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B6-0560/2008

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PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

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PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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20 de octubre de 2008
PE413.372
 
B6‑0560/2008
tras el informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 103, apartado 2, del Reglamento
por Daniel Cohn-Bendit y Monica Frassoni
en nombre del Grupo Verts/ALE
sobre el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008 
B6‑0560/2008

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008,

–  Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que muchos de los problemas evidenciados por la crisis se deben a la complejidad y a la creciente opacidad de los instrumentos financieros,

B.  Considerando que la innovación financiera ha resultado perjudicial para la estabilidad financiera, dado que la creación de instrumentos financieros complejos que permiten a los bancos descargar los riesgos ha provocado que se preste una menor atención a los activos subyacentes y a los indicadores fundamentales de la economía real,

C.  Considerando que los sistemas de remuneración de los directivos de las instituciones financieras son una de las causas profundas de la crisis actual, ya que han contribuido a un enfoque centrado en el riesgo y en los beneficios a corto plazo,

D.  Considerando que el papel de las agencias de calificación crediticia es evaluar correctamente los riesgos asociados a unos nuevos productos financieros cada vez más complejos, y que productos tóxicos como las hipotecas basura recibieron puntuaciones altas, que implicaban erróneamente bajos riesgos para los inversores, las empresas financieras y otros usuarios,

E.  Considerando que la desregulación de los mercados financieros ha permitido el desarrollo de nuevos productos financieros que no guardan relación alguna con la realidad económica, y que, en consecuencia, la acumulación de riesgos reales (tales como el aumento de la pobreza de los prestatarios y la crisis energético-climática) ha sido ocultada y la crisis financiera se ha convertido en recesión, con consecuencias dramáticas para el ciudadano medio y las pequeñas y medianas empresas, que deben hacer frente a la penuria de créditos,

F.  Considerando que la UE debe dar ejemplo por lo que respecta a promover las inversiones a largo plazo, especialmente para lograr los objetivos del paquete sobre la energía y el cambio climático,

G.  Considerando que el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa-Gotemburgo y el paquete sobre la energía y el cambio climático requieren inversiones a largo plazo, y que el papel del Banco Europeo de Inversiones debe ampliarse más a este respecto, en asociación con el BCE, que ha desarrollado una práctica de devolución durante la actual crisis financiera,

H.  Considerando que la recapitalización de los bancos requiere financiación pública, y que las medidas adoptadas por el Estado deben estar sujetas a estrictas condiciones por lo que se refiere a la gobernanza, los sistemas de garantía, las estrategias de inversión, unas normas contables realistas, cambios adecuados de los modelos empresariales y un elevado nivel de rendición de cuentas a las autoridades públicas,

I.  Considerando que existe una estrecha interdependencia entre todos los agentes financieros, y que la coexistencia de mercados escasamente regulados o no regulados (como en el caso de los fondos de capital de inversión y los fondos de cobertura), junto con unas instituciones estrictamente reguladas, ha aumentado la inestabilidad financiera,

J.  Considerando que vigilar significa supervisar la totalidad del mercado para reconocer las tendencias preocupantes y obtener información suficiente sobre las transacciones fuera de los mercados organizados,

K.  Considerando que los instrumentos de los países miembros de la UE existentes ya no son adecuados para contener el impacto de la crisis financiera de tal manera que se minimicen los costes colectivos y se evite el riesgo moral, y que siguen faltando un planteamiento europeo en relación con la exposición al riesgo, un organismo europeo de supervisión prudencial y una estructura europea que permita un intercambio rápido de información y una asignación clara de las responsabilidades de supervisión,

Situación económica y financiera

1.  Acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas por el Consejo Europeo destinadas a idear soluciones prácticas y urgentes para hacer frente a la crisis financiera en relación con los depósitos de ahorro o el mercado interbancario; se muestra de acuerdo en que estas medidas eran necesarias para poner freno a la actual crisis financiera y devolver cierta confianza en los mercados financieros, pero subraya, no obstante, que es necesario adoptar otras medidas a medio y largo plazo para contrarrestar los riesgos restantes y evitar una crisis sistémica en el futuro; considera crucial, por ejemplo, que se prohíban de forma permanente determinadas prácticas de mercado, como la venta en descubierto;

