Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B7-0085/2009

Textos presentados :

B7-0085/2009

Debates :

Votaciones :

PV 08/10/2009 - 7.4
CRE 08/10/2009 - 7.4

Textos aprobados :


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 135kDOC 81k
30.9.2009
PE428.689v01-00
 
B7-0085/2009

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre la reunión del G20 que se celebrará en Pittsburgh


Lothar Bisky, Jürgen Klute, Miguel Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la reunión del G20 que se celebrará en Pittsburgh  
B7‑0085/2009

El Parlamento Europeo,

–   Vistas las conclusiones de la reunión del G20 celebrada en Londres los días 2 y 3 de abril de 2009,

–   Visto el Informe, de 25 de febrero de 2009, del Grupo de Alto Nivel de Expertos sobre la supervisión financiera de la UE, presidido por Jacques de Larosière, destinado al Consejo Europeo de primavera de 2009,

–   Vista su Resolución legislativa, de 6 de mayo de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis(1),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Supervisión financiera europea» (COM(2009)252)(2),

–   Vista la propuesta de la Comisión relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (COM(2009)0207)(3),

–   Vistas las conclusiones de la reunión de Ministros de Hacienda del G-20 celebrada en Londres los días 4 y 5 de septiembre 2009,

–   Vista la Declaración de los líderes la reunión de Pittsburgh, 24 y 25 de septiembre de 2009,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el mundo está sufriendo una recesión grave y profunda y que aún no está claro si se convertirá en una depresión comparable a la pesadilla de los años treinta del siglo pasado,

B.  Considerando que la recesión actual es la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial y que, de acuerdo con las previsiones de la OCDE, ha provocado una contracción brutal de las economías de los países del Grupo de los Siete (G-7) de un 3,7 % del PIB este año,

C. Considerando que el hundimiento del sistema financiero ha golpeado a la economía real con problemas como graves pérdidas de empleo, un declive en el nivel de vida, personas que pierden sus hogares, y enormes presiones sobre los regímenes de pensiones y de seguridad social,

D. Considerando que los habitantes de los países más pobres son quienes más están sufriendo; que cientos de millones de personas se ven gravemente afectadas por la pronunciada subida de los precios de los alimentos y se prevé que la recesión lleve este año a más de 50 millones de personas al desempleo; que el Banco Mundial estima que la crisis a sumido a otros 90 millones de personas en la «pobreza extrema», viviendo con menos de 1,25 dólares al día, poniendo así en entredicho la posibilidad de que se logren los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas; subraya que los países desarrollados deben proporcionar muchos más recursos para alcanzar estos objetivos,

E.  Considerando que la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza (beneficios crecientes, declive acusado de la participación del trabajo en la renta nacional) en los últimos treinta años ha sido la principal fuerza motriz que ha impulsado el crecimiento gigantesco de la inversión en los mercados financieros y la aparición de burbujas en los precios de los activos; que las políticas neoliberales de liberalización del mercado financiero y el enfoque cortoplacista del incremento del valor accionarial a toda costa han demostrado responder a un modelo totalmente fallido,

F.  Considerando que la crisis económica y financiera ha venido a refutar de forma convincente la creencia compartida por los dirigentes políticos y empresariales, así como por la mayoría de economistas convencionales, de que «los mercados son quienes mejor juzgan la situación» y de que la libre interacción de las fuerzas del mercado garantiza la eficiencia y la eficacia en la asignación de recursos,

G.  Considerando que se ha puesto de manifiesto que la crisis financiera y la contracción de la «economía real», junto con otros factores estructurales (entre otros, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente, la crisis alimentaria y energética y el comercio), representan una crisis sistémica del capitalismo contemporáneo,

H. Considerando que los Gobiernos de todo el mundo han concedido enormes cantidades de ayuda a los bancos y a las entidades financieras y que sólo los Estados miembros de la UE han aprobado un total de 363 100 millones de euros (lo que equivale al 3,5 del PIB de la UE) en medidas de ayuda o garantías estatales; que dichas políticas han tenido como resultado una socialización de las pérdidas de los sectores financieros en lugar de adoptar medidas con vistas a una nacionalización sostenible de los activos bancarios sanos,

