Procedimiento : 2015/2258(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0203/2016

Textos presentados :

A8-0203/2016

Debates :

PV 07/07/2016 - 6
CRE 07/07/2016 - 6

Votaciones :

PV 07/07/2016 - 9.5

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0318

INFORME     
PDF 913kWORD 424k
9 de junio de 2016
PE 578.465v02-00 A8-0203/2016

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Ponente: Helga Stevens

Ponentes de opinión (*):Martina Anderson, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Rosa Estaràs Ferragut, Comisión de Peticiones

(*)  Procedimiento de comisiones asociadas — artículo 54 del Reglamento

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 OPINIÓN de la Comisión de Peticiones
 OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores
 OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo
 OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 OPINIÓN de la Comisión de Transportes y Turismo
 OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional
 OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación
 OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos
 OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 9, 10, 19 y 168 y el artículo 216, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y los artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 3, 15, 21, 23 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor en la Unión el 21 de enero de 2011, de conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad(1),

–  Vistas las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de 2 de octubre de 2015, sobre el informe inicial de la Unión Europea(2),

–  Vista la lista de cuestiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de 15 de mayo de 2015, en relación con el informe inicial de la Unión Europea(3),

–  Visto el Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión por el que se establecen disposiciones internas para la aplicación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para la representación de la Unión Europea en dicha Convención,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vistas las Directrices de la Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños(4)

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(5),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(6),

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11, HK Danmark, y en los asuntos C-363/12, Z, y C-356/12, Glatzel,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de abril de 2015, titulada «Plan de Acción sobre derechos humanos y democracia (2015-2019). Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la agenda de la UE» (JOIN(2015)0016),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios (COM(2015)0615),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de junio de 2015, titulado «Reply of the European Union to the list of issues in relation to the initial report of the European Union on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Respuesta de la Unión Europea a la lista de cuestiones en relación con el informe inicial de la Unión Europea sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) (SWD(2015)0127),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 5 de junio de 2014, titulado «Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union» (Informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por parte de la Unión Europea) (SWD(2014)0182),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social: construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales» COM(2011)0682,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016(7),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse de la crisis(8),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo(9),

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014)(10),

–  Vista su Posición en primera lectura, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros(11),

–  Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre la lista de cuestiones adoptada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea(12),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(13),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020(14),

–  Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(15),

–  Visto el análisis en profundidad de la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios titulado «EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)» (Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea (CDPD)),

–  Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

–  Visto el Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo Europeo,

–  Vista la decisión del Defensor del Pueblo Europeo de archivar su investigación de oficio OI/8/2014/AN, relativa a la Comisión,

–  Visto el próximo informe anual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea correspondiente a 2015,

–  Visto el informe de 2015 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la «Violencia contra los niños con discapacidad: legislación, políticas y programas en la Unión Europea»,

–  Vistas las estadísticas de 2014 de Eurostat sobre la discapacidad en relación con el acceso al mercado laboral y a la educación y la formación y con la pobreza y las desigualdades en las rentas,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Peticiones, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0203/2016),

A.  Considerando que, como ciudadanos de pleno derecho, las personas con discapacidad cuentan con los mismos derechos que el resto de ciudadanos y tienen derecho a una dignidad inalienable, a la igualdad de trato, a la vida independiente, a la autonomía, al apoyo de los sistemas públicos y a la plena participación en la sociedad;

B.  Considerando que en la Unión Europea hay unos 80 millones de personas con discapacidad, de las cuales 46 millones son mujeres y niñas, lo que equivale a aproximadamente el 16 % del total de la población femenina de la Unión, con lo que la prevalencia de la discapacidad en la Unión es superior entre las mujeres que entre los hombres; que las mujeres con discapacidad son a menudo víctimas de discriminación múltiple y se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de ejercer sus derechos y libertades fundamentales, como el derecho de acceso a la educación y el empleo, lo que puede conducir al aislamiento social y causar traumas psicológicos; que las mujeres también se ven afectadas de forma desproporcionada por la discapacidad en su calidad de cuidadoras de familiares con discapacidad;

C.  Considerando que el TFUE impone a la Unión la obligación de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad en la definición y la ejecución de sus políticas y actuaciones (artículo 10), y que le confiere asimismo el poder de adoptar las disposiciones legislativas apropiadas para combatir este tipo de discriminación (artículo 19);

D.  Considerando que los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíben explícitamente la discriminación por razón de discapacidad y prevén la participación en la sociedad, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad;

E.  Considerando que la CDPD es el primer tratado internacional sobre derechos humanos ratificado por la Unión Europea; que también ha sido firmada por los 28 Estados miembros de la Unión y ratificada por 27 Estados miembros, y que los Estados miembros que todavía no lo han hecho deberían finalizar sus reformas con miras a ratificar dicha Convención;

F.   Considerando que es la primera vez que, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos, la Unión ha sido supervisada por un órgano de las Naciones Unidas, y que las Observaciones finales, publicadas en 2015, del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas sobre la aplicación de esta Convención en la Unión Europea transmiten un fuerte mensaje sobre el compromiso de la Unión con la igualdad y el respeto de los derechos humanos y ofrecen una serie de orientaciones para la elaboración de políticas y medidas legislativas que inciden en el ámbito de sus competencias;

G.   Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerza el hecho de que la CDPD es vinculante en la Unión y en sus Estados miembros cuando se aplica la legislación de la UE, ya que dicha legislación es «parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión Europea» y tiene «primacía sobre los actos de Derecho derivado»(16);

H.  Considerando que los principios de la CDPD van mucho más allá de la discriminación y abren la vía hacia el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas con discapacidad y sus familias en una sociedad integradora;

I.  Considerando que las personas con discapacidad constituyen un grupo variado, y que las mujeres, los niños, las personas de más edad y las que tienen necesidades complejas de apoyo deben afrontar dificultades adicionales y múltiples formas de discriminación;

J.   Considerando que la discapacidad puede estar causada por una degradación progresiva y, en ocasiones, invisible del estado de salud de una persona, como es el caso de las personas con enfermedades neurodegenerativas o raras, que podría tener un efecto negativo en la vida independiente de dicha persona;

K.   Considerando que se estima que el 80 % de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo; que la Unión apoya la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional, y que es el mayor donante del mundo de ayuda oficial para el desarrollo (AOD);

L.   Considerando que los niños con discapacidad tienen una probabilidad diecisiete veces mayor de vivir en una institución que los niños sin discapacidad, donde el riesgo de violencia, rechazo y abuso es mucho mayor que si residen en un hogar(17);

M.  Considerando que los niños con discapacidad tienen derecho a vivir con sus familias o en un entorno familiar según su interés superior, y que los miembros de la familia se ven a menudo obligados a reducir o a interrumpir actividades profesionales para ocuparse de miembros de la familia con discapacidad;

N.  Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

O.  Considerando que la igualdad de trato y las medidas y políticas positivas destinadas a las mujeres con discapacidad y a las madres de niños con discapacidad constituyen un derecho humano fundamental y una obligación ética;

P.  Considerando que las mujeres y las niñas con discapacidad se ven expuestas a diversas dimensiones de discriminación en su vida diaria, y que esta puede adoptar distintas formas —física, emocional, sexual y económica— e incluye la violencia por parte del compañero íntimo, la violencia a manos de los cuidadores, la violencia sexual y la violencia institucional;

Q.   Considerando que las mujeres con discapacidad tienen más probabilidad de sufrir violencia doméstica y agresiones sexuales que duran aparentemente más y son más intensas que en el caso de las mujeres sin discapacidad(18);

R.  Considerando que las mujeres con discapacidad, especialmente las migrantes, están más expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social debido a la discriminación múltiple de que son objeto;

S.  Considerando que la discapacidad es una causa y puede ser una consecuencia de la pobreza; que aproximadamente el 30 % de la población sin hogar padece una discapacidad y corre el riesgo de no recibir atención(19); que la protección social prestada por el Estado, en particular, desempeña un papel importante para evitar la pobreza de las personas con discapacidad, y que, de acuerdo con los datos correspondientes a 2012, hasta el 68,5 % de las personas con discapacidad viven en la pobreza sin beneficiarse de ninguna transferencia social del Estado(20);

T.  Considerando que es imperativo aplicar la legislación vigente y los instrumentos políticos de que dispone la Unión para maximizar los efectos de la aplicación de la CDPD;

U.  Considerando que algunos Estados miembros que han ratificado la CDPD todavía no han establecido o designado los órganos para aplicar y supervisar la Convención, de conformidad con el artículo 33, y que la labor de estos órganos, cuando ya han sido establecidos —en particular por lo que se refiere al seguimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2—, se ve obstaculizada por la falta de recursos financieros y humanos y de una base jurídica sólida para su designación;

V.  Considerando que uno de los pilares fundamentales de las personas con discapacidad es el acceso al mercado laboral y la participación en el mismo, un aspecto que sigue siendo problemático, dado que dicha participación se sitúa en el 58,5 % —frente al 80,5 % entre las personas sin discapacidad—, lo cual impide que numerosas personas de este colectivo puedan llevar una vida independiente y activa;

W.  Considerando que la tasa de empleo de las mujeres sin discapacidad es del 65 %, frente a un 44 % en el caso de las mujeres con discapacidad; que las mujeres con discapacidad sufren a menudo discriminación con respecto a los hombres con discapacidad a la hora de acceder a la educación y al empleo; que el elevado índice de desempleo entre las personas con discapacidad sigue siendo inaceptable; que las mujeres y las jóvenes con discapacidad encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral, y que es necesario superar los obstáculos a la movilidad y la mayor dependencia de familiares y cuidadores para favorecer la participación activa de las mujeres con discapacidad en la educación y el mercado laboral, así como en la vida social y económica de la comunidad;

X.  Considerando que el empleo remunerado es fundamental para facilitar que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y hacerse cargo de sus familia y sus hogares; que las mujeres y las jóvenes con discapacidad perciben a menudo salarios inferiores, y que este colectivo vulnerable de la población tiene más probabilidades de verse afectado por la pobreza y afronta un riesgo mayor de exclusión social;

Y.   Considerando que la Unión Europea, como parte de la CDPD, tiene el deber de velar por la estrecha colaboración y participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el desarrollo y la aplicación de la legislación y las políticas, a fin de poner en práctica la Convención, así como en todos los procesos de toma de decisiones en aquellos ámbitos que afectan a las personas de este colectivo;

Z.   Considerando que las medidas de austeridad aplicadas por los Estados miembros han llevado a recortes en los servicios sociales, la asistencia a las familias y los servicios comunitarios y han tenido efectos desproporcionadamente negativos en el nivel de vida de las personas con discapacidad, en especial de los niños con discapacidad y sus familias;

AA.   Considerando que la Comisión ha retirado su propuesta sobre la Directiva relativa al permiso por maternidad, y que, por consiguiente, la igualdad de derechos de madres y padres, niños y adultos no ha recibido hasta ahora en la Unión la atención que se merece en las políticas de equilibrio entre la vida privada y la vida laboral;

AB.   Considerando que la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza no prohíbe explícitamente la discriminación por motivos de discapacidad;