2.  Subraya que Europa se enfrenta a la recesión, a una reducción de las inversiones y a un aumento del desempleo debido a la crisis financiera; opina que deben ponerse en marcha investigaciones con el fin de determinar si el actual marco regulador y de supervisión, por muy limitado que sea, ha sido infringido (especialmente en términos de transparencia) y si deben entablarse actuaciones judiciales, si procede;

3.  Deplora la incapacidad de la Comisión (Barroso, Kroes, McCreevy) para prevenir y abordar adecuadamente la crisis financiera, como lo refleja el hecho de que haya promovido de forma sistemática la autorregulación por encima de la reglamentación;

4.  Manifiesta su profunda preocupación por los efectos de la crisis financiera sobre el compromiso de la UE con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; insta a los Estados miembros y a la Comisión a abstenerse de utilizar la crisis financiera como pretexto para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a la lucha contra el cambio climático y la pobreza; señala, por el contrario, que deben incrementar sustancialmente sus esfuerzos para proporcionar ayuda al desarrollo en distintos foros o instituciones internacionales (Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, Oxfam, Brot für die Welt, etc.), a fin de hacer frente al impacto de la crisis financiera en las condiciones de vida de las personas;

5.  Se muestra de acuerdo con el Consejo Europeo en que es necesaria una reforma verdadera y global del sistema financiero internacional; pide a los Estados miembros que adopten iniciativas rápidas para fortalecer la arquitectura reglamentaria mundial;

6.  Aboga, en la perspectiva de las próximas reuniones sobre la reforma de las instituciones de Bretton Woods, por el refuerzo de la cooperación multilateral con el fin de estabilizar los flujos de capital, incluidos unos requisitos más estrictos en materia de divulgación y una estricta reglamentación de los agentes institucionales que inviertan en alimentos y energía; defiende la creación de normas en materia de presentación de informes de ingresos transparentes por parte de las empresas transnacionales y la aplicación efectiva de impuestos a las mismas; pide que se refuerce la cooperación fiscal en todo el mundo y que se cree una Organización Fiscal Internacional; solicita la creación de un servicio multilateral en el seno del FMI destinado a ayudar a las economías en desarrollo que se enfrentan a un drenaje de capitales a gran escala en el contexto de la crisis financiera mundial, incluido un marco de garantía multilateral, y aboga por una reforma de la gobernanza de las instituciones de Bretton Woods;

7.   Considera fundamental que se introduzca un impuesto especial sobre las transacciones financieras especulativas, tales como el «impuesto Tobin», cuyos ingresos se destinarían a la financiación de objetivos comunes relacionados con el cumplimiento del paquete sobre la energía y el cambio climático o a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen por lograr un acuerdo internacional que comprometa a todos los signatarios a gravar las transacciones financieras con un impuesto semejante;

8.  Considera que el objetivo de evitar las crisis financieras y salvaguardar la estabilidad financiera a largo plazo sólo puede lograrse si los Estados miembros se muestran dispuestos a hacer frente a los problemas creados por los centros financieros extraterritoriales (donde están situados los fondos de cobertura, por ejemplo, por razones fiscales o de escasa regulación); opina, en este sentido, que deben adoptarse medidas firmes para prevenir de manera eficaz el fraude fiscal y la evasión de impuestos, clausurar los paraísos fiscales dentro de la UE y ejercer presión sobre los situados fuera de la UE, y aboga por el fortalecimiento de la directiva sobre los impuestos y el ahorro de manera que cubra a las personas jurídicas y todas las fuentes de rentas del capital;

