El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2005, titulada «Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el programa comunitario sobre la Estrategia de Lisboa»(COM(2005)0330)»,

–  Vistos los 27 Programas Nacionales de Reforma de la Estrategia de Lisboa presentados por los Estados miembros,

–  Vista la aplicación, en 2007, del Programa Comunitario de Lisboa de la Comisión,

–  Vistas las previsiones económicas de otoño de 2007 de la Comisión, de noviembre de 2007,

–  Visto el paquete de comunicaciones de la Comisión de 11 de diciembre de 2007 sobre el Informe estratégico sobre la estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo: lanzamiento del nuevo ciclo (2008-2010) (COM(2007)0803) y la Propuesta relativa al Programa Comunitario de Lisboa 2008 - 2010 (COM(2007)0804),

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo de 2001 y del Consejo Europeo de Barcelona de los 15 y 16 de marzo de 2002, así como de los Consejos Europeos de Bruselas de los días 22 y 23 de marzo 2005, 15 y 16 de diciembre de 2005 y 23 y 24 de marzo de 2006 y 8 y 9 de marzo de 2007,

–  Vistas sus Resoluciones de 9 de marzo de 2005 y de 15 de marzo de 2006 y 14 de febrero de 2007 sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa,

–  Vista la propuesta de resolución presentada por el Grupo GUE/NLG en febrero de 2007, sobre la contribución al Consejo Europeo de Primavera de 2007 en relación con la Estrategia de Lisboa,

–  Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A.  Considerando que el Consejo Europeo de marzo de 2000 y posteriormente de 2005 estableció objetivos de crecimiento económico medio del 3%, pleno empleo, reducción de la pobreza y las desigualdades y una inversión global del 3% del PIB comunitario en I+D, objetivos que debían alcanzarse en 2010,

B.  Considerando que ocho años después de establecida la Estrategia de Lisboa ha llegado el momento de llevar a cabo un análisis serio y completo de su impacto sobre la vida económica y social de los ciudadanos,

La Estrategia de Lisboa - Los resultados reales

1.  Subraya que, al iniciar este último ciclo 2008-2010, la Estrategia de Lisboa no ha logrado los objetivos declarados de un crecimiento económico medio del 3%, pleno empleo, inversión global del 3% del PIB comunitario en I+D y reducción de la pobreza con vistas a su erradicación;

2.  Destaca que el crecimiento económico medio en la UE-15 se ha desacelerado una década tras otra; observa que la Comisión ha revisado recientemente sus previsiones apuntando a una nueva desaceleración del crecimiento económico; recuerda el descenso medio anual del crecimiento del 1,6 % en la UE-27 (1,3% en la UE-15) entre 2000 y 2006, comparado con el 2,6 % y 2,8 % respectivamente de media entre 1996 y 2000;

3.  Toma nota de la persistencia y en algunos casos el aumento de las disparidades regionales y las desigualdades económicas y sociales entre los Estados miembros y dentro de ellos; señala que actualmente hay países y regiones que presentan divergencias en lugar de convergencias con la media de la UE;

4.  Toma nota de que entre 2000 y 2005 el número de desempleados en la UE aumentó en un millón y que en 2006 había más de 18 millones de personas sin empleo en la UE; toma nota del lento crecimiento medio del empleo que no es suficiente para alcanzar el objetivo del 70 % en 2010; presta especial atención al hecho de que el crecimiento del empleo en la última década se ha debido primordialmente al aumento del trabajo precario, donde el trabajo a tiempo parcial supone más de la mitad del aumento general;

5.  Toma nota con preocupación de que las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral siguen siendo importantes, dado que la tasa de desempleo femenino sigue siendo inaceptablemente alta en comparación con la tasa de desempleo total y masculina; considera inaceptable que desde 2003 no se haya reducido la brecha salarial entre los géneros, que la retribución de la mujer siga siendo por término medio un 15 % inferior a la del hombre (25 % inferior en el sector privado, 30% en la industria) y que la igualdad de género en las carreras no sea aún una realidad;

6.  Subraya que el desempleo juvenil sigue siendo un problema grave, cuya tasa se sitúa actualmente en torno al 18 %, y que en los últimos 25 años no se ha producido un avance real en la reducción del empleo juvenil; toma nota de la evaluación de la Comisión de diez años de estrategia europea en materia de empleo en la que declara que los jóvenes tienen más del doble de probabilidades de estar desempleados que las personas de mediana edad;