AC.  Considerando que, debido a los cambios demográficos y sociales, existe una demanda creciente de trabajadores domésticos y cuidadores, en particular en el seno de las familias, y que de la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia se hacen cargo usualmente mujeres de la familia, lo que conduce a menudo a su exclusión del mercado laboral;

AD.  Considerando que, en sus Observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión Europea, el Comité de la CDPD de las Naciones Unidas recomienda que la Unión integre la perspectiva de la discapacidad en sus programas y políticas de género, así como la perspectiva de género en sus estrategias sobre la discapacidad, y que formule medidas de acción afirmativas, establezca un mecanismo de supervisión y financie la investigación y la recopilación de datos sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, y que recomienda, asimismo, que la Unión ofrezca una protección efectiva contra la violencia, el abuso y la explotación, que las políticas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal tengan en cuenta las necesidades de los niños y adultos con discapacidad y de sus cuidadores y que se adopten medidas dirigidas a reducir las elevadas tasas de desempleo de las personas con discapacidad, la mayoría de las cuales son mujeres;

AE.  Considerando que, en su respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo(21), aprobada por la Comisión el 13 de diciembre de 2011, la Comisión reconocía la necesidad de garantizar una cadena ininterrumpida de servicios accesibles a todos (transporte, alojamiento, restauración y atracciones) y que, con este fin, comenzó a organizar acciones de sensibilización destinadas a mejorar las competencias en el sector turístico y, en última instancia, la calidad de las instalaciones turísticas para las personas con discapacidad o necesidades especiales;

AF.  Considerando que las necesidades de las personas con discapacidad, diversidad funcional o movilidad reducida en los ámbitos del transporte, la movilidad y el turismo brindan a las empresas la oportunidad de innovar en sus servicios de transporte y movilidad, algo que puede redundar en beneficio de todos, tanto de las personas con diferentes tipos de discapacidad (por ejemplo —sin que la lista sea exhaustiva— las personas con movilidad reducida, discapacidad visual, discapacidad o dificultades auditivas, autismo, discapacidades intelectuales o psicosociales, etc.), como de los demás usuarios de esos servicios, de acuerdo con la idea de «diseño universal»;

Principios y obligaciones generales

1.  Recuerda que la plena integración de las personas con discapacidad no es solo un derecho y una ventaja merecida para los interesados, sino también un activo para toda la sociedad, ya que esta se puede beneficiar del valor y las diversas competencias que aportan estas personas;

2.  Destaca que todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en una sociedad en la que dispongan de las mismas oportunidades que las demás personas, a fin de garantizar su integración y participación completas en la sociedad;

3.  Destaca que la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, con independencia de la condición socioeconómica, política o cultural del país, no solo es una cuestión de desarrollo, sino que afecta también a los derechos humanos;

4.  Destaca que las discapacidades tienen una mayor incidencia a medida que aumenta la edad media de la población;

5.  Considera que la Unión debe ser un líder en materia de respeto y promoción de los derechos humanos; celebra que, por primera vez, un órgano creado en virtud de un tratado de las Naciones Unidas haya revisado el cumplimiento por la Unión de sus obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos; considera que las Observaciones finales el Comité de la CDPD de las Naciones Unidas sobre la aplicación de esta Convención en la Unión, publicadas en 2015, transmiten un fuerte mensaje sobre el compromiso de la Unión con la igualdad y el respeto de los derechos humanos y ofrecen orientaciones para la elaboración de políticas y medidas legislativas que inciden en el ámbito de todas sus competencias;  

6.  Apoya las conclusiones y recomendaciones del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas, al tiempo que destaca la necesidad de que las instituciones de la Unión y los Estados miembros integren la perspectiva de las mujeres y las niñas con discapacidad en sus políticas, programas y estrategias de igualdad de género, así como la perspectiva de género en sus estrategias sobre la discapacidad; pide, por otra parte, que se establezcan mecanismos que permitan supervisar periódicamente los progresos realizados;

7.  Pide al Parlamento, al Consejo y a la Comisión que apliquen plenamente las recomendaciones del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas y que garanticen que se respeta la CDPD en toda la futura legislación;

8.   Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que destinen los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la CDPD y de su Protocolo Facultativo;

9.  Lamenta profundamente que la Unión no haya consultado suficientemente y con carácter formal a las organizaciones representantes de las personas con discapacidad durante su preparación del proceso de revisión por parte del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas en 2015 ni en el proceso de elaboración de su informe sobre los progresos realizados; pide que las organizaciones de las personas con discapacidad participen activamente en las reuniones de la CDPD en su condición de parte independiente, y en particular en las delegaciones oficiales de la Unión que tengan por objeto futuras revisiones;

10.   Solicita a la Comisión que consolide y proponga un verdadero diálogo estructurado entre la Unión y las organizaciones que representen a las personas con discapacidad, de forma que se prevea la financiación adecuada para garantizar la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan;

11.  Destaca la importancia que reviste una consulta sistemática y detallada entre las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, los responsables de la elaboración de las políticas, las empresas y otras partes interesadas pertinentes en relación con todas las nuevas iniciativas y la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y las acciones relativas a la educación, la formación, la cultura, el deporte y la juventud;

12.  Pide que se refuercen los actuales organismos de igualdad de forma que contribuyan a la integración, la promoción y el seguimiento de la CDPD; recuerda a la Unión y a los Estados miembros la obligación de cooperar de forma significativa con la sociedad civil y, en particular, con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad;

13.   Aboga por la ratificación por la Unión Europea del Protocolo Facultativo de la CDPD;

14.  Insta a que, con miras a cumplir plenamente la CDPD, se proceda a una revisión transversal y exhaustiva y a una evaluación de la actual y la futura legislación y de los programas de financiación de la Unión, incluidos los futuros períodos de programación, de forma que se cuente con la participación constructiva de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y de los componentes del Marco de la Unión Europea para la CDPD (en lo sucesivo, «Marco de la Unión Europea») y de tal manera que se integre la perspectiva de la discapacidad en todas las políticas y estrategias legislativas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para integrar la discapacidad en todos los textos legislativos, políticas y estrategias;

15.  Pide que los derechos de las personas con discapacidad se incluyan en el programa global de la Unión en materia socioeconómica, en particular en la Estrategia Europa 2020 y en el Semestre Europeo; recomienda que se adopte un pacto sobre la discapacidad que garantice la integración de los derechos de las personas con discapacidad en todas las iniciativas de la Unión;

16.  Pide a la Comisión que, en el contexto del Semestre Europeo y en el proceso de evaluación de la situación social en los Estados miembros (informes y recomendaciones específicas por países), haga también un seguimiento de la situación de las personas con discapacidad como parte del compromiso común de la Unión de construir una Europa sin barreras;

17.  Considera que las instituciones de la Unión, y en particular el Parlamento, el Consejo y la Comisión, deben velar por que toda la actual y futura legislación respete los derechos humanos y cumpla plenamente las disposiciones de la CDPD;

18.  Pide a la Comisión que suministre una lista de textos legislativos con miras a proponer una actualización de la declaración de competencia a la luz de las Observaciones finales, y que esta operación se repita periódicamente contando con la participación formal de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y del Parlamento Europeo;

19.  Pide la Comisión que considere, a este respecto, la necesidad de desarrollar un marco de la Unión que garantice la aplicación efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y promueva la autonomía personal, la accesibilidad, el acceso al empleo, la inclusión social y la vida independiente de este colectivo, así como la erradicación de todas las formas de discriminación;

20.  Comparte las preocupaciones del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas en relación con la falta de una estrategia clara de la Unión para la aplicación de la CDPD;

21.  Pide a las instituciones que actúen de forma ejemplar en la política de integración;

22.  Pide a la Comisión que utilice la revisión de la Estrategia Europea sobre Discapacidad para formular una estrategia integral de la Unión con respecto a la CDPD que integre la perspectiva de género e incluya compromisos en la acción exterior, un calendario detallado de aplicación y valores de referencia e indicadores específicos y concretos;

23.  Lamenta la discriminación y la exclusión que sufren todavía las personas con discapacidad; pide a la Comisión que maximice las sinergias entre la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, a fin de salvaguardar el pleno disfrute y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos, también mediante acciones de armonización y aplicación del marco legislativo y de orden cultural y político;

24.  Pide a la Comisión que aclare la definición en sentido amplio del concepto de discapacidad en el ámbito de la Unión;

25.  Pide a la Comisión que revise la Guía sobre las consideraciones sociales en materia de contratación pública, no solo con el fin de destacar las obligaciones sociales, sino también para señalar las oportunidades y los beneficios de invertir en servicios de apoyo de calidad para las personas con discapacidad;

26.  Pide a la Comisión que revise y modifique las orientaciones para las evaluaciones de impacto con el fin de incluir una lista de temas más completa que permita evaluar mejor el cumplimiento de la Convención;

Derechos específicos

27.  Solicita a los Estados miembros y a la Comisión que, con el fin de prevenir la victimización, adopten medidas dirigidas a luchar contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación múltiple, la discriminación por asociación y la discriminación intersectorial por motivos de discapacidad, prestando especial atención a las mujeres y los niños con discapacidad, a las personas de más edad y a las personas con necesidades de apoyo complejas, incluidas las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales y las personas cuya discapacidad evoluciona en el transcurso del tiempo;

28.  Lamenta que el Consejo no haya adoptado todavía la propuesta de Directiva de 2008 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de la religión y las convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual; reitera su solicitud al Consejo para que adopte cuanto antes la propuesta mencionada;

29.  Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que integren en sus políticas los derechos de las mujeres y los niños con discapacidad, en particular en la próxima Agenda de la Unión Europea en pro de los Derechos del Niño, y que garanticen la consulta de los niños y las niñas y de sus organizaciones representativas sobre todas las cuestiones que les afectan, prestando la asistencia apropiada en función de la discapacidad y la edad de los interesados;

30.  Destaca que, para garantizar la protección de los derechos de los niños con discapacidad, debe garantizarse un apoyo adecuado a las familias reforzando y potenciando los instrumentos legislativos de que dispone la Unión, como el instrumento que prevé la prolongación del permiso parental para los padres de niños con discapacidad;

31.  Pide a la Comisión que garantice que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar del derecho a la libre circulación del que son titulares todos los ciudadanos de la Unión incluyendo en la legislación actual y futura disposiciones que garanticen la igualdad de oportunidades, los derechos fundamentales y un acceso igualitario a los servicios y al mercado laboral, así como los mismos derechos y obligaciones en el acceso a la seguridad social que los nacionales del Estado miembro en el que estén inscritas, en consonancia con el principio de igualdad de trato y no discriminación; pide, por otra parte, a los Estados miembros que, por lo que se refiere a la igualdad en el empleo, cumplan plenamente las disposiciones de la Directiva refundida 2006/54/CE sobre igualdad de género en la Unión Europea;

32.  Destaca la necesidad de apoyar a las jóvenes y mujeres migrantes con discapacidad para que puedan adquirir competencias que les permitan encontrar un empleo adecuado;