I.   Considerando que la actual crisis pone de manifiesto la necesidad de combinar los poderes económicos y políticos del mundo entero para hacer frente a la crisis mediante políticas fiscales coordinadas, así como de poner límites a los mercados financieros; que los países más desarrollados, en particular los EE.UU., Japón y la UE, ya no pueden resolver por sí mismos los problemas,

 

Un nuevo orden financiero

1.  Señala que la reunión confirmó la legitimidad del estatuto del G20 como el más alto mecanismo de coordinación de las cuestiones económicas mundiales; señala que ello significa que el G20 suplanta a las instituciones del G7 y del G8 dominadas por las economías ricas; considera que esto simboliza el hecho de que las naciones industriales más ricas ya no pueden gobernar por sí solas la economía mundial; subraya que ello supone el reconocimiento de que el más limitado G8 está definitivamente anticuado, ya que excluía a las economías emergentes de China, India, Sudáfrica, México y Brasil;

2.  Subraya, no obstante, que incluso el G20 es sólo parte de la economía global; insiste, por consiguiente, en la importancia del papel de las Naciones Unidas para abordar la crisis económica, especialmente para tratar las urgentes exigencias de los países más pobres del mundo;

3.  Lamenta que los Estados miembros del G20 no alcanzasen el objetivo proclamado por ellos mismos en la reunión de abril de 2009 en Londres de adoptar de inmediato medidas firmes para establecer normas para un «nuevo orden económico mundial»; considera que se necesita urgentemente un polo bancario y financiero de propiedad pública para canalizar el crédito hacia inversiones útiles desde el punto de vista social y medioambiental que creen empleo de calidad que respete los derechos de los trabajadores; considera que la toma de decisiones sobre políticas crediticias del sector financiero debe someterse a un control público democrático y prever la participación democrática de trabajadores y consumidores;

4.  Critica que todavía no se haya establecido la arquitectura de este nuevo orden; lamenta además que las normas de regulación financiera varían en gran medida entre diferentes jurisdiciones; critica firmemente la posición, tan extendida entre los políticos europeos y estadounidenses, de que una regulación financiera más amplia y más estricta no haría sino perturbar o perjudicar a los «mercados»;

5.  Apoya la iniciativa de algunos dirigentes de países del G20 relativa a una definición clara de las primas que se pagan a los banqueros y a la aplicación de restricciones a los sueldos excesivos; destaca que es de imperiosa necesidad poner freno a las primas destinadas a banqueros que ya están muy bien pagados; critica que la Declaración de los dirigentes de la reunión del G20 no menciona límites directos a las retribuciones y que la reunión no haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre las retribuciones de los ejecutivos; lamenta que el Grupo sólo haya alcanzado un consenso sobre el «perfil básico» de una propuesta para limitar las compensaciones de los banqueros a finales de año;

6.  Tiene la convicción de que la culpa de la crisis no recae solo en directivos codiciosos del sector financiero, sino en igual medida en los Gobiernos de los EE.UU. y de casi todos los Estados miembros de la Unión Europea y en las instituciones comunitarias, todos los cuales han promovido la liberalización de los mercados financieros; considera que tales «normas vinculantes» vagamente definidas para los pagos de primas se han propuesto para que la opinión pública se tranquilice al ver que se están tomando medidas;

7.  Celebra el acuerdo del Grupo del G20 según el cual se obligará a los bancos a retener una parte determinada de los créditos que reempaquetan y venden como títulos respaldados por activos; critica, no obstante, firmemente que el capital que los bancos mantienen para cubrir posiciones probablemente sólo se duplicará y que las nuevas normas no se aplicarán antes del final de próximo año; lamenta que el G20 desee sólo que el Comité de Basilea elabore normas antes del final del año para «una norma mínima global en materia de liquidez», que es una fórmula muy vagamente designada; señala que una regulación completa sólo puede tener lugar sobre la base de información pública independientemente verificable y no puede basarse en información privada de la entidad regulada; insiste en que la adecuación de capital del primer pilar de Basilea II debe ser revisada radicalmente, ya que la ponderación de riesgo de los activos se basa en parte en modelos internos de los bancos que son modelos privados de éstos;

8.  Destaca la necesidad de reforzar las normas relativas a las agencias de calificación crediticia y de mejorar la supervisión de estas agencias en todo el mundo; señala que es obvio e inevitable el conflicto de intereses que se produce al combinar actividades de calificación crediticia y servicios de asesoría o la venta de otros servicios o productos lucrativos a los clientes que buscan la mejor calificación posible; señala que debido a ello es necesaria la creación de una agencia pública europea de calificación crediticia, a fin de superar los conflictos de intereses que obstaculizan el proceso de calificación;

