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| Procedimiento : 2007/0064(COD) |
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Ciclo de vida en sesión
| Ciclo relativo al documento : A6-0190/2008 | ||||||
Textos presentados : A6-0190/2008 |  | Debates : |  | Votaciones : PV 17/06/2008 - 7.23CRE 17/06/2008 - 7.23 Explicaciones de voto Explicaciones de voto |  | Textos aprobados : P6_TA(2008)0285 |
| INFORME ***I |
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| 16 de mayo de 2008 |
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sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y se deroga el Reglamento (CEE) n° 2377/90 (COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD)) | |||||
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 PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO |
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sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y se deroga el Reglamento (CEE) n° 2377/90 (COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD)) (Procedimiento de codecisión: primera lectura) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0194), – Vistos el apartado 2 del artículo 251, el artículo 37 y el apartado 4, letra b, del artículo 152 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0113/2007), – Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto, – Vistos los artículo 51 y 35 de su Reglamento, – Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0190/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto; 3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.
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| EXPOSICIÓN DE MOTIVOS |
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Los medicamentos veterinarios utilizados para el tratamiento terapéutico y el bienestar de los animales destinados al consumo humano pueden dejar residuos en esos animales productores de alimentos(1). Para velar por la salud pública y la seguridad de los consumidores, debe realizarse una evaluación de riesgo(2) de la seguridad de los residuos de todas las sustancias farmacológicamente activas presentes en los medicamentos veterinarios(3). En el Reglamento (CEE) nº 2377/90 en vigor se indica que deben establecerse, si procede, los límites máximos de residuos (LMR) para todas esas sustancias activas. Con la propuesta de la Comisión por la que se deroga el Reglamento nº 2377/90 se pretende resolver las dificultades surgidas al aplicar la normativa vigente. Se proponen maneras alternativas y muy necesarias para alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores, junto con la disponibilidad y el desarrollo ininterrumpidos de medicamentos veterinarios para el mercado europeo y el buen funcionamiento del comercio intra/extracomunitario de alimentos de origen animal. Dado que el fin último es la protección de la salud humana, es necesario adoptar un enfoque más coherente para el análisis de riesgos y el control de los residuos de sustancias farmacológicamente activas que pueden aparecer en los productos alimenticios producidos o importados en la Unión Europea. Problemas con la actual normativa para la fijación de los LMR La Comisión indica acertadamente que la normativa actual ha provocado una importante disminución de los medicamentos veterinarios «hasta tal punto que genera efectos nocivos para la salud pública y la salud y el bienestar de los animales». El Comité de medicamentos para uso veterinario de la Agencia Europea de Medicamentos coincide en que se dispone de un número insuficiente de medicamentos para el tratamiento terapéutico y el bienestar de los animales. La situación es particularmente alarmante en el caso de ciertos usos menores y de especies menores como las ovejas y los caballos, así como las abejas y los peces. Debido a ello, se registra una gran carencia de medicamentos autorizados y un incremento del denominado «uso no contemplado», lo que podría dificultar el control efectivo de los residuos y afectar gravemente a la seguridad de los consumidores. El gremio veterinario también está muy preocupado por el creciente vacío terapéutico derivado de la pérdida de sustancias esenciales y sus consiguientes riesgos para la salud y el bienestar de los animales, lo que podría afectar asimismo a la seguridad del suministro de proteínas animales a la cadena alimentaria humana. El Reglamento nº 2377/90 también plantea otros problemas: • No es posible incorporar a la legislación comunitaria las normas internacionales asumidas por la UE sin una nueva evaluación científica de la Agencia Europea de Medicamentos. • Los servicios de control de los Estados miembros no disponen de valores de referencia en particular para las sustancias detectadas en los alimentos procedentes de terceros países. • La normativa vigente no es de fácil cumplimiento. Solución propuesta Con la propuesta de derogación del Reglamento (CEE) nº 2377/90 se abordan las deficiencias de la situación actual modificando el marco jurídico vigente para los límites máximos de residuos y dejando intacto el sistema general