El Parlamento Europeo,

–   Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que en toda Europa se están produciendo manifestaciones contra la política de austeridad de la Unión Europea y de sus Estados miembros, de la que se derivan recortes considerables en los salarios, los beneficios sociales y los servicios públicos; considerando que los ciudadanos se resisten a pagar los costes de una crisis financiera provocada por el comportamiento irresponsable de los bancos en su afán de obtener beneficios; que los ciudadanos no están conformes con las políticas neoliberales que dieron paso a estos acontecimientos,

B.   Considerando al mismo tiempo que los principales Estados miembros y las instituciones europeas están imponiendo más restricciones a los presupuestos nacionales y fortaleciendo el Pacto de Estabilidad; considerando que esta política reducirá la demanda al recortar los salarios y preparará el camino para introducir un programa radical de liberalización, lo que creará las condiciones para que se produzca una nueva crisis económica; considerando que la Comisión Europea está preparando el terreno para aplicar una política de austeridad con la propuesta de nuevas reformas de las pensiones en 2011, otras reformas en el sistema de protección laboral y de ayudas estatales y más medidas de liberalización y privatización,

C.  Considerando que los bancos están logrando de nuevo obtener grandes beneficios; que la UE y los Estados miembros han demostrado su falta de voluntad para aplicar restricciones y regulaciones a las actividades de los bancos, con lo que no han abordado el origen de la crisis,

D.  Considerando que en la UE continúa la crisis económica y financiera, acompañada por una reactivación en algunos Estados miembros, especialmente en Alemania, y por el estancamiento o incluso el declive de las economías en otros países, por ejemplo Grecia, Irlanda, España y Portugal,

E.   Considerando que un total de 84 millones de personas viven en la UE sumidas en la pobreza, lo que incluye la escandalosa cifra de 19 millones de niños; que, al mismo tiempo, se ha incrementado tanto el número de personas ricas como el valor de su riqueza,

F.   Considerando que el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011 no responde a estos retos; que la creciente polarización en la UE y la continuación de las políticas neoliberales ponen en peligro la integración europea y la UE como tal,

1.   Opina que el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011 se centra en las prioridades equivocadas y se basa en los planteamientos de política neoliberal que provocaron la crisis económica y financiera; pide un cambio radical de la política que dé prioridad a la expansión de la demanda macroeconómica y a la promoción del pleno empleo;

2.   Lamenta que los nuevos procedimientos, con arreglo a los cuales la Comisión no presenta una estrategia política anual como preparación a su programa de trabajo, reducen el alcance de la influencia del Parlamento Europeo sobre dicho programa en sus fases iniciales; pide a la Comisión que rectifique esta situación sin demora;

3.   Señala con inquietud que el primer año del Tratado de Lisboa ha estado marcado por fuertes controversias entre las instituciones europeas sobre la participación democrática y el derecho de control del Parlamento Europeo; subraya que la democratización de la Unión Europea es imperativa para la supervivencia de la propia Unión y que el refuerzo del papel del Parlamento Europeo constituye un aspecto importante de este reto;

Gobernanza económica y regulación del sector financiero

4.   Rechaza las propuestas de la Comisión sobre gobernanza económica, ya que no reflejan adecuadamente los profundos desequilibrios en la UE; critica el hecho de que estas propuestas intenten fortalecer los aspectos preventivo y correctivo del desacreditado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que tiende a hundir las economías de muchos Estados miembros en una profunda recesión y a producir repercusiones muy negativas para la mayoría de las economías europeas;

5.   Destaca la necesidad de revocar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de forma paralela al establecimiento de un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que estimule la inversión pública, impulse la demanda interna, apoye a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, y fije criterios específicos, económicos, sociales y ambientales adaptados a las necesidades específicas de cada uno de los Estados miembros, orientados especialmente hacia la reducción del desempleo y de la pobreza;

6.   Reitera sus críticas enérgicas al nuevo marco de supervisión financiera en la Unión; lamenta que no trate en absoluto el origen auténtico de la crisis y que los bancos que operan en toda Europa continúen siendo supervisados por autoridades nacionales que cuentan con facultades limitadas;

7.   Pide normas estrictas que impidan a los bancos actuar con riesgos excesivos y externalizar el riesgo al sector bancario paralelo; opina que debe promoverse el sector bancario público y los bancos cooperativos con un banco público principal como mínimo que asegure la financiación para proyectos que sean deseables desde un punto de vista social y ecológico;

8.   Critica la falta de voluntad de la UE para regular y reducir los fondos de cobertura y los fondos de capital inversión que contribuyeron de forma sustancial a las crisis al incrementar los riesgos macroprudenciales; señala que los fondos de capital inversión son responsables de la liquidación de activos a gran escala, de la pérdida de innumerables puestos de trabajo y de la liquidación de muchas empresas en la UE; critica enérgicamente que el nuevo reglamento de la UE sobre fondos de cobertura y fondos de capital inversión tenga por objetivo normalizar estos productos perjudiciales y aportarles seguridad jurídica, en lugar de reducir su presencia;

9.   Destaca la necesidad de reforzar las normas relativas a las agencias de calificación crediticia y de mejorar la supervisión de estas agencias en todo el mundo; pide la creación de una agencia pública europea de calificación crediticia, a fin de superar los conflictos de intereses que perjudican el proceso de calificación;

