Procedimiento : 2012/2097(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0023/2013

Textos presentados :

A7-0023/2013

Debates :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Votaciones :

PV 06/02/2013 - 7.11

Textos aprobados :

P7_TA(2013)0050

INFORME     
PDF 432kWORD 271k
29 de enero de 2013
PE 498.081v02-00 A7-0023/2013

sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora

(2012/2097(INI))

de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Ponente: Richard Howitt

Ponente de opinión (*):

Raffaele Baldassarre, Comisión de Asuntos Jurídicos

(*) Comisión asociada – artículo 50 del Reglamento

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos
 OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores
 OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo
 OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional
 OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora

(2012/2097(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vistos los artículos 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–   Vista la Carta Social Europea, en particular, sus artículos 5, 6 y 19,

–   Vistos la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, y los Convenios de la OIT por los que se establecen normas fundamentales mínimas a nivel internacional en materia de abolición del trabajo forzoso (nº 29 (1930) y nº 105 (1957)), libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva (nº 87 (1948) y nº 98 (1949)), abolición del trabajo infantil (nº 138 (1973) y nº 182 (1999)) y no discriminación en el empleo (nº 100 (1951) y nº 111 (1958)),

–   Vistos asimismo los Convenios de la OIT sobre las cláusulas de trabajo (contratos públicos) (nº 94) y sobre la negociación colectiva (nº 154),

–   Vistos el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, aprobados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional del Trabajo,

–   Vista la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, aprobada por consenso de los 183 Estados miembros de la OIT el 10 de junio de 2008,

–   Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006),

   Vistos los Principios para el Empoderamiento de la Mujer de las Naciones Unidas, lanzados en marzo de 2010, que ofrecen orientación sobre el modo de capacitar a las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad, y que son el resultado de una iniciativa conjunta de ONU Mujeres y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

–   Visto el Consistency Project, proyecto de colaboración entre el CDSB (Climate Disclosure Standards Board), la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), diseñado para apoyar una mayor coherencia de criterios en relación con la demanda y el suministro de la información empresarial relacionada con el cambio climático,

–   Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 8 de diciembre de 2009(1),

–   Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en mayo de 2011,

–   Vista la Convención de la OCDE contra el Soborno, de 1997,

–   Vista la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes,

–   Vista la constitución del Consejo Internacional de Informes Integrados (CIII),

–   Vista la Ley danesa de Declaraciones Financieras, de 2008,

–   Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

–   Visto el estudio de octubre de 2010 elaborado a instancias de la Comisión Europea, que aborda las lagunas de gobernanza entre los instrumentos y normas internacionales de responsabilidad social de las empresas y la legislación europea vigente (conocido como «Estudio de Edimburgo»)(2), cuyos resultados se expusieron en el Informe Anual de 2011 del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos(3), y que ha sido apoyado plenamente por el Consejo Europeo,

–   Vistos los apartados 46 y 47 del documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20),

–   Vistos los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable,

–   Vista la Norma internacional ISO 26000, que proporciona orientación sobre la responsabilidad social, editada el 1 de noviembre de 2010,

–   Visto el estudio «Green Winners», realizado en 2009 sobre 99 empresas(4),

–   Vista la creación del Foro Multilateral Europeo sobre la responsabilidad social de las empresas, el 16 de octubre de 2002,

–   Vista la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios(5),

–   Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública, presentada por la Comisión (COM(2011)0896),

–   Visto el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(6), que sustituye al Convenio de Bruselas de 1968 excepto en lo que se refiere a las relaciones entre Dinamarca y los Estados Miembros,

–   Vista la Resolución del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa al seguimiento del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas(7),

–   Vista la Resolución del Consejo, de 6 de febrero de 2003, relativa a la responsabilidad social de las empresas(8),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos – Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2006)0249) (Comunicación de la Comisión sobre el trabajo digno),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea – Un plan para avanzar» (COM(2003)0284) (Plan de acción sobre gobernanza empresarial),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales – La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Paquete "Empresas responsables"» (COM(2011)0685),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM (2012)0173),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social – Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales» (COM(2011)0682),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

–   Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2002, sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas»(9),

–   Vista su Resolución, de 13 de mayo de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas – Una contribución empresarial al desarrollo sostenible(10),

–   Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación(11),

–   Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(12),

–   Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia Europa 2020, en la que se señala la existencia de un vínculo inextricable entre la responsabilidad de las empresas y la gobernanza empresarial(13),

–   Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre la Iniciativa en favor del emprendimiento social – Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales(14),

–   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas»(15) ,

–   Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

–   Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0023/2013),

A.  Considerando que la responsabilidad social de las empresas (RSE) no debe usarse de forma impropia para redefinir las normas mínimas pertinentes acordadas a nivel internacional, sino para medir el grado de aplicación de dichas normas y comprender mejor el modo en que pueden ser aplicadas fácil y directamente por las empresas de todos los tamaños;

B.   Considerando que el concepto de «responsabilidad social de las empresas», que suele utilizarse en las instituciones de la UE, debe considerarse en gran medida idéntico a los conceptos afines de empresa responsable o ética, «medio ambiente, sociedad y gobernanza», desarrollo sostenible y responsabilidad empresarial;

C.  Considerando que el enfoque multilateral ha de seguir siendo la piedra angular de todas las iniciativas respaldadas por la UE en materia de RSE y la base de la RSE más creíble por parte de la propia empresa, empezando por el nivel local;

D.  Considerando que la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI) ha aportado la metodología más ampliamente aceptada con diferencia a nivel internacional para la transparencia de las empresas, y que la creación del Consejo Internacional de Informes Integrados (CIII), que incluye a los principales organismos responsables de la elaboración de normas de contabilidad, indica que la información sobre la sostenibilidad de las empresas integrada en las cuentas financieras se convertirá en norma mundial en menos de una década;

E.   Considerando que los trabajos pioneros del proyecto del Príncipe de Gales Contabilidad para la Sostenibilidad, de la iniciativa TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad) para las empresas y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han hecho posible que las empresas comprendan plena y exactamente el valor monetario de su impacto social y medioambiental exterior y que, por consiguiente, lo incorporen a su gestión financiera;

F.   Considerando que se ha producido un cambio radical en la comunidad inversora, con 1 123 inversores (que representan unos activos totales bajo gestión de 32 billones de dólares estadounidenses) que apoyan los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable; que el Foro Europeo de Inversión Sostenible estima que el mercado mundial de la inversión socialmente responsable alcanzó aproximadamente los 7 billones de euros en septiembre de 2010, y considerando asimismo que 82 inversores encabezados por Aviva Global Investors que representaban unos activos totales bajo gestión de 50 billones de dólares pidieron en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que la información sobre la sostenibilidad de las empresas se haga obligatoria;

G.  Considerando que la creación de la Plataforma Multilateral Europea sobre la RSE, la puesta en marcha de una serie de proyectos piloto y proyectos de investigación y las actividades de la antigua Alliance for Business han logrado buenos resultados para la acción europea en el ámbito de la RSE, junto con la valiosa contribución de una «familia» de organizaciones europeas de promoción de la RSE, como CSR Europe, la Academia Europea de Negocios en Sociedad (EABIS), el Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif) y la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ);

H.  Considerando que es fundamental contar con cierto número de normas comunes para la RSE, que las diferencias en cuanto a la importancia también requieren enfoques diferenciados por parte de la industria, y que, en una sociedad libre, la RSE no puede hacer nunca obligatorias las acciones benéficas, pues ello podría reducir la generosidad de los ciudadanos;

I.    Considerando que los códigos de conducta de las empresas han desempeñado un papel importante en la puesta en marcha de la RSE y en la sensibilización al respecto, pero constituyen una respuesta insuficiente, debido a la frecuente falta de especificidad, la escasa coherencia con las normas internacionales, la tendencia a evitar cuestiones de importancia y la falta de comparabilidad y de transparencia en su aplicación;

J.    Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se acordaron unánimemente en las Naciones Unidas con el pleno apoyo de los Estados miembros de la UE, la Organización Internacional de Empresarios y la Cámara de Comercio Internacional, incluido el apoyo del concepto de «mezcla inteligente» entre acciones normativas y voluntarias;

K.  Considerando que John Ruggie, antiguo Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, pidió a los Estados miembros de la UE, como parte de la Conferencia sobre RSE convocada por la Presidencia sueca de turno, que aclararan y apoyaran la cuestión de la jurisdicción extraterritorial para los casos de violaciones cometidas por empresas establecidas en terceros países frágiles; que su petición fue apoyada después en las conclusiones del Consejo Europeo, pero que hasta ahora no se han emprendido acciones al respecto;

L.   Considerando el estudio de la Comisión Europea sobre las lagunas de gobernanza existentes entre los instrumentos internacionales de responsabilidad social de las empresas y las normas y la legislación europea vigentes, conocido como «Estudio de Edimburgo», publicado en octubre de 2010 y cuyos resultados quedaron recogidos en el Informe Anual 2011 sobre derechos humanos, que ha sido plenamente apoyado por el Consejo y por el Parlamento Europeo;

M.  Considerando que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son la norma internacional más creíble en materia de RSE, y que la actualización acordada en mayo de 2011 representa una oportunidad importante para impulsar la aplicación de la RSE;

N.  Considerando que ha habido numerosas iniciativas internacionales para garantizar la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, incluida la obligación de información de las empresas públicas chinas, la obligación de las empresas de informar sobre la aplicación de las líneas directrices en materia de RSE desarrolladas por el Gobierno de la India, y la obligación de las empresas de revelar sus resultados en materia de sostenibilidad como requisito para cotizar en bolsa en Brasil, Sudáfrica y Malasia, impuesta por la Comisión de Vigilancia y Control del Mercado de Valores de los Estados Unidos;

O.  Considerando que la Ley de Declaraciones Financieras danesa (2008) en materia de información sobre la sostenibilidad por parte de las empresas, que incluye nuevos requisitos de información específicos sobre el cambio climático y el impacto en los derechos humanos, ha demostrado ser muy popular entre las empresas danesas, de las que el 97 por ciento han optado por informar a pesar de la disposición de «aplicar o explicar» durante los tres primeros años de su aplicación;

P.   Considerando que Francia y Dinamarca son dos de los cuatro gobiernos de Estados miembros de las Naciones Unidas que han aceptado dirigir la aplicación del compromiso Río+20 de las Naciones Unidas en materia de información sobre la sostenibilidad por parte de las empresas;

Q.  Considerando que la actualización de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales encabezada por los Países Bajos, ha brindado la oportunidad de mejorar su visibilidad y su estado a través del sistema de «puntos de contacto nacionales», ha puesto fin al «nexo de inversión» que impedía su plena aplicación en la cadena de suministro y ha integrando plenamente los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

R.   Considerando que en la Resolución sobre la Estrategia Europa 2020 se afirma que existe un vínculo inextricable entre la responsabilidad de las empresas y la gobernanza empresarial;

S.  Considerando que el estudio «Green Winners», realizado en 2009 sobre 99 empresas, demostró que en 16 sectores industriales distintos, las empresas con estrategias de RSE superaban la media de su sector al menos en un 15 %, lo que representa una capitalización bursátil de 498 millones de euros (650 millones de dólares estadounidenses) por empresa;

T.   Considerando que el Estudio Mundial CEO 2012 demuestra que las empresas reconocen que el crecimiento exige colaborar estrechamente con la población local; que, por ejemplo, más del 60 % de los encuestados tenían previsto aumentar las inversiones en los próximos tres años para ayudar a mantener la salud de sus empleados;

1.   Reconoce que la Comunicación de la Comisión forma parte de un conjunto de declaraciones políticas, merced a las cuales la RSE se promueve más ampliamente, está integrada en las políticas de la UE y constituirá un principio establecido para la acción europea; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se basen en la estrategia sobre la RSE 2014-2020 para adoptar medidas concretas destinadas a alentar a las empresas a comprometerse con la RSE;

2.    Subraya que la sensibilización sobre la responsabilidad social hace que las empresas sean dignas de mayor confianza y mayor aceptación social;

3.   Hace suyo, no obstante, el análisis de la Comunicación en el sentido de que las prácticas de la RSE están restringidas en gran medida a un pequeño número de grandes empresas, pese a los llamamientos directos contenidos en las comunicaciones de 2001 y 2006 de la Comisión para que más empresas se sumen a la RSE; considera, no obstante, que las empresas han estado siempre comprometidas con la sociedad en las que operan, y que la RSE puede introducirse en empresas de todos los tamaños; observa asimismo la necesidad de implicar a las PYME en el debate sobre la RSE, ya que muchas de ellas la adoptan sobre la base de un enfoque más informal e intuitivo que implica un mínimo de administración y ningún aumento de costes;

4.   Recuerda el papel estratégico que pueden desempeñar las PYME al facilitar la difusión de la RSE gracias a su proximidad con las zonas donde operan; pide a la Comisión que desarrolle, de común acuerdo con las autoridades nacionales y las plataformas multilaterales, formas de cooperación sectorial entre las PYME que les permitan afrontar los problemas sociales y ambientales de forma colectiva;

5.  Considera lamentable que la RSE se centre fundamentalmente en normas medioambientales en detrimento de las normas sociales que, sin embargo, son esenciales para restaurar un clima social que propicie el crecimiento económico y la convergencia social;

6.  Considera que la crisis financiera mundial implica un riesgo real de que los responsables políticos, incluidos los de la UE, sufran los efectos de su funesta visión a corto plazo, al centrarse exclusivamente en medidas de transparencia y responsabilidad estrechamente definidas en los mercados financieros y descuidar la necesidad urgente de que tanto el sector financiero como todos los sectores industriales aborden de forma integrada los desafíos apremiantes y prioritarios de la degradación medioambiental y la desintegración social;

7.   Advierte de que las empresas solo pueden ser sostenibles en el futuro si existen dentro de una economía sostenible, y que no puede haber ninguna alternativa a la adaptación a un futuro bajo en carbono que también abarque la preservación del capital social y natural del mundo, un proceso en el cual la RSE debe desempeñar un papel decisivo;

