sobre la Agenda urbana europea y su futuro en la política de cohesión

(2010/2158(INI))

El Parlamento Europeo,

–    Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

–    Visto el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión(1),

–    Visto el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional(2),

–    Vista la Decisión del Consejo 2006/702/CE, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión(3),

–    Visto el Reglamento (CE) nº 397/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en eficiencia energética y energías renovables en las viviendas(4),

–    Visto el Reglamento (UE) nº 1233/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) 663/2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía(5),

– Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial(6),

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional(7),

–    Vista su Resolución, de 24 marzo 2009, sobre la dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo periodo de programación(8),

–    Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre cohesión territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión(9),

–    Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020(10),

–    Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la UE después de 2013(11),

–    Vista su nota ad hoc titulada «El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial»,

–    Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–    Visto el Quinto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión, de 9 de noviembre de 2010,

–    Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)0642),

–    Visto el Informe de síntesis de la Comisión de abril de 2010 sobre la «Evaluación ex post de los programas de la política de cohesión 2000-2006 cofinanciados por el FEDER (objetivos 1 y 2)»,

–    Visto el Informe de la Comisión de junio de 2010 sobre la «Evaluación ex post de los programas de la política de cohesión 2000-2006: la Iniciativa Comunitaria URBAN»,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La necesidad de aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación urbana», de 26 de mayo de 2011(12),

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el papel de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa, de 9 y 10 de junio de 2010(13),

– Vistas la Agenda Territorial de la UE – «Hacia una Europa más competitiva y sostenible de regiones diversas» («Agenda Territorial») y la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles («Carta de Leipzig »), ambas adoptadas en el Consejo informal de Ministros de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano, celebrado en Leipzig los días 24 y 25 de mayo de 2007,

– Vista la «Declaración de Toledo» adoptada por el Consejo informal de Ministros responsables de Desarrollo Urbano celebrado en Toledo el 22 de junio de 2010,

– Vista la posición de los Directores Generales de Desarrollo Urbano sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, titulada «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010)642/3),

– Vistas las conclusiones de la Cumbre Europea de Gobiernos Locales celebrada en Barcelona los días 22 a 24 de febrero de 2010, bajo el título «Los gobiernos locales, protagonistas de la nueva Europa»,

– Visto el «Pacto entre Alcaldes» promovido y apoyado por la Comisión,

– Visto el informe independiente elaborado en 2009 por Fabrizio Barca a petición de la Comisión, titulado «An Agenda for a Reformed Cohesion Policy» (Agenda de una política de cohesión reformada),

–    Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–    Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0218/2011),

A   Considerando que Europa se caracteriza por su desarrollo policéntrico y por una gran variedad de áreas urbanas y ciudades de distintos tamaños con competencias y recursos heterogéneos; considerando que sería problemático adoptar una definición común de «zonas urbanas» y del término «urbano» en general sobre una base meramente estadística, ya que es difícil aglutinar la diversidad de situaciones existentes en los Estados miembros y las regiones, y opina, por lo tanto, que cualquier definición y designación obligatorias de zonas urbanas debe dejarse al criterio de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad y sobre la base de indicadores comunes europeos; considerando que debería analizarse cómo un enfoque funcional puede llevar a una definición uniforme del concepto de «urbano» y, de ese modo, crear la premisa para definir jurídicamente con claridad la dimensión urbana de las políticas de la Unión; y que una definición de base funcional de la dimensión urbana resultaría útil, en particular en el ámbito de la política de cohesión;

B.   Considerando que, a través de sus políticas, la UE contribuye al desarrollo sostenible de las zonas urbanas, y que ha de tenerse presente que, además de las políticas urbanas nacionales en virtud del principio de subsidiariedad, se debería definir una política urbana europea,

C.  Considerando que las ciudades están contribuyendo activamente a la formulación de políticas de la UE y desempeñan un papel importante para el éxito de la aplicación de la Estrategia Europa 2020; considerando, además, que no tener en cuenta la dimensión urbana de las políticas de la UE, especialmente de la política de cohesión, podría dificultar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020,

D.  Considerando que las ciudades presentan un potencial arquitectónico y cultural único, poseen unas fuerzas de integración social notables y posibilitan el equilibrio social gracias a la conservación de la diversidad cultural y el mantenimiento de un vínculo permanente entre el centro y la periferia,

E.   Considerando, sobre la base de la experiencia de las iniciativas URBAN, que las acciones urbanas se han incorporado como elementos constitutivos al marco reglamentario para los objetivos de convergencia y competitividad regional y empleo en el periodo de programación 2007-2013; considerando que esta incorporación de la dimensión urbana a las políticas de la UE ha ampliado visiblemente la financiación disponible para las ciudades; considerando que es deseable establecer unos objetivos bien definidos de desarrollo urbano en el marco de los programas operativos para favorecer la concentración de los recursos,

F.   Considerando que la subsidiariedad en su sentido más amplio y reforzado, tal como se define en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la gobernanza a varios niveles y un principio de asociación mejor definido constituyen elementos fundamentales para la correcta aplicación de todas las políticas de la UE y considerando que la asignación de los recursos y las competencias de las autoridades locales y regionales debería consolidarse en consecuencia,

G.  Considerando que la crisis económica de los últimos años ha agravado las diferencias y el malestar social en zonas metropolitanas periféricas amplias; considerando que, ante la crisis, las autoridades locales deben poder llevar a cabo acciones concretas para luchar contra la pobreza y apoyar la cohesión social y la ocupación,

H.  Considerando que, en buen número de ocasiones, una política de polos de desarrollo basada en el fomento de actividad económica en las ciudades no ha generado el suficiente efecto de arrastre y, por tanto, ha tenido efectos limitados en el área circundante y no ha contribuido a un desarrollo integrado,

I.    Considerando que las ciudades, independientemente de su riqueza o de su poder económico, pueden tener problemas concretos, como la desigualdad social extrema, la pobreza, la exclusión y un alto nivel de paro en algunos barrios, que puedan aliviarse o desaparecer gracias a la ayuda de la política de cohesión,

J.    Considerando que la simplificación de la aplicación práctica de la política, incluida la de los mecanismos de control y auditoría, ayuda a mejorar la eficiencia, a reducir los índices de error, a que la arquitectura política resulte más fácil de manejar para el usuario y a aumentar la visibilidad; y considerando que conviene proseguir los esfuerzos de simplificación y acompañarlos de la simplificación de los procedimientos nacionales y regionales a fin de que los representantes de las zonas urbanas puedan orientar y gestionar mejor la utilización de los fondos europeos,

