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B7-0106/2011

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PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Votaciones :

PV 17/02/2011 - 6.8
CRE 17/02/2011 - 6.8

Textos aprobados :


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 164kDOC 89k
9.2.2011
PE459.638v01-00
 
B7-0106/2011

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre la Estrategia Europa 2020


Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo, Kyriacos Triantaphyllides en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia Europa 2020  
B7‑0106/2011

El Parlamento Europeo,

–   Vistas las Directrices Integradas Europa 2020 aprobadas por el Consejo en 2010 (Parte I ‑ OGPE, Parte II ‑ Directrices para las políticas de empleo),

–   Vistas las conclusiones de los Consejos de 17 de junio de 2010 (Estrategia Europa 2020), de 16 de diciembre de 2010 (gobernanza económica) y de 4 de febrero de 2011 (política energética de la Estrategia Europa 2020, innovación),

–   Vistas las propuestas de la Comisión sobre el paquete legislativo en materia de gobernanza económica (procedimiento de déficit excesivo, corrección de desequilibrios macroeconómicos) de 29 de septiembre de 2010,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis» (COM(2011) 11 final),

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión abrió el primer ciclo del semestre europeo, tal como aprobó el Consejo Europeo el 7 de septiembre de 2010, centrado en la coordinación ex ante de las políticas presupuestaria y económica en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por una parte, y en la Estrategia Europa 2020, por otra; considerando que se espera que el Consejo de marzo de 2011 ofrezca «orientaciones» para las políticas de los Estados miembros en estos dos ámbitos,

B.  Considerando que la Comisión predice con optimismo que «se observan ciertos signos –aunque dispares– de recuperación económica»; que, en realidad, en 2010 y en adelante los Estados miembros continuaron en una situación de estancamiento económico, algunos cayeron en una doble recesión, otros han presentado persistentemente tasas de crecimiento negativas y muy pocos han podido disfrutar en 2010 del «aumento de las exportaciones tras la reactivación del comercio mundial»; que incluso para estos países exportadores se espera una ralentización del crecimiento económico en 2011,

C. Considerando que la Comisión hace hincapié en que «el sector financiero aún no ha recobrado sus condiciones normales y se registran situaciones de vulnerabilidad frente a la tensión y de dependencia respecto de la ayuda estatal» y en que «las condiciones crediticias aún no han vuelto a la normalidad y en una serie de Estados miembros, la deuda familiar y empresarial sigue siendo excesiva»,

D. Considerando que el análisis crítico por parte de la Comisión de la situación del sector financiero puede seguir dando una imagen demasiado optimista de la situación real: muchos bancos europeos acumulan cantidades enormes de deuda (pública, bancaria e inmobiliaria); muchos de ellos, en realidad, carecen de liquidez y dependen de la financiación barata del BCE para mantenerse a flote; muchos han incurrido en grandes pérdidas que han reconocido solo en parte y, en consecuencia, algunos son en realidad insolventes,

E.  Considerando que, hasta el momento, la Unión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros no han aplicado las reformas necesarias para que el sector financiero actúe ante todo en interés público, acepte menores beneficios y se oriente a eludir el riesgo y a lograr objetivos a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo ni han efectuado las reformas necesarias para una regulación más estricta de los mercados financieros,

F.  Considerando que las conclusiones del Consejo, de 4 de febrero de 2011, defendían la necesidad de «pruebas de resistencia ambiciosas» para los bancos; que las pruebas de resistencia que ya aplicó la UE obviamente no fueron bastante estrictas, puesto que diagnosticaron plena salud al Bank of Ireland y al Allied Irish Bank y poco después sus problemas crecientes desencadenaron el rescate de la zona del euro para Irlanda,

G. Considerando que los Gobiernos de la UE emprendieron acciones para proteger a los titulares de obligaciones de bancos y prefirieron en su lugar imponer pérdidas a los contribuyentes, incluso si hacerlo tensara la solvencia de los Estados hasta el extremo; que esta es la lógica de fondo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que provoca una nueva radicalización de las políticas de austeridad en toda la Unión Europea con lo que la carga financiera de rescatar el sector financiero vuelve a caer sobre la población normal, es decir, trabajadores, jubilados, etc., cuyos puestos de trabajo, salarios y prestaciones y derechos sociales están gravemente amenazados,

