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Ciclo relativo al documento : B6-0043/2007

Textos presentados :

B6-0043/2007

Debates :

PV 13/02/2007 - 8
CRE 13/02/2007 - 8

Votaciones :

PV 14/02/2007 - 5.9
CRE 14/02/2007 - 5.9

Textos aprobados :


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 114kDOC 55k
7 de febrero de 2007
PE 385.016v01-00
 
B6‑0043/2007
tras las declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión
presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento
por Rebecca Harms y Pierre Jonckheer
en nombre del Grupo Verts/ALE
sobre la contribución al Consejo Europeo de Primavera de 2007 en relación con la Estrategia de Lisboa

Resolución del Parlamento Europeo sobre la contribución al Consejo Europeo de Primavera de 2007 en relación con la Estrategia de Lisboa 
B6‑0043/2007

El Parlamento Europeo,

–  Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

1.  Pide al Consejo Europeo de primavera 2007 que tome medidas audaces en respuesta a la información contenida en el informe presentado el 2 de febrero por el Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas y le insta asimismo a que establezca orientaciones claras para que la lucha contra el cambio climático constituya un objetivo estratégico de las políticas de la UE, incluyendo una financiación suficiente y bien orientada;

2.  Pide a la Comisión y al Consejo que actúen con decisión para fortalecer la gobernanza internacional en materia de medio ambiente creando una organización internacional plenamente operativa bajo los auspicios de las Naciones Unidas que apoye y controle la aplicación de las decisiones concernientes al medio ambiente en todo el mundo;

Cambio climático - Energía - Transportes

3.  Insta al Consejo Europeo de primavera 2007 a que, con carácter de urgencia, acuerde lo siguiente:

a)  aplicar rápidamente medidas para limitar el aumento medio de la temperatura mundial a 2° C por encima de los niveles anteriores a la era industrial y acelerar considerablemente las negociaciones internacionales sobre el periodo posterior a 2012, de manera que se pueda alcanzar un acuerdo -en la línea del objetivo 2° C- para finales del 2008, y llegar a un acuerdo, en particular, sobre una reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados para 2020, con respecto a los parámetros de Kyoto;

b)  adoptar, para la UE, objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 30 % para el 2020 y de un 80 % para el 2050, con respecto a los niveles de 1990, que son coherentes con el límite de 2° C;

c)  acordar prioridad absoluta al ahorro de energía, ya que este tipo de medidas pueden ser uno de los medios más decisivos de contribuir a la sostenibilidad; lograr al menos, para 2020, un 20 % de ahorro en la energía primaria, con objeto de hacer que la UE sea para entonces la economía más eficiente en el aspecto energético; presentar, para junio del 2007, ambiciosos planes de acción nacionales en materia de eficiencia energética y aplicarlos inmediatamente; pedir a la Comisión que complete dichos planes de acción con medidas adicionales concretas y vinculantes que hagan posible que la UE alcance el objetivo de un ahorro energético del 20 %;

d)  abordar, en su estrategia energética y climática, el problema del sector del transporte, que depende en un 96 % del petróleo y es responsable del 30 % de las emisiones de la UE; establecer para el sector europeo de los transportes un objetivo absoluto de emisiones de gases de efecto invernadero de un 30 % para 2020, de acuerdo con los objetivos de Kyoto asumidos por la UE; establecer en el desglose de las modalidades de transporte que generan niveles elevados de gases de efecto invernadero, por ejemplo, automóviles, vehículos pesados y aviones, un cambio del 1 % anual a medios de transporte más ecológicos, como el ferrocarril y los transportes sostenibles por vías navegables; aplicar medidas para evitar el transporte y aumentar la eficiencia energética de los medios de transporte, concretamente imponiendo un límite obligatorio de 120 g de CO2 por kilómetro para los nuevos vehículos del parque automovilístico de la UE para 2012, que es exactamente a lo que se había comprometido motu propio la industria del automóvil en 1998 y que no llegó a cumplir, y que podría ir acompañado de un comercio de cuotas de emisión entre los fabricantes; alcanzar a continuación un incremento adicional de la eficiencia de al menos 10g de CO2 por kilómetro cada dos años; integrar los costes sociales y ambientales en el precio de los carburantes; suprimir las subvenciones y las exenciones fiscales injustas, en particular para el sector de la aviación, e imponer una tasa sobre el queroseno para que todos los modos de transporte se encuentren en condiciones de concurrencia idénticas;

e)  establecer para las energías renovables (electricidad, calefacción, refrigeración, transporte) objetivos sectoriales vinculantes, con objeto de alcanzar una cuota del 25 % de energía primaria renovable para 2020, y definir, a nivel del Consejo y de la Comisión, un programa que permita alcanzar el objetivo del 50 % de energías renovables para 2040; aceptar que, aunque los biocarburantes pueden contribuir a reducir nuestra dependencia de los carburantes fósiles, no se deben obtener a costa de la producción alimentaria o a costa de agravar el cambio climático, de la deforestación mundial, la pérdida de biodiversidad o la violación de los derechos humanos;