Contexto de la dimensión urbana

1.   Señala que la Agenda urbana europea comprende, por un lado, la dimensión urbana de las políticas de la UE, en particular la política de cohesión, y, por otro, la vertiente intergubernamental de esfuerzos a nivel europeo para coordinar las políticas urbanas de los Estados miembros, concretándose esta última mediante reuniones ministeriales informales bajo la coordinación de las Presidencias sucesivas del Consejo y con la contribución activa de la Comisión; opina en este contexto que los gobiernos locales deberían estar mejor informados y más estrechamente implicados por lo que respecta a las actividades de la vertiente intergubernamental; recomienda una mayor coordinación entre los dos niveles y una participación mayor de los gobiernos locales; destaca la necesidad de coordinar de manera más satisfactoria las decisiones y acciones de las autoridades administrativas tanto a escala de la UE como de los distintos países;

2.   Toma nota de la aprobación de la Declaración de Toledo y del Documento de Referencia de Toledo sobre la regeneración urbana; coincide en la necesidad de una mayor continuidad y más coordinación en el camino hacia un programa de trabajo conjunto o «Agenda urbana europea»; celebra que los Ministros subrayen la necesidad de reforzar la cooperación y la coordinación con el Parlamento Europeo, así como el objetivo de fortalecer la dimensión urbana en la política de cohesión y promover el desarrollo urbano sostenible y los enfoques integrados mediante el refuerzo y el desarrollo de instrumentos para poner en práctica la Carta de Leipzig a todos los niveles; felicita a los Estados miembros y a la Comisión por sus esfuerzos en pro de la continuación del Proceso de Marsella y del desarrollo de un marco de referencia de ciudades europeas sostenibles; sigue con interés el lanzamiento de la fase de pruebas del marco de referencia; lamenta, no obstante, que las ciudades no estén participando suficientemente en este proceso; pide por ello a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que exista un mayor flujo de información sobre este proceso dirigida a las ciudades no participantes y que mantengan informado al Parlamento de los avances futuros;

3.   Subraya que, además de la importante contribución de las intervenciones de la política de cohesión para el desarrollo de áreas urbanas, hay una serie de políticas (tales como las de medio ambiente, transporte y energía) y programas de la UE que tienen un fuerte impacto sobre el desarrollo urbano; destaca la necesidad de comprender mejor el impacto territorial de las políticas y pide un fortalecimiento de la Agenda urbana en las políticas de la UE; reitera su petición de que la Comisión evalúe el impacto territorial de las políticas sectoriales y que amplíe los mecanismos de evaluación del impacto ya existentes; acoge favorablemente, en este sentido, las ideas recogidas en el quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial y la labor realizada por el programa ESPON;

Las necesidades locales y/frente a las prioridades de la UE

4.   Subraya que, en gran medida, son las áreas urbanas las que materializan las políticas europeas sobre el terreno; hace hincapié en que las zonas urbanas —que representan el 73 % de la población europea, generan alrededor del 80 % del PIB de la UE y consumen hasta un 70 % de la energía en la Unión— son los grandes centros de innovación, conocimientos y cultura, gracias, entre otras causas, a la presencia de PYME y, por ello, contribuyen de manera significativa al crecimiento económico; señala que únicamente las ciudades con servicios de alta calidad y dotadas de infraestructuras adecuadas consiguen atraer y fomentar actividades de futuro con un elevado valor añadido; señala que, por otra parte, también soportan los costes de la productividad económica (crecimiento urbano desordenado, concentración, congestión, contaminación, ocupación del suelo, cambio climático, inseguridad energética, crisis de la vivienda, segregación territorial, delincuencia, migración, etc.) y sufren grandes desequilibrios sociales (paro elevado, inseguridad social y exclusión, polarización social, etc.) que ponen en peligro su papel como «motores del crecimiento»; subraya que tanto los avances económicos como los avances sociales y ecológicos producidos en las zonas urbanas repercuten enormemente sobre las zonas colindantes y considera que la agenda urbana debe perseguir el desarrollo de inversiones sostenibles, inteligentes e integradoras a fin de fortalecer el papel de las ciudades; considera, por lo tanto, que existe una justificación clara para un compromiso común con respecto a las zonas urbanas de la UE orientado a reducir los efectos transversales del crecimiento y del desarrollo y a abordar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y la cohesión social;

5.   Subraya que el principio de subsidiariedad es de aplicación en los servicios de transporte urbano; destaca, sin embargo, que la cooperación, la coordinación y la financiación a escala europea permitirían a las autoridades locales responder a los retos que afrontan, en particular en el ámbito de los transportes;

6.   Cree que los niveles de gobierno europeo, nacional, regional y local comparten el objetivo de maximizar la contribución de las zonas urbanas al crecimiento económico de la UE al tiempo que sostienen o mejorar los parámetros que las convierten en «lugares donde se vive bien»; subraya que, si bien se trata de un objetivo ampliamente compartido, las medidas específicas para alcanzarlo pueden variar de un lugar a otro; señala que, como consecuencia de la evolución histórica a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, algunas regiones y ciudades tendrán que seguir, en términos generales, un abanico de prioridades más amplio (incluida la de la convergencia) y considera, por tanto, que se debe garantizar una flexibilidad adecuada que permita a las zonas urbanas concretas buscar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades, a su microentorno y a su macroentorno y a su contexto de desarrollo;

7.   Recomienda que la dimensión urbana de la política de cohesión, con la directriz consistente en el concepto estratégico de velar por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se centre en un triple objetivo: en primer lugar, ayudar a las áreas urbanas a desarrollar sus infraestructuras materiales básicas como condición necesaria para el crecimiento, con el fin de explotar plenamente su contribución potencial al crecimiento económico de Europa, a la diversificación del entramado económico y a la sostenibilidad energética y medioambiental, especialmente con miras a preservar y mejorar la calidad del aire de los centros urbanos y sin perjudicar lo más mínimo los cursos fluviales; en segundo lugar, ayudar a las áreas urbanas a modernizar sus características económicas, sociales y ambientales a través de inversiones inteligentes en infraestructura y servicios basados en el progreso tecnológico y en estrecha correlación con las necesidades específicas regionales, locales y nacionales; en tercer lugar, regenerar zonas urbanas recuperando zonas industriales y terrenos contaminados, aunque sin olvidar el desarrollo de enlaces entre las áreas urbanas y las zonas rurales con miras a promover el desarrollo integrador, mencionado expresamente en la Estrategia Europa 2020;