H. Considerando que, según el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo, el desempleo en la UE alcanza hoy los 23,1 millones de personas (9,6 %, un 20 % en algunos Estados miembros) ‑5,6 millones de personas menos que en su nivel máximo en el segundo trimestre de 2008‑ y que el desempleo juvenil en la UE asciende al 20,4 % (superior al 40 % en algunos Estados miembros); que el crecimiento en la UE, en costes laborales unitarios reales, ha seguido descendiendo desde mediados de 2009 hasta alcanzar el -2 % anual en el segundo trimestre de 2010,

I.   Considerando que el desempleo se agravará con la tendencia a la austeridad de la UE y las decisiones de los Estados miembros ‑en algunos casos impuestas en el marco de rescates conjuntos de la UE y el FMI‑ de recortar fuertemente el empleo en el sector público,

J.   Considerando que el Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos, John Monks, afirmó recientemente en una carta al Comisario Olli Rehn que «las propuestas de gobernanza económica seguramente generalizarán estas presiones en la zona del euro y fuera de ella, y no se aplicarán solo a países con problemas en los mercados mundiales de obligaciones» y que «para la CES resultará imposible apoyar iniciativas de la UE en este sentido, o propuestas en materia de gobernanza económica, ni cualquier nuevo tratado que las contenga, puesto que en algunos aspectos parecen las disposiciones de reparación (castigo) del Tratado de Versalles y reducen a los Estados miembros a una condición casi colonial»,

K. Considerando que las políticas de austeridad de la UE y de los Estados miembros ‑fuertes recortes de la inversión pública, desmantelamiento continuo de la protección social y del Estado del bienestar, una nueva ola de privatizaciones de servicios públicos, reducción de salarios, aumento de los tipos del IVA, etc.‑ resultarán en un debilitamiento ulterior del poder adquisitivo y de la demanda interna, una reducción de los ingresos por impuestos y la continuación del estancamiento económico o una nueva recesión, y que, con tales políticas de austeridad, es muy probable que no se alcance el objetivo anunciado oficialmente de reducir la deuda pública, aumentar el empleo y «ecologizar la economía»,

Observaciones generales ‑ la Estrategia Europa 2020 y su aplicación

1.  Se opone enérgicamente a la propuesta de la Canciller alemana Merkel y del Presidente francés Sarkozy de un «pacto de competitividad», que exige poner fin a la indexación de salarios, retrasar la edad de jubilación a los 67 años, armonizar las políticas fiscales y laborales, y fijar los límites de deuda en las constituciones nacionales de la zona del euro; pide al Consejo que rechace esta propuesta;

2.  Se opone firmemente a la Estrategia Europa 2020, puesto que no ofrece soluciones a los problemas de la población y continúa y refuerza las políticas equivocadas de la UE que provocaron la crisis; critica enérgicamente que no se aborde en absoluto la igualdad para las mujeres; señala que, en un contexto de aumento del desempleo y de la pobreza, la estrategia no explica claramente cómo reducirlos de manera eficaz mediante instrumentos de política económica, social y de empleo con miras al desarrollo sostenible, desde el punto de vista económico y social, y al pleno empleo con respeto de los derechos de los trabajadores;

3.  Señala que siguiendo la tendencia actual a una austeridad presupuestaria se impedirá generar inversiones suficientes para la ecologización de la economía, la creación de nuevos puestos de trabajo, la mejora de la educación, las capacidades y las competencias, y la lucha contra la pobreza y la exclusión social con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; considera, por lo tanto, que la Estrategia Europa 2020 se basa desde el principio en promesas vacías que no es posible cumplir siguiendo la «nueva política macroeconómica» tal como prevén la Comisión y el Consejo;

4.  Destaca que el actual presupuesto de la UE ni siquiera dota de los recursos presupuestarios correspondientes a las iniciativas emblemáticas de la Estrategia y que sin adaptar el actual Marco Financiero Plurianual (MFP) no existe ninguna posibilidad de ejecutar la Estrategia Europa 2020 en los presupuestos anuales de la UE antes de 2014; hace hincapié en que esto arroja una luz deslumbrante sobre hasta qué punto el Consejo, siempre atento a limitar el presupuesto de la UE y ampliar simultáneamente sus cometidos, se toma seriamente sus propios compromisos respecto a esta Estrategia;

