Procedimiento : 2017/2593(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0241/2017

Textos presentados :

B8-0241/2017

Debates :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Votaciones :

PV 05/04/2017 - 7.1

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0102

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

tras el debate sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento


sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre las negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 8 del TUE,

–  Visto el título II «Disposiciones sobre los principios democráticos» del TUE,

–  Vistas las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo celebrada en Dublín el 28 de abril de 1990,

–  Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2014, sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte(1),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que todo Estado miembro tiene derecho a retirarse de la Unión por medios democráticos;

B.  Considerando que el Reino Unido es un Estado multinacional y que todos sus pueblos merecen el mismo respeto;

C.  Considerando que la libre circulación de ciudadanos irlandeses y británicos entre las islas de Irlanda y Gran Bretaña data de varias décadas anteriores a la adhesión a la entonces CEE por ambos países en 1973; que los acuerdos bilaterales entre el Reino Unido e Irlanda pueden ser útiles en la búsqueda de soluciones amistosas con respecto a las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido;

D.  Considerando que el Parlamento escocés ha sometido a votación la celebración de un referéndum sobre la independencia escocesa;

E.  Considerando que la paz en Irlanda podría verse amenazada por el retorno de cualquier tipo de fronteras entre el norte y el sur de la isla; que el Acuerdo del Viernes Santo incluye un equilibrio entre tres vertientes: las relaciones internas en Irlanda del Norte, entre Belfast y Dublín y entre Dublín y Londres;

F.  Considerando que las barreras al comercio, tanto arancelarias como no arancelarias, de cualquier naturaleza en la isla de Irlanda tendrían graves consecuencias para las industrias y los circuitos de transformación establecidos desde hace tiempo en toda la isla;

G.  Considerando que la industria agroalimentaria en Irlanda está fuertemente integrada y que muchos sectores se extienden por toda la isla; que el restablecimiento de los controles fronterizos en Irlanda, incluidos los controles de origen, los requisitos de licencias de importación, la documentación y los trámites burocráticos adicionales, así como los controles físicos en las fronteras, supondrán una seria amenaza para este sector tanto en el norte como en el sur de la isla; que la supresión del acceso libre de aranceles para el pescado y los productos pesqueros podría suponer una grave amenaza para los pescadores, los productores y los sectores complementarios en toda la isla de Irlanda; que el fracaso a la hora de garantizar el acceso recíproco histórico para los pescadores de toda la isla sería perjudicial tanto para el norte como para el sur;

H.  Considerando que las consecuencias del brexit afectarán con especial dureza a Irlanda, ya que la exclusión de Irlanda del Norte del mercado único y de la unión aduanera causará enormes daños a nivel político, social y económico a toda la isla de Irlanda, si no se mitiga mediante acuerdos para consensuar cuestiones como la movilidad, las normas de origen y la acumulación;

I.  Considerando que están en juego los más de 12 000 puestos de trabajo de los trabajadores fronterizos de la Unión que trabajan en Gibraltar, lo que conduce a un efecto potencialmente devastador desde un punto de vista social y económico para la región vecina de España si no se mitiga mediante acuerdos similares;

J.  Considerando que el déficit democrático ha aumentado a consecuencia de las opciones y políticas de la Unión, lo que supone un enorme problema que provoca en muchos ciudadanos el sentimiento de no estar representados por las instituciones; que este problema solo puede abordarse con cambios políticos radicales, transparencia, apertura y la defensa de los valores de la democracia, la paz, la tolerancia, el progreso, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos;

K.  Considerando que el brexit afecta especialmente a los cerca de1,2 millones de ciudadanos británicos que residen en otros Estados miembros de la Unión y a más de 3 millones de nacionales de Estados miembros de la Unión que viven en Gran Bretaña, sin incluir a los 1,8 millones de personas en Irlanda del Norte que tienen legalmente derecho a la nacionalidad irlandesa y, en virtud de este, a la ciudadanía de la Unión;