8.   Llama la atención sobre el gran potencial de modernización de las inversiones en infraestructura mediante tecnologías inteligentes que deberán resolver problemas que persisten en ámbitos como la gobernanza de las ciudades, la gestión del abastecimiento y el consumo de agua, los transportes, el turismo, la vivienda, la educación, la asistencia social y sanitaria, la seguridad pública, etc., a través del concepto de «desarrollo urbano más inteligente»; considera que estas inversiones en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser consideradas como una fuerza motriz declarada del crecimiento económico y de la actividad económica basada en la innovación al reunir a los elementos de la inversión pública y privada que pueden generar un nuevo espíritu de empresa, empleo sostenible y crecimiento inteligente, en línea con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, en concreto, de la asociación para la innovación «Ciudades inteligentes»;

9.   Subraya que la aplicación de sistemas inteligentes puede aportar una contribución importante para mejorar la eficiencia energética y la seguridad del uso y la explotación de energía en el sector público, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un despliegue coordinado y efectivo de sistemas inteligentes en toda la Unión, y en particular, en las áreas urbanas; observa que las propias ciudades pueden contribuir en gran medida a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, mediante sistemas inteligentes de transporte público urbano, la rehabilitación energética de los edificios y un urbanismo sostenible que reduzca las distancias al trabajo o servicios e infraestructuras urbanos, entre muchas otras cosas; apoya, en este sentido, la iniciativa Civitas y el «Pacto entre Alcaldes»; destaca la importancia de utilizar los fondos disponibles para poner en práctica programas de acción que fomenten la explotación del potencial local de energía renovable y pide a la Comisión que vele por que ambas iniciativas se mantengan actualizadas en el futuro;

10. Destaca la idoneidad de la política de cohesión para fomentar la innovación social en las zonas urbanas, especialmente en los barrios desfavorecidos, con miras a impulsar la cohesión interna y el capital humano a través de un enfoque integrador y participativo, ya sea en materia de formación y educación (sobre todo a favor de la juventud), de acceso a microcréditos o para promover la economía social;

Principio de asociación y gobernanza a varios niveles

11. Reitera su opinión de que una de las deficiencias de la Estrategia de Lisboa radicaba en la ausencia de una gobernanza a varios niveles que funcionara correctamente, así como en la participación insuficiente de las autoridades locales y regionales y de la sociedad civil en las fases de diseño, aplicación, comunicación y evaluación de la estrategia; subraya la necesidad de que se mejore el sistema de gobernanza de la Estrategia Europa 2020 con una mayor integración de las partes interesadas en todas las fases;

12. Pide a la Comisión que, en las futuras normativas, obligue a los Estados miembros a asociar formalmente a los líderes políticos de las principales áreas urbanas y a las asociaciones de autoridades locales y regionales a todas las etapas del proceso de toma de decisiones de la política de cohesión (planificación estratégica, formulación y negociación de los «Contratos de Asociación para el Desarrollo y la Inversión» previstos), por ejemplo, mediante la creación de nuevos tipos de asociación, como pactos territoriales concebidos para Estado miembro; insta a la Comisión a que incentive la formación de las administraciones urbanas y locales con miras a facilitar información sobre programas e iniciativas de política urbana, y pide en consecuencia a las autoridades locales que elaboren planes de acción concretos relacionados con sus propias estrategias de desarrollo; opina que es el único modo de reflejar las necesidades locales a la vez que se impide la fragmentación de los objetivos estratégicos y las soluciones;

13. Opina que se debería reforzar la vinculación existente entre los planes de acción locales y los programas de integración nacionales y regionales; aprueba la propuesta de la Comisión de reforzar la posición del enfoque de desarrollo local en la política de cohesión por medio de grupos de apoyo y planes de acción locales de tipo «Leader»;

14. Subraya que las zonas urbanas no son elementos aislados dentro de sus respectivas regiones y que su desarrollo, por tanto, debe estar estrechamente vinculado a las áreas funcionales suburbanas o rurales próximas; solicita aclaraciones sobre situaciones específicas como las de zonas metropolitanas, regiones urbanas y aglomeraciones, cuyas funciones están interrelacionadas estrechamente; considera que la gobernanza de varios niveles, la programación regional y el principio de asociación son los instrumentos más eficaces para evitar la sectorialización y la fragmentación de las políticas de desarrollo; recuerda, no obstante, que las sinergias internas no siempre están garantizadas; insta a la Comisión a que solicite a los Estados miembros que fomenten expresamente el contacto y el intercambio de buenas prácticas sobre estrategias urbano-rurales y que analicen las dimensiones urbano-rurales en los documentos de planificación a fin de asegurar unos buenos enlaces urbano-rurales;

15. Subraya el papel positivo que desempeñan la cooperación transfronteriza, la cooperación transnacional y la iniciativa URBACT con respecto a la creación de redes de ciudades, la puesta en común de mejores prácticas y la generación de soluciones innovadoras; señala que la cooperación entre ciudades europeas se ciñe muy bien al Objetivo 3 (cooperación territorial europea); considera que en el periodo 2014-2020 debe reforzarse la dimensión urbana de la cooperación territorial europea; anima a la participación de las ciudades en redes de cooperación interregional y transfronteriza; cree que las redes que reciban apoyo deberían vincularse a proyectos reales de desarrollo y pide a la Comisión que mejore las plataformas para permitir que se aplique un enfoque experimental a la regeneración y al desarrollo urbanos; opina que la experimentación podría resultar útil sobre todo en el marco del FSE, donde una estrategia territorial global podría completar el enfoque por categorías de población específicas;

16. Subraya que el proceso de «regeneración urbana» y de «incorporación a las demás políticas» puede dar lugar a la aparición de una nueva «alianza urbana» que aúne a todas las partes interesadas en el proceso de «construcción de la ciudad»; indica que la alianza seguiría basándose en el consenso y se establecería formalmente con nuevas formas de gobernanza en las que las redes sociales y de ciudadanos desempeñarían un papel importante, con el objetivo común de revalorizar, regenerar e incluso reinventar la «ciudad existente», haciendo un uso óptimo del capital humano, social, material, cultural y económico acumulado con el tiempo y canalizando estos elementos hacia la construcción de ciudades gestionadas con arreglo a criterios orientados a la eficiencia, innovadores, inteligentes, más sostenibles y tendentes a la integración social;