5.  Subraya que las conclusiones del Consejo de 4 de febrero de 2011 en materia de infraestructuras energéticas suponen un claro ejemplo de lo anterior: en un contexto de políticas de austeridad que es necesario ejecutar internamente, los Estados miembros rechazan las peticiones de la Comisión en el sentido de una fuerte inversión pública en «redes eléctricas inteligentes» para fomentar el uso de energías renovables y, en su lugar, el Consejo insiste en que «es el propio mercado el que tendrá que asumir el grueso de los importantes costes de financiación de las inversiones en infraestructura; estos costes se recuperarán mediante tarifas», es decir, precios más elevados para los consumidores;

6.  Considera que la mayoría de proveedores de electricidad y de redes no están interesados en desarrollar una infraestructura descentralizada de energías renovables ni las redes eléctricas inteligentes que se necesitan para ello; critica enérgicamente las decisiones que el Consejo busca imponer unilateralmente para completar el mercado interior de la energía liberalizado a más tardar en 2014, al tiempo que ralentiza el muy necesario aumento rápido del uso de las fuentes de energía renovables; señala que muy probablemente será imposible alcanzar incluso los modestos objetivos en materia de energía y de clima de la Estrategia Europa 2020 si se sigue tal enfoque;

7.  Observa que, pese a algunas palabras superficiales acerca de «reducir la pobreza y la exclusión social» (Plataforma Europea contra la Pobreza) y de «proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad» en el marco de «políticas de consolidación fiscal», la Comisión ha insistido con éxito en la aplicación de recortes en los salarios mínimos (Irlanda, Letonia), las prestaciones sociales (Irlanda, Grecia, Letonia) y los servicios sanitarios y hospitalarios (Letonia, Rumanía, Grecia, Hungría) en el marco de los «paquetes de rescate» dirigidos por la UE y el FMI; critica fuertemente estas políticas y pide a la Comisión y al Consejo que revoquen los requisitos de condicionalidad impuestos a estos países;

8.  Señala que las políticas de austeridad de los Estados miembros, llevadas a cabo en el marco del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, agravarán la pobreza y la exclusión social, con lo que harán muy difícil lograr el modesto objetivo básico de la Estrategia Europa 2020 en cuanto a la reducción de la pobreza;

9.  Destaca que las Directrices Integradas Europa 2020 exigen un enfoque severo por parte de los Estados miembros en pos de una descentralización de la negociación colectiva, la flexibilización del empleo, congelación y limitación de los salarios del sector público (directriz nº 2: «una fijación adecuada de los sueldos en el sector público debe considerarse como una señal importante para garantizar una moderación salarial en el sector privado en sintonía con la necesidad de aumentar la productividad»); señala que el Tratado excluye las cuestiones de la remuneración y la negociación colectiva de su ámbito de aplicación y pide al Consejo que borre estas recomendaciones de las Directrices Integradas Europa 2020;

10. Critica enérgicamente que, en el marco de los «paquetes de rescate» de la UE y el FMI, la Comisión haya emitido dictados para condicionar el pago de fondos a los recortes del salario mínimo, la reducción de la «rigidez» salarial, los recortes de los derechos de pensión, la flexibilización ulterior de los mercados de trabajo y «alinear más estrechamente los salarios con la productividad de la empresa, incluso mediante la reforma de los sistemas de arbitraje y de negociación colectiva»; señala que estas políticas constituyen una violación grave de los derechos al diálogo social y a la negociación colectiva; pide a la Comisión y al Consejo que revoquen estos requisitos de la ayuda de la UE y el FMI;

11. Hace hincapié en el análisis de la Comisión de los proyectos de programas nacionales de reforma de los Estados miembros para aplicar la Estrategia Europa 2020, en el que se lamenta en general de que «los objetivos nacionales se fijen de forma poco ambiciosa y se centren demasiado en el corto plazo» y avisa de que «los esfuerzos acumulados [de los Estados miembros] estarían lejos de permitir alcanzar el objetivo global de la UE, consistente en reducir el consumo de energía en un 20 % de aquí a 2020» y de otras carencias similares en los objetivos de educación y reducción de la pobreza;

12. Señala que, teniendo en cuenta el número de por sí muy reducido de 5 objetivos básicos muy modestos de la Estrategia Europa 2020 en comparación con la Estrategia de Lisboa, parece que se crea una «diferencia de aplicación» similar respecto a la Estrategia Europa 2020, tal como sucedió con la Estrategia de Lisboa en el decenio anterior; considera que no merece la pena proceder a evaluar cada año los «programas nacionales de reforma», lo que constituye una simple pérdida de tiempo;

Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento, gobernanza económica y semestre europeo

13. Se opone enérgicamente a las recomendaciones de la Comisión incluidas en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que se centra en una reducción más rigurosa de los déficits tal como se exige ya en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el aumento de los impuestos indirectos (que afectarán más a los pobres y a los vulnerables), en «una moderación estricta y sostenida de los salarios con revisión de las cláusulas de indexación en los sistemas de negociación salarial», en la supuesta necesidad de «aumentar la edad de jubilación en consonancia con la esperanza de vida» (a pesar de que la UE no tiene competencias en materia de pensiones obligatorias ni de negociación colectiva), en una mayor liberalización de los servicios y del mercado interior, etc.; pide al Consejo que rechace este enfoque al elaborar las «orientaciones» para las políticas de los Estados miembros;

14. Pide al Consejo que rechace las propuestas legislativas de la Comisión sobre el procedimiento de déficit excesivo, puesto que acentuarían el carácter procíclico del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y agravarían la recesión económica lo que, a su vez, haría más difícil alcanzar los objetivos relativos a las finanzas públicas;

15. Pide al Consejo que rechace las propuestas legislativas de la Comisión en materia de corrección de los desequilibrios macroeconómicos, ya que, al vincular sistemáticamente los desequilibrios con la competitividad, se concentra el ajuste exclusivamente en los países con «déficit exterior»; destaca que las pronunciadas desigualdades (y, en especial, la creciente proporción de beneficios y la decreciente proporción de mano de obra) generan ahorros excesivos y que la estrategia de los países que abusan de la moneda única acumulando «superávits» mediante la moderación salarial conseguida a cargo de otros Estados miembros ni siquiera se menciona como problema (en su lugar, se pide a los países con superávit que sigan desregulando sus sectores de servicios);

16. Subraya que los países con superávit deben modificar su desarrollo económico para reforzar la demanda interna y su economía nacional, por ejemplo permitiendo salarios más elevados; propone la creación de un mecanismo de «unión de compensación» en la UE-27 que obligue a los países con superávit a pagar tipos de interés positivos a los países con déficit, permitiendo así a estos invertir en una producción social y ecológicamente sostenible, así como en servicios e infraestructuras, incrementar la productividad y reducir sus déficits; se opone enérgicamente a toda sanción contra países con déficit de la balanza por cuenta corriente;

17. Pide al Consejo que abandone su proyecto de una «modificación limitada del Tratado para crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad», dado que, en su concepción actual, el MEE serviría solo para rescatar una segunda vez a los bancos y, al mismo tiempo, se inicia un contraproducente impulso de austeridad contra los restos del Estado del bienestar, los ingresos y el nivel de vida de las personas normales con objeto de pagar estas deudas; pide una solución a escala de toda la UE que obligue a los bancos a reconocer sus pérdidas y a los titulares de obligaciones a recapitalizarlos, si es necesario, captando capital adicional, ante todo del mercado y, a continuación, convirtiendo las obligaciones de estos titulares en acciones;

Necesidad de una política alternativa en materia de gobernanza socioeconómica de la UE

18. Insiste en que durante los próximos tres a cinco años se necesitarán mayores incentivos fiscales para luchar contra el estancamiento de la economía y desarrollar una estrategia de acceso a nuevos puestos de trabajo: un Plan de Recuperación Económica de la UE nuevo, más sólido y mejor orientado que integre la igualdad de género en todos sus componentes, que utilice el 1 % del PIB de la UE cada año para invertir en un desarrollo sostenible desde los puntos de vista medioambiental, social y económico, para fomentar la equidad, el pleno empleo con «trabajos dignos», la ecologización de la economía, el bienestar social, la erradicación de la pobreza y la exclusión social y para crear una mayor cohesión social y territorial en toda la UE; destaca que ello debe ir acompañado de medidas similares al nivel de los Estados miembros que deben coordinarse de forma coherente entre ellos y con la acción por parte de la UE;

19. Destaca que la Unión Europea debe movilizar y utilizar sus fondos (BEI, BERD, MEEF, etc.) con el bajo tipo de interés del 1 % del BCE para ofrecer préstamos a la inversión en vez de exigir austeridad, centrándose en aquellos países que más necesitan un estímulo de la demanda, y también anticipar los fondos de la Unión (Fondos Estructurales y de Cohesión) sin necesidad de contrapartidas nacionales;