10. Condena firmemente el rechazo de cualquier forma de impuestos sobre las transacciones financieras por parte de la Comisión y la mayoría de los Estados miembros; opina que se deben introducir a escala de la UE impuestos sobre las transacciones en divisas (impuesto Tobin) y sobre las operaciones bursátiles, incluidas las realizadas en mercados no organizados;

Plataforma europea para luchar contra la pobreza

11. Lamenta profundamente que la celebración en 2010 del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social no cosechase resultados reales; señala que la nueva estrategia tiene únicamente un objetivo para reducir la pobreza, a saber, recortar en 20 millones el número de personas afectadas, pero no propone políticas efectivas; critica enérgicamente que la lucha contra la pobreza sea simplemente un programa emblemático que se base en el llamado «método abierto de coordinación»;

Política de cohesión y Fondos Estructurales

12. Expresa su preocupación por el hecho de que, en su programa de trabajo, la Comisión mencione la política de cohesión solo como un elemento subsidiario de la iniciativa emblemática sobre la eficiencia de los recursos en Europa y en conexión con la adaptación del marco financiero de la UE;

13. Reitera su posición de que la política de cohesión no debe subordinarse a las prioridades de la estrategia neoliberal de la UE para 2020, que hace hincapié en la competitividad, la desregulación, la adaptabilidad y el espíritu empresarial; destaca que la competitividad no debe ser un sucedáneo de la convergencia en los Estados miembros y en las regiones que presentan un atraso en su desarrollo;

14. Subraya que la política regional es una herramienta indispensable para promover la cohesión económica y social, con el objetivo principal de reducir las disparidades regionales, promover la convergencia real y fomentar el crecimiento y el empleo; insiste en que, después de 2013, debe proseguirse y reforzarse la política de cohesión, y que ésta debe seguir siendo una política independiente que ofrezca un desarrollo sostenible (económico, social, ambiental y territorial), así como reducciones en las disparidades entre las regiones y el atraso de las regiones más pobres;

15. Considera que la financiación existente en la UE y los actuales recursos financieros de la Unión para la política de cohesión son insuficientes para responder a las necesidades de una convergencia real, a las disparidades regionales, a los elevados niveles de desempleo, a las desigualdades de ingresos y a la pobreza en la Unión Europea; señala la necesidad de reforzar el presupuesto de la UE en el ámbito de la política de cohesión; destaca la importancia de que la gestión y planificación territoriales sigan siendo responsabilidad de los Estados miembros;

16. Considera que el PIB debe mantenerse como criterio principal a la hora de determinar el carácter elegible para obtener ayuda procedente de la política regional, pero que se ha de complementar con otros indicadores que van más allá del PIB, incluidas la necesidad de erradicar la pobreza y la exclusión social, la igualdad de género, la equidad e igualdad para todos (incluida la gobernanza entre las diversas regiones europeas y la superación de la desigualdad basada en los ingresos y la riqueza), la energía, la utilización de los recursos naturales y la presión sobre el ecosistema;

17. Recomienda que la política de cohesión de la UE se adapte a las regiones ultraperiféricas mencionadas en el artículo 349 del TFUE mediante la adopción de medidas específicas; pide a la Comisión que proponga medidas de carácter permanente y con una financiación adecuada, capaces de adaptarse a las necesidades de cada región ultraperiférica con el fin de ayudar a dichas regiones a superar las limitaciones permanentes a las que se enfrentan;

Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores

18. Toma nota del propósito de la Comisión de establecer un instrumento legislativo para estipular normas sobre la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores; subraya, no obstante, que se requiere una revisión profunda de dicha Directiva con el fin de garantizar la aplicación del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo de igual valor realizado en el mismo lugar de trabajo, y aclarar que sus disposiciones sobre salario mínimo son requisitos mínimos que no pueden interpretarse como niveles máximos, como ha ocurrido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo;

19. Insiste, con vistas al debate sobre el mercado único, en la necesidad de introducir en el Derecho primario de la UE una cláusula de progreso social que estipule que los derechos fundamentales en general y el derecho a la huelga y a la acción y a la negociación colectivas deben prevalecer siempre sobre las «libertades fundamentales» del mercado interior;

Revisión de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo

20. Manifiesta su inquietud por el propósito de la Comisión de proponer una revisión de la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo con el fin de adaptarla a «las nuevas realidades» y «clarificar la aplicación de la Directiva en relación con el tiempo de guardia»; recuerda a la Comisión que el Parlamento se opuso a las propuestas de la Comisión y el Consejo para debilitar la Directiva existente sobre el tiempo de trabajo y que, en consecuencia, el procedimiento de conciliación sobre este asunto fracasó en la legislatura anterior por motivos justificados; advierte a la Comisión contra cualquier intento de rebajar la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo cuando proponga una nueva revisión de la misma;

21. Pide a la Comisión que proponga una revisión de la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo con arreglo al objetivo de conciliar la vida laboral y la privada, lo cual requiere como mínimo entre otras cosas:

●     una clara limitación de la duración máxima de trabajo semanal en la UE (reducción desde la norma actual de 48 horas semanales a 40 horas como un primer paso, supresión de todas las excepciones y lagunas actuales presentes en la Directiva), lo que ofrecería a los Estados miembros un incentivo para reducir el tiempo de trabajo a escala nacional, y contribuir a luchar contra el desempleo;

●     eliminación de todas las posibilidades de exclusión voluntaria de la Directiva y aplicación plena de las sentencias del TJE (el tiempo de guardia pasado en el lugar de trabajo debe considerarse tiempo de trabajo; el descanso compensatorio debe concederse inmediatamente después del tiempo de servicio prestado);

