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Ciclo relativo al documento : B7-0357/2010

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B7-0357/2010

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PV 16/06/2010 - 4
CRE 16/06/2010 - 4

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PV 16/06/2010 - 8.13

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 144kDOC 81k
14.6.2010
PE441.939v01-00
 
B7-0357/2010

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre la gobernanza económica de la UE


Lothar Bisky, Nikolaos Chountis, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Wils, en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la gobernanza económica de la UE  
B7‑0357/2010

El Parlamento Europeo,

–   Vistas las Conclusiones de la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo, de 26 de marzo de 2010, sobre Europa 2020 y la gobernanza económica,

 

–   Vista la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, de 7 de mayo de 2010,

 

–   Vistas las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, de los días 9 y 10 de mayo de 2010,

 

–   Vistos los resultados de las reuniones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de los días 18 de mayo y 8 de junio de 2010,

 

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que, a finales de 2009, el Consejo Europeo acordó una «estrategia de salida» e incoó procedimientos de déficit excesivo contra veinte Estados miembros, exigiéndoles que para 2013-2014 a más tardar redujeran sus déficit presupuestarios por debajo del 3 % del PIB; que muchos Estados miembros ya han comenzado a atacar los salarios y han aplicado importantes recortes al gasto público, reduciendo los salarios y las pensiones del sector público, recortando plantillas y privatizando servicios públicos, así como medidas destinadas a aumentar el IVA y las cotizaciones a la seguridad social y a retrasar la edad legal de jubilación,

B.  Considerando que la «estrategia de salida» de la UE y el comportamiento del sector financiero revelan un cinismo muy arraigado, puesto que los elevados déficit y la deuda pública desorbitada se deben principalmente a las medidas adoptadas por los Gobiernos para salvar al sector financiero de los resultados de su propia especulación y de los daños que estaba causando a la economía; que los mercados financieros se revuelven ahora contra los mismos Gobiernos que los rescataron en primer lugar, y que los Gobiernos imponen la carga de reembolsar la deuda pública a los mismos acreedores del sector financiero a la población normal, es decir, trabajadores, jubilados, etc., cuyos puestos de trabajo, salarios y prestaciones y derechos sociales están amenazados,

C. Considerando que, en su evaluación de los programas de estabilidad y convergencia de 24 Estados miembros de la Unión, de 17 y 24 de marzo y 14 de abril de 2010, la Comisión instó a la mayoría de ellos a aplicar recortes más severos del gasto público y más «reformas estructurales»; que la Comisión propone la creación de mecanismos que permitan supervisar de forma aún más estricta el déficit en la planificación presupuestaria a medio plazo de los Estados miembros; que en las Conclusiones del Consejo de Primavera sobre la gobernanza económica también se aboga por el recurso al artículo 136 del TFUE como instrumento para lograr una supervisión presupuestaria más severa y por que la UE se centre «en los desafíos acuciantes de la competitividad y la evolución de la balanza de pagos»,

D. Considerando que la austeridad presupuestaria que preconizan la Comisión y el Consejo, y que la mayoría de los Estados miembros está aplicando, incrementa la presión deflacionista sobre una economía aún frágil y estancada, desmantela los «estabilizadores automáticos», como los sistemas de protección social y la inversión pública, que habían demostrado su eficacia para hacer frente a la contracción, y puede empujar a la economía de nuevo a la recesión, truncando en ese caso cualquier esperanza de lograr una disminución de la deuda pública y la consolidación fiscal,

1.  Hace hincapié en que la estrategia de salida de la UE, sadomonetarista, no permitirá a los Estados miembros lograr la consolidación fiscal, dado que debilitará los estabilizadores automáticos, como la protección social y la inversión pública, reducirá los salarios y provocará a su vez la disminución de la demanda interna y de los ingresos fiscales; señala que la «gobernanza económica de la UE» que propone el Consejo en consonancia con lo anterior conducirá a la regresión social, a una economía aún más debilitada y a la desestabilización de la integración europea y de la democracia;

2.  Insiste en que durante los próximos tres a cinco años se necesitarán mayores incentivos fiscales para luchar contra el estancamiento de la economía y desarrollar una estrategia de acceso a nuevos puestos de trabajo: un Plan de Recuperación Económica de la UE nuevo, más sólido y mejor orientado que integre la igualdad de género en todos sus componentes, que utilice el 1 % del PIB de la UE cada año para invertir en un desarrollo sostenible desde los puntos de vista medioambiental, social y económico, para fomentar la equidad, el pleno empleo con «trabajos dignos», la ecologización de la economía, el bienestar social, la erradicación de la pobreza y la exclusión social y para crear una mayor cohesión social y territorial en toda la UE; destaca que ello debe ir acompañado de medidas similares al nivel de los Estados miembros que deben coordinarse de forma coherente entre ellos y con la acción a nivel de la UE;

