Procedimiento : 2008/2301(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0232/2009

Textos presentados :

A6-0232/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 27
CRE 21/04/2009 - 27

Votaciones :

PV 22/04/2009 - 6.23
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :


INFORME     
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3 de abril de 2009
PE 418.130v02-00 A6-0232/2009

sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2008

(2008/2301(INI))

Comisión de Peticiones

Ponente: Mairead McGuinness

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 ANEXO: Peticiones recibidas por el Parlamento en 2008
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2008

(2008/2301(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

–   Vistos los resultados de sus misiones de información enviadas en 2008 a Rumanía, Bulgaria y Francia, así como los correspondientes informes y las recomendaciones aprobadas por la comisión,

–   Vistos los artículos 21 y 194 del Tratado CE, que otorgan el derecho de petición ante el Parlamento Europeo a todos los ciudadanos de la Unión Europea y a los residentes en cualquier Estado miembro,

–   Vistos el artículo 45 y el artículo 192, apartado 6, de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6-0000/2009),

A. Reconociendo la importancia del procedimiento de petición y sus atribuciones específicas, que permiten a la comisión competente buscar soluciones y explicaciones para los ciudadanos europeos que presentan peticiones al Parlamento,

B.  Visto el número creciente de ciudadanos de la UE que presentan peticiones al Parlamento, junto con los esfuerzos de la Comisión de Peticiones de acelerar más sus procedimientos con el fin de proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos que requieren su ayuda,

C. Considerando que varias de las recomendaciones aprobadas en el informe anual de 2007 todavía no han sido aplicadas por las autoridades del Parlamento, tales como la solicitud de una mejora urgente de los recursos administrativos de su Comisión de Peticiones, incluidas las competencias en materia lingüística y jurídica, con el fin de incrementar la capacidad del Parlamento para efectuar investigaciones independientes de las peticiones que se le dirigen, como, por ejemplo, una cooperación más estrecha con SOLVIT en el ámbito de las peticiones y reclamaciones sobre el mercado interior, así como la creación de un portal común de la UE para los ciudadanos europeos,

D.  Teniendo presente que, a pesar de los considerables progresos realizados en el desarrollo de las estructuras y políticas de la Unión durante este período, los ciudadanos siguen teniendo conciencia directa de muchas deficiencias en la aplicación de las políticas y los programas de la Unión en la medida en que les afectan directamente, y considerando que éstas suelen ser con frecuencia el objeto de las peticiones que se reciben,

E.   Considerando que la «iniciativa ciudadana» instituida por el Tratado de Lisboa entrañará una participación aún mayor de los ciudadanos en las actividades y la labor de la Unión Europea,

F.   Considerando que, en consecuencia, el Parlamento tiene la responsabilidad de asegurar una mejor aplicación de la legislación comunitaria por parte de los diferentes Estados miembros en interés de los ciudadanos y residentes de la UE y, por consiguiente, de trabajar en cooperación con los Estados miembros para lograr este objetivo,

G.  Considerando, no obstante, que muchos Estados miembros siguen reticentes a cooperar activamente con la comisión competente, por ejemplo, no participando en las reuniones de la comisión, y considerando que esto denota una falta de cooperación leal con la institución,

H.  Considerando que la negativa a cooperar activa y oportunamente con el trabajo de la comisión competente en interés de la aplicación correcta de la legislación comunitaria plantea dudas acerca del deseo y la determinación de los Estados miembros en cuestión de aplicar correctamente las políticas y los objetivos de la UE, exponiendo así a las autoridades a la imposición de medidas en forma de sanciones y de multas, previstas en los Tratados, así como a la crítica pública,

I.    Reconociendo, no obstante, que muchos Estados miembros muestran un buen nivel de cooperación y colaboran con el Parlamento en un esfuerzo por responder a las preocupaciones que los ciudadanos manifiestan a través del procedimiento de petición,

J.    Reconociendo la contribución constructiva al procedimiento de petición de los servicios de la Comisión, que regularmente proporcionan, a solicitud de la comisión competente, las evaluaciones preliminares de muchas de las peticiones recibidas,

K.  Considerando que esta cooperación podría y debería seguir fomentándose, en particular, en lo que respecta a los procedimientos de conformidad con los artículos 226 y 228 del Tratado CE en casos debidamente justificados,

L.   Considerando que sería legítimo que el Parlamento hiciese uso de sus atribuciones con arreglo al artículo 230 del Tratado CE, si ello resultase necesario para poner fin a una violación grave del Derecho comunitario que se haya puesto de manifiesto durante el examen de una petición y cuando persista una diferencia significativa de interpretación, a pesar de los esfuerzos realizados para resolverla, entre el Parlamento y la Comisión en lo que respecta a la acción requerida según la legislación comunitaria para proteger los derechos del ciudadano en el caso concreto,

M.  Considerando que el procedimiento por infracción no aporta una solución a los peticionarios aunque los Estados miembros estén obligados por el Tribunal de Justicia a modificar su legislación para adaptarla a los actos legislativos de la UE,

N.  Considerando que la incapacidad para proporcionar una solución extrajudicial directamente a los ciudadanos de la UE que han sido víctimas de una aplicación incorrecta de la legislación comunitaria constituye una injusticia fundamental que requiere un análisis más minucioso por parte de las instituciones de la UE y, en particular, del Parlamento,

