sobre la propuesta de nombramiento de Rasa Budbergyté como miembro del Tribunal de Cuentas

(C7-0018/2010 – 2010/0806(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–   Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0018/2010),

–   Visto que, en su reunión de 15 de marzo de 2010, la Comisión de Control Presupuestario oyó al candidato designado por el Consejo como futuro miembro del Tribunal de Cuentas,

–   Visto el artículo 108 de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0039/2010),

A. Considerando que Rasa Budbergyté cumple las condiciones establecidas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE,

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta de nombramiento de Rasa Budbergyté como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de las Comunidades Europeas y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.

Datos personales

Normbre(s) / Apellido(s) Rasa BUDBERGYTĖ

Nacionalidad              Lituana

Fecha de nacimiento    8 de mayo de 1960

Sexo                         Mujer

Experiencia laboral

Desde febrero de 2005

Auditor General

Oficina Nacional de Auditoria de la República de Lituania

Junio de 2002 – Febrero de 2005

Subsecretaria, Ministerio del Interior

Julio de 2001 – Junio de 2002

Subsecretaria, Ministerio del Interior

Septiembre de 1998 – Diciembre de 2000

Viceministra, Ministerio de Justicia

Enero de 1997 – Septiembre de 1998

Subsecretaria, Ministerio de Justicia

Octubre de 1995 – Enero de 1997

Asesor Jurídico, Sociedad Anónima Lelija

Enero – Abril de 1993

Asesora del Presidente del Gobierno de la República de Lituania

Abril de 1992 – Enero de 1993

Asesora, Departamento de Acuerdos y Asuntos Jurídicos

Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales de la República de Lituania

Marzo de 1985 – Marzo de 1992

Inspectora Jefe, Departamento para las personas con discapacidad, Asesora Senior, Departamento Legislativo, Ministerio de Seguridad Social de la República de Lituania

Agosto de 1983 – Febrero de 1985

Directora de Departamento General

Consejo Municipal de Marijampole

Septiembre de 1997 – Febrero de 2005

Profesora adjunta

Universidad de Vilna, Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho

Educación y formación

Septiembre de 1978 – junio de 1983

Abogada (summa cum laude), especialidad de Derecho Civil

Universidad de Vilna, Facultad de Derecho

Cualificaciones y competencias personales

Idioma(s) materno(s) lituano

Inglés

Ruso

Cualificaciones y competencias informáticas

Usuaria del software Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) (licencia ECDL)

Usuaria de Internet Explorer

Otras cualificaciones y competencias

En 2005 es elegida miembro del Comité Directivo de EUROSAI (Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa) y Vicepresidenta para el período 2006-2008

Lectura y viajes           

Información adicional

En 2009 recibió la condecoración pública Cruz de Comandante de la Orden del Gran Duque Gediminas de Lituania

Experiencia profesional

1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de hacienda pública, gestión o auditorías de gestión?

Toda mi carrera ha transcurrido en el sector público, en los ámbitos de la hacienda pública, la gestión y la auditoría. He trabajado como asesora del Primer Ministro de Lituania, así como en los Ministerios de Relaciones Económicas Internacionales, Justicia e Interior, además de en la Oficina Nacional de Auditoría. También he dirigido diversos grupos de trabajo y comisiones interdepartamentales.

Como asesora del Primer Ministro, presenté mis conclusiones sobre proyectos de actos legislativos en materia de hacienda pública, así como sobre las obligaciones contraídas en nombre del Gobierno. En el Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales, me ocupé de diseñar contratos de financiación pública internacional para la República de Lituania. También pertenecí a delegaciones gubernamentales y participé en negociaciones sobre préstamos del Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Como Subsecretaria del Ministerio de Justicia, así como Vicesubsecretaria del Ministerio del Interior, adquirí experiencia en la gestión de las asignaciones presupuestarias públicas, así como en garantizar un uso adecuado, orientado al ahorro, eficaz y efectivo.