●     en los casos en que un trabajador tenga más de un contrato laboral, se deben adoptar medidas para asegurar que el tiempo de trabajo del trabajador se defina como la suma de los períodos de tiempo de trabajo conforme a cada uno de los contratos;

Salud y seguridad en el trabajo

22. Se felicita por el propósito de la Comisión de revisar la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo; subraya que el ámbito de esa Directiva ha de ampliarse para tener en cuenta nuevos factores de riesgo y reprotoxinas, que el nivel de protección y prevención debe mejorarse considerablemente para restringir los valores límite de exposición para el benceno, el cloruro de vinilo monómero y los serrines de maderas duras, y que se han de definir valores límite de exposición para un número mucho mayor de carcinógenos que los contemplados en la actual Directiva, en particular para el sílice cristalino;

23. Se felicita de que la Comisión se proponga lanzar una iniciativa a escala de la Unión sobre trastornos osteomusculares relacionados con el trabajo; critica, no obstante, que la Comisión proponga un planteamiento poco amplio con el procedimiento de refundición de las disposiciones de la Directiva 90/269/CEE y de la Directiva 90/270/CEE para reunirlas en un solo instrumento legislativo; pide a la Comisión que proponga una nueva Directiva, basada en los principios de prevención, como se describe en la Directiva marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y destinada a incluir todas las situaciones laborales en un enfoque global para eliminar los factores de riesgo referentes a los trastornos osteomusculares desde el inicio; señala que se deben tratar no solo aspectos biomecánicos, sino asimismo los referentes al contenido y la organización del trabajo, y el medio físico y psicosocial, así como los aspectos sensoriales y emocionales, incluida la dimensión de género, dado que las mujeres y los hombres se ven afectados de forma distinta por los riesgos relativos a las enfermedades osteomusculares;

24. Considera que la nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo para 2013-2020 debe romper con el planteamiento de la estrategia anterior (2007-2012), que consideraba la salud en el trabajo principalmente como una variable de la productividad y la competitividad de los negocios; señala que la nueva estrategia debe centrarse en utilizar el potencial de REACH para mejorar la protección de los trabajadores frente a los peligros derivados de los productos químicos, en un esfuerzo renovado por prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en su puesto de trabajo, reforzar las responsabilidades de seguimiento y aplicación de las inspecciones laborales y la participación de los trabajadores en el diseño, el control y la aplicación de las políticas de prevención, mejorando el reconocimiento de las enfermedades laborales y tratando la flexibilidad, la inseguridad, la subcontratación, etc. como obstáculos a una prevención adecuada de los riesgos;

Información y consulta de los trabajadores

25. Toma nota de que la Comisión se propone revisar la Directiva 2001/86/CE (Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores) y la Directiva 2003/72/CE (Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores); señala que el objetivo de la Comisión de simplificar las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores podría indicar ya su voluntad de rendirse a la presión de los grupos de interés del sector industrial (la participación de los trabajadores es una carga para la SE); hace hincapié en que la legislación relativa a la Sociedad Anónima Europea no estaba destinada —ni debe permitirse que se destine— a ser un instrumento para establecer normativas nacionales sobre la participación de los trabajadores y la codeterminación que compitan entre sí; pide a la Comisión que retire su propuesta sobre el Estatuto de la Sociedad Privada Europea, que desmantelaría aún más los derechos de participación de los trabajadores;

Libro Blanco sobre las pensiones y revisión de la Directiva sobre los fondos de pensiones de empleo

26. Opina que el Libro Blanco sobre las pensiones anunciado por la Comisión podría servir tan solo como plataforma de propaganda para seguir desmantelando los sistemas obligatorios de pensiones; critica enérgicamente que ya el Libro Verde de la Comisión sobre pensiones indicase que la adecuación de las pensiones pertenecientes a sistemas públicos podría tener que adaptarse a la baja a la vista de los déficits presupuestarios, las tendencias demográficas y el crecimiento más lento del esperado en los próximos años y que debería prolongarse la duración de la vida laboral;

27. Critica con energía la orientación de la Comisión de dar un nuevo impulso a los sistemas de capitalización «reforzando el mercado interior de las pensiones», no solo para los sistemas de pensiones de empleo, sino también para una gran variedad de fondos privados de pensiones, seguros de vida y similares, lo que obviamente se reflejará en la revisión propuesta de la Directiva relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo; critica enérgicamente que la Directiva mencionada abriese a la competencia la prestación de servicios para sistemas de pensiones de empleo, así como sus requisitos fuertemente liberalizados sobre supervisión prudencial;

28. Señala las consecuencias desastrosas de las políticas de liberalización y la privatización parcial de los sistemas de pensiones: los sistemas de capitalización no pudieron cumplir sus promesas iniciales de ofrecer beneficios más elevados y garantizar el pago de pensiones, como se demostró con las grandes pérdidas (al menos el 20 % del valor de los activos) durante la crisis financiera, de lo que se derivaron las operaciones de rescate en curso por parte de los Estados miembros, mayores contribuciones y recortes en los beneficios de esos sistemas;

29. Aboga por una reintegración paulatina de los activos de los sistemas de capitalización en los sistemas públicos de pensiones, como ha ocurrido en Argentina, con el objetivo de aumentar la redistribución para promover el doble objetivo de evitar la pobreza en la vejez y mantener el nivel de vida con respecto a los elementos relacionados con los ingresos de los sistemas de pensiones;