8.   Considera que el refuerzo de la RSE se debe mejorar mediante los elementos siguientes: haciendo un mayor hincapié en los instrumentos mundiales de RSE, nuevos impulsos de las empresas líderes entre sus homólogas, la mejora de la divulgación de información de carácter social y medioambiental por parte de las empresas, el recurso a directrices adecuadas, el apoyo de la administración pública a la creación de las condiciones necesarias para la cooperación en materia de RSE y la provisión de herramientas e instrumentos adecuados, como, por ejemplo, un sistema de incentivos, una sólida evaluación de impacto de las iniciativas existentes en materia de RSE, el apoyo a nuevas iniciativas en materia social, la adaptación de la RSE a las necesidades de las PYME, y un mayor reconocimiento tanto en la comunidad empresarial como en el conjunto de la sociedad acerca de la enorme magnitud de los retos sociales y medioambientales a que se enfrentan Europa y el mundo;

9.   Apoya la intención de la Comisión de consolidar la RSE en Europa estableciendo directrices y apoyando iniciativas multilaterales para sectores industriales individuales, y hace un llamamiento a las principales empresas y asociaciones para que se sumen a esta iniciativa;

10. Reitera que la RSE debe dejar de ser un proceso y comenzar a ofrecer resultados;

11. Se congratula de que la definición de RSE expuesta en la Comunicación de la Comisión, que refleja el nuevo enfoque adoptado por primera vez por la Comisión en el Foro Multilateral de 2009, ofrezca una oportunidad indispensable de inclusión y consenso y refleje adecuadamente el nuevo consenso logrado entre las empresas y otras partes interesadas en esta cuestión, gracias al acuerdo unánime existente sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas y otros instrumentos como la norma orientativa ISO 26000 sobre responsabilidad social; acoge con satisfacción la integración de las cuestiones de orden social, medioambiental, ético y de derechos humanos en la actividad de las empresas; reitera que la Comisión debe diferenciar más entre: (1) las iniciativas benéficas de las empresas, (2) el comportamiento social de las empresas basado en leyes, reglamentos y normas internacionales, y (3) el comportamiento antisocial de las empresas, que es contrario a las leyes, reglamentos y normas internacionales, y es delictivo y explotador, por ejemplo, el trabajo infantil o el trabajo forzoso, y que se debe condenar con energía;

12. Reitera que la RSE debe ampliarse también al comportamiento de las empresas en terceros países y respecto a ellos;

13. Observa con interés que la Comisión ha empezado a incluir referencias a la RSE en los acuerdos comerciales de la UE; opina que, a la vista del decisivo papel que desempeñan las empresas, sus filiales y sus cadenas de suministro en el comercio internacional, la responsabilidad social y medioambiental de las empresas debe convertirse en parte integrante del capítulo sobre desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la UE; pide a la Comisión que elabore propuestas concretas para la aplicación de los principios de la RSE en la política comercial;

14. Considera que la responsabilidad social también debe respetar principios y derechos fundamentales como los especificados por la OIT, incluyendo en particular la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el trabajo;

15. Elogia firmemente la contribución realizada por los Comisarios de Empleo, Empresa y Mercado Interior y por su personal en favor del enfoque constructivo y orientado al futuro contenido en la Comunicación de la Comisión; reconoce la contribución de otras partes de la Comisión a través del grupo interservicios sobre RSE; pide, no obstante, al Presidente de la Comisión que ejerza su liderazgo en el ámbito de la RSE y garantice una plena «asunción» del compromiso de la Comisión para con la RSE en particular en la Dirección General de Medio Ambiente y las responsables de relaciones exteriores;

16.  Considera que la RSE debe conllevar medidas sociales referidas sobre todo a la formación profesional, a la conciliación de la vida familiar y laboral y a condiciones laborales adecuadas; confirma su creencia en el interés empresarial de la RSE, pero vuelve a señalar que si tal interés no es relevante a corto plazo para una situación o empresa concreta nunca debe servir de excusa para actuar irresponsablemente y de forma antisocial; considera que existe suficiente investigación para demostrar el interés empresarial y que debe darse prioridad a la difusión de dicha investigación; pide que la nueva investigación sobre la RSE se concentre en la evaluación del impacto acumulativo del cambio de conducta de las empresas gracias a la RSE al abordar retos europeos y mundiales como las emisiones de carbono, la acidificación del agua, la pobreza extrema, el trabajo infantil y la desigualdad, y que las lecciones aprendidas se incluyan en la futura contribución de Europa en el desarrollo de iniciativas de RSE mundiales;

17. Coincide con el análisis de la Comisión de que la RSE es cada vez más importante para que funcione la licencia social de una empresa, dada la incidencia de protestas sociales como los movimientos antiglobalización y de ocupación, de conflictos sociales y, a veces, de relaciones industriales conflictivas; cree que la Unión Europea debe adoptar la RSE como «licencia social» propia para buscar beneficios comerciales y económicos con otros países y regiones del mundo; considera, en particular, que la RSE debe ser una parte esencial de las políticas comerciales de la UE;

18. Reconoce que se percibe una deficiencia fundamental en las iniciativas de la RSE cuando las empresas que hacen uso de la RSE consiguen evitar a los grupos de interés críticos o eluden cuestiones sensibles relevantes para sus empresas y su cadena de suministro mundial; pide a la Comisión que, en colaboración con las autoridades fiscales y los interlocutores sociales, se sirva del trabajo previo de los «laboratorios» de la RSE para elucidar cómo las empresas y las partes interesadas pueden identificar objetivamente las cuestiones sociales y medioambientales que son importantes para la empresa en cuestión, así como para seleccionar de modo justo y equilibrado a las partes interesadas que participen en las iniciativas de la empresa en materia de RSE;

19. Considera que los consumidores cada vez se fijan más en las actividades de RSE que realizan las empresas, por lo que anima a las empresas a que sean transparentes, en especial en las operaciones empresariales relativas a cuestiones éticas, sociales y medioambientales;

20. Destaca que la RSE solo será viable si se respetan la legislación en vigor y las normas salariales locales adoptadas por los interlocutores sociales;

21. Señala que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro, así como de las empresas subcontratistas;

Recuperación sostenible

22. Respalda la aseveración recogida en la Comunicación de la Comisión de que «contribuir a mitigar los efectos sociales de la crisis actual» y encontrar modelos empresariales sostenibles forman parte de la RSE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las empresas, en colaboración con los representantes de los trabajadores, a implicarse en la RSE; pide a las empresas que estudien iniciativas destinadas a conservar y crear puestos de trabajo, en particular para los jóvenes y las mujeres, en todos los ámbitos de actividad (como gestión y formación, mercados, personal, medio ambiente y sociedad), con especial hincapié en las personas afectadas por múltiples desventajas, como los gitanos y las personas con discapacidad, y que contraten no solo trabajadores «de a pie» sino también altos directivos procedentes del mercado laboral local y establezcan, por ejemplo, un sistema que permita a los licenciados universitarios hacer prácticas de calidad para lograr la experiencia laboral que necesitan los empleadores del sector privado;

23. Considera que las empresas deben estar implicadas en la resolución de problemas sociales agravados por la crisis económica, como la falta de viviendas y la pobreza, y en el desarrollo de las comunidades donde operan;

24. Reconoce que la crisis económica ha ido acompañada de un aumento de la precariedad en el empleo, especialmente para las mujeres, de diferencias en las condiciones laborales, debidas en parte a la subcontratación, de la obligación de trabajar a tiempo parcial para muchos que aspiran a tener un empleo a tiempo completo, y del aumento de las prácticas en el trabajo que constituyen a veces una explotación y un resurgimiento del sector informal; pide a la Comisión y al Foro Multilateral Europeo que examinen en particular el aumento de la subcontratación; insta a que este trabajo se inspire en los Principios Rectores de las Naciones Unidas aplicables a la cadena de suministro y, en particular, al concepto de «evaluación de impacto» independientemente de diferentes niveles de proveedores;

25. Considera que el cumplimiento de la legislación laboral en materia de condiciones del trabajo físico, la elaboración de procedimientos y políticas de contratación y despido, la protección de los datos y la privacidad del trabajador y el pago puntual de los salarios y de otras prestaciones constituyen igualmente un elemento de RSE e insta al respeto de estos aspectos;

26.  Reconoce que la crisis repercute en la estructura social; celebra que algunas empresas hayan adoptado múltiples medidas para integrar en el mundo laboral a los grupos sociales vulnerables y desfavorecidos; pide a las empresas que continúen con este tipo de iniciativas; destaca, no obstante, que los cierres de empresas y las reducciones de plantilla ponen en peligro algunos de los avances obtenidos gracias a la RSE, como la ocupación de grupos vulnerables en la sociedad, en particular las personas con discapacidad, la mejora de la formación y la situación de estos empleados, la promoción de nuevas formas innovadoras de producción y servicios socialmente útiles, por ejemplo a través de cooperativas de crédito, y el fomento de nuevos modelos de empleo mediante empresas sociales, cooperativas y comercio justo; considera, por consiguiente, que es esencial definir parámetros para las medidas sociales; pide a la Comisión que efectúe un amplio análisis del impacto social de la crisis en estas iniciativas, incorporando un enfoque basado en el género y centrándose en los países del sur de Europa, y que consulte plenamente a los interlocutores sociales y las partes interesadas en la RSE sobre su resultado;

27. Considera que las acciones de RSE no solo benefician al conjunto de la sociedad, sino que también ayudan a la empresa a mejorar su imagen y a estar más valorada entre los consumidores potenciales, lo que le ayudará a ser económicamente viable en el largo plazo;

28. Considera que la creación de programas de desarrollo de competencias y de aprendizaje permanente para los trabajadores, las evaluaciones individuales periódicas de los trabajadores y un programa de gestión del talento, así como el establecimiento de objetivos individuales de negocio y de desarrollo para los trabajadores son un recurso para aumentar la motivación y el compromiso de los trabajadores y constituyen un elemento esencial de la RSE;

29. Señala que, especialmente en tiempos de crisis, las empresas que operan en el marco de los principios de la RSE deben contribuir a desarrollar las capacidades innovadoras de su región a través de la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente en las plantas de producción, además de llevar a cabo nuevas inversiones y su modernización; hace hincapié en que la integración de cuestiones medioambientales como la biodiversidad, el cambio climático, la eficiencia de los recursos y la salud ambiental en las operaciones empresariales ofrece potencial para promover una recuperación sostenible;

30. Considera que la crisis financiera en algunos casos puede haber socavado la confianza de los trabajadores en relación con la obligación de las empresas de garantizar a largo plazo los derechos de pensión privada, teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas de pensiones en la UE como consecuencia de la crisis; pide a las empresas responsables que aborden este problema junto con la Comisión y los interlocutores sociales, también estableciendo acuerdos abiertos, integradores y basados en normas para la gestión de las inversiones de pensiones, y como parte del reto más amplio dentro de la RSE de abordar el envejecimiento activo en una época de cambio demográfico; señala que restaurar la confianza entre los empleados y las empresas es esencial para que haya una recuperación económica sostenible;

Organización internacional y enfoques multilaterales

31. Elogia enérgicamente la importancia concedida en la Comunicación de la Comisión al refuerzo y la aplicación de las normas internacionales y —a la luz de la actualización de las Líneas Directrices de la OCDE de 2011 y del acuerdo sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas— considera que la actuación de la UE debe centrarse en mayor medida en la plena aplicación de tales Líneas Directrices y Principios entre las empresas europeas; hace hincapié en que estas Líneas Directrices de la OCDE se han definido y reconocido a nivel internacional para establecer y mantener la igualdad de condiciones, al tiempo que se fomentan prácticas empresariales abiertas, justas y responsables a escala mundial; propone a la Comisión que informe anualmente tanto al Parlamento como al Consejo sobre la aplicación en la UE de dichas Líneas Directrices de la OCDE;

32. Subraya la importancia de elaborar las políticas de la Unión en materia de RSE de manera complementaria al desarrollo de normas internacionales, para evitar interpretaciones nacionales divergentes y posibles ventajas o desventajas competitivas a escala nacional o internacional;

33. Insiste en que cada uno de los 27 Estados miembros debe acelerar la revisión de sus planes de acción nacionales en materia de RSE y el desarrollo de planes nacionales de aplicación de las Líneas Directrices pertinentes de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas, que deberían finalizarse, a más tardar, en diciembre de 2013; considera que los Estados miembros deben garantizar que estos planes se elaboren con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG, la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones de empresarios y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH); pide a la UE que facilite el acceso a la experiencia adquirida por los Estados miembros que ya se encuentran en ese proceso; alienta a los Estados miembros a inspirarse en las directrices contenidas en la norma ISO 26000, en la versión más reciente de las directrices de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes y en las orientaciones elaboradas por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos;

34. Pide mayor coherencia de las políticas a nivel de la UE, haciendo que las políticas y acuerdos sobre contratación pública, crédito a la exportación, buena gobernanza, competencia, desarrollo, comercio, inversión y otras políticas y acuerdos sean conformes con las normas internacionales en materia de derechos humanos, social y medioambiental, establecidas en las directrices y principios pertinentes de la OCDE y las Naciones Unidas; pide, en este contexto, que se colabore con los órganos representantes de los trabajadores, los empresarios y los consumidores, siguiendo los consejos pertinentes de las INDH, como la propuesta presentada por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a la Comisión sobre los derechos humanos y la contratación pública; pide evaluaciones de impacto significativas y adecuadas de las propuestas legislativas para detectar posibles incoherencias con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, e insiste en la coordinación con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, a fin de evitar interpretaciones dispares e incoherentes de tales Principios Rectores;

35. Celebra en particular la inclusión del sector de las TIC en directrices europeas específicas sobre empresas y derechos humanos; reconoce los auténticos dilemas entre, por un lado, la necesidad de proteger la privacidad y combatir el contenido delictivo y, por otro, el objetivo de defender la libertad de expresión, como evidenció la reciente controversia suscitada por el vídeo antiislámico colgado en YouTube; pide que muchas más empresas europeas participen en la principal iniciativa multilateral en este sentido, la Iniciativa de Red Global (Global Network Initiative, GNI), cuyos miembros son actualmente, sobre todo, empresas establecidas en los EE.UU.;

