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Procedimiento : 2010/0280(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0178/2011

Debates :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Votaciones :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.17
CRE 23/06/2011 - 12.13
Explicaciones de voto
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PV 28/09/2011 - 4.8
Explicaciones de voto
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Textos aprobados :

P7_TA(2011)0421

Debates
Jueves 23 de junio de 2011 - Bruselas Edición DO

14. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
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  Presidenta. − El siguiente punto del orden del día son las explicaciones de voto.

 
  
  

Informe: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
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  Marco Scurria (PPE).(IT) Señora Presidenta, Señorías, quería votar a favor de este informe, ya que establece algunos elementos fundamentales para la política de cohesión y la financiación.

Suponen, en primer lugar, una simplificación de los procedimientos de los fondos nacionales, y, en segundo lugar, la previsión de que el deporte y la cultura son asimismo un elemento de cohesión importante y decisivo.

Tal vez el único elemento negativo de este informe sea que contempla solo los tres idiomas de trabajo, el inglés, francés y alemán, como lenguas que deben acompañar a la solicitud, junto con la lengua original. Por esta razón, en todo caso, y por motivos de carácter más general, he votado a favor, y felicito al ponente.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Señora Presidenta, Señorías, a pesar de la importancia de este informe, solo 19 Estados miembros han informado sobre los indicadores básicos. Esta situación no nos permite tener una idea clara del impacto de la política de cohesión a nivel local.

Estoy de acuerdo con las medidas y buenas prácticas propuestas por el señor Mikolášik, y creo que la propuesta de una aplicación más amplia de los indicadores básicos es especialmente útil, como lo es la preparación de informes sobre los resultados y las sinergias entre las políticas nacionales y las de la Unión Europea.

La organización de debates públicos y consultas con las partes interesadas, junto con la presentación de informes a los parlamentos nacionales para solicitar su dictamen son, en este sentido, también medidas positivas. Tenemos que hacer esfuerzos para evitar una reducción de la financiación disponible para la política de cohesión en el próximo período de programación. Por esta razón, he apoyado este informe.

 
  
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  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Señora Presidenta, las asignaciones de fondos de la UE a los nuevos Estados miembros, Eslovaquia incluida, están negativamente influenciadas por un exceso de complejidad, un exceso de burocracia, normas poco claras y también intereses ocultos y desleales. Muchos de los que quieren dinero de los fondos europeos se quejan de la prolongada tortura burocrática con un final dudoso. La burocracia y muchos de los obstáculos no proceden de Bruselas, sino directamente de los Estados miembros. A menos que las normas europeas se simplifiquen, bajo la presión del Parlamento Europeo y otros, las reglas que se aplican en los Estados miembros van a complicar la situación a menudo y de forma considerable. Si bien las normas europeas originales son relativamente simples, su aplicación a nivel nacional las hace más complejas. El adagio establece que cuanto más desciendes en la escalera, más enrevesado resulta el sistema. También supone un problema considerable que los funcionarios no ayuden con la asignación de los fondos de la UE, sino que se centran solo en los controles, que superan con creces cualquier cosa exigida por ley. El problema radica principalmente, por lo tanto, en los Estados miembros de la UE.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señora Presidenta, hay una razón por la cual tenemos la política de cohesión, y esa política tiene un principio claro y también debe tener un final. Creo que la razón por la que existe la política de cohesión es para equilibrar los niveles de vida y el desarrollo económico en toda la Unión Europea. Por ello es correcto subvencionar y apoyar a las regiones que se encuentran por debajo del nivel económico general. No obstante, es igualmente importante asegurarse de que esos recursos financieros se apliquen correctamente, es decir, que obtengan el efecto deseado. Este informe es muy importante para mí, ya que también contiene un análisis, proporcionando así el fundamento para las conclusiones de los dos siguientes períodos de apoyo. Querría mencionar un ejemplo: en mi región en concreto, en el este de Alemania, la política de cohesión ha tenido un efecto significativo desde 1990. Hemos sido testigos de su desarrollo, y yo lo veo como un éxito definitivo cuando llegamos a un punto donde podemos decir que estas regiones necesitan ahora un programa de retirada progresiva, porque ello significa que los niveles de vida han aumentado allí.

 
  
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  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Señora Presidenta, la política de cohesión en su forma actual está bien evaluada, y también sus resultados. En los Estados miembros tenemos beneficios tangibles de la continuidad de esta política, que, junto con la política agrícola europea, está reduciendo las disparidades en el desarrollo, tanto en la Unión en su conjunto como entre las regiones y dentro de las regiones. Comparto la opinión de que deberían mantenerse los objetivos de la política de cohesión y de los fondos facilitados en su forma actual, pero esto, por supuesto, será alterado para dar cabida a las regiones intermedias.

Debemos tener en consideración que esta política está bien evaluada por los Estados miembros y los gobiernos locales, y también me gustaría señalar aquí la posición favorable de la Comisión de Desarrollo Regional. Hay expectativas con respecto a una reducción de la burocracia en la política de cohesión. Estas expectativas son a menudo también el resultado, como ya se ha indicado aquí, de las restricciones adicionales introducidas por los Estados miembros. Con todo, la actual crisis económica puede superarse mediante una serie de medidas, incluyendo la continuación de esta política, ya que se trata de una que aporta un crecimiento sostenible. Es algo esencial para toda la Unión.

 
  
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  Daniel Hannan (ECR). - Señora Presidenta, «podemos eludir de la realidad», escribió Ayn Rand, «pero no podemos eludir las consecuencias de evadir la realidad».

Hemos llegado al límite en nuestro esfuerzo de estimular los mercados con dinero público. Hoy cualquiera puede ver cómo Grecia se aproxima a la suspensión de pagos, a excepción de los ministros de Finanzas de la zona del euro, quienes, 13 meses después de comprometer inútilmente 110 000 millones de euros, ahora parecen dispuestos a destinar una suma adicional casi tan ingente. En realidad, no es inútilmente. Y no es tan solo inútil. Es abiertamente perjudicial, porque lo que estamos asegurando es que, cuando se produzca la suspensión de pagos, esta va a ser mucho mayor y el impacto tendremos que encajarlo todos nosotros como contribuyentes, en vez de un pequeño número de banqueros y titulares de bonos.

Por lo tanto, son los intereses de los trabajadores griegos y los de los contribuyentes europeos por igual los que resultan sacrificados a las ambiciones de un pequeño número de principitos dorados de la «eurocracia».

 
  
  

Informe: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

 
  
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  Mario Pirillo (S&D).(IT) Señora Presidenta, Señorías, la idea de crear programas horizontales multifondos con objetivos claramente definidos y mecanismos racionalizados de acceso es algo que respaldo plenamente. Estoy de acuerdo con el informe del profesor Barca, según el cual un enfoque basado en el desarrollo local es la manera de mejorar la eficacia y de actuar de un modo más integrado. Tenemos que centrar la atención en la dimensión urbana y en asegurar la coordinación entre los fondos y los demás instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). En una situación en la que el presupuesto es ajustado, estos instrumentos, junto con los fondos rotatorios, permitirían un seguimiento de los resultados. Eso multiplicaría los recursos disponibles y aumentaría el número de beneficiarios, que, a su vez, ofrecerían más resultados.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señora Presidenta, tenemos que lograr una mayor eficiencia entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los demás fondos estructurales. Creo que es muy importante que dispongamos de diferentes fondos. Desde luego, estos fondos deberían tener diferentes objetivos y enfoques específicos. Creo que es fundamental que hayamos incluido aquí las regiones y que la Unión Europea establezca orientaciones que puedan llevarse a efecto en las regiones y aplicarse como corresponde. Sin embargo, es igual de importante que este planteamiento específico también preste atención al modo de aplicar los asuntos en las regiones, de manera que esos fondos no vayan en detrimento de otros, para que no dupliquemos las subvenciones, para no fomentar programas sin sentido: en otras palabras, debemos coordinar los objetivos perseguidos con estos fondos. Considero que ello supondría un aumento de la eficacia. Confío en que continuemos trabajando en esta área y en que se nos presenten más informes y resultados

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Señora Presidenta, me complace que hoy hablemos de hacer la política de cohesión más simple y eficiente. He dicho en repetidas ocasiones que el desarrollo de los Estados miembros, con el apoyo del dinero de la Unión Europea, y la mejora de la calidad de vida serían más eficaces si empleásemos el sistema de planificación más eficiente y garantizásemos que los objetivos horizontales se logran con el dinero de los distintos fondos.

Sin embargo, la revisión de las normas que regulan los propios fondos es igualmente importante. A menudo se da el caso de que un problema es imposible de abordar debido a la carencia de dinero. Otro programa, financiado con un fondo diferente, no puede usarse, incluso cuando persigue objetivos similares. Por desgracia, en un caso así, la transferencia de dinero entre fondos es imposible, debido a diferentes reglas. Aunque acojo con agrado la apelación de la Resolución para la introducción de un mecanismo de coordinación que tenga un impacto aún mayor, les propongo asimismo, por lo tanto, que se modifique el régimen de transferencia de dinero de los fondos para flexibilizarlos al máximo.

 
  
  

Informe: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
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  Gianluca Susta (S&D). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, he votado a favor de los informes, con la excepción del informe de la señora Wortmann-Kool, en el que me he abstenido pese a apoyar las enmiendas de mi Grupo. Por lo tanto, no he votado siguiendo las indicaciones generales de mi Grupo, porque creo que estamos afrontando problemas tan graves que debemos, en este punto, demostrar la cohesión de las instituciones europeas y nuestra capacidad para hacer frente a las dificultades a las que nos enfrentamos. A pesar de una cierta timidez y arrogancia por parte del Consejo con respecto a esta crisis, me parece que tenemos que mostrar esta cohesión.

Yo tampoco estaba de acuerdo con el aplazamiento, porque nos encontramos en una posición en la que debemos dar a nuestros ciudadanos respuestas urgentes a la crisis económica, que no es solo el resultado de la especulación financiera, sino también de nuestra incapacidad para hacer frente a los problemas de recuperación y crecimiento. Tenemos el deber de sanar las finanzas públicas de Europa y el de plantear respuestas, que tienen que comenzar con la participación de las empresas y el mundo del trabajo, con reglas diferentes y más abiertas para completar el mercado único y estar en una mejor posición para competir en el mercado mundial. Es por ello que he votado a favor de los informes, con la excepción del informe de la señora Wortmann-Kool.

 
  
  

Informe: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

 
  
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  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Señora Presidenta, la primera década de la unión económica y monetaria ha demostrado la necesidad de mejorar el marco de gobernanza económica. El nuevo marco debería basarse en una mayor responsabilidad de los Estados miembros respecto a las reglas y políticas acordadas de forma conjunta, así como en un marco de supervisión más fiable a nivel de la UE sobre las políticas económicas nacionales.

La experiencia de los últimos dos años, en particular, ha confirmado que el logro de una fuerte competitividad, un crecimiento económico sostenible y la disponibilidad de trabajo exige un nivel sostenible de déficit y deuda públicos, reformas para eliminar los desequilibrios macroeconómicos y una decisiva estrategia de la UE para el crecimiento y el empleo. Tengo que reconocer una particular incomodidad personal en relación con la introducción de elementos administrativos en los mecanismos económicos. Por otro lado, la experiencia hasta la fecha muestra que los mecanismos de mercado son incapaces de reaccionar con celeridad y flexibilidad a los acontecimientos negativos, cuyo resultado es que una crisis financiera se ha convertido en una crisis de la deuda.

 
  
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  Daniel Hannan (ECR). - Señora Presidenta, quiero saludar a mis amigos en los Grupos comunista y verde. Tienen razón en algo. Si adoptamos una décima parte de su política estaríamos en serias dificultades, pero atinan en una cosa, a saber, que estos rescates están castigando a la mayoría de la gente con el fin de beneficiar a unas cuantas personas muy pudientes. Si queremos rescatar a los bancos que están en peligro en Grecia, en particular a los bancos franceses y alemanes, sería mucho más barato darles el dinero directamente, en vez de canalizarlo teatralmente por Atenas.

Pero tengo que intentar ser más objetivo y cuestionar la premisa. ¿Por qué, una vez más, y dado el fracaso de la primera ronda de rescates bancarios, se espera que sean los contribuyentes quienes den un paso adelante y rescaten a ciertas personas muy adineradas de las consecuencias de sus propios errores?

Nosotros, en nuestra generación, examinamos retrospectivamente la Europa del «antiguo régimen» y nos cuestionamos cómo pudo haber existido aquel sistema. Nosotros decimos: ¿cómo pudo haber sido construido algo así, de tal manera que solo la nobleza gozase del privilegio de la exención fiscal? ¿Cómo pudimos tolerar un sistema donde solo la gente más humilde tuviese que pagar impuestos? Pero, ¿saben ustedes qué?, ahora estamos recreando exactamente aquel sistema al entregar dinero público a paladas para salvar algunos intereses creados. Así pues «hasta la victoria siempre».

 
  
  

Informe: Diogo Feio (A7-0179/2011)

 
  
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  Francisco Sosa Wagner (NI). - (ES) Señora Presidenta, el conjunto del paquete, aunque tímidamente y con grandes lagunas, camina en la dirección que yo, como europeísta y federalista, defiendo. Además, contiene sabias enseñanzas para la ordenación política de España. Por eso he votado a favor de cuatro de los informes sobre la gobernanza económica.

Y he votado en contra del informe Feio porque propugna políticas procíclicas que, en el mejor de los casos, no ayudarían a salir de la crisis y, en el peor, fomentarían el estancamiento y el desempleo.

Tampoco he votado a favor –he votado en contra– del informe Wortmann-Kool porque no tiene en cuenta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la estrategia de empleo ni los objetivos 2020 de la Unión Europea, que son una esperanza para millones de europeos, especialmente para los jóvenes.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señora Presidenta, creo que el planteamiento respecto a los déficits excesivos es un poco como un partido de fútbol: si se ha establecido un conjunto de reglas, entonces hay que respetarlas. No es suficiente con mirarnos a los ojos y decir: «nos comprometemos a obedecer todas las reglas». La vida ha cambiado. En otras palabras, si las reglas del juego se rompen, entonces hay que aplicar las penas y los castigos correspondientes. Por supuesto, esto no puede lograrse con una decisión democrática. Permítanme volver a la imagen del partido de fútbol. Imaginémonos que se ha cometido una falta. El árbitro toma entonces una decisión. Imagínense lo que ocurriría si este tuviese que llevar a cabo una votación entre los jugadores cada vez para saber si realmente se trataba de una falta. Algo así sería imposible. Por ese motivo necesitamos una toma de decisiones inequívoca. ¿Qué hacemos cuando alguien infringe las reglas? Por último, me gustaría hacer hincapié en que, desde luego, también necesitamos solidaridad. En lugar de limitarnos a penalizar a la persona que ha incumplido las reglas, también tenemos que ayudarla a volver por el buen camino.

 
  
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  Presidenta. − Señor Hannan, usted tiene previsto hablar sobre el informe Feio, pero también es usted el próximo y el único en la lista para el informe Goulard, así que le concedo dos minutos para que los use como desee para ambos informes.

 
  
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  Daniel Hannan (ECR). - Señora Presidenta, es usted excepcionalmente generosa, además de ser una buena Presidenta.

Me gustaría retomar algo del torpe vocabulario que hemos escuchado en las últimas semanas en la discusión de estos paquetes de rescate financiero. El discurso en nuestros medios de comunicación se centra en el rescate de Grecia y en la ayuda a Portugal e Irlanda, pero no es así como lo ven los pueblos en los países receptores.

La razón por la que los griegos están en las calles protestando es que entienden a la perfección cuál va a ser la consecuencia de la asunción de funciones a cargo de la UE y el FMI. El dinero no va a llegar a la gente común del país, sino que está destinado a las instituciones financieras que poseen la deuda del Gobierno griego. Sin embargo, el reembolso provendrá de los contribuyentes ordinarios: en otras palabras, a Irlanda, Portugal y Grecia se le está enviando la factura para respaldar al sistema bancario europeo.

¿Por qué? Porque no podemos llegar a admitir que la unión monetaria fue un error. Somos incapaces de ver la lógica: que la idea apelmazar sin orden a unos países con requisitos y necesidades totalmente divergentes en torno a una moneda única estaba abocada a ocasionar justamente las tensiones que algunos de nosotros ya habían anticipado hace 10 años, cuando se puso en marcha el proyecto.

Así que estamos agravando la crisis al potenciar aún más la integración y todas las cosas que escuchamos en el debate de ayer sobre este informe: «necesitamos una unión fiscal», «necesitamos una gobernanza económica». Ahora pueden ver el error que subyace en esa lógica, amigos míos. ¡La integración europea ha fracasado, consigamos, pues, más de ella! La unión monetaria no es suficiente, necesitamos más unión económica.

La realidad es que se trata aquí de salvar la cara: salvar la cara de los «eurócratas» que lanzaron el proyecto en primer lugar y que están dispuestos a sacrificar a los pueblos de los países periféricos y los contribuyentes de los países pobres con el fin de mantener su vanidad.

No cabe duda de que sus rostros son los más costosos desde que el de Helena de Troya movilizase un millar de buques.

 
  
  

Informe: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

 
  
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  Marian Harkin (ALDE). - Señora Presidenta, he votado a favor del aplazamiento de la votación final porque creo que puede haber alguna posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo con el Consejo.

Los informes de gobernanza económica en su conjunto no son, en mi opinión, la mejor opción, pero en la situación en la que nos encontramos son probablemente lo menos malo.

Estamos en una posición donde tenemos una estructura intrínsecamente frágil de apoyo al euro. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no ha funcionado, incluso desde el principio ha sido un fracaso. Ahora estamos en una posición en la que o renunciamos a la moneda o tratamos de poner en marcha algún tipo de gobernanza económica que fortalezca sus fundamentos y, de alguna manera, reconstruya la infraestructura.

Estoy de acuerdo con Mario Monti, quien dijo que un excesivo respeto a los grandes Estados miembros ha contribuido de alguna manera a la actual crisis económica, y nuestras propuestas podrían al menos evitar que esto sucediese en el futuro. Solo espero que no se trate de un caso en el que haya que cerrar la puerta del establo una vez que el caballo se ha desbocado.

 
  
  

Informe: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE).(FR) Señora Presidenta, esta mañana, después de tres años de trabajo, hemos votado un texto muy importante relativo a la mejora de la protección de los consumidores en Europa. Se centra, y con razón, en las compras en línea, que en los próximos 20 años podrían representar el 25 % del total del comercio en Europa, lo cual es una cantidad considerable.

Algunas de estas compras serán transfronterizas. Ofrecerán a los consumidores una gama de artículos más amplia, así como precios más bajos. Esto es un progreso real. Para las PYME y los artesanos en conjunto también supondrá una oportunidad muy importante para encontrar nuevas salidas comerciales.

Entre los principales avances, me gustaría citar dos: el período de reflexión, que se ha ampliado a 14 días, y la facilitación de un resumen que contenga toda la información y el precio total a pagar antes de confirmar el pedido presionando un botón o haciendo clic.

Por último, me siento orgulloso, en el contexto de estas explicaciones de voto, de decir que yo, todos los diputados y Grupos políticos han votado por unanimidad, ya que en un tema como este es obvio que necesitamos consenso y no controversia. Hemos logrado el consenso.

 
  
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  María Irigoyen Pérez (S&D). - (ES) Señora Presidenta, permítame unos breves comentarios al hilo de lo que he escuchado aquí en las intervenciones de los que me han precedido.

No se trata de salvar la reputación de los fundadores de la Unión, sino de construir más Europa y de trabajar en favor de una ciudadanía europea.

Y paso a mi explicación de voto en cuanto a la Directiva de los consumidores: celebro la adopción de esta Directiva, que supone un paso adelante en la construcción europea y en la protección de los derechos de los consumidores pero, al mismo tiempo, lamento que la adopción de varios artículos de la Directiva suponga la desprotección de muchos consumidores y usuarios españoles que se van a ver privados de determinados derechos que ya estaban recogidos en la legislación española.

Por eso, hoy los socialistas españoles hemos votado en contra de varios artículos: artículo 9, en cuanto a la armonización máxima de los requisitos de información de los contratos a distancia; artículo 17, apartado 2, la posibilidad de cobrar al consumidor por el uso normal del bien durante el plazo de desestimiento; artículo 22, apartado 2, la introducción de un plazo adicional para la entrega del bien cuando el comerciante incumple el pago de entrega previsto en el contrato.

 
  
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  Ville Itälä (PPE). - (FI) Señora Presidenta, hace un rato el señor Hannan, al hablar de otros asuntos, se refirió a la necesidad de una menor y no una mayor integración, pase lo que pase. Esta propuesta sobre la protección de los consumidores tenía en concreto más que ver, no obstante, con la integración, y es del todo relevante. Defendemos los derechos de los ciudadanos y la protección de los consumidores cuando nos involucramos en el comercio internacional y europeo. Sabemos que las compras en línea son un fenómeno contemporáneo, pero también que las leyes que lo rigen van a remolque de los tiempos, y ahora es el momento de avanzar en este sentido.

En mi país, Finlandia, esta legislación se encuentra en una etapa bastante avanzada, y, a veces, obviamente, hace que te preguntes si no vamos hacia atrás cuando establecemos leyes comunes. Con todo, el comercio es europeo, así que las leyes tienen de ser europeas, y este es el camino por el que debemos seguir progresando.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE). - (IT) Señora Presidenta, Señorías, la propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores presentada por la Comisión tiene el mérito de combinar las cuatro Directivas anteriores sobre la materia en un único instrumento legislativo.

Estoy de acuerdo con los objetivos del informe. Es esencial garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores en los 27 Estados miembros y, al mismo tiempo tener en cuenta la necesidad de los fabricantes, con independencia de su tamaño, para ofrecer sus productos y servicios a los consumidores europeos sin tener que abordar innecesarias barreras jurídicas.

En el estado actual de las cosas, la eliminación de la fragmentación jurídica es un resultado difícil de lograr. El informe de la señora Wortmann-Kool expresa, también con razón, dudas en cuanto a si la plena armonización podría dar lugar a efectos diferentes a los esperados.

Por eso he votado a favor, porque estoy convencido de que sería conveniente presentar una enmienda a la propuesta de la Comisión, para alcanzar una armonización mínima y, al mismo tiempo, garantizar un alto nivel de servicio a los consumidores.

 
  
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  Adam Bielan (ECR).(PL) Señora Presidenta, con la votación de hoy hemos concluido un largo proceso de más de tres años de trabajo sobre el proyecto de Directiva relativo a los derechos de los consumidores. El documento ofrece una garantía de alto nivel de protección de los consumidores en todos los Estados miembros y ayudará a clarificar las áreas de confusión en el comercio al por menor efectuado entre empresas y consumidores de diferentes países. El carácter horizontal de la Directiva permite que la legislación de la UE, actualmente en vigor en esta área, se aproxime en su conjunto.

Las disposiciones de la Directiva deberían desempeñar un cometido especial en asuntos relacionados con todo tipo de transacciones en línea. Espero que la legislación propuesta aumente la confianza de los consumidores en esta modalidad de hacer compras. De especial importancia para el consumidor es también el establecimiento del derecho al desistimiento de un contrato dentro de un plazo de 14 días sin alegar motivos y el derecho relacionado a obtener el reembolso de todos los pagos que se han efectuado. Asimismo, tengo una opinión positiva de la versión final de las disposiciones del capítulo 5 sobre las cláusulas contractuales prohibidas. Estoy seguro de que la directiva va a mejorar de forma significativa los derechos de los consumidores en la Unión Europea, por lo que he respaldado el informe.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señora Presidenta, por favor, perdóneme por reclamar su atención tan a menudo. Lamentablemente, esta no ha sido mi semana con el procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra. La mala suerte me ha perseguido. Había un par de asuntos que quería comentar también sobre este punto. Sin embargo estoy contento, en general, de que hayamos aprobado la presente Directiva. También yo he votado a favor.

Del mismo modo, me complace que hayamos sido capaces de fortalecer los derechos de los consumidores y hayamos incluido las llamadas ventas de puerta a puerta, ya que en ese ámbito se localizan una gran cantidad de prácticas oscuras. No obstante, querría reclamar una vez más que recordemos el problema de la burocracia en la aplicación de esta ley. En Alemania tenemos un número especialmente elevado de pequeñas y medianas empresas. Aunque estas empresas no participan en la venta puerta a puerta, obviamente sí establecen acuerdos con sus clientes, que se concluyen mediante un apretón de manos. Esta ha sido la práctica habitual durante cientos de años. Tenemos que tener cuidado de no sobrecargar a las PYME con una burocracia excesiva. Para retomar el punto, estoy satisfecho y he votado a favor de la Directiva.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Señora Presidenta, aplaudo de forma enérgica el hecho de que el señor Schwab haya llegado a un acuerdo con el Consejo en el fortalecimiento de los derechos de los consumidores, y que el compromiso también incluya mis propuestas para el comercio en línea. He votado a favor del informe, por supuesto, pero lamento decir que la Presidencia húngara ha bloqueado mi propuesta, apoyada por la totalidad del Parlamento, para dar a los consumidores el derecho a la oferta de bienes de otro Estado bajo las condiciones acordadas.

Por desgracia, un tercio los pedidos transfronterizos es rechazado de esta manera, según Eurostat. Las tiendas de Internet como iTunes y otras no suministran sus bienes o servicios a los nuevos Estados miembros. Así, los clientes checos sufren discriminación, en comparación con los clientes de, por ejemplo, Francia o los Países Bajos. El mercado interior no es todavía, por lo tanto, un mercado único en lo que al entorno digital se refiere, y, por consiguiente, el Consejo ha perdido una gran oportunidad.

 
  
  

Informe: Romana Jordan Cizelj (A7-0214/2011)

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Señora Presidenta, la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos es especialmente importante, tanto para la seguridad del medio ambiente y las personas como para la de la sociedad. Por consiguiente, insto al Consejo, cuando apruebe la Directiva, a que considere también la opinión del Parlamento Europeo, que está desempañando un papel cada vez más importante en el tratamiento de problemas medioambientales. Por desgracia, cuando a veces practicamos nuestros juegos políticos queremos incluir varias disposiciones en documentos que pueden ser contraproducentes.

Cuando se unieron a la Unión Europea, algunos Estados miembros trajeron consigo la carga de las centrales nucleares que les habían sido impuestas en contra de su voluntad. El desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina fue uno de los requisitos para la adhesión de Lituania a la UE. A cambio, la Unión Europea expresó un compromiso formal para financiar el desmantelamiento. Por encima de todo, aquel compromiso corrió a cargo de la UE, ya que sería imposible para un país como Lituania financiar por su cuenta todas las operaciones de desmantelamiento de la planta nuclear. El trabajo de desmantelamiento incluye el tratamiento del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.

Por lo tanto, los llamamientos para que esta carga recaiga sobre los hombros de los Estados miembros en cuestión sería contraproducente. Si Lituania no recibiese los fondos necesarios, le resultaría imposible garantizar la seguridad de forma efectiva. Por el contrario, en la próxima perspectiva financiera, el desmantelamiento de la central nuclear de Ignalina debe seguir siendo una preocupación, tanto para Lituania como para el conjunto de la Unión Europea.

 
  
  

Informe: Francesca Balzani (A7-0230/2011)

 
  
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  Marian Harkin (ALDE). - Señora Presidenta, respaldo enérgicamente el apartado 25 de esta Resolución que «lamenta que el limitado incremento previsto para el programa PROGRESS ...», porque la Comisión se comprometió en el 2010 a restablecer los 20 millones de euros del PROGRESS a favor de la microfinanciación, y que obviamente no va a suceder.

El propio instrumento de microfinanciación, aunque es muy pequeño, desempeña un papel muy importante para garantizar el acceso al crédito de las microempresas en la economía social y es crucial ahora que las instituciones financieras no prestan dinero.

Empero, esto no debería ocurrir a costa del programa PROGRESS. En lo que a mí respecta, se trata de robarle a Pedro para pagarle a Pablo.

Pero también quiero añadir que respaldo firmemente el aumento del apoyo al Programa Grundtvig de aprendizaje permanente, y en particular acojo también con agrado el apoyo creciente al Programa LIFE+.

 
  
  

Informe: Albert Deβ (A7-0202/2011)

 
  
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  Ville Itälä (PPE). - (FI) Señora Presidenta, se ha aprobado este informe de enorme importancia, y, en primer lugar, deberíamos darle las gracias y aplaudir al ponente, el señor Deβ, que ha trabajado muy duro para lograr estos compromisos que permitan sacar adelante de una manera tan significativa esta reforma de la política agrícola común (PAC).

Soy consciente de lo difícil que resulta cuando en cada Estado miembro hay llamamientos muy discordantes respecto a lo que debería incorporarse a la reforma de la PAC, pero una cuestión importante es pertinente en este caso, y se trata, por supuesto, de las consideraciones medioambientales. Es importante que los productores agrícolas se involucren en la política medioambiental sostenible, pero ¿cómo podrá establecerse este sistema ecológico? Debe hacerse en la forma descrita por el señor Deβ. No debería crearse más burocracia y no deberían incrementarse los costes de los productores. Además, debemos tener en cuenta las diferentes situaciones en los Estados miembros. Si tiene éxito por esta vía, y cuando la Comisión presente luego propuestas detalladas, entonces estaremos en el camino correcto y podremos alegrarnos de que los agricultores participen en iniciativas voluntarias para proteger el medio ambiente.

 
  
  

PRESIDE: Isabelle DURANT
Vicepresidenta

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - (ES) Señora Presidenta, he votado a favor de esta iniciativa porque Europa necesita una Política Agrícola Común potente y sin recortes, centrada en promover explotaciones rentables y en garantizar la seguridad y la suficiencia alimentarias y la calidad de las producciones.

La agricultura necesita, además, apoyo para innovar y centrar este esfuerzo en un uso más eficiente de la energía, del agua y del suelo.

Todo esto debe combinarse con otra formas de gestión que permitan una recompensa más justa al trabajo que realizan los profesionales de este sector, un grupo de personas que necesita progresar y seguir formándose a lo largo de toda su vida activa, y que deben facilitarse con procedimientos más simples, menos burocracia y más transparencia en objetivos y en herramientas.

Por eso, la nueva PAC debe reforzar su compromiso con los agricultores activos, las aportaciones extraproductivas que realizan y un desarrollo equilibrado de las zonas rurales. La rentabilidad pasa, además, por alinear las políticas de ese sector con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por ello, es necesario también mantener el esfuerzo presupuestario.

 
  
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  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Señora Presidenta, la propuesta actual de la Comisión Europea para reformar la política agrícola común es solo un cambio cosmético y no una reforma encaminada a mejorar el mercado y la competitividad de la producción agrícola europea.

En este contexto, también he apoyado los numerosos hallazgos y las opiniones críticas del Parlamento Europeo. Yo me opongo en lo fundamental a la aplicación continua de la aproximación histórica al sistema de subsidios, y respaldo la introducción de criterios objetivos adicionales que tengan en cuenta las condiciones para la financiación de la agricultura en la Europa ampliada de 27 Estados. En mi opinión, el denominado techo de subvenciones es una complicación que no va a mejorar las condiciones de los agricultores en los nuevos Estados miembros. La política agrícola común debe basarse en dos pilares, el primero de ellos la financiación integral procedente de fuentes de la UE. El segundo pilar debe centrarse en la modernización de la agricultura, la competitividad y el desarrollo rural cofinanciado por fuentes nacionales.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre la política agrícola común (PAC) hasta el año 2020. He votado en contra porque las medidas que propone no son verdaderas reformas, sino cambios solo cosméticos y de menor entidad que apoyan y sostienen la injusta PAC actual. Después de 20 años de estancamiento en la producción de alimentos en Europa y los bajos ingresos de los agricultores, ya hemos tenido suficiente.

Nos hemos olvidado de que hace siete y cinco años, la Unión se amplió con los nuevos Estados miembros, a los que se les dio un bajo nivel de apoyo y a los que se les prometió que a partir de 2013 los pagos se igualarían. Quiero subrayar esto con claridad: debería mantenerse un fuerte segundo pilar, lo cual incluiría el mantenimiento de los actuales criterios de distribución de fondos, que tienen en cuenta las diferencias en el nivel de desarrollo de los distintos Estados miembros. Finalmente, se necesita una mayor coordinación entre la política regional y la política agrícola común en las zonas rurales. Algunas de las responsabilidades del segundo pilar de la política agrícola común deben transferirse a la política de cohesión. Las zonas rurales tienen el derecho de buscar su propio desarrollo con el dinero disponible de la política regional.

Me gustaría decir algo más, que la declaración del señor Barroso sobre la posibilidad de recortes en el segundo pilar significa que él no tiene un conocimiento real de la gravedad del problema.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias al ponente, el señor Deβ. Si la política agrícola quiere mantenerse competitiva y hacerse más racional desde el punto de vista medioambiental, hay que financiarla de manera apropiada. Querría destacar la palabra «apropiado». «Apropiado» es aplicable de igual manera tanto a los productores como a los contribuyentes. Considero que el establecimiento de estructuras competitivas en el sector agrícola es algo que hay que celebrar. Tomado en este contexto, la limitación de los pagos directos es una medida contraproducente. No es nuestro trabajo destruir las estructuras competitivas. Yo crecí en la antigua Alemania del este, donde los políticos imponían en detalle las estructuras de funcionamiento y todos los datos de producción para los agricultores. Aquello terminó en la bancarrota del Estado. Jamás deberíamos permitir que esa situación se repita. Confío en poder preservar a la Unión Europea de una catástrofe así, y ese es el motivo por el que estoy en contra de los recortes y también, en última instancia, el que ha motivado mi abstención en la votación sobre este informe.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE). - Señora Presidenta, he votado a favor del informe Deβ, pero debo decir que me ha decepcionado que la enmienda 4 no prosperase. Fue apoyada por mi Grupo, ya que habría permitido ayuda específica en el primer pilar para compensar las desventajas naturales y también para garantizar que la actividad agrícola se mantenga en las zonas montañosas, en áreas sensibles ecológicamente y en las zonas Natura 2000.

He votado contra la enmienda 23, no porque apoye los OMG, lo cual no hago, sino porque respaldo la subsidiariedad y creo que los Estados miembros deberían poder decidir por sí mismos sobre los OMG.

Estoy particularmente satisfecha de que hayamos respaldado la enmienda 27, que con sensatez ha rechazado la introducción de requisitos onerosos y poco claros derivados de la Directiva marco sobre aguas en el sistema de condicionalidad hasta que se aclare la situación de la aplicación de esta Directiva en todos los Estados miembros.

También me complace que el Parlamento apoye una red de seguridad de varios niveles en el caso de perturbación del mercado y, de hecho, de situaciones de emergencia. Esta es una respuesta razonable y proporcionada.

Por último, me alegra que hayamos votado por mayoría aplastante que el presupuesto se mantenga al menos en el nivel de 2013. Sin ello, todo lo demás serían solo palabras.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy el informe sobre la política agrícola común hasta el año 2020. Me adhiero al objetivo a largo plazo del informe e intentar introducir unas condiciones justas para todos los agricultores de la UE, lo que significa abandonar los criterios históricos de los pagos directos.

A pesar de ello, no he votado a favor del informe, ya que quiero expresar mi desacuerdo básico con la aprobación de la propuesta de un tope a los pagos basados en el tamaño de la explotación agrícola. Eso discriminaría a los agricultores checos, por ejemplo, o les forzaría a dividir artificialmente las explotaciones en unidades más pequeñas con el fin de obtener un subsidio. Yo, personalmente, estoy a favor del desarrollo de pequeñas explotaciones, pero esta es una medida que reducirá la competitividad de los agricultores europeos en algunos países.

 
  
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  Seán Kelly (PPE).(GA) Señora Presidenta, me ha alegrado respaldar este informe y felicito al ponente, el señor Deβ, por el buen trabajo que ha hecho. Asistí al debate de anoche de principio a fin, pero no al procedimiento «a mano alzada», y lo lamento, puesto que quería hacerle dos preguntas al Comisario. Al mismo tiempo, me satisfizo que el Parlamento se mostrase casi unánime en mantener el presupuesto al menos en el mismo nivel que tiene ahora.

Los dos puntos que quería plantearle al Comisario tenían que ver con los años de referencia histórica y de la cuota láctea. Se supone que ambos van a ser suprimidos. Queremos saber cuándo y qué va a reemplazarlos. Sin saberlo es muy difícil que los agricultores hagan planes de cara al futuro. Cuanto antes tengamos respuestas a esas preguntas

(GA) mejor será para todos los agricultores de Europa. Gracias.

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Señora Presidenta, la política agrícola común es una de las áreas más grandes y al mismo tiempo más sensibles de la política de la UE, y resulta relevante para todos los Estados miembros. Por encima de todo, la agricultura es un sector que tiene un impacto significativo y directo sobre el medio ambiente. Por lo tanto, es importante que, al crear modelos de ayuda directa y al respaldar el desarrollo rural, deba concederse prioridad a la agricultura sostenible y a diversos aspectos del medio ambiente, incluyendo la agricultura ecológica.

La dimensión del desarrollo rural es asimismo importante para los países que se han incorporado recientemente a la UE. Por desgracia, el número de trabajadores migrantes ha sido el más alto en las zonas rurales. Por consiguiente, es necesario potenciar su atractivo como lugar de vida y trabajo y atraer a los jóvenes hacia ellas. Con tal propósito, es necesario el recurso a instrumentos de desarrollo rural para fomentar un desarrollo prometedor y dinámico de las comunidades rurales y desarrollar aún más la aplicación del método LEADER.

Es igualmente importante atraer a los jóvenes agricultores y a la gente joven hacia los procesos de producción agrícola y de desarrollo rural para abordar el problema del abandono de las tierras, de la despoblación de las zonas rurales y del envejecimiento de la población rural, entre otros.

 
  
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  Mario Borghezio (EFD).(IT) Señora Presidenta, Señorías, tengo dos observaciones que formular en relación con el informe de iniciativa propia sobre la política agrícola común. La primera es que los precios al consumidor de los productos agrícolas deben ser proporcionales a los costes, al esfuerzo y trabajo, pero también a los costes de producción, si queremos que los consumidores europeos puedan consumir productos saludables de la agricultura europea, de la agricultura tradicional que hay que proteger.

El segundo comentario hace referencia a una indicación dirigida a las autoridades europeas competentes. ¿Están al corriente del informe de los carabinieri italianos del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales en relación con las cuotas lácteas? Este informe muestra con claridad que la cuota de producción lechera, que se supone que se había superado, constituyendo así la base jurídica para las multas impuestas a los productores italianos de leche, no fue, de hecho, superada. Se trata de algo muy grave, ya que esas sanciones podrían llevar a miles de explotaciones en Padania al borde de la ruina y ocasionar finalmente su quiebra. ¡Padania libre!

 
  
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  Presidenta. – Esto pone término a las explicaciones de voto.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Informe: Sharon Bowles (A7-0229/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de esta nominación para Presidente del Banco Central Europeo (BCE) teniendo en cuenta la competencia del candidato y la amplia experiencia que ha adquirido con los años.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) Me gustaría expresar mi orgullo por el amplio apoyo del Parlamento Europeo en favor de la designación del nuevo Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Este nombramiento también será confirmado en la reunión del Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno, pero ya ahora conlleva un gran prestigio para Italia, no solo por el muy alto perfil profesional, la competencia y experiencia del señor Draghi en asuntos económicos europeos, sino también porque su investidura para los próximos ocho años ha contado con el pleno apoyo de todos los líderes europeos. Le deseo al gobernador Draghi mucho éxito en su trabajo.

 
  
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  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. − He votado a favor de la candidatura del señor Mario Draghi como próximo Presidente del Banco Central Europeo, por su gran competencia y su visión progresista sobre la gobernanza del sistema financiero global. En la comparecencia celebrada en la Comisión de Asuntos Económicos la semana pasada, él destacó que en este momento se requiere más gobernanza económica europea y que, bajo su presidencia, el BCE seguiría centrándose principalmente en la lucha contra la inflación. Por todas estas razones me siento orgulloso de darle todo mi apoyo.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) son nombrados por los Jefes de Estado o de Gobierno, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Parlamento Europeo. En este caso, el Consejo consulta por ello al Parlamento Europeo para el nombramiento del Señor Draghi como Presidente del BCE desde el 1 de noviembre de 2011. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la cual soy miembro, ha llevado a cabo una audiencia que resultó ser del todo satisfactoria. Por consiguiente, apoyo la candidatura del señor Draghi.

 
  
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  Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de la candidatura de Mario Draghi para el cargo de Presidente del Banco Central Europeo, ya que creo que posee un alto nivel de experiencia profesional. Durante la audiencia celebrada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el señor Draghi ofreció respuestas convincentes a todas las preguntas que le formularon los eurodiputados. En este sentido, me alegro de su enfoque constructivo respecto a las consecuencias de la crisis financiera en Grecia.

Por añadidura, Mario Draghi ha demostrado una voluntad real de poner en práctica un modelo mejorado de gobernanza económica en la UE para evitar insolvencias de deuda soberana. Por ello concede precisamente prioridad a la lucha contra la inflación como parte del objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo, así como al fortalecimiento de los mecanismos de supervisión. Para garantizar una economía fuerte, se requiere un Pacto de Estabilidad y Crecimiento realmente efectivo, dotado de sanciones automáticas.

 
  
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  Antonio Cancian (PPE), por escrito. (IT) En calidad de miembro italiano del Parlamento Europeo, doy la bienvenida a la candidatura de Mario Draghi como Presidente del Banco Central Europeo (BCE). Tuve ocasión de escuchar su comparecencia ante el Parlamento Europeo el 14 de junio. Su prestigiosa carrera, que comprende desde sus nombramientos académicos a su posición en los niveles más altos del mundo económico y financiero como Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, hace de él un candidato puntero para el cargo de Presidente. En un momento especialmente complicado para Europa, el señor Draghi será, sin duda, capaz de responder a las necesidades del sistema financiero europeo y de garantizar la estabilidad financiera y el apoyo para el crecimiento económico. Su candidatura es una señal política importante para Italia, después de su brillante experiencia como Director General del Tesoro italiano y Gobernador del Banco de Italia desde 2006, tiempo durante el cual impulsó a Italia con éxito en la escena europea e internacional.