de fijación de los límites máximos de residuos basado en la evaluación científica. Los principales cambios propuestos son los siguientes: • Prever que la evaluación científica general incluya obligatoriamente el examen de las posibilidades de extrapolación(4), y determinar la base jurídica que permita a la Comisión definir los principios de aplicación de la extrapolación. Así se fomentará el desarrollo de medicamentos para los otros animales productores de alimentos de menor consumo y se reducirá el riesgo que supone para la salud pública el uso de medicamentos con fines distintos de los prescritos. También se reducirán los costes de desarrollo de nuevos medicamentos sin rebajar los altos niveles de seguridad vigentes para la salud pública. • Introducir la obligación de adaptar la legislación comunitaria con el fin de incluir los LMR definidos por el Codex Alimentarius(5) con el apoyo de la UE, reduciéndose así el número de evaluaciones adicionales o innecesarias. • Crear un marco jurídico específico para fijar los límites máximos de residuos en las sustancias farmacológicamente activas cuya autorización como medicamentos veterinarios no está prevista, en particular con fines de control y para la importación de productos alimentarios. A tal fin, la propuesta garantiza que los límites mínimos de funcionamiento exigidos(6) (herramientas de control basadas en asesoramiento especializado y utilizadas como puntos de referencia en las inspecciones aduaneras) se asientan en una base jurídica más sólida, mejorándose con ello la protección de los consumidores y el funcionamiento del mercado único. • Reorganizar la secuencia de los artículos con el fin de crear una estructura lógica, distinguiendo, en particular, entre las disposiciones relativas a la evaluación de los riesgos y las relativas a la gestión de los riesgos para respetar el objetivo consistente en «legislar mejor». • Incluir en el Reglamento propuesto las normas (LMR, condiciones de utilización, prohibiciones) relativas a cada sustancia que figuran actualmente en cuatro anexos del acto de base, lo que se ajusta asimismo a los principios de simplificación y legislar mejor. Pese a que no se ha aprovechado la ocasión para consolidar en mayor medida la normativa vigente en la materia, la ponente se congratula en gran medida de la solución propuesta para garantizar una mayor protección de la salud humana y una mayor disponibilidad de medicamentos veterinarios, dado que, en su opinión, dicha solución es una mejora muy esperada del actual sistema de fijación de los LMR. Las enmiendas que propone la ponente sirven básicamente para aclarar el texto y no tienen por objeto modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión.
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| opinión de la COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS sobre el fundamento jurídico propuesto |
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Sr. D. Miroslav Ouzký Presidente Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria BRUSELAS Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y se deroga el Reglamento (CEE) n° 2377/90 (COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD)) Señor Presidente: Mediante carta de 26 de marzo de 2008, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, de conformidad con el artículo 35, apartado 2, del Reglamento, examinase la validez y la procedencia del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia. La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 8 de abril de 2008. Antecedentes El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Miroslav Ouzký, escribió, el 26 de marzo de 2008 al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la carta siguiente: «La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria está examinando actualmente una propuesta de Reglamento por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal (COM(2007)0194). La propuesta tiene un doble fundamento jurídico, el artículo 37 y el artículo 152, apartado 4, del Tratado CE. La ponente, Avril Doyle, ha presentado una enmienda a la propuesta por la que se suprime el fundamento jurídico del artículo 37, pues considera que el artículo 152, apartado 4, constituye un fundamento jurídico suficiente, y que un doble fundamento jurídico solo se puede justificar si uno de los dos objetivos no es secundario con respecto al otro, lo que no ocurre de conformidad con el considerando 26. Por consiguiente, desearía solicitar a su comisión la elaboración de una opinión sobre la procedencia del fundamento jurídico para esta propuesta, de conformidad con el artículo 35, apartado 2, del Reglamento. Le agradecería que la opinión estuviera disponible a más tardar el 2 de mayo de 2008, con vistas a la votación, en la Comisión de Medio Ambiente, del proyecto de informe, prevista de momento para el 6 de mayo de 2008.» En efecto, la Comisión propone como fundamento jurídico tanto el artículo 37 como el artículo 152, apartado 4, letra b), del Tratado, mientras que Avril Doyle propone un solo fundamento jurídico, el artículo 152, apartado 4, letra b). Conviene observar que en la justificación de su enmienda la ponente indica lo siguiente: «En el caso presente, la salud pública es claramente el objetivo predominante (véase el considerando 26), lo que convierte al artículo 37 en un fundamento jurídico no esencial e incluso innecesario». Fundamentos jurídicos sometidos a consideración Artículo 37 1. Con objeto de determinar las líneas directrices de una política agrícola común, la Comisión convocará, a partir de la entrada en vigor del Tratado, una conferencia de los Estados miembros que habrá de proceder a un contraste de sus respectivas políticas agrícolas, estableciendo, en particular, el balance de sus recursos y necesidades. 