17. Reitera su petición a la Comisión para que cree un programa de intercambio «Erasmus para representantes electos locales y regionales» con vistas a fomentar la transferencia de buenas prácticas en materia de desarrollo urbano y local estratégico;

Subdelegación de responsabilidades

18. Subraya que los cargos electos locales tienen responsabilidad política directa en materia de decisiones estratégicas y de inversión de recursos públicos; opina, teniendo esto presente, que los Estados miembros deben garantizarles unos recursos presupuestarios suficientes; considera, por consiguiente, que para alcanzar los objetivos de la política de cohesión y la Estrategia Europa 2020, los cargos electos locales deben estar asociados necesariamente al proceso de toma de decisiones estratégicas y participar estrechamente en la elaboración de programas operativos, así como ejercer ampliamente la opción de desempeñar responsabilidades subdelegadas de aplicación y evaluación de la política de cohesión, sin perjuicio de la responsabilidad financiera de las autoridades de gestión y los Estados miembros; subraya que la prioridad de las entidades locales debe ser asegurar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos, que, junto con todas las partes interesadas, deben participar en las estrategias de desarrollo locales;

19. Recomienda que, en el próximo período de programación, se utilice una de las siguientes opciones en la puesta en práctica de la dimensión urbana a nivel nacional: programas operativos independientes gestionados por áreas urbanas concretas; programas operativos conjuntos que abarquen áreas urbanas de Estados miembros concretos, y subvenciones globales o asignación específica de medidas y recursos urbanos dentro de programas operativos regionales específicos; reconoce la importancia de elaborar en el futuro programas operativos específicos para determinadas zonas urbanas a fin de mejorar su potencial de desarrollo;

20. Advierte de que, como la escala y el predominio de la urbanización difieren enormemente en la UE, sobre todo cuando una región es fundamentalmente rural y está poco urbanizada, el porcentaje de recursos asignados a acciones urbanas, al igual que el contenido general y las prioridades de los Programas Operativos, deben dejarse a la discreción de los diseñadores de los programas que operen en representación de la región en cuestión;

Planificación estratégica integrada

21. Apoya los principios de la planificación estratégica integrada, ya que pueden ayudar a las autoridades locales a salir del pensamiento en términos de «proyectos individuales» para pasar a un pensamiento de carácter intersectorial y más estratégico a fin de utilizar su potencial de desarrollo endógeno; destaca el valor añadido y el carácter innovador −sobre todo para los barrios desfavorecidos− de este enfoque «ascendente» que, al garantizar la participación de todos los agentes locales, permite responder de forma más satisfactoria a las necesidades reales y a los recursos del territorio; lamenta, al mismo tiempo, la vaga definición común, que solamente se plasma en solicitudes oficiales en algunos casos; pide a la Comisión que pida a los Estados miembros garantías de apoyo al desarrollo de las capacidades administrativas a nivel local para fines de planificación estratégica integrada;

22. Considera que las zonas urbanas tienen un papel fundamental que desempeñar en la aplicación de estrategias macrorregionales y el establecimiento de unidades geográficas funcionales;

23. Pide a la Comisión que elabore un estudio comparativo sobre la práctica seguida hasta ahora por los distintos Estados miembros en lo referente a la planificación estratégica integrada y, sobre la base de los resultados de este estudio, que elabore directrices específicas de la UE para prácticas de planificación integrada del desarrollo urbano que aclaren también la relación entre estos planes y otros documentos de planificación, y que promuevan asociaciones eficientes y reguladas jurídicamente, incluyendo asociaciones urbanas transfronterizas; pide a la Comisión que la planificación urbana integrada sea jurídicamente vinculante si se utilizan fondos de la UE para cofinanciar proyectos; recomienda a las autoridades locales de los Estados miembros que pongan en marcha nuevas colaboraciones público-privadas y estrategias innovadoras de desarrollo de infraestructuras urbanas que permitan atraer inversiones y estimular a las empresas; recomienda una mejor coordinación entre el ámbito local y regional que permita crear asociaciones tanto entre ciudades y zonas rurales como entre ciudades pequeñas, medianas o grandes a fin de asegurar un desarrollo regional equilibrado; y al mismo tiempo pide a la Comisión que intensifique la asistencia técnica a fin de mejorar la planificación integrada del desarrollo, la formulación participativa de las políticas y el desarrollo urbano estratégico;

24. Acoge favorablemente la idea de la Comisión relativa al futuro marco estratégico común esbozada en las conclusiones del quinto informe de situación sobre la cohesión, que podría incrementar las sinergias entre los fondos, especialmente para rediseñar los vínculos de las zonas urbanas con las rurales y periurbanas; hace hincapié en el valor añadido europeo del enfoque horizontal e integrado de la política de cohesión y solicita, en ese sentido, más sinergias con las políticas energética, medioambiental y de transportes, que suponen una particular ayuda en las zonas urbanas y periurbanas, donde los desafíos en la materia son destacables;

25. Reitera su opinión de que la elaboración de planes de desarrollo urbano integrado solo resultará eficiente si se dispone de recursos suficientes para acciones urbanas específicas, y recomienda por lo tanto que los recursos disponibles se concentren en acciones específicas; propone el establecimiento de un nivel mínimo de intensidad de la ayuda por período de programación para barrios desfavorecidos de las áreas urbanas;

Planificación financiera exhaustiva

26. Subraya que las inevitables medidas de austeridad introducidas a todos los niveles de gobierno en la Unión Europea ejercen una presión sin precedentes sobre todos los tipos de gasto público, incluidas las inversiones estratégicas en desarrollo económico; opina que, para mejorar la eficacia de la inversión, se requiere una mayor coordinación de todos los recursos públicos disponibles (europeos, nacionales, regionales, locales y privados), y asignarlos de manera más estratégica;

27. Aboga, en este contexto, por una planificación financiera exhaustiva a escala local como componente indivisible de la planificación integrada del desarrollo y pide a todos los usuarios de recursos públicos, en consonancia con la noción de orientación a los resultados, que apliquen estrictamente el principio de «dinero para realizar proyectos, en lugar de proyectos para obtener dinero»;