O.  Considerando que, en virtud del artículo 230 del Tratado CE, el Parlamento tiene el derecho de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia en las mismas condiciones que el Consejo y la Comisión, y que, de conformidad con el artículo 201 del mismo Tratado CE, está facultado para ejercer un control sobre las actividades de la Comisión, por lo que dispone de los instrumentos jurídicos y políticos para responder con mayor eficacia a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos,

P.   Considerando que el Parlamento debería revisar sus propios procedimientos con el fin de facilitar la interposición de recursos ante el Tribunal de Justicia, en particular en virtud del artículo 121 de su Reglamento, cuando están en juego los derechos de los peticionarios,

Q.  Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la UE, la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que constituyen también un elemento básico de los criterios de Copenhague para la adhesión a la UE, y considerando que el artículo 7 del Tratado de la UE establece procedimientos específicos que pueden iniciarse en caso de violación grave y persistente por parte de los principios mencionados o un claro riesgo de la misma,

R.   Vistas las propuestas de resolución presentadas en el Pleno en 2008 y aprobadas por la gran mayoría de los diputados, de conformidad con el artículo 192, apartado 1, de su Reglamento, sobre la base de las peticiones recibidas relativas al impacto del gasoducto Nord Stream bajo el mar Báltico y relativas a las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios,

S.   Considerando que de la reciente inquietud con respecto a la seguridad del suministro energético se han derivado proyectos de gasoductos para gas natural y gas natural licuado, que, en particular cuando se planifican con precipitación y sin una evaluación adecuada de los riesgos y las alternativas, han originado preocupación entre los peticionarios respecto de la ausencia del examen de los riesgos potenciales graves para el medio ambiente, la salud humana y la seguridad, sobre todo en el caso de proyectos en el Báltico, Gales e Irlanda,

T.   Considerando que, del examen de las peticiones, resulta evidente que las listas de proyectos mencionados en los anexos a la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), modificada por la Directiva 97/11/CE, no incluyen una serie de instalaciones y actividades importantes que han aparecido después de producirse las últimas modificaciones a los anexos, como son las instalaciones de regasificación y biocarburantes,

U.  Considerando que muchas peticiones referentes a la red Natura 2000 continúan mostrando que acabar con la pérdida de biodiversidad es un reto esencial para la Unión y que las Directivas sobre hábitats(2) y aves(3) constituyen herramientas básicas e indispensables para cumplir los compromisos de la UE para acabar con la pérdida de biodiversidad antes de 2010,

V.  Considerando que el examen de las peticiones ha mostrado asimismo que la falta de fuentes suficientes de agua potable se ve agravada por otros factores como son la demanda creciente de agua derivada de la urbanización y los proyectos de ocio excesivos, el mantenimiento inadecuado de las infraestructuras y la prevención insuficiente de las fugas, el uso intensivo de agua por la agricultura industrial y una política de precios que no alienta el uso sostenible del agua,

W. Vistas las recomendaciones formuladas por la Comisión de Peticiones a raíz de la misión de investigación a Fos-sur-Mer, Chipre y Rumanía,

X.  Teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por la Comisión de Peticiones en relación con determinados proyectos de infraestructura en los Montes Rila de Bulgaria observados de una misión de información en 2008,

Y.  Considerando que, aunque la Defensora del Pueblo para los servicios parlamentarios y de salud del Reino Unido, Ann Abraham, se dirigió a la Comisión de Peticiones en diciembre de 2008 y presentó sus resultados, lo que le llevó cuatro años, la posterior respuesta del Gobierno del Reino Unido en enero de 2009, implicando posibles pagos ex gratia a las personas desproporcionadamente afectadas, no puede ser considerada un remedio adecuado para las numerosas víctimas del desastre;

Z.   Reconociendo la cooperación positiva y constructiva con el Defensor del Pueblo Europeo en 2008, el apoyo prestado por la Comisión de Peticiones a sus recomendaciones contenidas en su Informe anual para 2007 y sus dos Informes especiales sobre las Reclamaciones 1487/2005 y 3453/2005 sobre respectivamente el uso de las lenguas por parte del Consejo y la aplicación del procedimiento por incumplimiento por parte de la Comisión, y celebrando las modificaciones, pragmáticas pero necesarias, de su estatuto aprobado por el Parlamento,

AA. Considerando que en 2008 la Comisión de Peticiones recibió 1 886 peticiones, de las cuales 1 065 se admitieron a trámite y 821 no se admitieron a trámite; que el número de peticiones que no cumplían las condiciones del artículo 191, apartado 1, del Reglamento se incrementó considerablemente desde principios de 2007,

1.   Acoge con satisfacción la participación y la contribución de los peticionarios en cada reunión de la Comisión de Peticiones, lo que permite un diálogo directo y abierto con los representantes del Parlamento Europeo, y continúa animando a los ciudadanos de la UE y a las asociaciones comunitarias a que sigan exponiendo cuestiones que entren dentro del ámbito de actividad de la Unión Europea y que les afecten directamente, en la convicción de que este proceso permite al Parlamento Europeo, en su calidad de institución, supervisar la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros y defender y promover mejor los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la UE, definidos en el Tratado UE;