2. La Comisión, habida cuenta de los trabajos de la conferencia prevista en el apartado 1, presentará, previa consulta al Comité Económico y Social, y en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la política agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por alguna de las formas de organización común previstas en el apartado 1 del artículo 34, así como a la aplicación de las medidas especificadas en el presente título. Tales propuestas deberán tener en cuenta la interdependencia de las cuestiones agrícolas mencionadas en el presente título. A propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo, por mayoría cualificada, adoptará reglamentos o directivas o tomará decisiones, sin perjuicio de las recomendaciones que pueda formular. 3. El Consejo, por mayoría cualificada y en las condiciones previstas en el apartado precedente, podrá sustituir las organizaciones nacionales de mercado por la organización común prevista en el apartado 1 del artículo 34: a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan a esta medida y dispongan de una organización nacional para la producción de que se trate garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, teniendo en cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las necesarias especializaciones; y b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Comunidad condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional 4. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin que exista todavía una organización común para los correspondientes productos transformados, tales materias primas utilizadas en los productos transformados destinados a la exportación a terceros países podrán ser importadas del exterior de la Comunidad. Artículo 152 1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su prevención, así como la información y la educación sanitarias. La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención. 2. La Comunidad fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos contemplados en el presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción. Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus políticas y programas respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La Comisión, en estrecho contacto con los Estados miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación. 3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública. 4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, contribuirá a la consecución de los objetivos del presente artículo adoptando: a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas; b) como excepción a lo dispuesto en el artículo 37, medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la protección de la salud pública; c) medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con exclusión de cualquier armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar recomendaciones para los fines establecidos en el presente artículo. 5. La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica. En particular, las medidas contempladas en la letra a) del apartado 4 no afectarán a las disposiciones nacionales en materia de donaciones o de uso médico de órganos y de sangre. Evaluación General Todos los actos comunitarios deben basarse en un fundamento jurídico establecido en el Tratado (o en otro acto jurídico que deban aplicar). El fundamento jurídico define las competencias de la Comunidad ratione materiae y especifica el modo en que deben ejercerse dichas competencias, en particular, los instrumentos legislativos que pueden utilizarse y el procedimiento de toma de decisión. Habida cuenta de las consecuencias del fundamento jurídico, su elección reviste una importancia fundamental, en particular para el Parlamento, dado que determina la intervención, de existir alguna, del Parlamento en el proceso legislativo. De conformidad con el Tribunal de Justicia, la elección del fundamento jurídico no es subjetiva, sino que «debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional»(1), como la finalidad y el contenido de la medida en cuestión(2). Por otra parte, el objetivo principal de una medida debe ser el factor decisivo(3). De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un artículo general del Tratado constituye un fundamento jurídico suficiente incluso si la medida en cuestión también pretende, de forma