Propuesta de resolución - B7-0545/2010Propuesta de resolución
B7-0545/2010

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte

29.9.2010

tras la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Sabine Lösing, Rui Tavares, Bairbre de Brún, Thomas Händel, Ilda Figueiredo en nombre del Grupo GUE/NGL

Véase también la propuesta de resolución común RC-B7-0541/2010

Procedimiento : 2010/2855(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
B7-0545/2010
Textos presentados :
B7-0545/2010
Textos aprobados :

B7‑0545/2010

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte y la necesidad de una moratoria inmediata de las ejecuciones en aquellos países en los que se sigue aplicando la pena capital,

–   Vistas la Resolución 62/149, de 18 de diciembre de 2007, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide una moratoria de la aplicación de la pena de muerte (sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/62/439/Add. 2)), así como la Resolución 63/168, de 18 de diciembre de 2008, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide la aplicación de la anterior Resolución 62/149,

–   Visto el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 11 de agosto de 2010, relativo a las moratorias de la aplicación de la pena de muerte,

–   Visto el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 16 de julio de 2010, sobre la cuestión de la pena de muerte,

–   Vista la declaración de la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión en su discurso sobre los derechos humanos pronunciado en la Sesión Plenaria de 16 de junio de 2010, en el que recordó que la abolición de la pena de muerte en todo el mundo constituye una prioridad para la Unión Europea,

–   Vista la declaración del Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, de 19 de octubre de 2009, en la que abogaba enérgicamente por la abolición de la pena de muerte,

–   Vista la Declaración final del IV Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Ginebra del 24 al 26 de febrero de 2010, en la que se pide la abolición de la pena de muerte en todo el mundo,

–   Vista la versión actualizada y revisada de las Orientaciones de la Unión Europea sobre la pena de muerte, aprobadas por el Consejo el 16 de junio de 2008,

–   Vista la instauración de un Día Europeo contra la Pena de Muerte, que se celebrará el 10 de octubre de todos los años,

–   Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la pena de muerte constituye el castigo, cruel, inhumano y degradante por excelencia, que vulnera el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

B.  Considerando que no existen pruebas de que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos con mayor eficacia que otras medidas penales,

C. Considerando que se ha demostrado que la pena de muerte afecta ante todo a las personas desfavorecidas,

D. Considerando que la Unión Europea mantiene su firme compromiso con la abolición de la pena de muerte,

E.  Considerando que las disposiciones del Protocolo nº 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales prohíben que los Estados miembros del Consejo de Europa apliquen la pena de muerte,

F.  Considerando que más de 20 000 hombres, mujeres y niños en todo el mundo están esperando la ejecución en el corredor de la muerte (Informe de Amnistía Internacional, 2006),

G. Considerando que la Unión Europea se esfuerza por establecer moratorias a la aplicación de la pena de muerte y, con el tiempo, su abolición y la ratificación de los instrumentos internacionales pertinentes de las Naciones Unidas y otros organismos (en particular, el Protocolo Facultativo n° 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé la abolición de la pena de muerte),

H. Considerando que, a pesar de las declaraciones en otro sentido efectuadas por los más altos cargos del poder judicial iraní, Irán sigue imponiendo la pena de lapidación por el delito de «adulterio», como en los casos de Sakineh Mohammadi Ashtiani y de Zahra Bahrami, tal como hicieron evidente las «confesiones» televisadas de Zahra Bahrami de 11 de agosto de 2010, y que Ebrahim Hamidi, de 18 años de edad, fue condenado a muerte en agosto de 2010 por cargos de sodomía cometidos presuntamente cuando tenía sólo 16 años, sobre la base de una confesión que, según el acusado, fue obtenida bajo tortura,

I.   Considerando que China sigue aplicando de forma significativa la pena capital, y que el ciudadano británico Akmal Shaikh fue ejecutado por tráfico de drogas en diciembre de 2009,

J.   Considerando que el Consejo Presidencial de Iraq ha ratificado recientemente las sentencias de muerte de al menos 900 presos, entre los que figuran mujeres y niños, y que la actual falta de justicia en Iraq debe considerarse en el contexto de un colapso casi total del orden público después de la invasión de los Estados Unidos y el Reino Unido, una situación que provoca crímenes de guerra, atrocidades, asesinatos de civiles a manos de mercenarios y de fuerzas militares de la ocupación estadounidense,

K. Considerando que la violación, el asesinato, la apostasía, el robo a mano armada y el tráfico de drogas se castigan con la pena de muerte en Arabia Saudita; que la pena capital se aplica mediante decapitación y que a veces los cadáveres son luego crucificados, como en el caso del ciudadano yemení Nachéri Shaaban, que fue ejecutado el pasado mes de junio,

L.  Considerando que el pasado 23 de septiembre fue ejecutada en los Estados Unidos Teresa Lewis mediante una inyección letal, a pesar de encontrarse en el límite de la discapacidad mental,

M. Considerando que el preso afroamericano Mumia Abu-Jamal, también llamado la «voz de los que no tienen voz», que se encuentra en el corredor de la muerte desde 1982 tras un juicio injusto y fundado en motivos raciales, puede ser considerado un representante de los millares de condenados a muerte en todo el mundo,

N. Considerando que el informe de Amnistía Internacional del año 2000 sobre Mumia Abu-Jamal reclamaba que se llevara a cabo un nuevo juicio porque el anterior estaba fundado en motivos raciales y no contaba con garantías jurídicas suficientes para imponer una condena,

1.  Condena todas las ejecuciones dondequiera que se produzcan, e insta enérgicamente a la UE y a sus Estados miembros a que cumplan la resolución de las Naciones Unidas sobre una moratoria universal de las ejecuciones con miras a una total abolición en todos los Estados que siguen aplicando la pena de muerte;

2.  Pide a la Presidencia de la Unión Europea que inste a los países que todavía no hayan firmado ni ratificado el Segundo Protocolo Opcional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a que lo hagan, al igual que a los Estados miembros que todavía no hayan firmado el Protocolo nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sobre la pena de muerte;

3.  Recuerda que la plena abolición de la pena de muerte sigue siendo uno de los principales objetivos de la política de derechos humanos de la Unión Europea, al tiempo que señala que este objetivo sólo podrá alcanzarse mediante una estrecha colaboración entre los Estados y reforzando la cooperación, la educación, la sensibilización, la eficiencia y la eficacia,

4.  Insta a los Estados miembros de la UE a que presenten de nuevo, junto con sus socios interregionales, una resolución de seguimiento sobre la pena de muerte en la 65ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

5.  Pide a los Estados participantes que mantienen una política de reserva acerca de la pena de muerte que alienten a la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos y a las misiones de la OSCE a que, en cooperación con el Consejo de Europa, lleven a cabo actividades de sensibilización contra la aplicación de la pena de muerte, especialmente ante los medios de comunicación, las autoridades policiales y judiciales, los responsables políticos y el público en general;

6.  Alienta, asimismo, las actividades de las organizaciones no gubernamentales que abogan por la abolición de la pena de muerte;

7.  Se compromete a hacer un seguimiento de la cuestión de la abolición de la pena de muerte y a considerar posibles iniciativas al respecto;

8.  Expresa su preocupación por el caso de Mumia Abu-Jamal y pide que se revise con el fin de someter al acusado a un nuevo juicio justo con garantías;

9.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.