Durante los últimos cinco años he dirigido la Oficina Nacional de Auditoría, ocupándome de controlar la utilización legal y eficaz de las partidas del presupuesto estatal asignadas a la Oficina, la organización de la contabilidad y la preparación y presentación de los estados financieros. Como Auditor General, mis principales obligaciones consisten en organizar la auditoría pública, que incluye auditorías financieras y de resultados, así como presentar dictámenes al Parlamento sobre el conjunto de las cuentas de ejecución del presupuesto estatal, la deuda pública y el patrimonio estatal, así como conclusiones sobre el proyecto de presupuestos del Estado. Soy responsable de la organización de la totalidad del proceso de auditoría de la Oficina Nacional de Auditoría, incluida la aprobación de informes de estudio preliminares, planes de auditoría y procedimientos de análisis; la participación en el proceso de evaluación de la calidad de auditoría, que incluye exámenes «inmediatos»; la información al Parlamento de los resultados de auditoría; y el seguimiento de la puesta en práctica de las recomendaciones.

Entre 2005 y 2008 fue elegida Vicepresidenta del Comité Directivo de EUROSAI y actualmente soy miembro de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y del Comité de Contacto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Unión Europea.

2. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes en cuya adopción ha participado a lo largo de su vida profesional?

Mi papel e iniciativa han sido importantes en bastantes ocasiones durante mi carrera profesional. Primero deseo mencionar mi aportación en algunos ámbitos de la Administración Pública.

Como Viceministra del Ministerio de Justicia, fui directamente responsable de la creación de tribunales administrativos en Lituania. Esta iniciativa fue importante desde la perspectiva del desarrollo del Estado constitucional, la democracia y los derechos humanos. Este elemento del sistema judicial permite a las personas físicas protegerse frente a la vulneración de sus derechos y del trato incorrecto de los organismos públicos.

He presidido la Comisión responsable del diseño de la reforma de la administración de justicia y de la modificación de los actos jurídicos relativos a la aplicación de esta reforma. La reforma de la administración de justicia constituyó un paso clave para garantizar la ejecución efectiva de las decisiones y resoluciones judiciales.

La reforma del régimen de la función pública, de la que fui responsable en el Ministerio del Interior, ha sido reconocida por los expertos europeos como una de las de mayor éxito de la UE.

Sin embargo, también deseo subrayar algunas decisiones que adopté como Auditor General, que han servido para aumentar la eficacia de la auditoría pública.

1)  Diseño y aplicación de la estrategia de auditoría pública para el período 2006-2010, siguiendo las recomendaciones de la revisión por pares, llevada a cabo en el período 2005-2006 por representantes de las entidades fiscalizadoras superioras danesas, escocesas, irlandesas y alemanas. Este documento estableció nuestros principales objetivos, el ámbito de fiscalización y las líneas de evolución futuras.

2)  Definición y desarrollo de un sistema de colaboración claro y eficaz con el Parlamento, sobre todo con su Comisión de Auditoría, que ha constituido un paso muy importante para potenciar el efecto de la auditoría pública. En la actualidad contamos con un procedimiento dual integrado por audiencias, en la que los miembros de la Comisión analizan el informe de auditoría o dictamen, y por consideraciones, donde los miembros del Parlamento plantean preguntas a representantes de las entidades auditadas y las instituciones que las financian, estableciendo tareas para poner en práctica las recomendaciones de auditoría. Desde el 1 de enero de 2010, la Oficina Nacional de Auditoría lleva a cabo una auditoría de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de auditoría, además del informe de implementación que hay que presentar ante la Comisión de Auditoría del Parlamento.

3)  La reciente introducción de un sistema de control de calidad, incluido un procedimiento de «examen inmediato». Este procedimiento es ejecutado por la Comisión de Examen Inmediato, integrada por funcionarios que no participan directamente en la fiscalización, y que presenta sus recomendaciones sobre el proceso de auditoría. La Comisión incluye a un Auditor General adjunto y presenta sus conclusiones al Auditor General para su revisión.

Independencia

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas «ejercerán sus funciones con absoluta independencia». ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las tareas que habrá de desempeñar en el futuro?