 

3.  Señala que la reducción del déficit público y la deuda pública a medio plazo sólo podrá garantizarse con una recuperación enérgica de la economía y un aumento cualitativo de puestos de trabajo dignos y de calidad; destaca que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se aplicó de hecho en 2008 y 2009 para que los Estados miembros pudieran lanzar planes de recuperación; insiste en que no debe aplicarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

 

4.  Sugiere que las inversiones realizadas en el marco del nuevo Plan de Recuperación de la UE y las iniciativas de recuperación de los Estados miembros se orienten hacia el desarrollo sostenible, a saber, el ahorro de energía y las energías renovables, la producción limpia y la prevención de residuos, el desarrollo urbano y la vivienda sostenibles, la agricultura biológica, la pesca sostenible y la conservación de los ecosistemas, la mejora de la eficiencia en el uso del agua y los recursos, la reconversión de la industria armamentística, la ampliación y mejora de los servicios públicos, la educación, la atención sanitaria, los cuidados prolongados y la economía social, el apoyo a la construcción de viviendas sociales y a los sectores de la asistencia y la educación, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, con objeto de promover la creación de puestos de trabajo «verdes» y «blancos» declarados y sostenibles;

 

5.  Propone que una parte de los programas de inversión del Plan de Recuperación se centre especialmente en los sectores industriales más afectados por la crisis con objeto de atender a la necesidad de lograr el pleno empleo con puestos de trabajo dignos: la reconversión del sector del automóvil hacia servicios de transporte sostenibles, la ampliación de las redes ferroviarias y la oferta de servicios ferroviarios regionales de amplia cobertura espacial y completos (Programa «Rail Europe 2025»), el fomento de la construcción naval ecológica y la estabilización de la industria siderúrgica en ese contexto; insiste en que la UE y los Estados miembros deben acompañar esa reconversión con medidas de mantenimiento del empleo, formación, reciclaje y desarrollo de capacidades, así como asegurar la transición laboral para los trabajadores de los sectores industriales afectados;

 

6.  Señala que la UE y los Estados miembros deben aplicar mecanismos que permitan una orientación estatal, específica y controlada democráticamente de la inversión con cargo al nuevo Plan de Recuperación hacia los sectores económicos más afectados por la crisis, los sectores sostenibles de nueva aparición y las regiones desfavorecidas; insiste en que los destinatarios de esas inversiones deben poder involucrarse y participar activamente en el proceso; destaca que toda intervención de los Estados miembros, en forma de ayudas, recapitalización y garantías financieras destinada a empresas en dificultades debe traducirse lógicamente en un aumento de la parte pública en los derechos de voto y en los futuros beneficios y utilizarse para influir en las estrategias de inversión de esas empresas; señala que los Estados miembros deben aplicar medidas para reforzar la democracia económica y modificar la gobernanza de las empresas con el fin de reforzar la posición de los trabajadores, los sindicatos y los consumidores, así como la dimensión social y medioambiental de las decisiones estratégicas de las empresas y los servicios públicos;

 

7.  Considera que los desequilibrios existentes actualmente en la balanza por cuenta corriente en la UE-27, con países con elevados déficit de la balanza por cuenta corriente en el sur y el este de Europa y países con elevados superávit de la balanza por cuenta corriente, como Alemania, Austria y los Países Bajos, deben ser abordados a fondo por la gobernanza económica de la UE; subraya que los países con superávit deben modificar su desarrollo económico para reforzar la demanda interna y su economía nacional; propone la creación de un mecanismo de «unión de compensación» en la UE-27 que obligue a los países con superávit a pagar tipos de interés positivos a los países con déficit, permitiendo así a estos invertir en la modernización de la producción, los servicios y la infraestructura, incrementar la productividad y reducir sus déficit de balanza por cuenta corriente;

 

8.  Hace hincapié en los cálculos de la Comisión sobre el aumento medio de la deuda pública de la UE-27 al 84 % como mínimo en 2011, pese a los esfuerzos de consolidación fiscal realizados por los Estados miembros; señala que los acontecimientos recientes, con la posibilidad de que Grecia no logre evitar la bancarrota, podrían llevar a un supuesto catastrófico en el que otros Estados miembros no puedan reembolsar su deuda, lo que provocaría la desintegración de la zona del euro; considera que debe concebirse urgentemente un «plan B» para responder a esa eventualidad, basado en una combinación de políticas consistente en negociar la condonación y reestructuración de la deuda pública con los bancos y las entidades financieras, así como en medidas más audaces que permitan al BCE tomar iniciativas no convencionales, como ampliar su tesorería y monetarizar la deuda comprando bonos soberanos a través de su instrumento de operaciones estructurales con objeto de evitar el colapso económico;