9.  Opina que es necesario un «New Deal» para relanzar la economía real; subraya a este respecto la necesidad de que se tomen medidas concertadas a escala europea, sobre todo por lo que se refiere a una estrategia de inversión para alcanzar la eficiencia energética y los objetivos de reducción de las emisiones de CO2; considera que el Banco Europeo de Inversiones debería tener un papel reforzado a fin de que pueda contribuir a estos objetivos; acoge con satisfacción, en este contexto, la decisión del BEI de movilizar 30 000 millones de euros para apoyar a las PYME europeas, así como su compromiso de intensificar su capacidad para intervenir en proyectos de infraestructura sostenible; subraya que millones de pequeños proyectos, como el aislamiento de viviendas y la instalación de dispositivos con cero emisiones de carbono, constituyen la forma más rentable en términos de coste y de creación de empleo de un New Deal ecológico;

10.  Subraya el papel de los inversores a largo plazo para financiar la Estrategia de Lisboa-Gotemburgo; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que presenten iniciativas para alentar a los bancos y a las instituciones financieras a aplicar estrategias a largo plazo, así como a tomar medidas para reorientar la liquidez hacia inversiones a más largo plazo;

11.  Manifiesta su preocupación por las diferencias existentes entre las transacciones en mostrador y los mercados organizados, o entre las entidades reguladas y las no reguladas; invita a los Estados Miembros a repensar completamente el funcionamiento del actual sistema financiero si están realmente dispuestos a recuperar la confianza en los mercados financieros, a hacer frente a la crisis financiera a nivel mundial, lo que implica reconocer la interdependencia de las economías nacionales, y a cerrar la brecha entre las entidades reguladas y las no reguladas, con el fin de lograr la igualdad de condiciones para todos los agentes financieros;

12.  Opina que el aumento de la transparencia de los mercados no regulados es uno de los principales problemas que deben ser abordados con el fin de evitar nuevas crisis financieras sistémicas; e insta a los Estados miembros y a la Comisión a abordar estas cuestiones de manera eficaz y a tomar las medidas necesarias con rapidez;

13.  Insta en este contexto a la Comisión a que presente una propuesta legislativa sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital de inversión; reitera su convicción de que dicha legislación debe tener por objeto, entre otras cosas, la creación de un marco comunitario para el registro y la autorización de los fondos de cobertura y los administradores de los fondos de cobertura, así como el establecimiento de un registro de la UE para productos estructurados;

14.  Subraya que la crisis pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia de los productos financieros complejos; observa a este respecto que la titulización, que fue concebida como una herramienta para reducir los riesgos, ha conseguido, por el contrario, propagar de forma arbitraria los riesgos crediticios en todo el sistema financiero;

15.  Apoya la decisión del Consejo Europeo de acelerar los trabajos relacionados con la Directiva sobre exigencias de capital; considera fundamental que todas las entidades o actividades con el mismo potencial para crear riesgos sistémicos estén sujetas a las mismas normas prudenciales; hace hincapié en que la propuesta de la Comisión relativa a las exigencias de capital debe exigir que los autores posean una parte de préstamos titulizados en sus balances; considera asimismo fundamental que se exija a los bancos que gestionen racionalmente y den parte de todo compromiso no contabilizado en el balance;

16.  Acoge con satisfacción las decisiones del Consejo Europeo en lo que respecta a los sistema de remuneración de los ejecutivos de empresa; comparte la opinión de que deberían estar en consonancia con la contribución real de los ejecutivos al éxito de la empresa, y no alentarles a tomar riesgos desacertados; insta a la Comisión a presentar a la mayor brevedad una iniciativa legislativa al respecto, con objeto de garantizar que las instituciones financieras revelen sus políticas de retribución, en particular la remuneración y los paquetes de compensación de los miembros del consejo de administración, y que los supervisores prudenciales incluyan en su evaluación de la gestión del riesgo la influencia de la remuneración, los regímenes de bonificación y la fiscalidad, de manera que no fomenten la asunción de riesgos extremos;