Agenda para nuevas cualificaciones y puestos de trabajo

30.  Toma nota del propósito de la Comisión de establecer una «auditoría de competencias» cada dos años; considera, no obstante, que la mejor forma de favorecer el desarrollo de los conocimientos y las competencias durante todo el ciclo de vida es un enfoque basado en los derechos respecto de las políticas del mercado laboral y el aprendizaje permanente, la salud y seguridad globales en el lugar de trabajo, derechos universales e iguales en los ámbitos social y laboral para todos, un equilibrio entre la vida laboral y la privada, mejora de la calidad del empleo y el bienestar en el trabajo, en lugar de un planteamiento limitado a incrementar la movilidad laboral y promover la flexiguridad; insiste en que los aspectos ligados a las capacidades y los puestos de trabajo han de vincularse estrechamente para reforzar las medidas relativas a la oferta y la demanda con el fin de promover una economía verde y social, así como unas políticas industrial y regional dirigidas al desarrollo sostenible, en vez de simplemente una estrategia para anticipar el cambio;

Juventud en movimiento

31. Toma nota de la intención de la Comisión de modificar el Reglamento (CEE) nº 1612/68 (EURES) para incluir un sistema a escala de la UE para la movilidad de trabajadores jóvenes; insiste en que la movilidad de los trabajadores jóvenes debe ser una elección libre de los propios jóvenes y que no puede imponérseles por requisitos de condicionalidad;

32. Considera que el enfoque centrado en promover la movilidad de los jóvenes es demasiado limitado para luchar eficazmente contra el paro juvenil; sugiere, por tanto, que la Comisión proponga un instrumento de Garantía juvenil europea que asegure a todos los jóvenes de la UE el derecho a recibir una oferta de trabajo debidamente retribuida acorde a sus cualificaciones y capacidades, un período de prácticas, formación adicional o un período combinado de trabajo y formación inmediatamente después de quedar sin empleo;

Derechos de la mujer e igualdad de género

33. Insiste en que la nueva Estrategia sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea debe ser un programa de acción y un compromiso político basados en la Plataforma de Acción de Pekín y sus logros, teniendo en cuenta que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, indivisible y plena de los derechos humanos universales;

34. Pide que se adopten urgentemente medidas concretas de lucha contra la discriminación salarial, bien mediante la revisión de la Directiva actual, bien mediante la elaboración de planes sectoriales graduales, con metas concretas como establecer el objetivo de reducir la brecha salarial entre el 0 y el 5 % en 2020 que permitan poner fin a la discriminación directa e indirecta, bien fomentando la contratación colectiva, la formación de asesores para la igualdad, el tratamiento de las desigualdades en el trabajo no remunerado entre mujeres y hombres y el desarrollo de planes de igualdad en las fábricas y otros lugares de trabajo;

35. Hace hincapié en la importancia de la lucha contra los estereotipos en todas las esferas y en todas las etapas de la vida, ya que son una de las causas más persistentes de desigualdad entre hombres y mujeres al influir en su elección en el ámbito educativo, la formación y el empleo, la distribución de responsabilidades domésticas y familiares, la participación en la vida pública, y la participación y la representación en puestos de toma de decisiones y en sus opciones en el mercado laboral, y solicita la adopción de una directiva relativa a la prevención de la violencia contra la mujer;

Mercado interior

36. Considera que cualquier política del mercado interior debe dar prioridad a los derechos sociales y a los intereses de los ciudadanos europeos; rechaza las propuestas de la Comisión sobre el Acta del Mercado Único que se centran en la competitividad y una aceleración del ritmo de la liberalización; solicita, como primer paso, una moratoria de las políticas de liberalización y pide a la Comisión que lleve a cabo, en colaboración con los agente implicados, evaluaciones sobre las consecuencias sociales y económicas de las políticas de liberalización;

37. Manifiesta su profunda inquietud, a la vista de las políticas de austeridad, por el futuro de los servicios públicos en la UE; destaca la importancia de los servicios públicos y su prestación en la promoción de la cohesión territorial, económica y social en la UE; critica enérgicamente el prejuicio contra del Estado como prestador de servicios de interés general y pide que los bienes públicos sean gestionados por el sector público; insiste en consolidar la función del Estado en la regulación del mercado, en la participación y la intervención en el mismo; subraya la necesidad de revisar la Directiva sobre servicios a este respecto;

38. Insiste en que la política de la Comisión en el sector de la ayuda estatal no debe poner en peligro las obligaciones referentes al interés general y al interés económico general en los Estados miembros; considera que las ayudas públicas a las empresas, tanto a escala nacional como de la UE, deben llevar implícito su compromiso a largo plazo en materia de desarrollo regional y empleo, y que no debería ofrecerse ningún tipo de ayudas que pudieran utilizarse para promover las deslocalizaciones; pide que los representantes de los trabajadores tengan un papel reforzado en los comités ejecutivos de las empresas y en las decisiones estructurales de gestión;

39. Observa que la Comisión no ha presentado propuestas sobre la protección de los consumidores en un momento de aumento de los precios de los bienes básicos, por lo que pide a la Comisión que proponga un cambio fundamental en el control de precios y que ofrezca a los Estados la oportunidad de controlar los precios de los bienes básicos en beneficio de los ciudadanos;