20. Pide al Consejo que amplíe el mandato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), de manera que sus políticas de préstamos puedan cubrir todo el espectro del nuevo Plan Europeo de Recuperación Económica (por ejemplo, incluyendo una política industrial sostenible);

21. Destaca que es posible alcanzar un factor multiplicador de empleo e ingresos de entre uno y medio y dos para las citadas inversiones públicas, con la consiguiente perspectiva de que las medidas adoptadas en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica puedan en buena medida autofinanciarse;

22. Destaca que cualquier ayuda financiera a los Estados miembros debe vincularse a los principios del modelo social europeo, mantenerse totalmente alejada de recortes del sector público y de congelaciones salariales deflacionarias y medidas análogas, y secuenciarse en el tiempo de manera que se evite la austeridad presupuestaria procíclica;

23. Señala que la UE y los Estados miembros deben aplicar mecanismos que permitan una orientación estatal, específica y controlada democráticamente de la inversión con cargo al nuevo Plan de Recuperación hacia los sectores económicos más afectados por la crisis, los sectores sostenibles de nueva aparición y las regiones desfavorecidas; insiste en que los destinatarios de esas inversiones deben poder involucrarse y participar activamente en el proceso;

24. Destaca que toda intervención de los Estados miembros, en forma de ayudas, recapitalización y garantías financieras, destinada a empresas en dificultades debe traducirse lógicamente en un aumento de la parte pública en los derechos de voto y en los futuros beneficios y utilizarse para influir en las estrategias de inversión de esas empresas; señala que los Estados miembros deben aplicar medidas para reforzar la democracia económica y modificar la gobernanza de las empresas con el fin de reforzar la posición de los trabajadores, los sindicatos y los consumidores, así como la dimensión social y medioambiental de las decisiones estratégicas de las empresas y los servicios públicos;

25. Pide al Consejo que cree un impuesto general sobre las transacciones financieras (IGTF) a escala de la UE, para frenar la especulación y garantizar que el sector financiero contribuya de manera justa a la recuperación económica y a la refinanciación de la carga fiscal que suponen las operaciones de rescate público; observa que, según estudios recientes, un IGTF del 0,1 % en Europa podría suponer unos ingresos anuales del orden del 2,1 % del PIB (unos 262 000 millones de euros); propone que los ingresos procedentes del citado IGTF se destinen a ayuda al desarrollo, medidas anticrisis y promoción del desarrollo sostenible;

26. Pide a los Estados miembros que aumenten la fiscalidad sobre las bonificaciones de los bancos y los directivos, sobre los ingresos del capital (dividendos, intereses), sobre los beneficios del capital y sobre las grandes fortunas y herencias, destinando los ingresos obtenidos con ello a la inversión del sector público; señala que la dinámica de la demanda podrá de este modo reforzarse e imbricarse en una estrategia de desarrollo ecológico y socialmente sostenible con perspectivas de reducción del déficit a medio plazo; señala que, para contribuir a la consolidación fiscal, los Estados miembros deberían imponer recortes al gasto militar y a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente;

27. Opina que existe una urgente necesidad de crear un polo financiero de titularidad pública (bancos nacionalizados, cajas de ahorros regionales y locales), estrechamente vinculado a bancos de economía social (bancos cooperativos y bancos mutualistas), que canalice los créditos hacia inversiones útiles desde el punto de vista social y medioambiental que creen empleo de alta calidad preservando los derechos de los trabajadores; considera que la toma de decisiones sobre políticas crediticias del sector financiero debe someterse a un control público democrático y prever la participación democrática de trabajadores y consumidores;

28. Insiste en la necesidad de medidas firmes para frenar la especulación en los mercados financieros; destaca la necesidad de medidas urgentes e inmediatas para la prohibición de las ventas en corto al descubierto y de la negociación de permutas de cobertura por incumplimiento crediticio, y para la creación de una agencia de calificación pública europea; señala que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión no deberían poder operar en la UE, o cuando menos tener severas restricciones de funcionamiento; propugna la supresión de las plazas financieras extraterritoriales; pide a la Comisión y al Consejo que aceleren la introducción de una regulación más estricta de la supervisión del sector financiero;