Cuando desempeña sus tareas y obligaciones de forma eficaz y objetivo, una entidad fiscalizadora tiene que ser independiente de los organismos que fiscaliza y mantenerse ajena a las influencias externas. De conformidad con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas, debe gozar de independencia operativa, institucional, financiera y política. Estos principios son válidos para el Tribunal de Cuentas y sus miembros.

En el desempeño de mi cargo como miembro del Tribunal, evitaría cualquier situación que pudiera desembocar en un conflicto de intereses y actuaría con independencia en mis relaciones con otros organismos e instituciones. Ello conlleva no recibir órdenes de gobiernos u otros organismos. En el ejercicio de mi cargo adoptaría una postura neutral, con independencia del país donde se desarrolle la auditoría (incluido mi propio país de origen). Fundamentaría mis actividades y dictámenes de auditoría exclusivamente en hechos y datos, así como en pruebas adecuadas, suficientes y fiables, en normas de auditoría y en mis conocimientos y experiencia personales. Además, me abstendría de realizar cualquier actividad profesional y, en concreto, no ostentaría cargo público alguno.

4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable?

Como Auditor General de la República de Lituania, estoy obligada por ley a presentar al Parlamento informes anuales sobre los trabajos de la Oficina Nacional de Auditoría. El Parlamento tiene en cuenta estos informes y acuerda la aprobación, que ha sido favorable en cada uno de los cinco años en los que he sido titular del cargo.

5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está usted dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, así como cualquier otro compromiso y a que estos se hagan públicos? En caso de encontrarse envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles al respecto?

No poseo ningún negocio o participación financiera, ni ningún otro compromiso, que pueda entrar en conflicto con mis futuros cometidos. Estoy dispuesta a comunicar todos mis intereses financieros y cualquier otro compromiso al Presidente del Tribunal y a que se hagan públicos. No estoy envuelta en ningún procedimiento judicial en curso.

6. ¿Está usted dispuesto a abandonar cualquier cargo para el que haya sido elegido o renunciar al desempeño activo de funciones que entrañen responsabilidad en un partido político tras su nombramiento como miembro del Tribunal?

En la actualidad no ostento ningún cargo electo y no ejerzo cargos de responsabilidad en ningún partido político.

7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción con implicados de su Estado miembro de origen?

El fraude y la corrupción constituyen las principales amenazas para la democracia, la eficacia económica y la justicia social, por lo que no pueden tolerarse en ningún Estado miembro. No admito compromiso algunos sobre ilegalidades o irregularidades, y mucho menos en casos de fraude o corrupción. Todas las irregularidades deben tratarse igual, con independencia del Estado miembro al que afecten. Así lo dispone el artículo 285 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige que los miembros del Tribunal actúen «en interés general de la Unión».

Durante las auditorías de las que sea responsable, deberé poner inmediatamente en conocimiento de los correspondientes órganos del Tribunal de Cuentas encargados de comunicarlos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), todos los casos sospechosos de fraude o corrupción.

Como Auditor General, ya he tenido oportunidad de hacer frente al supuesto dilema existente entre la legalidad en el sentido de la Unión Europea y el denominado «interés nacional». Mi Oficina desempeña un papel único entre otras entidades fiscalizadoras superiores, ya que ha llevado a cabo auditorías de certificación y liquidación para el período presupuestario 2004-2006 y ha realizado funciones de autoridad auditora para el período 2007-2013. Por tanto, en cierto sentido ya he «desempeñado un puesto de la UE» durante los últimos cinco años.

En general, considero que, desde una perspectiva largo plazo, siempre es beneficioso respetar la ley y no tolerar ninguna infracción, tanto desde la óptica europea como nacional.

Ejercicio de las funciones

8. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera en el servicio público?

Considero que el denominado enfoque «tecnocrático» relativo a la cuestión de una buena gestión financiera no explica la interacción entre las dimensiones «menos estricta» y «más estricta» de este complejo fenómeno. Incluso los mejores sistemas de gestión no funcionarán sin un sistema de valores eficaz y una actitud adecuada de parte de todos los agentes sobre su papel, trabajo y comportamiento.