17.  Señala que las agencias de calificación crediticia son en parte responsables de la crisis; acoge favorablemente el llamamiento del Consejo Europeo en favor de que se acelere la largamente esperada futura propuesta legislativa de la Comisión destinada a endurecer las normas relativas a las agencias de calificación; a este respecto, considera de la máxima importancia garantizar el registro de las agencias de calificación, fomentar el desarrollo de modelos alternativos y garantizar que las agencias separen sus actividades de calificación de la prestación de otros servicios (como el asesoramiento sobre la estructuración de las transacciones) con respecto a sus compromisos de calificación o a las entidades que califican; opina que la Comisión debería establecer una agencia de calificación crediticia pública e independiente de la UE, a fin de mejorar la transparencia en este sector;

18.  Aprueba la decisión del Consejo Europeo de permitir una mayor flexibilidad en la aplicación de normas de valor razonable, dada la actual situación excepcional del mercado; señala, no obstante, que es necesario abordar en el futuro la sucesión de deficiencias relativas a la manera en que los diferentes sistemas contables establecen el valor de los activos en los balances bancarios y afrontar, de forma más general, la cuestión de la volatilidad de los mercados creada por el actual sistema de «valor razonable»;

19.  Lamenta que las decisiones del Consejo relacionadas con el refuerzo de la supervisión del sector financiero europeo, en particular los grupos transfronterizos, disten de ser suficientes para responder a los retos planteados por los actuales riesgos financieros sistémicos;

20.  Señala, a este respecto, que el hecho de que la supervisión financiera no haya ido a la par con la integración de los mercados ha sido un factor agravante de la extensión de la crisis, ya que las autoridades nacionales de control no pudieron disponer de una visión europea de los riesgos creados por estas complejas innovaciones financieras;

21.  Reitera, por tanto, su convicción de que es necesario crear un órgano de supervisión de la UE que cubra las transacciones financieras transeuropeas; señala que dicha autoridad de supervisión de la UE debería poder recabar y analizar la información tanto microprudencial como macroprudencial con los bancos centrales, y debería actuar como una fuerza de reacción rápida en situaciones de crisis que tengan un impacto sistémico en la UE;

22.  Señala que, en vista de las actuales circunstancias excepcionales, cierta flexibilidad es necesaria en la aplicación de la política de ayudas estatales, pero insiste en la necesidad de que se modifiquen los incentivos para las grandes instituciones financieras con riesgos sistémicos potenciales, teniendo en cuenta que, si son «demasiado grandes para fracasar», se les anima a maximizar los riesgos que toman;

23.  Cuestiona el papel desempeñado por la Comisión para evitar el crecimiento de grandes instituciones financieras con riesgos sistémicos; en lo que respecta a las ayudas estatales, considera esencial que se apliquen normas oportunas sobre el comportamiento de los beneficiarios que eviten cualquier abuso de las ayudas estatales, como la expansión y unas estrategias agresivas de mercado, en particular de cara a instituciones más pequeñas, al hilo de las garantías estatales;

24.  Subraya asimismo que es necesaria una adecuada contribución del sector privado, como contrapartida a la introducción del sistema de garantía del Estado; opina que la Comisión debería consultarle sobre la aplicación de estos principios;

Tratado de Lisboa

25.  Reconoce que hay una creciente desconfianza de los ciudadanos europeos hacia la Unión Europea, pero reitera, no obstante, que el Tratado de Lisboa contiene los elementos necesarios para superar esa desconfianza mediante el fortalecimiento de la democracia parlamentaria, la transparencia y el Estado de derecho, la consagración de los derechos fundamentales, el desarrollo de la ciudadanía y la mejora de la capacidad de la Unión ampliada para actuar con eficacia dentro y fuera de la UE; reconoce, sin embargo, que la crisis financiera ha puesto de manifiesto que los instrumentos comunitarios en el ámbito de la política económica y financiera son inadecuados;

26.  Aplaude el análisis detallado por parte del Gobierno irlandés de las causas del resultado negativo del referéndum, pero se muestra preocupado por la demora; insta al Gobierno irlandés a realizar todos los esfuerzos posibles para presentar una propuesta concreta que establezca las condiciones con arreglo a las cuales el proceso de ratificación podría reanudarse a tiempo para permitir la entrada en vigor del Tratado de Lisboa antes de las elecciones europeas de 2009;