2.   Insta a los Parlamentos nacionales y regionales en su calidad de representantes de los ciudadanos a que se mantengan vigilantes en relación con la manera en que los Estados miembros aplican los Tratados, en particular, en lo que respecta a cuestiones relativas al medio ambiente, a los derechos sociales y el empleo, a la libre circulación de personas, bienes y servicios, a los servicios financieros, a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido su derecho a la propiedad legítimamente adquirida, al reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y a toda forma de discriminación; pide a las Instituciones europeas que se comuniquen de manera eficaz con los ciudadanos de forma que éstos conozcan sus derechos y los deberes de las instituciones nacionales y locales;

3.   Destaca que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, el Parlamento no puede admitir a trámite peticiones que tengan por objeto recurrir decisiones adoptadas por autoridades competentes u órganos judiciales de los Estados miembros y que esta información debe comunicarse de una manera clara y comprensible a los peticionarios; hace hincapié, además, en que las reclamaciones han de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 191, apartado 1, de su Reglamento antes de que puedan ser admitidas a trámite;

4.   Pide que se apliquen en un plazo razonable las recomendaciones aprobadas en el Informe anual de 2007 a las que todavía no se ha dado curso;

5.   Pide a la Comisión, a todos los Estados miembros y a sus instituciones, nacionales, regionales y locales, junto con sus Representantes Permanentes, que cooperen plenamente con la comisión competente del Parlamento Europeo en la investigación de las denuncias o las propuestas contenidas en las peticiones, sobre una base leal y constructiva, con vistas a encontrar soluciones a las cuestiones planteadas a través del procedimiento de petición;

6.   Pide a las instancias competentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo que lleven a cabo un análisis en profundidad de posibles procedimientos para asegurar la adopción de medidas correctivas en favor de los ciudadanos de la UE y que se negocie un nuevo acuerdo interinstitucional que incluya poderes reforzados para las comisiones de investigación, con el fin reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE;

7.  Opina que esta revisión complementaría cualquier aplicación eventual del Tratado de Lisboa previendo salvaguardias adicionales sobre la base de los derechos y las obligaciones declarados de los ciudadanos y las instituciones de la UE;

8.  Recuerda que el Parlamento, en su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión relativa al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea(4), destacó que el respeto y la promoción de los valores en los que está basada la Unión y la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales son «su especial responsabilidad como representante por elección directa de los ciudadanos europeos», y que consideraba «que, si se descarta la necesidad potencial de aplicar sanciones, se produce necesariamente la impresión de que la Unión no está dispuesta a ello o no está en situación de hacer uso de todos los recursos de que dispone para proteger sus valores»(5);

9.  Pide a la Comisión, una vez más, que asegure un reconocimiento y un énfasis mayores del procedimiento de petición, en particular, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos por infracción y a la obligación de informar a la Comisión de Peticiones directa y oficialmente cuando se adopten decisiones de incoar procedimientos de acuerdo con los artículos 226 y/o 228 relacionados con las cuestiones planteadas en las peticiones individuales;

10. Recuerda que el Parlamento estimó que las alegaciones de graves incumplimientos de la legislación comunitaria que la Comisión de Peticiones ha considerado bien fundadas tras el examen de las correspondientes peticiones, pero que el Estado miembro implicado se niega a admitir y que pueden sentar un precedente a escala nacional, deberían ser examinadas en última instancia por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en aras de la coherencia del Derecho comunitario y la realidad del mercado interior(6);

11. Reconoce que los procedimientos por infracción, incluso si tienen éxito, pueden no originar una solución inmediata del problema específico planteado por los peticionarios individuales, una situación que, con frecuencia, mina la confianza pública en la capacidad de las instituciones comunitarias para responder a sus expectativas;

12. Opina que, teniendo en cuenta las claras indicaciones de que no podrá lograrse el objetivo de acabar con la pérdida de biodiversidad en la UE para 2010, se requiere la adopción de medidas urgentes con el fin de hacer más eficaz la aplicación de las Directivas sobre hábitats y aves, y pide a la Comisión que haga todo lo posible para garantizar que los Estados miembros aplican las directivas de manera coherente con este objetivo;

13. Pide al Parlamento y a la Comisión que lleven hasta los Estados miembros la importancia de anticipar, especialmente en lo que se refiere a la aprobación de la planificación, como forma de contribuir a evitar los incumplimientos posibles de las disposiciones legislativas comunitarias que se han adoptado pero no han entrado todavía en vigor;

14. Reconoce que a veces no pueden encontrarse soluciones para las reclamaciones de los peticionarios debido a deficiencias existentes en la propia legislación comunitaria aplicable;

15. Manifiesta su inquietud por el gran número de peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones favorables a la concesión del derecho de voto a los residentes «no ciudadanos» de Letonia en las elecciones municipales; recuerda que el Comité de Derechos Humanos las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han recomendado que los no ciudadanos puedan participara en las elecciones municipales; insta a la Comisión a que supervise de cerca y fomente la regularización del estatuto de los «no ciudadanos» en Letonia, muchos de los cuales han nacido en ese país;

16. Constata que el Parlamento recibe muchas peticiones de particulares y asociaciones en las que muchos de los problemas expuestos no constituyen infracción al Derecho comunitario y que, por lo tanto, deberían resolverse agotando la vía judicial del Estado miembro concernido y, una vez agotadas las vías nacionales, la instancia de recurso procedente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