 
  
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  Nessa Childers (S&D), por escrito. − El señor Draghi debería ser felicitado por su nombramiento y le considero un candidato muy capaz. Sin embargo, confío en que reconozca el mandato que los diputados le han otorgado y, por consiguiente, tenga en cuenta sus puntos de vista como Presidente del BCE.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de esta recomendación, y mis razones van más allá de la nacionalidad del candidato. De hecho, no creo que sea tanto Italia, sino la UE, la que se beneficie con el nombramiento de profesor Draghi. Muy al contrario, es Italia la que pierde a un Gobernador del Banco Central muy competente y consciente de los problemas económicos, monetarios y reales. Estamos hablando de alguien con un curriculum vitae impecable y una considerable experiencia internacional en las instituciones públicas y privadas, alguien que siempre ha sido muy proactivo (como por ejemplo en la presidencia del Foro de Estabilidad Financiera). Sus publicaciones dan testimonio de un perfil académico que, sin duda, va a estar a la altura de las tareas que ha de acometer, y su experiencia en el terreno monetario es suficiente para despejar cualquier duda sobre su capacidad. No es casualidad que el consenso sobre su nombramiento haya sido tan unánime. Cuenta con todos los requisitos para ser un excelente Presidente del Banco Central Europeo. Por otro lado, se enfrenta a algunos retos importantes, dada la situación actual. Por todo ello, le deseo sinceramente buena suerte.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) En este período de crisis económica y financiera, es imprescindible contar con líderes y gente responsable que puedan demostrar serenidad e independencia. Jean-Claude Trichet, Presidente del Banco Central Europeo, ha logrado durante su mandato resistir a la presión de los Jefes de Estado o de Gobierno. Su sucesor tendrá que mostrar las mismas cualidades y ser igual de inflexible. He votado a favor de la candidatura italiana del señor Draghi, ya que goza de una excelente reputación y causó una buena impresión durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Su trayectoria profesional, especialmente su experiencia como Gobernador del Banco Central italiano, le permitirá, en ello confío, gestionar de la mejor manera posible los numerosos retos que le esperan al frente del Banco Central Europeo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La formación académica y profesional del señor Draghi, así como su comparecencia ante el Parlamento, han demostrado que tiene un profundo conocimiento e ideas claras acerca de la necesaria profundización de la gobernanza económica en la UE, y también sobre la importancia de la estabilidad del euro para la reactivación del crecimiento. Teniendo en cuenta esto y la importancia del cargo de Presidente del Banco Central Europeo, creo que el señor Draghi cumple todas las condiciones para asumir con competencia y dedicación el mandato para el que ha sido nominado.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) En mayo de 2011, el Consejo Europeo, junto con el Parlamento, propuso el nombramiento de Mario Draghi como Presidente del Banco Central Europeo (BCE) para un mandato de ocho años, que comenzaría el uno de noviembre de 2011. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento entrevistó al candidato, quien respondió a las preguntas formuladas por los miembros de dicha comisión. Habló, por ejemplo, de la deuda griega y, entre otros aspectos, expresó su opinión de que el BCE no debería escatimar esfuerzos en el mantenimiento de la estabilidad de la moneda. Posteriormente, la comisión recomendó el nombramiento del señor Draghi. Dado que el candidato satisface los requisitos establecidos para el cargo de Presidente del BCE, también a mí me gustaría manifestar mi apoyo a su nombramiento para ese puesto.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) Aunque la votación sobre el nombramiento de ciertos oligarcas europeos se ajusta al reglamento, mediante votación secreta, estoy deseoso de que se sepa que he votado en contra del señor Draghi porque realmente hay algo profundamente malsano y perverso, en medio de la crisis de la deuda soberana, en la designación de un antiguo director europeo de Goldman Sachs. El período durante el cual ejerció sus funciones, así como la naturaleza de estas, no puede escaparse a la atención de nadie. Aun cuando fuese tan solo un director mediocre, y aunque no fuese el instigador, el señor Draghi no podía ignorar que la empresa para la que trabajaba organizó el maquillaje, aparentemente legal pero deshonesto, de la deuda griega para justificar el acceso de Grecia al euro. Por añadidura, no puede ignorarse el papel de Goldman Sachs en la especulación actual sobre la deuda soberana, al igual que su responsabilidad en la crisis económica y financiera, y tampoco las investigaciones de las que es objeto en los Estados Unidos. El hecho de que Goldman Sachs aparezca en el curriculum vitae del señor Draghi le sitúa fuera de lo aceptable, descalificándole para este cargo.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) Estoy muy satisfecho con el resultado alcanzado hoy, con una amplia mayoría votando a favor de la recomendación del Consejo para el nombramiento de Mario Draghi como el próximo Presidente del Banco Central Europeo. De hecho, creo que es un honor para nuestro país contar con un ilustre representante a la cabeza de una institución estratégica, como el Banco Central Europeo (BCE). Se trata de un importante reconocimiento a la dedicación y competencia de un hombre que representa a nuestro país y que tendrá la difícil y, al mismo tiempo, prestigiosa tarea de encabezar el BCE en un momento como el actual, en el que Europa tiene que hacer frente a los efectos de una grave crisis económica y financiera. Espero que el próximo Consejo Europeo confirme oficialmente su nombramiento y que Mario Draghi pueda dirigir el BCE a partir de noviembre y durante los próximos ocho años con la misma prestigiosa e indiscutible profesionalidad que ha demostrado en el pasado, y que acompañe a la economía de la Unión Europea hacia una fase de recuperación que garantice la estabilidad y fortaleza en las finanzas de Europa.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Estamos muy contentos con la designación del señor Mario Draghi como el futuro Presidente del Banco Central Europeo (BCE), ya que ha demostrado tener un perfil profesional del nivel requerido para este puesto de prestigio, así como una madura y reconocida experiencia en el sistema financiero y el sector bancario. Felicitamos al ex Gobernador del Banco de Italia por su candidatura y por haber sido capaz de demostrar, en la audiencia en el Parlamento Europeo, su capacidad y su potencial para afrontar los problemas que tendrá que acometer. Estimamos que su nombramiento es un éxito para Italia, a la cual podrá representar a un alto nivel en una de las instituciones más prestigiosas de Europa. Le ofrecemos nuestros mejores deseos en su trabajo.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − El Parlamento Europeo, vista la Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2011 (10057/2011), visto el artículo 109 de su Reglamento, visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0229/2011), considerando que, mediante carta de 20 mayo 2011, el Consejo Europeo consultó al Parlamento Europeo sobre el nombramiento de Mario Draghi como Presidente del Banco Central Europeo por un período de ocho años a partir del 1 de noviembre de 2011, considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento procedió a la evaluación de las credenciales del candidato propuesto teniendo en cuenta, en particular, las condiciones establecidas en el artículo 283, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y la necesidad de una total independencia del Banco Central Europeo, de conformidad con el artículo 130 del TFUE; que, en el marco de esta evaluación, la comisión recibió un curriculum vitae del candidato, así como sus respuestas al cuestionario escrito que se le había enviado, emite dictamen favorable respecto a la recomendación del Consejo relativa al nombramiento de Mario Draghi como Presidente del Banco Central Europeo. Yo estoy en contra de su nombramiento.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El señor Draghi es un candidato totalmente inadecuado para el cargo más alto en el Banco Central Europeo. Era vicepresidente y director del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, donde sus responsabilidades incluían Europa y el contacto con los gobiernos nacionales. Todo ello coincidió precisamente con el período en el que Grecia suministraba a la UE cifras falseadas sobre su déficit y presupuesto. En este contexto, Goldman Sachs fue acusada de haber aconsejado a los griegos aquella falsificación. Además de estos negocios turbios, el señor Draghi también está especialmente sujeto a una clara censura por su postura intransigente en contra de un recorte de la deuda griega y a favor del rescate financiero. Como representante de un Estado miembro del sur de la zona del euro, que se enfrenta a enormes problemas financieros, su nombramiento también va a emitir una señal del todo errónea a los mercados y a nuestros ciudadanos, que no quieren una unión de transferencias, sino más bien una moneda estable.

El candidato apropiado habría sido Axel Weber de Alemania. Sin embargo, ni siquiera propuso su nombre para el puesto porque reconoció la terquedad de las medidas que se están adoptando con la bendición del señor Draghi. El nombramiento del Señor Draghi puede verse como un clavo más en el ataúd del euro y una amenaza a la UE en su conjunto.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito.(IT) Después de la excelente audiencia celebrada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, presento ahora con convicción mi voto a favor de la designación de Mario Draghi para el Banco Central Europeo (BCE). Mi voto es la confirmación de que, en esta fase de dificultades y crisis, se ha elegido a la persona más adecuada y cualificada para dirigir el Banco Central Europeo. Estoy convencido de que Mario Draghi sabrá manejar su futuro cargo como Presidente del BCE, como lo ha demostrado en su paso por el Banco de Italia, y que lo hará ofreciendo a Europa la riqueza de su experiencia y una gran competencia profesional. Al expresar mi satisfacción por el progreso del Banco de Italia, la institución de élite italiana que ha alcanzado los niveles más altos de desarrollo, me gustaría una vez más hacer hincapié en el alto perfil técnico de Mario Draghi, el próximo Presidente del BCE. En la confianza de que el Consejo confirme la votación del Parlamento a favor, le garantizo a Mario Draghi, en mi calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la mayor disposición para tomar parte en una fructífera colaboración con el BCE, sobre todo en esta época de dificultad para el euro y la UE.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) En función del informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y satisfechos los procesos de consulta y evaluación de las credenciales del candidato, en concreto en vista de los requisitos establecidos en el artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y vista la necesidad de que el Banco Central Europeo (BCE) sea plenamente independiente, he votado a favor del informe sobre el nombramiento del Presidente del BCE, y me congratulo por el nombramiento del Señor Draghi.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito.(IT) Solo puedo estar a favor de la opción de proponer a Mario Draghi como nuevo Presidente del Banco Central Europeo (BCE) para un mandato de ocho años en noviembre próximo. El curriculum vitae de este candidato revela sin duda un perfil del más alto nivel de profesionalidad y experiencia vital, y presenta una imagen de uno de los italianos más ilustres de hoy en el panorama económico mundial. En este tiempo de dificultades, creo que es fundamental contar con una persona del más alto nivel al timón del BCE, y Mario Draghi se ajusta a la perfección a este perfil.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El principal objetivo estratégico del Banco Central Europeo (BCE) es mantener la estabilidad de precios en la UE, lo que supone una contribución clave para resolver las dificultades económicas y financieras que están experimentando los Estados miembros. Con una licenciatura de la Universidad La Sapienza de Roma y un doctorado en Economía en el Massachusetts Institute of Technology, el señor Draghi es el Gobernador del Banco de Italia, miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central Europeo, miembro del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales, Gobernador, representado a Italia, en los Consejos de Gobierno del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y del Banco Asiático de Desarrollo y Presidente el Foro de Estabilidad Financiera.

Voto a favor del nombramiento del señor Draghi como presidente del BCE porque creo que posee un amplio bagaje académico y una dilatada experiencia profesional, también porque abogo por un fuerte compromiso de las instituciones europeas en la lucha contra la inflación, el fortalecimiento de la única moneda y la sostenibilidad ante la crisis de la deuda soberana. Creo asimismo que el nuevo Presidente del BCE llevará a la práctica una cultura de la honestidad y el rigor y ayudar a establecer una política económica sólida y coherente, enviando una clara señal de confianza a los mercados internacionales.

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. (FR) El nombramiento del Señor Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE) es, a mi juicio, una decisión plenamente justificada, ya que confirma la intención de la Unión Europea de continuar el trabajo iniciado por su actual presidente, Jean-Claude Trichet. En un contexto donde la situación económica de algunos países como Grecia está debilitando el euro, la voluntad y determinación mostradas por el Señor Draghi de enfilar un curso estable para una moneda fuerte son indispensables para garantizar la credibilidad de nuestra economía. También acojo con satisfacción el nombramiento de un hombre que tiene todas las cualidades necesarias para ocupar ese puesto. Su experiencia en el Consejo de Estabilidad Financiera y en la dirección del Banco de Italia son activos importantes para la visibilidad de la institución a nivel internacional y, por consiguiente, para la posición de la Unión Europea como la mayor potencia económica mundial. Frente a los desafíos que tenemos que abordar para que nuestra economía se recupere, estoy encantado con el nombramiento de alguien que ha logrado crear consenso y que ha demostrado ser capaz de allanar el camino para una unión monetaria estable, fuerte y competitiva.

 
  
  

Informe: Barbara Matera (A7-0191/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Voto a favor de este informe, ya que envía una clara señal de solidaridad de la UE ante la crisis a la que la sociedad europea se enfrenta en la actualidad. En este caso, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se utilizará para apoyar a los ex trabajadores de General Motors Bélgica y a cuatro de sus proveedores, que operan en el sector del automóvil, entre junio de 2010 y octubre de 2010.

Todos los trabajadores despedidos se beneficiarán de medidas personalizadas, con el apoyo de una financiación por valor de 9,59 millones de euros. Esta es la tercera vez que se moviliza el Fondo en 2011. Por consiguiente, me parece justo y apropiado recurrir al Fondo en este caso.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) He aprobado esta iniciativa para ayudar a las 2834 personas despedidas de la empresa General Motors de Bélgica a reintegrarse en el mercado laboral porque como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial la referida empresa no ha podido ampliar la empresa de producción de Amberes. Felicito el acuerdo al que han alcanzado con los interlocutores sociales respecto al paquete de medidas propuesto.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Matera, porque las características del asunto planteado por Bélgica respecto a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se adaptan a las condiciones requeridas para acceder a este Fondo. Los 9 593 931 euros solicitados para los 2 843 [sic] despidos que se produjeron en General Motors y en cuatro de sus proveedores, cuya actividad se desarrolla en el sector de los vehículos a motor, durante el período de referencia de cuatro meses (de junio a octubre de 2010), se utilizarán exclusivamente para la reintegración de estos trabajadores que han perdido sus empleos como resultado de la globalización en curso de los mercados mundiales, y de ninguna manera se abonarán a la empresa que organizó dichos despidos.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. − El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un instrumento para aliviar las presiones sobre los trabajadores, que se producen como consecuencia de cambios estructurales en los modelos comerciales mundiales. En el contexto de General Motors Bélgica, yo creo que las conclusiones a las que ha llegado la ponente están justificadas y he decidido, por lo tanto, votar a favor de este informe.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Acojo con satisfacción los trabajos realizados en función del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), en concreto en apoyo a la industria del automóvil, que se ha visto afectada por la crisis económica y financiera. También respaldo la decisión de movilizar el Fondo en favor de Bélgica, en beneficio de los trabajadores del sector del automóvil, a través de medidas que constituyen un conjunto coordinado de servicios personalizados destinados a su reinserción en el mercado laboral.

 
  
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  Nessa Childers (S&D), por escrito. − Es importante que esta Cámara represente el enorme potencial del FEAG.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) Después de la enorme ola de despidos de General Motors Bélgica y de cuatro de sus proveedores, cuya actividad se desarrolla en el sector de los vehículos de motor, Bélgica solicitó el año pasado, el 20 de diciembre de 2010, el apoyo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar al reciclaje de los 2 834 trabajadores despedidos. Este fondo europeo se creó para prestar ayuda adicional a los trabajadores despedidos a raíz de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial. Me alegro de que el Parlamento haya aprobado hoy esta ayuda, que permitirá a los trabajadores despedidos para recibir apoyo, especialmente en su búsqueda de empleo y formación. Se trata de una buena noticia para las miles de familias afectadas.

 
  
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  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) Una vez más, hemos decidido respaldar la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, en esta ocasión para ayudar a cerca de 2 800 personas que han perdido sus puestos de trabajo en Bélgica, ya que Europa sigue sufriendo los efectos de la crisis económica y tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales.

Con todo, consideramos que en el futuro deberíamos recurrir más bien a los instrumentos que ya existen, en particular al Fondo Social Europeo, con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas que han recibido preaviso de despido o ya han sido despedidas. Probablemente no habrá necesidad del Fondo de Adaptación a la Globalización en el próximo período presupuestario.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, ya que creo que la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es necesaria como consecuencia de los despidos en la empresa General Motors Bélgica y en cuatro de sus proveedores. Los esfuerzos realizados por las autoridades belgas merecen destacarse: han presentado una serie de medidas importantes para ayudar a los trabajadores afectados en la búsqueda de empleo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 con el objetivo de proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial y para apoyar su reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos. Fue ampliado en 2009 para incluir a los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera. Esta es la tercera solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2011 y hace referencia a la movilización de un importe total de 9 593 931 euros con cargo al FEAG para la reintegración en el mercado laboral de 2 834 trabajadores de General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores de Amberes. De acuerdo con el examen de la Comisión, la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG, y esa institución recomienda que la Autoridad Presupuestaria apruebe su movilización. El Fondo tendrá que ser movilizado con celeridad y eficacia para no hacer esperar a los trabajadores que van a recibir sus ayudas.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Este informe se refiere a la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera. El FEAG, creado en 2006, tiene como fin prestar ayuda a los trabajadores despedidos a raíz de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial como consecuencia de la globalización. El 20 de diciembre de 2010, la empresa General Motors Bélgica, en el sector de la automoción, presentó una solicitud de movilización del FEAG, después de haberse visto forzada a despedir a 2 834 trabajadores de la empresa principal y cuatro de sus proveedores.

La actual crisis económica y financiera le otorga al FEAG un cometido crucial en la mitigación del impacto social de la quiebra de muchas empresas, a menudo causada por las agresivas políticas económicas de los mercados emergentes. Esta es la tercera solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2011 de la UE. Teniendo en cuenta que la solicitud la solicitud cumple los criterios de admisibilidad, estoy de acuerdo con las recomendaciones de la ponente y voto a favor de esta propuesta de decisión.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Se han presentado solicitudes para la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en los casos de despidos masivos en toda Europa. Este caso se refiere a la movilización de más de 9 millones de euros para Bélgica con el propósito de prestar ayuda a alrededor de 2 800 trabajadores despedidos en el sector de la automoción. Esta es la tercera solicitud de movilización del Fondo sometida a examen en el marco del presupuesto de 2011. Por consiguiente, si deducimos la actual cantidad solicitada de los créditos disponibles, 489 628 679 euros del máximo de 500 millones de euros siguen estando disponibles hasta finales de 2011.

Si bien apoyamos esta movilización, dado que es esencial respaldar a esos trabajadores, queremos reiterar nuestras reservas y nuestra posición crítica respecto a este Fondo, ya que creemos que, en primer lugar, habría sido más importante haber tomado medidas para evitar el desempleo. Con tal fin, hay que cambiar las políticas neoliberales vigentes en la UE, incluyendo la insistencia en la desregulación y liberalización del comercio internacional.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) A pesar de que mantenemos nuestra posición crítica con respecto al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), ya que consideramos que habría sido más importante haber tomado medidas para evitar ante todo el desempleo, hemos votado a favor de la movilización de este Fondo con el fin de a prestar asistencia adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de la reestructuración de empresas o de la liberalización del comercio internacional. Este caso se refiere a la movilización de más de 9 millones de euros para Bélgica con el propósito de prestar ayuda a alrededor de 2 800 trabajadores despedidos en el sector de la automoción. Esta es la tercera solicitud de movilización del Fondo sometida a examen en el marco del presupuesto de 2011

Por consiguiente, si deducimos la actual cantidad solicitada de los créditos disponibles, 489 628 679 euros del máximo de 500 millones de euros siguen estando disponibles hasta finales de 2011. Es totalmente sintomático que se hayan empleado poco más de 10 millones de euros del importe previsto durante un período en el que la crisis social y financiera está agravándose, lo que como mínimo revela por sí mismo la necesidad de revisar las normas que regulan el Fondo.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó con el objetivo de proporcionar suficiente ayuda a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial. Con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, el Fondo no podrá superar un límite de 500 millones de euros. En abril de 2011, la Comisión adoptó una propuesta sobre la movilización del FEAG en favor de Bélgica para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos con anterioridad a causa de la crisis económica y financiera mundial. El examen de la Comisión se basó en la evaluación del vínculo entre los despidos y los grandes cambios estructurales que se han producido en los patrones del comercio mundial o la crisis financiera. De acuerdo con el examen de la Comisión, la solicitud cumple los criterios de admisibilidad para solicitar apoyo financiero y, en mi opinión, es apropiado respaldar la petición. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión confirmaron en una Declaración Conjunta, tras la celebración de una reunión en 2008, que, en relación con el Acuerdo interinstitucional, es importante garantizar un proceso rápido en la toma de decisiones sobre la movilización del Fondo.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Acojo con satisfacción este informe, ya que Bélgica ha solicitado ayuda en relación con 2 834 despidos (todos destinatarios de la ayuda) en la empresa principal de General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores, cuya actividad se desarrolla en el sector de los vehículos de motor en la región NUTS II de Amberes en Bélgica. El 20 de diciembre de 2010, Bélgica presentó una solicitud de movilización del FEAG con respecto a los despidos que se habían producido en la empresa General Motors Bélgica y en cuatro de sus proveedores, y completó esta solicitud con información adicional hasta el 24 de enero de 2011. Dicha solicitud cumple los requisitos para fijar el importe de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por tanto, la Comisión propone movilizar un importe de 9 593 931 euros.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de Bélgica, porque creo que este instrumento representa un recurso valioso para apoyar a los trabajadores que se encuentran en dificultades a causa de la crisis económica. Como se ha afirmado en diversas ocasiones, desde 2006 el FEAG ha proporcionado apoyo práctico a los trabajadores europeos que han sido despedidos por razones relacionadas con la reubicación de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de facilitar su reinserción en el mercado laboral. La votación de hoy se refiere a una solicitud de ayuda para 2 834 despidos, todos se presentan como destinatarios de la ayuda, en la empresa General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores, cuya actividad se desarrolla en el sector de los vehículos a motor en la región NUTS II de Amberes, durante el periodo de referencia de cuatro meses comprendido entre el 14 de junio y el 14 de octubre de 2010, ayuda que asciende a un total de 9 593 931 euros financiados por el FEAG.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial.

Para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial, que ha afectado en particular a la empresa General Motors Bélgica, la Comisión adoptó una nueva propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG en favor de Bélgica. En relación con ello, se ha hecho referencia específica a la naturaleza imprevista de los despidos y al impacto de estos en el empleo local, regional y nacional.

Recordemos que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y que, como tal, merece una dotación específica que sustituya las transferencias de otras líneas presupuestarias no empleadas, que podrían ser perjudiciales para la consecución de los distintos objetivos políticos.

Creemos que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG y abogamos por su aprobación ofreciendo una opinión positiva de ella. Lo que sigue siendo esencial, sin embargo, es una revisión del Reglamento de aplicación del FEAG para abordar el problema de las organizaciones multinacionales que provocan despidos por medio de reestructuraciones y traslados y, en consecuencia, desencadenan la intervención del FEAG.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Me abstengo por consideración a los trabajadores belgas de la planta de Opel en Amberes, que han sido sacrificados en nombre de la sacrosanta globalización. En la situación a la que se han visto abocados como resultado de las políticas neoliberales defendidas por la Unión Europea, uno podría votar en contra de la suma miserable que las élites europeas les conceden. Sin embargo, lo poco que se les da puede aliviar sus penurias. Pero ello no hace menos intolerable la lógica del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Aprueba las deslocalizaciones aplicadas por la empresa estadounidense General Motors. Avala el apetito de beneficios de las multinacionales y sus jefes multimillonarios. Habría que aprovechar esos beneficios que obtienen para auxiliar a los empleados, en lugar de recurrir al dinero de los contribuyentes europeos.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − Es conocido que la movilización del Fondo de Adaptación se refiere a 2 834 despidos (todos se presentan como destinatarios de la ayuda) en la empresa principal de General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores, cuya actividad se desarrolla en el sector de los vehículos a motor en la región de Amberes, durante el período de referencia de cuatro meses comprendido entre el 14 de junio y el 14 de octubre de 2010. Por lo tanto, los empleados despedidos recibirán asistencia en forma de medidas personalizadas respaldadas por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que va a movilizar 9,59 millones de euros para dichas medidas. Yo no estoy en contra de la movilización de ayuda financiera para los trabajadores belgas despedidos. No obstante, creo que habría que modificar las reglas para la aplicación del Fondo, de modo que la ayuda esté disponible para los Estados miembros menos desarrollados de la Unión Europea.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) recibe una financiación anual de 500 millones de euros con el objetivo de prestar apoyo financiero a los trabajadores afectados por cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial. Las estimaciones indican que entre 35 000 y 50 000 empleados podrían beneficiarse cada año de este apoyo. El dinero puede usarse para pagar la ayuda en la búsqueda de nuevos puestos de trabajo, la formación a medida, la asistencia con vistas al establecimiento por cuenta propia o la puesta en marcha de una empresa, la movilidad y el apoyo a los trabajadores con discapacidad o mayores. Dado que se han producido 2 834 despidos en la fábrica de automóviles General Motors Bélgica, lo que también ocasiona despidos adicionales en cuatro empresas de proveedores, se han facilitado para Bélgica un total de 9 593 931 euros con cargo al FEAG. He votado a favor del informe porque ese es precisamente el objetivo del Fondo.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para apoyar a los trabajadores que sufren perjuicios como resultado de despidos u otros cambios que son consecuencia de la globalización de la competencia internacional. Acojo con satisfacción el hecho de que los reiterados llamamientos del Parlamento se hayan traducido en créditos de pago por un total de 47 608 950 euros, identificados en el presupuesto para la línea presupuestaria del FEAG. Ese es el motivo por el que he votado a favor del informe.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) El dinero del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) debe emplearse de forma selectiva y con sentido. La ayuda financiera debe asignarse a la mayor brevedad posible, sobre todo en aquellos casos en los cuales una única empresa ha despedido a miles de trabajadores. Los retrasos en la prestación de asistencia financiera pueden tener consecuencias particularmente dolorosas y difíciles, y por ello es determinante movilizar el Fondo y responder con prontitud a la solicitud del Estado Miembro en cuestión. Cabe señalar que quienes han sido despedidos y sus familias sufren un daño moral y material incalculable. Pero por encima de todo, tienen dificultades importantes al tratar de reincorporarse al mercado laboral, y no tienen oportunidades de estudiar o reciclarse. Por ello es muy importante asegurarse de que esas personas reciban la ayuda financiera oportuna para que puedan retornar adecuadamente al mercado de trabajo. Dada la relevancia de esta ayuda financiera, acojo con agrado la propuesta de asignar ayuda financiera del FEAG a Bélgica tras los despidos masivos en la empresa General Motors Bélgica. También insto a los demás Estados miembros, allí donde las empresas estén despidiendo a empleados debido a la crisis financiera, a buscar de inmediato la ayuda financiera con el fin de mitigar las consecuencias negativas, abordar los problemas de empleo y fomentar la conservación y creación de puestos de trabajo.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Desafortunadamente, se nos pide una vez más que votemos sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Y digo «desafortunadamente» porque una intervención de esta naturaleza presupone una situación de grave dificultad. Por otro lado, sin embargo, deberíamos felicitarnos por disponer de este instrumento, que insufla el aliento vital necesario ante situaciones de grave crisis, que, de otro modo, pondrían en serio riesgo a sectores industriales y, sobre todo, el destino de numerosos trabajadores. Estoy de acuerdo con la asignación y uso del Fondo, pero esto no puede ser más que una medida temporal. Esta solución debe estar respaldada por una estrategia a largo plazo destinada a sostener la economía europea para garantizar que pueda mantener el ritmo del mercado globalizado en el que vivimos.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial. El 14 de abril de 2011, la Comisión adoptó una nueva propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG en favor de Bélgica para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. Se trata de la tercera solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2011 y hace referencia a la movilización de un importe total de 9 593 931 euros con cargo al FEAG para Bélgica, en función de 2 834 despidos (todos se presentan como destinatarios de la ayuda) en la empresa General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores. Dado que la solicitud cumple todos los requisitos necesarios para la movilización de este mecanismo de ayuda financiera, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial. El 14 de abril de 2011, la Comisión adoptó una nueva propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG en favor de Bélgica para apoyar la reintegración en el mercado laboral de 2 834 trabajadores despedidos en la empresa principal de General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores del sector de los vehículos de motor en Amberes. El examen de la Comisión se basó en la evaluación de diversos aspectos de esta cuestión, como: el vínculo entre los despidos y los grandes cambios estructurales que se han producido en los patrones del comercio mundial; la crisis financiera; la naturaleza imprevista de los despidos en cuestión; la comprobación del número de despidos; la explicación del carácter imprevisto de los despidos; la identificación de las empresas que han efectuado los despidos y de los trabajadores para los que se ha previsto ayuda; el territorio afectado y sus autoridades y partes interesadas; el impacto de los despidos en el empleo local, regional o nacional; y el conjunto coordinado de servicios personalizados que debe financiarse. Para garantizar que estas personas puedan reincorporarse al mercado laboral, he votado a favor de la presente propuesta.

 
  
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  Jacek Protasiewicz (PPE), por escrito. − He votado a favor de este informe, toda vez que apoya la propuesta de la Comisión de movilización del Fondo en favor de Bélgica, con el fin de ayudar a encontrar trabajo a 2 834 trabajadores despedidos en la empresa principal de General Motors Bélgica, lo que está en consonancia con mi posición y la del Grupo PPE. Además, el informe indica, con razón, que el presupuesto de 2011 cuenta, por primera vez, con créditos de pago (47 608 950 euros) en la línea presupuestaria del FEAG. Esto significa que el FEAG ha sido reconocido como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y que, por consiguiente, merece una dotación adecuada para cumplir todos los fines y objetivos que se le asignan, mientras sustituye transferencias de otras líneas presupuestarias no utilizadas, que podrían ser perjudiciales para la consecución de los distintos objetivos políticos. Respaldo asimismo el llamamiento de la ponente sobre la necesidad de abordar en la próxima revisión del Reglamento FEAG la cuestión de cómo tratar a las empresas multinacionales, cuya reestructuración o traslado durante importantes cambios en los patrones del comercio mundial afecta, en particular en tiempos de crisis financiera, a los trabajadores comunes, quienes sufren con más intensidad sus consecuencias, y, por lo tanto, apoyo la necesidad de intervención del FEAG.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) El objetivo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es ayudar a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios importantes en la estructura del comercio internacional y ayudarles a acceder de nuevo al mercado laboral. Precisamente teniendo esto presente es por lo que hay que ofrecer un apoyo rápido a los 2 834 trabajadores despedidos por General Motors en la región de Amberes. Tenemos que respaldar la propuesta del Parlamento para movilizar 9 593 931 euros, que proporcionarán servicios personalizados específicos, como la búsqueda de empleo, la formación para entrevistas de trabajo, la asistencia con vistas al establecimiento por cuenta propia y la formación profesional individual. Confrontada con las consecuencias de la crisis económica y financiera, Europa debe estar unida y mostrar solidaridad y, por lo tanto, debe responder a la petición de Bélgica. Con todo, la ayuda europea no debe eximir de su responsabilidad a las empresas y de su necesario esfuerzo para adaptar sus estrategias a los retos actuales.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. Pedimos a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG; agradece en este sentido el procedimiento mejorado establecido por la Comisión, tras la solicitud del Parlamento de agilizar la liberación de las subvenciones, a fin de poder presentar a la Autoridad Presupuestaria la evaluación de la Comisión sobre la admisibilidad de una solicitud del FEAG junto con la propuesta de movilización del FEAG; confía en que se introduzcan nuevas mejoras en el procedimiento en el marco de la próxima revisión del FEAG; así, recordamos el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica; señala el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; pide, no obstante, una evaluación de la incorporación a largo plazo de estos trabajadores al mercado laboral como efecto directo de las medidas financiadas por el FEAG.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) El 14 de abril de 2011, la Comisión adoptó una nueva propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG en favor de Bélgica para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. La opinión expresada hoy se refiere a 2 834 despidos (todos se presentan como destinatarios de la ayuda del Fondo) en la empresa principal General Motors Bélgica y cuatro de sus proveedores, cuya actividad se desarrolla en el sector de los vehículos a motor. De acuerdo con el examen de la Comisión, la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG y, por ello, la institución ha recomendado a la Autoridad Presupuestaria que proceda a su aprobación. El Parlamento ha adoptado hoy una posición favorable respecto a la cuestión.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. (NL) Los antiguos empleados y los cuatro proveedores de Opel Amberes están todavía irritados por la forma en que fueron tratados por GM. Opel Amberes era una empresa de montaje de automóviles moderna y exitosa. Sin embargo, GM decidió desechar, de forma muy arrogante, 2 834 puestos de trabajo. A Amberes no se le dio ninguna oportunidad, a pesar de los muchos intentos de encontrar un comprador. Bélgica, con razón, solicitó la ayuda del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que fue creado con el fin de proporcionar apoyo adicional a los trabajadores ante las consecuencias de cambios estructurales importantes en el comercio mundial. Tras el dictamen favorable de la Comisión, el Parlamento Europeo ha decidido hoy, de forma justificada, facilitar una importe total de 9 593 931 euros con cargo al FEAG con el fin de mitigar el impacto sufrido por estos trabajadores, que han sido despedidos de forma obligatoria. Me complace que esta Cámara afirme hoy de modo explícito que hubo falta de voluntad por parte de la dirección de Opel para adaptarse a los retos actuales. El Parlamento también se muestra crítico, con razón, respecto a la forma en que los Estados miembros en cuestión han abordado la crisis de Opel. Ha habido una carencia de coordinación de medidas a largo plazo para respaldar a este sector en los diferentes planes nacionales de recuperación. Todo ello deja un sabor de boca especialmente amargo.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, creó el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) con el objetivo de apoyar a los trabajadores que pierden sus empleos debido a cambios estructurales en el contexto de la economía global. Con un presupuesto de 500 millones de euros para el año 2011, la Comisión considera que deberían proporcionarse 9 593 931 euros a Bélgica para que pueda abordar los despidos en General Motors Bélgica y en cuatro de sus proveedores de la región de Amberes, respectivamente. Yo considero que el FEAG debería financiar medidas activas para la reinserción en el mercado laboral, permitiendo la adquisición de nuevas competencias y su adecuación a la nueva realidad laboral a la que los 2 834 trabajadores tendrán que hacer frente. Creo asimismo que las instituciones europeas deberían agilizar la movilización del FEAG para Bélgica, dado que este Estado miembro garantiza la integración en la vida activa de los trabajadores despedidos como consecuencia de la globalización. También me gustaría destacar que el Fondo no debe ser un sustituto de las responsabilidades jurídicas y financieras de General Motors Bélgica, sino más bien una ayuda adicional concedida por la UE para reducir las dificultades sociales que estos trabajadores afrontan.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la propuesta de decisión sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación con la empresa General Motors Bélgica, ubicada en la región de Amberes, que produce maquinaria y equipamiento.

Tras los 2 834 despidos realizados el 20 de diciembre de 2010, Bélgica presentó una solicitud de movilización del FEAG. La solicitud se refería a los despidos en la empresa General Motors Bélgica y en cuatro de sus proveedores. Durante el período comprendido entre el 14 de junio y el 14 de octubre de 2010, se realizaron 1 336 despidos, mientras que otros 1 498 despidos tuvieron lugar antes y después del período en cuestión.

Como consecuencia de la crisis económica y financiera, Europa se ha enfrentado a serios recortes en la demanda de turismos y vehículos comerciales causando distorsiones significativas en la producción de vehículos de motor. En Bélgica se registraron en 2009 una disminución del 23,8 % en el montaje de vehículos de motor y del 34,8 % en la producción de turismos, en relación con 2008.

Debo destacar el importante papel desempeñado por el FEAG en la reintegración de trabajadores despedidos en el mercado laboral. Solicito que se lleve a cabo una evaluación De la integración a largo plazo de esos trabajadores en el mercado laboral, como resultado directo de las medidas financiadas por el FEAG. El Fondo debería ser utilizado de forma equitativa por todos los Estados miembros.

 
  
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  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. (FR) Una muy amplia mayoría del Parlamento Europeo ha aprobado el informe de la señora Matera, que reclama la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por un importe de 9,5 millones de euros para el cierre de la planta de General Motors (GM) - Opel de Amberes (Bélgica). He votado en contra de este informe, ya que financia el despido de 2 834 empleados de una empresa que recibió un préstamo de 5 000 millones de dólares de las autoridades de EE.UU. durante el verano de 2010. Por añadidura, la venta de muchas marcas le ha permitido regenerar su situación financiera desde el otoño de 2010 y recuperar su cotización en el mercado de valores en noviembre de 2010. Las autoridades, ya sean europeas, nacionales o regionales, al aceptar la movilización de fondos públicos para paliar el cierre de una planta, que no consigue nada excepto despidos laborales, hacen cesión de sus poderes. Esta decisión es incluso más inaceptable toda vez que se produce en momentos en los que la Unión Europea y sus Estados miembros están adoptando medidas de austeridad y reducción presupuestaria, que pretenden mantener la recesión económica, el desmantelamiento de los servicios públicos, el desempleo, la inseguridad laboral, los recortes salariales y las desigualdades sociales.

 
  
  

Informe: Carlo Casini (A7-0197/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Voto a favor de este informe, ya que la nueva versión del artículo 51 que se propone tiene tres objetivos fundamentales: primero, mejorar la legibilidad de la disposición y, por ende, facilitar su uso; segundo, redefinir las condiciones para la aplicación de la norma; y tercero, clarificar el objetivo del procedimiento.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. (IT) El informe de mi colega el señor Casini confronta y contribuye positivamente a la resolución de los problemas relacionados con la interpretación y aplicación del artículo 51 del Reglamento del Parlamento Europeo. Comparto plenamente la opinión del señor Casini de que no bastaba con referirse a una única interpretación y a las directrices destinadas a facilitar la aplicación. Las condiciones para la aplicación del procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones y una votación conjunta, y me refiero en particular a los criterios de «competencia y especial importancia» de la materia en cuestión, son claros y adecuados para eliminar las incertidumbres jurídicas que han existido hasta ahora. Hago pública mi felicitación por el trabajo bien efectuado y confío en que este informe pueda facilitar la labor del Parlamento mediante un mayor uso de este procedimiento.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) He votado a favor de este informe porque la modificación que se plantea del art. 51 del Reglamento además de ser una fórmula innovadora de colaboración entre distintas comisiones mejorará la legibilidad de la disposición y su aplicación, aclara las condiciones que deben darse para su aplicación y determina el contenido normativo.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Este informe propone la modificación del artículo 51, después de que la Conferencia de Presidentes hubiese planteado el problema en relación con las limitaciones del Reglamento en lo que respecta a las reuniones conjuntas de comisiones. El informe presenta una propuesta de modificación del Reglamento, según la cual las condiciones para la aplicación del artículo 51 serían verificadas más estrechamente y de acuerdo con criterios más estrictos, incluyendo la Conferencia de Presidentes. El hecho de que las reuniones conjuntas solo puedan celebrarse si el asunto en cuestión es de gran importancia garantiza que no se producirá una aplicación injustamente amplia de un procedimiento que es, por su propia naturaleza, excepcional. Voto a favor del informe del señor Casini.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, ya que mejora de forma significativa la cooperación entre las comisiones, como parte de la necesaria reforma del Parlamento. Esta propuesta responde a cuestiones de fondo sobre la competencia de una comisión en casos en los que un expediente legislativo revista una particular importancia, siempre con arreglo a los principios de igualdad y cooperación.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Reglamento del Parlamento, modificado en mayo de 2009, contempla ahora un nuevo procedimiento para las reuniones conjuntas de las comisiones parlamentarias siempre un tema no encaje claramente dentro de la competencia de una sola comisión. A pesar de la plena integración de esta nueva norma, a la Comisión de Asuntos Constitucionales se le ha encomendado la misión de clarificar y consolidar el contenido de esta disposición para facilitar su comprensión, sobre todo en el contexto del procedimiento legislativo ordinario. Es evidente que la división de competencias de las comisiones crea algunas áreas de superposición entre las que es difícil distinguir, por lo que creo que esta aclaración es un paso positivo y que la nueva formulación propuesta permitirá una mayor consistencia en el uso del artículo 51 del Reglamento.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Este proyecto de informe tiene por objeto modificar el artículo 51 del Reglamento del Parlamento, tras la creación de un Grupo de Trabajo para acometer una revisión del Reglamento y una decisión de la Conferencia de Presidentes. El 6 de mayo de 2009, el Parlamento procedió a la revisión del Reglamento y creó, en el artículo 51, un nuevo «procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones» con la finalidad de agilizar los procedimientos en relación con la aprobación de los asuntos que trascienden las competencias de una sola comisión, de modo que solo se someta un informe al Pleno, lo que reflejaría la posición de todas las comisiones involucradas. El examen del proyecto de directrices para la cooperación en virtud del artículo 51, llevado a cabo por la Conferencia de Presidentes de Comisión, dio lugar a una solicitud del Presidente de ese organismo para su consideración por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta propuesta aclara las cuestiones planteadas y somete su adopción al Pleno, teniendo en cuenta el Reglamento en vigor. Por lo tanto, concuerdo con la recomendación del Ponente de que la «comisión conjunta» debería considerarse la «comisión competente» en el sentido del Reglamento.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) En la legislatura anterior, la Conferencia de Presidentes instituyó un Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento con la misión de revisar el funcionamiento del Parlamento y sugerir mejoras. En el marco del capítulo relativo a la cooperación entre comisiones, el Grupo de Trabajo propuso no solo reforzar la posición de la comisión asociada en el procedimiento de comisiones asociadas, sino también desarrollar una nueva forma de cooperación entre comisiones, consagrada en el nuevo artículo 51. La propuesta se justificaba en función de que, en casos especiales, cuando un procedimiento legislativo que revista una importancia fundamental no sea claramente competencia de una comisión, puede repartirse entre varias comisiones. Los conflictos de competencias deben resolverse con arreglo a los principios de igualdad y cooperación. Los miembros de las comisiones interesadas pueden entonces celebrar una reunión conjunta sobre las enmiendas presentadas a la propuesta legislativa. Luego se someterá al Pleno un informe más equilibrado. En mi opinión, facilitar la aplicación de este proceso requiere algo más que una interpretación del Reglamento o las directrices. Conlleva una cuestión de procedimiento importante, que debe ser decidida por mayoría de votos en sesión plenaria. Necesitamos lograr disposiciones más comprensibles, que por lo tanto tengan una mayor probabilidad de llevarse a la práctica.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) El razonamiento subyacente a la propuesta era que, en casos especiales, cuando un procedimiento legislativo no sea claramente competencia de una comisión, sino que pueda repartirse entre varias comisiones y revista una importancia fundamental, conviene resolver el conflicto de competencias con arreglo a los principios de igualdad y cooperación. Las comisiones interesadas celebrarán una reunión conjunta para proceder a un intercambio previo de argumentos con el fin de determinar con más claridad las mayorías y minorías intercomisiones. A continuación, los miembros de las comisiones interesadas votarán conjuntamente las enmiendas presentadas a la propuesta legislativa. El resultado sería la presentación al Pleno de un solo informe, más equilibrado. Por ello, he votado a favor de esta propuesta.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Respaldamos esta modificación del Reglamento del Parlamento Europeo, que permite a la Conferencia de Presidentes, en el caso de un asunto legislativo de especial importancia, tomar la decisión de aplicar un procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones y una votación conjunta. Sin embargo, esto solo puede suceder en los casos en que la responsabilidad del asunto no pueda dividirse entre varias comisiones y ese asunto sea de especial importancia. Una modificación de esta naturaleza debe tener como objetivo destacar el carácter excepcional de este procedimiento y halla su justificación, entre otros aspectos, en la carga administrativa y técnica que implica dicho procedimiento. Creemos que todo ello puede facilitar, sin duda, en una primera fase, un intercambio de argumentos entre las comisiones interesadas y que, en casos de especial importancia, puede ser asimismo ser útil con el fin de «preparar el terreno» para las votaciones en el Pleno.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − Todos los artículos del Reglamento del Parlamento Europeo deberían buscar tres objetivos: mejorar la legibilidad de la disposición y, por tanto, facilitar su uso; redefinir las condiciones para la aplicación de la norma; determinar su contenido normativo. Estoy absolutamente de acuerdo con el ponente.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Casini sobre la modificación del artículo 51 del Reglamento del Parlamento, porque esta modificación es el resultado de un trabajo que sintetiza las normas que aclaran el ámbito en el que puede aplicarse el artículo 51. El nuevo texto simplifica el artículo haciendo referencia a otros artículos y regulando mejor el procedimiento ordinario, por el cual dos comisiones pueden reunirse en una sesión conjunta para discutir temas importantes que reflejen intereses mutuos. El objetivo de la modificación consiste, por consiguiente, en crear la posibilidad de que las comisiones interesadas intercambien argumentos y «preparen el terreno» para un debate. Durante la duración del procedimiento, las comisiones conjuntas se convierten así en responsables en el sentido que establece el Reglamento.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) En la legislatura anterior, la Conferencia de Presidentes instituyó un Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento con la misión de revisar el funcionamiento del Parlamento y sugerir mejoras. Como parte de este proceso, se desarrolló e introdujo una nueva forma de cooperación entre las comisiones por medio del nuevo artículo 51. Se plantearon algunas dudas sobre la aplicación de esta nueva forma de cooperación entre comisiones, que fueron remitidas a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales considera que esto no es una mera cuestión de interpretación, sino una importante cuestión de procedimiento que debe zanjarse mediante una votación en el Pleno por la mayoría aplicable al Reglamento, a saber, la mayoría de los diputados que integran el Parlamento. Estoy de acuerdo con la versión presentada, que hace la norma más clara y fácil de usar, así que he votado a favor de su modificación.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El objetivo aquí es crear la oportunidad de que las comisiones interesadas intercambien argumentos en una fase temprana y de «preparar el terreno» para el Pleno en los casos de especial importancia. La modificación del artículo 51 resulta indispensable, hace la norma más comprensible y, por lo tanto, más adaptada al uso, estableciendo nuevas condiciones que rigen la aplicación del procedimiento y determinando su alcance. Para alcanzar estos objetivos, es necesario establecer ambas condiciones de forma clara y comprensible. La responsabilidad del asunto no debe dividirse entre varias comisiones y, por último, deben determinarse las implicaciones prácticas de la aplicación del artículo para el procedimiento legislativo en curso. Durante la duración del procedimiento, las comisiones conjuntas se convierten así en «comisión competente para el fondo» en el sentido del Reglamento. Con la finalidad de que pueda haber una modificación del artículo 51 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo al procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones, expreso mi voto a favor de la propuesta en cuestión.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. En la legislatura anterior, la Conferencia de Presidentes instituyó un Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento con la misión de revisar el funcionamiento del Parlamento y sugerir posibles mejoras. En el marco del capítulo relativo a la cooperación entre comisiones, el Grupo de Trabajo propuso no solo reforzar la posición de la comisión asociada en el procedimiento de comisiones asociadas —antiguo artículo 47 y actual artículo 50 del Reglamento— sino también desarrollar una nueva forma de cooperación entre comisiones, consagrada en el nuevo artículo 51. El razonamiento subyacente a la propuesta es que, en casos especiales, «cuando un procedimiento legislativo que revista una importancia fundamental no sea claramente competencia de una comisión, sino que pueda repartirse entre varias comisiones [...] conviene resolver el conflicto de competencias con arreglo a los principios de igualdad y cooperación. Las comisiones interesadas celebrarán una reunión conjunta para proceder a un intercambio previo de argumentos [...] con el fin de determinar con más claridad las mayorías y minorías intercomisiones. A continuación, los miembros de las comisiones interesadas votarán conjuntamente las enmiendas presentadas a la propuesta legislativa. Por consiguiente, se someterá al Pleno un solo informe, más equilibrado [...]».