9.  Opina que el sector financiero debe regresar a su función originaria y operar ante todo persiguiendo el interés público, aceptar beneficios menores y acordar unos sistemas de pago de primas orientados a eludir el riesgo y a realizar objetivos a largo plazo, y no beneficios a corto plazo; señala que el sector financiero de los países industrializados, particularmente en los EE.UU. y en algunos Estados miembros de la UE, es demasiado grande para el bien de la sociedad y debe ser reducido a un tamaño más sano; subraya que esto podría ser apoyado por un impuesto de amplia base sobre las transacciones financieras; lamenta que los dirigentes del G20 sólo otorgaron al FMI responsabilidad para investigar la posibilidad de dicho impuesto sobre las transacciones financieras para contribuir a cubrir los costes de la reciente crisis financiera y contribuir a evitar crisis futuras;

10. Destaca la necesidad de adoptar medidas firmes y coordinadas para erradicar los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales; recuerda a los dirigentes el compromiso que asumieron en la primera reunión del G-20 según el cual, «la era del secreto bancario había terminado»; subraya, por consiguiente, la necesidad de que las empresas transnacionales revelen sus beneficios;

 

Orientar a los mercados, luchar contra la depresión y garantizar los puestos de trabajo y los derechos

11. Señala que todos los indicadores muestran que la crisis no ha terminado; advierte, en este contexto, contra la repetición de los errores cometidos durante la Gran Depresión, en particular la reducción de los salarios; subraya el llamamiento de la OCDE en favor de que los Gobiernos continúen estimulando sus economías mientras el desempleo creciente y la debilidad de los mercados de la vivienda continúen desalentando la demanda privada y en favor de que, por ahora, se mantengan los actuales tipos de interés bajos; destaca la oportunidad que se les presenta ahora de transformar sus economías haciendo inversiones masivas en empleos «verdes» y «blancos» en el ámbito del desarrollo sostenible, los servicios públicos y la asistencia y fomentando los recortes del tiempo de trabajo sin pérdidas de salario, con el fin de luchar contra el desempleo y permitir que los trabajadores puedan conciliar su vida profesional y su vida privada; critica con firmeza el lenguaje neoliberal de la Declaración de los dirigentes respecto a «reforzar la capacidad de nuestros trabajadores a adaptarse a la evolución del mercado»;

12. Subraya, con vistas a la situación en la Unión Europea, su llamamiento a la Comisión y al Consejo para que elaboren un nuevo «Programa Europeo de Inversiones en favor del desarrollo sostenible, el empleo y la inclusión social» dotado con al menos el 1 % del PIB de la UE, que debería tener como complemento programas similares de inversión pública de los Estados miembros;

13. Toma nota de la necesidad, subrayada en la Declaración de los dirigentes del G20, de desarrollar un proceso transparente y creíble para retirar su extraordinario apoyo fiscal, monetario y financiero cuando llegue el momento adecuado para aplicar una estrategia de salida; pide políticas coordinadas a nivel internacional para estabilizar la economía frente a la recesión, contrarrestar el cambio climático, reforzar el desarrollo sostenible desde los puntos de vista ambiental y social, fortalecer los servicios públicos y promover el pleno empleo con puestos de trabajo de calidad y derechos sociales; destaca la necesidad de organizar la coordinación internacional de los planes de recuperación de, al menos, los EE.UU., la UE, China, la India, Brasil, Rusia y Japón con el fin de contrarrestar la disminución de la actividad económica y el empleo, en lugar de dejar que los Estados miembros afronten la crisis por sí solos;

14. Señala que cualquier estrategia de abandono de los programas de estímulo económico deberá basarse en una política de redistribución de riquezas y de ingresos de arriba a abajo; considera que, con vistas reducir los déficits en cuanto se produzca una recuperación firme, debe promoverse una fiscalidad progresiva acorde con el principio de que «las espaldas más fuertes deben soportar las cargas más fuertes», con el fin de asegurar una justicia distributiva con sólidos derechos de los trabajadores, un estado del bienestar fuerte, una expansión de los servicios públicos y una mejora de la cohesión social y territorial;