36. Insiste en que toda «financiación del comercio y desarrollo» ofrecida a los actores del sector privado por los mecanismos de inversión de la UE, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo debe incluir cláusulas contractuales que estipulen el cumplimiento de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, con disposiciones en materia de responsabilidad y un mecanismo claro de reclamaciones; reitera su llamamiento para que los Estados miembros hagan lo mismo con respecto a la concesión de créditos de exportación a las empresas;

37. Acoge con beneplácito la iniciativa de la Comisión sobre los planes de acción nacionales para la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que desempeñe un papel mucho más destacado para contribuir a su aplicación a alto nivel y fomentar una supervisión y una información efectivas; solicita que se celebre un «procedimiento de revisión paritaria» entre los Estados miembros para impulsar su aplicación; pide a la Comisión y al SEAE que evalúen la aplicación de los planes de acción y las acciones realizadas a escala de la UE, e informen al Consejo Europeo y al Parlamento a finales de 2014;

38. Reconoce que las empresas operan cada vez más en Estados frágiles y que tienen el deber de diligencia de proteger a sus empleados de los conflictos, el terrorismo y la delincuencia organizada; insiste, no obstante, en que las empresas tienen igualmente el deber de garantizar que las medidas de seguridad no menoscaben la paz ni la seguridad de otros allí donde operan, lo que puede exponerles a acusaciones de complicidad en violaciones de derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una adopción mucho mayor de los principios internacionales en materia de seguridad voluntaria y busquen un acuerdo en relación con un marco reglamentario internacional sobre regulación, supervisión y control de las actividades de empresas militares y de seguridad privadas;

39. Pide a las empresas y a otras partes interesadas que participen constructivamente en el proceso de elaboración de orientaciones sectoriales en materia de derechos humanos iniciado por la Comisión y utilicen las orientaciones resultantes del proceso una vez que se haya completado;

40. Pide a la Comisión, en particular a su DG de Justicia, que presente propuestas para facilitar mejor el acceso a la justicia en los tribunales de la UE de los casos más extremos y notorios de violaciones de los derechos humanos o de los derechos laborales cometidas por empresas domiciliadas en Europa, sus filiales o sus subcontratistas o socios empresariales, tal como recomienda el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;

41. Señala igualmente la necesidad de elaborar y crear mecanismos de notificación de violaciones de los derechos humanos en el marco de las empresas individuales;

42. Considera que el estudio «Green Matters» demuestra definitivamente el vínculo positivo que existe entre las empresas que aplican la RSE y la consecución de mejores resultados financieros cuando salen de la crisis; apoya el concepto de «competitividad responsable», y destaca que el mercado potencial de bienes y servicios útiles desde el punto de vista social y medioambiental sigue constituyendo una oportunidad de mercado fundamental para las empresas, al tiempo que satisface necesidades sociales;

43. Comparte el punto de vista de las empresas, expresado en el Estudio Mundial CEO 2012, según el cual el crecimiento sostenible de las empresas requiere la colaboración estrecha con las poblaciones, los gobiernos y los socios comerciales locales, así como inversiones en las comunidades locales; apoya y pide que se intensifiquen las iniciativas empresariales en materia de creación de empleo, formación, ayuda para gestionar las limitaciones de recursos y contribución a las soluciones de salud;

44. Pide a la Comisión Europea, en particular a su DG de Comercio, que abandone su enfoque «pasivo» y adopte un enfoque «activo» en relación con las Líneas Directrices de la OCDE, entre otras cosas, adhiriéndose expresamente a la Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales y empresas multinacionales, que incluye las Líneas Directrices de la OCDE, velando por la promoción y el continuo apoyo de estas Líneas Directrices por parte de las delegaciones de la UE en terceros países, financiando iniciativas de capacitación junto con empresas, sindicatos y sociedad civil en terceros países sobre la aplicación de las Líneas Directrices, y garantizando que estas se citen expresamente en todos los nuevos acuerdos entre la UE y terceros países, incluidos todos los acuerdos de comercio e inversión; pide que la UE realice un mayor esfuerzo diplomático para persuadir a más países a escala internacional a adherirse, y ofrezca apoyo concreto a los grupos de la sociedad civil para plantear «casos específicos» de supuestas violaciones, en cooperación con los Estados miembros;

45. Considera que la RSE es un instrumento importante para ayudar a la UE a apoyar la aplicación a escala internacional de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); pide a la Comisión que apoye a las organizaciones y a los agentes sociales europeos que deseen realizar proyectos piloto sobre las Líneas Directrices de la OCDE y otras normas internacionales de la RSE, con vistas a la creación de capacidades en terceros países; pide a la Comisión Europea que establezca un objetivo específico de negociación y conclusión de nuevos acuerdos marco sobre cuestiones relacionadas con la RSE y que invite a los interlocutores sociales a concluir estos acuerdos dentro del contexto de su nuevo enfoque sectorial de la RSE; pide a la Comisión Europea, en particular a la DG de Empleo, que integre las normas laborales en la RSE realizando proyectos piloto sobre trabajo digno con gobiernos de terceros países;

46. Comparte la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas», según la cual «el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de [la] responsabilidad [social de las empresas]»; considera que la RSE debe completar la legislación existente, las negociaciones colectivas y el diálogo con los trabajadores organizados en sindicatos, pero nunca sustituirlos; considera que las empresas deben comprometerse a debatir su política en materia de RSE —y elementos como un informe de empresa anual sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades— con los empleados y sus representantes; cree que debe aprobarse un marco opcional de normas para acuerdos marco europeos sobre la base del posible contenido de un marco, tal como se describe en el documento de trabajo de la Comisión sobre este asunto;

47. Pide a la UE y, en particular, a la Comisión que:

1)  garanticen que la cuestión de la RSE y los derechos humanos figure entre las prioridades de instrumentos financieros concretos en el nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2014-2020, y

2)  desarrollen asistencia específica en el marco del IEDDH para la formación y el desarrollo de capacidades global en el ámbito de la RSE y los derechos humanos para las organizaciones de la sociedad civil, las INDH, los defensores de los derechos humanos, los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos;

48. Acoge con satisfacción que algunos representantes del mundo empresarial hayan utilizado la Cumbre Río+20 de las Naciones Unidas para abogar por un nuevo convenio global sobre la responsabilidad de las empresas en el sistema de la ONU; cree que, aunque es probable que este convenio tarde algunos años en llegar, la UE debería participar de forma constructiva en el debate; considera, no obstante, que estos debates no deben distraer a los responsables de las políticas en las empresas y los gobiernos de proceder sin demora a la aplicación de los instrumentos de RSE existentes; llama la atención sobre el hecho de que, además del sistema de las Naciones Unidas, existen otros modelos sobre cómo pueden surgir nuevas formas de gobernanza mundial en materia de RSE, por ejemplo promoviendo la aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE entre los no miembros o a través de una iniciativa autónoma de gobiernos afines; pide a la UE, a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y defiendan propuestas específicas para acordar una contribución empresarial concreta y verificable como parte de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas para el periodo posterior a 2015;

Políticas públicas para la RSE

49. Respalda el parecer, expresado en el primer informe de junio de 2004 del Foro Multilateral, de que las autoridades públicas pueden desempeñar un importante papel en el avance de la RSE, también en el ámbito de la contratación pública, mediante convenciones e incentivos, y pide a los Estados miembros que concedan un impulso nuevo y significativo a estos esfuerzos a través del Grupo de Alto Nivel o de otros canales;

50. Pide que en las situaciones en que la UE o sus Estados miembros son socios de empresas (por ejemplo, en el marco de la contratación pública, de empresas públicas, de empresas conjuntas, garantías de créditos a la exportación y proyectos a gran escala en terceros países), el respeto de las directrices y los principios de la OCDE y las Naciones Unidas sea una prioridad que se refleje en cláusulas específicas y tenga consecuencias para las empresas que violen de modo flagrante las normas en materia social, medioambiental y de derechos humanos;

51. Insiste en la importancia del marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar» y considera que sus tres pilares ―la responsabilidad del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de un acceso más efectivo a las reparaciones― deben respaldarse con medidas adecuadas que permitan su aplicación;

52. Subraya que, dado su peso en los intercambios comerciales internacionales, las empresas europeas y sus filiales y subcontratistas tienen un papel esencial en la promoción y difusión de las normas sociales y laborales en el mundo; reconoce que normalmente las quejas contra empresas de la UE que operan en el extranjero se resuelven mejor sobre el terreno; celebra los puntos de contacto nacionales de la OCDE, que son mecanismos de base estatal no jurídicos que pueden mediar en una amplia gama de conflictos relativos a empresas y a los derechos humanos; pide, no obstante, un mayor esfuerzo de las empresas para desarrollar mecanismos de reclamación que cumplan los requisitos de efectividad establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas, y que busquen en mayor medida una orientación fidedigna en los principios y directrices reconocidos internacionalmente, en particular las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma guía ISO 26000 sobre responsabilidad social y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT;

53. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de modificar las disposiciones de Derecho internacional privado del Reglamento Bruselas I, y en especial la introducción del principio de forum necessitatis; destaca la necesidad de seguir desarrollando un acceso efectivo a vías de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos a causa de operaciones empresariales fuera de la UE mediante modificaciones de los Reglamentos Bruselas I y Roma II; pide medidas eficaces para eliminar los obstáculos existentes al acceso a la justicia, como los gastos procesales excesivos, mediante iniciativas como el desarrollo de normas mínimas para el recurso colectivo y soluciones al problema de la «personalidad jurídica autónoma» de las empresas;

54. Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos o para actuar contra los intereses de la UE en materia de seguridad;

55. Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» a fin de garantizar un mayor control y prevención de las violaciones de los derechos humanos al principio o al final de las cadenas de suministro y los procesos de producción o flujos de mercado;

56. Considera que los Estados miembros deben considerar a las empresas responsables de la adopción de principios y de políticas proactivas para contrarrestar la discriminación y la exclusión social, promover la igualdad de género y respetar los derechos fundamentales de todos;

57. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, dado el enfoque multilateral de la RSE, que consideren la posibilidad de ampliar la asistencia de observadores a las reuniones bianuales del Grupo de Alto Nivel incluyendo a representantes observadores, entre ellos los dos ponentes de las comisiones competentes del Parlamento, representantes del Programa de las Naciones Unidas, para el Medio Ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y un candidato del sector empresarial europeo, de los sindicatos y de la sociedad civil respectivamente, acordados por el comité de coordinación del Foro Multilateral;

58. Reconoce que la necesidad, señalada por la Declaración de Laeken de 2001, de aproximar las instituciones de la UE a los ciudadanos de la Unión sigue siendo una realidad; apoya, por consiguiente, un examen formal de la «Propuesta Solidaridad» para un programa interinstitucional de recursos humanos en las instituciones de la UE, a fin de facilitar la implicación del personal y de los becarios de las instituciones en la vida de la comunidad a través de actividades humanitarias y sociales positivas de voluntariado, tanto como parte de la formación del personal como en calidad de voluntarios; destaca que el programa propuesto permite ahorrar costes, representa un importante valor añadido y contribuiría a promover y aplicar las políticas y los programas de la UE; insta a todos los Estados miembros a que incluyan el voluntariado de los empleados en sus planes de acción nacionales; pide que se firme un «pacto» a través del Centro Europeo de Voluntariado (CEV) para que organizaciones de la sociedad civil de toda Europa se comprometan a lograr este objetivo;

59. Pide a las empresas que fomenten el voluntariado internacional entre sus empleados para promover las sinergias entre el sector público y el privado en el marco de la cooperación para el desarrollo; pide a la Comisión que apoye las iniciativas de las empresas en este sentido mediante el futuro Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria;

60. Considera que los Estados miembros deben alentar a las empresas a desarrollar políticas y establecer medidas relacionadas con la necesidad de respetar la vida privada y familiar de todos sus empleados; cree que estas políticas y medidas deben adecuarse al principio de igualdad y deben ampliarse a las negociaciones sobre la duración y la organización del horario de trabajo, los niveles salariales, la disponibilidad de determinadas instalaciones prácticas para los trabajadores y unas condiciones de trabajo flexibles, incluyendo la naturaleza de los contratos de trabajo y la posibilidad de interrumpir la carrera profesional;

61. Reconoce que los indicadores sociales están por detrás de los índices medioambientales en cuanto a valoración económica y especificidad general en muchas iniciativas de RSE; cree que, pese al Manual sobre contratación pública socialmente responsable, la propia UE se ha mostrado demasiado tímida en este ámbito; pide un estudio sobre «valoración del capital social» que dé lugar a un amplio debate dirigido por los europeos sobre una mejor integración del impacto social en la gestión empresarial sostenible; apoya la financiación de proyectos piloto para desarrollar índices sociales, agencias de calificación sociales y la práctica de auditorías sociales en algunos Estados miembros y sectores empresariales;

62. Acoge con satisfacción el reconocimiento del papel que la contratación pública debe desempeñar en la promoción de las prácticas de RSE, incluidos el acceso a cursos de formación, la igualdad, el comercio justo y la integración social de trabajadores desfavorecidos y de personas con discapacidad, para incentivar a las empresas a incrementar su responsabilidad social; considera, sin embargo, que sigue sin estar claro en qué medida las autoridades públicas han adoptado realmente las sucesivas modificaciones de la normativa europea en materia de contratación pública y qué impacto global se ha logrado en cuanto a la mejora del comportamiento social y medioambiental de las empresas y al impulso de la RSE; pide que se realicen más investigaciones y evaluaciones de impacto que se traduzcan en unas recomendaciones claras para ofrecer incentivos fácilmente comprensibles a las empresas; pide que esto incluya un análisis de la práctica, cada vez más habitual, de las empresas de incorporar cláusulas de RSE en sus propias adquisiciones privadas, es decir en contratos entre empresas, y pide que se determinen las buenas prácticas en este ámbito;