33.  Destaca que, con miras a garantizar una vida autónoma e independiente para las personas con discapacidad —en particular, las mujeres—, la asistencia (personal o pública) es un instrumento que serviría de apoyo a dichas personas y a sus familias, facilitándoles el acceso al lugar de trabajo y a los centros educativos y de formación profesional y ayudándolas en caso de embarazo y maternidad;

34.  Reitera la urgente necesidad de abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad en entornos privados e institucionales, y pide a los Estados miembros que establezcan servicios de apoyo accesibles para las mujeres y las niñas con cualquier tipo de discapacidad; aboga por que la Unión Europea se adhiera al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) como un paso más para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad;

35.  Recuerda la importancia del derecho fundamental a la participación de las personas con discapacidad en los procesos de elaboración de políticas y toma de decisiones sobre la discapacidad en todos los niveles, tal como subraya la CDPD; destaca la necesidad de capacitar y potenciar a las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular a las procedentes de grupos marginados y vulnerables expuestos a discriminación múltiple, para que puedan participar en los procesos de toma de decisiones, con miras a garantizar la expresión, el apoyo y la protección de sus intereses y derechos, asegurando así una verdadera perspectiva de género desde la base; insta a los Estados miembros a que ofrezcan servicios e instalaciones debidamente adaptados que faciliten su implicación y participación activa, que inviertan en tecnologías adaptativas y asistenciales y que fomenten la inclusión digital de estos colectivos;

36.  Pide a las instituciones de la Unión que adopten medidas eficaces para fortalecer las vidas de las mujeres con discapacidad de conformidad con las recomendaciones del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas en relación con la revisión de la aplicación de la CDPD por la Unión Europea;

37.  Expresa su preocupación por el hecho de que la educación de los niños con discapacidad recaiga principalmente en las mujeres;

38.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan la campaña de sensibilización acerca de la CDPD, luchando contra los prejuicios y promoviendo una mejor comprensión de todas las personas con discapacidad, a fin de que las decisiones se adopten sobre la base de sus necesidades reales;

39.  Apoya las iniciativas dirigidas a sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades que afrontan las personas con discapacidad y a concienciar en mayor medida a las personas con discapacidad acerca de su potencial y sus posibles aportaciones a la sociedad, en particular mediante programas educativos específicos en los centros escolares; destaca que la importancia de la CDPD radica fundamentalmente en su voluntad de promover un cambio en las actitudes culturales, de forma que se reconozca que son los obstáculos en el entorno social y económico los que discapacitan a las personas, y no la discapacidad propiamente dicha;

40.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que elaboren estrategias de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad, que faciliten la formación del personal de los transportes y el sector turístico para sensibilizarlos acerca de la discapacidad y la igualdad de trato y que fomenten la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones europeas que trabajan en el ámbito de la discapacidad y los organismos públicos y privados responsables del sector del transporte; insta a dichas autoridades a que garanticen que el material utilizado para la formación esté disponible también en formatos accesibles;

41.  Destaca que el personal de las compañías aéreas debe recibir una formación rigurosa para prestar los servicios adecuados a las personas con discapacidad; destaca la necesidad de garantizar que el personal pueda manipular las sillas de ruedas sin dañarlas;

42.  Acoge con satisfacción la propuesta de un Acta Europea de Accesibilidad(22) y manifiesta su compromiso con su rápida adopción al objeto de garantizar la accesibilidad a bienes y servicios, incluidos los edificios en los que se presten dichos servicios, así como mecanismos nacionales de aplicación y de denuncia eficaces y accesibles; recuerda la necesidad de adoptar un enfoque integral de la accesibilidad y medidas que garanticen el derecho a la accesibilidad a las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad, de conformidad con el artículo 9 de la CDPD;

43.  Destaca la necesidad de adoptar el Acta Europea de Accesibilidad, que contribuiría a resolver todos los problemas vinculados a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en los ámbitos del transporte, la movilidad y el turismo y garantizaría que los servicios de transporte de pasajeros por vía aérea, autobús, ferrocarril y vías navegables —especialmente en lo que se refiere al transbordo y el acceso sin escaleras en todas las redes públicas de metro y ferrocarril—, los sitios web, los servicios basados en dispositivos móviles, los terminales inteligentes expendedores de billetes, de información en tiempo real y de autoservicio, las máquinas expendedoras de billetes y las máquinas de facturación que se utilizan para la prestación de servicios de transporte de pasajeros sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad;

44.  Reconoce que reportará ventajas a las pequeñas y medianas empresas atenerse a unos requisitos europeos normalizados en lugar de tener que adaptarse a normas nacionales divergentes; lamenta, no obstante, que los productos turísticos y los servicios turísticos de naturaleza transfronteriza no figuren en la propuesta de Acta Europea de Accesibilidad; destaca que no se han adoptado otras medidas a nivel de la Unión en relación con las instalaciones y los servicios turísticos para armonizar gradualmente la clasificación de los alojamientos teniendo en cuenta criterios de accesibilidad;

45.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan en mayor medida la investigación y el desarrollo, sobre todo respecto a la accesibilidad de nuevas tecnologías innovadoras para las personas con discapacidad;

46.  Pide a la Comisión que, al elaborar futuros actos legislativos en ámbitos relevantes —por ejemplo, la Agenda Digital—, tenga en cuenta que la accesibilidad en las TIC reviste la misma importancia que la accesibilidad en el entorno físico;

47.  Alienta a los Estados miembros a que, en la aplicación del principio de accesibilidad, garanticen el respeto del principio de «diseño universal» en los actuales y futuros proyectos de construcción, en el lugar de trabajo y, en particular, en los edificios públicos, por ejemplo en los edificios de centros escolares financiados con fondos públicos;

48.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que cooperen con el Parlamento en la elaboración de una directiva clara y eficaz sobre la accesibilidad de las páginas web de los organismos del sector público, con un amplio alcance y un mecanismo de aplicación sólido, en consonancia con la propuesta de Acta Europea de Accesibilidad y la CDPD, de forma que se garantice que los 80 millones de personas con discapacidad y los 150 millones de personas de más edad en la Unión Europea puedan acceder en condiciones de igualdad a los sitios web y a los servicios públicos en línea;

49.  Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, garantice que el número de emergencia 112 sea plenamente accesible y fiable en toda la Unión, utilizando tecnologías de vanguardia a escala nacional y en régimen de itinerancia, en particular para las personas con discapacidad y problemas de audición, con el fin de reducir el número de víctimas mortales y de heridos; destaca la necesidad de aplicar medidas a nivel nacional y garantizar, entre otros aspectos, la compatibilidad en todos los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a la disponibilidad de puntos de emergencia nacionales accesibles;

50.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los servicios, las aplicaciones y los dispositivos sanitarios electrónicos y móviles —incluidos el número de emergencia 112, que debe ser de fácil utilización en toda Europa, y el sistema de localización móvil avanzada de emergencia (AML)— sean plenamente accesibles para los pacientes con discapacidad y sus cuidadores, y que aprovechen mejor el potencial inherente a la telemedicina con el fin de mejorar el acceso y la asistencia en este contexto;

51.  Destaca la necesidad de reforzar la asistencia y las disposiciones específicas para las personas con discapacidad en los entornos humanitarios, en particular para los niños, y pide a la Comisión que elabore una lista de las inversiones y la financiación de apoyo a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, de forma que se presenten los datos desglosados por género y edad;

52.  destaca que los actuales conflictos y las catástrofes naturales son factores que también contribuyen al aumento del número de personas con discapacidad;

53.  Apoya las recomendaciones de los expertos del Comité de la CDPD en el sentido de que la Unión sea más accesible e integradora, con miras a elaborar una estrategia basada en los derechos humanos con respecto a las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencia, en particular en lo que se refiere a la aplicación del Marco de Sendai para la reducción del riesgo de catástrofes 2015-2030; insta encarecidamente a que las políticas de la Unión en el ámbito de la migración y los refugiados integren los derechos humanos de las personas con discapacidad, que son objeto de una doble discriminación; destaca que estas medidas deberían dar una respuesta adecuada a las necesidades específicas de las personas con discapacidad y atender a la exigencia de medidas de alojamiento razonables en función de las necesidades; alienta una mayor integración de las necesidades de las personas con discapacidad en la respuesta humanitaria de los Estados miembros y la Unión;

54.  Pide a la Unión que asuma el liderazgo en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en la aplicación del Marco de Sendai y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los países socios, las organizaciones regionales y a nivel mundial;

55.  Pide a la Comisión que adopte un plan de aplicación en consonancia con las Conclusiones del Consejo sobre la gestión de catástrofes que tenga en cuenta a las personas con discapacidad, de febrero de 2015, y el Marco de Sendai;

56.  Reitera la importancia de las Conclusiones del Consejo sobre la integración de la gestión de las catástrofes que tenga en cuenta a las personas con discapacidad en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y los Estados miembros; pide que se refuerce la sensibilización entre las personas con discapacidad y los servicios de emergencias y protección civil, que se suministre información a esos colectivos sobre las iniciativas dirigidas a reducir el riesgo de catástrofes y que se facilite ayuda psicológica a las personas con discapacidad en la fase de recuperación de las catástrofes;

57.  Destaca la importancia que reviste prestar un apoyo especial a las personas con discapacidad en las situaciones posteriores a las emergencias;

58.  Reconoce que los miembros vulnerables de la sociedad sufren una mayor marginación si tienen una discapacidad, y destaca que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos dirigidos a garantizar la plena cobertura de los derechos y servicios a todas las personas con discapacidad, incluidos los apátridas, las personas sin hogar, los refugiados y los solicitantes de asilo, así como las personas pertenecientes a minorías; insiste en la necesidad de integrar la discapacidad en las políticas de la Unión Europea en el ámbito de la migración y los refugiados;

59.  Pide a la Comisión y al Consejo, de conformidad con el artículo 11 de la CDPD, que cuando elaboren propuestas para solucionar la cuestión de los refugiados, en lo relativo a la financiación o a otras medidas de apoyo, prevean atención especial para las personas con discapacidad;

60.  Destaca que la Unión Europea debería adoptar las medidas pertinentes que garanticen que todas las personas con discapacidad que se hayan visto privadas de su capacidad legal puedan ejercer la totalidad de los derechos consagrados en los tratados y la legislación de la Unión, en particular en lo que se refiere al acceso a la justicia y a los bienes y servicios, los servicios bancarios, los servicios de empleo, la asistencia sanitaria, los derechos de sufragio activo y los derechos del consumidor;

61.  Reconoce que la CDPD ha demostrado ser un instrumento importante y positivo para promover la reforma legislativa y exigir a los Estados miembros que reexaminen la percepción social de las personas con discapacidad; lamenta, no obstante, los difíciles retos que debe afrontar este colectivo en ámbitos estratégicos como la justicia penal y la participación política; considera prioritario que todas las personas con discapacidad tengan un acceso pleno y total al sistema político; reconoce que dicho acceso no puede limitarse al simple acceso físico para emitir un voto, y que debería incluir un amplio abanico de iniciativas destinadas a abrir el proceso democrático a todos los ciudadanos; considera que estas deberían incluir material electoral en lengua de signos, braille y formatos de lectura fácil, la plena prestación de la ayuda necesaria a las personas con discapacidad durante los procesos de votación, la promoción del voto por correo y la delegación del voto siempre que sea posible y la supresión de los obstáculos para aquellos ciudadanos con discapacidad que deseen presentarse a las elecciones, así como el examen de las normas vigentes en relación con la capacidad jurídica y su impacto en la capacidad de los individuos para participar plenamente en el proceso democrático; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se aplica adecuadamente y en su totalidad, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, así como las disposiciones de la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales y, en particular, la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad;