15. Destaca que los países con ingentes excedentes exportadores tienen que revitalizar sus economías nacionales y reforzar la demanda interna, y que son necesarias políticas coordinadas a nivel mundial para corregir los serios desequilibrios de la economía mundial; subraya que estos desequilibrios son la fuente de las actuales crisis; por consiguiente, acoge con satisfacción el acuerdo del G20 de reformar la arquitectura global mediante un nuevo equilibrio de la economía mundial entre los países deudores y las potencias exportadoras; preconiza que los países con excesivo consumo, como los EE.UU., deben ahorrar más y que los países con grandes superávits, como China y Alemania, deben desarrollar más sus economías internas;

16. Acoge con satisfacción el progreso realizado en el ámbito de la reforma de la gobernanza de las instituciones financieras internacionales, reconociendo la creciente fortaleza de los países en desarrollo; subraya que un cambio de al menos un 5 % de los votos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de un 3 % en el Banco Mundial desde los países sobrerrepresentados hacia los países infrarrepresentados sólo puede considerarse como un primer paso en la dirección correcta; apoya la propuesta de los líderes de Brasil, Rusia y la India de un cambio en el FMI del 7 % de las cuotas en favor de los países en desarrollo; acoge con satisfacción el compromiso del G20 de proteger la parte de votos correspondiente a los más pobres en el FMI; hace un llamamiento a la Presidencia y a la Comisión para que hagan suyos el análisis y las propuestas de reforma elaboradas por el Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional, de las Naciones Unidas, presidido por Joseph Stiglitz;

17. Señala que algunos Estados miembros de Europa central y oriental se verían muy gravemente afectados por la crisis y tropezarían con dificultades para acceder a créditos y nuevas inversiones; critica que estos Estados miembros de la UE son víctimas de programas destructivos de ajuste estructural del FMI y que la ayuda de emergencia de la UE está sujeta a las mismas condiciones; señala que deben prohibirse en Europa los programas antisociales del FMI y que la ayuda financiera de la UE a estos Estados miembros debe vincularse a los principios del Modelo Social Europeo; expresa su preocupación ante la intención del G20 de otorgar al FMI más poder para supervisar las políticas de los Estados miembros y el derecho a realizar una forma de evaluación o revisión entre iguales para asegurar que estos Estados siguen los objetivos del plan;

18. Subraya la necesidad de un Fondo Monetario Europeo (FME) que ofrezca préstamos de emergencia a los Gobiernos que no puedan financiar sus déficits presupuestarios o refinanciar deudas a punto de vencer; por consiguiente, lamenta la intención del G20 de reforzar el FMI con más dinero fresco sin una revisión mucho más radical de los criterios de condicionalidad antisocial que la recientemente realizada por el FMI tras la reunión del G20 celebrada en Londres;

19. Acoge con satisfacción el hecho de que la Declaración reafirma el objetivo, las disposiciones y los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); subraya la necesidad de alcanzar un acuerdo ambicioso en Copenhague mediante las negociaciones de la CMNUCC;

20. Acoge con satisfacción la intención de los países del G20 de reforzar su apoyo a los países emergentes y en desarrollo y su compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, incluidos los compromisos relativos a la Ayuda al Comercio, la condonación de la deuda y los compromisos de Gleneagles, especialmente en relación con el África subsahariana, para el año 2010 y en adelante; pide más ayuda para los países menos desarrollados con el fin de mitigar el impacto social de las crisis;

21. Critica enérgicamente el compromiso de la reunión del G-20 de lograr una conclusión ambiciosa de la Ronda de Doha para el Desarrollo; señala que la Ronda ampliaría un sistema de normas comerciales que dañarían las economías de las naciones en desarrollo e interferirían en el ámbito de la política interior de estos países; pide que se suspendan las negociaciones relativas a la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, así como la liberalización de las inversiones y los servicios, que sirven sólo a los intereses de los países desarrollados, socavan la prestación de servicios públicos y amenazan la estabilidad económica y financiera;

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los dirigentes del G20, al Consejo, al Eurogrupo, a la Comisión, al Banco Central Europeo, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.

(1)

Textos adoptados P6_TA(2009)0397.

(2)

COM(2009)252.

(3)

COM(2009)207.

Última actualización: 21 de mayo de 2010Aviso jurídico