40. Subraya la necesidad adicional de establecer la igualdad de oportunidades para las PYME que continúan sufriendo desventajas en materia de competencia en ciertos mercados, por ejemplo en los procedimientos de contratación pública;

Cambio climático

41. Subraya que la crisis económica mundial no puede —ni debe— utilizarse como excusa para la inacción o para denegar la posibilidad de la justicia climática; reitera que para salir de la crisis actual es fundamental desarrollar una economía sostenible; pide, por tanto, que la innovación ecológica constituya la base para transformar la industria con el objeto de lograr un crecimiento sostenible, promover tecnologías respetuosas con el medio ambiente, reducir la dependencia energética y garantizar el empleo y la cohesión económica y social tanto en los países desarrollados como en desarrollo;

42. Pide la adopción urgente de medidas ambiciosas relativas al clima y a la energía a fin de evitar otros costes derivados del cambio climático, por medio de una iniciativa de la Comisión destinada a incrementar por encima del 40 % la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020 y conseguir al menos una reducción ente el 80 % y el 95 % antes de 2050 en comparación con los niveles de 1990, con objeto de limitar el aumento medio mundial de temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales;

43. Pide que se sustituya el objetivo «indicativo» de la UE de incrementar un 20 % la eficiencia energética en 2020 por un objetivo obligatorio para que el 20 % de la energía consumida en la UE proceda de fuentes renovables; pide que se adopten medidas vinculantes concretas con el fin de establecer directrices destinadas a lograr el aumento de la eficiencia energética a partir de fuentes renovables; lamenta que solamente una de las iniciativas de la Comisión en materia de energía sea de carácter legislativo; pide que la Comisión adopte esta propuesta legislativa antes de finales de junio de 2011;

44. Pide una iniciativa de la Comisión para revisar el Mecanismo para un Desarrollo Limpio y el sistema de comercio de derechos de emisión, que están comprometiendo gravemente el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la UE y en el mundo; insiste en que debe intentar lograrse una reducción efectiva a nivel nacional sin depender de instrumentos del mercado o de mecanismos de flexibilidad;

45. Insta a la Comisión a que presente proyectos destinados a que la UE y el mundo desarrollado ayuden a los países en desarrollo en su utilización de tecnologías sostenibles y eficaces mediante el apoyo adecuado de carácter financiero, técnico y tecnológico a la creación de capacidades sin vincularlas a la adquisición de patentes costosas, además de adoptar objetivos ambiciosos de atenuación;

46. Subraya la necesidad de promover fuentes innovadoras y adicionales para financiar medidas relativas al clima en el contexto de un acuerdo global que incluya impuestos sobre las transacciones financieras internacionales y financiación procedente de la aviación y la navegación internacionales; hace hincapié en que unas disposiciones plenas y transparentes de financiación en materia climática serán un factor clave como aportación nueva y complementaria a los presupuestos actuales de ayuda oficial al desarrollo, con un reparto equilibrado para la adaptación y la atenuación;

47. Señala la necesidad de presentar un régimen futuro en materia de cambio climático con normas sólidas sobre la utilización del suelo, el cambio de utilización del suelo, la conservación, la gestión sostenible de bosques y el incremento del almacenamiento forestal de carbono en países en desarrollo, velando por la aplicación adecuada del Programa REDD +;

Política energética

48. Señala que la Comisión está concediendo prioridad a abordar asuntos relativos a la energía; considera que cualquier estrategia futura debe intentar cumplir los objetivos de eficiencia y ahorro energéticos, el desarrollo de formas nuevas y renovables de energía, la promoción de las redes energéticas y la seguridad del suministro; insiste en que la política energética de la UE debería contribuir a lograr unos precios asequibles de la energía en beneficio de todos los consumidores, al aumento de las energías renovables en el marco de una producción energética sostenible, y al desarrollo de redes energéticas interconectadas, integradas, interoperables e inteligentes; rechaza la idea de subordinar la política exterior a la garantía del suministro energético;

49. Se felicita por la propuesta de la Comisión sobre la gestión del combustible irradiado y de residuos radiactivos y opina que la Comisión debe intensificar el proceso de adopción de las normas de seguridad nuclear más estrictas posibles; pide a la Comisión que incluya el Reglamento relativo a la notificación de las transferencias intracomunitarias de productos nucleares en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011;

50. Celebra la iniciativa legislativa de la Comisión para establecer el marco de aplicación de redes inteligentes con el fin de aumentar la eficiencia energética y la utilización en ellas de la electricidad procedente de fuentes energéticas renovables, e insta a la Comisión a adoptar esta legislación en 2011;

51. Se felicita por los esfuerzos de la Comisión en el sector de la investigación, pero insiste en establecer una clara distinción entre políticas de investigación e innovación; observa que se ha de reforzar el aspecto de la innovación social en la política de innovación de la UE;

Transporte

52. Rechaza cualquier otra privatización y liberalización del sector del transporte; manifiesta especial inquietud por los planes de la Comisión en los sectores del transporte por ferrocarril y transporte aéreo;

53. Manifiesta su inquietud por el paquete de medidas en materia de aeropuertos destinado a aumentar la competencia; considera que la práctica ha demostrado que la privatización y la competencia no conducen a mejorar la seguridad y reforzar los derechos de los pasajeros, sino a disminuir la seguridad y empeorar los derechos sociales para las personas que trabajan en este sector;