17. Observa que todavía no se ha tratado plenamente la petición en favor de una sede única, firmada por millón y medio de personas, destinada a lograr que el Parlamento Europeo se reúna en una única localidad; recomienda que la Comisión de Peticiones examine este asunto de forma prioritaria durante la próxima legislatura;

18. Pide, por consiguiente, a las comisiones legislativas competentes que tengan en cuenta las propuestas o las sugerencias que de vez en cuando pueda formular la Comisión de Peticiones en lo que respecta a la aplicación por parte de los Estados miembros de legislación específica, con vistas a una posible revisión o a una investigación más a fondo;

19. Recuerda su solicitud a la Comisión para que intensifique su seguimiento de la aplicación de la Directiva 2006/114/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa(7), con respecto a las empresas dedicadas de manera engañosa a la elaboración de directorios profesionales y que le informe de la viabilidad y de las posibles consecuencias de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior(8), concretamente sustituyendo el término «consumidor» por los términos «la persona objetivo de la práctica;

20. Apoya el llamamiento realizado por el Defensor del Pueblo al Consejo de ampliar las opciones lingüísticas de las páginas web de sus Presidencias para incluir las lenguas más difundidas en la Unión Europea, con el fin de garantizar que los ciudadanos tengan acceso directo a las actividades de las Presidencias del Consejo; se refiere a este respecto a la Presidencia francesa del Consejo, que publicó su página web oficial cumpliendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo;

21. Apoya el llamamiento realizado por el Defensor del Pueblo a la Comisión, con referencia a la aplicación de la Directiva relativa al tiempo de trabajo(9), para tratar las reclamaciones presentadas por los ciudadanos conforme a los principios de buena administración en el ámbito de los poderes discrecionales de la Comisión referentes al inicio de procedimientos por infracción;

22. Se felicita por la cooperación constructiva entre el Defensor del Pueblo y la UE en el marco institucional pertinente; apoya los llamamientos reiterados por parte del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de un código de buena conducta administrativa, común a todas las instituciones y a todos los organismos comunitarios, como aprobó el Parlamento en su Resolución el 6 de septiembre de 2001 sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo siguiendo la investigación por propia iniciativa de la existencia y acceso público, en las diferentes instituciones y diferentes organismos, de un código de buena conducta administrativa(10); opina que el Defensor del Pueblo, la Comisión y el Parlamento deberían preparar un portal comunitario común para el tratamiento de las reclamaciones dirigidas a las instituciones de la UE;

23. Insta a la aplicación por todas las partes de la Resolución 550 (1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre, que conduciría a la plena restitución de la propiedad a sus legítimos dueños en Varosha; sugiere que, en caso de que no se produzcan resultados visibles para finales de 2009, la comisión competente debería examinar la posibilidad de presentar en sesión plenaria el asunto de los peticionarios de Famagusta;

24. Pide a las autoridades rumanas que adopten medidas para conservar y salvaguardar el patrimonio cultural y arquitectónico de Rumanía, con arreglo al artículo 151 del Tratado CE, con referencia a su Declaración de 11 de octubre de 2007 sobre la necesidad de medidas para proteger la catedral católica de San José en Bucarest, Rumanía, un monumento histórico y arquitectónico en peligro(11); señala, con referencia a los problemas sobre la restitución de la propiedad confiscada bajo el régimen comunista, que, con arreglo al artículo 295 del Tratado CE, la propiedad es un asunto de competencia nacional;

25. Solicita a las autoridades francesas que preparen una evaluación epidemiológica para determinar el impacto en la zona próxima a Fos-Berre, en la proximidad inmediata de la planta incineradora en construcción en Fos-sur-Mer; reconoce que la Directiva 1999/30/CE de 22 de abril de 1999 sobre los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente(12) no prohíbe la construcción de un incinerador en la zona ya afectada por la contaminación atmosférica, pero que, con arreglo a las Directiva 1999/30/CE y la Directiva del Consejo 96/62/CE de 27 de septiembre de 1996 sobre la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente(13), se han de adoptar medidas destinadas a cumplir las normas europeas sobre contaminación atmosférica;

26. Recuerda las recomendaciones incluidas en el Informe anual de 2007 de la Comisión de Peticiones, destinadas a examinar de nuevo los procedimientos administrativos para el tratamiento de las peticiones, tales como, por ejemplo, el traspaso del registro de peticiones a la secretaría de la Comisión de Peticiones, una cooperación estrecha con SOLVIT, el refuerzo de la base de datos de peticiones, la creación de un portal comunitario para los ciudadanos europeos, etc.; se felicita de la redacción por parte de algunos diputados de un código de buenas prácticas para el tratamiento de las peticiones, que entraría en vigor al comienzo de la próxima legislatura;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a sus comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo, así como a otros órganos competentes análogos.

(1)

DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2)

Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

(3)

Directiva del Consejo 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 sobre la conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979, p. 1).

(4)

DO C 104 E de 30.4.2004, p. 408.

(5)

Resolución de 20 de abril de 2004, P5_TA-PROV(2004) 0309.

(6)

Resolución P6-0040/2005.

(7)

DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

(8)

DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.

(9)

Directiva del Consejo 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 sobre determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo (DO L 307 de 13.12.1993, p. 18).

(10)

DO C 72 E de 21.3.2002, p. 331.