63. Alienta el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios sociales para animar a los interesados de todo el mundo a participar de forma más activa en las consultas multilaterales;

64. Felicita a los Estados miembros por los considerables esfuerzos desplegados para desarrollar y aplicar planes de acción nacionales en materia de RSE en colaboración con plataformas nacionales multilaterales en muchos países de la UE; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que una gran variedad de medidas de políticas públicas todavía no hayan tenido un impacto visible significativo en el avance de la RSE; pide que se lleve a cabo una mayor investigación y evaluación de las medidas de políticas públicas sobre RSE a escala europea; pide que la propia Comisión dé ejemplo, como empleador responsable, publicando su propio informe de RSE de acuerdo con el suplemento para el sector público de la Iniciativa GRI, ofreciendo al personal de la Comisión tiempo libre «adaptado» para desarrollar iniciativas de voluntariado y revisando el uso de las inversiones de los fondos de pensiones de acuerdo con criterios éticos;

65. Pide que el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 incluya una sección específica sobre ciudadanía empresarial, y se invite a empresarios y agentes del mundo de los negocios a participar en las iniciativas de RSE existentes en los Estados miembros y a escala de la UE para promover y desarrollar el concepto de «buen ciudadano empresarial»;

66. Celebra la intención de la Comisión de basar su nuevo sistema de recompensa en las prácticas existentes en este ámbito; considera que dichas recompensas pueden incentivar la RSE, pero solo si los galardonados representan verdaderamente las mejores prácticas a escala nacional, europea y mundial; pide a la Comisión que establezca un grupo de expertos independientes para evaluar este aspecto y «auditar» el sistema durante este año y los próximos años de forma continuada; pide que la publicidad en torno a estas recompensas refleje la complejidad real de los retos planteados y haga hincapié en las lecciones que se pueden extraer para todas las empresas y no solo para las galardonadas;

67. Considera fundamental que la Comisión desarrolle lo antes posible la anunciada metodología común para medir el comportamiento medioambiental sobre la base del coste del ciclo de vida; cree que dicha metodología sería útil tanto en términos de transparencia de la información de las empresas como en términos de evaluación por parte de las autoridades del comportamiento medioambiental de las empresas;

68. Pide a la Comisión que acelere la presentación de nuevas propuestas en su programa de trabajo para cubrir las lagunas de gobernanza en lo relativo a las normas internacionales de la RSE, según se recomienda en el «Estudio de Edimburgo» encargado por ella;

69. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para reforzar la eficacia de las políticas de promoción de la RSE recompensando, por ejemplo, una conducta empresarial responsable a través de incentivos en el marco de la política de inversión y del acceso a las inversiones públicas;

70. Celebra los planes de la Comisión de proponer iniciativas en los ámbitos de la producción y el consumo responsables; cree que la UE puede aprovechar la experiencia adquirida con iniciativas en materia de RSE que han promovido formación y capacitación específicas para compradores dentro de las empresas; considera que la iniciativa prevista sobre transparencia puede ser un importante impulsor del movimiento de consumidor ético; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren en qué medida es viable y deseable el desarrollo de una etiqueta social europea para todas las empresas que participen en la RSE, de manera que su labor resulte más visible para consumidores e inversores, y para que, sobre la base de iniciativas de etiquetado ya existentes, se siga promoviendo la colaboración «de abajo arriba» bajo los auspicios de la Alianza Internacional para la Certificación y el Etiquetado Social y Medioambiental (ISEAL); sugiere que se supervise regularmente el cumplimiento de las disposiciones sociales de la RSE establecidas en la etiqueta europea por parte de las empresas que la porten;

Engranaje entre la inversión socialmente responsable y su divulgación

71. Indica que un motor clave del mercado de inversiones social y sosteniblemente responsables sigue siendo la demanda de los inversores institucionales, pero que esta no debe seguir centrándose principalmente en los aspectos medioambientales; señala, en este contexto, que la divulgación dirigida a inversores y consumidores es un factor fundamental de la RSE y debe basarse en principios sociales y medioambientales fácilmente aplicables y medibles; se congratula de la iniciativa de la Comisión de comprometerse con la comunidad de inversores sobre cuestiones relativas a la RSE; pide que este compromiso se base firmemente en el apoyo a los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable y el principio de informes integrados;

72. Recuerda que los beneficiarios de inversiones a largo plazo, como los fondos de pensiones, tienen interés en garantizar una rentabilidad sostenible y una conducta empresarial responsable; considera importante que los incentivos de los agentes de inversión se correspondan verdaderamente con los intereses de los beneficiarios y que no los limiten a una interpretación restrictiva de esos intereses centrada únicamente en la maximización de los beneficios a corto plazo; aboga por un marco jurídico que respalde este objetivo; celebra que la Comisión esté elaborando propuestas sobre la inversión a largo plazo y sobre la gobernanza empresarial, que ayudarán a abordar estas cuestiones;

73. Apoya la intención de la Comisión de presentar una propuesta sobre la divulgación de información no financiera por las empresas; celebra que esta propuesta se base en una amplia consulta pública y en una serie de talleres con las partes interesadas pertinentes; advierte de que el empleo de la expresión «no financiera» no debe disimular las consecuencias financieras —muy reales— que para las empresas tienen las cuestiones sociales, medioambientales y de derechos humanos; cree que la propuesta ofrece a la UE la oportunidad de recomendar a las empresas europeas la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y que estos han de armonizarse con el sistema de informes integrados que está desarrollando en la actualidad el Consejo Internacional de Informes Integrados (CIII); subraya que cualquiera que sea la solución ha de ser flexible y no debe generar cargas y gastos administrativos excesivos, en particular para las empresas con menos de 500 empleados; considera que un sistema basado en el principio de «aplicar o explicar» podría ser una herramienta útil;

74. Considera que, a fin de aumentar la credibilidad de las medidas adoptadas por las empresas, su balance social ha de ser verificado por una institución externa;

Impulso de la RSE

75. Respalda el mantenimiento de la función de liderazgo del Foro Multilateral Europeo a la hora de apoyar la aplicación de las propuestas contenidas en la Comunicación de la Comisión; recuerda que una RSE mejor adaptada a las PYME garantizaría en mayor medida su difusión a escala europea; pide a todos los participantes que se comprometan a trabajar en el Foro con un enfoque flexible, abierto y que fomente el consenso de acuerdo con el auténtico espíritu de la RSE;

76.  Insiste en que los derechos y libertades sindicales y los organismos de representación de los trabajadores democráticamente elegidos constituyen el eje central de toda estrategia en materia de RSE; elogia el marco de estructuras de diálogo social sectorial e intersectorial existente en la UE, y pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones representativas y los sindicatos, en particular, en relación con el desarrollo, el funcionamiento y el seguimiento en las empresas de los procesos y estructuras de RSE, colaborando con los empresarios con un verdadero espíritu de asociación; pide a la Comisión que trate a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores, que son agentes esenciales, como interlocutores en el diálogo mantenido sobre los asuntos relativos a la RSE, junto a las empresas y demás partes interesadas; considera que los agentes sociales pueden desempeñar un papel esencial en la promoción de la RSE, y señala que esta contribuye al diálogo social y lo facilita;

77. Pide que las políticas de RSE incluyan medidas específicas para hacer frente a la práctica ilegal de confeccionar listas negras de trabajadores y de negarles el acceso al empleo, a menudo debido a su afiliación y actividad sindicales o a su función como representantes en materia de salud y seguridad;

78. Insiste en que toda empresa respecto de la que se demuestre que confecciona listas negras de trabajadores o que viola los derechos humanos y las normas laborales debe ser excluida de toda subvención o financiación por parte de la UE y de la participación en licitaciones para contratos públicos a escala de la UE, nacional o de las autoridades públicas;

79. Recuerda que las políticas de RSE deben ser respetadas no solo por la empresa o el contratista principal, sino también por todos los subcontratistas o las cadenas de suministro que este pueda utilizar, ya sea en el suministro de bienes, trabajadores o servicios, y dentro de la UE o en un tercer país, garantizando así la igualdad de condiciones basada en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas y asegurando los derechos y las libertades sindicales;

80. Respalda la Directiva de la Comisión sobre normas mínimas para las víctimas y pide que las políticas de RSE en los sectores pertinentes (como viajes, seguros, alojamiento y telecomunicaciones) incluyan estrategias y estructuras positivas y prácticas para apoyar a las víctimas de un delito y a sus familias durante una crisis y establezcan políticas específicas para los empleados que sean víctimas de un delito, tanto en el lugar de trabajo como fuera del mismo;

81. Está de acuerdo con que no puede preverse un enfoque «único» para la RSE, pero reconoce que la profusión de diferentes iniciativas en relación con la RSE, pese a que pone de manifiesto la sensibilización sobre la importancia de sus políticas, puede generar costes adicionales, ser un obstáculo a su aplicación y socavar la confianza y la justicia; considera que debe haber suficiente flexibilidad en la aplicación de las directrices sobre la RSE para poder atender a las necesidades específicas de cada Estado miembro y de cada región, con especial atención a las capacidades de las PYME; se felicita, no obstante, de la cooperación activa de la Comisión en pos de la participación del Parlamento y del Consejo, junto con otros organismos internacionales, con vistas a alcanzar una convergencia fundamental de las iniciativas sobre RSE a largo plazo, así como el intercambio y la promoción de buenas prácticas empresariales en materia de RSE, e impulsar las directrices contenidas en la norma internacional ISO 26000 para garantizar una definición mundial única, coherente y transparente de la RSE; insta a la Comisión a que contribuya eficazmente a la orientación y la coordinación de las políticas de los Estados miembros de la UE, con objeto de minimizar los riesgos de que se generen costes adicionales en las empresas que operan en más de un Estado miembro debido a la existencia de disposiciones divergentes;

82. Considera que la idea de que la RSE es una «mercancía de lujo» apoyada por las empresas solo en tiempos de bonanza económica ha sido decididamente refutada por los continuos altos niveles de compromiso de las empresas con la RSE; cree que se trata de una suposición anticuada que no tiene en cuenta la importancia de la reputación ni del nivel de riesgo externo para la rentabilidad de las empresas modernas; pide a todos los responsables políticos europeos que integren la RSE en todos los niveles de la política económica, reforzando asimismo la RSE dentro de la Estrategia Europa 2020;

83. Destaca que la RSE debe aplicarse a toda la cadena de suministro mundial, incluidos todos los niveles de subcontratación, y que, ya se trate del suministro de bienes, de trabajadores o de servicios, debe incluir disposiciones para ampliar la protección a los trabajadores migrantes, desplazados y contratados a través de agencias, basarse en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas y garantizar los derechos y las libertades sindicales; opina que se debe seguir desarrollando el concepto de gestión responsable de la cadena de suministro como un instrumento para garantizar la RSE;

84. Elogia la labor de algunas escuelas de ciencias empresariales para promover la RSE, pero reconoce que se trata solo de una minoría; pide al Grupo de Alto Nivel y a los Estados miembros, en cooperación con la Comisión y, si procede, con las universidades, que examinen la manera de integrar la RSE, una gestión responsable y una ciudadanía responsable en la enseñanza y en la formación profesional sobre gestión de todos los futuros líderes empresariales, de manera que se convierta en una piedra angular de la gobernanza empresarial estratégica y se fomente con ello la sensibilización respecto del consumo sostenible; opina que se podría incluir a los niños que participan en programas de emprendimiento para jóvenes; pide a la Comisión que proporcione más apoyo financiero a los proyectos de educación y formación sobre RSE en el marco de los programas de la UE de Aprendizaje Permanente y La Juventud en Acción;

85. Reitera que la RSE debe aplicarse a todas las empresas con objeto de crear un marco de igualdad de condiciones; señala, no obstante, que es preciso ir más allá del enfoque voluntario, en vista de la manera en que las industrias extractivas llevan a cabo sus operaciones en los países en desarrollo; hace hincapié en que las inversiones de la industria petrolera en Nigeria son un buen ejemplo de las limitaciones de la RSE tal como se aplica en la actualidad, ya que las empresas no han desarrollado iniciativas de RSE para crear prácticas comerciales sostenibles ni para contribuir al desarrollo de sus Estados de acogida; respalda enérgicamente la propuesta legislativa que prevé la elaboración de informes para cada país sobre la base de las normas de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), con información sobre ventas y beneficios, así como sobre impuestos e ingresos, a fin de desincentivar la corrupción y prevenir la evasión fiscal; pide a las industrias extractivas europeas que operan en los países en desarrollo que den ejemplo de responsabilidad social y de fomento del trabajo digno;

86. Pide que se establezcan normas de diligencia debida respecto de los derechos humanos y la cadena de suministro a escala de la UE que, en particular, cumplan los requisitos establecidos en las orientaciones de la OCDE sobre diligencia debida y gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales de las zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y se centren, entre otras cuestiones, en las zonas con importantes repercusiones potencialmente negativas o positivas para los derechos humanos, como las cadenas de suministro mundiales y locales, los minerales de las zonas en conflicto, la externalización, el acaparamiento de tierras y las regiones en que el Derecho laboral y la protección de los trabajadores sean insuficientes o las zonas de producción de productos peligrosos para el medio ambiente y la salud; acoge con satisfacción los programas ya puestos en marcha por la UE, y en particular los programas de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) en el ámbito forestal, y apoya iniciativas privadas como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE);

87. Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas destinadas a desbloquear y fortalecer el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia de los recursos y de la energía), por ejemplo, en el proceso de compra de materias primas por las empresas;

88. Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países en lo tocante a la aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas europeas a nivel mundial;

89. Propone que los Gobiernos de los Estados miembros soliciten al BEI la inclusión de una cláusula relativa a la RSE en sus intervenciones;

90. Pide a la Comisión que fomente la RSE en los foros multilaterales apoyando una mejor cooperación entre la OMC y otros foros multilaterales que se ocupan de la RSE, como la OIT y la OCDE;