54. Rechaza la idea de crear un Espacio Ferroviario Único Europeo que, con el pretexto del establecimiento de un mercado interior y de una refundición de la Directiva, está destinado a someter a la competencia el transporte público, promover la privatización y desvincular competencias en el sector ferroviario mediante la fragmentación concreta de trabajos y de conocimientos relacionados con la seguridad en el sector ferroviario;

55. Critica enérgicamente que la Comisión Europea, sin una evaluación exhaustiva del impacto social y económico de la desregulación ya existente, insista en la división del transporte público en sectores de actividad comercial: estaciones, material rodante, talleres de mantenimiento, unidades de suministro, multiplicando así las cargas administrativas y socavando las disposiciones en materia de seguridad y la fiabilidad de los servicios a los clientes;

Política ambiental

56. Insiste en la revisión del Reglamento (CE) nº 2150/2002 relativo a las estadísticas sobre residuos, con el fin de simplificar dicho Reglamento y adaptarlo a otras obligaciones de información en la legislación de la UE sobre residuos, ya que esta revisión se anunció en el programa de trabajo de la Comisión para 2010 pero no ha sido objeto de un seguimiento concreto;

57. Pide a la Comisión que presente una propuesta para seguir desarrollando el Programa LIFE+ (Instrumento Financiero para el Medio Ambiente); observa con preocupación que el número anual de proyectos financiados por el Programa LIFE+ es inferior a la asignación indicativa en varios Estados miembros; pide a la Comisión que evalúe las razones de esta infrautilización y, en su caso, proponga cambios en las normas que rigen el programa, en especial las relativas a los niveles de cofinanciación;

58. Solicita una evaluación del Reglamento REACH, que debe desembocar en propuestas legislativas con arreglo al procedimiento de codecisión, que incluya un estudio del ámbito del Reglamento REACH (antes de 2012), un estudio referente a la ampliación del alcance de unos requisitos más estrictos de autorización respecto de los perturbadores endocrinos (antes de 2013), un estudio sobre la obligación de llevar a cabo una evaluación de seguridad de los productos químicos y de presentar un informe sobre la seguridad química de determinadas sustancias que son carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (antes de 2014);

59. Insta a la Comisión a que presente una propuesta de Directiva sobre la eliminación del amianto, incluida la eliminación controlada de las fibras de amianto y la descontaminación o la eliminación de los equipos que contienen fibras de amianto para destruirlas completamente; recuerda a este respecto su Resolución de 7 de mayo de 2009 sobre REACH y, más concretamente, su apartado 8;

60. Insiste en que se revise el Reglamento (CE) nº 882/2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales; lamenta que la Comisión no haya anunciado ninguna propuesta legislativa desde la publicación del Informe sobre el funcionamiento global de controles oficiales (COM(2010)0441);

61. Insiste en que se proceda a un seguimiento urgente de las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la calidad del aire en locales cerrados; recuerda su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010, específicamente su apartado 14, así como su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre la revisión intermedia del Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, en particular su apartado 11; lamenta que la Comisión se haya negado a tener en cuenta estas solicitudes al proponer la legislación;

62. Lamenta la omisión del Programa de Trabajo de varios informes de seguimiento mencionados en diversos actos legislativos pertenecientes al ámbito de actividad de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, como la propuesta de modificación de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II), la revisión de la exención de la prohibición del cadmio concedida para las pilas y acumuladores portátiles destinados a herramientas eléctricas inalámbricas, una propuesta de Directiva relativa a las emisiones de NOx procedentes de la aviación y la refundición de Directivas sobre el material y artículos de plástico en contacto con alimentos en un Reglamento de la Comisión;

63. Insiste en que se lleve a cabo urgentemente un seguimiento de la Comunicación sobre la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea y se elabore un planteamiento más ambicioso que el incluido en el Programa de Trabajo para 2011; solicita a la Comisión, teniendo en cuenta la interrelación entre los fenómenos de sequía, incendios forestales y desertificación, que presente una propuesta de Directiva, semejante a la Directiva sobre inundaciones, que favorezca la adopción de una política de la UE en materia de escasez de agua, sequía y adaptación al cambio climático; pide a la Comisión que presente y aplique, junto con los Estados miembros, propuestas legislativas e iniciativas en el ámbito de la protección forestal y la prevención de incendios; pide a la Comisión que presente una Directiva sobre la eficiencia hídrica de los edificios en conexión con el proyecto para salvaguardar los recursos hídricos en Europa (anunciado para 2012);

Política Agrícola Común

64. Cree que es necesaria una reforma de la PAC que establezca precios equitativos para los agricultores pequeños y medianos y las explotaciones agrícolas familiares en particular, así como una ayuda vinculada lo más estrechamente posible a la producción, que se distribuya con equidad entre los productores, los productos y los países, sometida a límites máximos y modulación, cuyo principal objetivo sea incrementar la producción de alimentos en todo el territorio de los países de la UE con el fin de lograr la seguridad y la soberanía alimentarias;

Política pesquera

65. Reitera que la nueva Política Pesquera Común debe promover la modernización y el desarrollo sostenible del sector pesquero, garantizando su viabilidad socioeconómica, la sostenibilidad de los recursos, el mantenimiento y la creación de puestos trabajos y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del sector;

66. Insiste en que se adopten medidas destinadas a mejorar el precio de la primera venta de pescado y los ingresos de los trabajadores del sector, mecanismos de subvención o compensación para los trabajadores afectados por las repercusiones económicas y sociales de los planes de recuperación, la gestión y medidas plurianuales para la protección de los ecosistemas;