L.  Considerando que el Reino Unido sigue estando sujeto al Derecho internacional y debe seguir cumpliendo sus obligaciones con respecto a los tratados internacionales de los que es signatario, incluidos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático;

M.  Considerando que, sin un acuerdo comercial bilateral, la Unión Europea y el Reino Unido aplicarían entre ellos los contingentes arancelarios consolidados en la OMC;

N.  Considerando que la Unión ya ha demostrado que es posible encontrar soluciones pragmáticas para abordar situaciones territoriales complejas;

I. Principios generales

1.  Reconoce y respeta el hecho de que una mayoría de los votantes de Gran Bretaña hayan decidido con su voto retirarse de la Unión Europea;

2.  Reconoce y respeta el hecho de que la mayoría de los votantes de Irlanda del Norte y de Escocia hayan decidido con su voto permanecer en la Unión Europea;

3.  Considera que deben protegerse los intereses de todas las partes constitutivas del Reino Unido y que sus respectivos representantes políticos deben participar en las negociaciones;

4.  Rechaza cualquier tipo de presión o chantaje durante el proceso de negociación; destaca que ni la activación del artículo 50 ni ninguna otra de las disposiciones de los Tratados deben servir para crear obstáculos injustificados a la aplicación de una decisión de retirarse de la Unión Europea; destaca la necesidad de que las negociaciones se lleven a cabo con la mayor apertura y con espíritu colaborador, de conformidad con el principio de cooperación leal, evitando al mismo tiempo la creación de obstáculos innecesarios a la consecución de los resultados acordados;

5.  Rechaza cualquier intento de utilizar los asuntos de seguridad y defensa como moneda de cambio para los acuerdos sobre otros capítulos de la negociación;

6.  Destaca que la aprobación por parte del Parlamento Europeo de los resultados de las próximas negociaciones solo es legítima si los derechos consolidados del Parlamento a la información se respetan en todas las fases de las negociaciones y si los representantes legítimos del PE pueden participar activamente en los procesos de elaboración de las posiciones de la Unión; pide, al mismo tiempo, que los procesos correspondientes de elaboración de las posiciones del PE estén firmemente integrados en la labor del Parlamento;

7.  Insiste en que ningún acuerdo entre la Unión y el Reino Unido debe dar lugar a unas normas menos estrictas, en particular, entre otros, en el ámbito del medio ambiente, los derechos sociales y de los trabajadores y la protección de los consumidores, tanto en los Estados miembros como en la Unión; insiste asimismo en que los acuerdos entre la Unión y el Reino Unido no deben socavar la estabilidad financiera favoreciendo la liberalización de servicios financieros, ni incluir obligaciones para la liberalización de servicios públicos;

8.  Expresa su disposición a llegar a un acuerdo justo sobre las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido, en interés de todas las personas que viven en las diferentes jurisdicciones;

II. Acuerdo de retirada

II.1 Derechos

9.  Opina que es de suma importancia proporcionar rápidamente y sin condiciones seguridad jurídica a los nacionales de los Estados miembros de la Unión que viven en el Reino Unido y a los ciudadanos británicos que viven en otros Estados miembros, sobre la base de la reciprocidad y la no discriminación;

10.  Considera que estos derechos incluyen, aunque sin limitarse a ellos: el derecho de residencia; el derecho a la igualdad de trato; derechos sociales; el derecho de acceso a los servicios públicos, incluida la atención sanitaria; el derecho a transferir las cotizaciones a la seguridad social; el derecho a la reunificación familiar; el reconocimiento mutuo de diplomas académicos y calificaciones profesionales, incluida la continuación de los programas Erasmus a su nivel actual; la movilidad de estudiantes, profesores y artistas;

11.  Pide, por lo que se refiere a la coordinación de la seguridad social, una cláusula sobre el mantenimiento del Reglamento 883/2004 y el Reglamento de Ejecución (CE) n.º 987/2009, así como del Reglamento (CE) n.º 859/2003, con el fin de salvaguardar los derechos en vigor hasta que se haya alcanzado un acuerdo sobre las futuras relaciones entre la Unión y el Reino Unido; insta a los Estados miembros y al Reino Unido a que firmen y ratifiquen el Convenio Europeo de Seguridad Social (ETS n.º 078);