7.  Señala que las desigualdades de renta se han acentuado desde 2000, en la medida en que la relación entre el 20 % más rico de la población y el 20 % más pobre ha aumentado de 4,5 a 4,8 veces en 2006, reflejándose un aumento sustancial en la concentración de la riqueza dentro de la UE;

8.  Considera inaceptable que sigan aumentando las desigualdades sociales y la pobreza en la UE, donde 78 millones de personas viven en la pobreza o en el riesgo de la misma, viéndose especialmente afectados las mujeres y los niños; subraya que la pobreza de personas que trabajan constituye un tercio del riesgo global de pobreza en la UE;

9.  Señala que la inversión en investigación y desarrollo en términos de porcentaje del PIB permaneció estancada entre 2000 y 2005, situándose en el 1,9 % en 2005 en la UE-15 y en el 1,4 % en la UE-25, lejos del objetivo de la UE del 3% del PIB para 2010;

Estrategia de Lisboa - La paradoja entre los objetivos proclamados y sus políticas neoliberales

10.  Llama la atención sobre la paradoja existente entre los denominados «Objetivos de Lisboa» - de convertir a Europa en «la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social»- y sus políticas neoliberales;

11.  Lamenta que la Comisión, en su Comunicación sobre el Consejo de Primavera de 2008, no se haya referido a las profundas consecuencias sociales y económicas de ocho años de Estrategia de Lisboa;

12.  Lamenta que la Comisión, por el contrario, insista en profundizar su programa neoliberal mediante ulteriores liberalizaciones y aumento de la precariedad, y fomente la «externalización» de la Agenda de Lisboa;

13.  Observa que, desde 2000, la UE ha sufrido una disminución del crecimiento de la economía y el empleo, la transferencia de los beneficios derivados de la productividad de los trabajadores a los empresarios y la persistencia de elevadas tasas de desempleo, pobreza, exclusión social, precariedad del empleo y desigualdad de las rentas;

14.  Confirma que la Estrategia de Lisboa definida por el Consejo Europeo de marzo de 2000 —y respaldada sin reservas por las principales organizaciones europeas de empresarios— ha sido el principal instrumento de la Unión para fomentar la liberalización y la privatización de las empresas de servicio público, la flexibilidad y adaptabilidad de los mercados laborales, la moderación salarial y la apertura a los intereses privados de una buena parte de la seguridad social, incluidos los sistemas de pensiones y de la salud;

15.  Lamenta que la llamada «reactivación» de la Estrategia de Lisboa en 2005 haya acentuado todavía más el contenido neoliberal y recuerda que dicho contenido se tradujo en la aplicación por todos los Estados miembros de Programas Nacionales de Reforma concretos, poniendo en peligro la dimensión social y haciendo caso omiso de los problemas económicos, sociales y ambientales que afrontan los diferentes Estados miembros de la UE;

16.  Destaca que el Programa Comunitario de Lisboa y los Programas Nacionales de Reforma en el marco de la Estrategia revisada de Lisboa son instrumentos que sirven de coartada nacional para imponer las mismas reformas estructurales en todos los Estados miembros, en particular por lo que se refiere al mercado laboral y en materia de seguridad social, y advierte que dichas reformas tendrán graves consecuencias económicas y sociales, cuyo efecto empeorará como consecuencia de la aplicación de las directrices integradas y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; considera que estas reformas pondrán en peligro los derechos de los trabajadores, los pensionistas, los usuarios de servicios públicos y los consumidores;

17.  Subraya que el actual proceso de liberalización de los mercados y privatización de los servicios públicos no ha aportado ningún beneficio visible en términos de precios, calidad de los servicios o reducción del gasto público; observa, por el contrario, que las asociaciones de consumidores y usuarios han señalado un incremento de los precios, un descenso del nivel de calidad de los servicios y un aumento del coste del abastecimiento; señala, además, que la liberalización ha contribuido a la destrucción de puestos de trabajo en los sectores afectados y a la creación de monopolios privados que ponen en peligro los derechos de los trabajadores y de los consumidores;

18.  Rechaza, por tanto, la liberalización de los sistemas de transporte público, energía y comunicaciones, en particular el reciente acuerdo sobre la liberalización del transporte internacional de viajeros por ferrocarril y de los servicios postales;

19.  Destaca la importancia de los servicios públicos para la promoción de la cohesión territorial, económica y social en la UE; subraya que los sectores estructurales públicos no deben estar abiertos a la competencia sino que deben estar en manos de la administración pública y ser gestionados por ella, como único modo de garantizar la calidad, disponibilidad y asequibilidad del servicio prestado y garantizar así los derechos de los usuarios;