62.  Lamenta profundamente que numerosos Estados sigan negando o restringiendo, mediante acciones judiciales, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual; pide a los Estados miembros que planteen con un enfoque positivo la cuestión de la capacidad jurídica, orientándola más bien hacia la inclusión con apoyo en lugar de la exclusión automática;

63.  Muestra su inquietud por las dificultades que deben afrontar todavía las personas con discapacidad para acceder a la justicia; recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental básico y un componente esencial del Estado de Derecho; pide a los Estados miembros que adopten medidas dirigidas a garantizar la plena adecuación procesal y a adaptar los procedimientos a este colectivo; estima que la Comisión debería considerar la posibilidad de incluir programas de formación específicos sobre la CDPD en el programa de justicia de la Unión 2014-2020; propone que los tribunales de la Unión apliquen sus instrucciones y normas internas de forma que se facilite el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y que se tengan también en cuenta las recomendaciones generales del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas en la administración de la justicia;

64.  Reconoce las múltiples vías de asistencia funcional que el Convenio de la Haya sobre la Protección Internacional de los Adultos ofrece para la aplicación y el apoyo de las obligaciones internacionales de las partes de la CDPD; lamenta, a este respecto, que la Comisión no haya actuado con arreglo a la Resolución del Parlamento, de 18 de diciembre de 2008, en la que este le formula recomendaciones sobre las implicaciones transfronterizas de la protección jurídica de los adultos;

65.  Destaca la violencia, la intimidación y los abusos sexuales en los centros escolares, los hogares y las instituciones, a los que son más vulnerables los niños con discapacidad; pide a la Unión y a los Estados miembros que intervengan de forma más eficaz y que combatan la violencia contra los niños con discapacidad mediante medidas específicas y servicios de apoyo accesibles;

66.  Pide a la Comisión que adopte medidas eficaces dirigidas a las familias, las comunidades, los profesionales y las instituciones para evitar la violencia contra los niños con discapacidad; señala que los centros escolares son fundamentales a la hora de promover la integración social, y destaca que son necesarios mecanismos adecuados que posibiliten la inclusión en los centros escolares ordinarios y garanticen que profesores y educadores están debidamente preparados y formados para reconocer la violencia contra los niños con discapacidad y reaccionar cuando esta se produzca;

67.  Pide, asimismo, a los Estados miembros que garanticen que el tratamiento y el internamiento involuntarios están prohibidos por ley, de conformidad con las normas internacionales más recientes;

68.  Insta a que se garantice el principio de la libre circulación de las personas con discapacidad en la Unión mediante la supresión de todas las barreras que obstaculizan todavía el ejercicio de esa libertad;

69.  Señala que debe garantizarse la libre circulación de los ciudadanos europeos para las personas con discapacidad, por lo que los Estados miembros deben garantizar el reconocimiento mutuo de su situación y de los derechos sociales (artículo 18 de la CDPD);

70.  Lamenta que el Consejo no haya aceptado la inclusión de documentos relativos a la discapacidad en el ámbito de aplicación del Reglamento por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión;

71.  Acoge con satisfacción el proyecto piloto sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad; lamenta la participación limitada de los Estados miembros en el proyecto sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad, que facilita con medidas prácticas la movilidad y el reconocimiento mutuo de los derechos de los ciudadanos con discapacidad en los Estados miembros;

72.  Destaca que, en aras del pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad, es necesario garantizar su libertad de elección en cuanto a su modo de vida y a la mejor forma de aprovechar su potencial, por ejemplo haciendo un mayor uso de instrumentos como los cuidadores;

73.  Lamenta profundamente las pésimas condiciones en las que se encuentran las personas con discapacidad en algunos Estados miembros, y pide a estos últimos que hagan todo lo posible por cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en particular su artículo 3 sobre la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes;

74.  Insta a la Comisión y al Consejo a que atiendan mejor las necesidades de las personas con discapacidad y a que tengan en cuenta dichas necesidades de forma coherente al revisar los reglamentos de la Unión, por ejemplo los relativos a los derechos de los pasajeros en los distintos modos de transporte (Reglamentos (CE) n.º 1107/2006 y (CE) n.º 261/2004 relativos al transporte aéreo, el Reglamento (CE) n.º 1371/2007 sobre el transporte por ferrocarril, el Reglamento (UE) n.º 1177/2010 sobre el transporte por vías navegables y el Reglamento (UE) n.º 181/2011 sobre el transporte en autobús y autocar), y al elaborar legislación, por ejemplo en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de viajes multimodales; destaca que en 2010 la Unión expresó su compromiso con una Europa sin barreras en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020;

75.  Pide a la Unión que refuerce el control de la aplicación de la legislación relativa a los derechos de los pasajeros y armonice la labor de los órganos nacionales de control, y pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para aplicar la legislación de la Unión encaminada a mejorar la accesibilidad a escala local, regional y estatal en el ámbito del transporte y del turismo (incluidos los transportes en autobús y taxi, transporte público urbano, por ferrocarril, por vía aérea y por vías navegables, además de las estaciones, aeropuertos y puertos) y que supriman los obstáculos para conseguir una Europa sin barreras, por ejemplo reforzando las competencias de los órganos de control correspondientes en el marco de la legislación relativa a los derechos de los pasajeros, con el fin de garantizar que todos los pasajeros con discapacidad disfruten efectivamente de los mismos derechos en toda la Unión, también en lo que se refiere a la accesibilidad, la normalización, la armonización, los requisitos técnicos, los incentivos a las empresas, la política sindical y los convenios colectivos;

76.  Pide a la Comisión que aclare las responsabilidades de todos los implicados en la atención a las personas con movilidad reducida, especialmente en lo que se refiere al transbordo entre diferentes modos de transporte, y que suministre al Parlamento información sobre la participación de las asociaciones de personas con discapacidad y su papel en la aplicación de las normativas que regulan los derechos de los pasajeros;

77.  Destaca que la accesibilidad sin barreras a los servicios de transporte, los vehículos, las infraestructuras y los nudos de conexión intermodal, en particular en las zonas rurales, es fundamental para asegurar unos sistemas de movilidad libres de discriminaciones subyacentes; destaca, a este respecto, que las personas con discapacidad deben tener acceso a los productos y servicios, y que deben desplegarse mayores esfuerzos para facilitar la accesibilidad de los servicios, los vehículos y las infraestructuras de transporte y de turismo; recuerda que el Mecanismo Conectar Europa brinda la posibilidad de financiar acciones en el entorno urbano y medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad en favor de las personas con algún tipo de discapacidad, que pueden suponer hasta el 10 % del coste de la adaptación;

78.  Pide a la Comisión que, en su informe anual sobre la aplicación de los fondos de la RTE-T, publique los progresos realizados en las acciones y la cuantía de la ayuda otorgada para adaptar las infraestructuras a las personas con discapacidad con cargo al Mecanismo Conectar Europa y otros tipos de fondos de la Unión; pide, asimismo, a la Comisión que emprenda acciones dirigidas a fomentar una mayor participación en los proyectos de adaptación de la infraestructura a las personas con discapacidad que incluya, entre otros elementos, sesiones de información y divulgación entre posibles promotores;

79.  Destaca, a este respecto, la importancia que reviste financiar acciones en el entorno urbano, en el que tiene lugar el mayor número de transbordos entre los diferentes modos y en el que las personas con algún tipo de disfunción en la movilidad encuentran las mayores dificultades;

80.  Destaca que los formatos permanentemente accesibles deben ocupar un lugar prioritario en las políticas relativas al mercado de movilidad digital y facilitar el acceso a las personas con cualquier tipo de discapacidad mediante el uso de lenguajes, formatos y tecnologías accesibles adecuados a las diferentes clases de discapacidad, incluida la lengua de signos, el braille, los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos y otros medios, modos y formatos de comunicación accesibles de su elección, como un lenguaje de fácil lectura o los pictogramas, el subtitulado y los mensajes de texto personales para la información relativa a viajes, reservas y emisión de billetes, que permitan el uso de más de un canal sensorial; insta a la Comisión, en relación con la infraestructura y los servicios de transporte, a que establezca unos mecanismos de seguimiento y control adecuados que garanticen que los dispositivos de accesibilidad y asistencia para personas con discapacidad se ofrezcan también en los servicios públicos de transporte en todos los Estados miembros;

81.  Hace hincapié en que las personas con discapacidad deben poder obtener información sobre servicios multimodales y transfronterizos que ofrezcan servicios de transporte puerta a puerta, de tal modo que puedan elegir entre el servicio más sostenible, más barato o más rápido y puedan reservar y abonar dichos servicios en línea;

82.  Pide que se facilite información sobre los viajes en tiempo real, de tal forma que, antes de emprender el viaje, las personas con discapacidad puedan obtener información sobre posibles perturbaciones o fórmulas alternativas de viaje;

83.  Destaca que las personas con discapacidad deben tener acceso a la información y la comunicación en formatos y tecnologías accesibles, apropiados para los diferentes tipos de discapacidad, incluido el lenguaje de signos, el braille, la comunicación aumentativa y alternativa y los demás medios, modos o formatos de comunicación accesibles que elijan, incluidos los formatos de fácil lectura y el subtitulado; pide, por tanto, a la Comisión que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación de legislación de la Unión Europea sobre el acceso a la información y la comunicación; insta al Consejo a que adopte sin mayor dilación la Decisión relativa a la celebración del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso; pide al Consejo y a los Estados miembros que apliquen medidas coherentes y eficaces que sean acordes con sus normativas;

84.  Recuerda que los artículos 19, 24 y 30 de la CDPD garantizan el derecho a una vida independiente, a la integración y al acceso a un sistema educativo y formativo inclusivo y a la participación en actividades cívicas y culturales, recreativas y deportivas; recuerda, asimismo, que estos derechos están protegidos por el Derecho de la Unión Europea, en particular en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíbe toda discriminación por razón de discapacidad, y sobre la base del principio relativo a la participación y la inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en la sociedad, incluida su participación democrática (artículo 3 de la CDPD); pide, en consecuencia, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas dirigidas a garantizar que las personas con discapacidad disfrutan de un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, no solo a ámbitos clave como una educación inclusiva y de calidad, la cultura y el deporte, sino también a actividades extracurriculares como el arte dramático, el aprendizaje de lenguas o el arte; pide a la Comisión que incluya en la Estrategia Europa 2020 indicadores específicos en materia de discapacidad en el marco de la consecución de los objetivos de educación y formación;

85.  Recuerda el proyecto de observación general del Comité de la CDPD de las Naciones Unidas en relación con el artículo 24 («derecho a la educación inclusiva»), que detalla su contenido normativo, las obligaciones de los Estados, su relación con otras disposiciones de la Convención y su aplicación a escala nacional;