(11)

DO C 227 E de 4.9.2008, p. 162.

(12)

DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.

(13)

DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Durante esta legislatura, la Comisión de Peticiones ha tratado de garantizar que las cuestiones y preocupaciones planteadas al Parlamento Europeo mediante la presentación de peticiones por parte de ciudadanos y residentes europeos, conforme al artículo 194 del Tratado, fueran examinadas y contestadas debidamente.

Aunque la Comisión sigue esforzándose por hacer frente al creciente volumen de trabajo que se le exige, en muchos ámbitos ha conseguido obtener un respeto y reconocimiento por su actividad del que no gozaba varios años antes. Por ejemplo, se han realizado progresos para garantizar no sólo una mayor transparencia con respecto a las preocupaciones de los ciudadanos mediante una creciente participación de los peticionarios en las reuniones de la Comisión, en las que han podido defender y promover sus puntos de vista, sino que también se han conseguido avances fundamentales con respecto a la capacidad de los diputados individuales de acceder a las peticiones y a todos los documentos asociados mediante el desarrollo de una nueva base de datos informática.

Las peticiones se clasifican en distintas categorías y, para quienes únicamente observen la actividad de la Comisión desde la distancia (incluso dentro del Parlamento), no siempre resulta evidente cuál es la finalidad del trabajo de la Comisión. Esto se debe en parte a que no tiene una única tarea, sino un conjunto variado de opciones que le permiten identificar la vía más útil ante cada petición presentada. También se debe a que los procedimientos empleados son muy distintos de los de las comisiones legislativas que, dadas las responsabilidades de los Parlamentos, gozan de mayor prestigio y atención institucional. Ni siquiera para los ciudadanos de los 27 Estados miembros resulta siempre evidente qué es una petición o qué puede hacer el Parlamento con respecto a la misma.

Por tanto, puede resultar útil en este informe anual empezar identificando los distintos tipos de peticiones que recibe la Comisión.

· Peticiones asociadas a campañas: las suscriben un gran número de ciudadanos que apoyan un objetivo más político, y el número de firmas refleja el grado de interés público por un determinado asunto. Algunos ejemplos son aquellos que protestan por las corridas de toros en España, la matanza de crías de foca, el sufrimiento humanitario causado por el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, la situación en el Kurdistán iraquí, la democratización de Belarús, la terrible situación humanitaria de Zimbabue, la «sede única» del Parlamento en Bruselas, etc.

· Peticiones para ejercer influencia: también pueden estar suscritas por un gran número de personas, pero su propósito es influir en propuestas legislativas específicas que pueden estar siendo examinados en una comisión parlamentaria determinada. Se trata, por ejemplo, de peticiones relacionadas con el sistema de patentes de software, el asilo y los derechos de ciudadanos de terceros países, el paquete sobre energía y clima, REACH, etc.

· Aplicación de la normativa legal de la UE y los derechos derivados de los Tratados: son las más complicadas porque buscan soluciones no judiciales o explicaciones sobre el modo en el que los Estados miembros aplican o los actos legislativos o respetan sus obligaciones derivadas de los Tratados en relación, entre otras cuestiones, con los derechos fundamentales. Son las más controvertidas y para el Parlamento son las que más atraen la atención. Muestran concretamente cómo responden los ciudadanos de la UE a la legislación europea y a menudo alertan sobre graves deficiencias dentro de los Estados miembros. Ha sido en relación con este tipo de peticiones que los miembros de la Comisión de Peticiones han sido calificados de «detectives de las Directivas». No es necesariamente un calificativo cómodo de llevar, pero describe un determinado enfoque que se ha instado a la Comisión que adopte cada vez con más frecuencia. Constituyen algunos ejemplos las peticiones recibidas en torno a grandes proyectos de infraestructuras que atentan contra derechos ambientales o patrimoniales reconocidos en la legislación de la UE, problemas asociados al tratamiento de residuos, a la protección de la naturaleza y la flora y fauna, los derechos fundamentales a la propiedad adquirida legítimamente y otras muchas áreas de responsabilidad en las que la UE tiene competencia.

· Peticiones asociadas a derechos individuales: normalmente tienen un carácter más personal y son peticiones de particulares relativas a los diversos problemas relacionados con la aplicación del mercado interior y la libre circulación de personas. Algunos ejemplos son el reconocimiento de cualificaciones profesionales, los derechos de pensión u otros derechos sociales, requisitos de residencia, viajes transfronterizos e identificación, solicitudes particulares de asilo, etc. (Estas cuestiones también pueden dirigirse a la unidad SOLVIT de la Comisión Europea, aunque las peticiones recibidas suelen ser demasiado complejas para que SOLVIT pueda resolverlas).

Con esta clasificación muy simplificada tal vez resulte más claro por qué es necesario contar con un abanico amplio de normas y procedimientos para tratar cada petición recibida, sobre todo cuando las peticiones no siempre corresponden a una sola de estas categorías. Demuestra asimismo hasta cierto punto por qué cuestiones como la admisibilidad de las peticiones no siempre son tan sencillas con las actuales normas y por qué, una vez más, se adopta normalmente una interpretación amplia, que concede todo el beneficio de la duda al peticionario antes que excluir una cuestión legítima del examen parlamentario.