29. Considera que recortar los salarios y obligar a los trabajadores europeos a subcotizar sus salarios de forma recíproca provocará una deflación, reducirá el poder adquisitivo y la demanda interna e incrementará el riesgo de que la economía vuelva a caer en recesión; insiste en la necesidad de fijar límites salariales efectivos en la parte inferior de la escala de los mercados laborales (salarios mínimos y, adicionalmente, el concepto de renta mínima vital), de aplicar el principio de igualdad de trato e igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor realizado en el mismo lugar de trabajo, y de permitir una evolución salarial al alza que compense la inflación, tenga en cuenta los aumentos de productividad y tenga un fuerte componente de redistribución;

30. Subraya que es urgente reducir la brecha salarial a un 0 ‑ 5 % a más tardar antes de 2020 mediante la elaboración de planes por fases para toda la economía con objetivos claros apoyados por la negociación colectiva y mediante la formación de consejeros de igualdad; señala que deben superarse todas las formas, directas o indirectas, de discriminación de género también abordando la distribución desigual de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres y fijando planes de igualdad para fábricas y otros lugares de trabajo;

31. Mantiene su posición sobre la Estrategia para la igualdad de género en la Unión Europea 2010-2012; propone que esta nueva estrategia de la UE sea un programa de acción y un compromiso político basados en la Plataforma de Acción de Pekín y sus logros, teniendo en cuenta que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, indivisible e integrante de los derechos humanos universales;

32. Hace hincapié en la importancia de la lucha contra los estereotipos en todas las esferas y en todas las etapas de la vida, ya que son una de las causas más persistentes de desigualdad entre hombres y mujeres al influir en su elección en el ámbito educativo, la formación y el empleo, la distribución de responsabilidades domésticas y familiares, la participación en la vida pública, y la participación y la representación en puestos de toma de decisiones y en sus elecciones en el ámbito laboral; pide una directiva para prevenir la violencia contra la mujer;

33. Insiste en sus demandas de un planteamiento focalizado en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y en particular en un objetivo global de reducir la pobreza infantil en un 50 % y de acabar con el problema de las personas sin techo antes de 2015, un objetivo europeo de un salario mínimo (por ley o convenios colectivos a escala nacional, regional o sectorial) que suponga como mínimo el 60 % del respectivo salario medio (nacional, sectorial, etc.), un objetivo europeo de regímenes de renta mínima y de sistemas contributivos de sustitución de la renta que proporcionen un apoyo a la renta por lo menos igual al 60 % de la renta nacional media ecualizada, y un calendario para que todos los Estados miembros alcancen dichos objetivos; señala que para solucionar el problema de las personas sin techo debe tratarse a escala nacional y europea la cuestión de la falta de viviendas adecuadas, y debe hacerse especial hincapié en la lucha contra la pobreza extrema;

34. Destaca que la revisión de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) no debe basarse en el concepto de flexiguridad, sino en el concepto de «buen trabajo» como punto central de referencia, prestándose particular atención a la promoción de la igualdad de género, el trabajo de calidad, una mejor seguridad social y la inclusión social, la ampliación e introducción de nuevos derechos para los trabajadores, el fomento de la salud y la seguridad en el trabajo, una mejor gestión de los riesgos sociales y la conciliación de vida laboral y no laboral; insiste en que los Estados miembros deben adoptar medidas eficaces para suprimir gradualmente el empleo precario y atípico;

35. Considera que cualquier debate significativo sobre la modificación del Tratado de la UE como respuesta a la crisis debe orientarse en primerísimo lugar a abandonar la arquitectura monetarista consagrada en el mismo, es decir: a suprimir los criterios disfuncionales de Maastricht para la Unión Monetaria Europea, a establecer criterios para una «convergencia real» y mecanismos de apoyo para que los Estados miembros puedan lograrla, a anular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sustituirlo por un Pacto de Empleo y Desarrollo Sostenible, y a redefinir el estatuto del Banco Central Europeo para dotarlo de responsabilidad democrática y hacer que abandone su «independencia absoluta» reorientando su misión hacia el apoyo a un desarrollo económico equilibrado sostenible, al pleno empleo, a la estabilidad financiera y a la estabilidad de precios y de tipos de cambio, por mencionar solo algunos de los cambios más importantes que pueden aplicarse al Tratado;

36. Insiste, con vistas al debate sobre el mercado único, en la necesidad de introducir en el Derecho primario de la UE una cláusula de progreso social que estipule que los derechos fundamentales en general y el derecho a la huelga y a la acción y a la negociación colectivas deben prevalecer siempre sobre las «libertades fundamentales» del mercado interior;

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

Última actualización: 11 de febrero de 2011Aviso jurídico