28. Subraya el valor añadido de la UE en lo relativo a la financiación cruzada entre el FEDER y el FSE en materia de flexibilidad para los proyectos de inclusión social y los planes/estrategias locales de desarrollo integrado; pide a la Comisión que establezca condiciones más flexibles para esta financiación cruzada, de modo que se promueva su utilización y que estas normas no creen obstáculos en las fases de diseño y ejecución de planes o estrategias de desarrollo urbano integrado; subraya el carácter complementario de ambos instrumentos; destaca que, especialmente en los entornos urbanos que padecen exclusión social o deterioro medioambiental, se podría ayudar mediante fondos del FSE a proyectos locales conjuntos de las ciudades, el tercer sector y el sector privado destinados a prevenir la exclusión; destaca que la utilización conjunta de los fondos europeos existentes podría incrementar significativamente las posibilidades de financiación;

29. Considera que el dinamismo de las zonas urbanas puede estimularse gracias a unas sinergias efectivas entre los distintos instrumentos europeos de financiación, en concreto en lo relativo a la investigación y la innovación;

30. Destaca el papel prometedor de los nuevos instrumentos de ingeniería financiera basados en los principios de «proyectos para obtener dinero» y «dinero para realizar proyectos» establecidos durante el actual período de programación; subraya la necesidad de crear instrumentos graduables de ingeniería financiera que puedan resultar viables para zonas urbanas mucho más reducidas; pide a la Comisión que evalúe la experiencia acumulada con el uso de estos instrumentos y que, en caso necesario, los adapte con el fin de mejorar su posición competitiva en los mercados financieros en relación con productos comerciales comunes, para que sean más fáciles de usar, más prácticos y más atractivos y, por consiguiente, más eficaces; opina que, para este fin, los tipos de interés de los instrumentos financieros del BEI deberían fijarse en un nivel inferior al de los préstamos comerciales; pide a los Estados miembros, en vista de los resultados positivos de la utilización de los instrumentos de ingeniería financiera actuales, que velen en todo momento por que el potencial ofrecido por dichos instrumentos financieros sea aprovechado de la forma más eficaz posible;

31. Considera que la iniciativa Jessica, en particular, puede alcanzar su mayor eficacia cuando se aplique a nivel de ciudad, por lo que lamenta la tendencia a centralizar su aplicación que observa en algunos Estados miembros;

32. Pide a la Comisión que vele por que los flujos financieros entre los niveles europeo, nacional y subnacional se organicen de la forma más eficiente y flexible posible en el futuro; manifiesta su preocupación con respecto al reducido nivel actual de prefinanciación de proyectos y opina que en el futuro se debería garantizar por vía legislativa que los Estados miembros estén obligados más claramente a utilizar la prefinanciación para los pagos a beneficiarios públicos, como las autoridades urbanas;

33. Pide a la Comisión que persiga la mayor armonización posible de las normas aplicables a los distintos fondos y programas de la UE aplicables para decidir qué proyectos de desarrollo local y urbano pueden acogerse a la cofinanciación, a fin de minimizar la burocracia y los errores potenciales durante la ejecución;

34. Pide al Comité de las Regiones que trabaje sobre ideas acerca de cómo perfilar mejor la dimensión urbana de la futura política de cohesión;

35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como al Comité de las Regiones.

(1) DO L 210 de 31.7.2006, p. 25. (2) DO L 210 de 31.7.2006, pp. 1-11. (3) DO L 291 de 21.10.2006, p. 11. (4) DO L 126 de 21.5.2009, p. 3. (5) DO L 346 de 30.12.2010, p. 25. (6) DO C 184 E de 6.8.2009, p.95. (7) DO C 15 E de 21.1.2010, p.10. (8) DO C 117 E de 6.5.2010, p.73. (9) DO C 117 E de 6.5.2010, p.65. (10) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0191. (11) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0356. (12) DO C 21 de 21.1.2011, p.1. (13) DO C 267 de 1.10.2010, p.25.

Los objetivos y el fondo del informe

El objeto de este informe es realizar un seguimiento del anterior informe «Dimensión urbana de la política de cohesión en el nuevo período de programación» y reflejar los últimos avances en la Agenda urbana europea. Desde 2009, han surgido nuevos datos relacionados con la evolución de esta cuestión y, según se prevé, surgirán más en las próximas semanas. El informe abarca diversos aspectos de la dimensión urbana de la política de cohesión que la Comisión de Desarrollo Regional considera aspectos cruciales o desafíos para la futura política de cohesión, que debe convertirse en una política eficaz y plenamente valorada para las ciudades de la UE.

Cuestiones de definición

En Europa existen unas 5 000 ciudades con una población que oscila entre 5 000 y 50 000 habitantes, y casi 1 000 ciudades con una población superior a los 50 000 habitantes. Europa puede caracterizarse por la diversidad territorial y el desarrollo policéntrico; la red urbana relativamente densa cuenta con pocas ciudades muy grandes. En la UE, solo el 7 % de la población vive en ciudades de más de 5 millones de habitantes, mientras que en los Estados Unidos de América(1) el porcentaje es del 25 %. Según el informe sobre la situación de las ciudades europeas(2), los índices más altos de crecimiento de población urbana se han registrado en España, país en el que en algunas zonas urbanas se registró un crecimiento promedio anual del 2 % o superior. Varias ciudades de Irlanda, Finlandia y Grecia también han experimentado algunos de los mayores índices de crecimiento de población en la UE. Por el contrario, muchas zonas urbanas de la Europa central y del este han experimentado un declive general de población durante el mismo periodo. Prácticamente toda las ciudades y suburbios crecen, y si experimentan declive, tiende a ser menos acusado que en los núcleos urbanos.