f)  crear, en el sector de la energía, condiciones realmente paritarias para todos, que permitan la entrada de nuevos operadores en el mercado y faciliten la introducción de nuevas tecnologías y la producción descentralizada de energía; lograr en cada Estado miembro la plena disociación de la propiedad de la producción y de la distribución de la energía; aumentar las competencias de los órganos reguladores nacionales y establecer un organismo de regulación europeo encargado exclusivamente de resolver problemas transfronterizos;

g)  reconocer que la energía nuclear no puede resolver los problemas climáticos mundiales, que presenta serios inconvenientes (accidentes graves, tratamiento de los residuos, riesgos de proliferación y de terrorismo, impacto sobre la salud y el medio ambiente) y cuenta con muy poco apoyo por parte de los ciudadanos europeos; adoptar medidas legislativas para que el sector integre todos sus costes externos, teniendo en cuenta especialmente las responsabilidades derivadas de la producción de electricidad;

Desarrollo económico, empleo, inclusión social e innovación

4.  Recuerda que el crecimiento económico no es una finalidad en sí y que las cifras del PIB y del PNB no se pueden considerar indicadores idóneos del bienestar de la población; recuerda asimismo que el crecimiento debe contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra generación y de generaciones futuras; insta, por consiguiente, a que se adopten indicadores adecuados y pide al Consejo, a los Estados miembros y a la Comisión que evalúen sus políticas y sus planes nacionales también a la luz de indicadores como las emisiones de CO2, la intensidad energética de la economía, el índice de riesgo de pobreza y la pérdida de biodiversidad;

5.  Considera que, en un mundo con recursos económicos limitados y un sistema ecológico frágil, la Unión Europea debería esforzarse por convertirse en la zona económica más eficiente del mundo desde el punto de vista de la utilización de los recursos y de la energía; recuerda las conclusiones del informe Stern, que destaca los costes de no actuar o de hacerlo con retraso en este ámbito y hace hincapié en el enorme potencial económico de las tecnologías de uso eficiente de la energía y de las energías renovables en el mercado mundial, para cuya explotación Europa está en la mejor situación posible;

6.  Recuerda, a este respecto, los resultados de un estudio realizado recientemente por la Comisión (DG ENVI, agosto 2006), que subraya la importancia de las ecoindustrias para la economía europea, también en términos de empleo y de exportaciones, con un volumen de negocio anual estimado en 227 millardos de euros en este sector en la UE con 25 Estados miembros (2,2 % del PIB) y un total de empleos directos e indirectos que equivalen a 3,4 millones de puestos de trabajo a tiempo completo;

7.  Considera que el mercado único, con sus cuatro libertades, necesita una dimensión social fuerte; subraya las insuficiencias en los objetivos sociales y de empleo establecidos en la Agenda de Lisboa en lo que concierne a la lucha contra la pobreza y el desempleo; pide que se declare que la lucha contra la exclusión social y la pobreza figura de nuevo entre los objetivos fundamentales de la Agenda de Lisboa y que a las palabras seguirán las acciones; pide a la Comisión que estudie modelos para desarrollar ingresos decentes para todos, como instrumento para combatir la pobreza y mejorar la inclusión social;

8.  Subraya que los servicios de interés general son el núcleo del modelo de desarrollo sostenible y que es necesario un instrumento jurídico transversal sobre los servicios de interés general para que las autoridades públicas puedan seguir desarrollando, financiando y organizando esos servicios, sin perjuicio del principio de subsidiariedad; subraya la necesidad de una evaluación en profundidad del impacto de la legislación sectorial actual sobre la calidad de la prestación de servicios de interés general;

9.  Critica las restricciones que los Estados miembros siguen imponiendo a la libre circulación de trabajadores, que son contrarias a los objetivos de movilidad de trabajadores preconizados por la estrategia de Lisboa, y crean una Unión Europea en la que no todos los ciudadanos europeos disfrutan de los mismos derechos; acoge favorablemente la propuesta de directiva presentada por la Comisión sobre la transferibilidad de los derechos de pensión complementaria, que constituye un verdadero avance en favor de la movilidad de los trabajadores; critica enérgicamente la intención del Consejo de suprimir del ámbito de aplicación de la directiva mencionada su objetivo fundamental, es decir, la transferibilidad, y pide al Consejo de Primavera que facilite orientaciones claras para salir de este punto muerto;

10.  Subraya la importancia de controlar la aplicación de la Directiva sobre los servicios y la necesidad de evaluar rápidamente y en su totalidad el impacto de dicha Directiva sobre las disposiciones nacionales en materia de empleo, medio ambiente y protección del consumidor, y de proponer, si es oportuno, medidas adicionales de armonización de la prestación de servicios en el mercado interior;

11.  Pide que se tenga más en cuenta la perspectiva de género en la Estrategia de Lisboa y en las «grandes orientaciones de política económica» y las orientaciones para el empleo; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas más enérgicas para aplicar la legislación europea encaminada a reducir las diferencias salariales y a suprimir la segregación por razones de género en el mercado laboral;