91. Pide que se establezca un sistema de cooperación jurídica transnacional entre la UE y los terceros países signatarios de acuerdos comerciales bilaterales, con el fin de que las víctimas de violaciones de la legislación social o ambiental o de incumplimiento de los compromisos en materia de RSE por parte de multinacionales y sus filiales inmediatas, tengan acceso efectivo a la justicia en el país en que se produjo la violación de la legislación, así como para apoyar la puesta en marcha de procedimientos judiciales internacionales para garantizar, cuando proceda, que se sancionan las infracciones de la ley cometidas por las empresas;

92. Pide que se efectúen evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las nuevas tecnologías a ser posible ya en la fase de investigación y desarrollo, y solicita que se incluyan estudios prospectivos y consideraciones sobre la determinación de normas para incorporar los derechos humanos al diseño (Human Rights by Design);

93. Observa que la RSE es un mecanismo que permite a los empresarios apoyar a sus empleados y a las comunidades locales en los países en desarrollo, que el respeto de la RSE y las normas laborales permiten a estos países beneficiarse de un comercio internacional más amplio, y que la RSE puede garantizar que los beneficios se repartan de forma equitativa para desarrollar la prosperidad económica y social sostenible y sacar a más personas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis financiera;

94. Exhorta a la UE a que desempeñe una función activa en la sensibilización sobre la contribución que las empresas pueden prestar a la sociedad en el ámbito de la cultura, la educación, el deporte y la juventud mediante la RSE;

95.  Alienta a las empresas de medios de comunicación a que incluyan normativas periodísticas transparentes en sus políticas de RSE, que prevean garantías de protección de las fuentes y de los derechos de los denunciantes;

96. Pide a la Comisión que salvaguarde las iniciativas de RSE establecidas y que funcionan bien, introduciendo una prueba de RSE que evalúe el impacto de las próximas iniciativas legislativas y administrativas sobre medidas de RSE y tenga en cuenta los resultados relevantes a la hora de diseñar propuestas;

97. Acoge con satisfacción, en aras de la sostenibilidad, las obligaciones impuestas a los operadores del mercado, y pide a la Comisión que observe y evalúe las iniciativas en materia de RSE;

98. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1)

http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework y http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf

(2)

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_es.pdf

(3)

Textos Aprobados, P7_TA(2012)0126.

(4)

http://www.atkearney.com/documents/10192/6972076a-9cdc-4b20-bc3a-d2a4c43c9c21

(5)

DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

(6)

DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

(7)

DO C 86 de 10.4.2002, p. 3.

(8)

DO C 39 de 18.2.2003, p. 3.

(9)

DO C 187 E de 7.8.2003, p. 180.

(10)

DO C 67 E de 17.3.2004, p. 73.

(11)

DO C 301 E de 13.12.2007, p. 45.

(12)

DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.

(13)

DO C 236 E de 12.8.2011, p. 57.

(14)

Textos Aprobados, P7_TA(2012)0429.

(15)

DO C 229 de 31.7.2012, p. 77.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la última Comunicación de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas la RSE se enmarca en el pensamiento europeo, en un ámbito político en el que el Parlamento Europeo ha desempeñado un cometido decisivo. Supone asimismo un gran paso hacia adelante al hilo del diálogo mantenido con el Parlamento y las partes interesadas implicadas sobre la RSE desde la anterior comunicación.

En el presente proyecto de resolución parlamentaria se celebra el nuevo énfasis concedido al apoyo europeo en favor de las iniciativas globales de la RSE, el restablecimiento del apoyo al enfoque multilateral, una nueva definición que refleje el consenso a nivel global y un cometido de apoyo mucho más dinámico para la propia Comisión Europea.

Considero que la Comunicación es constructiva y abierta de cara al futuro y ofrece una respuesta adecuada a la evolución de la RSE en Europa y el mundo. Brinda una sólida base de acción futura, por lo que se anima al Parlamento Europeo a conceder su amplio apoyo.

Mi informe aspira a realizar su propia contribución al debate desarrollando algunas de las ideas presentes en la Comunicación de la Comisión, así como identificando algunas eventuales lagunas.

Una recuperación sostenible

En primer lugar, y sobre todo, el debate sobre la RSE se ubica en el contexto de la crisis económica actual. Se aduce el argumento de que la RSE es indispensable para restablecer la confianza en las empresas y en una recuperación económica sostenible.

Si bien es conveniente resguardarse contra la acusación de «antifaz ecológico», la RSE debe considerarse una oportunidad y no una amenaza para la competitividad empresarial. También forma parte de la propia «licencia social» de Europa para perseguir un crecimiento impulsado por el comercio.

Con la mentalidad a corto plazo de Bruselas, que se centra exclusivamente en la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas de los mercados financieros, caeríamos de nuevo en los mismos errores de los que se acusa a los responsables del colapso bancario.

No cabe retractarse del compromiso esencial de que la economía europea y global sean hipocarbónicas en el futuro. Las empresas sostenibles sólo pueden funcionar en una economía sostenible.

En mi informe se alienta a las empresas responsables a demostrar su compromiso con la atenuación de las consecuencias sociales de la crisis iniciando algunas de las acciones propuestas en materia de RSE: en los ámbitos de la creación de empleo juvenil, salud ocupacional, sostenibilidad de las pensiones, promoción del «salario de subsistencia», finalización de las practicas laborales explotadoras en las cadenas de suministro de las empresas y promoción de nuevos mercados en productos y servicios medioambientales y útiles para la sociedad.

Aplicación de la RSE global

La segunda prioridad del informe es desarrollar ideas concretas que ayuden a poner en práctica la voluntad de la Comisión de aplicar mejor las iniciativas globales en el ámbito de la RSE. Considero que el «polo de excelencia» para la RSE que la Comisión prometió en 2006 se lograría mejor en 2012 adoptando un enfoque global para las empresas europeas que operan en mercados globales.

Recomiendo que la Comisión Europea elabore un informe general sobre la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, al tiempo que los Estados miembros mejoran su propia aplicación mediante un proceso paritario de revisión, algo ya habitual en la evaluación de las políticas de derechos humanos. También ha llegado el momento de abordar la delicada cuestión de la jurisdicción extraterritorial para las infracciones de los derechos laborales o humanos cometidos por empresas europeas que operan en terceros países con un acceso restringido a la justicia.

En el informe se argumenta asimismo que la Comisión debe desempeñar un cometido mucho más activo en la aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales, mediante su inclusión en los acuerdos comerciales y de inversión, la concesión de apoyo financiero para la creación de capacidades y la asistencia a los demandantes en caso de supuestas infracciones, condicionando la ayuda financiera a las empresas al respeto de las Líneas Directrices y ayudando a encontrar más signatarios a escala mundial.

En el informe se aduce asimismo la importancia de la transparencia y los informes integrados de sostenibilidad en cuanto fuerza motriz clave de la RSE. Se apoya decididamente la Iniciativa mundial de presentación de informes, pues es la metodología más usada por las empresas a nivel global para la información sobre la sostenibilidad. En el informe se avala la prevista propuesta de la Comisión en este ámbito, que debe estar íntimamente ligada al objetivo del Consejo Internacional de Informes Integrados, de manera que los informes integrados sean la norma global antes de que finalice la presente década.

En el informe se respalda la voluntad de la Comisión de interactuar con los inversores, en particular para la promoción de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, por lo que propongo el lanzamiento de una nueva iniciativa de la UE sobre el impulso de la materialidad.

En el informe se recomienda asimismo que la UE apoye la propuesta de origen empresarial para la celebración de un convenio de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de las empresas que se presentó el año en curso ante la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río +20). Respaldo la promoción de la RSE en el marco del proceso de objetivos de desarrollo sostenible iniciado al hilo de los resultados de la cumbre.

El Enfoque Multilateral

Se pide igualmente al Parlamento Europeo que reconozca la naturaleza especial de elaboración política de la UE sobre la RSE. Se desarrollan ideas para servirse del diálogo social convencional, por ejemplo mediante el establecimiento de un objetivo para nuevos convenios marco en el ámbito de la RSE y financiando proyectos piloto con los sindicatos europeos en el ámbito del «trabajo digno».

No obstante, se pide explícitamente al Parlamento Europeo que respalde el funcionamiento y desarrollo del Foro Multilateral, incluidas las iniciativas sectoriales propuestas en la Comunicación. Propongo iniciativas adicionales en materia de TIC y sector privado de la seguridad. Se apoyan asimismo las nuevas «comunidades de práctica» multilaterales previstas.

Se reclama un mayor compromiso con las otras partes interesadas en el Grupo de Alto Nivel de Estados miembros, así como que las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de la Comisión presten más atención a la RSE.

Sectores público y privado juntos - «la mezcla inteligente»

El informe aboga por prestar mayor atención al impacto de las políticas públicas en la RSE. Ello debe incluir la aplicación de las recomendaciones del propio «Estudio de Edimburgo» de la Comisión sobre las lagunas de gobernanza y la necesidad de alcanzar resultados concretos en la aplicación de indicadores sociales, en particular mediante la contratación pública.

Se pide a la Comisión que muestre liderazgo comprometiéndose ella misma con los informes de sostenibilidad, la gestión ética de sus propios fondos de pensiones y apoyando el voluntariado en su plantilla de personal.

En el informe se restablece el vínculo entre la responsabilidad de las empresas y la gobernanza empresarial y se apoya el uso de códigos de buenas prácticas y obligaciones de los directivos para impulsar la asunción de la RSE y su integración en las empresas.

Se destaca asimismo, no obstante, la continua importancia de realizar acciones voluntarias complementariamente, aduciendo, en particular, las ventajas de apoyar el principio de convergencia de tales iniciativas. Se argumenta que es mucho mejor promover la cooperación voluntaria que prever nuevas iniciativas obligatorias en relación con las etiquetas sociales.

Esto es lo que, en relación con los Principios Rectores de las Naciones Unidas se denomina, resumiendo, la «mezcla inteligente» de enfoques reglamentarios y voluntarios y sería, de hecho, inteligente, que la UE siguiera tal vía.

Próximos pasos

Se apoya asimismo el amplio abanico de las otras acciones propuestas en la Comunicación. Propongo que se conceda particular importancia a la integración de la RSE en el currículo de las escuelas generales de ciencias empresariales, al estímulo de la RSE en las pequeñas empresas mediante el enfoque de conglomerado y al establecimiento de una «auditoría» para asegurar que los galardones de RSE previstos se ajusten realmente a las mejores prácticas mundiales y europeas.

Me gustaría añadir, finalmente, que la RSE debe dejar de ser un proceso y comenzar ofrecer resultados. En la Comunicación se afirma con toda la razón que es muy importante expandir la asunción de la RSE. Algunas de las ideas que se recomiendan en el informe para hacer que la gente de dentro y fuera de las empresas colabore en la consecución de este objetivo es el lanzamiento de iniciativas sobre la ciudadanía empresarial en el marco del Año Europeo 2013 y la investigación del impacto acumulativo de la RSE en la resolución de problemas sociales y medioambientales, a fin de destacar la premura de los desafíos, así como una propuesta de nuevo «engranaje» con la sociedad civil.

Si bien es cierto, según indica acertadamente la Comisión, que la RSE es responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad, también es cierto que es precisamente impacto lo que más deben procurar tener en su conjunto las empresas y la sociedad.


OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (18.12.2012)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la responsabilidad social de las empresas: promoción de los intereses de la sociedad y vía hacia una recuperación sostenible e integradora

(2012/2097(INI))

Ponente: Raffaele Baldassarre

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Destaca los beneficios recíprocos de la colaboración entre las empresas y la sociedad civil con el objetivo de facilitar la búsqueda de estrategias compartidas, el intercambio de conocimientos y la comparación de expectativas; respalda con firmeza, por consiguiente, el compromiso contraído por la Comisión de crear plataformas multilaterales para la responsabilidad social de las empresas (RSE), a fin de reforzar la colaboración entre las empresas y la sociedad sobre las cuestiones sociales y ambientales más importantes; destaca que la acción social de las empresas puede requerir un marco legal, y que las iniciativas de carácter voluntario pueden completar, pero en ningún caso sustituir, las disposiciones existentes para la protección de los trabajadores, el control eficaz de su cumplimiento y las sanciones que puedan resultar necesarias;

2.  Expresa su preocupación por el impacto que la crisis económica pueda haber ejercido en la organización del trabajo; pide a la Comisión que aproveche, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, las plataformas multilaterales como medida adicional para buscar soluciones sostenibles que garanticen el pleno respeto de los derechos de los trabajadores en relación con la igualdad de trato, la ordenación del tiempo de trabajo y el empleo precario;

3.  Manifiesta su acuerdo con la Comunicación de la Comisión en que el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales constituye una condición indispensable de la RSE; considera además que un comportamiento socialmente responsable abarca necesariamente unas relaciones sindicales correctas, en particular el respeto de los derechos sindicales, una información constante a los trabajadores y sus asociaciones representativas, así como la participación de estas asociaciones en las decisiones empresariales;

4.  Señala que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro y de las empresas subcontratistas;

5.  Recuerda el papel estratégico que desempeñan las PYME al facilitar la difusión de la RSE gracias a su proximidad con el territorio en el que operan; pide a la Comisión que desarrolle, de común acuerdo con las autoridades nacionales y las plataformas multilaterales, formas de cooperación sectorial entre las PYME que les permitan afrontar los problemas sociales y ambientales de forma colectiva;

6.  Subraya la importancia de elaborar las políticas de la Unión en materia de RSE de manera complementaria al desarrollo de normas internacionales, con el objetivo de evitar interpretaciones nacionales divergentes y posibles ventajas o desventajas competitivas a escala nacional o internacional;

7.  Invita a las empresas a incentivar el voluntariado internacional entre sus empleados para promover las sinergias entre el sector público y el privado en el marco de la cooperación para el desarrollo; pide a la Comisión que apoye las iniciativas de las empresas en este sentido mediante el futuro Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria;

8.  Pide a la Comisión, en particular a la DG Justicia, que presente propuestas sobre la jurisdicción extraterritorial de los tribunales de la UE en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas de la UE, sus filiales, sus subcontratistas o sus socios comerciales;