86.  Recuerda que los programas dirigidos a los jóvenes deben prestar especial atención a los jóvenes con discapacidad;

87.  Señala que las estrategias para la juventud posteriores a 2018 deben integrar las necesidades de los jóvenes con discapacidad;

88.  Recuerda que, con frecuencia, las personas con discapacidad quedan excluidas o no disfrutan de un acceso efectivo a los servicios educativos y de formación, respecto a los cuales es necesario emprender procesos educativos adaptados que tengan en cuenta el grado de discapacidad para ayudar a este colectivo a alcanzar su pleno potencial social, económico y educativo; destaca que deberían adoptarse las medidas necesarias que garanticen que todos los estudiantes con discapacidad se benefician de adaptaciones razonables que les permitan disfrutar de su derecho a una educación inclusiva y de calidad; alienta a los Estados miembros y a las administraciones locales y regionales competentes a que refuercen los programas de formación y las oportunidades de desarrollo profesional continuo para todas las partes interesadas que participan en entornos educativos no formales o informales, así como su acceso a las infraestructuras de las TIC, con el fin de respaldar su trabajo con estudiantes con discapacidad y combatir los prejuicios con respecto a las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidades psicosociales e intelectuales;

89.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para luchar contra la segregación y el rechazo de los estudiantes con discapacidad en las escuelas y los entornos docentes y ofrecerles acceso a ajustes razonables y al apoyo que necesitan, con vistas a que el alumno pueda desarrollar todo su potencial; destaca que la igualdad de oportunidades solo puede alcanzarse si se garantiza el derecho a una educación y formación inclusivas a todos los niveles y en todos los tipos de educación y formación, incluida la formación permanente, y, por tanto, solo si se garantiza el reconocimiento de las cualificaciones de las personas con discapacidad, en particular de aquellas adquiridas gracias a entornos de aprendizaje de apoyo en los que estas personas puedan adquirir específicamente competencias y aptitudes que les permitan superar sus discapacidades; pone de manifiesto las insuficiencias técnicas y económicas que menoscaban al funcionamiento de los programas de educación especial, en particular en aquellos Estados miembros afectados por la crisis, y pide a la Comisión que estudie cómo mejorar la situación;

90.  Observa el progreso alcanzado en la regulación de los programas de intercambio de estudiantes, en particular el programa Erasmus+, al incluir un apoyo económico suplementario a la movilidad de estudiantes y personal con discapacidad, e insiste en que es necesario seguir incorporando disposiciones específicas en todos los componentes del programa; es consciente de que los estudiantes con discapacidad siguen enfrentándose en la práctica a numerosas barreras (relacionadas con las actitudes, la comunicación, la arquitectura, la información, etc.); pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su compromiso en favor de la participación de las personas con discapacidad en los programas de intercambio de la Unión, y que mejoren la visibilidad y transparencia de las oportunidades de movilidad; pide asimismo a la Comisión que promueva el intercambio de buenas prácticas por lo que respecta al acceso a los programas de intercambio de los estudiantes y profesores con discapacidad;

91.  Pide que los sistemas educativos se abstengan de crear entornos que etiqueten a los alumnos, como la clasificación de los estudiantes en grupos en función de su nivel, ya que afectan negativamente a los estudiantes con discapacidad, especialmente a los que tienen dificultades para el aprendizaje;

92.  Insta a la Comisión a que incorpore un componente específico relativo a la discapacidad en su examen de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza e insta a los Estados miembros a que prosigan la aplicación de dicha Directiva desde la perspectiva de las necesidades de las personas con discapacidad y su derecho a conocer y utilizar realmente, en igualdad de condiciones con los demás, las disposiciones y los instrumentos que esta contiene y que son poco conocidos incluso entre el público general;

93.  Destaca la fuerte correlación entre la discapacidad, que afecta a un 15 % de la población de la Unión, y la enfermedad, vistas las dificultades y los obstáculos persistentes en el acceso que provocan una prestación de servicios sanitarios inadecuada o incompleta a las personas con discapacidad, también cuando su discapacidad se deriva precisamente de una reacción adversa a medicamentos; señala que el acceso insuficiente a servicios sanitarios de calidad repercute de manera negativa en las posibilidades de las personas con discapacidad de vivir de forma independiente, integrada y en pie de igualdad con los demás;

94.  Observa con preocupación que entre las personas con discapacidad sea significativamente superior el porcentaje de denuncias tanto de denegación o de insuficiencias en relación con la asistencia como de situaciones de tratamiento forzoso o maltrato, lo que indica una formación insuficiente de los profesionales de la salud en lo que respecta a las necesidades de asistencia sanitaria de las personas con discapacidad; pide a los Estados miembros que inviertan en la formación de los profesionales que tratan y asisten a las personas con discapacidad;

95.  Subraya que debe obtenerse el consentimiento informado de las personas con discapacidad en todos los actos médicos que lo requieran y que deben ponerse los medios necesarios para que esas personas puedan acceder a la información pertinente y entenderla; señala que este consentimiento debe otorgarse personalmente, con antelación y con conocimiento de causa, con el soporte de los mecanismos necesarios para asegurar que se cumplen estas condiciones, y que deben tomarse medidas similares y adecuadas destinadas a las personas con discapacidades psicosociales;

96.  Pide a la Comisión que integre enfoques que tengan en cuenta la discapacidad en sus instrumentos y políticas sobre salud de manera que contribuyan a mejorar los resultados en materia de salud para las personas con discapacidad en los Estados miembros, mejorando la accesibilidad física, medioambiental y sensorial, y aumentando la calidad y la asequibilidad, y que, en el marco del desarrollo en este sentido de sus instrumentos y políticas, celebre consultas exhaustivas con las personas con discapacidad;

97.  Reitera que los derechos reproductivos forman parte de las libertades fundamentales garantizadas por la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 1993, y por la CDPD, y comprenden: el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia; el derecho a servicios de salud reproductiva completos, incluidos servicios de planificación familiar y salud materna, educación e información; el derecho a otorgar consentimiento informado para cualquier procedimiento médico, incluida la esterilización y el aborto; y el derecho a no ser objeto de abusos sexuales ni de explotación sexual.

98.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que todos los cuidados y servicios sanitarios proporcionados a las mujeres con discapacidad, incluidos todos los cuidados y servicios de salud mental y reproductiva, sean accesibles y se presten con el consentimiento libre e informado de la persona afectada;

99.  Insta a los Estados miembros a que adopten directrices para garantizar que toda la educación, la información, la atención sanitaria y los servicios asociados a la salud sexual y reproductiva están disponibles para las mujeres y las niñas con discapacidad en formatos accesibles y adaptados a su edad, como los lenguajes de signos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos y otros modos, medios y formatos de comunicación alternativos;

100.  Reitera que se ha de tener en cuenta la necesidad de ofrecer ayuda especializada, incluida asistencia para el cuidado de los niños, a las mujeres y los hombres con discapacidad y a sus familias, para permitirles disfrutar plenamente de la maternidad y la paternidad;

101.  Señala que debe garantizarse la no discriminación de las personas con discapacidad en los regímenes de seguros de salud;

102.  Pide a la Comisión que desarrolle orientaciones a escala de la Unión destinadas a los puntos de contacto nacionales sobre la manera de proporcionar información accesible a todos los pacientes sobre los cuidados en otros Estados miembros, teniendo presente la función específica de las organizaciones de pacientes;

103.  Anima a la Comisión a que ayude a los Estados miembros y a los miembros de las redes europeas de referencia ampliando los recursos y las competencias de la red a formas de discapacidad que, no siendo necesariamente raras, requieren también una atención sanitaria altamente especializada, prestada por equipos de atención sanitaria multidisciplinarios, y una concentración de conocimientos y recursos a través de este marco;

104.  Considera que debe mejorarse la accesibilidad de las personas con discapacidad a los productos y servicios sanitarios; señala que las barreras de carácter económico y las derivadas de la relación coste-beneficio impiden mejorar y materializar esa accesibilidad; considera que una mayor participación de las personas con discapacidad en las fases de desarrollo de los productos y servicios sanitarios contribuirá a garantizar un mayor grado de seguridad y accesibilidad;

105.  Subraya que las personas con discapacidades físicas también se enfrentan a problemas en el mercado de movilidad digitalizado y pide que se facilite el acceso a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad en lenguajes, formatos y tecnologías accesibles adecuados a las diferentes clases de discapacidad, incluida la lengua de signos, el braille, los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, y otros medios, modos y formatos de comunicación de su elección, como un lenguaje de fácil lectura, el subtitulado y los mensajes de texto personales, en particular en lo que se refiere a la información relativa a la salud, recurriendo a más de un canal sensorial;

106.  Insta a la Comisión a que haga un esfuerzo sostenido para reforzar la prevención y la promoción de la sanidad a fin de abordar las graves disparidades en materia de salud y acceso que afectan a las personas con discapacidad más vulnerables;

107.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que defiendan la clasificación de la enfermedad invalidante de la memoria como discapacidad;

108.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan de forma adecuada el papel fundamental de los familiares que ejercen de cuidadores y a que velen por que tengan un acceso adecuado a los servicios de salud, habida cuenta del impacto que el cuidado de una persona con discapacidad tiene en la salud física y mental y el bienestar de los cuidadores;

109.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por la portabilidad de los derechos y servicios laborales, incluidos los ajustes razonables en el contexto de la Directiva sobre igualdad en el empleo, y por que estos derechos y servicios sean coherentes con la libertad de circulación de las personas con discapacidad prevista en los Tratados; pide a los Estados miembros que ofrezcan incentivos a los empleadores y adopten políticas laborales que promuevan el empleo de las personas con discapacidad; reconoce el potencial de la economía social y de la economía digital emergente para proporcionar empleo a las personas con discapacidad;

110.  Manifiesta su preocupación por las elevadas tasas de desempleo de las personas con discapacidad, especialmente entre las mujeres con discapacidad, en comparación con otros grupos de población en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que fomenten y garanticen un marco legislativo y político favorable a la participación en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad, que incluya a las que sufren discapacidades ocultas, dolencias crónicas o dificultades de aprendizaje;

111.  Manifiesta su preocupación por que la Directiva sobre igualdad en el empleo no establezca explícitamente que la denegación de ajustes razonables para las personas con discapacidad constituye una forma de discriminación; pide a la Comisión que proporcione información sobre los tipos de quejas recibidas y que considere, en este contexto, si es necesaria una revisión de la Directiva;

112.  Hace hincapié en las ventajas de ir más allá del marco del empleo en talleres protegidos y de establecer condiciones de empleo para las personas con discapacidad que las integren en el mercado de trabajo abierto; destaca la importancia de la puesta en común de buenas prácticas entre las autoridades públicas, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, los proveedores de servicios de apoyo, empleadores con experiencia y otros actores pertinentes;

113.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que continúen promoviendo el empleo de las personas con discapacidad a través de empresas de economía social y solidaria y ayuden con ello a las personas con discapacidad a acceder al mercado laboral; a este respecto, pide a la Comisión que continúe promoviendo el nuevo mercado de inversiones sociales a través de las herramientas que han sido creadas como parte de la Iniciativa en favor del emprendimiento social e informe al Parlamento sobre los resultados de su revisión intermedia;

