Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

  • bg - български
  • es - español (Selected)
  • cs - čeština
  • da - dansk
  • de - Deutsch
  • et - eesti keel
  • el - ελληνικά
  • en - English
  • fr - français
  • hr - hrvatski
  • it - italiano
  • lv - latviešu valoda
  • lt - lietuvių kalba
  • hu - magyar
  • mt - Malti
  • nl - Nederlands
  • pl - polski
  • pt - português
  • ro - română
  • sk - slovenčina
  • sl - slovenščina
  • fi - suomi
  • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

Procedure : 2009/2605(RSP)
Document stages in plenary
Document selected : B6-0281/2009

Texts tabled :

B6-0281/2009

Debates :

PV 07/05/2009 - 13.3
CRE 07/05/2009 - 13.3

Votes :

PV 07/05/2009 - 14.3
CRE 07/05/2009 - 14.3

Texts adopted :

P6_TA(2009)0393

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 93kWORD 44k
Véase también la propuesta de resolución común RC-B6-0273/2009
5 de mayo de 2009
PE423.197
 
B6‑0281/2009
con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Henri Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis, Toomas Savi
en nombre del Grupo ALDE
sobre Venezuela, el caso de Manuel Rosales
Nota.- Esta propuesta de resolución sólo está disponible en la lengua de su versión original.

Resolución del Parlamento Europeo sobre Venezuela, el caso de Manuel Rosales 
B6‑0281/2009

El Parlamento Europeo,

-Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela, y particularmente sus resoluciones de 24 de mayo de 2007 sobre el caso de RCTV y de 23 de Octubre de 2008 sobre las inhabilitaciones políticas;

-Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento;

A.  Considerando la tensa situación política que se vive en Venezuela, que viene experimentando en los últimos tiempos una preocupante deriva autoritaria a través del acoso, la amenaza, la intimidación y la persecución política y penal de la oposición, de sus alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente, mediante el cambio de las reglas del juego democrático, la falta absoluta de independencia de los diferentes poderes del estado y el escaso respeto por las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

B.  Considerando el caso del otrora candidato presidencial, ex-gobernador del estado del Zulia y actual alcalde electo democráticamente de la ciudad de Maracaibo, Manuel Rosales, líder opositor, a quien el presidente Chávez, en repetidas ocasiones y públicamente amenazó con meterle preso, circunstancia que ha conducido finalmente a que se iniciara un proceso judicial por corrupción durante la etapa que fue gobernador del estado de Zulia, proceso que por otra parte tiene todos los tintes de significar un claro caso de persecución política sin respeto al debido proceso y las suficientes garantías jurisdiccionales, y que tiene ya de antemano dictada una sentencia condenatoria claramente política;

C.  Considerando que Manuel Rosales ha solicitado como consecuencia de la persecución política que sufre, asilo político en la vecina República del Perú y dicho asilo le ha sido concedido por las autoridades de ese país atendiendo a las consideraciones políticas y humanitarias del caso lo que ha provocado la retirada inmediata por parte de Venezuela de su embajador en Perú;

D.  Considerando que el general retirado Raúl Isaías Baduel, hasta hace no mucho ministro de defensa del presidente Chávez, convertido en opositor, fue detenido a punta de pistola por agentes de la inteligencia militar el pasado 2 de abril, y acusado ahora que es opositor de una presunta sustracción de fondos de las fuerzas armadas durante su gestión como ministro de defensa;

E.  Considerando que el líder opositor y alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma, elegido democráticamente el pasado 23 noviembre no ha podido tomar posesión de su cargo de la alcaldía Mayor de Caracas en el Palacio de Gobierno, dado que las dependencias de la Alcaldía fueron ocupadas ilegalmente por los círculos bolivarianos; considerando que el presidente Chávez ha hecho recientemente aprobar una Ley del Distrito Capital, que afecta directamente a las competencias del alcalde Mayor, nombrándole un superior jerárquico como jefe de gobierno de Caracas, de libre designación por parte del Presidente de la República, del que ha de depender el Alcalde Mayor de Caracas, y del que tomará todas las funciones competenciales como la administración de la hacienda pública y la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo así como la tutela sobre los entes de la administración descentralizada del distrito capital;

F.  Considerando que el alcalde Mayor de Caracas, además de vaciarle prácticamente todas sus funciones competenciales, viene sufriendo una agresiva campaña de acoso, amenazas, insultos e intimidaciones instigada directamente por la presidencia de la república;

G.  Considerando que el pasado mes de marzo, siguiendo órdenes del presidente de la república se produjo la ocupación militar de numerosos puertos y aeropuertos, la mayoría en las regiones donde gobiernan opositores, como resultado de una ley que revertía al Ejecutivo venezolano el manejo de estas instalaciones; Considerando que dicha medida lo que busca es la limitación financiera y el estrangulamiento económico de los adversarios políticos; Considerando que según el artículo 164-10 de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela la administración de puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas es competencia exclusiva de las gobernaciones de los estados en coordinación con la administración Central, y en ningún caso competencia exclusiva de esta última;

H.  Considerando que el presidente de la República se ha venido pronunciando en distintos lugares de manera injuriosa e insultante frente a un importante número de mandatarios extranjeros, y que sin embargo cuando ha sido objeto de críticas en su propio país ha reaccionado decretando la expulsión automática de aquellos extranjeros que osaban criticarle;

I.  Considerando que las autoridades venezolanas consideraron no deseable la presencia de una delegación oficial del Parlamento Europeo que tenía prevista una visita a ese país durante la primera semana del mes de marzo de este año, visita que iba a tener lugar tras numerosos aplazamientos injustificados por parte de las propias autoridades venezolanas,

1-Manifiesta su enorme preocupación por el deterioro de la situación y la calidad de la democracia en Venezuela que se encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al autoritarismo creciente ejercido por el presidente de la República;

2-Manifiesta su solidaridad con todos aquellos que sufren la persecución política en Venezuela, persecución que viene simbolizada hoy día en la persona de Manuel Rosales, y rechaza rotundamente la amenaza, la violencia, el abuso de poder, el insulto y la utilización de la justicia como arma de acción política en aras de amedrentar y eliminar al adversario.

3-Recuerda que en democracia junto a la indudable legitimidad de origen, sustanciada y obtenida en las urnas para acceder al ejercicio del poder, ha de existir igualmente una legitimidad de ejercicio, que ha de venir refrendada por el respeto a las normas de juego dadas, a la Constitución vigente y a las leyes, y al Estado de Derecho como garantía de un funcionamiento plenamente democrático, y que necesariamente ha de incluir el respeto al adversario político pacífico y democrático, tanto más si éste ha sido elegido e investido por el mandato popular.

4-Hace un llamamiento a las autoridades del país, en especial al presidente de la República, para que encamine su acción política por la vía del diálogo, del respeto del estado de Derecho y de la legalidad constitucional, de la tolerancia hacia el adversario político, de manera que tengan cabida y representación adecuada en la vida pública, las diferentes opciones políticas elegidas y deseadas por la sociedad venezolana.

5-  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento de Mercosur y al Gobierno y al Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela

Last updated: 25 August 2009Legal notice