12.  Pide a las instituciones de la Unión y al Gobierno del Reino Unido que establezcan, en un plazo de tres meses, acuerdos legales destinados a preservar y salvaguardar los derechos y el estatuto jurídico de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión y los nacionales del Reino Unido que han ejercido el derecho a la libertad de circulación de conformidad con los Tratados de la Unión y la Directiva 2004/38/CE; pide que estos acuerdos se introduzcan directamente y de forma pormenorizada en el acuerdo de retirada y que se transpongan al marco de las relaciones futuras;

13.  Pide que se preste una atención particular a la movilidad de los trabajadores (trabajadores móviles, trabajadores transfronterizos y trabajadores fronterizos), haciendo especial hincapié y dando muestras de una comprensión especial en lo que se refiere a la situación única en que se encuentran Irlanda y Gibraltar; opina que también es necesario encontrar una solución para los trabajadores desplazados;

II.2 Finanzas

14.  Opina que el primer paso hacia un acuerdo financiero entre el Reino Unido y la Unión debe ser, en particular, la definición de la metodología que se ha de aplicar a la hora de determinar los pasivos y activos comunes de la Unión y la participación del Reino Unido en ellos, incluidos los pagos relacionados con la cuota de créditos pendientes correspondiente al Reino Unido;

15.  Considera que, en el caso de los fondos y programas cuyo plazo de vencimiento financiero va más allá de la fecha prevista para la retirada del Reino Unido de la Unión, los compromisos del Reino Unido deben mantenerse de tal manera que no se pongan en peligro los programas hasta que el Reino Unido se retire de la Unión; considera que, en caso de que el Reino Unido decida participar en programas de la Unión, seguirá asumiendo sus compromisos financieros;

II.3 Irlanda

16.  Observa que, desde que se ratificó el Acuerdo del Viernes Santo y se restableció el reparto de poder en 2007, la Unión Europea ha sido un importante socio para la paz en Irlanda, proporcionando importante apoyo político y ayuda financiera, lo que ha dado lugar a un mayor progreso económico y social en toda la isla;

17.  Toma nota de la obligación de la Unión de proteger las garantías del Acuerdo del Viernes Santo, entre ellas las instituciones políticas, las garantías sobre los derechos humanos, los órganos de toda Irlanda y el derecho constitucional y jurídico de los ciudadanos a ejercer su derecho a la autoderminación;

18.  Reconoce que, de conformidad con el Acuerdo del Viernes Santo, los nacidos en la isla de Irlanda, tanto en el norte como en el sur, tienen un derecho inmanente a la ciudadanía irlandesa o británica, o a ambas, y, en virtud del derecho a la ciudadanía irlandesa, también a la ciudadanía de la Unión;

19.  Pide que se conceda a Irlanda del Norte un estatuto especial en el seno de la Unión que le permita mantener su pertenencia a la Unión y el acceso a la unión aduanera, el mercado único y la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo; pide, además, que se mantengan las cuatro libertades de circulación, a saber bienes, personas, servicios y capital;

20.  Pide que los ciudadanos de Irlanda del Norte puedan seguir ejerciendo su derecho a la ciudadanía irlandesa y, por lo tanto, a la ciudadanía de la Unión; pide asimismo que se mantengan las responsabilidades y los derechos asociados a la ciudadanía de la Unión;

21.  Pide el mantenimiento de futuras fuentes de financiación como un elemento central de la consolidación y los progresos en el proceso de paz;

22.  Pide, como elemento fundamental de cualquier acuerdo, que se respete y mantenga en su totalidad la Zona de Viaje Común entre el Reino Unido e Irlanda;

23.  Insiste en la plena aplicación del Acuerdo del Viernes Santo y los posteriores acuerdos;

24.  Es consciente de que la isla de Irlanda puede sufrir unas transformaciones sociales y económicas graves y significativas como consecuencia de cualquier acuerdo futuro entre la Unión y el Reino Unido; pide a la Unión que haga todo lo posible, tanto desde un punto de vista político como económico, para mitigar y mejorar las consecuencias negativas que podrían afectar a la isla de Irlanda;

25.  Estima necesario que la Unión reconozca los intereses de Irlanda ante cualquier agresión británica en relación con las disputas territoriales en torno a Carlingford Lough y Lough Foyle;

III. Disposiciones transitorias

26.  Recuerda que hasta la celebración del acuerdo de retirada, el Reino Unido es parte íntegra de la Unión Europea, disfruta de los derechos y está sujeto a las responsabilidades que se derivan de su pertenencia, también en lo que se refiere a la cooperación leal y a la garantía de que el Reino Unido no bloqueará decisiones que no le afecten;

27.  Estima adecuado, al objeto de salvaguardar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, prever en el acuerdo de retirada disposiciones transitorias que regulen el alcance, el cumplimiento y las vías de recurso en lo que respecta a las sentencias y decisiones adoptadas por los Tribunales de la Unión (el Tribunal General y el Tribunal de Justicia), durante las negociaciones de retirada, que afecten a incumplimientos de la legislación de la Unión que probablemente tengan una repercusión duradera en los derechos humanos y las libertades fundamentales, que exceda el período de negociación;

28.  Considera que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea debería tener el menor impacto posible en el marco financiero plurianual vigente (MFP) 2014-2020 y en los procedimientos presupuestarios anuales conexos; resalta que los fondos de cohesión y estructurales deben garantizarse plenamente;

29.  Hace hincapié en la necesidad de que la Unión intente alcanzar un acuerdo transitorio con el Reino Unido, tras el acuerdo de retirada, a fin de evitar la interrupción de las rutas comerciales durante la negociación de las relaciones comerciales futuras, teniendo en cuenta los intereses tanto de los Estados miembros como de los países terceros;

30.  Destaca la importancia de las disposiciones transitorias a la hora de velar por que quienes participen en cursos de educación o formación (sean estudios de licenciatura o posgrado, prácticas u otros tipos de formación profesional) o en programas de movilidad o intercambio en el momento en que el Reino Unido deje de ser formalmente un Estado miembro, puedan completar sus cursos o programas bajo las mismas condiciones financieras y legales existentes cuando los iniciaron;

IV. Relación futura

31.  Opina que la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido debe construirse con arreglo a los principios de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho, y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

32.  Subraya que debe introducirse en el mandato para el nuevo acuerdo que se negocie con el Reino Unido una cláusula sobre democracia y derechos humanos inalienables, que incluya todas las obligaciones jurídicas preceptivas en todos los acuerdos con países terceros;

33.  Cree que la retirada del Reino Unido del Convenio Europeo de Derechos Humanos dificultaría en gran medida cualquier cooperación futura en el ámbito de las libertades civiles, la justicia y los asuntos de interior; insta, por tanto, al Reino Unido a mantener su pertenencia a dicho Convenio;

34.  Estima que ha de prestarse una atención especial a la protección de los datos personales, teniendo presente la amplia gama de ámbitos a los que afecta; pide, por consiguiente, a ambas partes negociadoras que preserven, como mínimo, los estándares comunes vigentes elaborados a nivel europeo, al tiempo que evitan toda tentativa de recurrir a marcos nuevos y específicos; opina que no debe haber, por tanto, ninguna derogación de las normas actualizadas en materia de protección de datos;

35.  Opina que la relación futura debe basarse, como mínimo, en normas comunes en un abanico de ámbitos, entre los que se encuentren el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la regulación financiera, los derechos de los trabajadores o los derechos sociales; considera, asimismo, que bajo ninguna circunstancia han de ser dichas normas inferiores a las vigentes en la Unión en la actualidad;

36.  Subraya que las normas de la Unión en materia de lucha contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales deben constituir una condición estricta para cualquier acuerdo entre la Unión y el Reino Unido; considera, asimismo, que bajo ninguna circunstancia han de ser dichas normas inferiores a las vigentes en la Unión en la actualidad;

37.  Cree que toda decisión de la Comisión sobre la concesión de un estatuto equivalente en materia de regulación de los mercados financieros a cualquier país tercero debe ser examinada por el Parlamento Europeo;

38.  Manifiesta su preocupación por que diversas corporaciones multinacionales radicadas actualmente en el Reino Unido hayan anunciado su intención de reubicarse en un Estado que forme parte del mercado interior de la Unión Europea, caso de que se reinstauren unos aranceles altos, barreras no arancelarias al comercio y normas sobre restricciones de origen entre el Reino Unido, la Unión Europea y países terceros; condena las presiones y los chantajes fomentados por corporaciones de los ámbitos económico y financiero, cuya intención fundamental es entorpecer la decisión de un Estado miembro de retirarse de la Unión; expresa su solidaridad con la lucha de todos los trabajadores en defensa de sus empleos y derechos;

39.  Resalta que un acuerdo comercial no es el marco adecuado donde resolver cuestiones de cooperación normativa entre la Unión Europea y el Reino Unido; hace hincapié en que la relación comercial y económica futura no puede emular el planteamiento adoptado en el AECG y la ATCI, ya que así se paralizarían, o suavizarían más, los estándares de la Unión o del Reino Unido a fin de mantener la «convergencia normativa»; insiste en que se vele por que el sector financiero esté bien supervisado y regulado en el futuro con arreglo a los estándares más estrictos posibles tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido; recuerda su rechazo a las actuales políticas de libre comercio de la Unión y a las disposiciones sobre resolución de litigios entre inversores y Estados, sea cual sea su forma, recogidas en los acuerdos comerciales bilaterales; solicita que la protección de los derechos de los trabajadores sea un pilar fundamental de las relaciones económicas futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido;

40.  Señala la necesidad de atenuar el impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en los países en desarrollo que realizaban sus exportaciones al Reino Unido y a la Unión Europea con arreglo al Sistema Generalizado de Preferencias; alienta al Gobierno del Reino Unido a que prepare el establecimiento de un sistema de preferencias comerciales similar para los países en desarrollo;

41.  Considera que los acuerdos comerciales bilaterales, plurilaterales y multilaterales vigentes habrán de revisarse teniendo presente la nueva situación con objeto de evitar la inseguridad jurídica y, por ende, problemas en las relaciones con terceros países; destaca la necesidad de modificar o renegociar los acuerdos con terceros países en el marco de este proceso y de convertir el progreso y la cooperación en los ámbitos social y medioambiental en el nuevo punto central de esos acuerdos con el fin de encarar los problemas económicos y sociales que han contribuido a la decisión del brexit; señala, en particular, la necesidad de reducir las cuotas de acceso al mercado contempladas en los acuerdos comerciales vigentes en el sector agrícola, así como de adaptarlas a la realidad de los flujos comerciales actuales entre los países socios y la UE-27;

42.  Subraya la importancia que reviste el Reino Unido como socio comercial para el sector agroalimentario irlandés, ya que representa más del 50 % de las exportaciones agroalimentarias para algunos sectores y más del 40 % de las importaciones agroalimentarias; subraya asimismo las posibles repercusiones negativas del brexit en el sector pesquero;

43.  Hace hincapié en la necesidad de que los futuros acuerdos que se celebren con el Reino Unido impidan el dumping social; insta, por consiguiente, al Reino Unido a que siga el ejemplo de Irlanda y firme y ratifique la Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional de reclamación colectiva;

44.  Apoya una cooperación continuada del Reino Unido con la Unión en una serie de ámbitos, como educación, investigación y ciencia, sanidad, energía, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria; apoya asimismo una participación continuada del Reino Unido en proyectos destinados a proteger las lenguas europeas menos habladas a través de varios programas de la Unión; considera que la continuación de la participación del Reino Unido en varios programas de la Unión debe basarse en la aportación de una contribución financiera justa a dichos programas;