27.  Pide a las autoridades responsables de Suecia y de la República Checa que completen sus respectivos procesos de ratificación antes de que finalice el año en curso;

Energía y cambio climático

28.  Está convencido de que la justificación económica para que se haga frente al cambio climático es clara y de que cada paso para demorar las medidas necesarias provocará, en última instancia, mayores costes; considera, asimismo, que la mejora de la eficiencia energética y la transición hacia fuentes de energía renovable y una economía favorable al medio ambiente contribuirán a ahorrar dinero y a reducir nuestra dependencia de las importaciones de energía, y tendrá un efecto favorable para la creación de empleo en Europa en este momento crítico;

29.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en el seno del Parlamento y el consenso alcanzado sobre el inicio de las negociaciones con vistas a lograr un acuerdo en primera lectura con el Consejo antes del final de la actual legislatura;

30.  Condena enérgicamente la tentativa del Consejo Europeo de secuestrar el paquete sobre la energía y el cambio climático, al sacarlo del ámbito del procedimiento normal de codecisión y someterlo a la regla de unanimidad en el seno del Consejo; se muestra preocupado por el hecho de que esto pueda socavar seriamente la integridad del paquete y poner en peligro los esfuerzos de la UE para dar impulso a un futuro acuerdo internacional sobre el clima;

Seguridad energética

31.  Reconoce que la UE importa en este momento el 82,5 % de su petróleo y que, si la UE dejara inmediatamente de importar crudo, las actuales reservas de los Estados miembros durarían 15 meses;

32.  Reconoce que aproximadamente el 70 % del petróleo consumido en Europa es utilizado por el sector del transporte, mientras que los edificios utilizan un 20 % y el 10 % restante se utiliza como materia prima; señala que la Comisión espera que la demanda de energía en el sector del transporte crezca como mínimo en un 30 % hasta 2030, con un aumento anual inaceptable de hasta un 5 % para el transporte aéreo, lo que aumenta las emisiones de CO2 y la dependencia de la energía importada;

33.  Subraya que son esenciales avances en el sector del transporte para reducir la dependencia del petróleo y mejorar el medio ambiente, y deplora el hecho de que el Consejo Europeo no haya apenas abordado la cuestión de la dependencia del petróleo y no haya abordado en absoluto el sector del transporte;

34.  Confía en que unos avances sustanciales en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables aumenten la seguridad energética, frenen el aumento proyectado de los precios de la energía y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero; insta a la Comisión a reconocer el ahorro de energía, la eficiencia energética y las energías renovables como las medidas clave necesarias para alcanzar los objetivos climáticos de la UE, aumentando al mismo tiempo la seguridad del abastecimiento en la UE;

35.  Considera que un objetivo de mejora de la eficiencia energética de más del 20 % a más tardar en 2020, como ya se acordó en el Consejo Europeo de marzo de 2007, es totalmente viable tanto desde el punto de vista técnico como económico; deplora, por lo tanto, que el Consejo Europeo no haya hecho obligatorio este objetivo;

36.  Invita una vez más a la UE a tomar medidas concretas para que su economía sea menos dependiente de los combustibles fósiles y más eficiente desde el punto de vista energético a más tardar en 2020; insta, por consiguiente, a la UE y a sus Estados miembros a que inviertan con carácter urgente y de forma masiva en medidas para el ahorro de energía y la eficiencia energética y en el desarrollo de proyectos conjuntos de la UE en materia de energía renovable, que no sólo pueden garantizar la seguridad del suministro de la UE, sino que también pueden crear un vínculo entre este objetivo y el objetivo de Lisboa (desarrollo económico y social) y el objetivo de Gotemburgo (medio ambiente);