20.  Subraya que la estrategia europea en materia de empleo ha proporcionado los instrumentos para la desregulación del mercado laboral, la transición del empleo estable al precario y la debilitación de los derechos de los trabajadores y de las negociaciones colectivas en la medida en que promueve la empleabilidad y adaptabilidad de los trabajadores;

21.  Considera que las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TdJ) en los casos Vaxholm-Laval y Viking Line muestra a dónde conduce la orientación de los actuales Tratados, que sigue vigente en el Tratado de Lisboa; lamenta profundamente que el TdJ haya dado prioridad a las normas de competencia en la UE sobre todo lo demás, legitimando el dumping social y socavando los derechos de los trabajadores;

22.  Rechaza enérgicamente el nuevo concepto de «flexiguridad» y el intento de convertirlo en el enfoque fundamental del nuevo ciclo de tres años de la estrategia europea en materia de empleo y de las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo;

23.  Considera que este concepto promueve la liberalización del despido, la adaptación del trabajo (y de los salarios) al ciclo económico, derivando hacia los servicios públicos de empleo de los Estados miembros los costes de reciclaje profesional y rotación, la desregulación de los contratos laborales, poniendo en peligro la cohesión social y la calidad del trabajo; advierte que detrás de esta estrategia se oculta el propósito de revisar los regímenes de retribución por desempleo para reducir las retribuciones y su duración;

24.  Llama la atención sobre la tasa de abandono escolar, que sigue siendo alta, en particular en algunos Estados miembros;

25.  Considera que para convertir a la UE en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo es necesario romper con las actuales políticas de educación y formación, que vinculan las inversiones en I+D y enseñanza a los caprichos del mercado libre, justificando así la comercialización del conocimiento, la educación y la investigación (proceso de Bolonia);

26.  Considera que la política monetaria y fiscal de la UE ha tenido un carácter restrictivo, caracterizado por perseguir el objetivo supremo de estabilidad de precios y consolidación presupuestaria de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; destaca que el proceso de convergencia nominal hacia el euro tuvo un impacto negativo en el crecimiento económico y el empleo, en la cohesión económica y social, en la convergencia real entre los Estados miembros de la UE y en la inversión pública, comprometiendo la débil recuperación económica y la lucha contra el paro;

27.  Llama la atención sobre la reciente ruptura de los mercados financieros, que afecta profundamente y cada vez más no sólo a los EE.UU. sino también a la UE y a otras economías; subraya el aumento de los riesgos de crisis financieras debido a la desregulación de los mercados de capitales y al aumento de la volatilidad a escala mundial, con un incremento de las actividades «casino» que ponen en peligro permanente a la economía real; rechaza la desregulación prevista en el plan de acción para los servicios financieros que figura en la Estrategia de Lisboa;

28.  Llama la atención sobre las consecuencias de las orientaciones monetarias del Banco Central Europeo y su insistencia en dar prioridad a la estabilidad de precios en un momento en que la Reserva Federal está reduciendo los tipos de interés e incluso el Fondo Monetario Internacional alerta sobre esta situación;

29.  Llama la atención sobre la agenda exterior de la UE que se caracteriza por un comercio exterior y una política de inversión cada vez más agresivos y por una reestructuración neoliberal de las relaciones con los países menos desarrollados;

30.  Se opone enérgicamente a que la UE insista en los denominados Acuerdos Económicos de Asociación con terceros países que imponen la liberalización de sus empresas de servicios públicos y garantizan la apertura de los mercados a las empresas europeas, a fin de superar el estancamiento de las negociaciones de Doha;

31.  Lamenta que la UE haya adoptado un presupuesto para 2008 basado en las prioridades establecidas en la no ratificada «Constitución Europea», presentes ahora en el proyecto de «Tratado de Lisboa», a saber, competición/competitividad, seguridad y militarización, en lugar de asumir los retos sociales, económicos y medioambientales a los que se enfrenta la UE ampliada y sus necesidades de cohesión;

Tiempo de cambio - Una nueva «Estrategia para la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible»

32.  Pide al Consejo que se comprometa a un cambio real y se centre en el bienestar y el nivel de vida de los ciudadanos, la lucha contra la pobreza, el desarrollo de de la cohesión social y económica y la utilización sostenible de los recursos;

33.  Subraya que es necesaria una nueva estrategia que comprometa a Europa en una nueva vía, que no puede ser otra que la que conduzca al pleno empleo, empleos de calidad, mejores salarios, cohesión social y económica y protección social para todos, garantizando los niveles de vida más elevados; una vía que tenga en cuenta las necesidades de desarrollo de cada uno de los Estados miembros, y especialmente de los menos desarrollados, que favorezca una convergencia real y contribuya a reducir las divergencias en el desarrollo entre los Estados miembros, así como los actuales desequilibrios económicos, sociales y regionales;