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Este informe apoya la propuesta de modificación del artículo 51 del Reglamento relativo al procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones. A todos los efectos, los conflictos en el texto del artículo no pueden resolverse a través de la mera interpretación, dada la importancia de la cuestión del procedimiento.

La nueva redacción establece de forma clara y de inmediato comprensible las condiciones para procedimientos de reuniones conjuntas, eliminando la necesidad de hacer referencia a otros artículos. Por añadidura, el acto de redefinición de estas condiciones halla su justificación en la carga administrativa y técnica que implica dicho procedimiento. Por último, el objetivo comúnmente reconocido de reuniones conjuntas, el de intercambiar argumentos y opiniones de antemano para «preparar el terreno» para el Pleno, cuando el asunto en cuestión es de especial importancia, es posible solo si las comisiones se mantienen conjuntamente competentes en todas las etapas del procedimiento hasta la aprobación de la norma.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) La versión propuesta del artículo 51 del Reglamento del Parlamento Europeo es una tentativa de llevar la futura cooperación de varias comisiones parlamentarias dentro de un marco jurídico único. La propuesta se basa en el principio de igualdad y la cooperación. He votado a favor.

 
  
  

Informe: Enrico Speroni (A7-0242/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Voto a favor en pro de la transparencia y de una actuación sin obstáculos planteados por la justicia.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) El informe y la labor de la Comisión de Asuntos Jurídicos dejan claro que no hay razones para creer que las autoridades rumanas están actuando en contra del señor Severin con intención persecutoria. A pesar de que la posición de la supuesta empresa de consultoría puede suscitar dudas sobre la corrección de la conducta por parte de los operadores de información, el hecho es que el tema en cuestión no parece entrar en la categoría de los casos en los que la inmunidad puede invocarse legítimamente. Voto a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) El Parlamento Europeo ha votado a favor de suspender la inmunidad parlamentaria del eurodiputado rumano señor Severin, y ello con razón. De hecho, tras las alegaciones de corrupción formuladas contra él, que siguieron a los artículos publicados en el Sunday Times en marzo (recordemos el escándalo de corrupción que sacudió al Parlamento), la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía incoó un procedimiento contra el señor Severin en función de la información que le acusaba de haber aceptado un pago de 100 000 euros por parte de los representantes de una supuesta empresa de consultoría, creada por el Sunday Times, a cambio de su apoyo al proyecto de enmienda a la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos. Seguiremos el asunto.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El presente informe se refiere al suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado rumano señor Severin, siguiendo el procedimiento incoado por la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía el 21 de marzo de 2011. El caso se basa en información según la cual se acusa al señor Severin de haber aceptado un pago de 100 000 euros por parte de la empresa de consultoría Taylor Jones Public Affairs, a cambio de su apoyo a una enmienda a la Directiva 94/19/CE, relativa al plazo límite para el reembolso a los depositantes en caso de quiebra del banco. Esta empresa también le había prometido un puesto remunerado como miembro de su Comité consultivo internacional. Posteriormente, se desveló que se trataba de una supuesta empresa creada por el diario británico The Sunday Times, cuyo comportamiento es censurable. Sin embargo, aunque el Señor Severin sostiene que todo sucedió con una supuesta empresa que le engañó, que ningún dinero cambió de manos y que no se alteró ninguna norma jurídica, la legislación rumana castiga con severidad este tipo de comportamiento. En vista de ello y teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que aconseja la suspensión de la inmunidad parlamentaria de nuestro colega, el señor Severin, mi voto es a favor de este informe.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) Adrian Severin, el ex Viceprimer Ministro de Rumanía, fue suspendido como militante del Partido Socialdemócrata de su país de origen después de que saliese a la luz el escándalo de corrupción del Parlamento Europeo en el que estuvo implicado. También fue expulsado del http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=ES" \t "_blank" , pero que permanece en el cargo como diputado. Junto con otros dos miembros de esta Cámara, se enfrenta a un cargo de corrupción, después de que presuntamente se mostrase dispuesto a apoyar una enmienda legislativa a cambio de dinero. A pesar de ello, él mismo afirma todos los cargos son falsos. Yo personalmente considero que el comportamiento de mi colega es deplorable y que cualquier caso o incluso indicio de corrupción es totalmente inaceptable. Necesitamos los medios legislativos para hacer frente a situaciones similares, y también creo firmemente que si alguien comete un delito parecido debería asumir la responsabilidad por su comportamiento. Creo asimismo que lo correcto y apropiado en estos casos sería renunciar al cargo de diputado al Parlamento Europeo.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − La Comisión de Asuntos Jurídicos, tras haber examinado todos los argumentos a favor y en contra de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del diputado, recomienda que el Parlamento suspenda la inmunidad de Adrian Severin, si bien considera que, mientras no recaiga sentencia firme, no podrá adoptarse contra el diputado medida alguna de detención, privación de libertad o cualquier otra que le impida ejercer las funciones propias de su mandato. Estoy de acuerdo con la opción recomendada por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sin embargo, como cuestión de principios estoy en contra del procedimiento para la suspensión de la inmunidad.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El Parlamento ha solicitado que se suspenda la inmunidad parlamentaria de nuestro colega, el señor Severin, como resultado de un procedimiento penal en el que se le acusa de difamación de acuerdo al Código Penal húngaro. No hay ninguna prueba que permita presumir la existencia, por parte de la autoridad judicial rumana, de fumus persecutionis, es decir, una sospecha lo suficientemente grave y precisa que permita concluir que el objetivo del proceso haya sido causar un perjuicio político al diputado. Tras haber examinado todos los argumentos a favor y en contra de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del diputado, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que el Parlamento suspenda la inmunidad de Adrian Severin, si bien considera que, mientras no recaiga sentencia firme, no podrá adoptarse contra el diputado medida alguna de detención, privación de libertad o cualquier otra que le impida ejercer las funciones propias de su mandato. Por las razones expuestas, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. En la sesión del 6 de abril de 2011 el Presidente comunicó, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento del Parlamento Europeo, que había recibido una carta de la Dirección Nacional Anticorrupción (Fiscalía adscrita al Tribunal Supremo de Casación y Justicia de Rumanía), fechada el 5 de abril de 2011, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Adrian Severin. El Presidente remitió la solicitud a la comisión competente, de conformidad con el artículo 6, apartado 2. Sobre la base de diversas consideraciones, y de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento, tras haber examinado todos los argumentos a favor y en contra de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del diputado, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que el Parlamento suspenda la inmunidad de Adrian Severin, si bien considera que, mientras no recaiga sentencia firme, no podrá adoptarse contra el diputado medida alguna de detención, privación de libertad o cualquier otra que le impida ejercer las funciones propias de su mandato.

 
  
  

Recomendación: Alain Cadec (A7-0192/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Mi voto es a favor de este informe, dado que el Acuerdo de colaboración vigente entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles está en vigor desde 2006, y que el Protocolo de este acuerdo expiró el 17 de enero de 2011.

Un nuevo Protocolo para el período 2011-2014 se aplicará con carácter provisional, y creo que es suficiente en el momento actual. El Protocolo prevé una contribución de la Unión a las Seychelles de 16 800 000 euros en tres años, de los cuales 2 220 000 euros al año se destinarán a apoyar la política pesquera de las Seychelles. Considero adecuadas estas cantidades.

También acojo con satisfacción el hecho de que el nuevo Protocolo incluya una cláusula suspensiva en caso de vulneración de derechos humanos.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito.(ES) He votado a favor de este acuerdo porque va a servir para extender por el mundo formas de pesca sostenibles al garantizar el control exhaustivo sobre la cantidad de pesca y las técnicas de captura así sobre como las condiciones del pescado que se extrae del mar y su trazabilidad alimentaria y comercial. Además los 16 800 000 euros que van a recibir las Seychelles van a fomentar y modernizar la actividad económica relacionada con la pesca del archipiélago favoreciendo el desarrollo local. Finalmente este acuerdo va a permitir a los sesenta atuneros europeos que faenan en la zona, 48 cerqueros y 12 palangreros, pescar hasta 56 000 toneladas anuales. Este acuerdo tiene que servir también para desterrar discursos demagógicos que se escuchan en esta cámara sobre la pesca de buques europeos en países terceros. Nuestros buques en las Seychelles ejercen una actividad reglada, fuertemente controlada y enteramente respetuosa con el medio. No esquilman recursos y apoyan el desarrollo local. Y son este tipo de convenios los que garantizan esos principios. Por último decir que la amenaza de la piratería ha propiciado que este último año hayan descendido un 25 % las capturas en este caladero y que hay que continuar reforzando medidas necesarias para que los buques puedan pescar en condiciones.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) El informe del Señor Cadec se refiere a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles. Estoy a favor de este informe porque la evaluación del Acuerdo muestra que ayuda al mantenimiento de la presencia de las flotas de la UE en la región, al tiempo que permite crear puestos de trabajo en la zona; ; una de los motivos por los que quería respaldar el acuerdo es que supone una importante contribución a la estabilización del mercado europeo de conservas de atún.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de este documento. El anterior Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Seychelles, que expiró en enero de 2011 y ha sido renovado por la Comisión por un período de tres años, aportó beneficios mutuos en cuanto a sus respectivos intereses en el sector de la pesca del atún. Este acuerdo ha permitido, de hecho, la creación de 230 puestos de trabajo embarcados para la población seychellense, de 2 900 puestos de trabajo en las Seychelles y de 760 empleos indirectos en Europa en los sectores relacionados con el sector. La ampliación de este Acuerdo, que contribuye de manera importante a la estabilización del mercado europeo de conservas de atún, resulta útil ya que garantiza la presencia de 60 buques de la flota atunera europea en la región con la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo. Además, también está demostrando ser eficaz, al dar a las Seychelles los medios para desarrollar una pesca responsable aumentado su capacidad de gestión de las poblaciones y de control de las pesquerías. Por consiguiente, estimo apropiado proceder en el camino de los acuerdos de colaboración en este sector, que es vital para la economía europea.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de este informe, ya que el Acuerdo de colaboración negociado entre la UE y la República de Seychelles para un período de tres años beneficiará a ambas partes . El Protocolo contribuirá a la estabilización del mercado europeo de conservas y también al desarrollo de una política pesquera sostenible en las islas Seychelles. Este Acuerdo supone 2 900 puestos de trabajo directos e indirectos en las Seychelles y 760 empleos en Europa.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Celebro la renovación del Protocolo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Seychelles, ya que beneficia mutuamente a los intereses pesqueros de ambos países. Este acuerdo ha permitido la creación de 230 puestos de trabajo embarcados para la población seychellense, de 2 900 puestos de trabajo en las Seychelles y de 760 empleos indirectos en Europa en los sectores relacionados con el sector. También permite a las Seychelles desplegar los medios para desarrollar una pesca responsable. El nuevo Protocolo reforzará la cooperación entre ambas partes y promoverá un marco de colaboración que permita el desarrollo de una política pesquera sostenible.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles, ya que prevé la aplicación provisional de un nuevo Protocolo para que no se suspenda la actividad de los buques europeos. Apruebo el hecho de que el nuevo Protocolo incluya una cláusula suspensiva en el caso de vulneración de los derechos humanos.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La sostenibilidad de los recursos pesqueros es una de las principales preocupaciones de la Unión cuando celebra o modifica acuerdos de colaboración pesquera, como también lo es el impacto que esta actividad tiene en el desarrollo local. Si no explotamos estos recursos de forma sostenible, vamos a avanzar con rapidez hacia la extinción de las especies de peces y el aumento de la contaminación marítima. El nuevo Protocolo ofrece más posibilidades de pesca a las flotas europeas y conlleva la creación de puestos de trabajo, tanto en las Seychelles como en Europa. Espero que los casos de piratería que se han dado en esta región no afecten negativamente a esta actividad.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El informe del Señor Cadec nos presenta una propuesta de recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles. En 1987 se firmó un acuerdo bilateral de pesca entre la UE y las Seychelles. Hubo un Protocolo en vigor desde 2006 antes de su expiración el 17 de enero de 2011. La Comisión, consciente de la importancia de la renovación de este Acuerdo y sobre la base del mandato otorgado por el Consejo, negoció un nuevo marco de colaboración basado en el desarrollo de una política pesquera sostenible con el Gobierno de las Seychelles. Considerando que las principales actividades económicas en las Seychelles son la pesca y el turismo, y que este Acuerdo beneficia a la Unión Europea y la República de Seychelles, teniendo en cuenta la creación de 3 000 puestos de trabajo en las Seychelles y de 760 en Europa y el control de las capturas a través de un programa sectorial plurianual, que promueve la cooperación científica y una pesca responsable y sostenible, voto a favor de esta propuesta de recomendación.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este Protocolo de pesca garantiza posibilidades de pesca en la zona económica exclusiva de las Seychelles para las diversas flotas de los Estados miembros. En ellas se incluyen cinco palangreros de superficie portugueses.

La renovación de este Protocolo tiene como objetivo apoyar la sostenibilidad de las flotas pesqueras lejanas de los Estados miembros, un segmento de flota que se ha visto particularmente afectado por la crisis en el sector pesquero en los últimos años. Se trata de un objetivo y una preocupación que, obviamente, compartimos. No obstante, no podemos dejar de señalar algunas dudas que se mantienen, resultantes de otros acuerdos de colaboración en el sector pesquero, acerca de la efectividad de los objetivos declarados de cooperación sobre desarrollo sostenible en el sector para el país tercero en cuestión, y sobre la sostenibilidad y el seguimiento de sus actividades pesqueras. Estos son temas que convendrá aclarar en el futuro.

Tomamos nota del hecho de que las oportunidades de pesca se han reducido a la mitad y de que el coste de las licencias ha aumentado a 40 000 euros para los atuneros cerqueros, si bien ha habido un incremento en el número de estos buques cubiertos por el Acuerdo.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este Protocolo de pesca asegura posibilidades de pesca en la zona económica exclusiva de las Seychelles para las diferentes flotas de los Estados miembros, incluyendo cinco palangreros de superficie portugueses.

Estamos de acuerdo con la renovación de este Protocolo de pesca, lo que es importante a fin de garantizar la supervivencia de las flotas pesqueras lejanas de los Estados miembros, un segmento de flota que se ha visto particularmente afectado por la crisis en el sector pesquero en los últimos años. Sin embargo, dado que la vigencia de este Acuerdo es de tres años y que, por ello, las posibilidades de pesca se han reducido a la mitad, nos preocupa el hecho de que el coste de las licencias haya aumentado a 40 000 euros para los atuneros cerqueros, si bien ha habido un incremento en el número de estos buques cubiertos por el Acuerdo

También compartimos la preocupación del ponente sobre el problema de la piratería en el Océano Índico, que cada vez afecta más a la pesca. Por esta razón, el Acuerdo de colaboración prevé «la posibilidad de efectuar un pago pro rata temporis» para compensar las pérdidas sufridas por los armadores si se ven obligados a dejar el Océano Índico, en el caso de que sientan que su seguridad se ve gravemente amenazada.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El acuerdo bilateral de pesca entre la UE y las Seychelles se firmó en 1987, y desde el año 2006 está en vigor un Acuerdo de colaboración en el sector pesquero. La economía de las Seychelles se basa principalmente en el turismo y la pesca, con una industria pesquera, centrada en la actividad conservera, que constituye el 15 % del PIB y emplea al 17 % de la mano de obra local. Sobre la base del mandato que recibió del Consejo, la Comisión entabló, en nombre de la Unión Europea, negociaciones con la República de Seychelles con el fin de renovar el Protocolo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles. El acuerdo es mutuamente beneficioso, tanto para la UE como para las Seychelles, crea 2 900 puestos de trabajo en las Seychelles y 760 empleos en Europa en los sectores relacionados con el sector pesquero. En el marco del acuerdo, ha habido una mejora cualitativa bajo un programa sectorial plurianual destinado a apoyar la pesca responsable y sostenible en aguas de las Seychelles, y se ha añadido al Protocolo también una cláusula suspensiva que prevé la posibilidad de una suspensión del Acuerdo si una de las partes comprueba que se vulneran los derechos humanos. El Acuerdo representa una contribución sustancial a la estabilización del mercado europeo y al desarrollo de una política pesquera sostenible y de explotación responsable de los recursos pesqueros en la zona de pesca de Seychelles. Por consiguiente, resulta apropiado aprobar el proyecto del nuevo Protocolo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y Seychelles.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) He acogido con satisfacción este documento, ya que propone la aprobación de la renovación del Protocolo, que expiró el 27 de enero de 2011. Una evaluación a posteriori del Acuerdo muestra su relevancia, ya que contribuye a mantener la presencia de las flotas de la UE en la región, al tiempo que estimula la creación de empleo local. La aplicación del Protocolo ha demostrado ser eficaz, al dar a las Seychelles los medios para desarrollar una pesca responsable. La buena actuación del sector cerquero ha permitido que el Acuerdo sea eficiente, preservando el carácter ventajoso del coste de las posibilidades de pesca negociadas. La pesca con buques cerqueros no pone en peligro la sostenibilidad biológica de las poblaciones explotadas. El acuerdo contribuye de manera importante a la estabilización del mercado europeo de conservas de atún. El desarrollo del sector pesquero en las Seychelles depende en fuerte medida de la existencia de este acuerdo. Gracias a la implementación del apoyo sectorial de la contrapartida financiera, las Seychelles han aumentado su capacidad de gestión de las poblaciones y de control de las pesquerías. El nuevo Protocolo es conforme a los objetivos del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero, cuyo propósito es reforzar la cooperación entre las dos partes y promover un marco de colaboración que permita el desarrollo de una política pesquera sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros de la zona de pesca seychellense. En función de todo ello, creo la propuesta de nuevo Protocolo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles sirve a los intereses de ambas partes .

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) Con la votación de hoy hemos aprobado el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la celebración de un Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles. El primer acuerdo bilateral de pesca lo firmaron la UE y las Seychelles en 1987, mientras que el Acuerdo de colaboración entró en vigor en 2006. Como todos saben, La economía de las Seychelles se basa principalmente en el turismo y la pesca. De hecho, la industria pesquera constituye el 15 % del PIB y emplea al 17 % de la mano de obra local. En mi opinión, las negociaciones llevadas a cabo por la Comisión Europea, que han permitido la ampliación del Protocolo al Acuerdo de colaboración, han dado lugar al borrador de un documento que es mutuamente ventajoso, puesto que refuerza el nivel de cooperación entre la UE y las Seychelles y promueve un marco de colaboración que permita el desarrollo de una política pesquera sostenible en las Seychelles y una explotación responsable de los recursos pesqueros de la zona de pesca seychellense.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) El nuevo Acuerdo de pesca entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles tendrá validez por un período de tres años y facilitará la creación de puestos de trabajo, la explotación sostenible de los recursos marinos y la pesca responsable, basada en el principio de no discriminación entre las diferentes flotas que faenan en la zona. Permitirá fomentar en el momento actual el diálogo político sobre las reformas necesarias que tienen como objetivo la cooperación entre las dos partes y promover un marco de colaboración que permita el desarrollo de una política pesquera sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros de la zona de pesca seychellense.

Sin embargo, los acuerdos de asociación en el sector pesquero no solo deberían ser una vía jurídica para permitir que los buques europeos tengan acceso a los recursos pesqueros de terceros países, sino también una herramienta para fomentar la explotación sostenible de los recursos marinos. Creemos que es de fundamental importancia mejorar la transparencia de los procedimientos empleados para determinar el total de capturas y garantizar la irreprochabilidad del conjunto de mecanismos respecto del problema de la corrupción reforzando la responsabilidad del Gobierno local. La Unión Europea deberá recibir informes periódicos sobre la aplicación del Acuerdo, con objeto de facilitar el control, la transparencia y la coherencia política de cara al desarrollo.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − La actividad de los buques europeos en las Seychelles se rige por un Protocolo que abarca el período comprendido entre el 18 de enero de 2005 y el 17 de enero de 2011. Las Seychelles disponen de una zona económica exclusiva de 1 374 000 km² para 453 km² de masa continental. Este país archipelágico compuesto por 115 islas cuenta con una población estimada en 80 000 habitantes, reagrupados en un 88 % en la isla de Mahé, cuya capital es Victoria, donde se encuentra el principal puerto del país. La economía de las Seychelles se basa principalmente en el turismo y la pesca. La industria pesquera, centrada en la actividad conservera, constituye el 15 % del PIB y emplea al 17 % de la mano de obra local. La evaluación del Acuerdo indica que es pertinente en la medida en que ayuda a reforzar la presencia de las flotas de la UE en la región, al tiempo que permite crear puestos de trabajo a nivel local. La aplicación del Protocolo ha demostrado ser eficaz, al dar a las Seychelles los medios para desarrollar una pesca responsable. El acuerdo contribuye de manera importante a la estabilización del mercado europeo de conservas de atún. El nuevo Protocolo permanecerá en vigor desde 2011 hasta 2014 y es conforme a los objetivos del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero, cuyo propósito es reforzar la cooperación entre la Unión Europea y la República de Seychelles.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) El Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y las Seychelles sirve a los intereses de ambas partes. Ante todo, los buques de la UE podrán tener acceso a las aguas de las Seychelles y realizar actividades pesqueras. Esos barcos están creando muchos nuevos empleos para los marineros de las Seychelles. El acuerdo fortalece la cooperación y fomenta un marco de colaboración y cooperación científica en las áreas de pesca responsable y pesquerías sostenibles. Por añadidura, Por otra parte, el sector pesquero de las Seychelles goza de condiciones favorables de desarrollo mediante la participación en la pesca responsable, la lucha efectiva contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y un uso integral de su sistema de control efectivo de los buques. Cabe señalar que las disposiciones del Acuerdo renovado tendrán un impacto positivo en el mercado europeo de conservas de atún y, sin duda, ayudará a estabilizarlo. Asimismo, promoverá el cumplimiento de las medidas de conservación en alta mar y creará las condiciones para detener la pesca ilegal de los buques. Celebro el hecho de que fuese posible alcanzar un compromiso entre ambas partes y que el Protocolo sobre la renovación del acuerdo incluya una cláusula suspensiva relativa a la vulneración de los derechos humanos y al incumplimiento de los principios de la OIT. Debe prestarse atención al hecho de que la piratería sigue siendo una amenaza significativa para la seguridad de los buques en el Océano Índico. En consecuencia, ambas partes deben tomar las medidas y acciones necesarias para detener el alcance de esta actividad ilegal.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El 17 de enero de este año expiró el Protocolo por el que se regula la actividad pesquera y la respectiva colaboración económica entre la UE y las Seychelles. Con el fin de permitir que los buques europeos continúen faenando en la zona de pesca de las Seychelles en el Océano Índico, la UE ha negociado la ampliación del Protocolo al Acuerdo de colaboración. He emitido mi voto a favor de las recomendaciones del Consejo para la celebración del nuevo Acuerdo de colaboración con las Seychelles.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Sobre la base del mandato correspondiente que recibió del Consejo, la Comisión entabló, en nombre de la Unión Europea, negociaciones con la República de Seychelles con el fin de renovar el Protocolo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles. Como resultado de tales negociaciones, el 3 de junio de 2010 se rubricó un nuevo Protocolo, que fue modificado mediante Canje de Notas el 29 de octubre de 2010. Abarca un período de tres años a partir de la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la firma y a la aplicación provisional del Protocolo y tras la expiración del Protocolo vigente el 17 de enero de 2011.

Este Acuerdo es mutuamente beneficioso para la UE y las Seychelles: por un lado, contribuye de manera importante a la estabilización del mercado europeo de conservas de atún mediante la concesión de licencias para la pesca del atún, creando así 760 empleos en Europa; por otro lado, gracias al apoyo sectorial de la contrapartida financiera, las Seychelles han aumentado su capacidad de gestión de las poblaciones y de control de las pesquerías.

Considero que el documento en cuestión sirve a los intereses de ambas partes , por lo que recomiendo su aprobación.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La celebración de un nuevo Protocolo al Acuerdo de colaboración entre la UE y Seychelles es importante para la economía y el desarrollo de la flota pesquera europea. El nuevo Protocolo es conforme a los objetivos del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero, cuyo propósito es reforzar la cooperación entre las dos partes y promover un marco de colaboración que permita, en interés de ambas partes , el desarrollo de una política pesquera sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros de la zona de pesca seychellense. El nuevo protocolo prevé una contrapartida financiera por un período de tres años y la autorización anual para pescar en aguas de las Seychelles para 48 cerqueros y 12 palangreros. Estas opciones podrían aumentar. El nuevo Protocolo abarca un período de tres años a partir de la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la firma y a la aplicación provisional del Protocolo y tras la expiración del Protocolo vigente el 17 de enero de 2011. Por las razones expuestas y con el fin de que la cooperación entre la UE y la República de Seychelles puede fortalecerse para el desarrollo, la explotación y la pesca responsables, emito mi voto a favor.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − En contra. Sobre la base del mandato que recibió del Consejo, la Comisión entabló, en nombre de la Unión Europea, negociaciones con la República de Seychelles con el fin de renovar el Protocolo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Seychelles. Como resultado de tales negociaciones, el 3 de junio de 2010 se rubricó un nuevo Protocolo, que fue modificado mediante Canje de Notas el 29 de octubre de 2010. Abarca un período de tres años a partir de la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la firma y a la aplicación provisional del Protocolo y tras la expiración del Protocolo vigente el 17 de enero de 2011. El nuevo Protocolo se aplica provisionalmente desde el 17 de enero de 2011 con objeto de no suspender las actividades de los buques europeos. Nuestro Grupo considera, no obstante, que ese tipo de acuerdo es perjudicial para las poblaciones de peces y para la construcción de una estructura social en las terceras partes , lo que las hace demasiado dependientes de la UE.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Considero que este Acuerdo de colaboración es mutuamente ventajoso para el sector pesquero, tanto de la Unión Europea como de las Seychelles. El antiguo Acuerdo ya ha generado numerosos puestos de trabajo para la población de las Seychelles, así como para la europea, donde ha creado empleos en áreas relacionadas con el sector. Además, el Acuerdo incluye cláusulas suspensivas para el caso de que alguna de las partes corroborase una vulneración de los derechos humanos. Todavía hay mucho por hacer, sobre todo en relación con el fenómeno de la piratería en el Océano Índico, que es cada vez más perjudicial para la pesca del atún en particular. Con todo, la elección que se ha hecho hoy fortalece la cooperación entre las dos partes y promueve una colaboración capaz de desarrollar una pesca sostenible y una explotación equilibrada de los recursos de las Seychelles.

 
  
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  Michèle Striffler (PPE), por escrito. (FR) Como ponente de opinión de la Comisión de Pesca, he votado a favor del informe Cadec, que incorpora mis conclusiones. Los acuerdos de colaboración en el sector pesquero no solo deberían ser una forma legal de facilitar el acceso los buques europeos a los recursos pesqueros de terceros países. También deberían servir para promover la explotación sostenible de los recursos marinos. La suma pagada por los contribuyentes europeos debería emplearse exclusivamente para objetivos de desarrollo, es decir, debería gastarse en beneficio de las comunidades pesqueras para mejorar sus condiciones de vida, para ofrecer programas de formación, para garantizar la seguridad en el mar y para crear nuevos puestos de trabajo locales.

 
  
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  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), por escrito.(PL) He votado a favor de la aprobación del Acuerdo, ya que es mutuamente beneficioso para los intereses de las partes en el sector pesquero. El trabajo de la Autoridad Pesquera Seychellense, que dispone de un sistema de control efectivo de buques, es de gran importancia para esta cooperación. Ello es particularmente significativo en vista del problema que afrontan las autoridades de las Seychelles de capturas ilegales, no declaradas y no reglamentadas. El acuerdo regula muchos asuntos, incluyendo la presencia de observadores mientras que la pesca está en curso. Los buques europeos autorizados a faenar en aguas de las Seychelles embarcarán a observadores designados por las autoridades de ese país, y cada atunero cerquero embarcará durante su marea al menos a dos marineros seychellenses elegidos de acuerdo con el armador a partir de una lista presentada por las autoridades competentes de las Seychelles.

Los acuerdos no solo se refieren a cuestiones puramente pragmáticas, sino también al programa sectorial plurianual, que prevé la cooperación en materia de pesca responsable, pesquerías sostenibles e investigación científica conjunta. El efecto más importante del Acuerdo es la creación de 230 puestos de trabajo embarcados para la población seychellense, de 2 900 puestos de trabajo en las Seychelles y de 760 empleos indirectos en Europa en los sectores relacionados con el sector, lo que sin duda contribuirá a la mejora económica en el sector.

 
  
  

Recomendación: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0194/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Voto a favor de este informe, dado que el actual Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe está en vigor desde 2006 y que el Protocolo de este Acuerdo expiró el 31 de mayo de 2011. Este nuevo Protocolo con Santo Tomé y Príncipe, de 15 de junio de 2010, y para el período 2011-2014, tiene por consiguiente pleno sentido y el Parlamento debe dar su consentimiento.

El Protocolo prevé una contrapartida financiera de la Unión Europea a Santo Tomé y Príncipe por valor de 682 500 euros anuales, de los cuales 227 500 euros se destinarán a apoyar la política pesquera de Santo Tomé y Príncipe, que me parece apropiada. También acojo con satisfacción el hecho de que el nuevo Protocolo incluya una cláusula suspensiva en caso de violación de los derechos humanos.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito.(ES) He votado a favor de este acuerdo porque cumple con el objetivo de mantener las actividades de la flota pesquera de la UE en colaboración con terceros países con el fin de reforzar una pesca sostenible con respeto al medio ambiente, a los aspectos sociales y económicos. Santo Tomé percibirá 682 500 euros anuales den los cuales 227 500 serán para el apoyo a su política sectorial de pesca. El acuerdo permitirá pescar a 28 atuneros cerqueros y 12 palangreros de superficie. Destacar que no se utilizaron todas las posibilidades de pesca del anterior acuerdo y que en este nuevo protocolo se reducen las posibilidades de pesca para el sector palangrero.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Mi voto es a favor de este proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. El proyecto tiene como finalidad consolidar el papel de la UE en el sector de la pesca de atún en el Océano Atlántico mediante la regulación jurídica de la actividad de la flota de la UE. Considerando la relevancia de la industria atunera para la UE e Italia, aisladamente, el desarrollo del marco operativo de la flota de la UE en el Golfo de Guinea es de suma importancia. Sobre la base de estas consideraciones, he decidido votar a favor de este proyecto.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe presentado por el señor Capoulas Santos. La celebración de acuerdos de colaboración en el sector pesquero persigue el objetivo general de la UE de mantener y preservar las actividades de su flota pesquera. En concreto, la ampliación de este Acuerdo de colaboración contribuye a la viabilidad del sector atunero de la UE en el Océano Atlántico mediante el establecimiento de un marco jurídico estable. El Acuerdo, que merece nuestro respaldo, prevé que los buques de la UE, de los cuales habrá 40 en esa zona geográfica, cuenten con una tripulación compuesta al menos en un 20 % por marineros de Santo Tomé y Príncipe o de otros países ACP (de África, el Caribe y el Pacífico), y que los buques también lleven a bordo un observador designado por el Ministerio de pesca de Santo Tomé y Príncipe. Estas disposiciones de colaboración posibilitan operar conjuntamente con las autoridades locales y crear importantes puestos de trabajo. También permiten que Europa esté presente en zonas que, de otro modo, serían de acceso prohibido, lo cual favorece el desarrollo de prácticas de «buena pesca» permitiendo hacer un seguimiento de la presencia y cantidad de las poblaciones de peces afectadas.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Recibo con satisfacción la renovación del Protocolo al Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la UE y Santo Tomé y Príncipe por ser mutuamente ventajoso para los intereses del sector pesquero de la UE y ese país. El Acuerdo de pesca con Santo Tomé y Príncipe puede contribuir a la viabilidad del sector atunero de la UE en el Atlántico, facilitando a los buques y sectores de la UE que dependen de ellos un marco jurídico estable a medio plazo y contribuir a la continuidad de las zonas de pesca del Golfo de Guinea amparadas por los acuerdos.

 
  
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  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) Hemos votado en contra de estos acuerdos de pesca, ya que no hay límite a las cuotas pesqueras y porque hay estudios que indican que las poblaciones de peces están en declive en los océanos del mundo. En varios de los países participantes hay una corrupción generalizada, con la consecuencia que el dinero de los acuerdos no beneficia a la población local. Por otra parte, con frecuencia no hay controles del cumplimiento.

La posición negociadora de la Comisión se ha basado, entre otras cosas, en los resultados de una evaluación a posteriori de los protocolos actuales efectuada por expertos externos. Estas evaluaciones fueron declaradas «clasificadas» por la Comisión y creemos que deben ponerse a disposición del Parlamento Europeo lo antes posible.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, toda vez que prevé la aplicación provisional de un nuevo Protocolo para que no se suspenda la actividad de los buques europeos. Apruebo el hecho de que el nuevo Protocolo incluya una cláusula de suspensión en caso de violación de los derechos humanos.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El proyecto de Decisión del Consejo se refiere a la celebración de un nuevo Protocolo al Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la UE y Santo Tomé y Príncipe. El nuevo protocolo se considera ventajoso para ambas partes y puede mejorar en particular la viabilidad del sector atunero europeo. Confío en que los ciudadanos de Santo Tomé y Príncipe, con quienes Portugal comparte su historia y lengua, obtengan beneficios tangibles como resultado de una aplicación justa del Acuerdo de colaboración y puedan diversificar sus actividades y constatar un progreso y desarrollo genuinos. Espero que la comisión mixta se reúna con mayor regularidad para que ambas partes puedan supervisar de cerca la aplicación del Acuerdo. Por último, me gustaría felicitar al ponente por el trabajo que ha llevado a cabo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El informe del señor Capoulas Santos nos presenta una propuesta de recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. En 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 894/2007 relativo a la celebración de un Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, que incluía un protocolo por el que se establecían las posibilidades de pesca y la respectiva contrapartida financiera, y que expiró el 31 de mayo de 2010. Consciente de la importancia de la renovación de este acuerdo, y en cumplimiento del mandato conferido por el Consejo, la Comisión negoció un nuevo protocolo, que fue rubricado el 15 de julio de 2010. Su entrada en vigor está sujeta a la aprobación previa del Parlamento, en virtud de los términos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dado que este Protocolo se corresponde con los intereses fundamentales de ambas partes y promueve la pesca responsable y sostenible, emito mi voto a favor de esta propuesta de recomendación.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presente Protocolo asegura posibilidades de pesca en Santo Tomé y Príncipe para las diferentes flotas de los Estados miembros hasta el 12 de mayo de 2014. Según este Acuerdo, Portugal dispone de tres licencias para palangreros de superficie, lo que supone un número menor de buques respecto al Acuerdo anterior. Ante la crisis actual en el sector, consideramos importante que la tasa que deben pagar los armadores no debería cambiar en relación con el Acuerdo anterior, sino que debe mantenerse en 35 euros, a pesar de que ha habido un aumento significativo de las capturas por tonelada: 25 toneladas para los atuneros cerqueros y 10 toneladas para los palangreros. No obstante, según una evaluación llevada a cabo mientras estaba en vigor el Acuerdo anterior, el promedio de capturas anuales en toneladas fue inferior al tonelaje de referencia. De acuerdo con esta evaluación, y en consonancia con las tendencias de los últimos años, ha habido una reducción en el tonelaje de referencia. También se ha verificado que había una menor utilización de las posibilidades de pesca por parte de los buques palangreros, lo que llevó a una reducción de este segmento en el presente informe. Como en otros casos, persiste la preocupación sobre la efectividad de los objetivos de cooperación al desarrollo...

(Declaración abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El presente Protocolo asegura posibilidades de pesca en Santo Tomé y Príncipe para las diferentes flotas de los Estados miembros hasta el 12 de mayo de 2014. Según este Acuerdo, Portugal dispone de tres licencias para palangreros de superficie, lo que supone un número menor de buques respecto al Acuerdo anterior.

Acogemos con satisfacción el hecho de que la tasa que deben pagar los armadores no debería cambiar en relación con el Acuerdo anterior, sino que debe mantenerse en 35 euros, a pesar de que ha habido un aumento significativo de las capturas de referencia. No obstante, según una evaluación llevada a cabo mientras estaba en vigor el Acuerdo anterior, el promedio de capturas anuales en toneladas fue inferior al tonelaje de referencia. De acuerdo con esta evaluación, y en consonancia con las tendencias de los últimos años, ha habido una reducción en el tonelaje de referencia. También se ha verificado que había una menor utilización de las posibilidades de pesca por parte de los buques palangreros, lo que llevó a una reducción de este segmento en el presente informe.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La negociación y firma de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero son conformes al objetivo general de la UE de mantener y preservar las actividades de su flota pesquera, incluida la flota de mar abierto, así como de desarrollar las relaciones con terceros países en un espíritu de colaboración y cooperación, con el fin de reforzar la pesca sostenible fuera de las aguas de la Unión, teniendo debidamente en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos. En este contexto, en julio de 2007, el Consejo Europeo adoptó un Reglamento relativo a la celebración de un Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea. El acuerdo de pesca con Santo Tomé y Príncipe no solo responde a las necesidades de la flota europea, sino que puede contribuir asimismo a mejorar la viabilidad del sector atunero de la UE en el Atlántico. La pesca en Santo Tomé se concentra básicamente en los recursos costeros, y cerca del 15 % de la población del país depende de la pesca para su sustento. La propuesta se corresponde con los intereses fundamentales de ambas partes, y en consecuencia resulta apropiada su aprobación. <BRK>

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) La evaluación ex-ante llegó a la conclusión de que, para responder a las necesidades de las flotas europeas, el Acuerdo de pesca con Santo Tomé y Príncipe puede mejorar la viabilidad del sector atunero de la UE en el Atlántico, facilitando a los buques y sectores de la UE que dependen de ellos un marco jurídico estable a medio plazo y contribuir a la continuidad de las zonas de pesca del Golfo de Guinea. De acuerdo con el informe de evaluación ex post, se ha avanzado en lo relativo a los medios de control y vigilancia de la pesca (se han dado los primeros pasos hacia un sistema de vigilancia de buques por satélite, con el establecimiento de un nuevo fundamento jurídico para la creación y gestión de una base de datos de buques). Actualmente, existe una mayor participación y visibilidad de Santo Tomé y Príncipe en los órganos regionales y subregionales, como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y el Comité Regional de Pesca para el Golfo de Guinea (COREP). La evaluación concluye que más del 50 % de la contribución financiera de la UE se ha destinado al presupuesto administrativo del sector pesquero del país: esto está en consonancia con el compromiso asumido por las autoridades nacionales en virtud del Protocolo anterior. He acogido con satisfacción este documento, toda vez que de las evaluaciones presentadas resulta evidente que la presente propuesta se corresponde con los intereses fundamentales de ambas partes.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) El nuevo Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe tendrá validez por un período de tres años y reforzará la pesca sostenible fuera de las aguas de la Unión, teniendo debidamente en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos.

Apoyamos la renovación de la cláusula de exclusividad que detalla mejor las cláusulas relativas a la suspensión y revisión de la compensación financiera y a la suspensión de la aplicación del protocolo en ciertas circunstancias.

Por lo tanto, creemos que la Comisión debe presentar al Parlamento las conclusiones relativas a las reuniones y actividades de la comisión mixta prevista en el Acuerdo, junto con el programa sectorial de pesca contemplado en el Protocolo y los resultados de las evaluaciones anuales pertinentes. La Comisión también debería remitir al Parlamento y al Consejo, antes de la renegociación del Acuerdo, un informe sobre su plena aplicación y facilitar la participación de representantes del Parlamento en calidad de observadores en las reuniones. Por último, la Comisión y el Consejo deben, en el marco de sus respectivas competencias, mantener al Parlamento inmediata y plenamente informado en todas las etapas de los procedimientos relacionados con el Protocolo o con su posible renovación.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − La negociación y firma de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero son conformes al objetivo general de la UE de mantener y preservar las actividades de su flota pesquera, incluida la flota de mar abierto, así como de desarrollar las relaciones con terceros países en un espíritu de colaboración y cooperación, con el fin de reforzar la pesca sostenible fuera de las aguas de la Unión, teniendo debidamente en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos. En este contexto, el 23 de julio de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 894/2007 relativo a la celebración de un Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea. Este Acuerdo, que se aplica por períodos de cuatro años, tácitamente renovables a menos que una de las partes lo rescinda, supuso la derogación y sustitución del primer acuerdo entre la CE y Santo Tomé y Príncipe celebrado en 1984. El nuevo protocolo fue firmado el 13 de mayo de 2011 y la solicitud de aprobación correspondiente se transmitió al Parlamento y al Consejo el mismo día. Comparto plenamente la opinión del ponente.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) El nuevo protocolo tiene indudables beneficios para ambas partes, refuerza la colaboración y la cooperación en el sector pesquero, de modo que los buques practiquen una pesca responsable y sostenible. Por encima de todo, desarrollará las posibilidades de pesca. Los buques de la UE mantendrán la oportunidad de faenar en las zonas de pesca del Golfo de Guinea. Esto tendrá un impacto positivo en la viabilidad del sector atunero de la UE en el Atlántico y aumentará la competitividad. Además, es básico para asegurar que las actividades pesqueras cumplan los mismos criterios de sostenibilidad que las desarrolladas en aguas de la UE. Cabe señalar que la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe se incluye entre los países menos desarrollados y también figura como muy endeudado. Conforme a las disposiciones del Acuerdo, se destinará una mayor ayuda financiera a la política sectorial pesquera de este país, lo cual creará condiciones favorables para el desarrollo de este sector. Considerando la posición particularmente difícil del país, gracias a este Acuerdo podremos al menos ofrecer una contribución mínima al bienestar económico del país estimulando la creación de nuevos puestos de trabajo, la sostenibilidad medioambiental y social y la preservación y recuperación de las poblaciones de peces.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El Protocolo que regula el Acuerdo de pesca entre la UE y Santo Tomé y Príncipe expiró el 31 de mayo de 2010. Un nuevo protocolo fue firmado el 13 de mayo de 2011 y la solicitud de aprobación correspondiente se transmitió al Parlamento y al Consejo el mismo día. Los acuerdos de colaboración en el sector pesquero tienen el objetivo de conservar y proteger la actividad pesquera de la UE y el de desarrollar relaciones con terceros países, con el propósito de reforzar una explotación sostenible de los recursos fuera de las aguas de la Unión. He votado a favor de la recomendación del Consejo para el Parlamento con el fin de apoyar la celebración del Acuerdo en cuestión.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La negociación y firma de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero son conformes al objetivo general de la UE de mantener y preservar las actividades de su flota pesquera, incluida la flota de mar abierto, por lo que la firma de este documento es crucial para alcanzar los objetivos de la política exterior de la política pesquera común.

En interés de ambas partes, el Parlamento ha señalado en su recomendación algunos aspectos de la comunicación institucional que deberían mejorarse, a saber, que la Comisión que transmita al Parlamento las conclusiones de las reuniones y de los trabajos de la comisión mixta prevista en el Acuerdo, el programa sectorial plurianual mencionado en el Protocolo y asimismo los resultados de sus evaluaciones anuales.

El Parlamento también solicita un informe completo sobre la aplicación del Acuerdo y reclama que se mantenga informados a sus miembros durante la futura renegociación del Acuerdo, de modo que puedan influir positivamente en el proceso de negociación.