9.  Reconoce la importancia de incrementar las prácticas y políticas de RSE en las grandes empresas; pide, por lo tanto, a la Comisión que haga hincapié en la importancia de incluir la RSE en la educación y la formación, especialmente en las escuelas de negocios y administración.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

18.12.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

12

0

0

Miembros presentes en la votación final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

József Szájer


OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores (5.12.2012)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora

(2012/2097(INI))

Ponente de opinión: Andrzej Grzyb

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Celebra que la nueva definición establecida en la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, sobre la responsabilidad social de las empresas destaque el cumplimiento de la legislación en vigor y de los convenios colectivos como condición sine qua non para el desempeño de una actividad comercial responsable y especifique el marco necesario para la responsabilidad de las empresas con el llamamiento a que se aplique, «en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en las operaciones empresariales y la estrategia básica de las empresas»; reitera que la responsabilidad social de las empresas debe referirse también a su comportamiento en terceros países y respecto a estos;

2.  Celebra los esfuerzos de la Unión Europea y de los Estados miembros por alinear sus políticas con las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, revisadas en 2011, así como con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos(1) y pone de relieve que, sobre todo en el ámbito de la actividad empresarial global, estos esfuerzos aún no constituyen un compromiso completo para el cumplimiento de las normativas pertinentes en materia medioambiental, social y de derechos humanos, ni tampoco para su control;

3.  Subraya la importancia de evaluar el cumplimiento de los requisitos en materia de responsabilidad social por parte de las empresas en toda la cadena de suministro; considera que es de vital importancia contar con indicadores efectivos y transparentes que permitan evaluar el impacto preciso de las actividades de las empresas desde una perspectiva sistémica;

4.  Insiste en que cada uno de los 27 Estados miembros debe acelerar la revisión de sus planes de acción nacionales en materia de responsabilidad social de las empresas y el desarrollo de planes nacionales de aplicación de las directrices correspondientes de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas, que deberían finalizarse, a más tardar, en diciembre de 2013; considera que los Estados miembros deben garantizar que estos planes se elaboren con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las ONG, la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones de empresarios y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH); pide a la UE que facilite el acceso a la experiencia adquirida por los Estados miembros que ya se encuentran en ese proceso; alienta a los Estados miembros a inspirarse en las directrices contenidas en la norma ISO 26000, en la versión más reciente de las directrices de la Global Reporting Initiative y en las orientaciones preparadas por el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos;

5.  Destaca que la responsabilidad social de las empresas en el territorio de la UE y en terceros países debe extenderse también a ámbitos como la organización del trabajo, la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la formación continua;

6.  Pide mayor coherencia de las políticas a nivel de la UE, haciendo que las políticas y acuerdos sobre, entre otras materias, contratación pública, crédito a la exportación, buena gobernanza, competencia, desarrollo, comercio e inversión sean conformes con las normas internacionales en materia social, medioambiental y de derechos humanos establecidas en los correspondientes directrices y principios de la OCDE y las Naciones Unidas; pide, en este contexto, que se colabore con los órganos representantes de los trabajadores, los empresarios y los consumidores, siguiendo los consejos pertinentes de las INDH, como la presentación del Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a la Comisión sobre los derechos humanos y la contratación; pide evaluaciones de impacto significativas y adecuadas de las propuestas legislativas para detectar posibles incoherencias con los Principios Rectores de las Naciones Unidas, e insiste en la coordinación con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, a fin de evitar interpretaciones dispares e incoherentes de tales Principios Rectores; recuerda, reconociendo la importancia del marco de derechos humanos de las Naciones Unidas para la responsabilidad social de las empresas, la relevancia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido su artículo 16, que garantiza el derecho fundamental a la libertad de empresa, que debe tenerse debidamente en cuenta y servir de referencia a la hora de apoyar las políticas de responsabilidad social de las empresas en la UE; subraya la importancia de equilibrar la libertad de empresa con otros derechos garantizados por la Carta, así como con los principios y directrices de responsabilidad social de las empresas reconocidos a escala internacional; acoge con satisfacción, en este contexto, los esfuerzos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para recopilar pruebas y conocimientos técnicos en relación con la existencia y la interpretación de la libertad de empresa;

7.  Se compromete a seguir reiterando su expectativa de que las instituciones y los responsables de la UE, incluidos el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos y los representantes especiales de la UE en cada país y región, se esfuercen por mejorar en todas las relaciones y acciones exteriores de la UE las normas en materia social, medioambiental y de derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales antes de la celebración y durante la evaluación de acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio e inversión y al asignar la ayuda al desarrollo, y que garanticen el respeto de estos derechos;

8.  Reconoce que las INDH que se han comprometido a respetar los Principios de París se encuentran en una buena posición para poner en práctica los Principios Rectores de las Naciones Unidas y facilitar, e incluso garantizar, el acceso a vías de recurso; pide a la UE y a sus Estados miembros que reconozcan a las INDH, junto a las empresas y los órganos representantes de los trabajadores, los empresarios y los consumidores, como socios clave en la promoción de la agenda en materia de derechos humanos y empresas, el desarrollo de vínculos entre empresas, Estados y sociedad civil y la promoción de normas y orientaciones reconocidas internacionalmente en materia social, medioambiental y de derechos humanos; solicita a los Estados miembros, en este contexto, que fortalezcan y, cuando resulte necesario, amplíen el mandato de las INDH para aumentar su eficacia o, cuando no exista una INDH que se haya comprometido a respetar los Principios de París, tomen medidas para crearla, y solicita a la UE que preste asistencia estratégica adecuada; se compromete a mantener un intercambio anual regular de puntos de vista con las INDH en el marco de la Comisión LIBE o la Subcomisión DROI, aprovechando la experiencia de los intercambios de puntos de vista organizados por esta subcomisión a propósito de la cumbre 2011 de defensores del pueblo de la UE y la Asociación Oriental, y a completar esos intercambios con seminarios específicos sobre los derechos humanos y las empresas;

9.  Acoge con satisfacción la adopción por parte de la Organización Internacional del Trabajo, el 14 de junio de 2012, de la Recomendación nº 202 relativa a los pisos nacionales de protección social; se compromete a incluir la cuestión de los derechos humanos y la responsabilidad social de las empresas en el orden del día de las próximas reuniones de la UE con terceros países, particularmente con aquellos con los que la UE mantiene relaciones especiales; pide la integración de la responsabilidad social de las empresas en las relaciones contractuales de la UE con terceros países y solicita que, de ser necesario, se traduzcan los Principios Rectores de las Naciones Unidas aprovechando las capacidades del PE o de otras instituciones de la UE;

10. Pide a la UE, y en especial a la Comisión, que garantice que los instrumentos financieros, incluido el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), consideren a las INDH que respetan los Principios de París como socios fundamentales para alcanzar sus objetivos, y que las apoye a la hora de aprovechar eficazmente su posición única y sus conocimientos técnicos en materia de derechos humanos para crear un espacio de diálogo entre las distintas partes interesadas, incluidas las autoridades públicas, la sociedad civil y las empresas, y que con este fin:

(1) garantice que la cuestión de la responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos figure entre las prioridades de instrumentos financieros concretos en el marco del nuevo marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020; y

(2) desarrolle asistencia específica en el marco del IEDDH para la formación y el desarrollo de capacidades global en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y los derechos humanos para las organizaciones de la sociedad civil, las INDH, los defensores de los derechos humanos, los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos;

11. Insiste en que, para garantizar que la aplicación de la nueva estrategia de la UE sobre responsabilidad social de las empresas promueva los intereses de la sociedad en toda su diversidad, el respeto de los derechos humanos y los esfuerzos hacia una recuperación y un progreso sostenibles e integradores, la orientación de la UE respecto de la divulgación de información no financiera (medioambiental, social, sobre gobernanza, etc.) por las empresas debe garantizar la transparencia, estableciendo un marco claro, inequívoco, común y predeterminado con referencia específica a los derechos humanos, que se ajuste plenamente a las directrices y los principios de la OCDE y las Naciones Unidas y se base en indicadores objetivos referentes a: la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo cuestiones tales como la diferencia de salarios en función del género o la proporción de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad; los salarios de los jóvenes; la posibilidad de que los trabajadores se sindiquen y lleven a cabo negociaciones colectivas; las garantías efectivas de unas condiciones de seguridad en el lugar de trabajo; y la discapacidad;

12. Pide a la UE que dé solución a la insuficiencia de capacidad interna y conocimientos técnicos poniendo en marcha programas de formación significativos sobre derechos humanos y empresas en todas las instituciones y políticas de la UE;

13. Pide una vez más a la UE y a sus Estados miembros que mejoren la aplicación de la legislación vigente que incorpora aspectos en materia de responsabilidad social de las empresas y derechos humanos, y que conciban nuevas soluciones para lograr la igualdad de condiciones para las empresas de la Unión y de terceros países, con el fin de luchar contra el dumping social;

14. Pide que se establezcan normas de diligencia debida respecto de los derechos humanos y la cadena de suministro a escala de la UE que, en particular, cumplan los requisitos establecidos en las orientaciones de la OCDE sobre diligencia debida y gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales de las zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo y se centren, entre otras cuestiones, en las zonas con importantes repercusiones potencialmente negativas o positivas para los derechos humanos, como las cadenas de suministro mundiales y locales, los minerales de las zonas en conflicto, la externalización, el acaparamiento de tierras y las regiones en que el Derecho laboral y la protección de los trabajadores sean insuficientes o las zonas de producción de productos peligrosos para el medio ambiente y la salud; acoge con satisfacción los programas ya puestos en marcha por la UE, y en particular los programas de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) en el ámbito forestal, y apoya iniciativas privadas como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE);

15. Solicita que en las situaciones de vinculación de la UE o sus Estados miembros con empresas (por ejemplo, en el marco de la contratación pública, las empresas públicas, las empresas conjuntas, las garantías de créditos a la exportación y los proyectos a gran escala en terceros países), el respeto de las directrices y los principios de la OCDE y las Naciones Unidas sea una prioridad reflejada en cláusulas específicas y con consecuencias para las empresas que violen de modo flagrante las normas en materia social, medioambiental y de derechos humanos; recomienda que la «Plataforma de la UE para la cooperación exterior y el desarrollo» prevista desempeñe una función en la determinación de las modalidades diseñadas para mejorar la calidad y la eficacia de la cooperación exterior de la UE, los mecanismos de combinación y los instrumentos financieros, así como en la promoción de la cooperación y la coordinación entre la UE, las instituciones financieras y otras partes interesadas en este ámbito;

16. Insiste en la importancia del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar» y considera que sus tres pilares, a saber, la responsabilidad del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de un acceso más efectivo a reparaciones, deben respaldarse con medidas adecuadas que permitan su aplicación;

17. Subraya que, dado su peso en los intercambios comerciales internacionales, las empresas europeas y sus filiales y subcontratistas tienen un papel esencial en la promoción y difusión de las normas sociales y laborales en el mundo; reconoce que normalmente las quejas contra empresas de la UE que operan en el extranjero se resuelven mejor sobre el terreno; celebra los puntos de contacto nacionales de la OCDE, que son mecanismos de base estatal no jurídicos que pueden mediar en una amplia gama de conflictos en materia de empresas y derechos humanos; pide, no obstante, un mayor esfuerzo de las empresas para el desarrollo de mecanismos para tratar las quejas que cumplan los requisitos de efectividad establecidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas y la búsqueda en mayor medida de una orientación autorizada en los principios y directrices reconocidos a escala internacional, en particular las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma guía ISO 26000 sobre responsabilidad social y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT;

18. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de modificar las disposiciones de Derecho internacional privado del Reglamento Bruselas I, y en especial la introducción del principio de «forum necessitatis»; destaca la necesidad de seguir desarrollando un acceso efectivo a vías de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos a causa de las operaciones empresariales fuera de la UE mediante modificaciones de los Reglamentos Bruselas I y Roma II; pide medidas eficaces para eliminar los obstáculos existentes al acceso a la justicia, como los gastos procesales excesivos, mediante iniciativas como el desarrollo de normas mínimas para el recurso colectivo y soluciones al problema de la «personalidad jurídica autónoma» de las empresas.

19. Pide que se elaboren normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas tecnológicas de la UE en relación con la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos o para actuar contra los intereses de la UE en materia de seguridad;

20. Celebra la voluntad de la Comisión de abordar la cuestión de la responsabilidad social de las empresas en el contexto de la ampliación; lamenta, no obstante, la ausencia de un tratamiento concreto de esta cuestión en el marco de las negociaciones de adhesión con los países candidatos y que no se mencione la cuestión en la Comunicación de la Comisión de 10 de octubre de 2012 titulada «Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013» (COM(2012)0600);

21. Celebra la intención de la Comisión de trabajar para establecer campañas mundiales, directrices internacionales y medidas legislativas complementarias destinadas a garantizar que las empresas de la UE tengan un impacto positivo en las sociedades extranjeras; recuerda que el impacto positivo de las empresas en dichas sociedades extranjeras puede medirse, por ejemplo, con respecto al acceso de la población local a los recursos, a su soberanía alimentaria o al desarrollo endógeno de esas sociedades;

22. Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» para la prevención de violaciones de los derechos humanos en las fases anteriores y posteriores del flujo de producción o comercialización.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

3.12.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

42

1

2

Miembros presentes en la votación final

Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Laima Liucija Andrikienė, Marije Cornelissen, Elisabeth Jeggle, Agnès Le Brun, Marietje Schaake, Helmut Scholz

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Lara Comi, Danuta Jazłowiecka, Giovanni La Via

(1)

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 17º período de sesiones, 21 de marzo de 2011; Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie: «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (A/HRC/17/31) (en lo sucesivo, los «Principios Rectores de las Naciones Unidas»).


OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (6.12.2012)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la responsabilidad social de las empresas: promoción de los intereses de la sociedad y vía hacia una recuperación sostenible e integradora

(2012/2097(INI))

Ponente de opinión: Catherine Grèze

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Señala que, debido a la heterogeneidad del concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE) y al hecho de que distintas compañías hayan desarrollado diferentes normas en materia de contabilidad, auditoría y presentación de informes, resulta difícil comparar los niveles de RSE; subraya que una reglamentación relativa a la RSE acordada a nivel internacional crearía un marco de confianza y equidad en las relaciones empresariales y reportaría una serie de beneficios, como la seguridad, la aplicabilidad progresiva, la universalidad y la responsabilización de las partes interesadas;

2.  Conviene con la Comisión en que la RSE debe abarcar los derechos humanos, las prácticas laborales y de empleo, las cuestiones medioambientales (tales como la biodiversidad, el cambio climático y la eficiencia de los recursos) y la lucha contra el soborno y la corrupción a través de la buena gobernanza fiscal (concretamente, la transparencia, el intercambio de información y una competencia fiscal leal);

3.  Señala que la RSE cubre una amplia gama de normas sociales a las que apenas se presta atención por no haberse establecido indicadores que permitan medir los progresos sociales;

4.  Destaca que los inversores y los consumidores deberían poder identificar fácilmente las empresas que han asumido compromisos en materia de RSE, ya que ello animaría a esas empresas en su iniciativa;

5.  Insiste en que la UE debe examinar la posibilidad de destacar las empresas que se comprometen con la RSE mediante una marca o una etiqueta añadida al nombre de la empresa o del producto en cuestión;

6.  Señala que la RSE constituye el mejor instrumento para que las empresas demuestren su compromiso, solidaridad y responsabilidad frente a la sociedad, y que también resulta crucial para alcanzar el objetivo de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; celebra que la Comisión se haya comprometido a fomentar la RSE en total consonancia con las directrices internacionales actuales, entre otras las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Norma ISO 26000 «Guía sobre responsabilidad social», la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; lamenta, no obstante, que todo lo relacionado con la RSE sea, mayoritariamente, de cumplimiento voluntario;

7.  Lamenta la falta de información a las PYME sobre la existencia del Pacto Mundial por el cual determinadas empresas se comprometen a ceñir sus operaciones y estrategias a diez principios aceptados universalmente en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción;

8.  Destaca que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Norma ISO 26000 no están suficientemente adaptados a las necesidades de las PYME, lo que reduce el alcance de la RSE en la Unión Europea;

9.  Destaca la utilidad de estudiar, a nivel nacional y de la UE, las modalidades de incentivación fiscal que podrían permitir fomentar la RSE ante un mayor número de empresas;

10. Hace hincapié en que, como compromiso meramente voluntario, la RSE puede resultar insuficiente para hacer frente a las externalidades provocadas por las operaciones de las multinacionales, como las violaciones de derechos humanos y la degradación ambiental; reitera su llamamiento para que las empresas y los inversores extranjeros que operan en los países en desarrollo cumplan en su totalidad las obligaciones internacionales jurídicamente vinculantes sobre el respeto de los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales fundamentales de la OIT, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; pide que las políticas de RSE también incluyan medidas específicas para hacer frente a la práctica ilegal de confeccionar listas negras de trabajadores y de negarles el acceso al empleo, a menudo debido a su afiliación y su actividad sindicales o a su función representativa en materia de salud y seguridad;

11. Hace hincapié en que se ha de incitar a las empresas a aplicar prácticas de RSE y animar a aquellas que ya las han aplicado a perseguir los objetivos de la RSE; pide a la Comisión que examine la posibilidad de introducir incentivos, como la prioridad en la contratación pública de la UE, con el fin de que las empresas vean la RSE como una oportunidad y no como una amenaza;

12. Subraya que la RSE debe conllevar un compromiso claro en materia de respeto de los derechos, la protección y el bienestar de los trabajadores, con indicadores de rendimiento y unas referencias claras para medir las mejoras, y que es necesario prever un control objetivo, incluyente y transparente, así como mecanismos de responsabilización y aplicación eficaces para abordar los casos de incumplimiento, incluido un procedimiento más abierto y claro para la presentación y el examen de reclamaciones y, en su caso, el inicio de investigaciones;

13. Reitera que la RSE debe aplicarse a todas las empresas con objeto de crear un marco de igualdad de condiciones; señala, no obstante, que es preciso ir más allá del enfoque voluntario, en vista de la manera en que las industrias extractivas llevan a cabo sus operaciones en los países en desarrollo; hace hincapié en que las inversiones de la industria petrolera en Nigeria son un buen ejemplo de las limitaciones de la RSE tal como se aplica en la actualidad, ya que las empresas no han desarrollado iniciativas de RSE para crear prácticas comerciales sostenibles ni para contribuir al desarrollo de sus Estados de acogida; respalda enérgicamente la propuesta legislativa que prevé la elaboración de informes para cada país sobre la base de las normas de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), con información sobre ventas y beneficios, así como sobre impuestos e ingresos, a fin de desincentivar la corrupción y prevenir la evasión fiscal; pide a las industrias extractivas europeas que operan en los países en desarrollo que den ejemplo de responsabilidad social y de fomento del trabajo digno;

14. Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas destinadas a desbloquear y fortalecer el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia de los recursos y de la energía), por ejemplo, en el proceso de compra de materias primas por las empresas;

15. Destaca que la RSE debe aplicarse a toda la cadena de suministro mundial, incluidos todos los niveles de subcontratación, y que, ya se trate del suministro de bienes, trabajadores o servicios, debe incluir disposiciones para ampliar la protección a los trabajadores migrantes, temporales y desplazados, basarse en un salario justo y en unas condiciones de trabajo dignas, y garantizar los derechos y las libertades sindicales; opina que se debe seguir desarrollando el concepto de gestión responsable de la cadena de suministro como un instrumento para garantizar la RSE;

16. Considera que, para que pueda tener un impacto real en la reducción de la pobreza, la agenda de la RSE también ha de centrarse en las PYME, ya que sus efectos sociales y medioambientales acumulativos son significativos;

17. Considera que las empresas de la UE deben ser jurídicamente responsables y que se han de aplicar diferentes tipos de mecanismos de responsabilización y responsabilidad entre ellas y sus filiales y las entidades que controlan en los países en desarrollo; aplaude, por otra parte, la labor de la sociedad civil de la UE, que se ha involucrado activamente en la concienciación acerca de las violaciones cometidas por estas empresas en el extranjero;

18. Insiste en que los Estados tienen el deber de proteger contra las violaciones de los derechos humanos y laborales, incluidas las cometidas por empresas, responsabilizar a las empresas, proteger los derechos de libre asociación y negociación colectiva, y proporcionar a las víctimas acceso a la justicia; pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para llevar a la práctica el marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», presentado por John Ruggie, Representante Especial de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos;

19. Destaca que la mejora de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos contribuirá al logro de los objetivos de la UE en lo tocante a cuestiones específicas de derechos humanos y normas laborales fundamentales; pide, por consiguiente, a la UE que se esfuerce por establecer un marco jurídico internacional claro sobre las responsabilidades y obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos;

20. Celebra que el número de empresas que divulgan información sobre su rendimiento medioambiental, social y de gobernanza (MSG) haya aumentado significativamente en los últimos años; señala, sin embargo, que las empresas que informan representan por el momento tan solo una pequeña parte de la actividad comercial mundial; señala que, si bien la Directiva de la UE sobre modernización de cuentas (2003/51/CE)(1) asegura un nivel mínimo de divulgación de indicadores clave de rendimiento tanto financiero como no financiero, no establece requisitos en relación con el tipo de indicadores que se han de incluir en los informes anuales; pide a la Comisión que examine otras medidas que puedan adoptarse para reforzar la divulgación de información MSG a nivel europeo;

21. Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países en lo tocante a la aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas europeas a nivel mundial;

22. Destaca que la inversión socialmente responsable (ISR) es parte del proceso de aplicación de la RSE en las decisiones sobre inversiones; observa que, si bien en la actualidad no existe una definición universal de la ISR, por lo general combina los objetivos financieros de los inversores con sus preocupaciones sobre temas de gobernanza social, medioambiental, ética y empresarial;

23. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que emprendan nuevas iniciativas políticas destinadas a concienciar sobre la ISR y fortalecer su desarrollo, por ejemplo considerando la formulación legal de unas normas mínimas de SRI, especialmente en el ámbito de las inversiones y los acuerdos comerciales de la UE con los países en desarrollo;

24. Observa que la RSE es un mecanismo con el que los empleadores pueden apoyar a sus trabajadores y a las comunidades locales en los países en desarrollo, y que puede garantizar que los beneficios se repartan equitativamente para desarrollar una prosperidad económica y social sostenible y sacar a más gente de la pobreza, sobre todo en tiempos de crisis financiera; lamenta que los protocolos de intervención social solo sean voluntarios en la actualidad, e insta a la Comisión a que los convierta en vinculantes;

25. Pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones representativas, incluidos los sindicatos, en el desarrollo, el funcionamiento y la supervisión de los procesos y las estructuras de RSE de las empresas, también mediante el desarrollo continuo de las competencias y las cualificaciones de los trabajadores a través de la formación y el aprendizaje permanente, y cooperando con los empleadores en el marco de una verdadera asociación.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

6.12.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

1

2

Miembros presentes en la votación final

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Ioan Enciu, Emilio Menéndez del Valle, Helmut Scholz

(1)

DO L 178 de 17.7.2003, p. 16.


OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (18.12.2012)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora

(2012/2097(INI))

Ponente: Bernd Lange

SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Observa con interés que la Comisión ha empezado a incluir referencias a la responsabilidad social de las empresas (RSE) en los acuerdos comerciales de la UE; opina que, a la vista del decisivo papel que desempeñan las empresas, sus filiales y sus cadenas de suministro en el comercio internacional, la responsabilidad social y medioambiental de las empresas debe convertirse en parte integrante del capítulo sobre «Desarrollo sostenible» de los acuerdos comerciales de la UE; pide a la Comisión que elabore propuestas concretas para la aplicación de los principios de la RSE en la política comercial;

2.  Se compromete a seguir insistiendo en que las instituciones y los responsables de la UE, incluido el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, estén obligados a aplicar normas sociales, ambientales y de derechos humanos a todas las relaciones y acciones exteriores de la UE;

3.  Recalca que el fomento de la RSE es un objetivo que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y que, por consiguiente, la Unión debe garantizar que las políticas externas que ejecuta contribuyan al desarrollo sostenible y al desarrollo social de los países afectados;

4.  Insta a la Comisión a que, al elaborar propuestas concretas para la aplicación de los principios de la RSE, se base en las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, incluido el procedimiento de denuncia de la OCDE;

5.  Felicita a todos los Estados miembros de la OCDE por su amplio trabajo sobre las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, publicadas el 25 de mayo de 2011; toma nota de que 44 gobiernos adherentes —que representan a todas las regiones del mundo y suponen el 85 % de la inversión extranjera directa— alientan a sus empresas a observar estas recomendaciones transcendentales para una gestión empresarial responsable allá donde operen;

6.  Coincide en que los imperativos actuales en materia de medio ambiente y cambio climático y el desarrollo de cadenas de producción mundiales exigen dar al concepto de RSE una cobertura más amplia que la que se pretendía cuando se concibió el concepto; considera necesario, por tanto, definir un concepto actualizado de RSE, en relación con los derechos laborales y los derechos humanos, las cuestiones de empleo, la protección del medio ambiente, las preocupaciones en materia de cambio climático y la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal;

7.  Pide que, a más tardar, el 1 de enero de 2014 se exija a todas las empresas europeas que operen en terceros países y empleen a más de 1 000 personas que apliquen las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales;

8.  Pide a la Comisión que incluya una cláusula vinculante de RSE en todos los acuerdos bilaterales de comercio e inversión que firme la UE, sobre la base de los principios de la RSE definidos a nivel internacional —haciendo hincapié en el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, y prestando especial atención a los derechos humanos, el trabajo digno, las normas laborales, la libertad de asociación, la negociación colectiva y otras consideraciones sociales—, en particular la actualización de 2010 de las Líneas Directrices de la OCDE; opina que esta cláusula debe armonizar las normativas y conceptos existentes con el fin de garantizar la comparabilidad y equidad e incluir medidas para el seguimiento de dichos principios a escala de la UE y su aplicación, y que se deben establecer puntos de contacto nacionales a modo de foros para tratar las cuestiones planteadas en las Líneas Directrices de la OCDE, tales como el requisito relativo al seguimiento de las actividades de las empresas y sus filiales y cadenas de suministro, así como el relativo al respeto de la diligencia debida;

9.  Pide a la Comisión que garantice que todas las empresas que operan en el mercado único, incluidas las empresas transnacionales cuyas filiales o cadenas de suministro están ubicadas en la UE, cumplan todas sus obligaciones legales a nivel tanto nacional como de la UE, a fin de garantizar una competencia leal y maximizar los beneficios para los consumidores de la UE; pide a la Comisión que fomente activamente la gestión empresarial responsable entre las empresas de la UE que operan en el extranjero, prestando especial atención a garantizar un estricto cumplimiento de todas sus obligaciones legales derivadas de su legislación nacional o de obligaciones legales bilaterales o internacionales a las que estén sujetas sus operaciones, sobre todo el cumplimiento de las normas y reglamentos internacionales en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente; propone, a tal fin, a la Comisión que se comprometa activamente con sus socios en los países en desarrollo y emergentes para intercambiar mejores prácticas y conocimientos sobre maneras y medios para mejorar el entorno empresarial y aumentar la concienciación sobre gestión responsable de las empresas;

10. Propone que los Gobiernos de los Estados miembros soliciten al BEI la inclusión de una cláusula relativa a la RSE en sus intervenciones;

11. Pide a la Comisión que introduzca un procedimiento más abierto y claro para la presentación y el examen de las denuncias por incumplimiento de los principios de la RSE, incluyendo mecanismos de ejecución, y que emprenda investigaciones cuando sea necesario;

12. Pide a la Comisión que inste a las empresas a aplicar la RSE; subraya la necesidad de apoyar y favorecer la difusión de dichas prácticas entre las PYME, limitando al máximo los correspondientes costes y trámites burocráticos;