El nivel superior de la dimensión «suave» está representado por una cultura política y administrativa general, que no sólo conlleva unas instituciones y una legislación democráticas, sino, más bien, una forma de actuar y de pensar democrática – la predisposición del estamento político y administrativo a actuar con transparencia y de forma predecible, así como con una clara comprensión de los derechos y obligaciones del público en general. En el sector público, está cultura se manifestará mediante la gestión y el compromiso con objetivos sociales y el interés público. El principal objetivo de cualquier servicio público debería ser la satisfacción del cliente (público). Todos los agentes del sector público tienen que estar comprometidos con unos valores éticos y profesionales. Todo el sistema debe basarse en la excelencia profesional, valorar a las personas, cultivar sus competencias, conocimientos y habilidades, y por último, aunque no menos importante, estar abierto a mejoras, aprovechando las buenas prácticas cualquiera que sea su procedencia.

En sentido estricto, una gestión financiera sólida conllevará que el dinero de los contribuyentes sea utilizado de forma económica, eficaz y eficiente. Esto supone alcanzar los objetivos marcados y lograr los resultados perseguidos (eficacia), empleando los recursos menos onerosos (economía) y garantizando la mejor proporción entre los recursos utilizados y los resultados logrados (eficiencia). Las condiciones para cumplir los criterios anteriores en el sector público deben incluir:

· una definición de los objetivos clara y transparente, establecida en su ámbito legal de competencias y en sus estrategias, políticas, programas, etc., así como unos indicadores presupuestarios precisos, centradas en los resultados a alcanzar;

· una definición precisa de las competencias y responsabilidades de todos los agentes en función de su papel, competencias y cualificaciones, incluyendo una asunción precisa y responsable de los riesgos, además de procedimientos de gestión transparentes y normas presupuestarias estrictas;

· sistemas de comunicación e información eficaces que proporcionen información pertinente y oportuna a las autoridades en materia de utilización de recursos y consecución de resultados;

· controles internos y externos eficaces que incluyan auditorías internas y externas, evaluaciones de impacto, valoraciones, controles ex-ante y ex-post, separación de obligaciones, autorización de operaciones y procedimientos de contratación estrictamente aplicados;

· control y evaluación periódicos del funcionamiento, en base a parámetros claros y cuantificables, además de la correspondiente actuación correctora cuando sea necesario;

· rendición de cuentas: información periódica a las autoridades políticas, que asignarán recursos y exigirán que se utilicen según lo previsto, así como una comunicación transparente con los agentes interesados y el público en general.

9. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento Europeo en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto. ¿Cómo describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en particular, a su Comisión de Control Presupuestario?

El artículo 248 del Tratado establece las obligaciones del Tribunal con meridiana claridad. En primer lugar, el Tribunal debe proporcionar al Parlamento Europeo una declaración de fiabilidad (DAS) y un Informe Anual sobre su actividad, asistiendo al Parlamento en el ejercicio de sus competencias en materia de ejecución del presupuesto con la elaboración de otros documentos, como informes anuales sobre las agencias de la UE, informes especiales, etc. El Tribunal también cuenta con otras obligaciones y deberes. Además de la elaboración de informes oficiales, el Tribunal tiene la obligación de suministrar al Parlamento Europeo cualquier ayuda necesaria para comprender y abordar las cuestiones referidas en esos informes, así como respecto a cualquier otro asunto relacionado con el papel del Tribunal en la ejecución del presupuesto. Considero que el Tribunal debe proporcionar al Parlamento Europeo recomendaciones concretas y ejecutables, que se traduzcan en una mejora de sus actividades. Ello también reforzaría el impacto de los informes del Tribunal.