 

9.  Pide al Consejo que amplíe el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), de manera que sus políticas de préstamos puedan cubrir todo el espectro del nuevo Plan Europeo de Recuperación Económica (por ejemplo, incluyendo una política industrial sostenible);

 

10. Pide al Consejo que cree un bono común de la UE emitido por el Banco Europeo de Inversiones, garantizado colectivamente por los gobiernos de la UE-27 y respaldado por los ingresos fiscales nacionales al tiempo que por la inyección de liquidez del Banco Central Europeo a su tipo de interés del 1 %; señala que el citado bono no debería destinarse únicamente a combatir la especulación financiera y a eliminar los actuales diferenciales de la deuda nacional soberana, sino también, y especialmente, a financiar el nuevo Plan Europeo de Recuperación Económica; señala que no solo los países de la zona del euro, sino también el resto de Estados miembros se beneficiarán de la creación de crédito por medio del bono común de la UE; considera que financiando inversiones a través del BEI en lugar de con empréstitos en los mercados de capital privado, la UE y sus Estados miembros ahorrarían un dinero que podrían utilizar para crear nuevos incentivos a la inversión;

 

11. Destaca que es posible alcanzar un factor multiplicador de empleo e ingresos de entre uno y dos y medio para las citadas inversiones públicas a través del BEI, con la consiguiente perspectiva de que las medidas adoptadas en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica puedan en buena medida autofinanciarse;

 

12. Destaca que cualquier ayuda financiera a los Estados miembros mediante bonos de la UE debe vincularse a los principios del modelo social europeo, mantenerse totalmente alejada de recortes del sector público y de congelaciones salariales deflacionarias y medidas análogas, y secuenciarse en el tiempo de manera que se evite la austeridad presupuestaria procíclica; pide al Consejo que suprima los requisitos de condicionalidad impuestos a Grecia, Lituania, Rumanía y Hungría en el marco de las ayudas de emergencia de la UE y del FMI;

 

13. Pide al Consejo que cree un impuesto general sobre las transacciones financieras (IGTF) a escala de la UE, para frenar la especulación y garantizar que el sector financiero contribuya de manera justa a la recuperación económica y a la refinanciación de la carga fiscal que suponen las operaciones de rescate público; observa que, según estudios recientes, un IGTF del 0,1 % en Europa podría suponer unos ingresos anuales del orden del 2,1 % del PIB (unos 262 000 millones de euros); propone que los ingresos procedentes del citado IGTF se destinen a ayuda al desarrollo, medidas anticrisis y promoción del desarrollo sostenible;

 

14. Destaca que los bancos siguen contando con la garantía implícita pero sólida del rescate público incluso después de las operaciones de rescate y los avales gubernamentales (que totalizan unos 3 billones de euros en Europa), sin que tengan que satisfacer sin embargo precio alguno por ello; pide al Consejo que acuerde un mecanismo para la introducción de tasas de balance sobre los pasivos de los bancos (depósitos excluidos); observa que, modulando el tipo impositivo en función del volumen de los balances, los gobiernos pueden incrementar la tasa aplicada a los grandes bancos, atajando con ello el problema de las entidades que se hacen «demasiado grandes para quebrar»;

 

15. Pide a los Estados miembros que aumenten la fiscalidad sobre las bonificaciones de los bancos y los directivos, sobre los ingresos del capital (dividendos, intereses), sobre los beneficios del capital y sobre las grandes fortunas y herencias, destinando los ingresos con ello obtenidos a la inversión del sector público; señala que la dinámica de la demanda podrá de este modo reforzarse e imbricarse en una estrategia de desarrollo ecológico y socialmente sostenible con perspectivas de reducción del déficit a medio plazo; señala que, para contribuir a la consolidación fiscal, los Estados miembros deberían imponer recortes al gasto militar y a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente;

 

16. Señala la necesidad de movilizar fondos adicionales para el nuevo Plan Europeo de Recuperación Económica mediante recortes de las partidas presupuestarias de la UE destinadas, por ejemplo, a gastos militares y defensa, energía nuclear y fusión nuclear, proyectos de fondos estructurales y proyectos de redes transeuropeas perjudiciales para el medio ambiente; considera asimismo necesario prever medidas de apoyo presupuestario para los países cuya situación de crisis es más grave, concretamente mediante el anticipo de fondos de la Unión sin necesidad de contrapartidas nacionales; pide a la Comisión y al Consejo que prorroguen la reciente flexibilización de la normativa sobre ayudas estatales mientras prosigan el estancamiento y las elevadas tasas de desempleo;

 