Voto a favor de esta recomendación.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La presente propuesta se refiere a la celebración de un nuevo Protocolo al Acuerdo de Colaboración entre la UE y Santo Tomé y Príncipe. Su principal objetivo es definir las posibilidades de pesca que se ofrecen a la flota de la UE sobre la base de los excedentes disponibles, así como determinar la suma de la contrapartida financiera que deberá realizarse por separado para los derechos de acceso y apoyo al sector. Veintiocho atuneros cerqueros y doce palangreros de superficie estarán autorizados para faenar en la región. Teniendo en cuenta las evaluaciones anuales del estado de los caladeros, estas posibilidades de pesca se podrán revisar al alza o a la baja, lo que implicará una revisión de la compensación financiera. En concepto de contrapartida financiera se pagarán anualmente 682 500 euros. El importe total de la compensación financiera se incrementará en 65 euros por tonelada adicional de captura cuando la cantidad global de las capturas efectuadas por buques de la UE supere las 7 000 toneladas al año. El Acuerdo tiene una duración de tres años. Por las razones expuestas y con el fin de consolidar la viabilidad del sector atunero en la UE, he votado a favor de la propuesta.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − La negociación y firma de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero son conformes al objetivo general de la UE de mantener y preservar las actividades de su flota pesquera, incluida la flota de mar abierto, así como de desarrollar las relaciones con terceros países en un espíritu de colaboración y cooperación, con el fin de reforzar la pesca sostenible fuera de las aguas de la Unión, teniendo debidamente en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos. En este contexto, el 23 de julio de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 894/2007 relativo a la celebración de un Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0194&language=ES" \l "_part2_def1". Este Acuerdo, que se aplica por períodos de cuatro años, tácitamente renovables a menos que una de las partes lo rescinda, supuso la derogación y sustitución del primer acuerdo entre la CE y Santo Tomé y Príncipe celebrado en 1984. Con todo, nuestro Grupo se ha opuesto tradicionalmente a este procedimiento, tanto por la forma como por el contenido.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de esta recomendación, porque me parece que se corresponde con los intereses fundamentales de ambas partes. Este Acuerdo de Colaboración puede sin duda mejorar la viabilidad del sector atunero de la UE en el Atlántico, facilitando a los buques y sectores de la UE que dependen de ellos un marco jurídico estable a medio plazo y contribuir a la continuidad de las zonas de pesca del Golfo de Guinea amparadas por los acuerdos. Empero, resulta conveniente que la Comisión Mixta se reúna con mayor frecuencia en el futuro y que se autorice a los representantes del Parlamento Europeo a participar en las reuniones como observadores.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La negociación y firma de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero son conformes al objetivo general de la UE de mantener y preservar las actividades de su flota pesquera. Voto a favor de la aprobación del Protocolo sobre el Acuerdo de Colaboración entre la UE y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, puesto que tiene relación con el desarrollo de relaciones con terceros países en un espíritu de colaboración y cooperación, con el fin de reforzar la pesca sostenible fuera de las aguas de la Unión, teniendo debidamente en cuenta los factores ambientales, sociales y económicos. El nuevo protocolo prevé una contrapartida financiera para el acceso a la zona económica exclusiva (ZEE) de Santo Tomé y Príncipe, que corresponde a posibilidades de pesca por valor de 2 047 500 durante un período de tres años. Se concederá autorización de pesca a 28 atuneros cerqueros y 12 palangreros de superficie. Estas posibilidades de pesca podrán revisarse.

 
  
  

Recomendación: Vital Moreira (A7-0198/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Voto a favor de este informe y celebro la disposición destinada a asegurar la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo un alto nivel de seguridad aduanera, y que incluya un conjunto de normas que permiten asegurar que el Acuerdo y el acervo de la UE se mantienen en consonancia.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) He votado a favor porque el acuerdo tiene por objeto garantizar que los intercambios comerciales se realicen con un elevado nivel de seguridad aduanera y que incluya un conjunto de normas que van acercándose al acervo de la UE.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) He votado a favor de esta decisión destinada a ampliar a las medidas aduaneras de seguridad el Acuerdo existente entre la Unión Europea y el Principado de Andorra. La necesidad de esta medida ha aumentado constantemente en el curso de los últimos años, dado que el Principado de Andorra ha asumido un protagonismo central en el tráfico ilegal de mercancías, en especial de cigarrillos, que luego se introducen en la red comercial de los Estados miembros. Por consiguiente, es fundamental que la Unión Europea y el propio Principado definan un marco de cooperación en materia de seguridad aduanera. Teniendo en cuenta que la protección de la seguridad fronteriza siempre ha constituido un aspecto clave de la ideología política de la Lega Nord, solo puedo expresar mi aprobación de esta medida.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el Protocolo por el que se amplía a las medidas aduaneras de seguridad el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra, puesto que favorece el comercio entre ambas partes, al tiempo que garantiza un alto nivel de seguridad aduanera y coherencia entre el Acuerdo y el acervo de la UE.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Principado de Andorra está históricamente vinculado a la Unión Europea en todo tipo de áreas. La unión aduanera concluida en 1990 ha aumentado estos lazos ya fuertes y naturales. Esta propuesta está vinculada a las enmiendas al Código Aduanero Comunitario y a sus disposiciones de aplicación, relativas a las medidas aduaneras de seguridad para mercancías que se exportan a terceros países o se importan de ellos. La propuesta establece un régimen especial entre la UE y Andorra que garantice la fluidez comercial entre las dos partes sin poner en peligro la necesaria seguridad de los bienes comercializados. Con tal propósito es necesario garantizar un nivel de seguridad equivalente en sus respectivos territorios. Confío en que las relaciones comerciales entre la UE y Andorra resulten provechosas y que la propuesta pueda contribuir de forma significativa a este objetivo. Por último, me gustaría felicitar al ponente por el trabajo que ha llevado a cabo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El señor Moreira nos ha presentado una propuesta de recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo entre la UE y el Principado de Andorra por el que se amplía a las medidas aduaneras de seguridad el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre los dos socios de 28 de junio de 1990. Un nuevo título II bis se añadirá al Acuerdo en vigor abarcando los productos agrícolas. Considerando que esto constituye, en las ya amplias relaciones entre la UE y el Principado de Andorra, otro paso positivo hacia el mercado interior y que, además de incluir medidas que garanticen la correspondencia del Acuerdo con el desarrollo del acervo de la UE, su objetivo es garantizar la seguridad aduanera y unas relaciones normales entre las partes, celebro la aprobación de esta recomendación, a favor de la cual he votado.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este Protocolo tiene por objeto ampliar las medidas aduaneras de seguridad del Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra. Este Acuerdo entre la UE y Andorra está en vigor desde 1990. Sin embargo, ahora se ha decidido ampliarlo a los productos agrícolas, como parte de este Acuerdo sobre medidas aduaneras de seguridad.

De esta forma, el Acuerdo garantiza la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad aduanera. También prevé la supresión del requisito de declaración previa de mercancías, a condición de que la UE y Andorra garanticen, en sus respectivos territorios, un nivel de seguridad equivalente al establecido en el acervo correspondiente. Con todo, y pese a nuestro voto favorable, consideramos que no deberían fomentarse los intereses de la circulación de capitales en detrimento de la protección de los derechos de las personas y los trabajadores.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este Protocolo tiene por objeto ampliar las medidas aduaneras de seguridad del Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra. Este Acuerdo entre la UE y Andorra está en vigor desde 1990. Sin embargo, ahora se ha decidido ampliarlo, como parte de este Acuerdo sobre medidas aduaneras de seguridad, a los productos agrícolas. El Acuerdo tiene por objeto garantizar la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad aduanera. También prevé la supresión del requisito de declaración previa de mercancías, a condición de que la UE y Andorra garanticen, en sus respectivos territorios, un nivel de seguridad equivalente al establecido en el acervo correspondiente.

Cuando corresponda la revisión de este Acuerdo, nos gustaría reiterar que los intereses de la circulación de capitales no deberían fomentarse en detrimento de la protección de los derechos de las personas y los trabajadores.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La remisión de la Decisión del Consejo al Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de aprobación constituye el instrumento jurídico para la celebración de un Protocolo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra por el que se amplía a las medidas aduaneras de seguridad el alcance del Acuerdo. El acuerdo ha servido base de la unión aduanera entre ambas partes. El código aduanero comunitario se aplica, en principio, a los intercambios con los terceros países en su conjunto. No obstante, permite fijar normas diferentes cuando un acuerdo internacional prevea disposiciones específicas en materia de seguridad. El Protocolo debería garantizar que los intercambios comerciales entre ambas partes se realicen con un elevado nivel de seguridad aduanera y debería incluir un conjunto de normas, que permitan asegurar que la evolución del Acuerdo es paralela a la del acervo de la UE. Estimo correcto, por consiguiente, que el Parlamento apruebe este Acuerdo. Al mismo tiempo, sin embargo, si bien las relaciones entre la UE y el Principado de Andorra se han desarrollado, son de carácter fragmentado, pues importantes partes del acervo relativo al mercado interior no se han introducido en la legislación andorrana, por lo que no son de aplicación. Por ello, deberíamos realizar en el futuro próximo un análisis de las posibilidades y modalidades de una posible integración progresiva en el mercado interior.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He acogido con satisfacción este documento, ya que la propuesta está vinculada a las enmiendas al Código Aduanero Comunitario y a sus disposiciones de aplicación, relativas a las medidas aduaneras de seguridad para mercancías que se exportan a terceros países o se importan de ellos. Más importante aún, los cambios contienen una disposición por la que los operadores deben presentar ciertos datos antes de importar o exportar mercancías.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Creemos que la celebración de este Protocolo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra, que amplía las medidas aduaneras de seguridad, garantizará la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad aduanera e incluyendo un conjunto de medidas que garanticen la correspondencia del Acuerdo con el desarrollo del acervo correspondiente de la UE. Por consiguiente, hemos votado a favor de la aprobación de la propuesta por el Parlamento. Nosotros sostenemos, no obstante, que la Comisión debe informar al Parlamento acerca de los resultados de las reuniones y de los trabajos del Comité Mixto, así como de las conclusiones de sus evaluaciones periódicas, y debería comprometerse asimismo a presentar al Parlamento un informe sobre la aplicación del Acuerdo.

Teniendo en cuenta que las relaciones entre la UE y el Principado de Andorra son extensas pero de carácter fragmentado, recomendamos que se lleve a cabo cuanto antes un análisis de las posibilidades y modalidades de su posible integración progresiva en el mercado interior. Ello será necesario para garantizar la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad. Por último, prevemos que se suprima el requisito de declaración previa de mercancías, a condición de que la UE y Andorra garanticen, en sus respectivos territorios, un nivel de seguridad equivalente al establecido en el acervo correspondiente.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − Es sabido que el Protocolo tiene por objeto garantizar la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad aduanera y que incluye un conjunto de medidas que garanticen la correspondencia del Acuerdo con el desarrollo del acervo correspondiente de la UE. Se trata de una iniciativa muy importante.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) Las relaciones entre la Unión Europea y el Principado de Andorra deben continuar ampliándose con eficacia y coherencia. Tenemos que crear las condiciones adecuadas para ello. Por encima de todo, y con el fin de facilitar el comercio entre la UE y Andorra, es importante aplicar correctamente las medidas aduaneras de seguridad relativas a la declaración de las mercancías antes de su introducción en el territorio aduanero o su salida de este, a los operadores económicos autorizados y a los controles aduaneros de seguridad y la gestión de riesgos. Además, es necesario promover una nueva ampliación del mercado interior más allá de la UE con normas reglamentarias comunes. Ello sería de interés mutuo para los ciudadanos y las empresas de la UE y de Andorra. Cabe señalar que el protocolo establece un régimen especial entre la UE y Andorra para ayudar a garantizar la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad. Celebro la propuesta de que el Protocolo contenga una disposición por la que los operadores deben presentar ciertos datos antes de importar o exportar mercancías para que las medidas aduaneras de seguridad puedan aplicarse de forma apropiada. Me parece conveniente suprimir el requisito de declaración previa de mercancías, a condición de que la UE y Andorra garanticen, en sus respectivos territorios, un nivel de seguridad equivalente al establecido en el acervo correspondiente.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. El fomento de fronteras mutuamente seguras con los países vecinos a la UE es necesario para mantener la soberanía de nuestra Unión y desarrollar la cooperación recíproca. El oportuno control de la frontera de la UE con Andorra, un Principado entre dos grandes países de la UE, Francia y España, va a garantizar una relación más ventajosa y amigable en el futuro. He votado a favor de este Protocolo, puesto que estimulará un mayor intercambio de información con Andorra sobre la gestión y controles de riesgos relacionados con la seguridad, así como una uniformización de las medidas aduaneras de seguridad, y fomentará el movimiento seguro de mercancías entre Andorra y otros países de la UE. Incrementar el comercio bilateral entre Andorra y la UE en un entorno más seguro y uniformizado redundará en beneficio del conjunto de Europa.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Moreira sobre medidas aduaneras de seguridad, porque creo que es importante establecer reglas comerciales bien definidas para un país que, si bien no forma parte de la UE, constituye un enclave dentro de ella y está, por lo tanto, perfectamente ubicado para la integración comercial. El protocolo pretende, precisamente, fortalecer las medidas aduaneras de seguridad en relación con las mercancías importadas y exportadas desde terceros países. El control fronterizo garantiza que los operadores económicos proporcionen información detallada durante las transacciones comerciales, garantizando, al mismo tiempo, el equilibrio adecuado entre velocidad y seguridad de los flujos comerciales.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que se amplía a las medidas aduaneras de seguridad el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra. Tanto la Comisión de Comercio Internacional como la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor recomiendan la celebración de este Protocolo. La celebración de este nuevo Acuerdo es un paso adicional hacia una mayor cooperación entre el Principado de Andorra y la UE. Es importante que ambas partes garanticen que el Acuerdo continúe supervisando el desarrollo del acervo de la UE en este ámbito. Esta preocupación fue expresada en el Acuerdo. Como ha mencionado el ponente, quiero subrayar la necesidad de que la Comisión y el Principado de Andorra entablen nuevas conversaciones para tomar en consideración y, si fuese necesario, adoptar acuerdos bilaterales sobre la aplicación en curso del código aduanero modernizado, que debe finalizarse en la UE dentro de dos años.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) En relación con la celebración del Protocolo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra por el que se amplía a las medidas aduaneras de seguridad el Acuerdo existente hasta ahora en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra de 28 de junio de 1990. Dicho Acuerdo era la base de la unión aduanera entre ambas partes. El presente arreglo relativo a las medidas aduaneras de seguridad se añadirá al Acuerdo de 1990 en forma de un nuevo título II bis y, a diferencia de la unión aduanera, se aplicará a los productos agrícolas. El código aduanero comunitario se aplica, en principio, a los intercambios con los terceros países en su conjunto. No obstante, permite fijar normas diferentes cuando un acuerdo internacional prevea disposiciones específicas en materia de seguridad. Teniendo en cuenta los cambios en el acervo aduanero correspondiente de la UE, la propuesta establece un régimen especial entre la UE y Andorra que garantice la fluidez comercial entre las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad. Por las razones expuestas, y con la finalidad de intensificar el comercio entre la UE y el Principado de Andorra, voto a favor de las nuevas medidas aduaneras de seguridad .

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. La remisión de la Decisión del Consejo al Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de aprobación constituye el instrumento jurídico para la celebración del Protocolo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra por el que se amplía a las medidas aduaneras de seguridad el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra de 28 de junio de 1990. Dicho Acuerdo era la base de la unión aduanera entre ambas partes. El presente arreglo relativo a las medidas aduaneras de seguridad se añadirá al Acuerdo de 1990 en forma de un nuevo título II bis y, a diferencia de la unión aduanera, se aplicará a los productos agrícolas (artículo 12 ter, apartado 2, del Protocolo).

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) Entre el Principado de Andorra y la Unión Europea existe desde 1990 una unión aduanera sobre la base de un Acuerdo en forma de Canje de Notas. La actual modificación propone que el Comité Mixto defina medidas para la aplicación de disposiciones aduaneras de seguridad. Ya no se necesitará el requisito de declaración previa, a condición de que la UE y Andorra garanticen, en sus respectivos territorios el nivel de seguridad. La ampliación de la uniformización del mercado interior aportará beneficios para los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea y Andorra por igual.

 
  
  

Recomendación: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Voto a favor de esta propuesta para que el Parlamento apruebe la celebración del Acuerdo. Las empresas europeas y canadienses podrán ahorrar anualmente millones gracias a unos procedimientos de aprobación de los productos y de aceptación recíproca de los resultados de la certificación más cortos y sencillos, y por lo tanto más baratos. Además, el proyecto de Acuerdo constituye un beneficio neto para la Unión Europea, dado que establecerá el reconocimiento recíproco de los resultados de certificación en todos los ámbitos de la aeronavegabilidad y para todos los Estados miembros. El Acuerdo no solo hará que los mercados canadiense y europeo sean más competitivos, sino también que sean más seguros para los pasajeros y los vuelos de carga, puesto que estimula la cooperación en todas las cuestiones relacionadas con la certificación, las inspecciones y la aplicación.

 
  
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  Adam Bielan (ECR), por escrito.(PL) Canadá es un productor líder mundial de aviones y equipos aeronáuticos. En la actualidad solo seis Estados miembros tienen acuerdos bilaterales con Canadá que cubren la certificación de servicios aeronáuticos. La propuesta de Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil, como en el Acuerdo con los EE.UU., mejorará de forma significativa la cooperación entre la Unión Europea y Canadá y regirá esta materia en todos los Estados miembros de la Unión Europea. El Acuerdo permite la armonización del sistema de certificación. Se basa en la confianza mutua hacia el sistema vigente en la otra parte y en la constatación de las diferencias reglamentarias, por lo que permitirá reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles. También se iniciará un proceso de inspecciones conjuntas, investigaciones e intercambio de datos sobre seguridad. La aceptación recíproca de los resultados de la certificación permitirá alcanzar un ahorro significativo en el trabajo de las empresas de aviación europeas y canadienses. El Acuerdo aumentará, por un lado, la competitividad de los mercados aeronáuticos y, por otro lado, al aproximar a las autoridades de reglamentación, mejorará asimismo su seguridad. Considerando todo lo expuesto, estoy de acuerdo con el Acuerdo celebrado.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito.(ES) He votado a favor porque con este acuerdo van a verse beneficiados las empresas europeas y canadienses, las líneas aéreas y los pasajeros. Porque se ahorraran millones por los procedimientos de aprobación de productos y la aceptación recíproca de resultados de certificación más cortos y sencillos, más baratos. Porque prevé la posibilidad de que ambos utilicen los equipos de reparación y mantenimiento homologados. Todo ello hará el mercado más competitivo y más seguro.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Ţicău, dado que Canadá debe considerarse un socio prioritario para los acuerdos de este tipo, ya que Europa y Canadá tienen fábricas de aviones, motores y equipos aeronáuticos que son líderes mundiales. Este Acuerdo permitirá reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles y aceptar certificaciones recíprocas: por consiguiente, el ahorro económico y la simplificación de los trámites burocráticos serán relevantes y tendrán repercusiones muy positivas para nuestros negocios.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe, porque creo que un Acuerdo bilateral entre la UE y Canadá sobre seguridad en la aviación civil, que es su objetivo, aportará beneficios a los europeos al facilitar el comercio entre ambas partes. El objetivo del Acuerdo es reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles y permitir que la Unión Europea y Canadá cuenten con sus respectivos sistemas de certificación de productos aeronáuticos. Mediante la aproximación de los dos paquetes de requisitos y procesos reglamentarios, la autoridad importadora podrá expedir su propio certificado sobre el producto, componente o equipo de carácter aeronáutico sin necesidad de duplicar todas las evaluaciones realizadas por la autoridad exportadora. Las empresas europeas y canadienses van a ahorrar anualmente millones de euros gracias a unos procedimientos de aprobación de los productos más cortos, sencillos y, por ello, más económicos. Las líneas aéreas también se beneficiarán y los mercados aeronáuticos de Canadá y Europa serán aún más seguros.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La aceptación recíproca de los resultados de la certificación garantizarán unos procedimientos de aprobación de los productos más cortos y sencillos, y por lo tanto más baratos, al tiempo que también aportará enormes beneficios económicos, tanto para las empresas europeas como canadienses.

Mi voto es a favor de este Acuerdo ya que creo que, además de los beneficios económicos que supone, permitirá también establecerá una aceptación recíproca de los resultados de la certificación en todos los ámbitos de la aeronavegabilidad y para todos los Estados miembros. Se basa, por lo tanto, en la confianza mutua hacia los sistemas de certificación en vigor, ya sea en la Unión Europea o en Canadá, y establece obligaciones y proporciona métodos de cooperación para que la autoridad importadora pueda expedir su propio certificado sobre el producto, componente o equipo de carácter aeronáutico sin necesidad de duplicar todas las evaluaciones realizadas por la autoridad exportadora. Las líneas aéreas también se van a beneficiar del Acuerdo, puesto que este prevé la utilización recíproca de los equipos de reparación y mantenimiento homologados.

Por lo tanto, representa un enorme paso adelante para los mercados que son más competitivos, pero también más seguros, ya que un acercamiento y una cooperación mayores en materia de certificación, inspecciones y cumplimiento deberían permitir a las partes garantizar un nivel de seguridad más elevado para los pasajeros y los vuelos de carga.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor del informe de la señora Ţicău, que da la luz verde del Parlamento Europeo para la aplicación de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre seguridad de la aviación civil. Este Acuerdo permitirá un reconocimiento recíproco de los sistemas de certificación de productos, componentes o equipos de carácter aeronáutico en materia de aeronavegabilidad y mantenimiento. De esta manera se evitaría que las empresas, cuyos productos ya han sido certificados en un país, tengan que pasar por todo el proceso de certificación en otro. Esta simplificación es una buena noticia en un mercado con transacciones comerciales entre las dos regiones que se aproximan a los 50 000 millones de euros.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de esta recomendación, porque apruebo la celebración de un Acuerdo que, por un lado, va a beneficiar a las empresas y líneas aéreas de Europa y Canadá al ahorrar de millones de euros, gracias a procedimientos de certificación más rápidos y simples, y, por otro, garantizará un mayor nivel de seguridad para los pasajeros.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Garantizar la seguridad de la aviación y de normas armonizadas para la diversos participantes en el mercado es el objetivo central de este Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre seguridad en la aviación civil, en adelante denominado «el Acuerdo».

El Acuerdo equivale en importancia a la de la industria aeronáutica de estas dos regiones, por lo que la adopción de normas comunes permitirá evitar una duplicación de procesos tales como pruebas, evaluaciones y certificaciones. También es necesario señalar que la regla del reconocimiento recíproco y de inspecciones conjuntas, investigaciones y el intercambio de datos sobre seguridad facilitará una mayor eficiencia de las partes interesadas.

Por último, pero no menos importante, el Acuerdo permitirá conseguir un importante ahorro no solo para la industria aeronáutica, sino también una mayor eficiencia para las propias líneas aéreas, ya que ahora podrán hacer un uso recíproco de los equipos de reparación y mantenimiento homologados por las partes del Acuerdo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Las elaciones económicas y políticas entre la Unión Europea y Canadá se remontan a hace mucho tiempo y han dado lugar a varios acuerdos bilaterales en estas áreas. El 6 de mayo de 2009 se firmó un Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil entre la Unión Europea, la entonces Comunidad Europea, y Canadá, similar al celebrado con los EE.UU., con la finalidad de fortalecer la cooperación entre las dos partes y reducir la duplicación de las verificaciones de todos los controles y las pruebas. He votado a favor de esta recomendación y celebro el fortalecimiento de las relaciones entre las dos partes. Este acuerdo hará los mercados de Canadá y Europa más seguros y competitivos, ya que representa un importante paso adelante para el establecimiento de normas internacionales sobre seguridad en la aviación civil. También beneficiará a las líneas aéreas, ya que podrán hacer un uso recíproco de los equipos de reparación y mantenimiento homologados.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El Acuerdo del cual es objeto este informe se refiere a ciertos aspectos de seguridad en la aviación civil y sustituirá a los seis acuerdos bilaterales existentes entre los Estados miembros y Canadá, que incluyen la certificación de productos. Como indica claramente el ponente, la intención de crear una zona de aviación totalmente abierta entre estos dos países, un asunto sobre el que hemos planteado serias reservas, no está incluido en el ámbito de este Acuerdo, por lo que debería ser objeto de una recomendación por separado.

Los principales objetivos fijados en las directivas de negociación son reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles, salvo que estos reflejen importantes divergencias reglamentarias, y permitir que la Unión Europea y Canadá cuenten con sus respectivos sistemas de certificación. Entre otros aspectos, ello se conseguiría mediante la aproximación progresiva de los dos paquetes de requisitos y procesos reglamentarios de ambas partes.

Este Acuerdo debe generar ahorros para las empresas de la aviación europeas y canadienses gracias a unos procedimientos de aprobación de los productos y de aceptación recíproca de los resultados de la certificación más cortos y sencillos, y por lo tanto más baratos.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este Acuerdo se refiere a ciertos aspectos sobre seguridad en la aviación civil, sin entrar en la cuestión de crear una zona de aviación totalmente abierta entre estos dos países, lo cual, según el ponente, debería ser objeto de una recomendación por separado. El objetivo principal del Acuerdo es reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles, salvo que estos reflejen importantes divergencias reglamentarias, y permitir que la Unión Europea y Canadá cuenten con sus respectivos sistemas de certificación.

Este Acuerdo debe generar ahorros para las empresas de la aviación europeas y canadienses gracias a unos procedimientos de aprobación de los productos y de aceptación recíproca de los resultados de la certificación más cortos y sencillos, y por lo tanto más baratos. De acuerdo con el ponente, el Acuerdo también podría aumentar la seguridad, puesto que las autoridades de reglamentación y las autoridades encargadas de la aplicación están empezando a cooperar más estrechamente en todas las cuestiones relacionadas con la certificación, las inspecciones y la aplicación para garantizar el nivel de seguridad más elevado para los pasajeros y los vuelos de carga.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La presente recomendación aborda el Acuerdo sobre seguridad firmado el 6 de mayo de 2009 en nombre de la entonces Comunidad Europea. Desde la perspectiva de la celebración del Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil, que complementa el Acuerdo sobre transporte aéreo, se consideraba a Canadá, con razón, una prioridad, ya que tanto Europa como Canadá cuentan en su territorio con fabricantes de aeronaves, motores y electrónica aeronáutica y ocupan una posición de liderazgo en el mercado mundial. Al igual que en el Acuerdo sobre seguridad aérea con los Estados Unidos, los principales objetivos son reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles y permitir que la Unión Europea y Canadá cuenten con sus respectivos sistemas de certificación.

El Acuerdo reproduce en gran parte la estructura de los actuales Acuerdos bilaterales sobre seguridad en la aviación civil entre los Estados miembros y Canadá. Prevé obligaciones y proporciona métodos de cooperación, basados en la confianza mutua hacia el sistema vigente en la otra parte y en la constatación de las diferencias reglamentarias. Las empresas europeas y canadienses van a ahorrar anualmente millones gracias a unos procedimientos de aprobación de los productos y de aceptación recíproca de los resultados de la certificación más cortos y sencillos, y por lo tanto más baratos. Las líneas aéreas también se van a beneficiar del Acuerdo, que representa un importante avance con vistas al establecimiento de unas normas internacionales para la seguridad de la aviación civil. Por consiguiente, asumo el punto de vista de que resulta apropiado que el Parlamento apruebe la celebración del Acuerdo, ya que hará que los mercados canadiense y europeo no solo sean más competitivos, sino también más seguros.

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) La recomendación en cuestión se refiere al Acuerdo de 6 de mayo de 2009 sobre seguridad en la aviación civil. En vista del clima de colaboración presente en el Acuerdo, puedo confirmar mi voto a favor.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) Acojo con satisfacción este documento, ya que los principales objetivos fijados en las directivas de negociación eran reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles (salvo que estos reflejen importantes divergencias reglamentarias) y permitir que la Unión Europea y Canadá cuenten con sus respectivos sistemas de certificación. Ello se conseguiría mediante la aproximación progresiva de los dos paquetes de requisitos y procesos reglamentarios; consultas regulares entre las partes para comprobar la adecuación y capacidad permanente de los órganos reguladores que participan en la aplicación del Acuerdo; y mediante la creación de un comité conjunto encargado de proponer soluciones a cualquier problema que pudiera surgir en su aplicación. Para mantener la confianza en los respectivos sistemas, el acuerdo prevé inspecciones conjuntas, investigaciones, el intercambio de datos sobre seguridad (inspecciones de las aeronaves e información sobre los accidentes) y un aumento de la cooperación y la consulta de carácter reglamentario a nivel técnico para resolver las cuestiones antes de que se conviertan en litigios. También prevé la creación de un comité y subcomités conjuntos en ámbitos como la certificación de la navegabilidad y el mantenimiento. También se prevén estrictas medidas de salvaguarda que en última instancia podrían permitir bien suspender la aceptación de los resultados de la otra autoridad competente, bien poner fin al Acuerdo en su totalidad o en parte. No obstante, con todo el sistema de consultas, comités y subcomités lo que se pretende es garantizar la resolución de todas las diferencias mucho antes de llegar a esta fase.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) El Acuerdo de 2009 sobre seguridad en la aviación civil es un primer paso hacia el establecimiento de una zona de aviación totalmente abierta entre la Unión Europea y Canadá. Para mantener la confianza en los respectivos sistemas, el acuerdo prevé inspecciones conjuntas, investigaciones, el intercambio de datos sobre seguridad, un aumento de la cooperación y la consulta de carácter reglamentario a nivel técnico para resolver las cuestiones antes de que se conviertan en litigios.

Además, la creación de un comité y subcomités conjuntos permitirá a las empresas europeas y canadienses ahorrar millones de euros cada año gracias a la aceptación recíproca de los resultados de la certificación. La autoridad importadora podrá expedir su propio certificado sobre el producto, componente o equipo de carácter aeronáutico sin necesidad de duplicar todas las evaluaciones realizadas por la autoridad exportadora

Las líneas aéreas también van a recoger todos los beneficios del Acuerdo, toda vez que este prevé la utilización recíproca de los equipos de reparación y mantenimiento homologados. El Acuerdo no solo hará que los mercados canadiense y europeo sean más competitivos, sino que también reforzará la seguridad global.

Finalmente, creemos que este Acuerdo es importante ya que establece normas internacionales sobre seguridad en la aviación civil y debería servir como punto de partida para las futuras negociaciones con otros productores importantes de aeronaves y material.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. Este Acuerdo es el más ambicioso sobre transporte aéreo entre la UE y un socio global importante. El Acuerdo no solo hará que los mercados canadiense y europeo sean más competitivos, sino también que sean más seguros, puesto que las autoridades de reglamentación y las autoridades encargadas de la aplicación están empezando a cooperar más estrechamente en todas las cuestiones relacionadas con la certificación, las inspecciones y la aplicación para garantizar el nivel de seguridad más elevado para los pasajeros y los vuelos de carga. El Acuerdo representa un importante avance con vistas al establecimiento de unas normas internacionales para la seguridad de la aviación civil, y debería servir como punto de partida para las futuras negociaciones con otros productores importantes de aeronaves y material. Por consiguiente, expreso mi respaldo a Silvia-Adriana Ţicău.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El Acuerdo entre la UE y Canadá sobre seguridad en la aviación civil, que es un complemento al Acuerdo sobre transporte aéreo con Canadá, persigue el propósito de eliminar barreras comerciales de tipo técnico. En lo sustancial, el objetivo es reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles y posibilitar una certificación uniforme. Se prevé la creación de un comité conjunto encargado de proponer soluciones a cualquier problema que pudiese surgir en su aplicación. Serán de aplicación la cooperación y el reconocimiento recíprocos en el ámbito de la aeronavegabilidad y el mantenimiento. De cara al futuro, existe la posibilidad de reconocimiento recíproco pleno. Además del comité conjunto, cuyo cometido es tratar los problemas prácticos y litigios, se prevén también inspecciones conjuntas, investigaciones y el intercambio de datos sobre seguridad. Hay que celebrar las estrictas medidas de salvaguarda que podrían permitir bien suspender la aceptación de los resultados de la otra autoridad competente, bien poner fin al Acuerdo, si ello fuese necesario.

El Acuerdo merece ser apoyado, siempre que los procedimientos de aprobación de los productos resulten más cortos y sencillos sin comprometer las normas de seguridad.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) La presente recomendación aborda el Acuerdo sobre seguridad firmado el 6 de mayo de 2009 en nombre de la entonces Comunidad Europea. En la actualidad, solo seis Estados miembros tiene en la actualidad acuerdos bilaterales con Canadá que cubren la certificación de productos. Estos acuerdos expirarán cuando entre en vigor el Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil entre la Comunidad Europea y Canadá. Las estrictas medidas de salvaguardia permiten bien suspender la aceptación de los resultados de la otra autoridad competente, bien poner fin al Acuerdo, si ello fuese aconsejable. Sería posible poner término al Acuerdo en su totalidad o en parte. El Acuerdo merece ser apoyado, siempre que los procedimientos de aprobación de los productos resulten más cortos y sencillos sin comprometer las normas de seguridad.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. − (LT) Un Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre seguridad en la aviación civil tiene beneficios indudables para las dos partes. Conviene señalar que los fabricantes de tecnologías de aviación más importantes se encuentran en la Unión Europea y Canadá. Para ambas partes, el nivel de comercio y exportaciones en este ámbito es enorme. Con el fin de lograr una cooperación eficaz en materia de la seguridad en la aviación, es esencial asegurar que los sistemas de certificación cumplan con los requisitos establecidos por ambas partes. Me complace que, durante las negociaciones, se alcanzara un acuerdo para reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles. Considero que resulta conveniente otorgar a la autoridad importadora el derecho a expedir su propio certificado sobre el producto aeronáutico, evitando así la duplicación de las evaluaciones realizadas por la autoridad exportadora. El reconocimiento recíproco en los ámbitos de la aeronavegabilidad, el mantenimiento y las licencias de mantenimiento demuestra la confianza de ambas partes en los respectivos sistemas. Este Acuerdo facilitará una mayor cooperación entre los organismos reguladores de ambas partes en todas las cuestiones relacionadas con la certificación, las inspecciones, la aplicación y las consultas. La realización de inspecciones conjuntas, investigaciones y el intercambio de datos sobre seguridad garantizan el nivel de seguridad más elevado para los pasajeros y los vuelos de carga. Cabe señalar que, con la entrada en vigor del presente Acuerdo, la aprobación de productos y los procedimientos de concesión de licencias se harán más flexibles, llevarán menos tiempo y resultarán más baratos. Ello reducirá los costes para las empresas de este sector.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre seguridad en la aviación civil porque creo que representa una ventaja evidente para la Unión Europea, en tanto que establece el reconocimiento mutuo de la documentación proporcionada en todos los sectores pertinentes en relación con la aviación para todos los Estados miembros. El Acuerdo prevé inspecciones conjuntas, investigaciones, el intercambio de datos sobre seguridad, una mayor cooperación y consultas a nivel técnico. Confiar en los sistemas de certificación de la otra parte equivale a reforzar la seguridad del sistema, a ahorrar un tiempo que, de otro modo, se perdería duplicando todas las evaluaciones realizadas por la autoridad exportadora y a asegurar beneficios para las empresas de aviación, gracias a la posibilidad de la utilización recíproca de los equipos de reparación y mantenimiento homologados. Todo ello hará que los mercados de aviación resulten más competitivos y más seguros.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre seguridad en la aviación civil. Al igual que en el Acuerdo sobre seguridad aérea con los Estados Unidos, los principales objetivos fijados en las negociaciones son reducir al mínimo la duplicación de las evaluaciones y los controles y permitir que la Unión Europea y Canadá cuenten con sus respectivos sistemas de certificación. Ello se conseguiría mediante la aproximación progresiva de los dos paquetes de requisitos y procesos reglamentarios, y mediante consultas regulares entre las partes para comprobar la adecuación y capacidad permanente de los órganos reguladores que participan en la aplicación del Acuerdo. Estas medidas pueden suponer un ahorro anual de millones de euros para las empresas europeas y canadienses, gracias a unos procedimientos de aprobación de los productos más cortos y sencillos, y por lo tanto más baratos. El reconocimiento recíproco de los resultados de certificación constituye un importante beneficio para la UE, dado que establecerá el reconocimiento recíproco de los resultados de certificación en todos los ámbitos de la aeronavegabilidad y para todos los Estados miembros.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El principal objetivo en este asunto es permitir que la Unión Europea y Canadá cuenten con sus respectivos sistemas de certificación. Ello se conseguiría mediante la aproximación progresiva de los dos paquetes de requisitos y procesos reglamentarios; consultas regulares entre las partes para comprobar la adecuación y capacidad permanente de los órganos reguladores que participan en la aplicación del Acuerdo; y mediante la creación de un comité conjunto encargado de proponer soluciones a cualquier problema que pudiera surgir en su aplicación. El Acuerdo reproduce en gran parte la estructura de los actuales Acuerdos bilaterales sobre seguridad en la aviación civil (BASA) entre los Estados miembros y Canadá. Se basa en la confianza mutua hacia el sistema vigente en la otra parte y en la constatación de las diferencias reglamentarias. Así pues, prevé obligaciones y proporciona métodos de cooperación para que la autoridad importadora pueda expedir su propio certificado sobre el producto, componente o equipo de carácter aeronáutico sin necesidad de duplicar todas las evaluaciones realizadas por la autoridad exportadora. Por tanto, a fin de que los mercados canadiense y europeo se vuelvan más competitivos y más seguros, y a fin de que los procedimientos de aprobación de los productos resulten más cortos y más sencillos, voy a votar a favor de la propuesta en cuestión.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE) , por escrito. – (CS) No tengo grandes objeciones al Acuerdo entre la UE y Canadá sobre seguridad en la aviación civil. No obstante, me he abstenido en la votación. La razón de ello es el problema sin resolver que persiste en la relación entre la Unión Europea, la República Checa y Canadá con respecto a la supresión del requisito unilateral de visados para los ciudadanos checos. He advertido en repetidas ocasiones que el Parlamento de la República Checa bloqueará la ratificación del acuerdo relacionado en materia de aviación por las mismas razones. Quiero instar a la Comisión a que aborde finalmente este problema con toda seriedad. La actitud poco entusiasta de la Comisaria Malmström es la razón de que la situación siga sin resolverse después de dos años y ha contribuido al deterioro de las relaciones entre la República Checa y Canadá.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. La presente recomendación aborda el Acuerdo sobre seguridad firmado el 6 de mayo de 2009 en nombre de la entonces Comunidad Europea. El Acuerdo sobre transporte aéreo UE-Canadá, firmado los días 17 y 18 de diciembre de 2009 y que creará de manera definitiva una zona de aviación totalmente abierta entre la Unión Europea y Canadá, será objeto de una recomendación separada. Solo seis Estados miembros tiene en la actualidad acuerdos bilaterales con Canadá que cubren la certificación de productos. Estos acuerdos expirarán cuando entre en vigor el Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil entre la Comunidad Europea y Canadá («el Acuerdo»). Puesto que la supresión de los obstáculos técnicos al comercio pasa a ser competencia exclusiva de la Unión, el acuerdo puede celebrarse mediante una decisión del Consejo. A diferencia del Acuerdo sobre transporte aéreo, no está sujeto a una aplicación transitoria ni requiere la ratificación de los Estados miembros. Conviene que a Canadá se le considere un país prioritario en un Acuerdo sobre seguridad aérea que complemente el Acuerdo sobre transporte aéreo, puesto que Europa y Canadá tienen fábricas de aviones, motores y equipos aeronáuticos que son líderes mundiales. Las exportaciones combinadas de tecnología en el ámbito de la aviación civil superaron los 50 000 millones de euros, al tiempo que el comercio total de aeronaves, vehículos espaciales y sus partes por parte de Europa y Canadá representó más de 49 000 millones de euros en 2008.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El presente Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil, celebrado entre la UE y Canadá, se deriva del acuerdo horizontal que ya aprobó el Parlamento en marzo de 2011. Canadá es un país estratégico en este ámbito para los Estados miembros de la UE, ya que ambas partes son líderes mundiales en la fabricación de aviones, motores y equipos aeronáuticos; además, Canadá es actualmente el undécimo socio comercial más importante de la UE. Los objetivos de este Acuerdo se centran en facilitar el comercio de bienes y servicios, suprimiendo las barreras técnicas, y en la reducción de la duplicación de las evaluaciones, pruebas y controles en materia de aeronavegabilidad de carácter reglamentario, aplicando el principio de reciprocidad. La creación de una zona de aviación abierta conllevará beneficios económicos para ambas partes. Una mayor simplificación y reducción de los costes administrativos para las empresas europeas y canadienses supondrá una mayor competitividad económica y una mayor seguridad para los pasajeros. Como miembro sustituto de la Comisión de Transportes y Turismo, he votado a favor de este informe, pero quiero subrayar una vez más que el Parlamento debe asumir sus nuevas responsabilidades consagradas en el Tratado de Lisboa y debe ser informado en todas las etapas del proceso de negociación de acuerdos internacionales.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) El Acuerdo pretende reducir al mínimo la duplicación de evaluaciones y controles, permitiendo que cada parte utilice el sistema de certificación de la otra parte. Esta confianza recíproca en el sistema de la otra parte se basa en un acercamiento de los requisitos y los procesos reglamentarios, así como en las consultas periódicas entre las partes y en la creación de una comisión conjunta. Al permitir que los procedimientos de aprobación de los productos se acorten y se hagan más eficaces, las empresas que operan en ese sector ahorrarán millones de euros cada año y podrán aumentar su competitividad. El Acuerdo hará que el mercado resulte más competitivo y más seguro, debido a que las autoridades encargadas de la aplicación estarán obligadas a cooperar más ampliamente.

 
  
  

Informe: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Este informe señala que los requisitos previos clave para conseguir los objetivos generales de la política de cohesión son una disciplina financiera sólida y la transparencia en la asignación de fondos, que contribuyen a una mayor responsabilidad en lo que respecta a los objetivos estratégicos. Es necesario hacer esfuerzos adicionales para evitar retrasos excesivos y mejorar el rendimiento de la ejecución.

También quiero destacar la necesidad de aumentar las sinergias con otros instrumentos políticos. La política de cohesión debe seguir ayudando a las regiones más pobres a recortar la distancia, creando un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, en línea con la Estrategia Europa 2020.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) Hoy en día, la política de cohesión tiene más posibilidades que nunca y no deben subestimarse: puede relanzar a las regiones menos desarrolladas que se caracterizan por sus desventajas geográficas o naturales permanentes. Dejar sin utilizar o desperdiciar de manera innecesaria los recursos disponibles resultaría lamentable y, por tanto, es oportuno adoptar con urgencia un enfoque orientado a los resultados mediante el establecimiento de objetivos e indicadores de resultados claros y cuantificables. El primer paso, que debería aplicarse a todos los recursos de la UE, es simplificar los procedimientos y flexibilizar la asignación de fondos, reduciendo las barreras burocráticas, las cargas administrativas excesivas y otros obstáculos que impiden la consecución de los objetivos políticos en materia de empleo y lucha contra la pobreza. No olvidemos que la política de cohesión es un mecanismo a largo plazo; por tanto, comenzar a trabajar sobre bases sólidas, fijar objetivos precisos y asignar unas competencias claras a cada nivel de gobernanza son factores de progreso que únicamente producirán resultados visibles en la segunda parte del período de programación.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) El logro de la cohesión social, económica y territorial es uno de los objetivos importantes del proyecto europeo. Es un objetivo que todos los Estados miembros se han fijado como parte del proceso de integración europea. Precisamente por ello, creo que el proceso para financiar los proyectos de cohesión debe basarse en una disciplina financiera rigurosa, en la aplicación en ámbitos estratégicos y, por último, pero no menos importante, en el principio de la buena gobernanza. El objetivo es reducir las disparidades entre las regiones europeas. Sin embargo, para lograr ese objetivo deseado, debe simplificarse todo el procedimiento para la aplicación de esta política. Los fondos deben ser utilizados y creo que debemos plantar cara al principal enemigo responsable del estancamiento o la parálisis de este tipo de proyectos: los excesivos trámites burocráticos europeos. No debemos confundir la burocracia con la transparencia, porque no todas las entradas registradas en un papel ni todas las aprobaciones registradas en un expediente contribuyen a hacer transparentes los proyectos de cohesión.