13. Pide a la Comisión que incluya una cláusula de RSE en los acuerdos con las organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial en lo referente a las acciones en favor del desarrollo;

14. Pide a la Comisión que utilice de forma más eficaz las medidas basadas en incentivos y que esté más atenta a la hora de supervisar y garantizar que las empresas transnacionales cuyas filiales o cadenas de suministro están ubicadas en países que participan en el SPG y el SPG+, independientemente de que tengan o no su domicilio social en la Unión Europea, así como los países implicados, a) cumplen sus obligaciones legales nacionales e internacionales en los ámbitos de los derechos humanos, las normativas sociales y laborales, y las reglamentaciones sobre el medio ambiente, b) muestran un compromiso genuino con los derechos, la protección y el bienestar de sus trabajadores y de los ciudadanos en general, c) respetan la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva, y d) abordan cualquier infracción de forma rápida y eficaz;

15. Pide a la Comisión que fomente la RSE en los foros multilaterales apoyando una mejor cooperación entre la OMC y otros foros multilaterales que se ocupan de la RSE, como la OIT y la OCDE;

16. Recuerda que ya existe la posibilidad de litigios en los tribunales y de alternativas a los mismos para resolver controversias comerciales o reclamar una indemnización por externalidades negativas derivadas de una actividad empresarial irresponsable o ilegal; pide, en este sentido, a la Comisión que procure estimular la sensibilización respecto de ambas vías tanto dentro de la comunidad empresarial como entre el público en general; recuerda que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ofrece servicios de resolución de conflictos a personas, empresas, Estados, instituciones estatales y organizaciones internacionales que buscan alternativas a los litigios en los tribunales que pueden contribuir a mejorar el acceso efectivo de las víctimas a la justicia en caso de violación de las prácticas empresariales responsables con daños económicos, sociales y medioambientales en la UE o en el extranjero;

17. Pide que se lleve a cabo un control de las medidas restrictivas (sanciones, boicots, embargos), así como de los sistemas de licencias a escala de la UE para artículos de doble uso;

18. Pide que se establezcan mecanismos por los que los principios de la RSE deban ser respetados no solo por la empresa o contratista principal que se beneficie de un acuerdo comercial, sino también por cualquier subcontratista o cadena de suministro que pueda utilizar en el suministro de bienes, trabajadores o servicios, asegurándose con ello la igualdad de condiciones basada en una retribución justa y unas condiciones de trabajo dignas, y garantizándose los derechos y libertades sindicales.

19. Pide a la Comisión que mejore su modelo de evaluación de impacto sobre la sostenibilidad con objeto de reflejar adecuadamente las implicaciones económicas, sociales, de derechos humanos y medioambientales —incluidos los objetivos en materia de atenuación del cambio climático— de las negociaciones comerciales; pide a la Comisión que lleve un seguimiento de los acuerdos comerciales con los países socios de la UE, realizando, antes y después de la firma de un acuerdo comercial, estudios de evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, tomándose en cuenta particularmente los sectores vulnerables;

20. Subraya que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe informarse plenamente al Parlamento acerca de cómo se incorporan en las negociaciones, antes de celebrarse los acuerdos, los resultados de las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad de los mismos, y acerca de qué capítulos de dichos acuerdos se han modificado para evitar todo impacto negativo que hayan detectado las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad;

21. Pide que se establezca un sistema de cooperación jurídica transnacional entre la UE y los terceros países signatarios de acuerdos comerciales bilaterales, con el fin de que las víctimas de violaciones de la legislación social o ambiental, o de incumplimiento de los compromisos en materia de RSE por parte de multinacionales y sus filiales inmediatas tengan acceso efectivo a la justicia en el país en que se produjo la violación de la legislación, así como de apoyar la puesta en marcha de procedimientos judiciales internacionales para garantizar, cuando proceda, que se sancionan las infracciones de la ley cometidas por las empresas;

22. Pide que se desarrollen unas normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para las empresas de tecnología de la UE que participan en la exportación de tecnologías que puedan utilizarse para violar los derechos humanos o de modos que vayan en contra del interés de la UE en materia de seguridad;

23. Pide al SEAE que garantice que los funcionarios de la UE competentes en materia de comercio, si trabajan desde las embajadas de la UE, reciban con regularidad una formación sobre cuestiones relacionadas con la RSE, en particular respecto de la aplicación del Marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», y que las embajadas de la UE funcionen como puntos de contacto de la UE para denuncias relacionadas con empresas de la UE y sus filiales, dado que los puntos de contacto nacionales de la OCDE solo existen en países que se han adherido a la OCDE y por ello, en la práctica, no son accesibles para los empleados de dichas empresas en países no miembros de la OCDE;

24. Pide que se efectúen evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las nuevas tecnologías a ser posible ya en la fase de investigación y desarrollo, y solicita que se incluyan estudios prospectivos y consideraciones sobre la determinación de normas para incorporar los derechos humanos al diseño;

25. Recalca que la sensibilización a nivel empresarial sobre la importancia de la RSE y las consecuencias del incumplimiento de la misma, como tarea de la Comisión Europea, debe ir acompañada por una concienciación y un desarrollo de capacidades adecuados a nivel de los gobiernos de los países de acogida, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los derechos y el acceso a la justicia en relación con la RSE;

26. Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» a fin de garantizar un mayor control y prevención de las violaciones de los derechos humanos al principio o al final de las cadenas de suministro y los procesos de producción o flujos de mercado;

27. Subraya que los futuros tratados bilaterales de inversión que firme la UE han de garantizar un equilibrio justo entre la necesidad de proteger a los inversores y la necesidad de permitir la intervención del Estado, especialmente en lo que respecta a las normativas sociales, sanitarias y ambientales;

28. Toma nota de las medidas positivas adoptadas en el marco de la reforma en curso de la Directiva sobre la transparencia (2004/109/CE) y de la Directiva sobre las cuentas anuales y consolidadas (2003/51/CE) en relación con la cuestión de la RSE, al tiempo que se establece un equilibrio entre la legítima búsqueda de transparencia y responsabilidad de las empresas y la carga que supone la labor de información a cargo de las empresas; pide a la Comisión que garantice que las empresas que entran dentro del ámbito de las mencionadas Directivas están obligadas a informar regularmente de sus actividades de RSE, en consonancia con las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, al tiempo que prevé disposiciones especiales para las PYME con el fin de que la actividad de información sea factible desde el punto de vista financiero y administrativo;

29. Recalca que la dimensión de la RSE debe incorporarse a los acuerdos comerciales multilaterales, y pide, por ello, a la Comisión que apoye propuestas en ese sentido en los foros internacionales, en particular la OCDE y la OIT, así como en la OMC en el contexto posterior a Doha;

30. Pide que las futuras acciones en materia de RSE abarquen toda la cadena de creación de valor, desde la obtención de materias primas hasta el reciclado, pasando por el comercio;

31. Pide que las políticas en el ámbito de la RSE se incluyan en todos los niveles de los acuerdos comerciales con la UE, e incluyan disposiciones para ampliar la protección a trabajadores migrantes, temporales y desplazados;

32. Opina que la Comisión y los Estados miembros deben alentar a las empresas de la UE a tomar iniciativas para fomentar la RSE y a intercambiar buenas prácticas con sus socios en otros países;

33. Pide que las políticas en materia de RSE y los derechos fundamentales laborales y sindicales, como el derecho a la vida privada y la libertad de asociación, sean respetados por las empresas de la UE en todas sus actividades, ya sea dentro de la UE o en terceros países;

34. Pide una consulta y participación plenas y activas de las organizaciones representativas, incluidos los sindicatos, en el desarrollo, el funcionamiento y la supervisión de los procesos y estructuras de RSE de las empresas, y solicita que dichas organizaciones colaboren con los empresarios desde una perspectiva de verdadera asociación;

35. Pide un seguimiento mayor y más integrador y transparente de los principios de la RSE en la política comercial de la UE, con unos puntos de referencia claros para medir las mejoras a fin de fomentar la confianza en el sistema;

36. Observa que la RSE es un mecanismo que permite a los empresarios apoyar a sus empleados y a las comunidades locales en los países en desarrollo, que el respeto de la RSE y las normas laborales permiten a estos países beneficiarse de un comercio internacional más amplio, y que la RSE puede garantizar que los beneficios se repartan de forma equitativa para desarrollar la prosperidad económica y social sostenible y sacar a más personas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis financiera; lamenta que actualmente los protocolos para la intervención social solo sean voluntarios, e insta a la Comisión a hacerlos vinculantes.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Fecha de aprobación

18.12.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

24

2

1

Miembros presentes en la votación final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Salvatore Iacolino, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Derek Vaughan


OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (19.12.2012)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora

(2012/2097(INI))

Ponente: Morten Løkkegaard

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Exhorta a la UE a que desempeñe una función activa en la sensibilización sobre la contribución que las empresas pueden prestar a la sociedad en el ámbito de la cultura, la educación, el deporte y la juventud mediante la responsabilidad social de las empresas (RSE);

2.  Insta a la UE así como a los Estados miembros a que faciliten información concreta sobre la responsabilidad social de las empresas, y sobre educación y formación en esta materia, a fin de que las empresas aprovechen plenamente la RSE y puedan aplicarla en su cultura organizativa;

3.  Insta a los Estados miembros a eximir del pago de impuestos a aquellas empresas que financian actividades de voluntariado e iniciativas sin ánimo de lucro;

4.  Hace hincapié en la necesidad de contemplar la responsabilidad social de las empresas en el sistema educativo general a todos los niveles, así como de integrarla en las escuelas empresariales y en los programas de formación para directivos y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas;

5.  Insta a los Estados miembros a que integren la responsabilidad social de las empresas en los programas de estudio pertinentes;

6.  Subraya la importancia del vínculo entre las empresas y las escuelas que imparten educación secundaria superior, en particular a nivel de la educación superior, y destaca la función de la responsabilidad social de las empresas en la adquisición de experiencia práctica por parte de los estudiantes durante sus estudios, ya sea en forma de trabajo remunerado a tiempo parcial o de prácticas remuneradas en las empresas;

7.  Alienta a las empresas a que proporcionen prácticas de calidad, con un fuerte componente de aprendizaje, que faciliten la transición entre la educación y el empleo, promuevan el desarrollo de aptitudes relevantes para el mercado laboral y fomenten la autonomía de los jóvenes;

8.  Insta a las empresas a que, en el contexto del compromiso cívico, promuevan la creatividad y los proyectos culturales en sus políticas en materia de responsabilidad social de las empresas y a que fomenten el crecimiento sostenible y la creación de empleo;

9.  Hace hincapié en la importancia de implicar a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de responsabilidad social de las empresas y reconocer los resultados de las mismas;

10. Insta a las empresas, en colaboración con los interlocutores sociales, a procurar que sus empleados estén informados y formados y participen en los grandes retos sociales europeos, especialmente en el ámbito económico, social, medioambiental e internacional;

11. Insta a fomentar la institución del mecenazgo entre los empresarios;

12. Señala la importante contribución que puede prestar la responsabilidad social de las empresas con la creación de oportunidades de aprendizaje y crecimiento, la formación y el fomento de comportamientos sociales, el compromiso cívico, la ética profesional y la integración social mediante una interacción de alto nivel con la sociedad, así como mediante actividades intergeneracionales, tales como las tutorías mutuas y la transferencia de conocimientos entre personas mayores y jóvenes; destaca, en particular, la contribución de la responsabilidad social de las empresas a la creación de oportunidades para los jóvenes y al desarrollo de sus cualificaciones;

13. Destaca la importancia de proteger los derechos humanos en las relaciones con terceros países;

14. Acoge con satisfacción el sistema de premio europeo para asociaciones sobre responsabilidad social de las empresas entre empresas y otras partes interesadas, incluidos los centros educativos y las organizaciones deportivas, como una medida importante para aumentar la visibilidad de la RSE;

15. Destaca que la inversión socialmente responsable (ISR), como parte del proceso de aplicación de la responsabilidad social de las empresas en las decisiones de inversión, combina los objetivos financieros y económicos de los inversores con consideraciones sociales, medioambientales, éticas, culturales y educativas;

16. Alienta a los Estados miembros y a la Unión a que tengan en cuenta en su programación relativa a la responsabilidad social de las empresas que las pequeñas y medianas empresas de carácter cultural y creativo pueden tener importantes repercusiones en el cambio social y medioambiental al integrar consideraciones sociales y aportar soluciones a largo plazo para luchar contra la pobreza, dando nuevos impulsos al mercado laboral;

17. Insta a emprender investigaciones sobre los motivos de la eficacia o ineficacia de las diversas estrategias aplicadas en el marco de la responsabilidad social de las empresas;

18. Insta a los Estados miembros a que apoyen el voluntariado entre los trabajadores, así como el voluntariado del mundo empresarial, también en el contexto de la responsabilidad social de las empresas, como se establece en la Resolución de 12 de junio de 2012 sobre el reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE(1); subraya que el voluntariado no puede afectar en manera alguna a las condiciones de remuneración y de trabajo de los trabajadores y que debe velarse por la complementariedad entre las actividades voluntarias y las remuneradas;

19. Opina que las empresas con un componente cultural o relacionadas con los medios de comunicación ostentan la responsabilidad social corporativa de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios y considera que la autorregulación y la inspección profunda de paquetes («deep packet inspection») suponen el riesgo de externalizar y poner en manos del sector privado la aplicación de la legislación;

20. Alienta a las empresas de medios de comunicación a que incluyan normativas periodísticas en pro de la transparencia en sus políticas de responsabilidad social de las empresas, que prevean garantías de protección de las fuentes y de los derechos de los denunciantes.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

18.12.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

0

0

Miembros presentes en la votación final

Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Milan Zver

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Iosif Matula, Raimon Obiols, Rui Tavares

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Leonardo Domenici

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2012)0236.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

24.1.2013

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

26

1

11

Miembros presentes en la votación final

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Jens Nilsson

Última actualización: 7 de febrero de 2013Aviso jurídico