67. Solicita medidas destinadas a garantizar la soberanía nacional respecto de la zona económica exclusiva de los Estados miembros y de sus recursos pesqueros, permitiendo la gestión de proximidad; considera que deben mantenerse las 12 millas como zona de acceso exclusivo para la flota nacional de cada Estado miembro y propone considerar la posibilidad de su ampliación a las zonas adyacentes, conforme a las plataformas continentales;

68. Rechaza cualquier forma de privatización de los recursos pesqueros, incluida la transferencia de las cuotas pesqueras, lo que conduciría a la creación de mercados de cuotas en los Estados miembros y obstaculizaría gravemente la pesca tradicional;

Programa de Estocolmo

69. Lamenta el hecho de que las medidas adoptadas y aplicadas conforme al ELSJ y al Programa de Estocolmo hayan conducido a un enfoque excesivo en cuanto a la seguridad, que restringe los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión; rechaza el carácter desproporcionado de las medidas de seguridad que conducen a una vigilancia y un uso de perfiles cada vez mayores, a violaciones de la integridad humana —tanto personal como colectiva— y que no abordan las causas profundas de las acciones violentas;

Asilo y migración

70. Pide un programa más realista y ambicioso de la UE sobre reasentamiento de refugiados que garantice la calidad y la eficacia del reasentamiento, con directrices específicas sobre un nuevo modelo de establecimiento de prioridades, incentivos para estimular a más Estados a reasentar a los refugiados, la coherencia del reasentamiento con otras políticas de asilo de la UE, y normas sobre las condiciones de recepción y las medidas de seguimiento que deben adoptarse en cada iniciativa de reasentamiento;

71. Reafirma su oposición al planteamiento represivo de las políticas de inmigración de la UE; solicita, por tanto, nuevas iniciativas que se centren más en las vías legales de entrada para inmigrantes y en el establecimiento de una carta de derechos de todos los migrantes, al mismo tiempo que apoya la regularización de los inmigrantes que residen y trabajan ya en la UE;

72. Solicita la presentación de una Directiva específica que incluya y convierta en legislación de la UE todas las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990;

73. Considera que el desarrollo y refuerzo de Eurojust deben llevarse a cabo sobre la base de controles democráticos consolidados, el derecho a la información, la protección de los datos personales y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

Protección de datos

74. Acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo marco jurídico general de la UE para la protección de datos personales y subraya que debe eliminarse la incoherencia actual de los sistemas de protección de datos entre las estructuras pertenecientes a los anteriores pilares, al mismo tiempo que reafirma los principios básicos de protección de datos, como la limitación de finalidad, la proporcionalidad, la transparencia, la autodeterminación informativa, la reducción al máximo de los datos, la conservación de los datos y el derecho al acceso a los mismos;

75. Hace hincapié en que se debe considerar el futuro acuerdo general UE-EE.UU. sobre protección de datos como un acuerdo marco que debe ser aplicable retroactivamente y cubrir por tanto todos los acuerdos multilaterales y bilaterales existentes entre la UE o sus Estados miembros y los EE.UU., así como acuerdos futuros, y que de ninguna manera puede considerarse por sí mismo el fundamento jurídico para el intercambio de datos;

76. Manifiesta su convencimiento de que este acuerdo debe cumplir de forma plena y en todos sus elementos la Carta de los Derechos Fundamentales y las normas europeas de protección de datos;

La agenda exterior

77. Critica que, tras el establecimiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, la programación de las acciones exteriores ha pasado a ser mucho menos transparente; pide a la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión que presente al Parlamento Europeo a partir del año próximo, de forma paralela a su programa de trabajo, la agenda política relativa a la Política Exterior y de Seguridad Común;

78. Observa con inquietud que 2010 ha venido a demostrar que no se ha producido ninguna mejora en el control democrático y la consulta previa del Parlamento Europeo respecto de las acciones exteriores de la UE; pide a la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión que mejore la cooperación con el Parlamento;

Comercio internacional

79. Toma nota del propósito de la Comisión de presentar una comunicación sobre comercio y desarrollo; insiste en que los principales objetivos de la política de comercio internacional de la UE deben ser contribuir a un desarrollo sostenible en los ámbitos social y económico en beneficio de todos los ciudadanos, que se base en el comercio justo y el desarrollo económico acordes con los niveles más elevados de normas relativas a la salud y el medio ambiente, la creación de empleo, las normas sociales y los derechos humanos; pide a la Comisión que cumpla su obligación de garantizar la coherencia de las políticas de comercio internacional de la UE con los objetivos previamente mencionados, compartiendo la responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y la erradicación de la pobreza;

80. Considera que la creación de puestos de trabajo dignos y la protección de la industrialización que permite los niveles más elevados de salud y de normas ambientales debe ser parte integrante de una política comercial sostenible de la UE; subraya por tanto que estos asuntos deben abordarse e incluirse en los acuerdos comerciales;

81. Hace hincapié en la importancia de incluir capítulos sobre sostenibilidad, con una formulación enérgica, en todos los acuerdos comerciales negociados en 2011 y en los años siguientes; destaca la importancia de respetar todas las normas de la OIT; pide la suspensión de los acuerdos comerciales con países que violan derechos básicos democráticos, humanos y laborales;

82. Lamenta que las negociaciones y los acuerdos de comercio internacional en la actualidad se centren casi exclusivamente en aspectos de competitividad con los Estados Unidos y de mejora de la posición del sector empresarial y de los inversores europeos en el mercado mundial; espera que la comunicación de la Comisión prevista sobre el apoyo a las PYME en los mercados fuera de la UE se aplique conforme a las políticas de comercio internacional de la UE;