No obstante, es importante destacar que, sobre todo en 2008, un número creciente de peticiones recibidas fueron declaradas inadmisibles. No se trataba únicamente de peticiones cuyo contenido era claramente de la competencia de un Estado miembro, que suponían una reclamación frente a resoluciones jurídicas adoptadas por un órgano judicial competente o cuyo asunto correspondía más bien al Defensor del Pueblo Europeo o a los servicios de peticiones o al Defensor del Pueblo del país afectado. Estas peticiones recibidas eran tan cortas que en cierto modo resultaban relativamente ininteligibles o carecían de sustancia suficiente. La última categoría ha crecido dada la facilidad con que se presentan las peticiones por vía electrónica y la falta de mecanismos de registro adecuados para poder diferenciar el trigo de la paja. Aunque se han adoptado algunas medidas para tratar este asunto, denota un problema estructural que debe resolver la administración del Parlamento.

Un último aspecto introductorio que debería ser tenido en cuenta para el futuro se refiere a las distintas categorías de peticiones. Conforme al Tratado de Lisboa se concede a los ciudadanos un derecho adicional significativo y una oportunidad práctica importante de participar en mayor medida en el proceso político de la UE a través de la denominada «iniciativa ciudadana». Aunque se supone que dichas iniciativas deben dirigirse en primera instancia a la Comisión Europea (lo cual, teniendo en cuenta que el derecho de petición corresponde al Parlamento, puede resultar confuso en cierto sentido), a la larga brindarán al ciudadano una oportunidad real de proponer nuevas leyes. Esta importante ampliación del sistema de peticiones debería repercutir naturalmente en el trabajo de la Comisión de Peticiones en el futuro cuando entre en vigor, en su caso, el Tratado de Lisboa. Este aspecto fue debatido en diversas ocasiones en 2008 en la Comisión de Peticiones.

Números de peticiones

Las estadísticas dan una idea del volumen de trabajo de la Comisión de Peticiones. Aunque demasiadas estadísticas pueden confundir más que explicar, en un informe anual es obligado prestar atención a las cifras. Así, en 2008 la Comisión de Peticiones registró 1 886 peticiones, frente a las 1 506 de 2007, que supusieron un 50 % más que en 2006. Alemania y España fueron los países con mayor número de peticiones presentadas, seguidas de Rumanía e Italia, Polonia y el Reino Unido. Irlanda también registró un número considerable de peticiones, el más alto por habitante, teniendo en cuenta el tamaño de la población.

El mayor porcentaje de peticiones individuales registradas corresponde a Alemania y Rumanía, mientras que España y Francia probablemente contribuyeron en mayor medida a las peticiones respaldadas por ONG o asociaciones vecinales y entidades locales que se quejaban de la supuesta aplicación incorrecta de las Directivas de la UE. Parece que los ciudadanos alemanes e italianos son más propensos a presentar peticiones relativas a la propia UE. Por primera vez, el número de peticiones presentadas electrónicamente fue superior al de las presentadas por correo ordinario (el 59,2 % frente al 40,8 %). La proporción de peticiones inadmisibles también ha aumentado del 30 % al 40 %.

Países afectados en 2008

(Países con más de 10 peticiones)

País

Peticiones recibidas

Alemania

265

España

226

Rumanía

207

Italia

184

Polonia

105

Reino Unido

99

Grecia

97

Francia

86

Bulgaria

65

Irlanda

58

Finlandia

36

Bélgica

31

Países Bajos

24

Malta

21

Austria

20

Hungría

17

República Checa

14

Suecia

12

Unión Europea

330

Cuestiones fundamentales de 2008.

Temas principales en 2008. (Nota: algunas peticiones se refieren a más de un tema))

Tema principal

Número de peticiones

Medio ambiente

309 (12,7 %)

Derechos fundamentales

208 (08,6 %)

Propiedad y restitución

149 (06,2 %)

Justicia

147 (06,1 %)

Asuntos sociales

118 (04,9 %)

Transporte

117 (04,8 %)

Sanidad

116 (04,8 %)

Mercado interior

111 (04,4 %)

Educación y cultura

105 (04,3 %)

Empleo

89 (03,7 %)

El tema principal que atrae la atención de los peticionarios sigue siendo el medio ambiente, su protección y preservación. Esta Comisión se encuentra de hecho en una posición única para evaluar las reacciones de los ciudadanos europeos con respecto al modo en el que los Estados miembros aplican, o no, la legislación europea en este terreno. Dada la gran preocupación suscitada por el medio ambiente en la región del Báltico, la Comisión organizó por primera vez una audiencia pública y, a continuación, elaboró un informe detallado sobre el impacto del proyecto de gasoducto Mar Báltico – Nordstream, basado en las peticiones recibidas en particular de Polonia y Lituania.

Demostrando abiertamente el deseo y la voluntad de la Comisión de cooperar con otras comisiones parlamentarias, en este caso la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Industria y Energía, la audiencia tuvo lugar a finales de enero de 2008 y resultó ser muy útil para obtener información de todas las partes interesadas tanto a los diputados al PE como a los peticionarios presentes, quienes también intervinieron en la audiencia. Los Comisarios Piebalgs y Dimas también participaron. El informe, que fue aprobado después por una amplia mayoría en el Pleno, ofreció al Parlamento referencias comparativas en torno a la necesidad de diversificar la política energética mientras se prioriza la necesidad de salvaguardar el frágil ecosistema del Mar Báltico(1).