114.  Recuerda que, para evitar el despido de las personas con discapacidad, es fundamental que puedan desempeñar el trabajo conforme a la normativa específica; recomienda asimismo que se realicen los controles oportunos y se colabore con los servicios de empleo y las empresas para erradicar la marginación de las personas con discapacidad en el mundo laboral y aprovechar plenamente su potencial;

115.  Insta a los Estados miembros a que establezcan marcos de calidad para los periodos de prácticas y a que fomenten y desarrollen las posibilidades de formación y aprendizaje profesional de las personas con discapacidad, garantizando la introducción de ajustes razonables y la accesibilidad, a fin de asegurar la protección social y facilitar la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral;

116.  Pide a los Estados miembros que tomen medidas urgentes para prevenir y contrarrestar los efectos negativos que han tenido las medidas de austeridad en la protección social de las personas con discapacidad; pide a la Comisión que considere, en este contexto, establecer un nivel mínimo de protección social en la Unión, lo que garantizaría el respeto del derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado y a protección social;

117.  Pide a los Estados miembros que pongan en marcha mecanismos eficaces para evitar o mitigar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, en especial de los niños con discapacidad, en el contexto de un pilar europeo de derechos sociales;

118.  Insta a la Comisión a que permita que los Estados miembros sujetos a programas de ajuste presupuestario eximan a las personas con discapacidad de las medidas de austeridad, en particular, en lo que respecta al sector sanitario;

119.  Pide a los Estados miembros que se abstengan, en lo que respecta a las prestaciones por discapacidad, los servicios locales, los servicios sanitarios o los programas de educación y formación, de efectuar recortes que debiliten la CDPD y aumenten aún más el nivel de pobreza y exclusión social;

120.  Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros, una vez más para combatir la exclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, a que promuevan, sobre la base de normas comunes, medidas de lucha contra la pobreza que afecta a muchas familias de personas con discapacidad, tomando como referencia indicadores claros a partir de los cuales modular las intervenciones asistenciales necesarias;

121.  Subraya que el artículo 7 y el artículo 96, apartado 7, del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes(23) exige a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que se consideran y se promueven la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en general y en los programas operativos en particular; pide un enfoque integrado para abordar las necesidades específicas de las personas con discapacidad; pide a la Comisión, por lo tanto, que supervise atentamente la aplicación de las condiciones generales ex ante sobre no discriminación y discapacidad; destaca que su evaluación debe valorar la adecuación de las medidas previstas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la integración de las personas con discapacidad, en particular en materia de accesibilidad de la financiación;

122.  Insta a los responsables políticos locales, regionales, nacionales y de la Unión a que velen por un seguimiento eficiente de la aplicación de las disposiciones destinadas a luchar contra la discriminación, así como por la accesibilidad y el uso de la financiación de los Fondos EIE para apoyar una igualdad de acceso a todos los servicios, incluido internet, para las personas con discapacidad y soluciones habitacionales equitativas y suficientes en las comunidades locales de todas las zonas (esto es, las zonas rurales y poco habitadas y las zonas urbanas), así como para las instituciones encargadas de su atención; observa, no obstante, que las políticas sociales y su financiación siguen siendo principalmente responsabilidad de los Estados miembros;

123.  Pide a la Comisión que supervise atentamente el pleno cumplimiento del principio de no discriminación y la legislación asociada cuando se utilicen los Fondos EIE; subraya que los órganos responsables de fomentar la inclusión social y la no discriminación, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, deben participar en la asociación durante las fases de programación y de ejecución de los programas operativos, con el fin de garantizar que se tengan efectivamente en cuenta los intereses e inquietudes de las personas con discapacidad; insta a que el uso de los Fondos EIE respete las normas mínimas en materia de accesibilidad, movilidad y vivienda de las personas con discapacidad, y señala que esto conlleva una tarea importante y compleja, en particular para las autoridades locales y regionales;

124.  Pide a los Estados miembros que hagan un mejor uso de los Fondos Estructurales, en particular del Fondo Social Europeo y del Programa Europa Creativa y que hagan todo lo posible por impulsar la participación de las organizaciones nacionales, regionales y locales de personas con discapacidad; destaca además la importancia que reviste velar por la plena accesibilidad del mercado laboral y las iniciativas de educación y formación, Erasmus+, Garantía Juvenil y EURES para las personas con discapacidad;

125.  Pide a los Estados miembros que divulguen el principio con arreglo al cual los poderes adjudicadores de los Fondos EIE pueden excluir candidaturas que no cumplan el compromiso de accesibilidad para las personas con discapacidad;

126.  Celebra las condicionalidades ex ante sobre la inclusión social y su prioridad de inversión en relación con la «transición de los servicios institucionales a los servicios locales» en el Reglamento 1303/2013 sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; pide a los Estados miembros que utilicen los fondos con fines de desinstitucionalización y como herramienta para aplicar la CDPD;

127.  Manifiesta su preocupación por el mal uso que se está haciendo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para favorecer los ingresos en instituciones asistenciales, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que refuercen su supervisión en consonancia con la CDPD y de forma concertada con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad; recomienda suspender, retirar y recuperar los pagos a los Estados miembros si no se cumple la obligación de respetar los derechos fundamentales; considera que los principios de transparencia han de regir el procedimiento en su conjunto, desde la asignación de los fondos hasta su uso concreto;

128.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias, incluido el uso de los Fondos EIE y otros fondos de la Unión pertinentes, para establecer servicios asequibles y de alta calidad de apoyo a los niños y niñas con discapacidad y sus familias en las comunidades locales, en particular para niños y niñas con grandes necesidades de apoyo, para fomentar la desinstitucionalización y prevenir nuevos procesos de institucionalización, así como para promover comunidades inclusivas y el acceso a una educación inclusiva de calidad para los niños y niñas con discapacidad;

129.  Opina que las instituciones de la Unión deben plantearse la apertura de canales de financiación actuales y futuros para las organizaciones que representan de manera activa a las personas con discapacidad;

130.  Pide a la Comisión que continúe su labor en favor de la integración de las personas con discapacidad, proporcionado apoyo económico a diversos proyectos y organizaciones de base;

131.  Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que fomenten la participación activa de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, también a través de las organizaciones que las representan, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la CDPD; insta, además, a que se tengan debidamente en cuenta las opiniones expresadas por las personas con discapacidad en el marco de dichos procesos;

132.  Reitera la importancia de las excepciones y limitaciones de los derechos de autor y derechos afines en favor de las personas con discapacidad; toma nota de la celebración del Tratado de Marrakech, destinado a facilitar el acceso de las personas ciegas o con deficiencias visuales a las obras publicadas, y reitera su convencimiento de que la Unión es competente para celebrar dicho Tratado sin que la ratificación esté supeditada a la revisión del marco jurídico de la Unión o al momento en que el Tribunal de Justicia adopte una resolución; destaca asimismo, a este respecto, la necesidad de colaboración entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros para una rápida ratificación del Tratado de Marrakech;

133.  Subraya que cualquier cambio legislativo en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines debe facilitar a las personas con discapacidad acceso a las obras y los servicios protegidos por dichos derechos, sea cual sea su formato; recuerda que la Comisión debe presentar propuestas legislativas sobre excepciones y limitaciones de los derechos de autor y los derechos afines para garantizar que las personas con diferentes discapacidades tengan acceso a las obras y los servicios protegidos por tales derechos;

134.  Insiste en la importancia de los sistemas digitales para las personas con discapacidad como medio para facilitar su participación en todos los ámbitos de la sociedad, y recomienda que se siga estudiando el uso de tecnologías asistenciales integradas en el entorno en la educación; reconoce que un número desproporcionado de personas con discapacidad no tienen actualmente acceso a internet y que permanecen al margen de la evolución digital y, por ese motivo, pierden información, oportunidades o posibilidades de formación en nuevas competencias y no pueden acceder a servicios importantes; pide, por tanto, a los legisladores nacionales y de la Unión que prevean disposiciones sobre accesibilidad cuando apliquen la legislación del mercado único digital, que incorporen la cuestión de la accesibilidad de los contenidos digitales en todas las políticas pertinentes, que, para fomentar el uso de internet entre las personas con discapacidad, organicen programas de formación de «promotores de la sociedad digital» en las comunidades y que adopten las medidas necesarias para luchar contra la ciberdelincuencia y la ciberintimidación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los derechos de propiedad intelectual no supongan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a los materiales culturales y que consideren la posibilidad de establecer una excepción obligatoria a los derechos de autor en el caso de usos dirigidos a las personas con discapacidad directamente relacionados con la discapacidad y de carácter no comercial, en la medida en que lo requiera la discapacidad de que se trate; pide que se aplique en todas las políticas de la Unión un enfoque transversal de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

135.  Recuerda que el deporte es un instrumento extremadamente valioso en el contexto de la inclusión social, ya que ofrece oportunidades de interacción y la adquisición de aptitudes sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pongan en marcha programas específicos para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades y los acontecimientos deportivos; señala que el pleno acceso a los espectáculos culturales o las actividades recreativas es un derecho básico, por lo que pide a la Comisión que mejore la accesibilidad a los acontecimientos, infraestructuras, bienes y servicios relacionados, también en el ámbito audiovisual; celebra las iniciativas que tienen como objeto el subtitulado adaptado o la audiodescripción de las obras, en particular las audiovisuales, de manera que resulten accesibles para las personas con discapacidad;

136.  Opina que deben desarrollarse instrumentos digitales destinados a las personas con discapacidad para facilitar la integración de los deportistas con discapacidad, así como plataformas para el teletrabajo y el uso compartido de puestos y espacios de trabajo («hot desking» y «co-working»); considera además que la enseñanza y las infraestructuras deportivas de las escuelas deben adaptarse a las necesidades de los niños con discapacidad y que en cada Estado miembro debe haber un marco político estratégico nacional y regional para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con medidas concretas para el desarrollo de las competencias de las personas con discapacidad;

137.  Recuerda que el subprograma MEDIA dentro del programa Europa Creativa debe prestar especial atención a los proyectos que incorporen la cuestión de la discapacidad, y que debe ponerse de relieve el poder educativo de las películas y los festivales en este contexto;

138.  Subraya la importancia de la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan sacar el máximo provecho de la oferta turística europea;

139.  Hace hincapié en que los servicios turísticos deben tener en cuenta las necesidades especiales de las personas con discapacidad, como un acceso fácil a la información y la comunicación y a instalaciones como habitaciones, cuartos de baño, aseos y otros espacios interiores;

140.  Afirma que el principio «turismo para todos» debe ser el punto de referencia para todas las acciones vinculadas al turismo que se desarrollen a escala nacional, regional, local o europea; señala que los proveedores de servicios turísticos deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad fomentando la adaptación de las infraestructuras y las actividades de formación del personal.