45.  Considera que un futuro acuerdo de cooperación también debe incluir las condiciones financieras de la posible participación del Reino Unido en estructuras y acuerdos al margen del presupuesto de la Unión, como el Fondo Europeo de Desarrollo, los fondos fiduciarios y el Banco Europeo de Inversiones;

46.  Considera que cada Estado miembro debería tener derecho a desarrollar sus relaciones con el Reino Unido sobre la base del interés mutuo, la amistad entre los pueblos y la cooperación entre Estados soberanos, ateniéndose a lo dispuesto en el acuerdo definitivo entre la Unión y el Reino Unido;

V. Cuestiones conexas

47.  Considera que la representación de Irlanda en los organismos de la Unión debe adaptarse para tener en cuenta a los ciudadanos irlandeses / de la Unión en Irlanda del Norte;

48.  Subraya la necesidad de que la Unión y todas las partes interesadas adopten medidas específicas en sus ámbitos de competencia respectivos para garantizar el apoyo a las regiones que resultarán más afectadas;

VI. Otra Europa

49.  Considera que es necesario un cambio radical de planteamiento para enterrar las políticas que aplica actualmente la Unión, y que apoyan muchos Estados miembros, a favor de otras que den lugar a un crecimiento económico sostenible y al pleno empleo y tengan por objeto luchar contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades de ingresos dentro de los Estados miembros y entre ellos;

50.  Subraya que el brexit debe considerarse un reto y una misión para la construcción de otra Europa; considera, por otra parte, que ello muestra que se necesita una Europa integrada por iguales y caracterizada por el progreso social y la paz, que ha de construirse con el acuerdo y la participación de los pueblos y los ciudadanos, así como la igualdad de derechos entre los Estados miembros;

51.  Pide que se ponga fin a las políticas de austeridad de la Unión, en particular revocando el Pacto Presupuestario; solicita, en su lugar, inversiones públicas en la economía real centradas en la creación de puestos de trabajo dignos y seguros, políticas activas contra la desigualdad y la pobreza, y el fomento del control público y la descentralización del sector bancario;

52.  Alienta a la Comisión a que estudie las medidas necesarias para la adhesión de la Unión a la Carta Social Europea revisada y a que proponga un calendario a tal fin; considera que la adopción de esas medidas es necesaria para convertir la Carta Social Europea revisada en uno de los pilares fundamentales de la Unión;

53.  Considera que Europa debe garantizar el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, una solidaridad entre los Estados miembros que impulse una convergencia social y económica al alza, y la cohesión entre los pueblos y los territorios;

54.  Rechaza la Estrategia Europea de Seguridad y su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), y se opone firmemente a una cooperación UE-RU en estos ámbitos; exige que se ponga fin a la cooperación UE-OTAN y rechaza la actual política expansionista de la OTAN; solicita además la retirada de todas las bases militares extranjeras presentes en Europa y la disolución de la OTAN; rechaza una Unión Europea de Defensa; insiste en que el brexit no debe servir de excusa para incrementar el gasto militar, y se opone, por consiguiente, al aumento de los prepuestos de seguridad y defensa de los Estados miembros; rechaza cualquier uso del presupuesto de la Unión para fines militares o civil-militares; insiste en que los Estados miembros deben trabajar en pro de la paz;

VII. Disposiciones finales

55.  Solicita que se informe cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento de negociación y celebración de acuerdos internacionales, tal como establece el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, garantizando así que el Parlamento esté en condiciones de ejercer el control democrático y de decidir sobre el acuerdo;

56.  Pide al Consejo y a la Comisión que tengan presente la posición del Parlamento cuando definan el mandato de negociación y que hagan público ese mandato;

o

o  o

57.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

 

 

 

 

(1)

DO C 285 de 5.8.2016, p. 9.

Última actualización: 3 de abril de 2017Aviso jurídico