Irlanda ocupó un lugar destacado en los debates de la Comisión sobre las peticiones medioambientales en el curso del año. La Comisión estuvo representada en la audiencia del Consejo Nacional de Planificación cuando examinó la oposición a la ubicación del vertedero por parte del Grupo de Acción Nevitt Lusk (petición 295-05), debido al impacto potencialmente negativo en la producción hortofrutícola de la región y al incumplimiento por parte de las autoridades irlandesas de las disposiciones de la Directiva marco sobre el agua, teniendo en cuenta que la ubicación se encontraba sobre un acuífero importante.

Esta Comisión siguió asimismo manifestando sus preocupaciones sobre el modo en que la Agencia Nacional de Carreteras de Irlanda había ignorado las Directivas de la UE a la hora de planificar la trayectoria de la autopista M3 cerca de Tara, dado el impacto devastador en una parte de las principales zonas que conforman el patrimonio nacional. De hecho, la Comisión añadió este asunto al expediente de infracción abierto contra Irlanda por no haber aplicado correctamente la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental.

Las conversaciones con el Ministro irlandés de Medio Ambiente, sin embargo, demostraron que muchas de las preocupaciones de la Comisión habían sido tenidas en cuenta y abordadas, sobre todo en relación con cierto número de peticiones relativas al agua potable. Un gran número de peticiones de Irlanda recibidas y examinadas en 2008 se refieren al proyecto de instalación de terminales de gas natural licuado (GNL) cerca de Shannon, la construcción de una terminal de contenedores cerca de Cork, las incineradoras propuestas en Caranstown y College Nobber(2) y otros problemas relativos a la ubicación de vertederos en Haulbowline.

La constante preocupación de la Comisión por cuestiones relativas a la propiedad también ocupó gran parte del tiempo de la Comisión en 2008. Además de la cuestión de las urbanizaciones en España, que ahora es objeto de un informe de la Comisión por segunda vez, muchos ciudadanos de diversos nuevos Estados miembros se han puesto en contacto con la Comisión en relación con la espinosa cuestión de la restitución de la propiedad, que se remonta a los regímenes políticos anteriores a la democratización. Conviene observar que esta cuestión sigue siendo competencia de los Estados miembros, aunque todos ellos tienen la obligación de establecer y mantener un marco legislativo operativo para responder a dichas reclamaciones. Una visita de estudio de miembros de la Comisión a Rumanía el pasado mes de junio permitió celebrar un debate sobre este asunto con el Parlamento de Rumanía y el Ministerio de Justicia.

La Comisión de Peticiones recibió más de cuatrocientas cartas relativas a los problemas de numerosas pequeñas y medianas empresas, incluso fundaciones caritativas y otros servicios, con «empresas de directorios» fraudulentas. Resultó ser un fenómeno extendido, en el que muchas pequeñas empresas se vieron intimidadas para que pagaran por un servicio que no habían contratado conscientemente a resultas de propuestas deliberadamente engañosas que les habían planteado. La Comisión invitó a los peticionarios a sus reuniones para que expusieran su caso a los miembros y se organizó en este sentido un seminario especial en el contexto de un informe presentado ante el Pleno en diciembre de 2008(3). La Comisión, apoyada por todo el Parlamento, ha pedido mejores salvaguardias legales para las víctimas potenciales de tales prácticas y una revisión de la legislación de la UE para garantizar que los Estados miembros se encuentran mejor preparados para hacer frente a este fenómeno.

Otra de las cuestiones más destacadas investigadas por la Comisión de Peticiones se refería a las prácticas de una serie de oficinas de defensor del menor (Jugendamt) en Alemania, que tienen la responsabilidad de ocuparse del bienestar infantil en casos de separación o divorcio de los padres. Los principales problemas surgieron con padres de distinta nacionalidad en los que había serios temores de discriminación. Una vez más, la Comisión tuvo que tener presente el hecho de que muchas quejas específicas eran de la competencia de órganos nacionales. No obstante, junto con el Bundestag y el Ministro competente se consiguieron avances notables y en algunos casos los peticionarios recibieron excusas. Un documento elaborado por la secretaría a finales de año ofrecía una explicación clara a los miembros, permitiéndoles situar las reclamaciones en perspectiva y reflejando la seriedad con la que la Comisión contempla el problema.

La Comisión de Peticiones revisó la aplicación del informe de la Comisión de Investigación sobre Equitable Life, aprobada en junio de 2007, que había sido creada a raíz de las peticiones recibidas. El propio informe reveló una serie de deficiencias del marco legal del sector de los servicios financieros en el Reino Unido. En junio de 2008 se presentó una evaluación pormenorizada al presidente del Parlamento Europeo, después de hablar con los peticionarios. A continuación, tras la publicación por parte de la Defensora del Pueblo británica de su informe (Una década de fracaso legal con respecto a Equitable Life), se siguió discutiendo con ella durante la reunión de diciembre de la Comisión. El Parlamento Europeo, que ha manifestado un fuerte descontento por el retraso y la confusión creada por las autoridades británicas, todavía está a la espera de una comunicación detallada por parte del Gobierno británico sobre la cuestión.

Procedimientos de la Comisión.