Obligaciones específicas

141.  Pide que se desarrollen indicadores basados en los derechos humanos, y pide a los Estados miembros que proporcionen datos comparables cuantitativos y cualitativos desglosados por distintas categorías, como sexo, edad, situación laboral y discapacidad, para todas las actividades en la Unión; pide a la Comisión que financie actividades pertinentes de investigación y recopilación de datos, por ejemplo sobre accesibilidad del turismo y los servicios sanitarios, o sobre la violencia, el abuso y la explotación que padecen las personas con discapacidad, con independencia del tipo de discapacidad, en la comunidad y en las instituciones;

142.  Pide a la Comisión que, en consonancia con el artículo 31 de la CDPD, armonice la recopilación de datos sobre discapacidad mediante la realización de encuestas sociales a escala de la Unión, a fin de determinar con precisión los avances realizados en este ámbito e informar al respecto; destaca que, en el marco de dicha recopilación de datos, deben emplearse metodologías que integren a todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas con discapacidades graves y las que viven en centros; señala que todos los datos recopilados deben respetar rigurosamente las iniciativas en materia de protección de datos y derechos humanos, entre otras, las disposiciones recogidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva sobre protección de datos; subraya que las encuestas deben ser lo más específicas y focalizadas posible y deben acompañarse de estudios y seminarios adecuados, que den lugar a acciones oportunas y eficaces;

143.  Pide a la Comisión que integre de manera sistemática los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas de cooperación internacional de la Unión;

144.   Subraya la importancia de lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados con la discapacidad, en particular el objetivo cuatro —garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad— y la necesidad de incrementar el número de escuelas con acceso a infraestructura y materiales adaptados para los estudiantes con discapacidad y de invertir en las competencias de los docentes para lograr una educación inclusiva y la participación de los niños en la escuela y la comunidad;

145.  Destaca la promesa de no excluir a nadie y las referencias a las discapacidades que figuran en los ODS, en particular en las secciones relativas a la educación, el crecimiento y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en lo que se refiere a la recogida de datos y el control de los ODS, y recomienda que la Unión encabece la aplicación de los ODS inclusivos en materia de discapacidad; subraya asimismo las referencias al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres;

146.  Recomienda que la Unión asuma el liderazgo en la aplicación inclusiva en materia de discapacidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y establezca un plan de trabajo y una revisión intermedia de este a fin de garantizar un mecanismo de seguimiento y evaluación y velar por la rendición de cuentas de la Unión;

147.  Pide a la Comisión que elabore un plan de ejecución para los ODS y la reducción del riesgo de desastres en consonancia con la CDPD; destaca que un plan de esta índole debería contribuir en gran medida a la definición de indicadores en ámbitos relacionados con la discapacidad y la inclusión socioeconómica; destaca que en la definición de los indicadores de los ODS se ha de prestar una atención particular a la pobreza, la protección social, la cobertura sanitaria, la violencia contra las mujeres, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el acceso al agua, al saneamiento y a la energía, la resiliencia frente a las catástrofes y el registro de los nacimientos;

148.  Hace hincapié en que todos los programas y políticas de la Unión, tanto a nivel externo como interno, deben respetar la CDPD y establecer medidas específicas destinadas a garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se integren en todos los ámbitos, incluidos los programas y políticas humanitarios y de desarrollo; pide a la Unión que, a este fin, adopte una política armonizada sobre desarrollo inclusivo en materia de discapacidad y establezca un enfoque sistemático e institucionalizado para integrar los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas de cooperación internacional de la Unión;

149.  Recomienda que las delegaciones y agencias de la Unión den muestras de una comprensión suficiente de las estrategias de la Unión en materia de discapacidad y actúen de un modo inclusivo y accesible; sugiere la creación en el Servicio Europeo de Acción Exterior de un «punto de contacto» en relación con la CDPD; pide la introducción de una perspectiva relacionada con la discapacidad en todos los cursos de formación sobre derechos humanos impartidos en el marco de las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD);

150.  Pide, además, a la Unión que:

–  ponga en marcha más proyectos de desarrollo centrados específicamente en las personas con discapacidad;

–  establezca un mecanismo para la creación de capacidad y el intercambio de buenas prácticas entre las diferentes instituciones de la Unión y entre la Unión y sus Estados miembros en lo que se refiere a una ayuda humanitaria que sea accesible e inclusiva en materia de discapacidad;

–  establezca puntos de contacto para las cuestiones relacionadas con la discapacidad en las delegaciones de la Unión y prevea la figura de un operador que disponga de una formación que le permita interactuar con personas con discapacidad y ofrecerles sus competencias y capacidades;

–  plantee cuestiones relativas a la discapacidad en los diálogos con los países socios y respalde y se comprometa con una cooperación estratégica con las ONG de países socios que trabajan en el ámbito de la discapacidad;

–  revise el marco financiero plurianual y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el contexto de la CDPD;

–  incluya una referencia a la integración de la dimensión de la discapacidad en las políticas de la Unión en el posible nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo;

–  estudie la posibilidad de asignar fondos previstos para el conjunto de programas y políticas de cooperación internacional de la Unión a programas nacionales en favor de las personas con discapacidad;

–  garantice a los niños en riesgo un tratamiento oportuno, adecuado y completo, teniendo en cuenta la importancia de una intervención precoz en estos casos;

151.  Celebra el nuevo objetivo 12 del Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 2015-2019; pide a la Comisión que vele por que la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se mencione sistemáticamente en los diálogos sobre derechos humanos con terceros países; pide al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos que lidere y supervise los progresos en este ámbito, en especial los esfuerzos de normalización en términos de accesibilidad;

152.  Expresa su apoyo a la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, en particular las comunidades locales, y a la financiación de servicios dirigidos a las personas que viven de manera independiente gracias a programas en el marco de los instrumentos para la financiación de la acción exterior; pide un uso más racional de los Fondos Estructurales de la Unión; pide una evaluación intermedia de los instrumentos de financiación exterior para examinar su eficacia a la hora de contribuir a la integración de las personas con discapacidad en sus sociedades, la eliminación de barreras y el fomento de la accesibilidad; pide, asimismo, que todo gasto en programas de la Unión que respalden la institucionalización eviten la segregación de las personas con discapacidad; pide el refuerzo y el control del gasto, en colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad;

153.  Sugiere que todas las personas empleadas por la Unión en la gestión de sus fronteras exteriores y centros de acogida de solicitantes de asilo reciban una formación específica en relación con las necesidades de las personas con discapacidad, para garantizar que se cubren dichas necesidades;

154.  Acoge con satisfacción que la Comisión se haya retirado del marco de supervisión independiente (el Marco de la Unión Europea); se compromete a encontrar la configuración más adecuada para el Marco de la Unión Europea, de forma que se ajuste plenamente a la CDPD y a los Principios de París, e insta a que el Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión por el que se establecen disposiciones internas para la aplicación por la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para la representación de la Unión Europea en dicha Convención se revise y modifique de tal modo que incluya asimismo al Parlamento Europeo;

155.  Destaca la necesidad de mejorar la cooperación política en este ámbito, incluidos los recursos financieros y humanos, de manera que se garanticen el cumplimiento de las obligaciones asociadas y la aplicación de las recomendaciones de la CDPD;

156.  Concede la máxima importancia al artículo 33 de la CDPD («Aplicación y seguimiento nacionales») y a las observaciones finales 76 y 77 del Comité de la CDPD y, por tanto, acoge con satisfacción la conformidad de dicho Comité con la presencia del Parlamento en el marco de supervisión de la Unión Europea;

157.  Insta a las autoridades presupuestarias a que asignen recursos suficientes para que el Marco de la Unión Europea pueda desempeñar sus funciones de manera independiente;

158.  Recuerda que la Comisión de Peticiones provee de protección activa a los ciudadanos europeos (personas físicas o jurídicas), en virtud del artículo 227 del TFUE, para que estos puedan reclamar contra una vulneración de sus derechos ante las instituciones europeas, nacionales y locales, incluidas las vulneraciones derivadas de la aplicación de políticas europeas que tengan como fin la aplicación de la CDPD en el ámbito de la Declaración relativa a la delimitación de las competencias aneja al instrumento de conclusión del Tratado;

159.  Señala el reconocimiento de la Comisión de Peticiones como instrumento institucional de la Unión (junto con el Defensor del Pueblo, cuyo cometido es defender al ciudadano en caso de mala administración) que puede desempeñar la función de protección dentro del marco de supervisión independiente, en consonancia con los principios de funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos («Principios de París»), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 48/134 de 1993;

160.  Recuerda que, para el desempeño de la función de protección, la Comisión de Peticiones pone al servicio del marco de supervisión independiente sus funciones de investigaciones preliminares de infracción del Derecho de la Unión en aplicación de la CDPD, la transmisión de peticiones a otras comisiones parlamentarias para que investiguen o inicien las acciones correspondientes, y las visitas a pie de campo para recabar información y entrar en contacto con las autoridades nacionales;

161.  Recuerda que la Comisión de Peticiones recibe cada año un número considerable de peticiones presentadas por personas con discapacidad en las que se refleja la realidad que viven millones de personas en toda la Unión que diariamente afrontan dificultades en ámbitos como el acceso al trabajo y al empleo, el sistema educativo y los transportes o la participación en la vida política, pública y cultural; resalta la importancia del artículo 29 de la CDPD sobre la participación y no discriminación de las personas con discapacidad en la vida política y pública;

162.  Recuerda que, a menudo, las peticiones que han recibido una mayor atención han sido respaldadas por organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad, por lo que existe la necesidad de promover y difundir el papel de protección y la efectividad de las peticiones basadas en la vulneración de estos derechos; aplaude el papel desempeñado por esas organizaciones a la hora de impulsar la integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad;

163.  Toma nota de las peticiones en las que se denuncian irregularidades cometidas en determinados Estados miembros a la hora de velar por la subsistencia de las personas con discapacidad, no solo en relación con la interrupción del pago de las subvenciones que establece la ley, sino también situaciones como la descrita en la petición n.º 1062/2014, según la cual las autoridades han adoptado decisiones administrativas de manera supuestamente arbitraria al objeto de reducir las prestaciones ya concedidas basándose en exámenes médicos dudosos que sirven en la práctica para rebajar el grado de discapacidad; pide a las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes que muestren una mayor sensibilidad al valorar las repercusiones de esas medidas en la vida de las personas afectadas y de sus familias, y pide a la Comisión que supervise cuidadosamente las diferentes políticas y medidas conexas en materia de discapacidad que se aplican en los distintos Estados miembros;

164.  Toma nota de que algunos Estados miembros que ya han ratificado la CDPD todavía deben establecer o designar los órganos encargados de aplicar y supervisar la Convención, como prevé su artículo 33; observa que la labor de los órganos ya establecidos, en especial por lo que respecta a los marcos de supervisión contemplados en el artículo 33, apartado 2, de la CDPD, se ve impedida por la falta de recursos financieros y humanos, así como por la ausencia de una base jurídica sólida para su designación;