Las disparidades entre las regiones europeas se han desarrollado durante largos períodos de tiempo. Apoyo la propuesta contenida en el informe en el sentido de que, con el fin de reducir estas desigualdades y agilizar el proceso de integración europea para todos los Estados miembros, debemos acortar el plazo necesario para la aprobación de la financiación y reducir los trámites burocráticos, así como todas las normas y procedimientos, que obstaculizan innecesariamente la política de cohesión de la Unión Europea en vez de contribuir a su aplicación.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) El informe de aplicación elaborado por mi colega, el señor Mikolášik, presenta un excelente historial de lo que ha logrado la política de cohesión durante el período financiero 2007-2013. Ello demuestra que esta política es útil, ya que su contribución al logro del objetivo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea es innegable. Por último, quiero hacer hincapié en que la aprobación de este informe llega en un momento ideal, ya que ha enriquecido el debate sobre el futuro de la política de cohesión (2014-2020). De hecho, la Comisión Europea publicará en breve sus propuestas para actualizar y, por tanto, mejorar esa política.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) La votación sobre el paquete de «cohesión» envía un mensaje claro sobre nuestro deseo de contar con una política de cohesión solidaria, eficaz y ambiciosa, ya que sigue siendo una de las políticas europeas más importantes. De hecho, en un momento en el que la crisis mundial ha empeorado la situación socioeconómica de muchas regiones, y cuando ya estamos debatiendo la futura política de cohesión, era crucial que el Parlamento Europeo hiciese hincapié en su oposición a cualquier intento de nacionalizar la política de cohesión o de hacerla más sectorial. En este informe en particular, que pretendía evaluar la aplicación de los programas, el Parlamento Europeo ha elaborado una evaluación y ha destacado los logros, las dificultades y las posibles soluciones. Ello será de gran ayuda en los próximos meses, cuando la Unión Europea presente una nueva política de cohesión para el período posterior a 2013, que deberá subsanar las deficiencias de la política actual. En particular, será importante simplificar y acelerar los procedimientos de asignación, especialmente en favor de las PYME, y fomentar la financiación mediante los multifondos y la financiación cruzada. Por tanto, he votado a favor de este informe, al igual que lo hice con los otros tres, para reiterar mi compromiso con esta política fundamental, al tiempo que he pedido algunos cambios que se han hecho necesarios para hacer frente a nuevos desafíos.

 
  
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  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) Como demuestran los hechos y las cifras publicadas en los informes nacionales, los Estados miembros están avanzando en la consecución de los objetivos de la política de cohesión, pese a observarse una cierta heterogeneidad a escala de los estados y las regiones. Además, recuerdo que la política de cohesión es un mecanismo a largo plazo y que la mayoría de los resultados únicamente se harán visibles después del período de programación. En mi opinión, los requisitos previos fundamentales para el logro de los objetivos generales de la política de cohesión son una disciplina financiera sólida y, sobre todo, la transparencia en la asignación de fondos. La cuestión de la arquitectura de la futura política de cohesión para el período 2014-2020 estará en el centro del debate político en los próximos años. En el contexto de las negociaciones para el próximo período de programación, creo que una política regional de la UE sólida y bien financiada es un requisito esencial para lograr la cohesión social, económica y territorial en la UE. Por tanto, los fondos destinados a la política de cohesión en el próximo período de programación no deben ser objeto de reducción alguna. Además, con el fin de evitar situaciones de no utilización de los fondos a raíz de unos reglamentos y unos procedimientos excesivamente complicados, es esencial que se simplifique la gestión y la aplicación de la política de cohesión.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Esta propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de 2010 sobre la aplicación de los programas de la política de cohesión para 2007-2013 incluye puntos contrarios a los principios de nuestra línea política y, por tanto, no puede recibir nuestro apoyo. En particular, la propuesta de resolución reclama que se aumenten y se faciliten los servicios a la comunidad romaní, que la propuesta define como una comunidad «marginada». La Lega Nord siempre ha insistido en que la minoría romaní no puede ser considerada como una víctima de ningún tipo de «marginación» social, ya que es la propia minoría la que se niega a integrarse en nuestra sociedad. Por tanto, considero que no puede aprobarse esta propuesta de resolución, que considera a los romaníes víctimas de la marginación y reclama para ellos un trato privilegiado en función de esa supuesta marginación. De ahí mi voto en contra.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe, porque la política de cohesión sigue dando muestras de su importancia ya que contribuye considerablemente a la mejora del entorno socioeconómico. Por otra parte, la política de cohesión busca reducir las disparidades entre niveles de desarrollo de las regiones europeas, facilita el avance hacia la modernización y el crecimiento sostenible y demuestra la solidaridad europea. Como tal, ha demostrado ser fundamental para el progreso de la integración europea, al tiempo que establece sinergias entre todas las políticas europeas. Es evidente que las regiones europeas todavía se enfrentan a disparidades económicas, sociales y medioambientales chocantes. Algunas de ellas son consecuencia de las dos últimas ampliaciones, en tanto que otras se han acentuado por los efectos directos de la crisis financiera y económica mundial. Los Estados miembros han acogido los nuevos requisitos de manera positiva y están logrando avances en el cumplimiento de los objetivos de la política de cohesión, tal como demuestran los datos y las cifras incluidos en los informes nacionales (a pesar de una cierta heterogeneidad inherente a escala de Estados y regiones). Habida cuenta de que el Fondo Social Europeo (FSE) es un instrumento clave en la lucha contra la pobreza, la exclusión social, el desempleo, las desigualdades en materia de género y las discriminaciones sociales (contra las personas con discapacidad, los migrantes, las personas de edad avanzada, etc.) mediante la inclusión profesional, el Parlamento Europeo insta a la Comisión a que refuerce el potencial y la autonomía financiera del FSE. Además, debemos simplificar la gestión de proyectos, armonizar y mejorar los procedimientos y controles y mejorar el seguimiento de los expedientes en curso.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) La política de cohesión constituye uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, por esta razón, es necesario prestar una mayor atención a la coordinación de las actividades entre la UE y los Estados miembros que dependen de ese sector. Por tanto, he votado a favor del presente documento. La crisis económica, así como la reforma de la política para el período 2007-2013, han provocado una desaceleración en Europa. Para beneficiarse plenamente de las posibilidades que ofrece la política de cohesión, como ha ilustrado el ponente con toda claridad, es necesario un compromiso más decidido para reducir la brecha entre las regiones altamente desarrolladas de la UE y las menos desarrolladas. En mi opinión, el logro de este objetivo es posible mediante el incremento de los fondos destinados a la política de cohesión y facilitando un mayor control sobre la aprobación de los proyectos y sobre los métodos de inversión.

 
  
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  Philip Bradbourn (ECR), por escrito. − Sobre los informes Pieper, Sanchez-Schmid, Stavrakakis, Vlasák y Mikolášik: los diputados conservadores al Parlamento Europeo hemos optado por rechazar dichos informes sobre la futura orientación de la política de cohesión, con la excepción del informe Vlasák, en cuya votación nos hemos abstenido. Ello se debe a varias razones fundamentales: en un momento de consolidación fiscal en los Estados miembros, consideramos que resulta totalmente inadmisible que el ingente presupuesto de cohesión de la UE no se vea afectado por estos esfuerzos. En general, esos informes no reflejan de manera significativa las preocupaciones de los conservadores en relación con la gestión de la política de cohesión por parte de la UE. Rechazan cualquier medida para permitir que los Estados miembros más ricos financien su propio desarrollo regional e impiden el surgimiento de una política de cohesión más reducida, eficaz y específica para las regiones más pobres de Europa. En lugar de ello, se proponen nuevas formas de burocracia, como las entidades macrorregionales, y se socava una vez más el Estado-nación mediante un giro decidido hacia el regionalismo. Esta época de austeridad ofrece a la UE una oportunidad para gastar menos en prioridades desfasadas y que llevan al despilfarro. Estos informes van totalmente en la dirección equivocada.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. − Los expedientes que analizan la eficacia con que se ha transpuesto la legislación de la UE en los Estados miembros tienen una importancia fundamental. Me hago eco de las conclusiones del ponente, especialmente de las que se refieren a la importancia de las PYME para las economías europeas y a la necesidad de facilitar el acceso a la financiación, así como a la necesidad de alentar en mayor medida a las PYME a mejorar la innovación, aumentando así su competitividad. Por esas razones, entre otras, he decidido votar a favor de este expediente.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) En el contexto de la crisis actual que atraviesa la Unión Europea, la política de cohesión introducida recientemente es uno de los modos eficaces de poner en marcha la economía de la UE. En este sentido, el informe Mikolášik sobre la aplicación de los programas de la política de cohesión para 2007-2013, que he apoyado, constituye una contribución útil para redefinir los objetivos de dicha política. Al reclamar una asignación de las ayudas simplificada, mejorada y transparente, en el marco de la Estrategia Europa 2020, este informe pretende estimular los programas europeos de cohesión para remediar las cargas administrativas, que son la causa de la retención actual de la mayor parte de los fondos asignados.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la aplicación de los programas de la política de cohesión para 2007-2013 porque creo que es necesario adaptar la política de cohesión a los retos a los que hacen frente las regiones europeas, apoyando un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La política de cohesión sigue siendo uno de los pilares más importantes de la política de la UE, ya que es fundamental para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por esa misma razón, la política de cohesión debe seguir apoyando firmemente a todas las regiones europeas, contribuyendo a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.

De cara al futuro, y en un momento en que Europa atraviesa una crisis económica, financiera y social sin precedentes, que está afectando de manera especial a ciertas regiones que ya eran vulnerables, es de enorme importancia que la política de cohesión siga desempeñando su papel fundamental para el desarrollo equilibrado y sostenible.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este documento, cuyo ponente es el señor Mikolášik, sigue a la Comunicación de la Comisión titulada «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013». Esa es la primera evaluación rigurosa de la aplicación de los aproximadamente 450 programas operativos adoptados por la Comisión. La política de cohesión de la UE forma parte de un marco europeo de solidaridad que incluye a los 27 Estados miembros y a sus 271 regiones, y tiene como objetivo poner fin a las disparidades económicas y sociales en el seno de la UE.

Habida cuenta de la crisis económica y financiera que sufre Europa, la importancia del presente informe es aún mayor, por lo que debe convertirse en un instrumento para la reasignación y la maximización de los fondos de cohesión. De hecho, dada la baja tasa de aplicación, es necesario crear mecanismos que permitan a los Estados miembros más desfavorecidos hacer uso de los fondos que se les han asignado, o arriesgarse a la obligación de devolver esos fondos a la UE, que a su vez los redistribuiría entre los países más ricos. Acojo con satisfacción la aprobación de este informe, a favor del cual he votado, no solo por las soluciones que propone, sino también por la estructura que sugiere para la futura política de cohesión.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe reconoce los problemas existentes con la política de cohesión, comenzando por la conclusión tardía de las negociaciones del marco financiero plurianual y del paquete legislativo de la política, lo que tuvo como consecuencia el retraso en la aplicación de las estrategias nacionales y los programas operativos. Esos factores se ven agravados por la insuficiencia de los fondos previstos para el período 2007-2013, especialmente teniendo en cuenta la ampliación de la UE, y la utilización de tan solo el 27,1 % de los recursos disponibles en el período actual, así como la continuación de la cofinanciación nacional y la carga administrativa. Esa situación deja al descubierto algunos de los errores y debilidades de la política de cohesión que siempre hemos denunciado.

Ciertos países, como Portugal, se están alejando cada vez más del desarrollo económico y social prometido que los acercaría a la media de la UE. La cofinanciación nacional sigue siendo un obstáculo para el acceso a los fondos, especialmente para los países con las economías más débiles, que siguen viendo cómo se devuelven muchos millones de euros a los países que más se benefician de las principales políticas de la UE, en particular de la Unión Económica y Monetaria y el mercado interior. Ello aumenta la disparidad entre estos países en lugar de reducirla.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe reconoce los problemas existentes con la política de cohesión, comenzando por la conclusión tardía de las negociaciones del marco financiero plurianual y del paquete legislativo de la política, lo que tuvo como consecuencia el retraso en la aplicación de las estrategias nacionales y los programas operativos, la insuficiencia de los fondos previstos para el período 2007-2013, especialmente teniendo en cuenta la ampliación de la UE, y la utilización de tan solo el 27,1 % de los recursos disponibles en el período actual, así como la continuación de la cofinanciación nacional y la carga administrativa. Ello pone de manifiesto algunos de los errores y debilidades de la política de cohesión que siempre hemos denunciado.

Ciertos países, como Portugal, se están alejando cada vez más del desarrollo económico y social prometido, que los acercaría a la media de la UE. Todo ello se ve agravado por las políticas clave de la UE, en particular la Unión Económica y Monetaria, la competencia en el mercado interior y la liberalización del comercio internacional, entre otras cuestiones.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) Los informes sobre la aplicación analizan la transposición de los reglamentos de la UE a la legislación nacional y su cumplimiento en los Estados miembros. En el caso de la política de cohesión, el marco legislativo se compone de una serie de reglamentos de aplicación directa. Por tanto, el informe de la Comisión titulado «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» analiza si los Estados miembros han aplicado debidamente la legislación, así como la forma en que los Estados miembros han entendido las orientaciones estratégicas comunitarias y cómo las han gestionado a la hora de aplicar los marcos estratégicos nacionales de referencia y los programas operativos. La política de cohesión demuestra su importancia, contribuyendo de manera considerable a la mejora del entorno socioeconómico. Los Estados miembros están avanzando en la consecución de sus objetivos, como confirman los hechos y los datos mencionados en los informes nacionales. Sin embargo, los requisitos previos clave para conseguir los objetivos generales de la política de cohesión son una disciplina financiera sólida y la transparencia en la asignación de fondos. La presentación de informes estratégicos, como un nuevo instrumento, puede traer importantes beneficios para el incremento de la responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos políticos. Del mismo modo, sigue resultando muy conveniente y justificable dar pasos para la simplificación de la gestión y la aplicación de la política de cohesión, a fin de cumplir con los objetivos de esa política y contribuir así a la solidaridad europea.

 
  
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  Adam Gierek (S&D), por escrito. – (PL) He votado a favor, porque a pesar de los problemas existentes con respecto al uso del dinero del Fondo de Cohesión, la política de cohesión actual debe seguir aplicándose de manera sistemática, a la luz de su objetivo a largo plazo. La cohesión de la Unión implica el uso efectivo del potencial de las regiones económicamente atrasadas y el crecimiento, utilizando el efecto de escala en toda la Unión. De ahí la concentración en las inversiones en infraestructuras de comunicaciones, que facilitarán el funcionamiento del mercado único, y en la ecología. En las nuevas perspectivas financieras los fondos no deben desperdiciarse en proyectos sectoriales.

También existe la necesidad de mejorar la cohesión en los Estados miembros y de hacer un mejor uso de los recursos financieros destinados a inversiones en infraestructuras relacionadas con el cambio climático, como las construcciones hidrotécnicas. En Polonia, por ejemplo, se está haciendo un mal uso del dinero del Fondo de Cohesión destinado a proyectos de comunicaciones públicas, como ferrocarriles, tranvías e Internet. Debe prestarse atención a la utilización más eficaz de los recursos mediante el reciclaje. El porcentaje de los recursos de la Unión destinados a la modernización también resulta demasiado bajo, especialmente en los países de Europa Central y Oriental. Redunda en interés de la Unión que desaparezca la separación entre las regiones centrales, de gran importancia, y las periferias atrasadas desde el punto de vista del desarrollo, para que las regiones periféricas no sean únicamente mercados de destino y reservas de trabajadores.

 
  
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  Gunnar Hökmark (PPE), por escrito. − (SV) Los conservadores suecos no compartimos el entusiasmo expresado en el informe en relación con el uso de los fondos estructurales en la política de cohesión. Somos críticos con la estructura y el alcance actuales del sistema, pero, no obstante, el modo en que se utilizan los fondos es importante. Este informe de propia iniciativa no aboga por la asignación de recursos adicionales a los fondos y también señala que debe darse prioridad a la investigación y al desarrollo de los créditos. En consecuencia, hemos podido apoyar el informe.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He acogido con satisfacción este documento, porque deben adoptarse medidas correctivas rápidamente para mejorar el bajo rendimiento de los proyectos en ciertos ámbitos prioritarios. El documento recomienda que se lleven a cabo análisis pormenorizados de los problemas de ejecución en los ámbitos que presentan retrasos específicos en la selección de los proyectos. En este contexto, pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la selección de proyectos en los temas retrasados y aceleren la ejecución de todos los proyectos seleccionados con el fin de evitar el riesgo de que no se alcancen los objetivos acordados. El informe subraya que las PYME desempeñan un papel importante de innovación en la economía y que, por ello, es necesario desarrollar este sector, también mediante la aplicación de la «Small Business Act» (Ley de la pequeña empresa), facilitar el acceso de las PYME a capital de financiación y de funcionamiento, alentar a las PYME a que se impliquen en proyectos innovadores y aumentar su competitividad y su potencial de creación de empleo. Considero que la selección y la aplicación efectivas de proyectos en algunos ámbitos se ven obstaculizadas al no darse las condiciones previas pertinentes, como procedimientos de aplicación más sencillos a escala nacional, prioridades nacionales claras en ciertas áreas de intervención, la transposición puntual de la legislación de la UE y una capacidad institucional y administrativa consolidada, así como por el exceso de burocracia nacional. Por tanto, el documento pide a los Estados miembros y a las regiones que faciliten la aplicación de la política eliminando estos obstáculos, especialmente adaptando el marco jurídico en el ámbito de las ayudas estatales, la contratación pública y las normas medioambientales, y promoviendo reformas institucionales.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) La política de cohesión ha sido siempre un elemento esencial del Plan Europeo de Recuperación Económica, a través del cual el papel de los Fondos Estructurales resulta evidente para todos. Teniendo en mente, en particular, a las pequeñas empresas, ya que son vistas como agentes de desarrollo en el territorio, se han propuesto medidas de cohesión para apoyar los mercados de trabajo regionales, reduciendo la segregación de género y las desigualdades, facilitando diálogo interinstitucional y mejorando la infraestructura y los servicios para las microrregiones desfavorecidas con concentraciones elevadas de grupos marginados socialmente. Esas intervenciones, que son solo algunas entre muchas otras, son específicas e imprescindibles para mantener los equilibrios esenciales para los territorios. Mi apoyo a este informe expresa el reconocimiento del excelente trabajo realizado por el señor Mikolášik y la confianza de que, en el próximo período de programación, la política de cohesión continúe su camino de agregación y desarrollo de los territorios y de la economía europea.

 
  
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  Bogusław Liberadzki (S&D), por escrito. – (PL) La aplicación de la política de cohesión para 2007-2013 merece la atención del Parlamento por varias razones importantes, a saber: el crecimiento sistemático de la cohesión posee una importancia estratégica para el futuro de la Unión; el Fondo de Cohesión es una oportunidad para los nuevos Estados miembros y para las regiones con unas condiciones de desarrollo especialmente complicadas; en los últimos años, la Comisión de Control Presupuestario ha expresado sus reservas en relación con la aplicación de la política, debido a la tasa de error, que resulta demasiado elevada. El informe Mikolášik merece ser apoyado.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Este informe estratégico representa una nueva característica de la política de cohesión. Ofrece pruebas oportunas de los avances en la aplicación en la UE-27 y promueve la transparencia de las medidas, incorporando las prioridades de la UE.

Los progresos realizados por los Estados miembros pueden considerarse razonables, teniendo en cuenta el contexto de deterioro grave de la situación socioeconómica provocado por la crisis mundial y por la reforma incorporada a la política para el período 2007-2013. En muchos aspectos, sigue existiendo una distancia obvia entre distintas regiones de la UE. Los avances varían mucho entre países y temas: se producen retrasos específicos en la selección de proyectos dentro de ciertas áreas estratégicas.

Las áreas de especial preocupación, en las que debe realizarse un análisis en profundidad de las causas de los retrasos, son las siguientes: el sector del ferrocarril, ciertas inversiones en energía y medio ambiente, la economía digital, la inclusión social, la gobernanza y el desarrollo de capacidades. Por lo tanto, es necesario hacer esfuerzos adicionales para evitar retrasos excesivos, reforzar el rendimiento de la ejecución y garantizar una mayor disciplina financiera.

La política de cohesión sigue dando muestras de su importancia ya que contribuye considerablemente a la mejora del entorno socioeconómico. Los requisitos previos clave para conseguir los objetivos generales de la política de cohesión son una disciplina financiera sólida y la transparencia en la asignación de fondos.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. − (LT) La política de cohesión es una garantía para la mejora de nuestro entorno socioeconómico, que ayuda a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las regiones y facilita el avance hacia la modernización y el crecimiento sostenible. Es un instrumento eficaz y eficiente para responder a los retos socioeconómicos planteados por la crisis financiera. Para reducir las disparidades entre las regiones menos desarrolladas y más desarrolladas de la UE, debe alentarse a los Estados miembros a mejorar la capacidad de absorción de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Los Estados miembros deben participar más activamente en la aplicación de los programas de la política de cohesión. A la hora de perseguir estos objetivos, es importante garantizar que los proyectos se seleccionen y se apliquen de manera adecuada, sin retrasos. En consecuencia, debe existir un mecanismo eficaz de control y supervisión y debe reducirse la burocracia y la carga administrativa. Cabe señalar que debe prestarse especial atención y debe asignarse financiación al transporte, que es un factor crucial para la aplicación de la cohesión territorial, económica y social. Lamento que la inversión en el sector de los ferrocarriles esté por debajo del nivel de inversión en el de transporte por carretera. Además, el retraso de la inversión en el sector de los ferrocarriles está causando un perjuicio enorme a la aplicación de la RTE-T. Cabe señalar que para las pequeñas empresas los Fondos Estructurales son un instrumento fundamental para estimular la economía. Es esencial aprovechar las oportunidades que ofrecen estos fondos para crear unas condiciones operativas favorables para las PYME, mejorando las oportunidades de financiación y promoviendo la participación en diversos proyectos innovadores y la cooperación a escala local y regional.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) La política de cohesión es un pilar fundamental del desarrollo socioeconómico, y los Estados miembros han recibido positivamente los nuevos requisitos y están asumiendo rápidamente las directrices de la UE, realizando avances significativos en la consecución de los objetivos de cohesión política. Esto es lo que se desprende del documento sobre el Informe de 2010; por tanto, con la esperanza de que sigamos por este camino, voy a votar a favor del informe sobre la aplicación de los programas de la política de cohesión para 2007-2013. Además, el informe formula propuestas y recomendaciones para lograr una mayor transparencia y flexibilidad en la asignación y el uso de los fondos europeos.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) La política de cohesión es esencial para la mejora del entorno socioeconómico en Europa y es una expresión práctica de la solidaridad entre los Estados miembros. No obstante, el informe destaca acertadamente el retraso en la elaboración de las estrategias nacionales y los programas operativos, debido a la dificultad de los procedimientos de negociación; sin embargo, también menciona —y ello es un punto importante para Grecia— que la UE debe encontrar formas de resolver estos retrasos cuando surjan, debido a los escasos recursos públicos disponibles para proyectos de cofinanciación. Al mismo tiempo, es importante destacar, en cada oportunidad, que los requisitos previos básicos para conseguir los objetivos generales de la política de cohesión son una gestión financiera sólida, la responsabilidad y la transparencia en la asignación de fondos. Ello puede lograrse mediante la presentación de informes de situación periódicos y la mejora de la eficacia de la administración pública.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) La política de cohesión es un pilar fundamental de la política de la UE y uno de los motores para la creación de una Europa de una sola velocidad, ya que contribuye a mejorar el clima socioeconómico. Los Estados miembros están realizando avances en el logro de los objetivos de la política de cohesión, como se demuestra en los informes nacionales, aunque hay una cierta heterogeneidad intrínseca entre Estados y regiones. Esta política no ofrece resultados inmediatos: es un mecanismo a largo plazo. De hecho, la imagen completa del período de programación 2007-2013 se obtendrá solo en 2015, dos años después del segundo Informe estratégico, puesto que ciertos países disponen de dos años después de 2013 para utilizar toda la financiación asignada. He votado a favor de este informe, que, entre otros aspectos, resalta el hecho de que la selección y la aplicación eficaces de proyectos en algunos ámbitos se han visto obstaculizadas por una serie de factores que deben combatirse. Quiero destacar la conclusión tardía de las negociaciones del marco financiero plurianual y del paquete legislativo de la política, lo que tuvo como consecuencia el retraso en la elaboración de las estrategias nacionales y los programas operativos, así como la escasez de recursos públicos disponibles para la cofinanciación en los Estados miembros. Es imprescindible que se aborden estas cuestiones, a fin de que puedan lograrse plenamente los objetivos del proceso.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El presente informe examina si los Estados miembros han aplicado correctamente la legislación y de qué manera los Estados miembros han entendido y seguido las directrices estratégicas comunitarias a la hora de aplicar los marcos estratégicos nacionales de referencia y los programas operativos. El informe se ha elaborado tomando como base principalmente los dos documentos siguientes: la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Tribunal de Cuentas titulada «Política de Cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» y el documento de trabajo de la Comisión adjunto a la Comunicación. Se han realizado una serie de evaluaciones básicas sobre la aplicación de los programas, teniendo en cuenta a la hora de efectuar los análisis comparativos las diferencias de varios meses, puesto que esas diferencias podrían influir en el volumen de recursos asignados a un sector en particular. De manera similar también se han realizado evaluaciones básicas sobre el ejercicio de elaboración de informes estratégicos, que ofrece pruebas oportunas de los avances en la aplicación en el conjunto de Europa y proporciona una base para un debate a alto nivel, la evaluación entre homólogos, la elaboración de mejores políticas y un incentivo para mejorar la calidad del rendimiento, incluso a pesar de que dichos informes presenten ciertas limitaciones. A fin de que pueda aumentarse la responsabilidad a la hora de realizar los objetivos de esta política, expreso mi voto a favor de la propuesta.

 
  
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  Phil Prendergast (S&D), por escrito. − Es importante que la UE mantenga su enfoque en las zonas desfavorecidas, para garantizar que no sufran más en la actual crisis económica. Ayudar a las regiones más pobres también ayuda a las más ricas, al aumentar el poder adquisitivo en los mercados vecinos, que es una de las cuestiones en torno a las que gira el mercado único. Los fondos estructurales son de gran utilidad a la hora de hacer frente a los desafíos de esas regiones y debemos garantizar que sigan funcionando con eficacia, creando un crecimiento sostenible e inclusivo. El presente informe se refiere a los retrasos registrados en la selección de proyectos en ámbitos como el sector del ferrocarril, la energía, el medio ambiente, la economía digital, la inclusión social, la gobernanza y el desarrollo de capacidades. Son cuestiones fundamentales para la competitividad y, por tanto, una cuestión clave para el crecimiento económico. La UE debe garantizar que se eviten los retrasos excesivos en relación con la asignación de fondos.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A favor. El proyecto de informe era bastante débil, pero podría haberse mejorado de manera considerable mediante las 22 enmiendas de compromiso y una serie de apartados más firmes de diferentes dictámenes, por ejemplo, en el ámbito de la cohesión social (apartados 7 y 19), la perspectiva de género (apartado 9), la reducción del carbono en el sector del transporte (apartado 11), la eficiencia energética (apartado 14) y el medio ambiente y la protección del clima (apartado 15). Ha sido posible incorporar nuestra formulación sobre las sinergias entre los fondos («cada fondo necesita sus propias normas», apartado 28), así como nuestra petición de aumentar la financiación cruzada (apartado 29) y reforzar las asociaciones (apartado 33) y la transparencia (apartado 3). También contamos con una redacción adecuada en lo relativo a adaptar los programas al desarrollo sostenible (apartado 35). Sin embargo, no hemos podido evitar las muestras de júbilo por la asignación realizada en el marco de la Agenda de Lisboa (apartados 5 y 20) ni la petición de mejorar la financiación de los proyectos RTE-T (apartado 12). Tampoco ha sido posible incorporar un enfoque más Verde en relación con las medidas para salir de la crisis (apartado 27).

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la UE «desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial», y, para ello, ha fijado el importe de los fondos de la Unión para 2007-2013 en 347 000 millones de euros, lo que corresponde al 35,7 % del total del presupuesto de la UE. Voto a favor de este informe porque realiza un análisis preciso de la situación actual de los fondos de la Unión describiendo las áreas en las que, hasta ahora, se han gastado 93 400 millones de euros; sugiere recomendaciones y ámbitos de mejora, contribuye a la superación de la crisis económica y financiera y promueve las buenas prácticas y el aprendizaje mutuo a escala regional.

Quiero hacer hincapié en el hecho de que la aplicación de los fondos de la UE varía entre los diferentes Estados miembros y es importante que la Unión Europea comprenda las dificultades que han tenido algunos países a la hora de aplicar medidas correctivas para contribuir activamente a una mayor asunción de fondos de la UE, en consonancia con la Estrategia Europa 2020. Por último, también quiero felicitar a los Estados miembros por sus esfuerzos en la elaboración de los primeros informes estratégicos nacionales, contribuyendo de manera activa a una mayor transparencia, flexibilidad, eficacia y responsabilidad en relación con los fondos de la política de cohesión.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe sobre la aplicación de los programas de la política de cohesión para 2007-2013, puesto que la política de cohesión es esencial para el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, especialmente en materia de empleo y asuntos sociales. Lamento los retrasos que se han producido en el proceso de selección de proyectos en ámbitos estratégicos como el sector del transporte, ciertas inversiones en energía y medio ambiente, la economía digital, la inclusión social, la gobernanza y el refuerzo de capacidades administrativas. La selección y la aplicación efectivas de proyectos en algunos ámbitos se ven obstaculizadas al no darse las condiciones previas pertinentes, como procedimientos de aplicación más sencillos a escala nacional, prioridades nacionales claras en ciertas áreas de intervención, la transposición puntual de la legislación de la UE y una capacidad institucional y administrativa consolidada, así como por el exceso de burocracia nacional.

Creo que la creación de un sistema de transportes europeo intermodal, basado en la RTE-T, y su interconexión con proyectos nacionales de las redes viaria, ferroviaria y de vías navegables interiores, es vital para garantizar la cohesión territorial, económica y social.

Lamento la falta de inversión en proyectos de eficiencia energética y en recursos para energías renovables en relación con la vivienda y con proyectos destinados a grupos de población marginados. En el futuro, Europa debe realizar una inversión considerable en innovación, educación y nuevas tecnologías.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) El informe estratégico sobre la aplicación de los programas operativos cofinanciados en el marco de la política de cohesión es un nuevo instrumento que será fundamental para la transparencia y que, en el futuro, ayudará al público a entender esta compleja cuestión. Cada año, el Tribunal de Cuentas descubre enormes irregularidades en la distribución de las subvenciones. Si se utiliza correctamente, este instrumento puede desempeñar un papel importante para ayudar a frenar esa situación. Por ello, estoy a favor de las mejoras sugeridas por el ponente, en particular las relativas a la calidad de los informes elaborados por los Estados miembros, asegurando controles efectivos en el futuro.

 
  
  

Informe: Oldřich Vlasák (A7-0218/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de este informe, porque analiza las necesidades de las zonas urbanas, centrándose principalmente en dos aspectos: la infraestructura básica y las inversiones inteligentes en infraestructura y servicios basados en el progreso tecnológico. También estoy de acuerdo con la petición de que se preste atención a los principios de la planificación estratégica integrada, así como con la necesidad de una financiación cruzada más flexible entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) La diversidad urbana europea debe apoyarse principalmente mediante un mecanismo flexible para la aplicación de la política de cohesión y mediante la coordinación y la adaptación de los proyectos de desarrollo urbano de acuerdo con las necesidades de desarrollo y las directrices estratégicas de cada ciudad. Se habla de un desarrollo urbano inteligente y de la necesidad de que las ciudades mejoren y modernicen su infraestructura y los servicios que ofrecen. Para asegurarnos de que ello no quede en nada, creo que debemos confiar en las autoridades locales y los representantes electos de esas ciudades. Debemos escuchar qué quieren las comunidades, tener en cuenta su lista de prioridades a la hora de iniciar cualquier construcción y tener el convencimiento de que los alcaldes saben mejor que nadie cuáles son o deberían ser las prioridades de sus ciudades. Precisamente por ello, creo firmemente, al igual que el ponente, que la oferta de financiación de la UE debe satisfacer la demanda local y los principios de la planificación estratégica integrada a escala de la UE. Por tanto, la Agenda urbana europea debe contribuir a la reducción de las disparidades en las áreas estratégicas que necesita cualquier ciudad europea moderna, a saber, infraestructura, investigación e innovación, transporte, medio ambiente, educación, salud y cultura. Ello se debe a que la adopción de un enfoque integrado en relación con la política de cohesión es la única manera en que podremos contribuir a que las ciudades de hoy en día se desarrollan de manera orgánica, sostenible y ambientalmente responsable.

 
  
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  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. − Señor Presidente, el informe sobre «la Agenda Urbana Europea y su futuro en la Política de Cohesión» subraya el hecho de que, además de la importante contribución de las intervenciones de la política de cohesión para el desarrollo de áreas urbanas, hay una serie de políticas (tales como las de medio ambiente, transporte y energía) y programas de la UE que tienen un fuerte impacto sobre el desarrollo urbano. Por ello, para realzar una Agenda urbana europea eficaz, la Comisión debe proceder a una evaluación del impacto territorial de las políticas sectoriales. El informe también destaca que una de las deficiencias de la Estrategia de Lisboa radicaba en la ausencia de una gobernanza a varios niveles que funcionara correctamente, así como en la participación insuficiente de las autoridades locales y regionales y de la sociedad civil en las fases de diseño, aplicación, comunicación y evaluación de la estrategia. Teniendo en cuenta esa carencia, es imprescindible que se mejore el sistema de gobernanza de la Estrategia Europa 2020 con una mayor integración de las partes interesadas en todas las fases.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Como Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre cuestiones urbanas, concedo una gran importancia a los efectos que puede tener la política de cohesión en nuestras ciudades, especialmente en zonas con dificultades. He votado a favor de este informe, porque, en él, mi colega, el señor Vlasák, promueve un papel importante para las zonas urbanas y presenta un compromiso inteligente entre las responsabilidades de ámbito local, nacional y europeo. Por último, debo añadir que tengo la intención de seguir trabajando en las conexiones que deben desarrollarse entre las zonas urbanas y las rurales; muy a menudo, estas últimas tienden a ser olvidadas en las políticas de planificación territorial.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Si bien la gran mayoría de la población europea vive en ciudades, y si bien esas ciudades hacen frente a nuevos desafíos, la agenda urbana en el seno de la política de cohesión resultaba relativamente desconocida, desordenada y, por tanto, insuficiente. La votación de hoy era la oportunidad de hacer hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación entre las ciudades y los suburbios, así como de prestar una mayor atención a una serie de desafíos urbanos específicos. Por haber sido elegido en la circunscripción Sur-Este, presto una atención especial a las cuestiones relacionadas con las ciudades, especialmente teniendo en cuenta que Marsella es la segunda ciudad francesa en cuanto a de población. Al igual que muchas otras ciudades, Marsella se enfrenta a muchos desafíos, tales como el transporte público, el empleo, la vivienda y la lucha contra la exclusión social, a los que la UE puede ayudar a dar respuesta, especialmente a través de su política de cohesión. Este informe se centra en tres objetivos, que son el desarrollo de las infraestructuras físicas, la modernización económica, social y ambiental de las ciudades y un desarrollo urbano «más inteligente». Por tanto, sin olvidar las zonas rurales, el informe destaca el papel que desempeñan las zonas urbanas en las regiones europeas y señala que, si aspiramos a un desarrollo regional equilibrado, no debemos olvidar esas zonas.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe, porque el objetivo principal de la Agenda urbana mejorada debería consistir en desarrollar y mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios en las ciudades europeas. Las futuras medidas deberán estar estrechamente relacionadas con las prioridades generales de la UE para justificar la aportación del presupuesto de la UE. Las ciudades de Europa son sus centros de actividad económica, la innovación y el empleo; sin embargo, se enfrentan a varios retos. Los problemas complejos, como la tendencia a la suburbanización, la concentración de la pobreza y del desempleo en torno al perímetro urbano y la creciente congestión, requieren respuestas integradas en los ámbitos del transporte y la vivienda, así como programas en favor de la formación profesional y el empleo que deben concebirse de una manera adaptada a las necesidades locales. Estos retos deben abordarse teniendo en cuenta la política regional europea y la política de cohesión. Por otra parte, la Comisión Europea debe perseguir la mayor armonización posible de las normas aplicables a los distintos fondos y programas de la UE que regulan la realización de los proyectos de desarrollo urbano y local, a fin de minimizar la burocracia y los errores potenciales durante la ejecución. La Comisión debe elaborar un estudio comparativo sobre la práctica seguida hasta ahora por los distintos Estados miembros en lo referente a la planificación estratégica integrada y, sobre la base de los resultados de este estudio, elaborar directrices específicas de la UE para prácticas de planificación integrada del desarrollo urbano que promuevan asociaciones eficientes y reguladas jurídicamente, incluyendo asociaciones urbanas transfronterizas.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. − Este informe se refiere a una serie de cuestiones relativas a la dimensión urbana de la política de cohesión que la Comisión de Desarrollo Regional ha identificado como especialmente complicadas para la futura política de cohesión. Las medidas de austeridad que están en vigor en toda Europa han introducido más tensión en todos los niveles de gasto público y, por tanto, se ha hecho necesaria una mejor coordinación de los recursos para garantizar una mayor eficacia en el uso y la distribución de dichos recursos. También debe haber un flujo eficiente de los recursos desde la UE hasta el nivel subnacional. Estoy de acuerdo con el ponente sobre estas cuestiones y, por tanto, he decidido votar a favor de este expediente.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Es importante establecer una política urbana europea, que debe contribuir al desarrollo sostenible en las zonas urbanas, teniendo en cuenta el principio de la subsidiariedad. La Agenda urbana europea no solo comprende la dimensión urbana de las políticas de la UE, en particular la política de cohesión, sino también la vertiente intergubernamental de esfuerzos a nivel europeo para coordinar las políticas urbanas de los Estados miembros, concretándose esta última mediante reuniones ministeriales informales.

Es fundamental reforzar la dimensión urbana en la política de cohesión y promover el desarrollo urbano sostenible, en particular mediante el refuerzo y el desarrollo de instrumentos para poner en práctica la Carta de Leipzig a todos los niveles. Al mismo tiempo, el dinamismo de las zonas urbanas debe estimularse mediante unas sinergias efectivas entre los distintos instrumentos europeos de financiación, especialmente en lo relativo a la investigación y la innovación.

Por tanto, debe garantizarse que las zonas urbanas de todas las regiones de la UE, como centros de actividad económica, la innovación y el empleo, puedan beneficiarse del apoyo necesario y adecuado para hacer frente a los enormes desafíos que se les plantean, tales como la tendencia a la suburbanización, la concentración de la pobreza y del desempleo y el aumento de los niveles de congestión y contaminación, entre otros.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Las ciudades son el eje de la vida social y económica, y poseen una capacidad fundamental de integración social, ya que, por un lado, garantizan la conservación de la diversidad cultural y, por otro, mantienen un vínculo permanente entre el centro y la periferia. Por esa razón, voy a votar a favor de la propuesta de aumentar los fondos destinados al desarrollo urbano. También estoy de acuerdo con la idea de que las nuevas inversiones no deben realizarse exclusivamente en la economía y en sectores específicos; en cambio, defiendo la necesidad de aplicar proyectos que, en gran medida, estén destinados a la cohesión social y la integración de las partes. Para ello, es fundamental presentar proyectos que sean sostenibles en términos de costes y recursos y que sean flexibles, en tanto que cada ciudad es diferente y reclama las soluciones que mejor se adaptan a sus demandas. Por tanto, los objetivos de desarrollo de una Agenda urbana europea deben dirigirse a mejorar la cohesión social en las zonas urbanas, incluyendo el progreso económico aunque no de manera exclusiva, a aplicar una política bien coordinada a escala europea y local, que implique a las autoridades locales electas en el proceso estratégico de toma de decisiones, buscar financiación y fomentar la inversión para ejecutar nuevos proyectos, en lugar de crear proyectos para obtener ayuda financiera.

 
  
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  Karima Delli (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Me satisface enormemente que se haya aprobado este informe, porque incluye la mayor parte de nuestras ideas (el clima, la cohesión social, el enfoque integrado y ascendente, los barrios desfavorecidos, la financiación cruzada, etcétera). No obstante, lamento que, en relación con la aplicación de la dimensión urbana, no haya una señal más clara en favor de un uso más amplio por parte de las ciudades de las subvenciones generales para la gestión directa. Asimismo, este informe debería haber profundizado en la apertura de los barrios desfavorecidos, el papel de las ciudades de mediano tamaño en la agenda urbana y en la lucha en favor del clima y la diversidad social en nuestras ciudades.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) Aunque concentran casi el 70 % de la población y generan cuatro quintas partes del PIB de la Unión, las zonas urbanas necesitan convertirse en zonas altamente competitivas, con un entramado económico denso, unos polos de atracción para la excelencia tecnológica, y deben estar conectadas directamente a su base de apoyo regional. Al apoyar el informe sobre la Agenda Urbana Europea y su futuro en la Política de Cohesión, defiendo un nuevo enfoque para la política urbana, basado en la cooperación estrecha entre los interlocutores de los distintos niveles de toma de decisiones: la UE, la escala nacional, las zonas urbanas y las zonas urbanas periféricas. El hecho de que los diputados con tales ambiciones apoyen de manera casi unánime la política de cohesión europea demuestra la importancia que otorgamos al proyecto de reequilibrar el desarrollo entre los diferentes territorios.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la Agenda Urbana Europea y su futuro en la Política de Cohesión, porque subraya la importancia de formar redes de ciudades, intercambiar buenas prácticas y adoptar soluciones innovadoras, reforzando la dimensión urbana de los objetivos de la cooperación territorial europea, así como aplicando el principio de asociación de manera más eficaz en la política de cohesión, con vistas a un desarrollo más sostenible de las ciudades, especialmente en lo que respecta a la modernización de la infraestructura y las redes de transporte urbano.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una de las dimensiones más importantes de la política de cohesión es la que se orienta de manera específica hacia las ciudades, en la medida en que son en su mayor parte las zonas urbanas las que aplican la política de cohesión y en las que se concentran muchos de los desafíos que deben abordarse mediante la Estrategia Europa 2020.

De acuerdo con los datos facilitados por el ponente, el 70 % de la población europea vive en zonas urbanas. Esas personas generan el 80 % del producto interior bruto (PIB) y consumen alrededor del 70 % de la energía de la UE. Las grandes áreas urbanas son también los principales centros de innovación, del conocimiento y de la ciencia y acogen la mayor parte de las actividades productivas que generan riqueza y contribuyen al crecimiento económico. Por otra parte, los mayores desafíos en términos de la gestión eficiente de la infraestructura y el transporte se encuentran también en las zonas urbanas, y esos desafíos poseen un efecto directo sobre el medio ambiente y la política energética.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La política de cohesión de la UE forma parte de un marco europeo de solidaridad que incluye a los 27 Estados miembros y a sus 271 regiones y tiene como objetivo poner fin a las disparidades económicas y sociales en el seno de la UE. El objetivo de este informe, elaborado por el señor Vlasák, es realizar un seguimiento del anterior informe, titulado «Dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo período de programación». El papel de las ciudades, donde reside el 80 % de la población europea, como fuentes de creación de riqueza y como centros de desarrollo social y económico, es indiscutible.

No obstante, los problemas que les afectan, incluida la pobreza y la exclusión social, el desempleo, la escasez de vivienda, la delincuencia y el consumo de drogas, son enormes y requieren una atención detenida. A pesar de la creación de los instrumentos financieros desarrollados por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) —como los recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas (Jeremie), la asistencia conjunta en apoyo de proyectos en regiones europeas (Jaspers) y el apoyo comunitario conjunto para una inversión sostenible en las zonas urbanas (Jessica) — y del resto de Fondos Estructurales, los resultados no han satisfecho las expectativas. Por tanto, estoy de acuerdo con las recomendaciones del ponente sobre la preparación de una planificación financiera exhaustiva e integrada a fin de que los fondos puedan asignarse a proyectos orientados a la consecución de los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020, en lugar de a acciones que se limitan a consumir esos mismos fondos.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La gran contradicción que presenta este informe es que otorga un gran valor a las ciudades, pero se olvida de sus ciudadanos. Se hace mucho hincapié en el reforzamiento de la Agenda urbana europea, en el desarrollo de la infraestructura física básica y su contribución al entramado económico y en la energía y la sostenibilidad ambiental a través de la inversión basada en los avances tecnológicos, pero se deja de lado a las personas.

Las ciudades y toda su infraestructura son obra de personas. Son las personas las que las habitan y hacen funcionar sus servicios públicos de educación, salud y transporte, su comercio e industria y sus actividades culturales. Esas personas deben estar en el centro de cualquier política urbana. No obstante, esas mismas personas son las olvidadas en gran medida por las políticas de la UE.

Desde nuestro punto de vista, una agenda urbana debe dar prioridad a una mejor distribución de la población en el territorio de algunos países, especialmente en Portugal, aliviando a las ciudades a través de la valoración de las zonas rurales y de una actividad agrícola remunerada adecuadamente, distribuyendo la actividad productiva por su territorio, valorando unos servicios públicos de calidad en las zonas rurales y urbanas, combatiendo el desempleo, defendiendo el empleo con derechos, valorando los salarios y las pensiones y combatiendo la pobreza.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe se centra en la Agenda urbana europea y en su futuro en la política de cohesión. El informe hace gran hincapié en las ciudades, pero olvida un componente fundamental de esas ciudades: las personas. El informe resulta claramente contradictorio. Aboga por el reforzamiento de la Agenda urbana europea, el desarrollo de la infraestructura física básica y su contribución al entramado económico y la energía y la sostenibilidad ambiental a través de la inversión basada en los avances tecnológicos, pero deja a las personas en un segundo plano. No obstante, el hecho es que las ciudades y toda su infraestructura son obra de las personas. Por tanto, esas personas deben estar en el centro de cualquier política urbana. No obstante, esas mismas personas son las olvidadas en gran medida por las políticas de la UE.

Desde nuestro punto de vista, una agenda urbana debe dar prioridad a una mejor distribución de la población en el territorio de algunos países, especialmente en Portugal, aliviando a las ciudades a través de la valoración de las zonas rurales y de una actividad agrícola remunerada adecuadamente, distribuyendo la actividad productiva por su territorio, valorando unos servicios públicos de calidad en las zonas rurales y urbanas, combatiendo el desempleo, defendiendo el empleo con derechos, valorando los salarios y las pensiones y combatiendo la pobreza. Nada de eso se desprende de este informe.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El informe aborda varios aspectos de la dimensión urbana de la política de cohesión, que, de acuerdo con la Comisión de Desarrollo Regional, son cruciales o problemáticos en términos de la futura política de cohesión, que debe convertirse en una política eficaz en toda regla, centrada en las ciudades de la UE. Europa se caracteriza por la diversidad territorial y el desarrollo policéntrico y la red urbana relativamente densa cuenta con pocas ciudades muy grandes. Una agenda urbana más sólida requiere el desarrollo y la mejora de la calidad de la infraestructura y los servicios en las ciudades europeas. Es deseable que las futuras medidas estén estrechamente relacionadas con las prioridades generales de la UE. Aunque las ciudades europeas desempeñan el papel de centros de actividad económica, la innovación y el empleo, se enfrentan a muchos problemas, y la resolución de esos problemas requiere un enfoque individual, teniendo en cuenta las necesidades locales. La política regional europea y la política de cohesión se ocupan, precisamente, de esa cuestión. Los problemas que han surgido deben resolverse a través de un método integrado a escala de la UE, nacional y regional y las opciones de financiación deben coordinarse para abarcar una amplia variedad de requisitos específicos.

 
  
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  Louis Grech (S&D), por escrito. − Voy a votar a favor de este informe porque pone de relieve la importancia de ir más allá del objetivo actual del 20 % para las emisiones de gases de efecto invernadero y elevarlo al 30 %, con el fin de acercarse a la consecución del objetivo ambicioso de los 2º C. Ello únicamente puede lograrse si hay una adhesión y una participación mundiales en el RCDE, que solo puede ser plenamente eficaz si se aplica en una escala más amplia. No obstante, el RCDE de la UE debe ser flexible a la hora de hacer frente a la crisis económica, adoptando medidas financieras que promuevan la rentabilidad de la reducción de los gases de efecto invernadero en Europa. Es cada vez más evidente que aplazar la acción es insostenible y que ello no solo aumentará los costes de la reducción de las emisiones, sino que también se traducirá en que la UE pierda su papel pionero en la investigación en materia de sostenibilidad. Por tanto, debe haber una inversión continua en innovación y en la promoción del desarrollo ecoeficiente en los Estados miembros. La cooperación internacional en relación con este importante desafío climático garantizará que la industria europea pueda seguir siendo competitiva y nunca se vea en una situación de desventaja económica. La UE, cuyas emisiones representan poco más del 10 % mundial, no puede luchar contra el cambio climático por sí sola: es un problema mundial que requiere una acción mundial.

 
  
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  Roberto Gualtieri (S&D), por escrito. – (IT) Las zonas urbanas, donde vive el 73 % de la población europea y donde se genera alrededor del 80 % del PIB, son los principales centros de innovación, la cultura y el crecimiento de la Unión. No obstante, hasta ahora, la dimensión urbana ha recibido un reconocimiento insuficiente. Por ello, es importante que el Parlamento proponga mejorar la Agenda urbana europea en el marco de las políticas de la UE, reforzando la contribución de la política de cohesión al desarrollo urbano y fomentando una mayor participación por parte de los actores políticos locales.

Es necesario dirigir la dimensión urbana de la cohesión política hacia el apoyo al desarrollo de la infraestructura física básica, la modernización de las características económicas, sociales y ambientales de las ciudades, la regeneración urbana y la promoción de la innovación social en los barrios desfavorecidos. Todo ello requiere una participación directa de las autoridades locales y la sociedad civil, incluidos los representantes políticos de las ciudades, en la planificación estratégica y en la definición y la negociación de los contratos de asociación. En este marco, es importante el llamamiento a la Comisión para promover la formación de los administradores urbanos y establecer un programa Erasmus para los representantes electos locales y regionales.

Vigilemos estrechamente el compromiso de la Comisión de acoger las importantes propuestas de este informe, en la creencia de que el reconocimiento pleno del papel central de la dimensión urbana en las políticas de la UE constituye una condición indispensable para su éxito.

 
  
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  Gunnar Hökmark (PPE), por escrito. − (SV) Los conservadores suecos no compartimos el punto de vista expresado en el informe en varios puntos. Nos oponemos al control adicional del Banco Europeo de Inversiones, así como a la participación de la UE en la planificación urbana. No obstante, el informe no aboga por la provisión de fondos adicionales por parte de la UE y también se menciona el papel de las zonas urbanas como centros para el crecimiento. En consecuencia, hemos podido votar a favor del informe en su conjunto.

 
  
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  Brice Hortefeux (PPE), por escrito. – (FR) El principio de subsidiariedad significa que las políticas urbanas son competencia de los Estados miembros. No obstante, el desarrollo de nuestros territorios no puede considerarse completo a menos que se tenga realmente en cuenta la dimensión urbana a escala europea. De hecho, las ciudades desempeñan un papel motor en la consecución de nuestros objetivos en relación con el empleo, la formación profesional y la eficiencia energética.

Este informe logra demostrar el valor añadido de las políticas europeas, en particular de la política de cohesión, en lo que se refiere al desarrollo y la modernización de la infraestructura y los servicios en las ciudades europeas.

Por ello, acojo con satisfacción que este informe haya sido aprobado por amplia mayoría. El documento concilia con éxito las preocupaciones nacionales y las necesidades locales con las prioridades europeas de la Estrategia Europa 2020, al tiempo que se respetan los principios de gobernanza a múltiples niveles y cooperación.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Acojo con satisfacción este documento, porque recomienda que la dimensión urbana de la política de cohesión se centre en un triple objetivo: en primer lugar, ayudar a las áreas urbanas a desarrollar sus infraestructuras materiales básicas como condición necesaria para el crecimiento, con el fin de explotar plenamente su contribución potencial al crecimiento económico de Europa, a la diversificación del entramado económico y a la sostenibilidad energética y medioambiental, especialmente con miras a preservar y mejorar la calidad del aire de los centros urbanos y sin perjudicar lo más mínimo los cursos fluviales; en segundo lugar, ayudar a las áreas urbanas a modernizar sus características económicas, sociales y ambientales a través de inversiones inteligentes en infraestructura y servicios basados en el progreso tecnológico y en estrecha correlación con las necesidades específicas regionales, locales y nacionales; en tercer lugar, regenerar zonas urbanas recuperando zonas industriales y terrenos contaminados, aunque sin olvidar el desarrollo de enlaces entre las áreas urbanas y las zonas rurales con miras a promover el desarrollo integrador, mencionado expresamente en la Estrategia Europa 2020; Las zonas urbanas no son elementos aislados dentro de sus respectivas regiones y su desarrollo, por tanto, debe estar estrechamente vinculado a las áreas funcionales suburbanas o rurales próximas. Estoy de acuerdo con la opinión de que la Comisión debe perseguir la mayor armonización posible de las normas aplicables a los distintos fondos y programas de la UE aplicables para decidir qué proyectos de desarrollo local y urbano pueden acogerse a la cofinanciación, a fin de minimizar la burocracia y los errores potenciales durante la ejecución.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe, que representa una importante contribución al valor añadido europeo en lo relativo a la financiación cruzada entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) en materia de flexibilidad para los proyectos de inclusión social y los programas integrados de desarrollo urbano. En mi opinión, la existencia de condiciones más flexibles para la financiación cruzada puede optimizar el uso de los planes o estrategias en cuestión, explotando las sinergias complementarias de esos fondos de manera eficaz y eficiente. A menudo, y especialmente en las zonas urbanas que destacan por los problemas de exclusión social o por la contaminación ambiental, los recursos del FSE podrían utilizarse para apoyar los proyectos locales dirigidos a evitar la exclusión que se lleven a cabo de manera conjunta y coordinada por parte de las autoridades públicas y las empresas privadas que actúen como líderes de una red de ciudades. Espero que la votación de hoy promueva una mayor armonización de las normas aplicables a los distintos fondos y programas de la UE aplicables para decidir qué proyectos de desarrollo local y urbano pueden acogerse a la cofinanciación, a fin de minimizar la burocracia y los errores potenciales durante la ejecución en la medida de lo posible.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (LT) Consideramos que el objetivo principal de la Agenda urbana europea es desarrollar y mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios en las ciudades europeas. Por tanto, antes de adoptar medidas adicionales, debe realizarse una evaluación adecuada del proceso de aplicación de un enfoque integrado, incluida una lista de puntos fuertes y débiles. Ello debería conducir a una lista de recomendaciones o normas para una participación local más formalizada en la aplicación y diseño de las políticas futuras.

Por tanto, la evolución de la Agenda urbana no debe ser un proceso en un único sentido, sino que debe tener una dimensión orgánica con un enfoque ascendente. Por ello, es fundamental que las ciudades puedan hacer oír su voz y que reciban la debida atención a escala de la UE. También creemos que las ciudades deberían disfrutar de suficiente flexibilidad como para utilizar los fondos para sus propias prioridades. Las oportunidades de financiación a escala de la UE, nacional y regional deberían coordinarse para abarcar toda la variedad de necesidades específicas. Por último, consideramos que la futura política de cohesión debería convertirse en una política eficaz y plenamente valorada para las ciudades de la UE.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. − (DE) Las zonas urbanas son uno de los factores clave en el desarrollo europeo. Dichas zonas crecen rápidamente y concentran el poder económico, la industria y, sobre todo, un gran número de personas, lo que también da lugar a un gran número de problemas sociales y de infraestructura. Por tanto, las ciudades desempeñan un papel especialmente importante en la política de cohesión de la Unión Europea. En el informe se presta la debida atención a este punto y por ello he votado a favor de su aprobación.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. − (LT) Las ciudades estimulan el crecimiento económico y el espíritu empresarial y contribuyen a la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles. Con la aplicación de la Agenda urbana, debemos centrarnos más en desarrollar y mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios en las ciudades europeas. Para aplicar el concepto de desarrollo urbano más inteligente, deben crearse las condiciones necesarias para que las ciudades desarrollen su infraestructura de manera adecuada y eficaz mediante tecnologías avanzadas, en especial las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La aplicación de sistemas inteligentes ayudaría a hacer frente a los desafíos relacionados con la congestión del transporte, la eficiencia energética y la seguridad en el sector público. Teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada región, es necesario promover la inversión en el progreso tecnológico. Debemos promover la innovación social en las zonas urbanas, especialmente en los barrios desfavorecidos, aprovechando las oportunidades que ofrece la política de cohesión. Es fundamental regenerar zonas urbanas recuperando zonas industriales y terrenos contaminados, al tiempo que se promueve el desarrollo integrador de las zonas urbanas y rurales. Para lograr este objetivo es necesario aplicar la gobernanza de varios niveles, la programación regional y el principio de asociación. Cabe señalar que, sobre la base de las mejores prácticas de los Estados miembros en materia de planificación estratégica, la Comisión debe elaborar directrices específicas de la UE para la planificación integrada del desarrollo urbano y hacer jurídicamente vinculante la planificación urbana integrada. Además, las iniciativas de los gobiernos locales deben perseguir activamente la asociación entre el sector público y el privado y aplicar estrategias innovadoras para el desarrollo de la infraestructura urbana.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) El presente informe tiene como objetivo identificar los desafíos modernos a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE que viven en zonas urbanas, especialmente en términos de niveles de vida. Conviene recordar que en Europa hay unas 5 000 ciudades con una población de entre 5 000 y 50 000 habitantes y casi 1 000 ciudades con una población superior a los 50 000 habitantes. A pesar de que únicamente el 7 % de la población de la UE vive en ciudades con una población superior a los 5 millones de habitantes, en comparación con el 25 % de los Estados Unidos de América, la población está aumentando en numerosas zonas urbanas, como en Grecia. En cualquier caso, las ciudades de Europa son centros de actividad económica, innovación y empleo y, por tanto, es importante prestarles apoyo, especialmente en tiempos de recesión económica. El informe, a favor del cual he votado, considera con razón que ese apoyo debe proporcionarse en cuatro niveles (a escala europea, nacional, regional y local), utilizando los correspondientes instrumentos económicos y políticos disponibles en cada caso (fondos comunitarios, programas nacionales estratégicos, programas operativos regionales y recursos locales y privados).

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Desde 2009, fecha del primer informe titulado «Dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo período de programación», este asunto ha recibido nuevas contribuciones y se ha desarrollado aún más. El propósito de este informe es dar continuidad al informe anterior, haciendo hincapié en varios aspectos de la dimensión urbana de la política de cohesión que la Comisión de Desarrollo Regional considera cruciales o problemáticos para la futura política de cohesión, que debe convertirse en una política eficaz y plenamente valorada para las ciudades de la UE. He votado a favor, dada la importancia crucial de este asunto para que las ciudades pequeñas y medianas puedan desarrollar todo su potencial. Estoy de acuerdo con la advertencia del ponente en el sentido de que el enfoque de «proyectos por dinero» debería sustituirse por un enfoque «dinero para proyectos». De hecho, los proyectos no deberían diseñarse para utilizar la financiación disponible, sino para alcanzar los objetivos estratégicos. La experiencia demuestra que, en muchos casos, las ideas de proyectos se generan en función de la disponibilidad de financiación, en lugar de basarse en necesidades reales y prioridades estratégicas. Combatir este hecho es uno de los principales retos de las políticas de desarrollo y de la política de cohesión.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Las ciudades de Europa son sus centros de actividad económica, la innovación y el empleo; sin embargo, se enfrentan a varios retos. La tendencia a la suburbanización, la concentración de la pobreza y del desempleo entorno al perímetro urbano, la creciente congestión y otros problemas de complejidad similar requieren soluciones en los ámbitos del transporte y la vivienda, así como programas en favor de la formación profesional y el empleo que deben concebirse de una manera adaptada a las necesidades locales. La política regional y la política de cohesión europeas responden a estos desafíos. El objetivo principal de la Agenda urbana mejorada consiste en desarrollar y mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios en las ciudades europeas. Por un lado, las futuras medidas deberán estar estrechamente relacionadas con las prioridades generales de la UE para justificar la aportación del presupuesto de la UE. No obstante, la Estrategia Europa 2020 se ocupa principalmente de las tendencias futuras. La superación de las actuales diferencias entre las ciudades españolas es igualmente importante y debería reflejarse en las prioridades de la futura política de cohesión. Teniendo en cuenta la experiencia de la Estrategia de Lisboa, la evolución de la Agenda urbana no debe ser un proceso en un único sentido, sino que debe tener una dimensión orgánica con un enfoque ascendente. Con el fin de que las ciudades europeas sigan desarrollándose siempre, expreso mi voto a favor de la propuesta.

 
  
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  Phil Prendergast (S&D), por escrito. − En Europa hay casi 1 000 ciudades con una población superior a los 50 000 habitantes cuya composición está en constante evolución. En vista de los cambios recientes de población y de los patrones de migración, es importante evaluar constantemente cómo queremos que se desarrollen las ciudades del futuro. Debemos encontrar respuestas a los retos del transporte, la vivienda, la suburbanización y los espacios verdes. Esas respuestas deben concebirse de una manera adaptada a las necesidades locales, pero reconociendo que cuestiones como el desempleo, la pobreza y la exclusión social son problemas sociales universales. La política regional y la política de cohesión de la UE deben dar respuesta a estos desafíos. El surgimiento de las ciudades como motores económicos de regiones y países enteros significa que la agenda urbana debe basarse en unas estrategias territoriales que reconozcan el papel de las ciudades no solo como lugares para vivir y trabajar, sino como prestatarias de un servicio a los que viven en su interior y más allá.

 
  
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  Fiorello Provera (EFD), por escrito. – (IT) Europa se caracteriza por una gran diversidad territorial y un desarrollo policéntrico. En ese contexto, las ciudades de Europa representan centros de actividad económica, la innovación y el empleo; sin embargo, se enfrentan a varios retos. Acojo con satisfacción que, en el marco de esta Agenda urbana, se deje a los Estados miembros la cuestión de la definición del concepto «urbano», de acuerdo con el principio de subsidiariedad. De ese modo habrá más posibilidades de adaptar las intervenciones en función de las demandas de cada Estado miembro. Por ello, he acogido con satisfacción el informe y he votado a favor del mismo.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A FAVOR. Estamos ante otro informe de propia iniciativa sobre el desarrollo urbano en Europa que, en gran medida, repite lo que ya se ha señalado en los informes anteriores sobre esa cuestión. La única cuestión relevante en este momento en particular es lo relativo al papel de la dimensión urbana en la futura arquitectura de la política de cohesión a partir de 2013; sin embargo, en este punto el informe no es concluyente y no plantea una recomendación clara. El informe abarca varios aspectos de la dimensión urbana de la política de cohesión, como la gobernanza de varios niveles, el principio de asociación, la subdelegación de responsabilidades, la planificación estratégica integrada y la planificación financiera exhaustiva. Al margen de algún texto cercano a IBM sobre un «desarrollo urbano más inteligente» (apartado 8), nos ha decepcionado especialmente que el ponente alternativo del Grupo S&D lograra debilitar una buena redacción sobre el principio de asociación. El proyecto de informe pudo mejorarse mediante una serie de enmiendas de compromiso, y nuestras enmiendas se han incorporado de manera bastante adecuada. Contamos con una redacción adecuada en relación con los costes del crecimiento económico (apartado 4), la protección del clima (apartado 9), la cohesión interna (apartado 10), el enfoque integrado y ascendente (apartados 21 y 23), los barrios desfavorecidos (apartado 25) y la financiación cruzada (apartado 28).

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Europa se caracteriza por una gran diversidad territorial. Las ciudades de Europa son sus centros de actividad económica, la innovación y el empleo; sin embargo, deben enfrentarse a varios retos. Estoy de acuerdo con el ponente en que la política de cohesión, incluida la Agenda europea, debe perseguir el objetivo de superar las disparidades territoriales a través de la inversión en un desarrollo urbano inteligente, con la meta de elevar cualitativamente el nivel de la infraestructura y los servicios de las ciudades. La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han desarrollado tres instrumentos financieros, uno de los cuales tiene como objetivo la administración de la ayuda conjunta para el desarrollo sostenible en las zonas urbanas (es decir, el apoyo comunitario conjunto para una inversión sostenible en las zonas urbanas, o iniciativa JESSICA). Con el objetivo de cubrir las necesidades territoriales específicas, es recomendable coordinar de la mejor manera posible las oportunidades de financiación a escala de la UE, nacional y regional.

 
  
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  Olga Sehnalová (S&D), por escrito. – (CS) He votado a favor de la aprobación del informe de Oldřich Vlasák sobre la Agenda Urbana Europea y su futuro en la Política de Cohesión. Acojo con satisfacción el objetivo principal de este informe, que consiste en apoyar la dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo período de programación y tener en cuenta el desarrollo actual de la agenda urbana en la Unión Europea. No obstante, también quiero mencionar la reciente publicación del Libro Blanco sobre el futuro del transporte hasta 2050, que describe los avances encaminados a la consecución de un espacio único europeo de transporte. En mi opinión, uno de los principales obstáculos para lograr los objetivos ambiciosos de dicho Libro Blanco son las diferencias persistentes en el nivel de infraestructura y servicios de transporte en los diferentes Estados miembros. Por tanto, los instrumentos de la política de cohesión deben seguir desempeñando un papel importante para igualar esos niveles, en interés de un sistema europeo de transporte sostenible y seguro. Ello se aplica tanto a las ciudades como a las zonas rurales y especialmente a las zonas transfronterizas, cuya prosperidad y perspectivas de empleo dependen del desarrollo de la infraestructura.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Creo que la Agenda urbana europea es una política de indudable importancia, dado que el 70 % de la población europea vive en ciudades y que esas personas generan alrededor del 80 % del producto interior bruto (PIB). Para el período 2007-2013 se inscribió un total de 21 100 millones de euros para el desarrollo urbano, destinados a la rehabilitación de emplazamientos industriales y suelos contaminados, la regeneración urbana y rural, el transporte urbano no contaminante y al sector de la vivienda. La Agenda urbana europea se centra en el desarrollo de la infraestructura y los servicios en las ciudades. Actualmente las ciudades se enfrentan a problemas diversos y dispares, lo que requiere la aplicación de modelos de desarrollo local adaptados e integrados. Por tanto, dado que la política urbana está integrada en los objetivos de la política de cohesión, esta última debe servir de enlace con las zonas rurales, a fin de fomentar un desarrollo integrador. Las ciudades deben participar en la resolución de sus problemas a través de una gobernanza a varios niveles y utilizando el principio de asociación. Por último, quiero hacer hincapié en que la elaboración de una planificación estratégica integrada debe complementarse por medio de una ingeniería financiera flexible, de modo que las autoridades nacionales, regionales y locales tengan libertad para aplicar sus prioridades.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe sobre la Agenda Urbana Europea y su futuro en la política de cohesión. Las zonas urbanas generan aproximadamente el 80 % del PIB, consumen hasta un 70 % de la energía de la UE y son los principales centros de innovación, el conocimiento y la cultura. Para el período 2007 a 2013 se han asignado alrededor de 21 100 millones de euros para el desarrollo urbano, lo que representa un 6,1 % del presupuesto total de la UE para la política de cohesión. De hecho, 3 400 millones de euros se destinan a la rehabilitación de emplazamientos industriales y suelos contaminados, 9 800 millones de euros a proyectos de regeneración urbana y rural, 7 000 millones de euros al transporte urbano no contaminante y 917 millones de euros al sector de la vivienda.

Las ciudades inteligentes requieren una infraestructura inteligente de comunicaciones, transporte y energía. Yo apoyo el desarrollo de planes integrados de movilidad urbana y aliento a las autoridades locales a modernizar el transporte público urbano, para que sea más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. La aplicación de sistemas de transporte inteligentes en las zonas urbanas aumentará la eficiencia energética y la seguridad del transporte.

Teniendo en cuenta que, en Europa, el 99 % del parque de viviendas se compone de edificios antiguos, hago un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que, en el futuro marco financiero plurianual, se eleve la tasa de asignación con cargo al FEDER que puede utilizar cada Estado miembro, con el objetivo de aumentar la eficiencia energética en las viviendas del 4 % al 15 %.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. − (LT) El ponente señala con razón que los Estados miembros deben hacer un mayor esfuerzo para garantizar que el desarrollo urbano sostenible se convierta en una prioridad estratégica. Aunque casi el 70 % de la población de Lituania vive en ciudades y en zonas suburbanas, mi país carece de un enfoque claro, integrado y sostenible, lo cual genera una menor competencia.

Es muy importante equilibrar las prioridades de la UE y las necesidades locales. La Agenda urbana de la UE no debe convertirse en un proceso en un único sentido: es fundamental que los ciudadanos tengan voz.

El ponente aborda varios desafíos de la planificación urbana, como la regeneración urbana, la vivienda en condiciones adecuadas y el transporte urbano no contaminante. Por desgracia, la lista de problemas sociales existentes en las zonas urbanas de Lituania es un algo más extensa. De acuerdo con las estadísticas oficiales del Gobierno de Lituania, aproximadamente el 18 % de los residentes en las zonas urbanas lituanas están en riesgo de pobreza. Lituania tiene una de las tasas de suicidio urbano más elevadas del mundo.

Las estadísticas de la UE muestran que más del 25 % de los lituanos jóvenes se ven forzados a aceptar trabajos mal remunerados y firmar contratos a corto plazo con unas garantías de seguridad social insuficientes. Ello tiene un impacto significativo sobre la independencia de los jóvenes que viven en las ciudades y es la causa de una serie de desafíos demográficos importantes, porque, en las zonas urbanas, formar una familia se está volviendo una tarea difícil.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) He votado a favor de este informe. Una de las razones por las que la Estrategia de Lisboa no consiguió lograr sus objetivos era la insuficiente integración de las ciudades y las regiones. Entre las propuestas del ponente figura un cambio fundamental en la forma en que se asignan los fondos: los proyectos no deberían diseñarse para aprovechar la financiación disponible, sino para alcanzar los objetivos estratégicos.

 
  
  

Informe: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de este informe, porque señala la necesidad de tomar decisiones concretas sobre una serie de cuestiones fundamentales para la futura política de cohesión, incluido el reforzamiento del Objetivo 3. En esta materia es importante no dejar al margen a las regiones más aisladas y ultraperiféricas.

El objetivo de cooperación territorial es esencial para poner en práctica la política de cohesión. Quiero hacer una mención especial a las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT), que realizan una contribución significativa a la cohesión a través de programas de cooperación interterritorial.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) Contribuir al desarrollo armonioso de la UE es uno de los objetivos de la política de cohesión, que constituye un instrumento indispensable para reforzar la realidad económica, social y territorial de Europa, así como un factor esencial para la realización de un crecimiento inteligente e integrador, como se contempla en la Estrategia Europa 2020. Estoy a favor de este informe, porque considero que la cohesión territorial debe recibir un apoyo adecuado mediante la asignación de mayores fondos estructurales, por lo que es justo que el porcentaje destinado al Objetivo 3 se incremente del 2,5 % actual al 7 %, teniendo en cuenta, además, que alrededor del 37,5 % de la población europea vive en regiones fronterizas. Destinar mayores recursos significaría, en primer lugar, invertir en las redes transeuropeas de transporte (RTE-T), para las que la modernización constituye una prioridad urgente; y, en segundo lugar, proceder a la reducción de los obstáculos físicos, culturales, administrativos y reglamentarios que dificultan la cooperación y la cohesión territorial.

 
  
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  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. − Estimado señor Presidente, he votado a favor de este informe, porque hace hincapié en que la cooperación territorial europea, con su contribución significativa al modelo de gobernanza de múltiples niveles, es uno de los pilares de la política de cohesión. Teniendo en cuenta que la cooperación territorial ha demostrado su eficacia en la promoción del desarrollo armonioso de la Unión en su conjunto, ahora resulta fundamental aumentar su presupuesto del 2,5 % actual hasta al menos el 7 % de los recursos totales de la política de cohesión para el próximo período de programación.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) A pesar de que represento a las regiones Centro, Auvernia y Lemosín, que no tienen fronteras con otros Estados miembros de la Unión Europea, estoy convencida de la utilidad de la cooperación transfronteriza —y, en general, de la cooperación territorial— para el desarrollo de Europa y para la construcción de puentes entre las personas. Estoy totalmente de acuerdo con las propuestas de la ponente, mi colega la señora Sanchez-Schmid, especialmente en lo relativo a mejorar el papel de las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) y la financiación de este objetivo.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) El propósito del Objetivo 3 de la política de cohesión es acercar a todas las regiones europeas, especialmente a las regiones transfronterizas, en términos económicos, sociales y ambientales. Ello se debe a que es importante reforzar los vínculos entre dichas regiones, especialmente en materia de energía y transporte. Ahora que atravesamos lo que podría denominarse una crisis en torno a la idea de Europa, es bueno reiterar el valor añadido europeo que ofrece la cooperación territorial. Por tanto, para que el Objetivo 3 pueda aplicarse de la mejor manera posible, hemos pedido un aumento sustancial de los fondos estructurales destinados a este objetivo, con vistas, en particular, a mejorar las infraestructuras de transporte y aumentar así la movilidad de los ciudadanos europeos en las regiones y entre ellas. Como representante electo de una región transfronteriza, presto una especial atención a este tema y me satisface que hayamos reclamado una cooperación reforzada a las autoridades locales, lo que incluye tanto la cooperación entre las autoridades como la cooperación con las instituciones europeas. Debemos mejorar el diálogo con esas autoridades para poder entender mejor los problemas existentes y hacer frente a los desafíos. Por último, y dado que sigue siendo muy complicado aplicar los programas de cooperación territorial, hemos pedido que se simplifiquen y hemos destacado el carácter específico de los programas relativos a ese objetivo, que son, por su propia naturaleza, de carácter internacional.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Voy a votar a favor de este informe, que destaca los beneficios derivados de una mayor cooperación entre regiones vecinas de diferentes Estados miembros. Estoy de acuerdo con transformar el objetivo de cooperación territorial en uno de los pilares de la política de cohesión en la Comunidad, dado que es necesario, desde el punto de vista de mejorar las sinergias entre territorios vecinos, que tienen, naturalmente, las mismas necesidades y problemas, mejorar las capacidades y aumentar los medios de intercambio político, económico y administrativo entre regiones vecinas. También considero positiva la propuesta del informe de aumentar el compromiso financiero comunitario para sostener este pilar de la cohesión política.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe, porque debemos reforzar la cooperación territorial consistente en alentar la cooperación entre territorios y regiones para que puedan dar una respuesta conjunta a sus desafíos comunes, reducir los obstáculos ya sean físicos, culturales, administrativos o reglamentarios que puedan frenar esta cooperación y atenuar el efecto frontera. Los programas de cooperación transfronteriza también son importantes para la eficacia y los resultados de las estrategias de reducción de la pobreza e integración de los grupos desfavorecidos en la sociedad europea. Asimismo, los estrechos lazos culturales y lingüísticos entre regiones fronterizas de distintos Estados miembros, son un patrimonio histórico que debe valorizarse y aprovecharse para impulsar la cooperación transfronteriza. También debe existir una mejor coordinación de la comunicación entre las autoridades de gestión y las instituciones transfronterizas ya existentes, como las eurorregiones, en la aplicación de los programas transfronterizos con el fin de garantizar un alto nivel de calidad, transparencia y proximidad al ciudadano de los proyectos.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de propia iniciativa sobre la cooperación territorial transfronteriza, transnacional e interregional. De hecho, entiendo la importancia —bien subrayada por la ponente— de una mayor cooperación entre los actores políticos, a fin de poder desarrollar y llevar a cabo proyectos más ambiciosos y útiles para todos los ciudadanos. Es bien sabido que la población de las regiones fronterizas es más propensa a sufrir la falta de infraestructuras; por ello, la participación de todas las partes interesadas podría llevar a satisfacer las necesidades de esas personas, incluso en el caso de las comunidades que se encuentran más alejadas del centro de Europa. Por tanto, para lograr este objetivo, se requiere una planificación más estratégica y una colaboración a escala de gobierno para que la utilización de ciertos programas financieros sea más sencilla. También serían de utilidad unos controles más amplios para garantizar una mayor claridad y trazabilidad en relación con los fondos utilizados. En este contexto, creo que es acertado que la Comisión aumente la visibilidad de todos esos instrumentos: únicamente mediante una mayor publicidad de esas medidas podrán actuar sin ambigüedades las partes interesadas.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. − En los últimos años ha adquirido todavía más importancia limitar los obstáculos reglamentarios y administrativos para la cohesión, con el fin de mejorar la capacidad de diferentes regiones de hacer frente conjuntamente a una serie de problemas compartidos. Estoy a favor de las conclusiones que ha alcanzado la ponente y he decidido votar a favor de este expediente.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) En la actualidad, la cuestión de la «cooperación territorial» es ciertamente uno de los temas más importantes de la Unión Europea. La necesidad de acercamiento entre los países y de que los lazos entre los pueblos sigan haciéndose más fuertes se hace más evidente que nunca si tenemos en cuenta que el 37,5 % de la población europea vive en regiones fronterizas. Por ello, la cooperación territorial demuestra su importancia fundamental desde diferentes puntos de vista. Por una parte, promovería de manera efectiva la consolidación del mercado interior, contribuyendo a la eliminación de los obstáculos físicos y culturales que dificultan este proceso; por otra parte, apoyaría la integración europea en diferentes sectores políticos, ayudando a los países a desarrollar proyectos coordinados y compartidos. Estoy de acuerdo con que se destinen más fondos para apoyar esta política, especialmente cuando ello implique aumentar el porcentaje del presupuesto destinado a la cooperación interregional. Otro punto importante señalado en el informe es la creación de las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT). Creo que la creación de estas agrupaciones puede dar lugar a resultados positivos tanto desde el punto de vista de la gobernanza, en tanto que supondrían un sistema de gobernanza transfronteriza que garantizaría la titularidad de las diferentes políticas a nivel regional y local, como del de la cohesión social, dado que genera un mayor potencial para el acercamiento de las diferentes comunidades lingüísticas y culturales.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe titulado Objetivo 3: la futura agenda de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, porque es imprescindible para la eficacia de la política de cohesión. Vale la pena destacar la importancia de la creación de las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT) como instrumento fundamental para la gobernanza territorial que aborda la necesidad de una cooperación estructurada en términos financieros, así como de estatuto jurídico y de gobernanza a varios niveles.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El 37,5 % de la población europea vive en regiones fronterizas, lo que convierte a la cooperación territorial, con sus tres dimensiones —transfronteriza, transnacional e interregional—, en una política fundamental para la Unión, ya que ayuda a los territorios, a las regiones y a los Estados miembros a lograr una mejor colaboración en la persecución de sus objetivos comunes.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe, elaborado por la señora Sanchez-Schmid, versa sobre el Objetivo 3: Un desafío para la cooperación territorial − la futura agenda de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. Podemos considerar el Objetivo 3, relativo a la cooperación territorial europea, como el «pariente pobre» de los Fondos Estructurales. A pesar del hecho de que la población de las zonas transfronterizas asciende a cerca de 200 millones de habitantes, este objetivo recibe únicamente un 2,52 % de los fondos de cohesión. Teniendo en cuenta que la política de cohesión de la UE forma parte de un marco europeo de solidaridad que incluye a los 27 Estados miembros y a sus 271 regiones y tiene como objetivo poner fin a las disparidades económicas y sociales existentes en el seno de la UE, es fundamental que el próximo marco financiero plurianual (MFP) incremente los fondos destinados a este objetivo, dado que son regiones con problemas de competitividad graves, pero que resultan esenciales para la sostenibilidad de la UE. Por tanto, estoy de acuerdo con la propuesta de la ponente de reforzar el objetivo «cooperación territorial» a través del aumento del presupuesto global del 2,5 % al 7 %, la adopción de medidas para simplificar la aplicación de los programas y la creación de las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT), que son esenciales para el funcionamiento de los sistemas de gobernanza transfronteriza.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La importancia de la cooperación territorial se ha incrementado considerablemente en los últimos años, a raíz del Reglamento general de los Fondos Estructurales y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Su objetivo es eliminar los obstáculos físicos, administrativos y reglamentarios y mitigar el denominado «efecto frontera» entre los países y regiones, para que puedan dar respuesta a los desafíos comunes de manera unitaria. Es indispensable mantener la relación entre los tres elementos básicos —la cooperación transfronteriza, la transnacional y la interregional—, dado que cada elemento tiene su justificación y sus beneficios. En nuestro esfuerzo por cumplir con el principio de cohesión territorial, debemos lograr un mejor cumplimiento del objetivo de cooperación territorial y los procedimientos comunes. Para el éxito de su aplicación y desarrollo, la cooperación territorial, una importante idea europea, también debe convertirse en una especie de encarnación simbólica de la UE para todos los ciudadanos.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Quiero expresar mi satisfacción por la aprobación de este informe y subrayar la importancia del Objetivo 3, referido a la cooperación territorial, en el marco de la política de cohesión de la Unión Europea. Nuestro Parlamento pide un aumento del porcentaje de los Fondos Estructurales destinados a este objetivo, desde el 2,5 % actual hasta el 7 %, y esa petición cuenta con mi apoyo firme. El Objetivo 3 debe mantenerse y, lo que es todavía más importante, desarrollarse, a fin de perseguir la integración del territorio comunitario sobre las fronteras nacionales. Como diputada al Parlamento en representación de una circunscripción muy afectada por los asuntos transfronterizos, y como persona que proviene de la única región de Francia que comparte frontera con otros tres Estados miembros de la UE, pongo un gran interés en estas cuestiones y en los proyectos de cooperación transfronteriza. Estas zonas de cooperación territorial son espacios privilegiados para la cooperación europea, especialmente para la cooperación transfronteriza. En estas áreas, las fronteras, las barreras y los obstáculos son menos «reales». Además, al convertirse en auténticas zonas de proyecto, esas zonas de cooperación desempeñan un papel esencial en la consolidación de los vínculos a escala local, entre socios de diferentes Estados miembros y entre ciudadanos reunidos en torno a problemas comunes. La cooperación territorial debe alentarse.

 
  
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  Mathieu Grosch (PPE), por escrito. − (DE) La cooperación transfronteriza es esencial en las regiones fronterizas. De ahí la necesidad de reforzar las regiones Euregio y Saar-Lor-Lux. Por ello, acojo con satisfacción el mantenimiento de la cooperación transfronteriza como elemento clave de la política estructural.

Acojo con especial satisfacción la petición de que, por una parte, se destine al menos el 70 % de los fondos presupuestarios a la cooperación territorial en el marco de una colaboración transfronteriza, y, por otra parte, que la financiación de la cooperación territorial aumente desde el 2,5 % del período de programación actual hasta al menos el 7 % de los fondos presupuestarios totales en el próximo período de programación.

Además, va a simplificarse la creación de alianzas europeas para la cooperación territorial, ya que este nuevo instrumento facilitará el acceso de las administraciones locales y los ciudadanos a una mayor cooperación, en beneficio de muchas regiones, especialmente de las regiones fronterizas.

En general, este informe constituye un paso importante para asegurar el futuro de la política transfronteriza en la UE y permitirá a la comunidad germanoparlante de Bélgica, en tanto que zona fronteriza, reforzar y mejorar aún más su colaboración con las regiones fronterizas.

En relación con la política de cohesión, me satisface comprobar que la comisión ha aprobado mi sugerencia de que los fondos estructurales asignados al transporte se centren en mayor medida en la orientación general de la política de transporte de la UE. Ello también puede acelerar proyectos importantes en las zonas fronterizas.

 
  
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  Brice Hortefeux (PPE), por escrito. – (FR) Las regiones fronterizas, que representan el 37,5 % de la población europea, tienen una importancia determinante para la integración y para construir puentes entre los ciudadanos europeos. No es necesario ya seguir evidenciando el éxito de la cooperación territorial. Establecido en 2007 y dotado de un presupuesto de 8 500 millones de euros para el período 2007-2013, este objetivo, cuyos recursos se distribuyen entre programas de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, permite a 271 regiones europeas beneficiarse de una importante financiación, dirigida a desarrollar y mejorar los proyectos conjuntos y superar los diversos obstáculos y fronteras naturales, como las fronteras terrestres y marítimas y los obstáculos administrativos, que afectan a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos.

No me cabe ninguna duda de que el informe de la señora Sanchez-Schmid, aprobado por amplia mayoría, influirá en los trabajos que realiza la Unión Europea para preparar las propuestas legislativas que presentará en septiembre. Este informe hace especial hincapié en la necesidad de mantener la preponderancia del pilar transfronterizo y de crear incentivos para impulsar los grandes proyectos transfronterizos y transnacionales, como las redes transeuropeas de transporte (RTE-T). Son recomendaciones con las que estoy totalmente de acuerdo y, por tanto, quiero alabar una vez más la calidad de este informe, que ha logrado ganarse un amplio apoyo de diversos grupos políticos.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He acogido con satisfacción este documento, porque el marco financiero para el período 2007-2013 ha convertido el objetivo «cooperación territorial» en uno de los tres pilares de la política de cohesión de la Unión Europea, sucediendo a la iniciativa comunitaria INTERREG. Posteriormente, la «cohesión territorial» pasó a ser, en el artículo 174 del Tratado, uno de los tres elementos de la política de cohesión, junto con la económica y la social. Esta posición establece firmemente este objetivo como una de las prioridades principales de la Unión Europea. La «cooperación territorial» tiene como objetivo eliminar las barreras físicas, administrativas y reglamentarias, y mitigar el «efecto frontera» entre los territorios y regiones, con el fin de que puedan responder juntos a los desafíos comunes, tanto territoriales (servicios, infraestructuras, urbanismo y ordenación del territorio), como globales (mundialización, cambio climático), económicos o sociales. La cooperación territorial representa un valor añadido europeo y desempeña un papel esencial para la profundización del mercado interior y de la integración europea en diversas políticas sectoriales, y estoy de acuerdo con la opinión de que la cooperación territorial debe continuar como uno de los pilares de la política de cohesión.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) El instrumento de «cooperación territorial», como también se destaca en la Estrategia Europa 2020, desempeña un papel fundamental en la consolidación del mercado interior y en la promoción de la integración europea en diversas políticas sectoriales de la UE. He votado a favor de este informe para que estos objetivos puedan hacerse realidad en un futuro cercano, estimulando el crecimiento armonioso, no solo en los distintos sectores, sino también en zonas de Europa que suelen caracterizarse por la heterogeneidad en el nivel de desarrollo territorial. Para este fin, son necesarios los recursos, que deben asignarse en función de criterios armonizados, y también una sinergia eficaz entre las áreas fronterizas y transnacionales, precisamente para que las necesidades locales puedan coordinarse con aquellas que poseen un mayor alcance. Estoy seguro de que el enorme patrimonio cultural, histórico y lingüístico de la UE se hará reconocible si se superan las barreras físicas y territoriales: ese es el tipo de colaboración que constituye la piedra angular de nuestra visión de los principios democráticos y de la unidad en la diversidad.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Esta Resolución del Parlamento Europeo sobre el Objetivo 3 es importante a la hora de eliminar los obstáculos administrativos y legislativos que existen actualmente entre los Estados miembros.

Como se sugiere en el informe, el objetivo de la cooperación territorial es lograr que los Estados miembros colaboren en materia de servicios e infraestructura, así como en relación con la planificación urbanística, regional, económica y social. Dicha cooperación ofrece potencial para crear una unión más estrecha y duradera entre los Estados miembros.

El Objetivo 3 proporciona un modelo complejo y multidimensional de cooperación entre socios de diferentes Estados miembros, que requiere un enfoque y una aplicación de carácter específico, distinto y uniforme en los Estados miembros, lo que mejorará la cohesión entre ellos.

Por último, pero no por ello menos importante, este informe destaca un hecho importante: la necesidad de atraer, estimular e involucrar a socios del sector privado con vistas a lograr dicha cooperación territorial, ya que, en este sector, la gestión y la propiedad de numerosos servicios e infraestructuras recae en manos de socios.

 
  
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  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Actualmente, la cooperación europea transfronteriza forma parte de la política de cohesión. Por un lado, dicha cooperación contribuye a la creación de proyectos supranacionales y estrategias de la UE y, por otro lado, contribuye a reducir las barreras entre los territorios y las regiones. Estoy convencida de que una cooperación territorial eficaz es importante no solo en el seno de la Unión, sino sobre todo en zonas que comparten fronteras con los Estados miembros de la Unión Europea. Además, durante la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea tendremos la oportunidad de promover principios armoniosos para la aplicación de los programas de cooperación fronteriza, tanto en las zonas fronterizas interiores de la UE como en las exteriores.

En relación con lo anterior, creo que el informe Sanchez-Schmid sobre «Un desafío para la cooperación territorial − la futura agenda de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional» representa una contribución importante para trabajar en la política regional, y he votado a favor de su aprobación.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) El Reglamento general de los Fondos Estructurales y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa han intensificado considerablemente la importancia de la «cooperación territorial», convirtiéndola en uno de los tres pilares de la política de cohesión de la Unión Europea. Sin duda, la política de cohesión debe eliminar las barreras físicas, administrativas y reglamentarias, y mitigar el «efecto frontera» entre los territorios y regiones, permitiéndoles responder juntos a los desafíos comunes, tanto territoriales, como globales, económicos o sociales.