Considero que es muy importante garantizar una estrecha colaboración y comprensión mutua entre el Tribunal y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Como Auditor General, acumulo cinco años de experiencia colaborando estrechamente con la Comisión de Auditoría del Parlamento Lituano. Presentamos a la Comisión todos nuestros informes de auditoría, le facilitamos todas las explicaciones y material de apoyo necesario, ayudándole a preparar audiencias y consideraciones, y cooperando en la elaboración de resoluciones de la Comisión y el Parlamento, etc. El Parlamento también consultó a nuestra Oficina sobre diversas cuestiones jurídicas y proyectos de ley relativos a la ejecución y rendición de cuentas presupuestarias. A la hora de marcar prioridades y planificar nuestro Programa Anual, tenemos muy en cuenta las necesidades y expectativas del Parlamento, garantizando al mismo tiempo que no perdemos nuestra independencia.

En relación con mis posibles obligaciones personales futuras, abarcarán tres niveles: personal, como miembro de un Grupo/Cámara y como miembro de un Colegio. En el ámbito personal, estaré abierta a recibir y aceptar comentarios y sugerencias del Parlamento sobre posibles riesgos de auditoría o áreas de interés. Garantizaré que el trabajo que se me asigna se realiza ateniéndose a las correspondientes normas, en plazo y respetando el presupuesto y los recursos asignados; que las conclusiones de auditoría tienen una fundamentación sólida; y que los resultados se comunican de forma clara y pertinente. Los resultados deben servir para mejorar la gestión financiera de la UE, basarse en pruebas de auditoría suficientes y adecuadas, y expresarse de forma equitativa y objetiva. Los informes del Tribunal serán claros, sin vaguedades, comprensibles, precisos y bien estructurados.

En el ámbito del Grupo/Cámara, mi objetivo será garantizar que las tareas de auditoría están claramente definidas, de forma que se garantice que las preguntas de auditoría obtienen una respuesta satisfactoria; que los resultados de auditoría se interpretan con rigor pero de forma realista; y que las conclusiones de auditoría se comunican con claridad. Este aspecto será especialmente importante, dado que, en el futuro, las Cámaras se encargarán de emitir informes especiales.

Como miembro de un Colegio, no escatimaré esfuerzos para aumentar la relevancia del Tribunal y convertirlo en una institución moderna modélica, que esté abierta a cooperar con otras instituciones, sobre todo con el Parlamento Europeo y su Comisión de Control Presupuestario. Soy una firme partidaria de la cultura de la cooperación. Así, cuando el Tribunal presenta al Parlamento su programa de trabajo anual, debe tener debidamente en cuenta las peticiones e intereses del Parlamento.

10. ¿Cuál piensa usted que es el valor añadido de las auditorías de resultados y cómo deberían incorporarse sus resultados a la gestión?

Con la auditoría de resultados, los auditores mejoran los resultados gubernamentales con la recomendación de mejoras sobre la economía, la eficacia y la eficiencia de los programas o tareas. Las auditorías de resultados analizan si «el dinero público se empleó satisfactoriamente», examinando principalmente las medidas adoptadas por las entidades auditadas en relación con el respeto a los principios de economía, eficacia y eficiencia. En general, las auditorías de resultados tratan de responder dos presuntas básicas, a saber:

– ¿Se han hecho las cosas de las manera correcta?

– ¿Se han hecho las cosas correctas?

La auditoría de resultados también desempeña un papel importante a la hora de identificar carencias transversales de gobierno o gestión. Uno de los principios básicos de la propia auditoría de resultados consiste en generar valor, es decir, mejorar los resultados. La auditoría de resultados facilita a las entidades auditadas una información y soluciones tendentes a la reducción de costes, una mejor gestión y resultados mejorados. Por tanto, la auditoría de resultados generar valor con la realización de su muy valiosa misión de control.

¿Cómo puede la auditoría de resultados posibilitar un mejor funcionamiento de los procesos de gobernanza? Mediante sus conclusiones y recomendaciones de auditoría. Las conclusiones de auditoría forman la base de las recomendaciones de auditoría, con las que los auditores o instituciones de auditoría pueden influir sobre la gestión pública. La conclusión de auditoría constituye el elemento esencial de la auditoría de resultados y puede incorporarse a la gestión a través de dos formas principales:

· Proporcionando recomendaciones de auditoría a las entidades auditadas.

