Es sabido que las políticas en materia de educación son competencia de los Estados miembros. Sin embargo, los productos relacionados con la enseñanza, la formación y el aprendizaje permanente son objeto de comercio, además transfronterizo, por lo que ello afecta a los consumidores. Por esta razón, ¿puede indicar la Comisión cómo se configura la política europea sobre protección de los consumidores en relación con la calidad y los precios?