Esperamos que las acciones de cooperación se coordinen en todos los niveles de gobernanza, de acuerdo con una estrategia «Europa 2020» adaptada a las necesidades de los territorios, y en relación con las otras estrategias regionales existentes. Para aplicar efectivamente el principio de cohesión territorial y aumentar el valor añadido europeo de la intervención de los fondos europeos asignados en el marco del objetivo «convergencia» y «competitividad y empleo», creemos que se necesita una mayor complementariedad entre el objetivo «cooperación territorial» y la dimensión de la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Estamos de acuerdo con la idea de adoptar un enfoque «territorial» en las primeras etapas del período de programación, para canalizar los fondos de «convergencia» y «competitividad y empleo» hacia una serie de proyectos prioritarios, como la RTE-T de Transporte, identificados y aceptados de antemano con sus socios de programa, respetando los principios de gobernanza de varios niveles y de asociación.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. − (LT) Los fondos destinados a la cooperación territorial deben incrementarse, teniendo en cuenta su influencia en la política de cohesión. No obstante, al incrementar el presupuesto para este período de programación, debemos indicar claramente las líneas presupuestarias de la política de cohesión que van a ser objeto de una reducción de los fondos asignados, sin perjuicio de la aplicación de los objetivos de la política de cohesión. La cooperación territorial elimina las barreras administrativas y reglamentarias entre los territorios y las regiones y ayuda a abordar cuestiones relacionadas con la cohesión territorial, económica y social. Además, la cooperación entre regiones fronterizas debe seguir siendo una prioridad, en comparación con la cooperación con otras zonas. En consecuencia, debe aumentarse la financiación para su aplicación. Creo que debe haber una mayor flexibilidad en la aplicación del límite geográfico de 150 km para regiones costeras y marítimas. A la hora de desarrollar y aplicar estrategias a gran escala deben tenerse en cuenta diversos programas de cooperación regional. Además, la Comisión debe evaluar los resultados de las primeras estrategias macrorregionales aplicadas. La cooperación territorial está estrechamente vinculada a las fronteras exteriores de Europa y, por tanto, es necesario asegurar unas sinergias más efectivas entre el FEDER y otras disposiciones relativas a la cooperación, crear oportunidades de financiación más favorables y aplicar una nueva política de vecindad. Cabe señalar que, actualmente, la aplicación de los programas de cooperación territorial se ve obstaculizada por el hecho de que implica a muchas y muy diversas autoridades. También es necesario simplificar la normativa en materia de auditoría y control.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. − La mejora de la cooperación entre los Estados miembros en los niveles bilateral, regional e interregional no solo constituye un elemento crucial del mandato de la Unión Europea, sino que también es cada vez más necesaria en el mantenimiento de la solidaridad de la UE al tiempo que hacemos frente a un número creciente de problemas. He apoyado esta resolución porque reconoce que debemos simplificar los elementos de aplicación de estos niveles de cooperación e implicar a los actores privados, especialmente en lo relativo a la cooperación en materia de desarrollo económico. Los Estados miembros de la UE continuarán beneficiándose enormemente de la mejora de los medios para la cooperación con otros Estados miembros. Junto con la ponente, hago un llamamiento a la Comisión Europea para que lleve a cabo un examen minucioso de los resultados de las primeras estrategias macrorregionales aplicadas.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) La futura agenda de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional tiene una importancia estratégica en la definición de los objetivos de cada realidad territorial de Europa y del modo en que pueden lograrse. La «cooperación territorial» es un valor añadido que allana el camino para la explotación del potencial de una región y el aumento de su competitividad. Voy a votar a favor del informe porque creo que es importante definir los objetivos que garanticen la adecuada asignación de fondos para programas de cooperación y satisfacer plenamente las necesidades de cada zona a través de la participación de los proyectos regionales principales.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) La «cooperación territorial» se ha convertido en uno de los tres pilares de la política de cohesión de la Unión Europea, sucediendo a la iniciativa comunitaria INTERREG. Posteriormente, la «cohesión territorial» pasó a ser, en el artículo 174 del Tratado, uno de los tres elementos de la política de cohesión, junto con la económica y la social. Se trata de una de las prioridades principales de la Unión Europea. Esta política tiene como objetivo eliminar las barreras físicas, administrativas y reglamentarias, y mitigar el «efecto frontera» entre los territorios y regiones, con el fin de que puedan responder juntos a los desafíos comunes, tanto territoriales (servicios, infraestructuras, urbanismo y ordenación del territorio), como globales (mundialización, cambio climático), económicos o sociales. Los principales ejes temáticos del informe, a saber, el reforzamiento del objetivo «cooperación territorial» a través de programas de cohesión territorial en todas las etapas de planificación y en coordinación con la Estrategia Europa 2020, la adopción de un enfoque territorial a otras políticas de la UE, el impulso a la creación de las Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT), la simplificación de la aplicación de esta política y el compromiso de hacerla visible en toda Europa son las razones que justifican mi voto a favor.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) En los últimos cinco años, el Reglamento general de los Fondos Estructurales y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa han intensificado considerablemente la importancia de la cooperación territorial, convirtiéndola en uno de los tres pilares de la política de cohesión de la Unión Europea. El marco financiero para el período 2007-2013 ha convertido el objetivo «cooperación territorial» en uno de los tres pilares de la política de cohesión de la Unión Europea, sucediendo a la iniciativa comunitaria INTERREG. Posteriormente, la «cohesión territorial» pasó a ser, en el artículo 174 del Tratado, uno de los tres elementos de la política de cohesión, junto con la económica y la social, y constituye, de hecho, una de las prioridades principales de la UE. La cohesión territorial tiene como objetivo eliminar las barreras físicas, administrativas y reglamentarias actuales y mitigar el «efecto frontera» entre los territorios y regiones, permitiéndoles responder juntos a los desafíos comunes, tanto territoriales, como globales, económicos o sociales. El Objetivo 3 permite formas de cooperación complejas y multidimensionales que reúnen a socios de diferentes Estados miembros. Por ese motivo, resulta necesario simplificar las normas de auditoría y control. Voy a votar a favor de esta propuesta, para que la cooperación territorial se convierta en la encarnación simbólica de la UE para todos los ciudadanos y para que los responsables políticos y los funcionarios deban familiarizarse con los aspectos prácticos de la cooperación territorial que guardan relación con su trabajo.

 
  
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  Fiorello Provera (EFD), por escrito. – (IT) Estoy de acuerdo con la ponente al afirmar la gran importancia de la «cooperación territorial», que tiene como objetivo eliminar los obstáculos físicos, administrativos y reglamentarios y mitigar el «efecto frontera» entre las regiones, promoviendo su desarrollo armonioso. Este nuevo enfoque también será pertinente para las regiones de montaña, que, de manera similar, podrían desempeñar un papel de liderazgo en el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. No obstante, para alcanzar dichos objetivos, los programas de cooperación territorial deberán simplificarse y las autoridades locales y el público tendrán que participar en mayor medida, fomentando una mejor comunicación mediante una campaña de sensibilización a gran escala en los medios de comunicación.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − A FAVOR. El proyecto de texto de la ponente se ajustaba en gran medida a la posición de nuestro Grupo en relación con el Objetivo 3. Las enmiendas de nuestro Grupo que aprobó la comisión REGI se refieren a: • la petición de flexibilidad en la aplicación del límite de 150 km para las regiones costeras y marítimas en el marco de la cooperación transfronteriza, • la recomendación de una primera evaluación de las AECT sobre el terreno para aprovechar las lecciones de sus primeras experiencias y • la idea de que los estrechos lazos culturales y lingüísticos entre regiones fronterizas de distintos Estados deben valorizarse y aprovecharse para impulsar la cooperación transfronteriza.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) La «cooperación territorial» es uno de los pilares de la política de cohesión de la UE, y tiene como objetivo eliminar las barreras físicas, administrativas y reglamentarias, y mitigar el «efecto frontera» entre los territorios y regiones, con el fin de promover un desarrollo armonioso que les permita responder juntos a los desafíos comunes. En la lógica de la Estrategia Europa 2020, es importante una mejor asignación de los fondos, a fin de responder adecuadamente a las necesidades y la idiosincrasia de los territorios europeos. En consecuencia, voy a votar a favor del informe.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Desde 1986, el objetivo de la política de cohesión ha sido el de reforzar la cohesión económica y social entre los diferentes Estados miembros de la UE. No obstante, el Tratado de Lisboa y la nueva Estrategia Europa 2020 establecieron una tercera dimensión, denominada «cohesión territorial», que promueve un enfoque funcional para el desarrollo integrado de las 271 regiones, consideradas como espacios de vida de los ciudadanos. Creo que la cohesión territorial debe contribuir a eliminar los obstáculos físicos, administrativos y reglamentarios entre las regiones europeas y promover un desarrollo europeo armonioso y una cooperación cada vez mayor mediante proyectos conjuntos entre las diferentes regiones con características y objetivos de desarrollo similares. También quiero destacar que las estrategias territoriales deben relacionarse directamente con las directrices de las redes transeuropeas de transporte, las estrategias de la política marítima integrada y la Estrategia Europa 2020, a fin de construir una Europa inteligente, sostenible e integradora. Por último, estoy totalmente de acuerdo con la idea de que es necesario establecer un plan de acción para las regiones ultraperiféricas de la UE y que deben establecerse unos principios multisectoriales que apoyen su desarrollo armonioso y contribuyan a reducir las disparidades territoriales con respecto a otras regiones europeas.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) La cofinanciación de proyectos transfronterizos, transnacionales e interregionales es el epítome de la UE. La ponente ha propuesto una serie de mejoras en relación con las deficiencias debatidas anteriormente. He votado a favor de este informe.

 
  
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  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe presentado por la señora Sanchez-Schmid. El informe hace hincapié en el valor añadido de la «cooperación territorial» y en sus posibilidades en relación con la promoción de la competitividad. Aunque defiende la estructura original del Objetivo 3, el informe propone un aumento de los fondos y llama la atención sobre las necesidades específicas de las poblaciones fronterizas. A través de la asignación de fondos para cada programa de cooperación territorial sobre la base de criterios armonizados puede asegurarse un enfoque estratégico y una respuesta dirigida a las necesidades y la idiosincrasia de cada región.

 
  
  

Informe: Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Creo firmemente que un marco estratégico eficaz puede garantizar un enfoque común y capitalizar las sinergias entre todos los fondos a fin de apoyar los objetivos de la política de cohesión como los que se definen en los Tratados, y mejorar así el servicio a los ciudadanos de la UE y cumplir sus expectativas. Este informe se dirige en cierta medida a la creación de estas sinergias, así que voy a votar a favor del mismo.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) La necesidad de una mayor flexibilidad en el uso de los fondos y de una cultura administrativa que fomente un enfoque pluridisciplinar y una administración de los fondos más simplificada es vital para establecer un marco estratégico común para los Fondos Estructurales. En cuanto a las sinergias entre los Fondos Estructurales, el Parlamento Europeo ha insistido en la necesidad de evitar una alta concentración de la capacidad en agrupaciones económicas y en las principales regiones europeas. Considero necesario un enfoque integrado entre las diferentes políticas sectoriales para obtener un resultado óptimo en materia de crecimiento y desarrollo económico, la reducción de las disparidades de desarrollo entre las regiones, la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida, la formación de los trabajadores con vistas a nuevos empleos, la cohesión social y territorial y la realización del modelo social europeo, que constituye un elemento que contribuye a la cohesión y a la competitividad de la economía europea. Centrar la acción conjunta de los fondos a nivel regional o local refuerza su valor añadido y permite a las partes interesadas definir acciones específicas que respondan a las necesidades socioeconómicas reales y, por tanto, a la situación del empleo en cada región específica. Por ese motivo he votado a favor de este informe.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Todos aquellos que participan en la política de cohesión coinciden en que la existencia paralela de varios fondos europeos —el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Pesca (FEP) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)— no siempre permite una gestión óptima de los recursos financieros de la Unión Europea. He votado a favor de este informe porque propone modos interesantes de lograr el objetivo imperativo de aumentar la coherencia entre estos dispositivos. Tengo grandes esperanzas de que este enfoque, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, se incluya en las próximas propuestas de la Comisión con respecto al marco reglamentario que se aplicará a la futura política de cohesión para el período 2014-2020.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) A pesar de que ahora estamos pensando y debatiendo el próximo marco plurianual, era importante reiterar el hecho de que la política de cohesión sigue siendo un motor importante para el crecimiento y que no debe reducirse el presupuesto que se le ha asignado. Un modo de generar mejoras es elevar el nivel de coherencia entre los distintos instrumentos y políticas, especialmente en relación con la Estrategia Europa 2020, a fin de lograr una mejor sinergia entre los distintos fondos, de manera que nos permita contar con una política de desarrollo regional más orientada a los resultados. Una consecuencia de la proliferación de fondos es que son menos visibles, por lo que los ciudadanos y las partes interesadas no los conocen tanto; otra es que ello puede provocar duplicaciones o incoherencia y reducir así el impacto generalizado de esta política. Por tanto, en este informe hemos especificado tres objetivos principales que consideramos que deben perseguirse: crear programas multifondo, mejorar la asistencia técnica y elaborar una guía europea. Mediante la mejora de las sinergias, podremos aumentar el valor añadido europeo de la política de cohesión para los socios locales y regionales de la Unión Europea, que a su vez permitirán que los ciudadanos obtengan un mayor número de ventajas.

 
  
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  Sergio Berlato (PPE), por escrito. (IT) La Unión Europea ha insistido en diversas resoluciones sobre la necesidad de un enfoque integrado entre las diferentes políticas sectoriales para obtener un resultado óptimo en materia de crecimiento y desarrollo en la UE. En mi opinión, la tentativa más decisiva de coordinación de la labor de los programas y fondos de la UE se enmarca en la era posterior a la crisis en la que Europa ha entrado. No cabe duda alguna de que, en el futuro, la necesidad de consolidar los presupuestos nos obligará a buscar un mayor impacto de la financiación disponible. Considero que este difícil momento de la historia por el que está pasando toda Europa brinda, no obstante, la oportunidad de utilizar las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para lograr mayores sinergias entre los programas y fondos de la UE. En particular, la experiencia de estos años demuestra con claridad que la financiación de acciones económicas como la innovación, la investigación y el medio ambiente a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) puede ser más eficaz si se coordina detenidamente y se integra con las acciones llevadas a cabo por el Fondo Social Europeo (FSE). Por último, quiero reiterar el llamamiento que se ha lanzado a la Comisión para que fomente una cultura dirigida a la simplificación de la administración de los fondos de la UE.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) He tenido que votar a favor de este informe. En un momento como el actual, en el que la crisis económica y financiera exige un gasto más prudente, transparencia y seguridad e innovación en las finanzas, frente a unos recursos cada vez más escasos y unas necesidades sociales cada vez más acusadas, intentar hacer un uso más eficaz de los Fondos Estructurales no constituye un objetivo sin más, sino también un deber moral para todos los administradores, y sobre todo, para esta Europa, que los ciudadanos perciben como una entidad cada vez más abstracta y alejada de las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe, porque la racionalización del gasto requiere políticas más eficaces y eficientes tanto a nivel de la UE como a escala nacional, regional y local. Asimismo, en las negociaciones interinstitucionales sobre las nuevas Perspectivas Financieras de la UE (2014-2020), el Parlamento Europeo debe aportar propuestas específicas sobre un marco estratégico único, a fin de garantizar la realización de los objetivos de la política de cohesión de la UE y la efectividad de los Fondos Estructurales. Debemos llamar la atención sobre el hecho de que la crisis económica y financiera ha hecho todavía más urgentemente necesarias las intervenciones en el sector del que se ocupa el Fondo Social Europeo (FSE), en particular las de apoyo al empleo, reorientación profesional, inclusión social y reducción de la pobreza. Asimismo, quiero subrayar que el FSE, como instrumento de apoyo de la formación continuada y la cualificación y reconversión profesional, debe ser considerado un medio imprescindible —de hecho todavía no plenamente explotado— con miras a la promoción de un crecimiento inclusivo y eficaz de una Europa que base su competitividad en el conocimiento. Ha de racionalizarse el gasto en el ámbito de la política de cohesión reduciendo la fragmentación de los instrumentos y canales de financiación y promoviendo una mayor complementariedad entre los diversos instrumentos de financiación. Además, debemos tener en cuenta la propuesta de la Comisión de mejorar la definición de prioridades y efectuar una concentración temática de los recursos nacionales y de la UE en una serie de puntos prioritarios, a fin de lograr una coordinación más eficaz entre los fondos.

 
  
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  Nessa Childers (S&D), por escrito. − Es fundamental garantizar la eficacia de estos y otros fondos europeos, a fin de garantizar un apoyo continuado por parte de los europeos.

 
  
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  Karima Delli (Verts/ALE), por escrito. (FR) Acojo con agrado las ideas que se han planteado mediante la adopción de este informe de reforzar las sinergias entre las políticas con impacto sobre los territorios, por una parte, y entre los fondos, por otra, en particular aumentando la financiación y la creación de programas multirregionales. No obstante, considero lamentable que la participación de los poderes locales y regionales en el proceso de toma de decisiones no se considere una cuestión prioritaria. La mejora de la gobernanza mediante la participación adicional de las autoridades con capacidades de gestión descentralizadas es el modo de responder a la necesidad de absorción, eficacia y simplificación, todos ellos objetivos deseables en la realización de la política de cohesión.

 
  
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  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. (IT) La política de cohesión económica, social y territorial es uno de los pilares fundamentales de una Unión Europea que no solo pretende fomentar y desarrollar la excelencia promoviendo la innovación, sino también crear convergencia y colmar la brecha en las zonas menos desarrolladas en comparación con las más avanzadas. La programación conjunta fue el aspecto más innovador del período 2007-2013, que llevó a que las regiones y Estados miembros adoptaran un enfoque integrado entre territorios y recursos en el marco de su programación estratégica y operativa. No obstante, este importante enfoque puede, en muchos casos, verse frustrado por la considerable autonomía y la sólida competencia existente entre las distintas autoridades encargadas de la gestión de cada programa monofondo. Al no funcionar debidamente de forma conjunta, ponen en serio peligro no solo la valiosa integración de las operaciones y las acciones que pueden lograrse, sino también las ventajas y los efectos que pueden generar dichas acciones. Así, en el próximo período de programación, puede ser interesante volver a los programas multifondo, incorporando en ellos la experiencia obtenida de la programación conjunta y fomentando una gestión compartida y responsable entre las distintas partes interesadas que se encargan del desarrollo regional. Creo que el informe aprobado contribuye de manera eficaz a estos objetivos.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre una mayor efectividad entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros Fondos Estructurales, ya que creo que el desarrollo de un marco estratégico podría garantizar un enfoque común y capitalizar las sinergias entre los diversos fondos existentes, con vistas a lograr los objetivos de la política de cohesión como se definen en los Tratados, cumpliendo así con las expectativas de los ciudadanos.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Parlamento ha subrayado en diversas ocasiones la necesidad de aumentar la efectividad de la aplicación combinada del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros Fondos Estructurales, junto con un enfoque integrado entre las diferentes políticas sectoriales. La necesidad de evitar el despilfarro de recursos, que es todavía más acuciante en los tiempos de grave crisis que estamos viviendo, hace recomendable aprovechar al máximo las sinergias derivadas de los recursos disponibles a través de los Fondos Estructurales y evitar desperdiciar oportunidades debido a la filtración excesiva. Este esfuerzo por utilizar todos los medios disponibles contribuirá a mejorar las oportunidades para el crecimiento sostenible, reduciendo las disparidades entre las regiones y promoviendo la cohesión y la inclusión sociales entre las mismas. No obstante, ello no ocurrirá a menos que la Unión y los Estados miembros definan unas prioridades claras y eviten así la dispersión de los fondos, destacando aspectos que es fundamental perseguir. La flexibilidad deseada debe ir acompañada de un estricto control del uso de los fondos, para que se lleve a cabo ajustándose al máximo a las normas de rigor y transparencia.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Este informe, redactado por el señor Stavrakakis, trata sobre la situación actual y la necesidad de elaborar sinergias futuras a fin de aumentar la eficacia entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros Fondos Estructurales. Los Fondos Estructurales se han invertido durante más de dos décadas en diversas regiones de Europa y han contribuido de manera esencial a mejorar la calidad de vida de millones de europeos. Parecían una fuente inagotable en la que las regiones más desfavorecidas podían saciar sus necesidades de financiación, pero la reciente crisis económica y financiera nos ha hecho recapacitar y nos ha mostrado las consecuencias del consumismo desenfrenado plasmado en inversiones poco sostenibles.

De hecho, la mejora de las infraestructuras no siempre genera un desarrollo importante. Por tanto, es necesario realizar urgentemente una evaluación rigurosa de todos los proyectos en curso, así como una reorganización estratégica de los fondos que todavía están disponibles, si se quieren lograr los objetivos definidos por la Estrategia Europa 2020 con miras a la preparación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). Apoyo las recomendaciones incluidas en este informe cuyo objetivo es crear sinergias mediante el establecimiento de un instrumento estratégico que abarque todos los Fondos Estructurales y se oriente a la innovación y al desarrollo tecnológico, apoyando a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y reduciendo los gastos administrativos.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El objetivo que defiende este informe es claro: la creación de un marco estratégico único para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros Fondos Estructurales, en particular el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP), para el próximo período de financiación posterior a 2013, y su coordinación con otros instrumentos de los aspectos exteriores de la política de la UE.

Podría ocurrir que con la creación de un marco estratégico único, se perdiesen las características específicas y la diversidad de las zonas y sectores beneficiarios, dejando así vía libre a la restricción del presupuesto de la UE y a la reducción de los pagos procedentes de los fondos, como han defendido los principales poderes de la UE. Este nuevo marco tiene por objeto fomentar la competencia y reforzar la integración de las políticas de la UE con vistas a consolidar la Estrategia Europa 2020, en favor de las grandes empresas y entidades financieras y de la concentración y la centralización del capital.

Por nuestra parte, seguiremos defendiendo que se haga un uso pleno de estos fondos y que se complementen mutuamente, a fin de defender y fomentar la producción en cada país, de luchar contra el desempleo y promover los empleos con derechos, de crear riqueza y distribuirla mejor, de defender unos servicios públicos de calidad, de luchar contra la pobreza y de defender la pesca costera a pequeña escala, las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares y los pequeños y medianos agricultores.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe defiende la creación de un marco estratégico único para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros Fondos Estructurales, en particular el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP), para el próximo período de financiación posterior a 2013, y su coordinación con otros instrumentos de los aspectos exteriores de la política de la UE. Debe tenerse en cuenta que, con la creación de un marco estratégico único, podrían perderse las características específicas y la diversidad de las zonas y sectores beneficiarios, dejando así vía libre a la restricción del presupuesto de la UE y a la reducción de los pagos procedentes de los fondos, como han defendido los principales poderes de la UE.

Este nuevo marco tiene por objeto fomentar la competencia y reforzar la integración de las políticas de la UE con vistas a consolidar la Estrategia Europa 2020, en beneficio de los sospechosos habituales: las grandes empresas y entidades financieras y la concentración y la centralización del capital.

Por nuestra parte, seguiremos defendiendo que se haga un uso pleno de estos fondos y que se complementen mutuamente, a fin de defender y fomentar la producción en cada país, de utilizar su potencial para luchar contra el desempleo y promover los empleos con derechos, de crear riqueza y distribuirla mejor, de defender unos servicios públicos de calidad, de luchar contra la pobreza y de defender la pesca costera a pequeña escala, las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares y los pequeños y medianos agricultores.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) Europa atraviesa el período posterior a la crisis, y por este motivo tiene sentido esforzarse todavía más por coordinar las actividades de los programas y fondos de la UE. Por lo que respecta al Fondo Social Europeo, la experiencia demuestra que la financiación de las medidas económicas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional puede ser más eficaz si se coordina mejor y se integra en las actividades llevadas a cabo en el marco de este fondo. Hay que tener en cuenta que obtener un resultado positivo en la mayoría de programas y medidas depende en gran medida de que se combinen de forma positiva diversos factores, de los cuales el desarrollo de recursos humanos es el más importante. El sistema actual de planificación y ejecución de programas, que vincula las políticas relativas al desarrollo de recursos humanos, el desarrollo comercial de las pequeñas y medianas empresas en particular y el desarrollo de infraestructuras, sirve de instrumento para equiparar las regiones que reciben ayudas. Cada una de estas políticas obtendría menos logros por sí sola que los que obtiene actualmente de forma conjunta en el sistema integrado de planificación y ejecución de programas. No obstante, en mi opinión, debemos introducir un mecanismo de coordinación todavía más amplio que contribuya a armonizar los instrumentos, políticas y partes implicadas. Es deseable que los programas e intervenciones planificadas detenidamente se ejecuten de este modo y que tengan en cuenta las peculiaridades locales y las ventajas comparativas, o bien las características específicas de cada región, en un enfoque integrado que se base en la especificidad local.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) He acogido con agrado este documento, porque solicita que se proponga un marco estratégico único antes del próximo período de financiación que se iniciará en 2013, a fin de garantizar un enfoque común y capitalizar las sinergias entre todas las acciones que, sobre el terreno, están destinadas al logro de los objetivos de la política de cohesión como se definen en los Tratados y con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). Considero que la política de cohesión es uno de los pilares de una política económica de la UE favorable a la estrategia de inversiones a largo plazo y a la inclusión social. La política de cohesión garantiza que las regiones menos desarrolladas y los grupos menos favorecidos reciban apoyo para que se logre el desarrollo equilibrado y armonioso de la Unión Europea. El valor añadido europeo reside en el hecho de que los éxitos económicos de la UE beneficien a todos, y por ello, la política de cohesión debe mantenerse como política independiente y debe dotársele de una financiación más amplia y adecuada.

 
  
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  Lívia Járóka (PPE), por escrito. − Quiero acoger con agrado el informe del señor Stavrakakis sobre una mayor efectividad entre el FEDER y otros Fondos Estructurales. Una mayor flexibilidad de los fondos, la simplificación de su administración y la coordinación estratégica entre los instrumentos, las políticas, y los actores constituyen reivindicaciones que se vienen haciendo desde hace tiempo y herramientas necesarias para la inclusión social de los grupos marginados en un marco político complejo de políticas integradas, que hace uso de todos los recursos financieros de la UE disponibles en el marco de los fondos europeos, concretamente del FEDER, el FSE y el FEADER. La modificación del reglamento que regula la capacidad del FEDER para ampliar la posibilidad de apoyar las intervenciones que benefician a las comunidades marginadas permite que los Estados miembros revisen sus programas operativos y vuelvan a definir la prioridad de sus inversiones, utilizando como máximo un 2 % de su asignación total en el marco del FEDER para apoyar las intervenciones que benefician a las comunidades marginadas en cuanto a la sustitución y a la renovación. Los Estados miembros deben aprovechar al máximo esta oportunidad para complementar sus esfuerzos por garantizar la inclusión social efectiva de los más vulnerables, y la Comisión Europea debe presentar un plan de acción específico con respecto a este Reglamento a fin de acelerar el uso de los fondos y de elaborar un informe sobre su utilización.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) La política de cohesión es uno de los pilares de la política económica de la UE. Es una garantía de apoyo a las regiones menos desarrolladas y a los grupos menos favorecidos que lleva a un desarrollo socioterritorial equilibrado en la Unión, y una iniciativa que posee un gran significado para los 27 Estados miembros, a los que se exige que establezcan directrices estratégicas de desarrollo territorial a través de la creciente participación activa de los interlocutores sociales. Mi voto a favor de este informe confirma mi creencia en este objetivo, pero también que soy consciente de la necesidad de simplificar las disposiciones a escala nacional y regional a fin de ejecutar los proyectos en los plazos acordados, evitar los retrasos generados por la burocracia y reducir las cargas administrativas, aumentando así su capacidad de absorción.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) Una política de cohesión sólida y financiada de forma satisfactoria proporciona un instrumento clave para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Ello conduce a una estrategia de inversión a largo plazo bien diseñada, genera valor añadido, fomenta la inclusión social y, al mismo tiempo, promueve el desarrollo armonioso en todo el territorio de la Unión Europea.

Creo que debemos apoyar a las regiones y a los Estados miembros fomentando sinergias entre las políticas estructurales, sociales y rurales. La creación de un marco estratégico común para el próximo período de programación financiera proporcionaría un enfoque mejorado y potenciaría mejor las sinergias entre las medidas que se aplican en las regiones de Europa destinadas a apoyar los objetivos políticos de la UE.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) La Unión Europea necesita nuevas sinergias y un enfoque integrado entre las diferentes políticas sectoriales para obtener un resultado óptimo en materia de crecimiento y desarrollo sobre el terreno. Debe haber un compromiso mayor con la política regional que sea cada vez más flexible y se integre con otros instrumentos y programas. Consideramos que la financiación del FEDER para la innovación, la investigación, el medio ambiente y las PYME solo puede ser más eficaz si se coordina detenidamente y se integra con la acción social en general. Esa es la virtud de una planificación integrada. De hecho, no se pueden solucionar problemas complejos abordándolos desde una única perspectiva. Un enfoque fragmentado puede traducirse en políticas que se superponen o están en conflicto, en acciones públicas contradictorias o, lo que es peor, en la duplicación de recursos.

Consideramos que mantener juntas la planificación de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión y volver a reintegrarlas más adecuadamente con el Fondo de Desarrollo Rural y el Fondo de Pesca es la clave para liberar el potencial de las regiones menos avanzadas. Una mayor flexibilidad, un nuevo enfoque pluridisciplinar y la simplificación de la gestión de los fondos puede ser la clave del éxito de nuestra política de desarrollo y cohesión territorial.

 
  
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  Barbara Matera (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe Stavrakakis porque considero que los diversos fondos europeos disponibles para ejecutar las políticas regionales deberían ser más fáciles de utilizar. Me refiero concretamente al desarrollo de sinergias para un enfoque integrado entre las diferentes políticas sectoriales que existen en el ámbito de la política regional, como se destaca en el informe. La necesidad de mejorar el impacto de la financiación disponible se agudiza todavía más con la actual crisis económica y financiera. En este sentido, el informe sugiere un marco estratégico único para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). Al garantizar un enfoque común con respecto a estos fondos regionales también se impedirá el solapamiento y la confusión de los operadores económicos a escala regional y local que están interesados en recibir fondos europeos para un proyecto concreto. Asimismo, la adopción de un enfoque sistemático y sinérgico entre los diversos fondos regionales europeos contribuirá a la adopción de objetivos en materia de política de cohesión, y por ende, a reducir las disparidades de desarrollo entre las regiones europeas, favoreciendo la inclusión social.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) Debemos hacer todo lo posible por crear un entorno favorable a fin de que todos los Estados miembros puedan aprovechar la asistencia que ofrecen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros Fondos Estructurales. Con vistas a la realización de los objetivos de la política de cohesión, debemos definir claramente las sinergias existentes entre estos fondos, abordar las cuestiones relativas a su coordinación y simplificar las normas de gestión de los fondos. En consecuencia, a partir de 2013 será de gran importancia cumplir con el enfoque común y el marco estratégico único establecidos. También es necesario reducir la fragmentación de los instrumentos de financiación, al tiempo que se garantiza la racionalización del gasto en materia de política de cohesión. Cabe observar que la política de cohesión garantiza un desarrollo sostenible a largo plazo de la Unión Europea, y por este motivo, debe mantener su independencia y recibir más recursos financieros. Debe prestarse una mayor atención al Fondo Social Europeo (FSE), que contribuye en gran medida al logro de un crecimiento eficaz y de una competitividad basada en el conocimiento. Creo que la política de cohesión debe orientarse más hacia los resultados y centrarse menos en la regularidad del gasto y los procedimientos.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) La política de cohesión europea es y seguirá siendo piedra angular de las medidas tangibles adoptadas por la UE en sus regiones, así como la principal fuente de financiación en la verdadera economía, capaz de ayudar a Europa y a sus regiones a recuperarse de la crisis y recobrar su competitividad. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otros Fondos Estructurales han obtenido muchos logros, pero pueden y deben hacer más y mejor por la Unión Europea. Con esto en mente, respaldo el contenido y la estructura del informe del señor Stavrakakis, que cuenta con mi apoyo. Concretamente, coincido con las sugerencias y propuestas del señor Stavrakakis que tienen por objeto hacer un uso más eficaz de los fondos de la UE. Espero que la Comisión Europea tome nota de la petición del Parlamento, especialmente en vista de las nuevas perspectivas financieras para el período 2014-2020.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La situación económica actual debe considerarse una oportunidad para reformular cualquier cosa que pueda ser más eficaz, combatiendo tenazmente todos y cada uno de los casos en los que se están despilfarrando tiempo y recursos, con mayor legitimidad. La necesidad de consolidar los presupuestos públicos implica que debemos ser más innovadores e intentar lograr un mayor impacto con la financiación disponible. Este informe, a favor del cual he votado, refleja la situación actual y la necesidad de sinergias futuras a fin de aumentar la eficacia entre los fondos. Debe mejorarse la coordinación de estos fondos.

Los instrumentos de la política de cohesión de la UE se gestionan en un marco común que abarca desde las directrices estratégicas hasta los pagos y la presentación de informes. No obstante, debe mejorarse la coordinación entre los instrumentos de la política de cohesión y otros elementos. Estoy de acuerdo con la creación de un sistema integrado de planificación y ejecución que englobe todas las áreas políticas. La virtud de una planificación integrada consiste en entender que los problemas complejos solo pueden resolverse abordándolos desde distintas perspectivas simultáneamente. No se puede resolver el desempleo solo mediante la formación de los desempleados, sino que es necesario elaborar políticas de creación de empleo, como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) o a las empresas emergentes.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La reforma de la política estructural para el periodo de programación 2007-2013 dio lugar a la exclusión del desarrollo rural del marco general de los Fondos Estructurales. Esta separación no supondría la duplicación o la omisión de los objetivos, y las oportunidades de desarrollo deberían garantizarse por igual tanto en las zonas urbanas como en las rurales, pero existen contradicciones de base. Para que las políticas de desarrollo rural sean eficaces se requiere una estrecha coordinación con las medidas de aplicación contempladas en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y los instrumentos de política regional. Es necesario un marco estratégico único para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP) para garantizar un enfoque común y aumentar las sinergias entre todos los instrumentos de financiación citados. El objetivo de la política de cohesión es reducir las disparidades entre las regiones y fomentar la inclusión social en aras de un desarrollo equilibrado y armonioso. He votado a favor del informe para garantizar una mejor coordinación de los fondos y la participación de las autoridades locales en el desarrollo y la ejecución de los contratos de colaboración.

 
  
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  Fiorello Provera (EFD), por escrito. (IT) La cohesión económica y social y la cohesión territorial son principios fundamentales para la elaboración de todas las políticas y acciones de la UE. Comparto la opinión del ponente de que la crisis económica nos obligará a ser más innovadores y a buscar un mayor impacto de la financiación disponible. La innovación implica la creación de sinergias y un enfoque integrado entre las diferentes políticas sectoriales para obtener un resultado óptimo en materia de crecimiento y desarrollo sobre el terreno.

Coincido especialmente con la afirmación del ponente de que las sinergias y la coordinación no implican soluciones únicas para todos, sino que requieren una coordinación estratégica estrecha entre los instrumentos, las políticas y los agentes para producir programas e intervenciones diseñados cuidadosamente que tengan en cuenta las particularidades territoriales y las ventajas comparativas o aspectos especiales de cada región dentro de un enfoque geográfico integrado.

 
  
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  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. (IT) Hoy hemos votado en el Pleno del Parlamento Europeo de Bruselas el informe sobre una mayor efectividad entre el FEDER y otros Fondos Estructurales. La resolución adoptada por la Comisión de Desarrollo Regional propone la creación, a partir del próximo periodo de programación que se iniciará en 2013, de un marco estratégico único que permita adoptar un enfoque común y capitalizar las sinergias entre todas las acciones que están destinadas al logro de los objetivos de la política de cohesión, como se definen en los Tratados y con la financiación del FEDER, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP).

Señala que es necesaria una mayor sinergia entre los Fondos Estructurales a fin de lograr los objetivos de Europa 2020, pero sobre todo para lograr los objetivos de la política de cohesión. El informe del señor Stavrakakis considera que las acciones de desarrollo rural en el marco del FEADER y las acciones de desarrollo sostenible para las zonas pesqueras en el marco del FEP deben integrarse en un marco único que englobe otros Fondos Estructurales, y que también se refuerce la coordinación entre los instrumentos de la política de cohesión como tales y las actividades llevadas a cabo en relación con el Séptimo Programa Marco y el Programa Marco de Competitividad e Innovación.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. A favor. Básicamente, este texto solicita que se proponga un marco estratégico único antes del próximo período de financiación que se iniciará en 2013, a fin de garantizar un enfoque común y capitalizar las sinergias entre todas las acciones que, sobre el terreno, están destinadas al logro de los objetivos de la política de cohesión como se definen en los Tratados y con la financiación del FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE, el FEADER) y el FEP; asimismo, señala que el objetivo de la política de cohesión debe ser un crecimiento económico sostenible, inteligente e inclusivo distribuido territorial y socialmente de manera uniforme, la reducción de las disparidades de desarrollo entre las regiones, la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida, la formación de los trabajadores con vistas a nuevos empleos, también en el ámbito de la economía sostenible, la cohesión social y territorial y la realización del modelo social europeo, que constituye un elemento de cohesión y de competitividad de la economía europea.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) El objetivo de la política de cohesión es un crecimiento económico sostenible e inclusivo con una distribución equilibrada en Europa y la reducción de las disparidades entre las regiones. Para aumentar las sinergias, debe adoptarse un marco estratégico único que fortalezca la integración de las políticas de la UE con objeto de ejecutar la Estrategia Europa 2020. Un sistema integrado de planificación permite claramente que los Fondos Estructurales se utilicen con vistas a lograr los objetivos de la política de cohesión europea. Un objetivo que debe lograrse es la redistribución de los recursos europeos que no se han utilizado en ciertas regiones a otras regiones más virtuosas que se encuentren en el mismo Estado.

 
  
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  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito.(PL) He apoyado la resolución sobre la situación y sinergias futuras para una mayor efectividad entre el FEDER y otros Fondos Estructurales. Las investigaciones llevadas a cabo en Polonia para identificar obstáculos a la absorción de los fondos estructurales han demostrado que los dos obstáculos principales son la falta de información exhaustiva y el sistema burocrático de solicitud de fondos de la UE y de rendición de cuentas de su uso.

En concreto, quiero llamar la atención sobre la necesidad de simplificar el proceso de solicitud de fondos, tanto a escala nacional como regional. Esta simplificación es prioritaria para garantizar un uso eficaz de todos los fondos. También insto a la Comisión a que simplifique el concepto de política de cohesión y lo centre en los resultados, en lugar de en complicados procedimientos de control. La nueva política debe caracterizarse por una mayor flexibilidad, proporcionalidad y visibilidad en cuanto al uso de los fondos. La simplificación de los procedimientos se vería complementada por la armonización de las normas relativas a la gestión, idoneidad, auditoría e información de proyectos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de Pesca.

Una mayor coordinación de la ayuda procedente de diversos fondos hará más eficaz la búsqueda de soluciones a problemas complejos. Por ejemplo, el problema del desempleo exige que se forme a los desempleados, pero también requiere la promoción empresarial y el apoyo a las infraestructuras estructurales. A este respecto, entran en juego varios fondos. Solo una sinergia eficaz entre ellos logrará reducir el desempleo. Un enfoque exhaustivo de este tipo también podría contribuir a mejorar el acceso de los posibles beneficiarios a información esencial.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La cuestión de una mayor eficacia y más sinergias entre los diversos Fondos Estructurales reviste una importancia fundamental en los debates sobre la futura política de cohesión. Esta debería simplificarse e integrarse en mayor medida. En consecuencia, el enfoque futuro debería basarse en un marco estratégico común para los diversos Fondos Estructurales, a fin de garantizar una perspectiva común y de optimizar las sinergias que pueden establecerse entre los diferentes fondos. Únicamente mediante una visión integrada que se centre en los resultados y se ajuste a los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo podremos hablar de eficacia reforzada entre los diversos Fondos Estructurales.

Como ponente alternativo para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), creo que debemos incluir a las autoridades regionales y locales en la preparación y la ejecución de asociaciones, y avanzar hacia la concentración temática de las prioridades y los recursos financieros que se asignarán en el futuro. La dimensión regional debe estar presente y contribuir a demostrar las ventajas de la política de cohesión para la UE. Con respecto a los instrumentos financieros, debe reforzarse la posibilidad de utilizar instrumentos de ingeniería financiera, del mismo modo que debe preverse el uso de programas multifondos para los Estados miembros y sus regiones.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) El ponente ha hecho hincapié en más de una ocasión en que una mayor coordinación y un sistema integrado de planificación y ejecución constituyen elementos esenciales para lograr unos resultados óptimos de las subvenciones procedentes de los tres fondos de la política de cohesión. Nuestra dilatada experiencia ofrece datos suficientes para permitir el uso de las oportunidades existentes y para mejorar de manera considerable la política de cohesión europea en el futuro.

 
  
  

Informes: Miroslav Mikolášik (A7-0111/2011) - Oldřich Vlasák (A7-0218/2011) - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (A7-0110/2011) - Georgios Stavrakakis (A7-0141/2011)

 
  
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  Philip Bradbourn (ECR), por escrito. − Con respecto a los informes Sanchez-Schmid, Stavrakakis, Vlasák y Mikolášik: los diputados conservadores al PE han decidido rechazar estos informes sobre la dirección futura de la política de cohesión, a excepción del informe Vlasák, en el que nos hemos abstenido. Ello se debe a varios motivos fundamentales: a nuestro modo de ver, en un momento de consolidación fiscal continua en los Estados miembros, es totalmente inadmisible que el amplio presupuesto de la UE en materia de cohesión quede intacto debido a estos esfuerzos. Por lo general, estos informes no abordan de manera efectiva las preocupaciones de los conservadores con respecto a la gestión de la política de cohesión por parte de la UE. Rechazan cualquier acción dirigida a permitir que los Estados miembros más ricos financien su propio desarrollo regional e impiden la creación de una política de cohesión más reducida, más eficaz y más dirigida a las regiones más pobres de Europa. En su lugar, se proponen nuevos vehículos burocráticos como las entidades macrorregionales, y el estado-nación se ve minado una vez más por un giro decidido hacia el regionalismo. Esta era de austeridad ofrece una oportunidad para que la UE gaste menos en prioridades antiguas y sin sentido. Estos informes van en la dirección totalmente equivocada.

 
  
  

Informe: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

 
  
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  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. − Estimado señor Presidente, he votado a favor de este informe porque insiste en el hecho de que el marco para prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos debe completar una estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo destinada a reforzar la competitividad y la estabilidad social de la Unión. El texto también aboga por que la Comisión desempeñe un papel más importante e independiente en el proceso reforzado de supervisión, las misiones, las recomendaciones y las advertencias.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Los acontecimientos actuales demuestran que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es muy eficaz y no ha impedido que varios Estados miembros se encuentren con graves problemas en su balanza de pagos y en el pago de su deuda. Además de la ayuda que la UE proporciona a estos países, las instituciones están trabajando para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a fin de evitar este tipo de crisis en el futuro. Ese es el objetivo del paquete de gobernanza económica, del que forma parte este informe, redactado por mi colega, la señora Ferreira. El informe aborda la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y defiende una supervisión más estrecha. Apoyo los principios que subyacen a esta postura, así como el paquete de gobernanza económica en su conjunto.

 
  
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  Regina Bastos (PPE), por escrito. (PT) El 29 de septiembre de 2010, la Comisión presentó un paquete legislativo destinado a reforzar la gobernanza económica en la UE y en la zona del euro. El refuerzo de la gobernanza económica debe vincularse al refuerzo de la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas. Dicho de otro modo, requiere una participación más estrecha y temprana de las partes interesadas, así como de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. Este informe, a favor del cual he votado, afirma que el plan de medidas correctoras indicará las acciones específicas que el Estado miembro en cuestión ha ejecutado o se propone ejecutar e incluirá un calendario para su aplicación.