Debido a diferencias nacionales importantes, no existe un acuerdo internacional sobre la definición de zona urbana que pueda aplicarse a todos los países o incluso a todos los países de una región. Se han realizado muchos intentos para establecer un entendimiento común con respecto al término «urbano». Existen diversas definiciones procedentes de las Naciones Unidas(3), el Banco Mundial(4), la OCDE(5), así como de distintos países. La mayoría de las definiciones, si no todas, se basan en información estadística relativa al tamaño y la densidad de la población. Aunque, evidentemente, existen enormes diferencias en cuanto a la distribución geográfica de la población de un país a otro, la Instituciones europeas se han basado hasta ahora en el enfoque aprobado por Eurostat(6), en su guía europea de referencia sobre estadísticas urbanas y regionales (European regional and Urban statistics Reference guide), en la que se identifican cuatro niveles de unidades espaciales con respecto a las que se recogen distintas observaciones. Estas oscilan entre la ciudad central o «centro», zonas urbanas mayores, el «núcleo» para nueve capitales en las que el concepto de ciudad administrativa no ofrecía unidades espaciales comparativas y, por último, distritos de subciudades. Pese a que la definición de Eurostat es plenamente aplicable para fines estadísticos, teniendo en cuenta las diferencias existentes y los distintos enfoques parece muy difícil establecer una definición clara y común del término «urbano» en el marco de la política de cohesión y, por lo tanto, la cuestión de la definición debe ser competencia de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

Evolución histórica

Históricamente, la dimensión urbana se encontraba junto al volumen principal de las operaciones estructurales. Desde 1990, empezaron a crearse proyectos piloto urbanos. Desde 1994, existe un programa de iniciativa comunitaria (URBAN) que permitió la promoción de modelos integrados de desarrollo local.

Aunque durante el período de programación anterior, se destinó una financiación específica a las distintas iniciativas urbanas, no sucedió lo mismo durante el período 2007-2013. Tras la aprobación de los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales, la política de desarrollo urbano ha sido integrada en los objetivos de cohesión, competitividad regional y empleo, poniendo así de manifiesto la importancia que la Unión confiere a este aspecto de la política de cohesión. Para la redacción de los marcos estratégicos nacionales de referencia y los programas operativos, se animó, no se obligó, a los Estados miembros, a integrar el desarrollo urbano sostenible como prioridad estratégica. Sin embargo, dada la importancia de las ciudades y las aglomeraciones urbanas en el entramado económico europeo, el hecho de no hacerlo acabaría en gran medida con cualquier proyecto que pudieran tener de convertirse en un actor dinámico de los esfuerzos de la Unión para conseguir sus objetivos.

Los Reglamentos actuales revisados permiten a las autoridades competentes recurrir a una amplia gama de asociaciones públicas/privadas en la gestión de los fondos determinados para el desarrollo urbano. De este modo, los Fondos Estructurales pueden financiar una operación de ingeniería financiera, como, por ejemplo, fondos de capital de riesgo, fondos de garantías o fondos de préstamos. La Comisión Europea y el BEI han desarrollado tres instrumentos financieros: Jeremie(7), Jaspers(8) y Jessica(9). Jessica (apoyo comunitario conjunto para una inversión sostenible en las zonas urbanas) es el que revierte mayor interés para el desarrollo urbano. Está destinado a lograr un efecto basado en los recursos financieros disponibles. Los fondos recuperados deben ser reinvertidos en el desarrollo urbano o reasignados a la autoridad competente para otros proyectos urbanos. De hecho, Jessica todavía se encuentra en sus inicios.

Antecedentes

Según las estadísticas de la Comisión Europea(10), para el período 2007 a 2013 se inscribieron alrededor de 21 100 millones de euros para el desarrollo urbano, lo que representa un 6,1 % del presupuesto total de la UE para la política de cohesión. De esta cantidad, 3 400 millones de euros se destinan a la rehabilitación de emplazamientos industriales y suelos contaminados, 9 800 millones de euros a proyectos de regeneración urbana y rural, 7 000 millones de euros al transporte urbano no contaminante y 917 millones de euros al sector de la vivienda. Otras inversiones (en infraestructuras, investigación e innovación, transporte, medio ambiente, educación, salud y cultura) también tienen un impacto significativo en las ciudades.

Gráfico: Dotación presupuestaria para desarrollo urbano entre 2008 y 2013

Fuente: DG REGIO SFC2007

Contexto del contenido

El objetivo principal de la Agenda urbana mejorada debería consistir en desarrollar y mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios en las ciudades europeas. Por un lado, las futuras medidas deberán estar estrechamente relacionadas con las prioridades generales de la UE para justificar la aportación del presupuesto de la UE. Sin embargo, la Estrategia Europa 2020 se centra especialmente en las tendencias de futuro. La superación de las actuales diferencias entre las ciudades españolas es igualmente importante y debería reflejarse en las prioridades de la futura política de cohesión. Teniendo en cuenta la experiencia de la Estrategia de Lisboa, la evolución de la Agenda urbana no debe ser un proceso en un único sentido, sino que debe tener una amplia dimensión de carácter ascendente. Por consiguiente, resulta crucial que las ciudades tengan voz y sean escuchadas atentamente a escala de la UE.

Las necesidades locales y/frente a las prioridades de la UE

Las ciudades de Europa son sus centros de actividad económica, la innovación y el empleo; sin embargo, se enfrentan a varios retos. La tendencia a la suburbanización, la concentración de la pobreza y del desempleo entorno al perímetro urbano y la creciente congestión son problemas complejos que requieren respuestas integradas en los ámbitos del transporte y la vivienda, así como programas en favor de la formación profesional y el empleo que deben concebirse de una manera adaptada a las necesidades locales. La política regional y la política de cohesión europeas responden a estos desafíos.

Por un lado, se entiende claramente que la cofinanciación de la UE debe ir asociada a las prioridades generales de la UE recogidas en la Estrategia Europa 2020. Su contenido se centra en hacer frente a los nuevos desafíos y a las consecuencias temporales de la desaceleración económica. Por otro lado, el ponente opina que la política de cohesión (incluida su Agenda urbana) no debe renunciar a su objetivo inicial, es decir, superar las disparidades actuales.

De hecho, cuando se pide a las autoridades locales que establezcan prioridades, suelen preferir invertir en las desigualdades y carencias para después centrarse en las tendencias mundiales. Resulta de crucial importancia encontrar el modo de alcanzar el equilibrio adecuado entre ambas orientaciones. El ponente considera que la financiación de la UE no deberá ser un mero sustituto de las anteriores inversiones insuficientes. Por otro lado, las acciones a escala de la UE no deben ser demasiado preceptivas, puesto que en tal caso la oferta de la UE no se adaptará a la demanda local. La justificación podría ser invertir en un desarrollo urbano inteligente con el objetivo de mejorar el nivel cualitativo de la infraestructura y los servicios de las ciudades.