37.  Invita además a la Comisión a poner en marcha en el marco de la segunda Revisión Estratégica del Sector de la Energía un vasto programa de eficiencia energética, incluida una serie de nuevas iniciativas pertinentes, como una revisión de la actual Directiva sobre edificios, una nueva iniciativa sobre cogeneración y nuevos instrumentos presupuestarios para las inversiones en ahorro de energía y eficiencia energética; destaca que el ahorro de energía, la eficiencia energética y el uso de energías renovables ofrecen la mayor, así como la más barata, oportunidad para reducir las emisiones de CO2, aumentando al mismo tiempo la independencia geopolítica de la UE; reitera que sólo a través de esas medidas puede la UE ofrecer ayuda concreta a largo plazo a sus ciudadanos y empresas en su lucha contra el aumento de los precios de la energía;

Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo

38.  Lamenta que el Pacto sobre Inmigración y Asilo se centre en el control de las fronteras en lugar de dar prioridad a los medios de migración legal; señala que un planteamiento centrado en los controles en las fronteras y en el retorno sistemático de los inmigrantes ilegales constituye una barrera para el acceso al asilo y la reunificación familiar;

39.  Si bien acepta la propuesta de Tarjeta Azul como un primer paso hacia un programa de migración más abierto, rechaza cualquier jerarquía de los derechos de los trabajadores migrantes; invita, a este respecto, a los Estados miembros a ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;

40.  Pide que el mandato de FRONTEX incluya explícitamente la obligación de cumplir las normas internacionales de derechos humanos y su deber hacia los solicitantes de asilo, a saber, en relación con las operaciones de FRONTEX en alta mar;

41.  Confía en una revisión ambiciosa de las directivas europeas en materia de asilo, seguida de su aplicación efectiva, incluida una revisión a fondo del Reglamento Dublín II;

Seguimiento de la crisis georgiana

42.  Deplora el hecho de que las conversaciones internacionales sobre las disposiciones en materia de seguridad y estabilidad en Abjazia y Osetia del Sur (establecidas en el plan de seis puntos de 12 de agosto de 2008) que se iniciaron en Ginebra el 15 de octubre de 2008 estuvieran marcadas por diferencias en cuanto al procedimiento que impidieron que las partes trataran a fondo y cara a cara los puntos del orden del día;

43.  Destaca la urgente necesidad de que se resuelva el problema de las personas desplazadas y, en particular, aboga por el pronto regreso, en condiciones de seguridad y dignidad, de todos los habitantes del desfiladero de Kodori, en Abjazia, y de la región de Akhalgori, en Osetia del Sur;

44.  Espera con interés las conclusiones de la Conferencia Internacional de Donantes sobre Georgia, que se celebrará el 22 de octubre de 2008; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de proporcionar un firme apoyo político, financiero y práctico a Georgia; pide a la Comisión que presente y dé rápido seguimiento a unas medidas encaminadas a la rehabilitación y la recuperación de las zonas de conflicto y a intensificar la asistencia humanitaria con objeto de reasentar y proporcionar una vivienda antes del invierno a las personas afectadas por la guerra;

45.  Acoge con satisfacción el despliegue de observadores de la UE en las zonas tampón, una medida que refuerza el papel y las responsabilidades de la UE en la región y allana el camino para la ulterior profundización de las relaciones con Georgia; y pide a las autoridades de facto de Abjazia y de Osetia del Sur y a la Federación de Rusia que permitan que se lleven a cabo operaciones de observación de la UE en los territorios secesionistas;

46.  Pide al Consejo y a la Comisión que dejen claro al Presidente ruso en la próxima cumbre UE-Rusia que tendrá lugar el 14 de noviembre de 2008 que no es posible una asociación estratégica con países que no respetan el derecho internacional y violan la integridad territorial de sus vecinos;

47.  Pide a la Comisión que haga de la democracia y del respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho parte integrante del futuro acuerdo de asociación y cooperación con la Federación de Rusia, con un mecanismo claro para aplicar la cláusula de suspensión;

48.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

Última actualización: 21 de octubre de 2008Aviso jurídico