· Comunicando los resultados de auditoría (conclusiones, consideraciones y recomendaciones) al Parlamento, al Gobierno, a la opinión pública y, en definitiva, a cualquiera que pueda estar interesado.

La auditoría de resultados facilita que la estructura de gobernanza y el proceso político propicien una rendición de cuentas apreciable. Las auditorías exitosas generan valor al mejorar las políticas, al sustituir las malas políticas por otras acertadas y posibilitar un mejor funcionamiento de la estructura de gobernanza: mejor dirección política, mejor supervisión y mayor eficacia, eficiencia o equidad. La auditoría de resultados constituye una herramienta de gestión avanzada cada vez más sofisticada, al tener en cuenta las necesidades de las distintas comunidades y niveles de gobierno, respecto a servicios que van desde la seguridad pública a las obras públicas, pasando por el desarrollo económico.

11. ¿Cómo podría mejorarse la cooperación entre el Tribunal de Cuentas Europeo, las Instituciones nacionales de auditoría y el Parlamento Europeo (Comisión de Control Presupuestario) en lo que se refiere a la auditoría del presupuesto de la UE?

La Oficina Nacional de Auditoría de Lituania, que he dirigido durante los últimos cinco años, se encuentra en una situación única a este respecto, ya que ha elaborado auditorías de certificación y liquidación durante el período presupuestario 2004-2006, además de realizar funciones de autoridad auditora para el período 2007-2013. Por tanto, parte de nuestra Oficina ha participado directamente en la auditoría de fondos de la UE que estipulan los reglamentos de la UE, además de colaborar con las correspondientes instituciones de la UE. Sin embargo, comprendo por qué la colaboración es prioritaria para el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Según el Tratado, el Tribunal y los órganos nacionales de auditoría de los Estados miembros deberán colaborar en un espíritu de confianza, al tiempo que conservan su independencia. El Tribunal tiene como cometido exclusivo formular un dictamen independiente sobre las cuentas financieras de la UE, así como informar en asuntos de buena gestión financiera y sobre la legalidad y la adecuación de las operaciones que subyacen a las cuentas, así como sobre su fiabilidad. Por otra parte, las EFS realizan sus funciones dentro de los marcos jurídicos nacionales, son responsables ante los Parlamentos nacionales y son plenamente independientes de las instituciones de la UE. Ello constituye un principio básico de la Declaración de Lima, un documento elaborado por la INTOSAI y que frecuentemente se describe como la Carta Magna del control financiero. Eso genera el problema de que, aunque alrededor del 80 % de los fondos de la UE se gastan al amparo de la gestión compartida, no existe una responsabilidad conjunta entre el Tribunal y las EFS para la auditoría del presupuesto de la UE. Esta divergencia se ve agravada por la diversidad de las entidades de fiscalización superiores, sus planteamientos de auditoría y los cometidos de sus sistemas nacionales de contabilidad.

En la última década, el Parlamento Europeo, sobre todo su Comisión de Control Presupuestario, y el Tribunal han intentado activamente encontrar soluciones aceptables tanto para las instituciones de la UE como para las partes nacionales. El Comité de Contacto constituye un foro útil, ya que permite que los miembros del Tribunal y los directores de las entidades de fiscalización superiores se reúnan de forma periódica y debatan asuntos de interés común, analicen problemas e incluso encuentren soluciones en grupos de trabajo. El principal objetivo de estos esfuerzos es coordinar el trabajo realizado por las instituciones de la UE y las EFS en la auditoría de fondos de la UE. La primera fase – armonización de las normas de auditoría – ha cosechado ciertos avances. En ese contexto, destacaría la contribución del Grupo de trabajo sobre normas comunes de auditoría y criterios comparables, sobre la base de las normas de auditoría internacionalmente aceptadas y su adaptación al contexto comunitario. Sin embargo, iniciativas adicionales, como la adopción del modelo de auditoría único (Dictamen del Tribunal nº 2/2004) o las declaraciones nacionales (Dictamen del Tribunal nº 6/2007) son todavía objeto de intensos debates, pues precisan de cambios en la filosofía auditora, recursos adicionales y, en ocasiones, una completa modificación de los marcos jurídicos y constitucionales.