Subdelegación de responsabilidades (toma de decisiones, selección de proyectos, financieras)

El principio de subsidiariedad es un elemento clave en las intervenciones europeas en materia de desarrollo urbano y regional. El ponente opina que las medidas y prioridades comunes deberían respaldar a las iniciativas locales, no sustituirlas. A este respecto, la pregunta «¿Qué medidas y a qué escala?» resulta clave. El ponente defiende que cada nivel debería optimizar el uso de sus puntos fuertes:

· escala de la UE: suministro de recursos financieros, datos (índices de referencia, tendencias mundiales), metodología basada en mejores prácticas compartidas, orientación para la gobernanza a múltiples niveles, establecimiento de normas mínimas para que los programas respeten las prioridades de la UE;

· escala nacional: la corresponsabilidad formal de las ciudades en el diseño, negociación y ejecución de los programas, creación de herramientas y recursos para las prioridades nacionales específicas de desarrollo urbano, complementarias a las de la UE;

· escala regional: asignación de corresponsabilidad a las ciudades para los programas operativos regionales (véase más arriba), coordinación de los planes de desarrollo estratégico locales y regionales, creación de estructuras para dicha coordinación, creación de herramientas y recursos para las prioridades regionales específicas de desarrollo urbano, complementarias a las de la UE y a las nacionales;

· escala local: análisis, planificación estratégica y toma de decisiones, selección de proyectos (no necesariamente «administración» de los fondos), planificación financiera integrada (recursos privados, locales, regionales, nacionales y de la UE).

Principio de asociación y gobernanza a varios niveles

Para la futura evolución de la Agenda urbana, resulta de especial importancia reflexionar sobre la experiencia del reciente «enfoque urbano integrado». Antes de adoptar medidas adicionales, debe realizarse una evaluación adecuada del proceso de aplicación de un enfoque integrado, incluida una lista de puntos fuertes y débiles. Ello debería conducir a una lista de recomendaciones o normas para una participación local más formalizada en la aplicación y diseño de las políticas futuras.

Planificación estratégica integrada

La planificación estratégica integrada suele considerarse una importante herramienta para garantizar la eficacia y el enfoque holístico del desarrollo local. Por otro lado, la definición y la comprensión varían de un Estado miembro a otro. Podría resultar de ayuda el establecimiento de orientaciones comunes. Por consiguiente, el ponente sugiere que el PE inste a la Comisión a crear dichas orientaciones y a intensificar los esfuerzos de asistencia técnica. Al mismo tiempo, se instará a los Estados miembros a aprovechar la asistencia disponible para la planificación urbana.

Planificación financiera exhaustiva, incluido el futuro de la ingeniería financiera

La experiencia demuestra que, en muchos casos, las ideas de proyectos se generan en función de la disponibilidad de financiación, en lugar de basarse en necesidades reales y prioridades estratégicas. Se trata de uno de los principales retos de las políticas de desarrollo y de la política de cohesión. Este enfoque de «proyectos por dinero» debería sustituirse por un enfoque «dinero para proyectos»: los proyectos no deberían diseñarse para aprovechar la financiación disponible, sino para alcanzar los objetivos estratégicos.

El ponente opina que las ciudades deberían disfrutar de suficiente flexibilidad como para utilizar los fondos para sus prioridades reales. El desarrollo de los proyectos no debería diseñarse para aprovechar la financiación disponible, sino para alcanzar los objetivos estratégicos. Las oportunidades de financiación a escala de la UE, nacional y regional deberían coordinarse para abarcar toda la variedad de necesidades específicas.

(1) Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde sobre la cohesión territorial: Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte, Bruselas, 2008. (2) Situación de las ciudades europeas: Valor añadido a Urban Audit, 2007, disponible en http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf (3) http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf (4) http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf (5) http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492 (6) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF (7) Facilita el acceso a la financiación para establecimiento de empresas, el desarrollo de microempresas y de las PYME. (8) Apoya la elaboración de grandes proyectos. (9) Apoya la ingeniería financiera en el ámbito del desarrollo urbano. (10) http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la movilidad y el acceso al transporte son factores esenciales del desarrollo urbano, en especial en zonas con carencias múltiples, y que el transporte puede tener efectos considerables en el desarrollo regional, la economía, el medio ambiente y la prosperidad de las zonas urbanas y en sus ciudadanos,

B.  Considerando que las principales intersecciones de transporte (en particular, de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T)) y nodos intermodales están situados en zonas urbanas, y que la movilidad urbana cumple una importante función en el adecuado funcionamiento de estos puntos estratégicos, tanto para asegurar las funciones de acceso como de conexión intermodal,

C. Considerando que, además de los objetivos en materia de protección del medio ambiente, de fluidez del tráfico y de rendimiento energético, la optimización general de los transportes constituye un elemento determinante en la estrategia UE 2020, en particular en las zonas urbanas, donde vive el 75% de los ciudadanos y se genera el 85% del PIB de la Unión;

1.  Destaca la importancia de contar con una red de transporte eficiente, segura, asequible y respetuosa con el medio ambiente para llevar a cabo una regeneración urbana duradera, y señala que una planificación regional y urbana cuidadosa también es un elemento esencial a este respecto, por ser condición necesaria para un sistema de transportes eficaz y sostenible;

2.  Subraya la función de apoyo a la movilidad urbana que pueden desempeñar la política de cohesión y los Fondos Estructurales y de Cohesión; señala a la Comisión la importancia de garantizar que las áreas urbanas de todo el territorio de la UE puedan obtener este apoyo, habida cuenta de que los problemas específicos de estas áreas no dependen únicamente del PIB;

3.  Reitera su apoyo a los principios expuestos en la Resolución del Parlamento sobre un plan de acción de movilidad urbana (2008/2217(INI)) y pide que se apliquen las 20 medidas propuestas por la Comisión en su Plan de Acción de Movilidad Urbana (COM(2009)0490);

4.  Subraya que el principio de subsidiariedad es de aplicación en los servicios de transporte urbano; destaca, sin embargo, que la cooperación, coordinación y financiación a escala europea permitirían a las autoridades locales hacer frente a los retos que afrontan, en particular, en el ámbito de los transportes;