accesoria, alcanzar un objetivo contemplado en un artículo específico del Tratado(4). No obstante, cuando una medida persiga al mismo tiempo varios objetivos vinculados entre sí de modo indisociable sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, la medida debe basarse en las distintas disposiciones pertinentes del Tratado(5), a menos que resulte imposible por incompatibilidad mutua entre los procedimientos de toma de decisión establecidos por las disposiciones(6). La propuesta de Reglamento de la Comisión se basa tanto en el artículo 37 del Tratado CE como en el artículo 152, apartado 4, letra b), del mismo, la cual hace referencia al artículo 37. La cuestión que se plantea es saber si el artículo 152, apartado 4, letra b), constituye un fundamento jurídico suficiente por sí mismo. Análisis de la propuesta De acuerdo con el considerando 26, «los objetivos de la acción propuesta» son «proteger la salud humana y la sanidad animal y garantizar la disponibilidad de medicamentos veterinarios adecuados». Aún más instructivo es el artículo 1, «Objeto y ámbito de aplicación», que establece lo siguiente: (1) El presente Reglamento establece las normas y los procedimientos que permiten determinar: (a) la concentración máxima de un residuo de una sustancia farmacológicamente activa que puede autorizarse en los alimentos de origen animal («límite máximo de residuos»); (b) el nivel de tolerancia de un residuo de una sustancia farmacológicamente activa por debajo del cual la exposición humana a este residuo a través de los alimentos que contienen dicha sustancia se considera insignificante («valor de referencia»). (2) Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento: (a) los principios activos de origen biológico destinados a producir una inmunidad activa o pasiva o a diagnosticar un estado de inmunidad, utilizados en los medicamentos veterinarios inmunológicos; (b) las sustancias contempladas en el Reglamento (CE) n° 315/93. (3) El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la legislación comunitaria que prohíbe utilizar en animales productores de alimentos determinadas sustancias de efecto hormonal, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 96/22/CE. El examen del resto de la propuesta demuestra la relevancia del artículo 152, apartado 4, letra b), del Tratado CE, ya que la medida está claramente destinada a proteger la salud humana fijando los límites máximos de residuos de sustancias farmacológicamente activas respecto de varios productos alimenticios de origen animal (véase el considerando 2). Los procedimientos establecidos son de orden veterinario pero, no obstante, tienen claramente el objetivo de proteger la salud humana. Sin embargo, como indica el Servicio Jurídico en su nota SJ-0811/08 de 2 de abril de 2008, hay que admitir que la propuesta aborda indirectamente los productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado, y que el Tribunal de Justicia ha concluido que el hecho de que una medida se refiera a productos incluidos en dicho anexo es una de las condiciones para tomar el artículo 37 como fundamento jurídico(7). Se observa que no es un argumento particularmente sólido. Además, aunque el Servicio Jurídico sostiene que la práctica legislativa combina frecuentemente los dos fundamentos jurídicos del artículo 37 y el artículo 152, apartado 4, letra b), y que a menudo es difícil distinguir entre medidas puramente agrícolas (veterinarias o fitosanitarias) y medidas agrícolas destinadas principalmente a la protección de la salud humana, admite también que el uso del artículo 37 para la adopción de dichas medidas es una reminiscencia del régimen anterior al Tratado de Ámsterdam, cuando no existía un artículo específico en el Tratado sobre medidas veterinarias y fitosanitarias, y en algunos casos el legislador ha tomado únicamente el artículo 152, apartado 4, letra b), como fundamento jurídico para medidas adoptadas para controlar una enfermedad concreta de animales o de plantas que constituía un peligro específico para la salud de los animales. Reconoce asimismo que el artículo 37 no puede considerarse como absolutamente fundamental para la validez del acto propuesto. Una vez analizado debidamente el dictamen del Servicio Jurídico, se observa, sin embargo, que no es necesario hacer una referencial al artículo 37, a la vista de la excepción expresa establecida en el artículo 152, apartado, 4, letra b), para las medidas de ámbito veterinario cuyo objetivo directo sea la protección de la salud humana. Teniendo en cuenta el objetivo y el contenido de la propuesta de Reglamento, no hay duda alguna de que la protección de la salud humana es el objetivo directo y principal de la medida. Además, desde el punto de vista de la técnica legislativa, se ha considerado preferible evitar el uso de varios fundamentos jurídicos, excepto en los casos, como indica el Tribual de Justicia, en que una medida tenga varios objetivos simultáneos vinculados indisolublemente entre ellos, sin que uno sea secundario e indirecto con respecto a los demás. Además, también