83. Observa el anuncio hecho por la Comisión sobre la presentación de una propuesta legislativa relativa al acceso de las empresas y los bienes de terceros países al mercado de la contratación pública de la UE; manifiesta su inquietud por que ello pueda socavar gravemente el margen político para encaminar el gasto público a las PYME y a las regiones más pobres y promover salarios dignos y condiciones ambientales y laborales estrictas en la contratación pública; expresa su preocupación por que esta propuesta legislativa proceda de acuerdos sobre disposiciones de contratación pública adoptados por la Comisión en el contexto de los acuerdos de libre comercio negociados recientemente o en curso de negociación;

84. Celebra que la Comisión presente finalmente, tras muchos retrasos, el Reglamento revisado por el que se aplica el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG); insiste en que el nuevo Reglamento debe poner en práctica las solicitudes del Parlamento Europeo que se aprobaron en el Informe Markov el 5 de junio de 2008, en especial en lo que se refiere a la transparencia y al control democrático, a las normas de origen revisadas y la asistencia técnica complementaria;

Política de desarrollo

85. Acoge con satisfacción el hecho de que la eficacia de la ayuda al desarrollo sea un objetivo clave en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011; recuerda que ello es posible solamente aumentando la coherencia de todas las políticas de la UE y si la Unión tiene en cuenta los objetivos de desarrollo en la aplicación de las políticas que pudieran afectar a los países en desarrollo;

86. Lamenta que no haya indicaciones del remedio que piensa aplicar la Comisión a la situación de grave descenso en la contribución de la ayuda oficial al desarrollo por parte de la UE y de sus Estados miembros, independientemente del impacto de la crisis financiera, para garantizar que Europa persiste en su objetivo de alcanzar el 0,7 % del PIB en 2015;

87. Denuncia los AAE que han entrado en vigor hasta la fecha; pide el establecimiento de un nuevo mandato que se centre en el desarrollo en las negociaciones referentes a AAE basados en la solidaridad, y la creación de mecanismos para proteger los mercados locales y regionales en beneficio de los productores locales; pide a la Comisión que haga todo lo posible para asegurarse de que este nuevo mandato no permite ningún chantaje en la ayuda al desarrollo, ninguna presión en términos de tiempo o coste y de que respeta la igualdad soberana de los países ACP;

Respuesta en caso de catástrofe

88. Acoge con satisfacción la intención de fortalecer la capacidad de protección civil de la UE; pide a este respecto a los Estados miembros y a la Comisión que consideren la intervención en caso de catástrofe como una tarea estrictamente civil y la desarrollen en consecuencia; insiste en que las catástrofes no deben conducir a la utilización o el despliegue de fuerzas militares, ni dentro ni fuera de la UE; considera que, en su lugar, se deben facilitar los recursos necesarios a las fuerzas de protección civil, a fin de que puedan desarrollar su tarea de manera adecuada y autónoma;

Normativa inteligente

89. Subraya que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad son principios fundamentales del Derecho primario y que es absolutamente necesario respetarlos en aquellos ámbitos en los que la Comunidad no posee competencia legislativa exclusiva; considera que estos principios son esenciales para legitimar la adecuación y el alcance de la acción de la UE, en la medida en que permitan a los Parlamentos nacionales ejercer sus propios poderes legislativos, con el fin de respetar la soberanía popular y garantizar la seguridad jurídica;

90. Lamenta que la Comisión recurra al Derecho indicativo cuando sirve para sustituir a la legislación; advierte de que el proyecto de normativa inteligente no debe verse alterado para que el Ejecutivo de la UE legisle de hecho mediante instrumentos de Derecho indicativo, con la posibilidad que ello supone de socavar el orden democrático, al impedir la participación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales elegidos y la revisión del Tribunal de Justicia, privando a los ciudadanos de la protección judicial;

91. Manifiesta sus dudas en cuanto a la conveniencia de fomentar la autorregulación y la corregulación, que solo servirían para alentar a los grupos de presión y los participantes con poder en el escenario económico;

Revisión del presupuesto  

92. Considera que una presentación clara y transparente del presupuesto de la Unión Europea es una exigencia absoluta en la necesidad de comunicar a los ciudadanos europeos cómo se gasta el dinero de la UE y cómo debe hacer frente a sus nuevas competencias; lamenta que las propuestas de la Comisión para la revisión del presupuesto no concedan prioridad a la cohesión social y a fomentar la integración teniendo en cuenta las necesidades creadas por los efectos de la actual crisis social, económica y financiera; aboga por la necesidad de establecer coherencia entre las prioridades políticas y las presupuestarias;

93. Reitera sus críticas enérgicas a la revisión del presupuesto presentada por la Comisión; lamenta que no dé prioridad ni proporcione los fondos para financiar la convergencia real, las políticas para luchar contra los altos niveles de desempleo, para erradicar la pobreza y la exclusión social, lograr la igualdad de género, la equidad y la igualdad para todos, apoyar las políticas de investigación, innovación y educación, así como todas las políticas y programas que crean y promueven el empleo;

94. Subraya que el Parlamento Europeo debe participar plenamente en el proceso de revisión del presupuesto, así como en el nuevo proceso del marco financiero plurianual, en la definición tanto de gastos como de ingresos;

95. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.