12.  Considera que la inmigración es una necesidad, pero subraya que es necesario desarrollar políticas para la inmigración legal de manera que garanticen el éxito de la integración económica, social y jurídica de los migrantes; pide medidas contra la fuga de cerebros en Europa; señala que cualquier política de inmigración orientada a atraer a trabajadores altamente cualificados conlleva el riesgo de provocar la fuga de cerebros en los países de origen, que ha de ser contrarrestada mediante medidas adecuadas;

13.  Considera que no pueden solucionarse los problemas económicos y de empleo ni es posible dar una respuesta adecuada a los desafíos demográficos y ambientales si no se crea un marco macroeconómico adecuado a nivel de los Estados miembros y a escala europea; subraya la función crucial de los impuestos en la financiación de la infraestructura económica y social, incluidos los servicios públicos; pide, por consiguiente, al Consejo de Primavera que presente propuestas para:

   a)desplazar, mediante un esfuerzo común, la presión fiscal que pesa sobre el trabajo y gravar más la degradación del medio ambiente y la utilización de los recursos, para situar correctamente los incentivos y hacer más atractivo el empleo regular;
   b)establecer, a medio plazo, un impuesto de un impuesto de sociedades mínimo, para prevenir la competencia fiscal entre Estados miembros y la evasión de impuestos por parte de las grandes empresas, que a menudo eluden pagar la parte que les corresponde y tienden a enfrentar a los países entre sí (la aplicación de impuestos ecológicos a sectores como el del transporte debe armonizarse a escala de la UE a medio plazo);
   c)aplicar una política estratégica de innovación que integre la eficiencia energética, el ahorro de energía y el uso de energías y materiales renovables en todas las políticas mediante, entre otra cosas, un incremento de las dotaciones asignadas a la investigación sobre energías renovables, en especial en la revisión intermedia del Séptimo programa marco y la concentración de las ayudas públicas en las actividades y tecnologías que hayan sido catalogadas como especialmente respetuosas del medio ambiente; pide que los contratos públicos se conviertan en un instrumento destacado para fomentar los edificios, los productos y los servicios eficientes desde el punto de vista energético;

Comercio internacional y política de la OMC

14.  Considera que el acceso al mercado de la UE y la estrategia de competitividad exterior deben tener como soporte esencial unas normas equitativas de comercio y de concurrencia, basadas en la promoción de las normas fundamentales de la OIT en materia de trabajo, el respeto de los acuerdos internacionales sobre medio ambiente en el mundo entero y la coherencia con los objetivos de la política de desarrollo de las Naciones Unidas; pide a la Comisión que adopte las medidas comerciales pertinentes, incluyendo ajustes fiscales en las fronteras, contra los países industrializados y emergentes que no tienen intención de asumir la parte que equitativamente les corresponde de la responsabilidad de la lucha contra el cambio climático;

15.  Manifiesta su preocupación por la crisis actual del sistema de comercio multilateral; pide a la Comisión que elabore propuestas para una reforma de la OMC encaminada a potenciar la legitimidad y la responsabilidad democrática del sistema de comercio multilateral; pide a la Comisión y al Consejo que no perjudiquen al multilateralismo concluyendo acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales;

16.  Expresa su preocupación porque la estrategia de Lisboa en materia de competitividad interna de la UE esté subordinada de facto a los objetivos de competitividad de la UE en el exterior, según se exponen en la Comunicación de la Comisión «Una Europa global - Compitiendo en el mundo»; pone en guardia contra una política europea de competitividad determinada exclusivamente por las necesidades de transacción a escala mundial de las multinacionales instaladas en Europa, en detrimento de los intereses sociales de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de Europa, que deben abordar con prudencia la concurrencia mundial; pone en guardia contra el proyecto de cooperación reguladora internacional, que daría a las multinacionales y a los países terceros una especie de derecho a intervenir en la legislación europea concerniente a las barreras no arancelarias, que, según la definición de la OMC, incluye también partes importantes de los derechos sociales, ambientales y de los consumidores y de la elaboración futura de legislación;

Gobernanza de Lisboa y mejora del proceso legislativo

17.  Pide, en interés de una mayor transparencia y de una mejor comprensión de la Estrategia de Lisboa, que se desarrolle un sistema común de programas nacionales de reformas, y que se definan indicadores comunes que permitan vigilar el impacto ambiental (por ejemplo, el clima) y social (por ejemplo, los efectos en la salud de los ciudadanos o la cohesión social) de las políticas; considera que los Parlamentos nacionales deberían participar plenamente en la evaluación de los programas nacionales de reforma y que el Parlamento Europeo debería asimismo participar en el proceso y la metodología de evaluación de la Comisión;

18.  Recuerda, a este respecto, que la mejora del proceso legislativo no debe perjudicar a la protección de los consumidores o confundirse simplemente con una reducción del marco legislativo, sino que significa garantizar una mayor efectividad y eficiencia de la legislación futura y una evaluación adecuada de los efectos de las políticas aplicadas en el pasado;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión..

Última actualización: 12 de febrero de 2007Aviso jurídico