se debe tener en cuenta el hecho de que el artículo 37, apartado 2, prevé el procedimiento de consulta y no la codecisión, ya que ello genera una incompatibilidad entre este artículo y el artículo 152, apartado 4, letra b). Aunque el Servicio Jurídico hace referencia al asunto «Dióxido de titanio»(8) ya que indica que, en el caso de una combinación de fundamentos jurídicos, prevalece el procedimiento de codecisión, a la luz del análisis que precede se observa que no es necesario basarse en tal precedente. Por consiguiente, el artículo 152, apartado 4, letra b), es suficiente como fundamento jurídico y no hay necesidad de hacer referencia al artículo 37. Se considera por lo tanto que el fundamento jurídico adecuado es el artículo 152, apartado 4, letra b). En la reunión del 8 de abril de 2008, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, por unanimidad(9), recomendar que el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal y se deroga el Reglamento (CEE) n° 2377/90 sea el artículo 152, apartado 4, letra b) del Tratado CE. Le saluda muy atentamente, Giuseppe Gargani
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| OPINIÓN de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (23.11.2007) |
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BREVE JUSTIFICACIÓN El ponente acoge con satisfacción los objetivos proclamados en el presente Reglamento y las disposiciones para una mejor fijación de los límites máximos de residuos (LMR) de las sustancias farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal. Se trata de dar mayor eficacia a la protección de los consumidores y de los animales y simplificar los procedimientos, con el fin de satisfacer debidamente las urgentes necesidades que surgen una y otra vez en la práctica. El ponente detalla, en particular, las condiciones que deberían cumplirse para extender a otras especies los LMR científicamente determinados (extrapolación), ya que ello podría contribuir a reducir los costes de la autorización de medicamentos veterinarios incluso en los ámbitos de aplicación menores (ovejas, cabras, caballos). Asimismo deberían adoptarse otras medidas para elevar la calidad y la disponibilidad de medicamentos veterinarios para aplicaciones menores. El ponente formula objeciones en lo relativo a la asunción de los LMR fijados en el contexto internacional (Codex Alimentarius). Los acuerdos internacionales en este ámbito poseen la máxima importancia para Europa, que no sólo es un gran importador, sino también uno de los principales exportadores. Sin embargo, la UE debe conservar la posibilidad de adoptar determinadas medidas para mantener sus niveles de protección del consumidor. Como en el caso de otras propuestas de simplificación, debe tenerse presente en todo momento que la protección de la salud es un objetivo prioritario de la Comunidad. Por ello, en todas las decisiones debe tenerse debidamente en cuenta este objetivo. Dado que los valores del Codex prejuzgan la fijación de los LMR en la Comunidad, la Comisión debe buscar la participación del Consejo y del Parlamento Europeo antes de expresar su conformidad con ningún valor. A la luz de experiencias pasadas, debe rechazarse igualmente cualquier automatismo en la asunción de decisiones en las que la opinión pública, los Estados miembros o el Parlamento Europeo no hayan participado oficialmente en régimen de codecisión. Por lo que se refiere a las cuestiones generales relacionadas con la evaluación, debe tenerse en cuenta que, en lo fundamental, los LMR poseen una clara relevancia para la legislación alimentaria. Por ello debe velarse por que en la evaluación de los riesgos se examinen los mismos aspectos que en otros ámbitos de dicha legislación. Deben tenerse especialmente en cuenta la protección de grupos de población particularmente sensibles y la posibilidad de que surjan efectos acumulativos. La fijación de LMR en sustancias que no se emplean en medicamentos veterinarios, pero que tienen efectos comparables, y en sustancias que se emplean principalmente en el extranjero y que entran en nuestros mercados a través de productos de origen animal resulta oportuna en aras de una gestión más fácil y una mayor transparencia de la normativa para los servicios de control. No obstante, las consideraciones comerciales y de simplificación administrativa deben subordinarse siempre a las de protección de la salud. El ponente también ha propuesto disposiciones sobre el tratamiento que deba darse a las sustancias farmacológicamente activas para las que no se han fijado valores límite. Las propuestas se corresponden, en general, con las anteriores disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2377/90. De este modo, el derecho del Parlamento Europeo a participar en el establecimiento de las normas de evaluación se mantiene en un grado mayor del previsto en el proyecto de la Comisión. ENMIENDAS La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
PROCEDIMIENTO
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| Última actualización: 5 de junio de 2008 | Aviso jurídico |