17. Considera que el sector financiero debe actuar ante todo en interés público, aceptar menores beneficios y orientarse a eludir el riesgo y a lograr objetivos a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo; considera que existe una urgente necesidad de socialización del sector bancario y de creación de un polo financiero de titularidad pública (bancos nacionalizados, cajas de ahorros regionales y locales, bancos cooperativos) que canalice los créditos hacia inversiones útiles desde el punto de vista social y medioambiental que creen empleo de calidad; considera que la toma de decisiones sobre políticas crediticias del sector financiero debe someterse a un control público democrático y prever la participación democrática de trabajadores y consumidores;

 

18. Insiste en la necesidad de medidas firmes para frenar la especulación en los mercados financieros; destaca la necesidad de medidas urgentes e inmediatas para la prohibición de vender y negociar en descubierto, sin garantías, permutas de riesgo de crédito y para la creación de una agencia de calificación pública europea; señala que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión no deberían poder operar en la UE, o cuando menos tener severas restricciones de funcionamiento; propugna la supresión de las plazas financieras extraterritoriales y que las inversiones de los fondos de pensiones se limiten estrictamente a bonos públicos europeos, sin posibilidad de inversión en fondos de cobertura o fondos de capital riesgo/inversión, divisas extranjeras e instrumentos derivados; pide a la Comisión y al Consejo que aceleren la introducción de una regulación más estricta de la supervisión del sector financiero;

 

19. Critica las propuestas del Grupo de Trabajo liderado por el Presidente del Consejo Europeo y del Consejo ECOFIN sobre una vigilancia fiscal más estricta y sobre «reformas estructurales» destinadas a acompañar adecuadamente la evolución de la competitividad y la balanza de pagos en la zona del euro;

 

20. Toma nota de la decisión del Consejo ECOFIN de crear un mecanismo europeo de estabilización financiera con un volumen total de hasta 500 000 millones de euros, basado en el artículo 122, apartado 2, del Tratado, y un acuerdo intergubernamental de los Estados miembros de la zona del euro para ofrecer ayuda financiera a los Estados miembros en dificultades; conviene en que un mecanismo de estabilización es necesario para contrarrestar el peligro de un efecto dominó por posible bancarrota de algún Estado miembro de la zona del euro; manifiesta, no obstante, su firme oposición a que la activación y la asistencia de este mecanismo de estabilización queden supeditadas a condiciones férreas en la línea de las de la reciente ayuda de la UE y el FMI, y a que el FMI participe en sus acuerdos financieros;

 

21. Expresa su firme rechazo al propósito de la Comisión y del Consejo de crear un marco para políticas de consolidación fiscal aún más acelerada de los Estados miembros, de exigir en particular a España y Portugal importantes medidas de consolidación adicionales en 2010 y 2011, y de imponer reglas y procedimientos más estrictos para la supervisión de los Estados miembros de la zona del euro y sanciones más eficaces que las actualmente previstas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; considera que estas políticas solo conducirán a una profundización deflacionaria de la crisis y obligarán a los Estados miembros en dificultades a políticas procíclicas y antisociales;

 

22. Toma nota de que el Consejo ECOFIN recalcó la necesidad de progresar rápidamente en la regulación y supervisión de los mercados financieros, en particular en lo relativo a los mercados de instrumentos derivados y al papel de las agencias de calificación, y también por cuanto respecta a la aportación del sector financiero al coste de la crisis; pide a la Comisión y al Consejo que agilicen la presentación de propuestas efectivas a este respecto;

23. Celebra la reciente redefinición de las políticas macroeconómicas en el FMI, que apuesta por abandonar la condicionalidad vinculada a ajustes fiscales demasiado rigurosos y políticas de liberalizaciones, privatizaciones y desregulaciones, proponiendo autorizar los controles de movimientos de capitales y también un objetivo de inflación del 4 %; sugiere que la UE se comprometa en un proceso similar de redefinición de sus políticas macroeconómicas y de gobernanza económica;

24. Considera que cualquier debate significativo sobre la modificación del Tratado de la UE como respuesta a la crisis debe orientarse en primerísimo lugar a abandonar la arquitectura monetarista consagrada en el mismo, es decir: a suprimir los criterios disfuncionales de Maastricht para la Unión Monetaria Europea, a establecer criterios para una «convergencia real» y mecanismos de apoyo para que los Estados miembros puedan lograrla, a anular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sustituirlo por un Pacto de Empleo y Desarrollo Sostenible, y a redefinir el estatuto del Banco Central Europeo para dotarlo de responsabilidad democrática y hacer que abandone su «independencia absoluta» reorientando su misión hacia el apoyo a un desarrollo económico equilibrado sostenible, al pleno empleo, a la estabilidad financiera y a la estabilidad de precios cambiaria, por mencionar simplemente algunos de los aspectos más importantes del Tratado en este sentido;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

Última actualización: 16 de junio de 2010Aviso jurídico