34.  Pide, por tanto, la sustitución de la Estrategia de Lisboa por una «Estrategia Europea para la Solidaridad y el Desarrollo Sostenible» centrada en los principios mencionados y en una serie de nuevas políticas económicas, sociales y ambientales que fomenten la inversión, a saber:

   viii)   en la protección social, con el fin de erradicar la pobreza y luchar contra la exclusión social,

35.  Insiste en la revocación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en paralelo con el establecimiento de un Pacto de Empleo y Crecimiento que estimule la inversión pública, mejore la eficiencia y fije criterios específicos, económicos, sociales y ambientales adaptados a las necesidades específicas de cada uno de los Estados miembros, esto es, orientadas hacia la reducción del desempleo;

36.  Subraya la necesidad de apoyar el desarrollo de las regiones desfavorecidas, las zonas con desventajas estructurales permanentes, las regiones ultraperiféricas y las zonas afectadas por recientes desindustrializaciones o reestructuraciones industriales, con el fin de fortalecer la cohesión económica y social y la inclusión social de la mujer en esas zonas y regiones;

37.  Subraya la importancia del papel del Estado en la promoción del desarrollo económico, el apoyo a la inversión productiva, la creación de empleos de calidad, el fomento de la exportación, el apoyo a las microempresas y PYME, el sector cooperativo y las familias;

38.  Insiste en que se fortalezca el cometido del Estado en la regulación, participación e intervención en el mercado y en que se mejore el entorno reglamentario, en particular en los mercados financieros;

39.  Pide que se aplique, dentro de la UE, un impuesto sobre los movimientos de capital, dada la creciente volatilidad e inestabilidad de los mercados financieros, el peligro que plantea la especulación a la economía real y la necesidad de obtener nuevas fuentes de ingresos fiscales con vistas a restablecer el equilibrio fiscal así como entre el trabajo y el capital;

40.  Señala el problema de la evasión y erosión fiscal y sus consecuencias sobre la pérdida de ingresos y presupuesto a escala nacional; pide un firme compromiso de los Estados miembros para suprimir los paraísos fiscales y las actividades extraterritoriales dentro de la UE antes de 2010 y pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan seriamente a suprimir los paraísos fiscales y las actividades extraterritoriales a escala mundial;

41.  Llama la atención sobre la creciente dependencia exterior de la UE, una consecuencia directa de la continua política de desindustrialización y relocalización de actividades productivas en terceros países;

42.  Exige una nueva política de inversión industrial que aproveche los recursos naturales y la capacidad productiva de cada Estado miembro;

43.  Reitera su petición de establecer un marco reglamentario a escala de la UE para penalizar la relocalización de empresas tanto dentro como fuera de la UE; considera que la ayuda pública a empresas, a escala nacional y de la UE, debería ir vinculada a compromisos a largo plazo por parte de aquéllas, en términos de desarrollo regional y empleo, y que no debería concederse ayuda alguna que pudiera utilizarse para fomentar las relocalizaciones;

44.  Toma nota de la voluntad de revisar la Directiva 94/45/CE relativa al comité de empresa europeo; pide a la Comisión y al Consejo que tengan debidamente en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2007, en la que se declara la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores en los procesos de reestructuración que afecten a las empresas industriales, la necesidad de garantizar pleno acceso a la información y la posibilidad de intervenir con carácter decisorio durante el proceso, incluido el derecho de voto, y la necesidad de definir los criterios de compensación en favor de los trabajadores en el caso de que la empresa no cumpliera con sus obligaciones contractuales;

45.  Insiste en que la revisión de la estrategia europea en materia de empleo y de las Orientaciones Integradas para el próximo ciclo 2008-2010 no debe basarse en el concepto de «flexiguridad» de la Comisión, sino en la promoción del empleo de calidad; pide a los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo que adopten medidas efectivas con vistas a respetar las normas sociales y garantizar un trabajo digno, asegurando ingresos dignos para los trabajadores, en particular las mujeres, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, la protección social y la libertad sindical, la abolición de toda forma de discriminación entre hombres y mujeres en el trabajo y persiguiendo el ambicioso objetivo de reducir el número de trabajadores pobres en Europa;