5.  Pide a la Comisión que, respetando el principio de subsidiaridad y atendiendo a las diferencias entre las áreas urbanas y a las características específicas de estas, promueva la coordinación de las políticas de transporte y de cohesión a escala urbana, en cooperación con los interlocutores estatales, regionales y locales y teniendo en cuenta los objetivos de inclusión social, seguridad, competitividad y protección del medio ambiente; reitera su petición de que se aplique con carácter obligatorio un enfoque integrado en la programación y selección de los proyectos que reciben ayudas de los Fondos Estructurales y de Cohesión;

6.  Celebra la intención de la Comisión, expresada en su Quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial, de poner en marcha un ambicioso programa urbano y de tener más en cuenta las áreas urbanas en la política de cohesión;

7.  Respalda decididamente la aplicación y el fomento de planes integrados y sostenibles de movilidad urbana, incluidos planes de logística urbana para bienes y servicios; insta a la Comisión a que publique recomendaciones y documentos de orientación para la elaboración de estos planes que se ocupen, entre otros temas, del desarrollo de infraestructuras para el tráfico no motorizado (carriles para bicicletas, vías peatonales, etc.) plenamente integradas con el transporte público, de la mejora de la planificación urbana y del establecimiento de conexiones regulares con las zonas colindantes y rurales, teniendo en cuenta criterios clave como la seguridad, la calidad de vida de los residentes, el medio ambiente y la eficacia económica; propone que la financiación de la UE a los proyectos de transporte urbano se supedite a la existencia de tales planes;

8.  Señala la necesidad de garantizar que los planes de movilidad urbana incluyan estrategias de seguridad vial que presten especial atención a los usuarios más vulnerables;

9.  Considera que los sistemas integrados de billetes a nivel urbano, interurbano y regional son esenciales para la movilidad urbana, y urge a la Comisión a que promueva a este respecto las mejores prácticas de los programas ya existentes en la Unión, y a que proponga, en su caso, medidas concretas;

10. Destaca la importancia de un transporte público accesible, de alta calidad y sostenible y de las cadenas de movilidad intermodal para las zonas urbanas y suburbanas, las conurbaciones y las zonas rurales adyacentes, como parte de la respuesta a la expansión urbana, y para los barrios desfavorecidos y las personas con movilidad reducida, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el intercambio de mejores prácticas en este ámbito;

11. Apoya, en este contexto, medidas para el fomento de modos de transporte público urbano más sostenibles como el metro, el tranvía y los vehículos con bajas emisiones de CO2 así como otros modos de transporte saludables no motorizados como la bicicleta; alienta a las autoridades locales y regionales a la renovación de la flota urbana con vehículos y medios más respetuosos con el medio ambiente.

12. Señala que el uso de embarcaciones fluviales rápidas y limpias puede ser una importante contribución a la reducción de la huella ecológica del transporte urbano, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el intercambio de las mejores prácticas en este ámbito;

13. Subraya que la densidad de las áreas urbanas hace que estos espacios sean los más expuestos a la congestión del tráfico y a la contaminación atmosférica y acústica, y los que más contribuyen a ellas; pide a la Comisión que promueva el uso del transporte público como alternativa al automóvil en estas zonas;

14. Pide a la Comisión que aplique la Carta de Leipzig sobre las ciudades europeas sostenibles y que mantenga informado al Parlamento sobre el progreso en este ámbito;

15. Subraya la crucial importancia de las infraestructuras de transporte para las regiones y las ciudades en Europa, y pide a la Comisión que optimice las fuentes de financiación existentes y ofrezca soluciones innovadoras de financiación para su desarrollo, mediante proyectos piloto y la promoción de redes como la del proyecto «ciudades inteligentes» y sin perjudicar las conexiones entre zonas urbanas y rurales;

16. Subraya que la importancia primordial del transporte público para la cohesión social deberá tenerse en cuenta en las políticas de inversión, tarificación y las obligaciones de servicio público específicamente referidas a este tipo de transporte, a fin de salvaguardar la igualdad en el acceso al empleo, a la enseñanza, a la cultura y de evitar la formación de guetos urbanos;

17. Pide a la Comisión Europea que vele por que en la próxima revisión transversal de los reglamentos sobre los derechos de los pasajeros se preste especial atención a los grupos de personas con movilidad reducida y a la participación de las asociaciones de ciudadanos pertinentes;

18. Opina que la crisis económica debe ser una oportunidad para centrar el punto de mira de la política de transportes en modos de transporte innovadores y ecológicos y en sistemas de transporte interoperables e inteligentes; apoya, en este sentido, las iniciativas CIVITAS y el «Pacto entre Alcaldes», y pide a la Comisión que vele por que en el futuro ambas iniciativas incluyan medidas para mejorar la gobernanza del trasporte urbano e interurbano; subraya que la aplicación de sistemas de transporte inteligentes (STI) será una importante contribución a la eficiencia energética y la seguridad en el transporte público, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un despliegue coordinado y efectivo de los STI en toda la Unión, y en particular, en las áreas urbanas;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en sistemas STI que ofrezcan servicios innovadores para distintos modos de transporte, la gestión del tráfico y redes de transporte más coordinadas y más inteligentes;

20. Considera que la política de cohesión surte efectos significativos cuando adopta un enfoque integrado, en relación, por ejemplo, con el transporte (comodalidad), el uso del suelo y la preservación de la naturaleza y del clima, la reducción del ruido y la eficiencia energética;

21. Hace hincapié en el potencial de los Fondos Estructurales y de Cohesión para la plena consecución del programa RTE-T, especialmente en las zonas urbanas, pero lamenta la falta de coordinación entre la política de cohesión y la política de transportes; pide a los Estados miembros que hagan un mayor uso de los recursos disponibles; lamenta la falta de claridad y de información sobre la aplicación de los proyectos en curso;

22. Considera que las ciudades son los nodos principales de las RTE-T y, como reconoce el artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son fundamentales en la cohesión territorial, económica y social; pide a la Comisión que en la próxima revisión de las RTE-T establezca con claridad las conexiones entre estas ciudades nodo y sus respectivos puertos, aeropuertos y centros logísticos;

23. Pide a la Comisión la aplicación de fórmulas innovadoras y verdaderamente efectivas para la financiación de infraestructuras y sistemas de transporte (bonos europeos, «regla de oro», etc.) y reitera su petición de incrementar el presupuesto para financiar las RTE-T.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN