben pasarse por alto:

1. La iniciativa ciudadana solamente tendrá éxito si el Reglamento asociado resulta de fácil comprensión y aplicación para los ciudadanos, sin imponer excesivas obligaciones sobre los organizadores.

2. Tras las negociaciones celebradas con la Comisión y el Consejo, hemos alcanzado un entendimiento común que estipula la necesidad de que los partidarios de una iniciativa ciudadana proporcionen ciertos elementos de identificación y la necesidad de facilitar a los Estados miembros su verificación. Sin embargo, es fundamental velar por que el proceso respete la legislación comunitaria en materia de protección de datos. Cualquier organización con la oportunidad de respaldar iniciativas ciudadanas debe ofrecer una total transparencia en lo que respecta al apoyo proporcionado, de modo que los firmantes sean conscientes de quién está detrás de la iniciativa que hayan elegido apoyar.

3. Las oficinas de información del Parlamento Europeo en los Estados miembros y las redes de información de la Comisión, tales como Europe Direct y el Servicio de Orientación de los Ciudadanos, deben participar a la hora de facilitar toda la información necesaria en referencia a la iniciativa ciudadana.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Me ha complacido escuchar el resultado de la votación de hoy sobre la iniciativa ciudadana. Con la presentación de la iniciativa ciudadana, el Tratado de Lisboa se ha convertido en una herramienta legislativa para los ciudadanos europeos, pero debemos recordar que solo el hecho de recoger un millón de firmas no implica la elaboración de una nueva ley. Este proceso ha de recorrer todo el itinerario legislativo comunitario, y nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, debemos asegurarnos de que se simplifiquen los procedimientos, a fin de evitar decepciones en este sentido. Creo que deberíamos llevar a cabo una buena campaña informativa en los Estados miembros acerca de este instrumento, de modo que las cuestiones planteadas con arreglo a la iniciativa ciudadana de la UE se correspondan con lo que establecen los Tratados y sean coherentes con los valores de la UE.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Gracias a esta importante iniciativa del Parlamento Europeo, un millón de ciudadanos europeos podrán pedir a la Comisión que presente legislación sobre una cierta materia. Las reglas para la aplicación de la iniciativa ciudadana, aprobadas hoy por el Parlamento Europeo, establecen que los firmantes deben provenir de al menos siete Estados miembros. En el caso de Portugal, son necesarios por lo menos 16 500 firmantes para apoyar una iniciativa. Con el Tratado de Lisboa, fue creado un «derecho de iniciativa de los ciudadanos» en virtud de cuyos términos un millón de ciudadanos europeos podrían solicitar a la Comisión Europea la presentación de ciertas propuestas legislativas. El Reglamento adoptado hoy en el plenario fija las condiciones necesarias para la presentación de futuras iniciativas ciudadanas.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito – (ES) He votado a favor de este informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana porque, aunque satisface solo vagamente la postura de mi Grupo al haber ignorado elementos importantes como la posibilidad de que las iniciativas puedan proponer cambios en los Tratados, o la de que se alargue el periodo de recogida de firmas de los 12 meses planteados a 18, creo que el informe es una mejora, insuficiente pero considerable, al texto presentado por la Comisión. La iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación pública recogido por el Tratado de Lisboa para posibilitar cierta participación de los ciudadanos y la sociedad civil en el proceso de elaboración de las políticas europeas. He apoyado este texto presentado puesto que facilita la elaboración y el procedimiento conjunto del mecanismo ya que, por ejemplo, simplifica el proceso de registro de las iniciativas o reduce la exigencia respecto al número de Estados miembros que deben estar representados por los ciudadanos (de 1/3 a 1/4). Igualmente, supone un avance a lo propuesto por la Comisión, ya que fortalece la transparencia respecto a la financiación de las campañas para la recogida de firmas.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) La iniciativa ciudadana europea será una herramienta poderosa para la definición de temas a tratar en el orden del día de la Unión Europea. La iniciativa fue introducida por el Tratado de Lisboa y permitirá a un millón de ciudadanos europeos pedir a la Comisión Europea que presente propuestas sobre materias que formen parte del marco de sus competencias. La presente iniciativa confiere a los ciudadanos de la UE el derecho a conseguir que sus opiniones sean escuchadas y, de este modo, les confiere un derecho de iniciativa similar al ya ejercido por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Las iniciativas ciudadanas también deberían promover un debate transnacional más amplio, puesto que deberán ser elaboradas por personas residentes en varios Estados miembros diferentes. Las iniciativas solamente podrán ser aplicadas, no obstante, si cumplen ciertos requisitos procedimentales o requisitos relacionados con el cumplimiento de los valores fundamentales de la Unión Europea, a fin de impedir que el instrumento sea utilizado con fines no democráticos. Estos requisitos garantizan la fiabilidad y, por ende, la eficacia de la iniciativa. Resulta vital, asimismo, velar por que el proceso respete las exigencias de la UE en materia de protección de datos y que sea plenamente transparente, de principio a fin.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − No comparto la opinión de mis colegas del Grupo S&D, y por ese motivo me he abstenido de votar. No importa quién escriba el disparate: multiplicarlo es una estupidez. La iniciativa ciudadana es necesaria, no cabe duda, pero recoger un millón de firmas para ser escuchado es un disparate. Quisiera preguntarle a los ponentes si alguna vez han recogido firmas. Si lo han hecho, deberían saber que el coste mínimo de cada firma certificada por un notario es de 20 euros. Eso significa que hacen falta 20-30 millones de euros para introducir una nueva ley. ¿Quién financiará esta acción? Únicamente las grandes empresas poseen la capacidad para hacerlo, no la gente de la calle. ¿No se trata entonces de una estafa? Un punto a recordar: los diputados al Parlamento Europeo también representan a estas personas.

  Gay Mitchell (PPE), por escrito. − La presente iniciativa se prometió durante el proceso Lisboa, así que me complace que se esté sacando adelante.

Es imperativo que la iniciativa ciudadana no esté abierta a manipulación política, empresarial o de cualquier otro tipo. Debería dejarse en manos de la genuina iniciativa ciudadana y no debería manipularse con arreglo a una agenda oculta. Debería ser abierta y transparente.

A fin de poner las cosas en marcha, la Comisión debería anunciar las condiciones acordadas para una iniciativa cuando se pacten.

¿No sería razonable que la Comisión organizara, para iniciar el proceso, una especie de competición a distancia en toda la UE para tantear y averiguar sobre qué tres materias principales celebrarían los ciudadanos que se llevara a cabo una iniciativa ciudadana?

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) La iniciativa ciudadana europea constituye el primer pequeño paso en la dirección correcta. He votado a favor de él porque es el primer instrumento directamente democrático de la UE. No obstante, la iniciativa ciudadana, en general, no es más que una fachada de la democracia directa que hará que los ciudadanos crean tener derecho de codecisión sobre ciertas cuestiones en la Unión Europea. La iniciativa ciudadana no entraña ninguna consecuencia, no importa cuántos ciudadanos firmen. Los paralelismos con el sistema de peticiones para un referendo en Austria resultan obvios. En Austria, estas peticiones quedan archivadas en un cajón y sucederá tres cuartos de lo mismo con las iniciativas ciudadanas de la UE. Además, evidentemente, se ha tenido sumo cuidado a la hora de garantizar que puedan suprimirse las opiniones no conformistas. La Comisión realiza el control final sobre la admisibilidad de una iniciativa ciudadana. En la auténtica Unión Europea, los gobernantes no solo establecen la legislación y las directivas, también quieren controlar la voluntad de los ciudadanos.

Sin embargo, la iniciativa ciudadana europea por lo menos concede a los movimientos y partidos no conformistas la oportunidad de desarrollar sus ideas. En un futuro, será posible llevar a cabo campañas a escala europea, como se hace en Austria, y se podrá demostrar a los ciudadanos que existen vías hacia una Europa mejor y diferente que se apartan de los callejones sin salida de Bruselas.

  Vital Moreira (S&D), por escrito. – (PT) A pesar de que apoyo, naturalmente, el Reglamento regulador de la iniciativa ciudadana, no estoy conforme con la posibilidad de que los diputados al Parlamento Europeo o los diputados de los parlamentos nacionales puedan participar en estas iniciativas, ni tampoco con la posibilidad de que estas iniciativas reciban financiación de partidos políticos u organismos públicos.

Considero que ambas soluciones van en contra del espíritu del nuevo mecanismo, cuyo objetivo consiste en dotar a los ciudadanos de a pie y a la sociedad civil de los medios para participar en la vida política de la Unión. Tampoco estoy conforme con las competencias conferidas a la Comisión para adoptar ciertas especificaciones técnicas necesarias para la aplicación de la ley por medio de un «acto ejecutivo». Las medidas de alcance general asignadas a la Comisión para la aplicación de instrumentos legislativos no deberían considerarse como «actos de ejecución», bajo el control de los Estados miembros, sino como «actos delegados», bajo el control directo del legislador.

Del mismo modo, no tiene sentido, tras el Tratado de Lisboa, seguir aplicando el «procedimiento regulatorio» con arreglo al tradicional sistema de comité, puesto que resulta evidente que se trata de materias que se encuentran actualmente cubiertas por el procedimiento legislativo o por el procedimiento de «actos delegados». Las disposiciones a las que se hace referencia son por tanto contrarias al Tratado de Lisboa. Aparte de estas objeciones específicas considero que en general se trata de una ley excelente que hace justicia a la importancia política y constitucional de este nuevo mecanismo para la democracia participativa en el seno de la UE.

  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor del la posición del Parlamento Europeo relativa a la iniciativa ciudadana porque respaldo plenamente este derecho de los ciudadanos que prevé el Tratado de Lisboa. Como persona optimista, considero que este podría ser uno de los principales instrumentos para acercar las Instituciones de la Unión Europea a los ciudadanos de a pie. Finalmente, una parte cívicamente activa de la sociedad podrá tener una repercusión directa sobre decisiones adoptadas a escala de la UE. Sería preciso reconocer que, en un momento en el que muchas iniciativas europeas están siendo consideradas de forma bastante crítica por parte de la ciudadanía, desde el principio, la iniciativa ciudadana europea ha tenido una acogida con una valoración y aprobación positivas. Espero que finalmente dispongamos de normas claras que no se vean sobrecargadas con trámites innecesariamente burocráticos, y que contribuyan a que la sociedad europea pueda dar voz a su opinión.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. − (IT) El presente informe cumple totalmente mis expectativas, sobre todo con respecto a tres asuntos. En primer lugar, se ha fijado la edad mínima para apoyar una iniciativa legislativa en 18 años, la edad mínima exigida para votar en las elecciones al Parlamento Europeo y para participar en instrumentos de democracia directa como los referendos. En segundo lugar, establece la necesidad de solicitar los documentos de identidad de los ciudadanos europeos residentes que tengan intención de firmar las declaraciones de apoyo, a fin de llevar a cabo los controles que prevé el Reglamento conforme a la legislación vigente. Por último, establece la necesidad de permitir que las administraciones nacionales competentes —muchas de las cuales se enfrentarán por primera vez a este tipo de instrumento— se doten de las medidas jurídicas, administrativas y financieras necesarias.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Me satisface enormemente votar a favor del presente informe relativo a la iniciativa ciudadana, una de las innovaciones más importantes del Tratado de Lisboa. Este nuevo instrumento jurídico puede convertirse en una forma de estimular la participación de ciudadanos europeos. De hecho, permitir que millones de ciudadanos europeos propongan a la Comisión Europea una materia determinada sobre la que legislar, constituye un paso muy positivo en el camino del acercamiento de Europa a sus ciudadanos. Aplaudo la labor de los ponentes, cuyo objetivo ha residido en simplificar la iniciativa ciudadana y en eliminar cualquier carga burocrática con el fin de hacerla lo más accesible posible.

Estoy de acuerdo con la mayoría de las peticiones realizadas por el Parlamento Europeo, concretamente con llevar a cabo un control de la aceptabilidad de una iniciativa en el momento de su presentación, y no después de que se hayan recabado 300 000 firmas, algo que podría aumentar las expectativas de los firmantes. Apoyo la reducción del número mínimo de Estados miembros participantes en la firma inicial de la iniciativa. La propuesta original establecía que los firmantes debían provenir de al menos una tercera parte de los Estados miembros y el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron que los firmantes deberían proceder de una cuarta parte de todos los Estados miembros.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Apoyo la iniciativa de los ponentes, la señora Gurmai y el señor Lamassoure, que dispone que los organizadores de una iniciativa ciudadana europea se deberían reunir en un comité ciudadano integrado por personas procedentes de diferentes Estados miembros. Esto garantizará que las materias planteadas sean auténticamente europeas, obteniendo al mismo tiempo el valor añadido de contribuir a la recogida de firmas desde su primera fase.

Apoyo la idea de los ponentes, conforme a la cual la iniciativa ciudadana europea constituye un nuevo instrumento de democracia participativa a escala continental. Por lo tanto, el presente Reglamento puede no resultar impecable, y su puesta en marcha puede presentar nuevos retos para los responsables políticos europeos. Por esta razón, estoy de acuerdo con la petición que realizan los ponentes a la Comisión de presentar un informe trienal sobre su aplicación y, si fuera necesario, proponer una revisión del Reglamento.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) La iniciativa ciudadana, introducida por el Tratado de Lisboa, ha sido ideada con el fin de otorgar a los ciudadanos el derecho a participar en la vida democrática de la Unión Europea. Su objetivo reside en dotar a los ciudadanos de los medios para conseguir que su voz sea escuchada, permitiéndoles plantear una serie de cuestiones de interés a las Instituciones de la UE. Estas pueden incluir dificultades a las que ellos se enfrentan en sus vidas cotidianas y que consideran que no reciben la atención o el apoyo suficientes por parte de sindicatos, instituciones políticas y otros interlocutores habituales procedentes de las Instituciones. La iniciativa ciudadana establecerá debidamente un vínculo directo entre los ciudadanos y las Instituciones, garantizando que las Instituciones de la UE aborden los problemas concretos que resultan importantes para los ciudadanos. La iniciativa ciudadana viene acompañada de la necesidad de respetar ciertos requisitos de naturaleza administrativa, así como de la necesidad de respetar, entre otros, los valores fundamentales de la UE, garantizando de este modo su fiabilidad y efectividad, que serán las claves de su éxito.

Es necesario garantizar que el proceso respete las aplicaciones de la UE en el ámbito de la protección de datos, y que garantice una total transparencia. Cualquier organización, asociación o incluso partido político gozará de la oportunidad de apoyar las iniciativas ciudadanas de su elección bajo el amparo de una total transparencia en lo que respecta al apoyo ofrecido, de tal modo que los firmantes sean conscientes de quién está detrás de la iniciativa que hayan elegido, o no, respaldar.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Estoy contento con la aprobación del presente informe, que representa un paso muy importante en la afirmación de la naturaleza constitucional de la Unión Europea al dotar a los ciudadanos de un mecanismo de participación democrática accesible y efectivo que contribuirá sin lugar a dudas a mejorar la participación y el compromiso de los ciudadanos con respecto a la vida política europea y a fortalecer los lazos de solidaridad entre los diversos Estados miembros.