En mi opinión, el principal motivo para incrementar la colaboración radica en que los Parlamentos, gobiernos y EFS nacionales tengan una mejor comprensión de que un uso y control más eficaz de los fondos de la UE refleja sus propios deseos e intereses; además de, por supuesto, en la comprensión recíproca de los intereses y preocupaciones nacionales por las instituciones de la UE. En este sentido ya se han adoptado algunas iniciativas. Así, el Tribunal remite su programa de trabajo anual a las EFS. Las auditorías del Tribunal, sobre todo las misiones de auditoría a los Estados miembros, se llevan a cabo en colaboración con las entidades nacionales de auditoría, lo que sirve para mejorar la comprensión mutua y para compartir conocimientos y buenas prácticas. En realidad, las EFS participan de alguna manera en la auditoría de los fondos de la UE incluidos en los presupuestos nacionales. La cuestión es cómo podrían utilizar esos resultados de auditoría las instituciones de la UE, en concreto, la Comisión y el Tribunal. El Tribunal ha creado un laboratorio de ideas para estudiar cómo obtener en parte su seguridad de los resúmenes anuales, declaraciones nacionales e informes y certificados nacionales de auditoría. Aunque un encaje completo precisa de importantes avances en este sentido, incluso ahora el Tribunal puede emplear las conclusiones más significativas de las auditorías de las EFS en materia de programación, informes especiales y determinados aspectos (como la calidad de la gestión financiera) de los DAS. Además, la mayoría de los sitio web de las EFS ofrecen información relevante sobre las auditorías realizadas en los Estados miembros.

En cuanto a la relación entre auditores y Parlamentos, tanto del ámbito comunitario como nacional, es muy importante prestar atención a las necesidades y objetivos de cada parte. Las instituciones de auditoría brindan herramientas útiles para el control parlamentario y, viceversa, el mandato parlamentario constituye la forma de ejecución más eficaz para aplicar las recomendaciones de auditoría. El desarrollo de la relación entre los auditores y las comisiones parlamentarias especializadas que se encargan de los productos de auditoría (como CONT, PAC, Comisión de Auditoría, etc.) constituye una interesante vía para mejorar la cooperación. La Oficina Nacional de Auditoría de Lituania considera que la colaboración con la Comisión de Auditoría parlamentaria constituye su principal prioridad, protagonismo que reconoció al invitar a una delegación conjunta de la Oficina Nacional de Auditoría y de la Comisión de Auditoría a la reunión de la Comisión de Control Presupuestario de noviembre de 2006, junto con una delegación conjunta similar de la Oficina Nacional de Auditoría y de la Comisión de Cuentas Públicas del Reino Unido. En diciembre de 2007, la Comisión de Control Presupuestario organizó una reunión muy provechosa con las comisiones de control presupuestario de los Parlamentos nacionales. Considero que una reunión similar con los miembros del Comité de Contacto sería útil en algún momento.

La aplicación del Tratado de Lisboa y, sobre todo, el artículo 317 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE, que estipula que los Estados miembros cooperarán con la Comisión para garantizar que los créditos autorizados se utilizan de acuerdo con los principios de buena gestión financiera, fomenta también una colaboración más estrecha entre los Gobiernos nacionales y la Comisión Europea en la ejecución del presupuesto de la UE.

Asuntos varios

12. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como miembro del Tribunal fuese desfavorable?

Mi experiencia en el cargo de Auditor General de los últimos cinco años me ha convencido plenamente de que una entidad de fiscalización superior no puede cumplir su cometido público sin el consentimiento y la comprensión del Parlamento. Ello es igualmente aplicable a escala nacional o europea. Pese a la independencia del órgano de auditoría, éste no podrá ser eficaz y tener el impacto público necesario sin el apoyo y colaboración del Parlamento. En consecuencia, si el dictamen del Parlamento Europeo fuese desfavorable, retiraría mi candidatura.