La misma importancia que las medidas correctoras reviste la posibilidad de que la Comisión lleve a cabo misiones de vigilancia en el Estado miembro en cuestión a fin de supervisar la aplicación del plan. Por último, quiero subrayar la capacidad del Parlamento de actuar a iniciativa propia o a petición de un Estado miembro para invitar al Presidente del Consejo, a la Comisión y, si la ocasión lo justifica, al Presidente del Grupo del Euro a que comparezcan ante la Comisión parlamentaria correspondiente para debatir la decisión que establece el incumplimiento.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) La incapacidad para evaluar con certeza el impacto de las directivas que se presentan en este informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos es lo que me hizo tomar la decisión de abstenerme en la votación. No cabe duda de que la magnitud de la debacle económica de Grecia, junto con el riesgo de que una crisis similar afecte a muchos otros Estados miembros, exige urgentemente una estrategia para impedir que una catástrofe así ocurra de nuevo. No obstante, por otra parte, dicha estrategia no debe provocar que las autoridades centrales de la UE interfieran de manera indiscriminada en las economías nacionales de los Estados miembros. La protección de las libertades y los poderes nacionales es una garantía del funcionamiento adecuado de la UE, por lo que no debe sacrificarse ni siquiera en circunstancias como las que rodean a la crisis griega.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de esta enmienda porque considero que, tras la crisis económica y financiera que azotó Europa y el resto del mundo, es muy importante que se revisen las cuestiones relativas a la disciplina fiscal y el desarrollo macroeconómico de Europa. Es un momento difícil, pero también es el momento adecuado para completar y corregir el modelo existente a la luz de los indicadores del pasado y actuales, y por primera vez, el Parlamento Europeo participa en el proceso de toma de estas importantes decisiones. La prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos constituye una nueva medida disciplinaria para los Estados miembros de la zona del euro en virtud de la cual se introducirán sanciones para castigar el fraude o la falta de voluntad para actuar sobre la base de las recomendaciones convenidas sin justificación aceptable y no la incapacidad de lograr los objetivos propuestos. Esta medida disciplinaria tendrá en cuenta la carga total de las sanciones impuestas al estado, y la cantidad total deberá ajustarse a un límite máximo. Las multas pagadas proporcionarán ingresos para el Fondo central del Mecanismo Permanente de Crisis.

 
  
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  Antonio Cancian (PPE), por escrito. (IT) El informe Ferreira forma parte del paquete legislativo para reformar la gobernanza económica, compuesto por seis informes que son el resultado de meses de negociaciones. El Parlamento ha enviado un mensaje claro a todos, y de manera especial al Consejo. Por ello espero que este paquete se apruebe de manera definitiva antes del descanso estival, y sobre todo, que se aplique lo antes posible, para que a la Unión Europea no le pille desprevenida, como ocurrió en el pasado, a la hora de hacer frente a los retos que amenazan su estabilidad. Concretamente, he votado a favor del informe Ferreira porque considero que el hincapié que hace en el papel del cuadro de indicadores como instrumento para identificar posibles desequilibrios mediante criterios específicos constituye una base excelente para analizar el problema. De hecho, creo que el primer paso que debe darse para prevenir futuras crisis económicas es analizar de manera exhaustiva los factores de riesgo que pueden provocar desequilibrios presupuestarios, y este informe aborda de manera apropiada esta cuestión. Asimismo, estos criterios son comunes y cuantificables a fin de que puedan evaluarse y compararse de manera uniforme en toda Europa.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe porque estoy de acuerdo en que, cuando la Comisión realice su lectura económica del cuadro de indicadores en relación con el mecanismo de alerta, debe prestar una atención especial a la evolución de la economía real, incluido el crecimiento económico y las tasas de empleo y desempleo, la convergencia nominal y real dentro y fuera de la zona euro, el desarrollo de la productividad y sus principales motores, como la investigación y el desarrollo y la inversión externa o interna y las tendencias existentes a nivel sectorial, incluida la energía, que afecta al rendimiento tanto del producto interior bruto como al balance de cuentas corrientes.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La actual crisis económica, financiera y social ha demostrado que el modelo actual de gobernanza económica de la Unión Europea no ha funcionado: el marco de vigilancia ha demostrado ser muy frágil y no se han respetado las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por ello, apoyo el paquete de medidas presentado por la Comisión sobre gobernanza económica. Apoyo el informe de la señora Ferreira relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Felicito a la Comisión por la idea de introducir un cuadro de indicadores, que ya ha arrojado resultados satisfactorios en los ámbitos del mercado interior y en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Quisiera que el Parlamento Europeo pudiera proporcionar ayuda experta a la Comisión a la hora de definir los indicadores del cuadro de indicadores. Se prevé que el número de indicadores sea muy elevado, pero deben centrarse principalmente en los factores pertinentes para los desequilibrios macroeconómicos. Estoy de acuerdo con la posibilidad de solicitar reformas estructurales en los países con superávit, pero la mayoría de la atención debe centrarse en los países deficitarios.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Es muy importante subrayar la relevancia de este reglamento. Si bien es totalmente nuevo en el marco jurídico de la UE, es absolutamente innovador en cuanto a contenido y a sus propuestas, que son identificar y corregir los desequilibrios macroeconómicos en la Unión.

Sobre la base de las lecciones que deben aprenderse de la reciente crisis, este informe destaca por intentar dar prioridad al control y a la coordinación de las políticas económicas adoptadas en los diversos Estados miembros, en aras de una unión económica sólida y equilibrada. Su objetivo es establecer un mecanismo de alerta para posibles desequilibrios futuros que puedan producirse en un Estado miembro concreto, para que puedan subsanarse de manera eficaz e inmediata.

Por último, quiero felicitar a mi compatriota, la señora Ferreira, por todo su compromiso y dedicación, que no siempre ha sido tarea fácil, pero es, sin duda alguna, encomiable.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Creo que la Comisión debe desempeñar un papel más importante e independiente en el proceso reforzado de supervisión por lo que se refiere a las evaluaciones específicas para cada Estado miembro, el control, las misiones y las recomendaciones. Apoyo el método de la Unión, y por ello coincido en que el papel del Consejo debe limitarse a las etapas que conducen a posibles sanciones. No obstante, lo más importante es avanzar hacia la gobernanza económica con elementos preventivos y correctores a fin de evitar dichas sanciones.

El marco de prevención y corrección y el marco de gobernanza económica en su conjunto deben fomentar el crecimiento y el empleo a la vez que refuerzan la competitividad y la estabilidad social de la Unión. Por ello, estoy de acuerdo en que la supervisión de las políticas económicas de los Estados miembros debe ampliarse más allá de la supervisión presupuestaria, a fin de prevenir desequilibrios macroeconómicos excesivos y vulnerabilidades dentro de la Unión. También es importante considerar los desequilibrios internos, entre ellos la deuda privada y pública, su evolución y origen (nacional e internacional) y los retrasos en los pagos del país, en especial del sector público y las grandes empresas transnacionales a las PYME.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe forma parte del paquete que incluye seis instrumentos legislativos sobre la denominada gobernanza económica. Si bien la intención de la ponente y de su grupo político era destacar dicho informe frente a los otros cinco, lo cierto es que pone de manifiesto claramente las contradicciones existentes en esta Unión Europea.

De hecho, no basta con identificar los desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros si no hay políticas de la UE alternativas a las actuales que se basen en la solidaridad y en la cohesión económica y social a fin de subsanar los desequilibrios. Las piadosas declaraciones de buenas intenciones sobre la protección del empleo y de los derechos sociales y de los trabajadores contradicen en gran medida las declaraciones sobre el mantenimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (al que se ha tachado de «estúpido»), incluido el endurecimiento de las sanciones contra aquellos países cuyas economías más vulnerables han sido víctimas de políticas neoliberales y del Pacto por el Euro Plus.

La ponente y su grupo político también insisten en reconocer que las políticas que han respaldado constituyen la causa fundamental de la crisis, y que la creación de la moneda única a imagen del marco alemán se basó en afirmaciones falsas que únicamente atendían a los intereses de grupos económicos y financieros de las economías más fuertes. Si las cosas siguen así, asistiremos inevitablemente a un deterioro todavía mayor de la situación económica, social y política.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe forma parte del paquete que incluye seis instrumentos legislativos sobre la gobernanza económica y pone de manifiesto las contradicciones existentes en la Unión Europea. Lo cierto es que no basta con identificar los desequilibrios macroeconómicos en los Estados miembros si no hay políticas de la UE alternativas a las actuales que se basen en la solidaridad y en la cohesión económica y social a fin de subsanar los desequilibrios. Por tanto, no basta con realizar declaraciones de buenas intenciones sobre la protección del empleo y de los derechos sociales si posteriormente no se pone fin al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y al Pacto del Euro y se sustituyen por un verdadero Pacto de Progreso y Desarrollo Social y se prefiere imponer demandas más exigentes y sanciones más duras a los países y pueblos que han sido víctimas de políticas neoliberales.

Hasta que los líderes europeos reconozcan que sus políticas son la causa fundamental de la crisis que persiste, asistiremos al deterioro de la situación económica, social y política, que provocará inevitablemente más tensión social y más conflictos, con consecuencias imprevistas. Ello ocurrirá hasta que reconozcan que la creación de la moneda única a imagen del marco alemán se basó en afirmaciones falsas que únicamente atendían a los intereses de poderosos grupos económicos y financieros, y esa es la causa fundamental de la exacerbación de las crisis…

(Explicación de voto abreviada de conformidad con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El intento de corregir los desequilibrios macroeconómicos reviste una importancia fundamental para el futuro de la zona del euro y la UE. El Parlamento tiene la intención de mejorar la propuesta de la Comisión con el fin de crear un marco sólido y coherente para la próxima década, lo que garantiza la compatibilidad entre la disciplina fiscal y los objetivos de crecimiento económico y empleo en la Unión y en todos los Estados miembros, porque la estabilidad y la sostenibilidad de la Unión y del euro únicamente podrán garantizarse si se cumplen estas condiciones. El refuerzo de la gobernanza económica debe ir de la mano del refuerzo de la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas. Ello supone una participación más estrecha y oportuna a lo largo de todo el proceso no solo de las partes interesadas, sino también, y especialmente, de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. Tiene sentido que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el marco completo de administración de asuntos económicos apoyen y sean compatibles con la estrategia de la UE para el crecimiento y el empleo, y también su objetivo de aumentar la competitividad de todos los Estados miembros y la estabilidad social en todas las regiones de la Unión Europea. La prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos es un instrumento eficaz para hacer frente a las fragilidades derivadas concretamente de las tendencias a plazo intermedio y largo, de las diferencias crecientes en la Unión y en la zona del euro y de las consecuencias externas de las políticas de los diferentes Estados miembros. Debemos mejorar el marco de gobernanza económica para así generar el crecimiento sostenible y equilibrado del conjunto de la Unión.

 
  
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  Marietta Giannakou (PPE), por escrito. (EL) El grupo de diputados parlamentarios Nueva Democracia ha votado hoy a favor de las seis propuestas que conforman el nuevo paquete de gobernanza económica. Las propuestas del Parlamento Europeo allanan el camino para lograr un entorno de estabilidad económica, al tiempo que posibilitan el desarrollo de mecanismos innovadores, como los eurobonos y los bonos de proyectos europeos.

 
  
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  Louis Grech (S&D), por escrito. − Voy a votar a favor del informe Ferreira, puesto que es el único que subraya de manera enfática la importancia fundamental de mantener una perspectiva macroeconómica amplia que tenga en cuenta distintos niveles de productividad en los Estados miembros a la vez que garantiza los derechos sociales y fundamentales mediante la «cláusula Monti». Por otra parte, el paquete económico que se propone en el resto de informes mantiene únicamente una aplicación adicional de amplias medidas de austeridad que han tenido y podrían seguir teniendo efectos perjudiciales sobre el crecimiento económico. Las políticas que se centran exclusivamente en las medidas de austeridad y se limitan a alentar recortes adicionales sin ningún tipo de planes de inversión obstaculizan la creación de empleo. Por ese motivo voy a votar en contra del resto de informes y a abstenerme en el informe Haglund. Debemos encontrar una vía alternativa para abordar la crisis actual que implique la aplicación de medidas de austeridad responsables junto con un plan de inversión sólido que garantice el apoyo de los más vulnerables a esta crisis. De hecho, deben producirse cambios como una amplia reforma estructural y reglamentaria del sector financiero, pero solo se conseguirá mejorar la situación actual mediante la creación de incentivos, políticas de modernización radicales y exhaustivas y una inversión dirigida.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He acogido con satisfacción este documento, puesto que este procedimiento debe basarse en un mecanismo de alerta que permita detectar rápidamente los desequilibrios macroeconómicos que surjan. Debe basarse en la utilización de un cuadro de indicadores transparente y orientativo que incluya umbrales indicativos, combinado con un análisis crítico. Esta evaluación debe tener en cuenta, entre otras cosas, la convergencia nominal y real en la zona euro y fuera de ella. Si se detectan desequilibrios macroeconómicos graves, en particular desequilibrios que comprometen el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria, debe iniciarse un procedimiento de desequilibrio excesivo que podrá incluir la formulación de recomendaciones al Estado miembro, requisitos reforzados de supervisión y control, y, en el caso de los Estados miembros cuya moneda es el euro, la posibilidad de adoptar medidas de ejecución (multas) en caso de incumplimiento reiterado de su obligación de tomar medidas correctoras. En mi opinión, se trata de un buen instrumento para evitar los desequilibrios macroeconómicos.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. La respuesta que necesita Europa es un pacto de estabilidad. Se trata de un paquete de la mayor importancia para el futuro de la UE y, en particular, de la zona del euro. Apoyo este informe porque constituye la base de un diálogo económico estructurado. La prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos es un poderoso instrumento para hacer frente a las fragilidades derivadas de las tendencias estructurales a plazo intermedio y largo, de las divergencias crecientes en la Unión. Debemos aplicar los mecanismos correctores en el momento adecuado.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) Esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos tiene por objeto mejorar las propuestas de la Comisión con respecto a la creación de un instrumento sólido en el que la disciplina fiscal, el crecimiento económico y el empleo en la UE estén interconectados y contribuir de manera esencial a la estabilidad de la Unión Europea y del euro, con vistas a evitar futuras crisis financieras como la actual. Este reglamento pretende ser un instrumento normalizado para impedir los desequilibrios macroeconómicos que puedan derivarse de las disparidades económicas existentes entre los Estados miembros de la UE y de las políticas individuales aplicadas a escala nacional.

Cabe señalar que este informe se ha redactado sobre la base de experiencias anteriores en el seno de la UE en torno al funcionamiento de la unión económica y monetaria, que identifica la necesidad de un marco de gobernanza económica reforzado, como se propone en el informe.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe, puesto que suponía una mejora del texto original de la Comisión. Acojo con especial satisfacción las disposiciones que defienden los derechos de los trabajadores y la importancia de una evaluación exhaustiva del rendimiento económico, incluido el empleo de manera especial.

 
  
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  Arlene McCarthy (S&D), por escrito. − Los diputados laboristas al Parlamento Europeo se oponen básicamente al planteamiento actual del paquete de gobernanza económica, que se enfoca únicamente a la austeridad. La mejora de la coordinación relativa a la política económica y fiscal, especialmente en la zona del euro, sería positiva para el crecimiento económico de Europa a largo plazo, pero debe basarse en normas apropiadas. El texto negociado por las mayorías de derechas en el Parlamento, el Consejo y la Comisión hace demasiado hincapié en los recortes severos del déficit a corto plazo, y no en el crecimiento a largo plazo. Estas normas se impondrían en el territorio de la Unión Europea, eliminando la flexibilidad de los gobiernos nacionales para responder con distintas políticas en el futuro. El crecimiento a largo plazo hace que la deuda siga descendiendo como porcentaje del PIB, y es esencial proporcionar empleo y bienestar económico, así como financiar unos servicios públicos de gran calidad. Para garantizar que este paquete apoye el crecimiento económico, debe protegerse el gasto en materia de inversión. La inversión en investigación científica, las infraestructuras esenciales y la nueva economía ecológica son elementos cruciales para garantizar el crecimiento a largo plazo, y nunca debe recortarse el gasto en estos ámbitos con la excusa de cumplir los objetivos de la UE a corto plazo. El recorte de este gasto en tiempos de recesión también empeoraría una recesión económica. Los diputados laboristas al Parlamento Europeo apoyan las mejoras registradas en la propuesta de la Comisión sobre los desequilibrios macroeconómicos en el informe Ferreira, que defienden los derechos de los trabajadores y la importancia de realizar una evaluación exhaustiva del rendimiento económico, incluido el empleo.

 
  
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  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. (FR) Ahora la Comisión podrá dar notas buenas y malas a su antojo. Introducirá indicadores que le permitan dar notas a los Estados miembros. También habrá sanciones para los que no sigan las «recomendaciones» que se impondrán. La Comisión podrá aplicarlas de manera semiautomática, gracias a la votación por mayoría cualificada inversa. La Comisión podrá incluso tomar las decisiones cuando se trate de imponer sanciones. Se trata de una obra maestra de autoritarismo. Voy a votar en contra de esta aberración democrática, que condeno.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Los objetivos identificados en cuanto a crecimiento económico, empleo y competitividad no pueden lograrse con las medidas previstas, porque el desarrollo económico de los Estados miembros se está quedando asfixiado. Puede que los diversos Estados miembros constituyentes puedan aplicar un marco para controlar la política económica, pero la UE en su conjunto no puede hacerlo, porque la solidez de las distintas economías nacionales varía en gran medida. Ese es el motivo por el que la zona del euro debe disolverse lo antes posible. Los Estados fuertes deben unirse para formar una nueva unión monetaria, y los otros deben recuperar su propia divisa. El requisito de supervisión de las políticas económicas nacionales en la situación actual implicaría una intervención estatal socialista, algo que fracasó en el pasado y una de las causas de las dificultades financieras que sufre actualmente la zona del euro. La legitimación democrática de dichas medidas es escasa, y por ello he votado en contra de este informe.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Las propuestas de la Comisión tienen como objetivo principal endurecer la normativa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, se está creando un mecanismo de apoyo tras otro para la «oveja negra presupuestaria», que una vez más echa mano del dinero de los contribuyentes. Ya es hora de que nos concentremos en las economías nacionales estables y soberanas y reduzcamos la deuda nacional de cada uno de los Estados. Es un escándalo que sean siempre los mismos países los que se esfuerzan y los que acaban pagando los errores de otros. Lo que necesitamos son soluciones democráticas en lugar de procedimientos burocráticos, a fin de garantizar una coordinación significativa y eficaz de la política económica a escala de la UE que beneficie a todos los ciudadanos europeos.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) Es muy importante establecer un mecanismo eficaz y completo para la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, que advertiría sobre el riesgo de que se produjeran este tipo de desequilibrios y respondería de inmediato a los mismos. Es muy importante que este mecanismo se base en la utilización de un cuadro de indicadores transparente y orientativo. La Comisión, junto con el Consejo y el Parlamento Europeo, debe elaborar este cuadro de indicadores y los indicadores macroeconómicos y macrofinancieros previstos para los Estados miembros. Considero que, en circunstancias económicas especiales, el cuadro de indicadores y los umbrales de alerta deben ser simétricos y diferenciarse para la zona del euro y los Estados miembros de fuera de la zona del euro. Asimismo, el Consejo debe proporcionar informes periódicos sobre las medidas adoptadas que provocaron que el procedimiento de desequilibrio excesivo quedara suspendido en un cierto Estado miembro. Coincido con la propuesta de conceder a la Comisión el derecho a llevar a cabo misiones de supervisión reforzada en colaboración con el Banco Central Europeo (BCE), los interlocutores sociales y otras partes interesadas nacionales. El riesgo de que se produzcan desequilibrios debe evaluarse continuamente, a fin de impedir que se produzcan, y los Estados miembros deben recibir recomendaciones para evitar las posibles interferencias con el funcionamiento de la unión económica y monetaria.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe relativo a los desequilibrios macroeconómicos porque aborda los detalles que conciernen a la deuda actual de algunos Estados miembros, y lo que es más importante, ofrece un método progresivo para resolver un problema tan grave que no solo abarca las consecuencias a corto plazo sino también las consecuencias a largo plazo. Creo que Europa necesita una inversión gradual para contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo, y por ello, lo único que se conseguiría limitándose a recortar presupuestos sería socavar todo el sistema económico y político a largo plazo. Como socialdemócrata que subraya el carácter fundamental de los derechos sociales de los ciudadanos y el bienestar de la sociedad a largo plazo, apoyo esta propuesta por su profundidad y exhaustividad a la hora de abordar estas cuestiones.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Ferreira porque creo en la importancia de un mecanismo de supervisión coordinado a escala de la UE para la identificación y la prevención de los desequilibrios macroeconómicos y de un procedimiento para corregir los desequilibrios excesivos. El sistema de identificación, que se describe como «mecanismo de alerta» utiliza un cuadro de indicadores cuantitativos y evaluaciones cualitativas. Creo que este cuadro de indicadores es importante en tanto en cuanto nos ofrece una visión general completa, y por ello creo que debe ser un instrumento flexible y adaptable para que pueda modificarse y adaptarse a los requisitos y situaciones cambiantes, garantizando claramente un marco de seguridad jurídica. Espero que el Parlamento alcance un acuerdo definitivo y apruebe la totalidad del paquete de gobernanza lo antes posible, a fin de enviar un mensaje contundente y unificado al público y a los mercados y de frenar la especulación.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El 29 de septiembre de 2010, la Comisión presentó un paquete legislativo destinado a reforzar la gobernanza económica en la UE y en la zona del euro. El paquete está constituido por seis propuestas: cuatro de ellas tratan asuntos presupuestarios, incluida una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y dos nuevos Reglamentos están dirigidos a detectar y resolver los desequilibrios macroeconómicos que puedan surgir en la UE y en la zona del euro. Este proyecto de opinión versa sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas presentada por la Comisión. Existe un acuerdo generalizado en que el PEC ha fracasado en cuanto a la prevención y la corrección y debe reformarse.

Coincido con las modificaciones de la propuesta que inicialmente presentó la Comisión y que fue apoyada por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo. Diría que es importante tener en cuenta la experiencia adquirida durante los años en que existía el antiguo PEC, junto con el hecho de que la gobernanza económica se ha hecho más democrática a raíz de la participación del Parlamento Europeo durante todo el proceso de supervisión. Por todo ello, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La experiencia adquirida durante la primera década de funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria muestra claramente que es necesario mejorar el marco de gobernanza económica. En vista de su papel fundamental para el futuro de la UE, y en particular, para la zona del euro, el Parlamento deberá analizar detenidamente y mejorar las propuestas legislativas sobre gobernanza que aprobó la Comisión en septiembre de 2010. El refuerzo de la gobernanza económica debe ir de la mano del refuerzo de la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas, porque la gobernanza económica no se puede disociar de la regulación y supervisión del mercado financiero. En virtud del Tratado de Lisboa, el Consejo exige el acuerdo del Parlamento para lograr un consenso final. Es la primera vez que el Parlamento decide con el Consejo sobre la evolución macroeconómica y la disciplina fiscal de la Unión. He votado a favor de una amplia reforma del marco de gobernanza basada en el método de la UE a fin de garantizar que el Parlamento mejore las propuestas de la Comisión sobre el establecimiento de un marco sólido y coherente para las próximas décadas, lo que garantiza la compatibilidad entre la disciplina fiscal y el crecimiento económico.

 
  
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  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este es el único informe que pretende contrarrestar la tendencia dominante del paquete de gobernanza económica en su conjunto. Me he abstenido en la votación para destacar este aspecto y reconocer su valor. El informe de la señora Ferreira tiene que ver con la prevención de los desequilibrios macroeconómicos graves. En dicho informe, el déficit y la deuda revisten la misma importancia que el superávit y el déficit comercial, que el empleo y el desempleo y que cualquier desafío cualitativo que pueda garantizar una estrategia de crecimiento sostenible. Resulta sensato que exista este tipo de coordinación de gran alcance basada en un cuadro que incluye varios indicadores que identifican los desequilibrios en una fase temprana. Lo que me impide votar a favor de este informe es el hecho de que es la escasa relación de una forma de coordinación cuyo principio y fin siguen siendo el déficit y la deuda.

 
  
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  Phil Prendergast (S&D), por escrito. − La actual crisis económica que sufre Europa exige un nuevo planteamiento. La crisis tiene una naturaleza política y económica, y hemos visto una y otra vez que Europa es más fuerte cuando actúa de forma conjunta; una respuesta unificada a esta crisis es la mejor respuesta. Incluso el planteamiento de la UE es novedoso a este respecto, puesto que es la primera vez que el Parlamento decide conjuntamente con el Consejo en materia de desarrollo macroeconómico y que el Consejo necesita el acuerdo del Parlamento para alcanzar un consenso final. Este informe representa un gran número de compromisos de todos los puntos de vista del argumento. Es de una importancia fundamental enviar una señal contundente a los mercados y a los ciudadanos con respecto a la intención de la UE de combatir esta crisis financiera y a su capacidad para resolver las diferencias y abordar cuestiones cruciales. También acojo con satisfacción el planteamiento adoptado para abordar el fraude o la falta de voluntad para actuar sobre la base de las recomendaciones convenidas sin justificación razonable. Es importante que existan dichas sanciones, pero también es importante que no castiguemos a los Estados cuando no puedan alcanzar los objetivos propuestos, y en este sentido acojo con satisfacción el informe.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − (ES) A favor. Este informe pretende incluir mecanismos de prevención y corrección cuando los estados miembros se enfrentan a desequilibrios fiscales. De forma preventiva, se incluyen mecanismos como una revisión anual de las balanzas fiscales, mecanismos de alerta por parte de la Comisión Europea, recomendaciones preventivas para afrontar desequilibrios menores. De forma correctiva, se implementará un procedimiento para desequilibrios excesivos (EIP-siglas en inglés), y la necesidad de presentar planes de acción concretos por parte de los estados miembros. He votado a favor de este informe principalmente porque introduce los desequilibrios económicos en el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, en la Estrategia UE 2020 y en el Semestre Europeo, es decir que la economía real se integra en los procedimientos de control y coordinación económica. Por otro lado, se incluyen una serie de indicadores para determinar los desequilibrios económicos y consecuentemente las recomendaciones, indicadores como por ejemplo inversión en I+D, sector energético.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Considero que el paquete de intervenciones que incluye la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo puede ser eficaz a la hora de prevenir los desequilibrios macroeconómicos, especialmente en la zona del euro. Asimismo, el Parlamento tiene la intención de mejorar las propuestas de la Comisión con el fin de establecer un marco legislativo sólido y coherente, lo que garantiza el crecimiento económico y el empleo para las próximas décadas. En este momento especialmente difícil para la UE, es esencial responder modificando, completando y corrigiendo el actual modelo de crecimiento sostenible y reforzando la gobernanza económica y la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas.

 
  
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  Kay Swinburne (ECR), por escrito. − El Grupo ECR siempre ha trabajado de forma constructiva para garantizar que la zona del euro pueda formular una solución duradera a su crisis de deuda soberana. Las deficiencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tanto en cuanto a su sustancia como a su aplicación, son evidentes desde hace tiempo, y es positivo que ya se estén realizando esfuerzos para garantizar una resolución duradera que funcione. Mediante la comisión y el proceso de diálogo a tres bandas, hemos contribuido a garantizar que el resultado preferido por el Parlamento sea realista, factible y duradero. No obstante, lamentamos que las propuestas de la Comisión que han recibido el apoyo del Parlamento no sean una solución únicamente para la zona del euro, sino una que incluye a los países que no tienen el euro como moneda. Se mire como se mire, el paquete que hemos votado aumenta las competencias de la UE a expensas de los Estados miembros. Incluye conceptos innovadores, como la votación por mayoría cualificada inversa y las multas a los Estados miembros, y garantiza que los presupuestos nacionales dejen de ser una cuestión que se inscriba únicamente en el ámbito de los parlamentos nacionales. Así que a la vez que apoyamos los objetivos a largo plazo, no podemos apoyar los medios, y hemos votado en contra de los informes que no se limitan a la zona del euro.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La estabilidad de la zona del euro, en particular, y de Europa en su conjunto exige la reestructuración de los instrumentos de prevención y supervisión con el fin de corregir los desequilibrios macroeconómicos. La consolidación financiera es esencial para corregir los errores del pasado y para lograr un crecimiento sostenido de las economías europeas que no se apoye en la deuda pública y extranjera, sino en la promoción del empleo y la competitividad. Este informe se centra en el cuadro de indicadores macroeconómicos y estructurales que permiten las comparaciones entre Estados miembros y reflejan las tendencias estructurales a corto, medio y largo plazo.

La inclusión de nuevos indicadores y el establecimiento de umbrales máximos y mínimos, que serán simétricos cuando resulte oportuno, permitirán que estos indicadores sirvan de niveles de alerta para evitar los actuales rescates financieros que están realizando la Comisión y el Fondo Monetario Internacional. Este nuevo sistema inteligente y simétrico generará una supervisión más rigurosa, evaluaciones más exhaustivas por parte de la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Banco Central Europeo y la elaboración de recomendaciones sobre reformas adicionales y planes correctores. En un momento crítico para el proyecto europeo, considero esencial la participación de todas las autoridades europeas y nacionales, para que las medidas necesarias se adopten en una fase temprana.

 
  
  

Informe: Diogo Feio (A7-0179/2011)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Los acontecimientos actuales demuestran que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es muy eficaz y no ha impedido que varios Estados miembros se encuentren con graves problemas en su balanza de pagos y en el pago de su deuda. Además de la ayuda que la UE proporciona a estos países, las instituciones están trabajando para reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a fin de evitar este tipo de crisis en el futuro. Ese es el objetivo del paquete de gobernanza económica, del que forma parte este informe, redactado por mi colega, el señor Feio. El informe aborda el procedimiento de déficit excesivo. Estoy a favor especialmente del cálculo de la reducción de la deuda en función de una tasa media calculada durante un período de tres años, en lugar de en función de una tasa fija cada año durante un período de tres años. He apoyado este informe, del mismo modo que apoyo el paquete de gobernanza económica en su conjunto.

 
  
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  Regina Bastos (PPE), por escrito. (PT) La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto y ha reforzado la necesidad de coordinación y de una supervisión mejorada de las políticas económicas en el marco de la Unión Económica y Monetaria. Las experiencias recientes también han revelado fallos y deficiencias del actual sistema de coordinación y de los procedimientos de supervisión existentes. La crisis ha invertido drásticamente las condiciones favorables en las que funcionaba el sector económico y financiero hasta 2007, y la mayoría de Estados miembros deben someterse a un proceso de consolidación de sus cuentas para reducir la deuda pública. Para la mayoría de países, la reducción de la deuda constituye una cuestión crucial, habida cuenta de los efectos negativos que ello posee sobre los incentivos económicos y sobre el crecimiento de la economía gracias al aumento de los impuestos y de las primas de riesgo. Este informe afirma que la Comisión y el Consejo deben realizar una evaluación equilibrada y exhaustiva de todos los factores relevantes, especialmente de la medida en la que afectan —ya sea agravando o atenuando las circunstancias— a la evaluación del cumplimiento con el déficit y/o los criterios de deuda. El Consejo exigirá que los Estados miembros cumplan sus objetivos presupuestarios anuales, lo que posibilitará un aumento anual del 0,5 % del producto interior bruto. Por las razones mencionadas, he votado a favor de este informe.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) He decidido abstenerme en la votación de este informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del proceso de déficit excesivo. A pesar de que la relación que se ha forjado entre las economías de cada uno de los Estados miembros y entre ellas y la Unión debe revisarse, especialmente a la luz de lo ocurrido en Grecia y del hecho de que otros Estados miembros están mostrando indicios de una inminente crisis financiera a la misma escala que en Grecia, dicha revisión no puede realizarse utilizando los métodos descritos en el presente informe. El informe busca corregir las vulnerabilidades de las economías nacionales aumentando —de manera excesiva, en mi opinión— la autoridad de la UE sobre los propios Estados miembros, y sacrificando así su libertad y sus competencias en relación con las finanzas. Por ello no puedo votar a favor de este informe.

 
  
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  Antonio Cancian (PPE), por escrito. (IT) El informe Feio forma parte del paquete legislativo para reformar la gobernanza económica, que se compone de seis informes que son el resultado de meses de negociaciones. El Parlamento ha enviado un mensaje claro a todos, y de manera especial al Consejo. Por ello espero que este paquete se apruebe de manera definitiva antes del descanso estival, y sobre todo, que se aplique lo antes posible, para que a la Unión Europea no le pille desprevenida, como ocurrió en el pasado, a la hora de hacer frente a los retos que amenazaban su estabilidad. Concretamente, he votado a favor del informe Feio porque considero que tiene razón al hacer hincapié en el papel esencial que debe desempeñar el Parlamento a la hora de prevenir futuras crisis económicas. El texto subraya la importancia fundamental del diálogo que el Parlamento tendrá que establecer con representantes de los parlamentos nacionales a fin de salvaguardar el proceso democrático cuando surjan cuestiones relativas a la estabilidad económica de la UE. Asimismo, el informe sugiere un período de tres años para reducir la deuda total, que considero razonable y suficiente.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe porque coincido en que, cuando rebase el valor de referencia, se considerará que el coeficiente de la deuda pública con respecto al producto interior bruto (PIB) está disminuyendo de manera suficiente y se aproxima a un ritmo satisfactorio al valor de referencia, de conformidad con el artículo 126, apartado 2, letra b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) si la diferencia con respecto al valor de referencia se ha reducido en los tres años anteriores a un ritmo medio del orden de una veinteava parte al año, como valor de referencia, tras una evaluación realizada a lo largo de un período de tres años para los que se disponga de datos.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La actual crisis económica, financiera y social ha demostrado que el modelo de gobernanza económica que está en vigor en la Unión Europea no ha funcionado: el marco de vigilancia ha demostrado ser muy frágil y no se han respetado las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por ello, apoyo el paquete de medidas presentado por la Comisión sobre gobernanza económica. Voy a votar a favor del excelente informe redactado por el señor Feio relativo a la aceleración y clarificación del proceso de déficit excesivo. Acojo con agrado que se solicite un proceso mediante el que la Comisión Europea publique sus recomendaciones para que estas se aceleren. Coincido con la propuesta de que el Parlamento Europeo tenga derecho a invitar a los representantes de los Estados miembros y lamento que el Consejo no la haya aceptado. Acojo con satisfacción la oportunidad que se ha concedido a la Comisión de realizar visitas de supervisión adicionales y el hecho de que el Banco Central Europeo pueda tener un papel en dichas visitas.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He decidido votar en contra de cuatro de las seis propuestas incluidas en el paquete de gobernanza económica, puesto que considero que únicamente incluyen medidas de austeridad que debilitarían todavía más la economía europea. Para reanudar el crecimiento económico, necesitamos un modelo alternativo al que se propone en el paquete, que se basa en inversiones estratégicas y en la creación de nuevos empleos.

 
  
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  Göran Färm, Anna Hedh, Marita Ulvskog y Åsa Westlund (S&D), por escrito. (SV) Como socialdemócratas suecos, consideramos el amplio paquete de reformas para una gobernanza económica más sólida en la UE una herramienta importante para generar orden en la economía europea. Un Pacto de Estabilidad y Crecimiento más estricto, requisitos adicionales de transparencia y disciplina en los marcos presupuestarios nacionales y un nuevo sistema para prevenir los desequilibrios económicos son elementos clave en la labor de estabilización de las finanzas estatales y del mercado financiero.

El hecho de que hoy hayamos decidido no votar a favor de cinco de los seis informes no significa que estemos en contra de una normativa más estricta. Más bien al contrario, creemos que deben aplicarse normas más estrictas cuanto antes. y, de hecho, el propósito de nuestra estrategia de votación era enviar una señal clara que indicase que ciertas tendencias del paquete que introduce medidas de austeridad que son demasiado amplias deberían sustituirse por un enfoque más equilibrado en las fases finales de negociación. Una normativa que no deja margen suficiente para las inversiones con miras al futuro y a un crecimiento sólido no puede ser sostenible a largo plazo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Las normas sobre disciplina presupuestaria y sobre su cumplimiento deben reforzarse, especialmente dotando de un papel más importante a la escala y la evolución de la deuda y a la sostenibilidad en general. Por ello, estoy de acuerdo en realizar una evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluyendo el nivel y el perfil de la deuda, así como la caducidad, y la dinámica de la misma. En este contexto no podemos olvidarnos de la deuda privada en la medida en que puede representar una responsabilidad implícita contingente para los gobiernos. El marco de control de la deuda pública y la deuda privada debe apoyar el crecimiento a largo plazo, teniendo debidamente en cuenta el papel anticíclico de la política presupuestaria y mejorando las condiciones previas para la inversión y el desarrollo del mercado interior, que resulta esencial a la hora de garantizar el correcto funcionamiento y el refuerzo de la Unión Económica y Monetaria. Es importante establecer un Fondo Monetario Europeo que se gestione en virtud de las normas de la Unión y se financie con los ingresos procedentes de las multas, con vistas a salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe forma parte del paquete legislativo sobre gobernanza económica y constituye uno de sus elementos clave. Se trata del Reglamento relativo a la aceleración y clarificación del proceso de déficit excesivo.

Si bien parte de la premisa de que existe una crisis en la zona del euro y de la necesidad de una solución exhaustiva e integrada a la crisis de la deuda en la zona del euro, habida cuenta de la falta de éxito del enfoque fragmentado que se ha venido utilizando hasta ahora, el informe termina instando a la aplicación del mismo tipo de políticas y criterios monetaristas y neoliberales que generaron la crisis. Reitera y restringe la verdadera opresión impuesta a los Estados miembros, sin detenerse en las causas de los problemas ni en políticas alternativas que tienen en cuenta los distintos niveles de desarrollo de las economías.

Como tal, en lugar de proponer un pacto para el progreso y el desarrollo social cuyos cimientos sean la solidaridad y políticas auténticas de cohesión económica y social, que es lo que hemos estado pidiendo, insta a profundizar en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ahora, en el Pacto por el Euro Plus. El Reglamento amplía y refuerza la aplicación de sanciones y el pago de multas para los Estados miembros que no cumplan con las imposiciones. Y ello constituye una interferencia inadmisible que somete a los Estados miembros a este procedimiento de déficit excesivo en una posición de verdadera sumisión a los poderes europeos al estilo colonial.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este es uno de los instrumentos legislativos clave del paquete de gobernanza económica. Se trata del Reglamento relativo a la aceleración y clarificación del proceso de déficit excesivo.

Si bien parte de la premisa de que existe una crisis en la zona del euro e incluso reconoce la necesidad de una solución exhaustiva e integrada a la crisis de la deuda en la zona del euro, habida cuenta de la falta de éxito del enfoque fragmentado que se ha venido utilizando hasta ahora, termina instando a la aplicación del mismo tipo de políticas y criterios monetaristas y neoliberales, limitando la verdadera opresión impuesta a los Estados miembros, sin detenerse en las causas de los problemas ni en políticas alternativas que tengan en cuenta los distintos niveles de desarrollo de las economías. Como tal, en lugar de proponer un pacto para el progreso y el desarrollo social cuyos cimientos sean la solidaridad y políticas auténticas de cohesión económica y social, insta a profundizar en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Pacto por el Euro Plus. También amplía y refuerza la aplicación de sanciones y el pago de multas para los Estados miembros que no cumplan los requisitos que se les impongan.

Este hecho constituye una interferencia inadmisible que somete a los Estados miembros a este procedimiento de déficit excesivo en una posición de verdadera sumisión a los poderes europeos al estilo colonial.

Por ese motivo hemos votado en contra.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La crisis económica y financiera mundial ha puesto de manifiesto y ha reforzado la necesidad de una coordinación más intensiva y una gobernanza económica mejor en el marco de la Unión Económica y Monetaria. Los procedimientos e instrumentos existentes para la coordinación y la supervisión han permitido que la UE supere una crisis que ningún Estado miembro podría haber superado de manera individual. Todas las instituciones europeas y los Estados miembros están esforzándose por recuperarse de la crisis. No obstante, esta experiencia ha revelado deficiencias y puntos débiles del actual sistema de coordinación y de los procedimientos de supervisión existentes. Resulta esencial reforzar el marco de la unión económica y monetaria con objeto de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, que son un requisito previo para el rendimiento sostenible y el crecimiento del empleo. Los elementos individuales de coordinación en el ámbito de la política económica, incluida la supervisión de las reformas estructurales, deben integrarse en el nuevo ciclo de supervisión —el denominado Semestre Europeo— que une los procesos existentes en el pacto con los principales objetivos de las políticas económicas, garantizando que los programas de estabilización y convergencia y los programas de reforma nacional se presenten de manera simultánea.

 
  
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  Marietta Giannakou (PPE), por escrito. (EL) El grupo de diputados parlamentarios Nueva Democracia ha votado hoy a favor de las seis propuestas que conforman el nuevo paquete de gobernanza económica. Las propuestas del Parlamento Europeo allanan el camino para lograr un entorno de estabilidad económica, al tiempo que posibilitan el desarrollo de mecanismos innovadores, como los eurobonos y los bonos de proyectos europeos.

 
  
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  Mathieu Grosch (PPE), por escrito. (DE) Una mayor coordinación y un control más estricto de la política económica en los Estados miembros son elementos esenciales si queremos aprender de los errores de la crisis económica y financiera y combatir la actual crisis de la deuda en algunos Estados miembros. Este informe constituye una respuesta al interrogante de cómo organizar esta nuevo proceso de coordinación y control.

El debate relativo al enorme déficit que sufren algunos países debe observarse sobre todo en Bélgica, especialmente en este período transitorio en el que Bélgica carece de gobierno. Este período transitorio es extremadamente problemático debido a su gran influencia sobre la economía, la política social y el sector financiero en Bélgica, y no ayuda precisamente a mejorar la situación.

Si un país como Bélgica quiere asegurarse de que Europa no pueda tomar decisiones en su nombre en el futuro, entonces ya es hora de que exija que los responsables de la política federal reconozcan sus responsabilidades para con sus ciudadanos, en lugar de intervenir ante la Comisión para retener el índice o la política social en Bélgica.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He acogido con agrado este documento porque este Reglamento establece disposiciones para acelerar y clarificar el procedimiento de déficit excesivo. El objetivo de este procedimiento es impedir el déficit excesivo de los gobiernos, y en caso de producirse, inducir a su corrección cuando el cumplimiento de la disciplina presupuestaria se analice basándose en el déficit público y en los criterios de la deuda pública. Las normas sobre disciplina presupuestaria deben reforzarse, especialmente dotando de un papel más importante a la escala y la evolución de la deuda y a la sostenibilidad en general. Debe reforzarse el cumplimiento de estas normas, junto con sistemas que garanticen su aplicación. La gobernanza económica debe reforzarse también mediante la participación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de manera más activa y oportuna.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. He votado en contra de este informe puesto que me opongo firmemente al programa de paralización de las medidas de austeridad que el centro-derecha está impulsando a través de la Unión Europea. Este paquete de reformas en materia de gobernanza económica ahogará el crecimiento en la UE precisamente cuando necesitamos inversiones para el crecimiento, para la investigación y el desarrollo y para el empleo, con vistas a garantizar el futuro económico de Europa. Este paquete de reformas financieras afectará más a los más pobres de Europa, al tiempo que dejará intacta la causa de la crisis —el sector financiero—. He acogido con satisfacción la mejora de la coordinación de la política económica y fiscal en Europa, pero me opongo firmemente a la visión cortoplacista en la que se impone dicha mejora. Una inversión a largo plazo en economías ecológicas, en investigación científica y en infraestructura es totalmente crucial para la estabilidad económica, la creación de empleo y el crecimiento, y no puedo apoyar este paquete de reformas que pretende paralizar la austeridad en Europa.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Esta propuesta se refiere a la aceleración y clarificación del proceso de déficit excesivo. Consideramos que el refuerzo de la vigilancia presupuestaria debe estar siempre sujeto a los objetivos globales de la UE, y en particular a los requisitos relacionados con la promoción de un alto nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social.

En la supervisión del cumplimiento de las normas sobre disciplina presupuestaria también debe prestarse atención a las crisis sociales que puedan tener un impacto en la situación financiera de los gobiernos. También mantenemos que los Estados miembros que realicen reformas estructurales que contribuyan a la conservación o a la creación de empleo y a la reducción de la pobreza deben tener la posibilidad de desviarse de sus respectivos objetivos presupuestarios a medio plazo.

Por último, creemos que el refuerzo de la gobernanza económica debe ir de la mano del refuerzo de la legitimidad democrática de la gobernanza europea, y que el papel del Parlamento Europeo debe reforzarse en todo el