46.  Subraya que se necesitan políticas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres (por ejemplo, igualdad de salario, permiso parental, acceso al empleo de calidad) y para crear mejores condiciones para conciliar el empleo y la vida privada, garantizando la independencia económica de las mujeres; señala la necesidad de reforzar las infraestructuras educativas y sociales para jóvenes y mayores por igual, incluidas más (y mejores) instalaciones para el aprendizaje, el cuidado de niños (a precios asequibles), de personas dependientes y de personas mayores; recuerda a los Estados miembros el compromiso que asumieron en la Cumbre de Barcelona de 2002;

47.  Pide a la UE que se comprometa seriamente con la reducción del tiempo de trabajo, sin reducciones salariales, con el fin de crear nuevos empleos y aumentar la productividad; pide por tanto a la Comisión que retire su propuesta de revisar la directiva sobre el tiempo de trabajo; pide a los Estados miembros que coordine sus esfuerzos para reducir gradualmente el tiempo de trabajo hasta 2010 y subraya el objetivo a corto plazo de 35 horas semanales; considera que la reducción del tiempo de trabajo, sin reducciones salariales, debería considerarse un objetivo en sí mismo y una medida de bienestar para la sociedad;

48.  Subraya la necesidad de aumentar el nivel general de educación y cualificaciones de la población; recuerda que una educación pública de calidad es fundamental para el desarrollo y considera que los sistemas de educación y formación profesional deben reforzarse en las diferentes fases de la vida mediante ulteriores inversiones y el acceso a un nivel superior de educación accesible a todos;

49.  Pide a los Estados miembros que se centren prioritariamente en el problema del fracaso escolar en la enseñanza primaria y secundaria; considera que la tasa de fracaso escolar en la UE es inaceptablemente elevada; pide al Consejo Europeo de Primavera que mejore sus anteriores compromisos de reducir esta tasa a la mitad para 2010;

50.  Subraya la importancia de la investigación básica y aplicada financiada con fondos públicos para promover la innovación y fomentar la I+D, con el fin de llevar a cabo una política global de desarrollo sostenible y contribuir al bienestar y a la creación de empleo; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en una política que incentive la innovación y la I+D en las PYME;

51.  Subraya que la sostenibilidad ecológica y social debe ser el centro de los programas de inversión pública de la UE y de los Estados miembros; considera que debe atribuirse mayor atención a la mejora de las medidas de eficiencia energética, uso de fuentes de energía renovables y fomento de las tecnologías de cogeneración; reclama un programa comunitario de apoyo a las medidas para mejorar la eficiencia energética en los Estados miembros y reducir así el consumo de energía;

52.  Lamenta que la respuesta de la UE al cambio climático y a la penuria energética se limite en general a la cuestión de si los Estados miembros han abierto o no «adecuadamente» sus mercados energéticos;

53.  Reclama una política de inversión en redes públicas de transporte eficientes que inviten a su uso con el fin de lograr un mayor ahorro energético y mejor calidad ambiental;

54.  Subraya la urgencia de adoptar medidas eficientes de transporte con arreglo al principio de sostenibilidad y promoción de las inversiones en unas modalidades de transporte más ecológicas;

55.  Insiste en que las relaciones exteriores deben basarse en el principio de «no interferencia», promoviendo ulteriores acciones para sostener la cooperación y el desarrollo con terceros países;

56.  Insiste en que la UE debe revisar a fondo su estrategia comercial global, agresiva y neoliberal, y orientarse hacia una agenda comercial solidaria que respete las características de cada país, las necesidades complementarias y la soberanía productiva; subraya que los objetivos contradictorios de sus políticas de comercio exterior y desarrollo deberían superarse teniendo explícitamente en cuenta para ello las repercusiones ecológicas, sociales y especialmente de género de las políticas comerciales en los países en desarrollo;

57.  Considera que las actuales evaluaciones sobre costes/beneficios o sobre «competitividad», tal como se propone en la iniciativa «legislar mejor», están enfocadas hacia los intereses empresariales y tienen como meta principal, por una parte, la retirada de toda legislación que ponga en peligro la competencia o los beneficios empresariales y, por otra, el fomento de la desregulación; considera que las evaluaciones de impacto no deberían poner en tela de juicio los objetivos iniciales de la legislación propuesta o adoptada, en particular en los ámbitos de la protección laboral y de los derechos sociales, ambientales y del consumidor;

58.  Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad de revisión del presupuesto 2008-2009, prevista en el Acuerdo interinstitucional, para aumentar sustancialmente los importes de la política de cohesión y reducir así las disparidades regionales, promover la cohesión económica y social y la convergencia real, reforzando el carácter redistributivo del presupuesto comunitario;

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59.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.