Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B7-0028/2014

Textos presentados :

B7-0028/2014

Debates :

PV 15/01/2014 - 17
CRE 15/01/2014 - 17

Votaciones :

PV 16/01/2014 - 8.6

Textos aprobados :


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PDF 118kWORD 54k
13.1.2014
PE527.218v01-00
 
B7-0028/2014

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento


sobre la ciudadanía de la UE en venta (2013/2995(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre la ciudadanía de la UE en venta (2013/2995(RSP))  
B7‑0028/2014

El Parlamento Europeo,

–   Vistos el artículo 5, apartado 3, y el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea,

–   Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–   Vistos el artículo 20, el artículo 21, apartado 1, y el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–   Vistos los artículos 13 y 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–   Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–   Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2010, Janko Rottman contra Freistaat Bayern (C-135/08),

–   Visto el documento de la Red Europea de Migración, de 8 de noviembre de 2012, titulado Ad-hoc Query on wealthy immigrants,

–   Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que las normas en materia de obtención y pérdida de nacionalidad son competencia de los Estados miembros; que la ciudadanía de la UE es un valor añadido y no sustituye a la nacionalidad, aunque está destinada a ser el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros y no debería depender de la situación económica;

B.  Considerando que la ciudadanía de la Unión implica varios derechos, incluidos el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas y el derecho a la libre circulación, y que dichos derechos los garantiza la propia Unión en toda la Unión Europea;

C. Considerando que la libre circulación en la UE está estrechamente vinculada a la ciudadanía de la Unión; que también se concede a los nacionales de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro de la Unión Europea;

D. Considerando que todas las personas tienen derecho a abandonar cualquier país, incluso el suyo, y a regresar a su país; que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad, y que a nadie se le debería privar arbitrariamente de su nacionalidad ni negar el derecho de cambiarla;

E.  Considerando que varios Estados miembros han adoptado recientemente medidas para facilitar la migración de personas altamente cualificadas o de personas con recursos económicos importantes, en particular vendiendo visados;

F.  Considerando que Malta ha adoptado legislación relativa a la venta de pasaportes a cambio de importantes cantidades de dinero;

G. Considerando que tales propuestas están ligadas a la situación económica y presupuestaria de algunos Estados miembros, a las medidas de austeridad, a los objetivos de reducción del déficit y a las graves deudas públicas que son consecuencia de las políticas impuestas por la Unión; que las medidas de venta de la nacionalidad tienen por objeto financiar los presupuestos nacionales de los Estados miembros o facilitar la inversión en esos Estados miembros;

H. Considerando que la concesión de la nacionalidad, del estatuto de residente o de la residencia temporal no debería depender de la situación económica o social; que los derechos y las libertades se conceden a todas las personas, por lo que no pueden ser objeto de ninguna transacción económica, incluso cuando esté efectuada por los Estados;

I.   Considerando que los migrantes que vienen a trabajar y vivir en la Unión Europea no deberían recibir un trato diferente según su situación económica o social;

1.  Condena firmemente la adopción de legislación o de programas cuyo fin es la concesión de la nacionalidad o el estatuto de residencia permanente o temporal únicamente sobre la base de la capacidad económica o a cambio de proyectos de inversión en los Estados miembros; destaca que estas prácticas constituyen una violación de los principios de igualdad y no discriminación y equivalen a una discriminación entre los migrantes;

2.  Destaca que, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la concesión de la nacionalidad o de permisos de residencia permanente o temporal, dicha concesión no debería considerarse una mercancía;

3.  Señala que la ciudadanía de la Unión es un estatuto importante concedido a todos los nacionales de los Estados miembros que implica directamente la concesión de derechos fundamentales y crea obligaciones para los Estados miembros de la UE;

4.  Condena firmemente estas prácticas, ya que, al mismo tiempo, a los migrantes que trabajan y aportan una valiosa contribución a la Unión Europea durante largos años se les niega incluso la posibilidad de solicitar la nacionalidad en el Estado miembro en que residen; lamenta profundamente el hecho de que, mientras a algunos migrantes se les vende la nacionalidad, otros arriesgan su vida para eludir las medidas de seguridad de las fronteras de la UE;

5.  Recuerda su compromiso con unas políticas de migración abiertas, independientemente de la nacionalidad, el patrimonio o los ingresos;

6.  Lamenta que varios Estados miembros aún no hayan concedido la nacionalidad o el derecho al voto a personas que llegaron antes de 1991 y a sus descendientes (en el caso de Letonia, el 15 % de la población), o concedido el derecho al voto a nacionales de terceros países que residen legalmente en su territorio;

7.  Considera que la concesión de la nacionalidad o del estatuto de residente sobre la base de la capacidad financiera socava el espíritu de confianza mutua en asuntos de ciudadanía entre todos los ciudadanos y toda persona que resida en la Unión Europea, así como entre los Estados miembros, y opina que esto podría afectar enormemente a la libre circulación, el derecho al voto y los programas de exención de visados, que benefician a todos los ciudadanos de la UE;

8.  Pide a todos los Estados miembros que, en el ejercicio de sus competencias en materia de nacionalidad o residencia permanente o temporal, respeten debidamente los convenios europeos e internacionales en materia de derechos humanos;

9.  Pide un debate más amplio sobre los principios compartidos que deben orientar las políticas de los Estados miembros en asuntos de nacionalidad, ciudadanía y residencia permanente y temporal;

10. Pide a los Estados miembros que observen todas sus obligaciones internacionales, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

Última actualización: 15 de enero de 2014Aviso jurídico