Como se ha indicado en la introducción, la Comisión de Peticiones tiene que ocuparse de muchas categorías diferentes de peticiones que abarcan muchos ámbitos diferentes de la actividad de la UE. Esto refleja la importancia que concede la institución a las opiniones del ciudadano europeo. También la diferencia de la mayoría de Parlamentos nacionales, que no han creado órganos tan activos en la defensa los derechos de los ciudadanos.

El trabajo de la Comisión se basa en las obligaciones del Tratado y el Reglamento del Parlamento, así como en la estrecha cooperación con la Comisión Europea y las distintas autoridades de los Estados miembros. Sus métodos se han desarrollado básicamente de modo pragmático, en respuesta a las tareas que se le han planteado y una serie de avances logrados con respecto a la transparencia y la participación del público en el transcurso de esta legislatura en particular. Dichos avances están recogidos en informes anuales anteriores.

Un grupo de trabajo de la Mesa del Parlamento Europeo ha formulado una serie de recomendaciones en su Tercer Informe Intermedio que, de ser aplicadas, consolidarían la función y responsabilidades de la Comisión de Peticiones. La Comisión de Asuntos Constitucionales, actuando en parte de acuerdo con la Comisión de Peticiones, también ha realizado una serie de propuestas que modificarían el Reglamento vigente y lo simplificarían.

Sin embargo, a pesar de lo que ojalá puedan considerarse avances, la Comisión debe reconocer que sus poderes para hacer cumplir en la práctica la normativa siguen siendo demasiado limitados. Si entrara en vigor el Tratado de Lisboa, esto podría cambiar en algunos aspectos. No obstante, parece sensato que en esta coyuntura se empezara a examinar en mayor profundidad, junto con las demás instituciones, algunas maneras en que esta Comisión (y, en consecuencia, el Parlamento) puedan ejercer un poder más efectivo con respecto, por ejemplo, al procedimiento de infracción conforme a los artículos 226 y 228 del Tratado, que confieren un notable poder discrecional a la Comisión Europea y ninguno al Parlamento. Además, las opiniones de la Comisión deberían tener mayor efecto en los asuntos llevados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al amparo de estos procedimientos, puesto que con arreglo a la normativa vigente no cuenta con medios prácticos para comunicar sus dictámenes motivados —o las resoluciones que aprueba el Parlamento sobre la base de sus conclusiones— al Tribunal y esto descarta importantes pruebas que el Tribunal podría tener en cuenta en sus deliberaciones.

Esta Comisión debería, por tanto, empezar a examinar con mayor detenimiento la posibilidad de mejorar sus poderes reales. Habría que revisar los procedimientos de adopción de medidas cautelares, de compensación de los peticionarios cuyos derechos se han visto lesionados por la aplicación incorrecta de actos legislativos de la UE, normas más específicas sobre la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales, de modo que en la próxima legislatura el sistema de peticiones pueda realmente alcanzar la madurez.

(1)

Informe de Marcin Libicki.

(2)

La Comisión ha estudiado en varias ocasiones la posibilidad de que las autoridades nacionales consideren las plantas de metanización como alternativas a las incineradoras propuestas, puesto que tienen un impacto mucho menor en la calidad del aire.

(3)

Informe de Simon Busuttil en nombre de la Comisión de Peticiones.


ANEXO: Peticiones recibidas por el Parlamento en 2008

País

Número de peticiones

%

 

Unión Europea

330

15,9

 

Alemania

265

12,8

 

España

226

10,9

 

Rumanía

207

10,0

 

Italia

184

8,9

 

Polonia

105

5,1

 

Reino Unido

99

4,8

 

Grecia

97

4,7

 

Francia

86

4,1

 

Otros

476

22,9

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad del principal peticionario

Número de peticiones

Porcentaje

 

Unión Europea

413

21,8

 

Alemania

245

12,9

 

España

197

10,4

 

Rumanía

189

10,0

 

Italia

144

7,6

 

Polonia

112

5,9

 

Reino Unido

102

5,4

 

Grecia

90

4,8

 

Francia

400

21,1

 

 

 

 

 

 

 

Temas de la petición

Número de peticiones

Porcentaje

 

 

Medio ambiente

309

12,7

 

 

Derechos fundamentales

208

8,6

 

 

Propiedad y restitución

149

6,1

 

 

Justicia

147

6,1

 

 

Mercado interior

130

5,4

 

 

Asuntos sociales

118

4,9

 

 

Transporte

117

4,8

 

 

Sanidad

116

4,8

 

 

Educación y cultura

105

4,3

 

 

Medio ambiente

89

3,7

 

 

Otros

940

38,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua de la petición

Número de peticiones

Porcentaje

 

Alemán

437

23,2

 

Inglés

395

20,9

 

Italiano

222

11,8

 

Español

193

10,2

 

Rumano

155

8,2

 

Francés

131

6,9

 

Polaco

101

5,4

 

Griego

87

4,6

 

Otros

165

8,7

 

 

 

 

 

 


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

31.3.2009

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

16

0

0

Miembros presentes en la votación final

Sir Robert Atkins, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Ángel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Diana Wallis, Rainer Wieland

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, André Brie, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Brian Crowley, Marie-Hélène Descamps, Georgios Georgiou, András Gyürk, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Yiannakis Matsis, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Elspeth Attwooll, Ian Hudghton

Última actualización: 9 de abril de 2009Aviso jurídico