165.  Insta a todos los Estados miembros a que asignen a los marcos de supervisión establecidos en virtud del artículo 33, apartado 2, de la CDPD unos recursos financieros y humanos suficientes y estables para llevar a cabo sus funciones; considera que también deben velar por la independencia de los marcos de supervisión asegurándose de que su composición y funcionamiento respetan los Principios de París relativos al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la CDPD, lo que se respaldaría mediante el establecimiento de una base jurídica formal que fije claramente las funciones y el ámbito de aplicación de los marcos; insta a los Estados miembros que no lo hayan hecho aún a que designen lo antes posible los órganos previstos en el artículo 33 de la CDPD y los doten de los recursos y mandatos necesarios para aplicar y supervisar eficazmente sus obligaciones en el marco de la CDPD;

166.  Destaca que es necesario reforzar la Red CDPD para coordinar adecuadamente la aplicación de la CDPD a nivel interno pero también interinstitucional, al tiempo que se implica activamente y se consulta a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en sus actividades y reuniones;

167.  Pide a todas las instituciones, agencias y organismos de la Unión que creen puntos de contacto, y destaca la necesidad de establecer un mecanismo transversal de coordinación interinstitucional que vincule las direcciones generales y las instituciones de la Unión; pide que se adopten las modalidades necesarias para ello dentro de la estrategia de aplicación de la CDPD;

168.  Pide que se refuerce la coordinación interinstitucional entre los mecanismos de aplicación de las diferentes instituciones de la Unión;

Conformidad de las instituciones de la Unión con la Convención (en cuanto administraciones públicas)

169.  Considera importante que la Comisión de Peticiones organice actos específicos centrados en las peticiones relativas al ámbito de las discapacidades y destaca la importante función que desempeña el diálogo con varias partes interesadas, así como sus aportaciones, incluidas otras comisiones pertinentes del Parlamento Europeo, miembros del Marco de la Unión Europea para la CDPD, organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad y miembros del mundo académico;

170.  Celebra que la audiencia pública sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad desde el punto de vista de las peticiones recibidas, organizada por la Comisión de Peticiones el 15 de octubre de 2015, aplicara normas exigentes en materia de accesibilidad, y recomienda que en el futuro todas las reuniones de las comisiones parlamentarias sean accesibles para las personas con discapacidad;

171.  Acoge con satisfacción la utilización del sistema braille en la comunicación con los peticionarios, y anima a todas las instituciones de la Unión a utilizar la lengua de signos, formatos de fácil lectura y el sistema braille en la comunicación con los ciudadanos, a fin de continuar e intensificar los esfuerzos de inclusión de los ciudadanos en la labor de las instituciones y el proyecto europeo;

172.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que garanticen una difusión amplia y clara de las oportunidades de participación en los procesos de consulta pública mediante medios de comunicación accesibles para las personas con discapacidad que usan sistemas como el braille o formatos de fácil lectura;

173.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que garanticen una difusión amplia y clara de las oportunidades de participación en los procesos de consulta a través de medios de comunicación accesibles, y que velen por que la participación pueda llevarse a cabo mediante otros formatos, como el braille o los formatos de fácil lectura, y por que las audiencias y las reuniones públicas en las que se debatan propuestas legislativas y de políticas sean completamente accesibles para las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje;

174.  Destaca la necesidad de facilitar la participación efectiva y la libertad de expresión de las personas con discapacidad en actos públicos y reuniones organizados por las instituciones o celebrados en sus sedes mediante la prestación de servicios de subtitulado para personas sordas, interpretación del lenguaje de signos, documentos en braille y formatos de fácil lectura;

175.  Pide al Consejo Superior de las Escuelas Europeas, incluida la Comisión Europea, que garantice en las Escuelas Europeas una educación de calidad, integradora y conforme a las exigencias de la CDPD por lo que se refiere a evaluaciones multidisciplinares, la inclusión de los niños con discapacidad y la garantía de ajustes razonables, asegurando la participación inclusiva de los padres con discapacidad;

176.  Pide a las instituciones que apoyen y fomenten el trabajo de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales;

177.  Pide a la Unión que revise las normas del Régimen Común de Seguro de Enfermedad, el sistema de pensiones y las medidas de seguridad y protección social relativas a la discapacidad, a fin de garantizar que las personas con discapacidad no están discriminadas y gozan de igualdad de oportunidades y a fin de que se reconozca, entre otros aspectos, que las necesidades de salud relacionadas con la discapacidad son distintas de una enfermedad y se promueva la independencia en la vida cotidiana y el trabajo mediante el reembolso total del coste adicional del equipo o servicio necesario para trabajar (por ejemplo, impresoras braille, prótesis auditivas, interpretación de lenguaje de signos, servicios de subtitulado, etc.);

178.  Insta a las instituciones a que garanticen la plena aplicación de las disposiciones del Estatuto del personal actuales en consonancia con la CDPD y establezcan plenamente las normas internas y las disposiciones de ejecución mediante la aplicación de las disposiciones de la CDPD en el marco de un proceso abierto y teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, con el fin de responder a las Observaciones finales;

179.  Pide que se lleven a cabo ajustes razonables adecuados, basados en las necesidades y compatibles con la CDPD, destinados a las personas con discapacidad —o que tengan a su cargo personas dependientes con discapacidad— y que se encuentren al servicio de las instituciones europeas, y que, al hacerlo, se preste especial atención a las necesidades de los padres con discapacidad;

180.  Insta a las instituciones a que apliquen una política general de contratación, fidelización y promoción, y a que adopten, en particular, medidas positivas de carácter temporal, con el fin de incrementar activa y sustancialmente el número de funcionarios, otros agentes y personal en prácticas con discapacidad, también con discapacidades psicológicas o intelectuales, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE;

181.  Recomienda la elaboración de módulos completos para formar al personal acerca de la CDPD de forma concertada con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y centrando el interés de los módulos formativos en el personal de primera línea, directivo y responsable de la contratación pública;

182.  Insta a las instituciones de la Unión a que faciliten la accesibilidad de sus contenidos y aplicaciones en internet, incluidas las intranets, y de todos los documentos y contenidos audiovisuales esenciales y garanticen, al mismo tiempo, la accesibilidad física de sus edificios;

183.  Pide a la Comisión que colabore estrechamente con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como con los Estados miembros, para coordinar el seguimiento efectivo y sistemático de las Observaciones finales, por ejemplo a través de una estrategia sobre la aplicación de la CDPD;

184.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen la consulta y la participación estructurada y sistemática de las organizaciones de personas con discapacidad a la hora de aplicar sus respectivas Observaciones finales;

185.  Considera, sobre la base del artículo 35 de la CDPD, que obliga a los Estados miembros que hayan firmado la Convención a presentar un informe inicial e informes ulteriores de seguimiento sobre la aplicación de aquella, que es necesario que esos informes se presenten cada cuatro años y que se elaboren con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad;

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°  °

186.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

DO L 23 E de 27.1.2010, p. 35.

(2)

CRPD/C/EU/CO/1.

(3)

CRPD/C/EU/Q/1.

(4)

A/RES/64/142.

(5)

DO L 347 E de 20.12.2013, p. 320.

(6)

DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(7)

Textos Aprobados, P8_TA(2016)0059.

(8)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0321.

(9)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0320.

(10)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0286.

(11)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0261.

(12)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0208.

(13)

DO C 75 E de 26.2.2016, p. 130.

(14)

DO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.

(15)

DO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.

(16)

TJUE, asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11, HK Danmark, 11 de abril de 2013, apartados 29-30; TJUE, asunto C-363/12, Z, 18 de marzo de 2014, apartado 73; TJUE, asunto C-356/12, Glatzel, 22 de mayo de 2014, apartado 68.

(17)

Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA): Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Violencia contra los niños con discapacidad: legislación, políticas y programas en la UE), http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilities_en.pdf

(18)

Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA): Violence against women: main results (Violencia de género contra las mujeres: principales resultados), http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

(19)

Van Straaten y otros (2015): Self-reported care needs of Dutch homeless people with and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study. En: Health Soc Care Community, 1 de octubre de 2015. Epub, 1 de octubre de 2015.

(20)

EU-SILC 2012.

(21)

DO C 51E de 26.2.2013, p. 41.

(22)

COM(2015)0615.

(23)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La Unión Europea se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, «CDPD» o «la Convención») en diciembre de 2010 como primera organización regional de integración(1). Fue el primer tratado internacional sobre derechos humanos que la Unión ratificó en su conjunto (y el único hasta la fecha); el Protocolo facultativo no se firmó ni se ratificó. Con la ratificación, la Unión está ahora sujeta al control del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tras la adhesión, la Unión, al igual que otros Estados Partes en la Convención, tuvo que elaborar un informe inicial(2) sobre el estado de aplicación de este instrumento. Además, debe presentar informes periódicos cada cuatro años. La Comisión presentó el informe inicial en junio de 2014, y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó su respuesta en forma de lista de cuestiones(3) en mayo de 2015 tras la primera reunión entre el Comité y la Unión, que se celebró en Ginebra en abril.

Posteriormente, en mayo de 2015, el Parlamento Europeo aprobó en el Pleno su propia resolución sobre la lista de cuestiones(4), en la que instaba a la Comisión Europea a tener en cuenta los puntos de vista del Parlamento a la hora de responder a la lista de cuestiones. A raíz de su resolución, las opiniones del Parlamento fueron incorporadas en gran medida.

Tras una segunda reunión con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en agosto de 2015, se publicaron las «Observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión Europea»(5). Las Observaciones finales exigen que la Unión responda en el plazo de un año a determinadas cuestiones que plantea dicho Comité(6). Por tanto, el Parlamento decidió elaborar un informe de propia iniciativa para garantizar la inclusión de sus puntos de vista en el informe que presentará la Comisión en septiembre de 2016. Se prevé la elaboración de este tipo de informes periódicos, tal vez con carácter anual.

El Parlamento asistió a ambas reuniones en Ginebra como parte del Marco de la Unión Europea para la promoción, protección y supervisión de la aplicación de la CDPD, tal como exige la Convención(7). El marco actual, del que la ponente es uno de los representantes del Parlamento, también incluye a la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Agencia de los Derechos Fundamentales y el Foro Europeo de la Discapacidad. La Comisión Europea, siguiendo la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, anunció públicamente su renuncia en una audiencia de la Comisión PETI, por lo que es probable la reestructuración del marco en su conjunto.

La CDPD es uno de los tratados sobre derechos humanos con más signatarios y Estados Partes. Los 28 Estados miembros de la Unión han firmado la convención y 25 de ellos la han ratificado, con la excepción de Finlandia e Irlanda. En el momento de redactar este documento, los Países Bajos se encuentran cerca de su adhesión a la Convención.

La CDPD comprende un amplio abanico de derechos que abarcan todas las esferas de la vida, algunas de las cuales quedan fuera de las competencias de la Unión. Por consiguiente, los Estados miembros están obligados a aplicar la Convención por igual a todos los niveles, incluidos los niveles regional y nacional. Si bien inicialmente la Unión emitió una declaración de competencia(8) para superar esta inseguridad jurídica, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se acogió a un procedimiento rápido y concluyó en sus recomendaciones que la declaración requería actualizaciones periódicas.

Objetivo del informe de propia iniciativa

El informe se propone centrarse ante todo en los asuntos destacados en las Observaciones finales. La ponente se centra de forma prioritaria en aquellas recomendaciones que se enmarcan dentro de la competencia de la Unión y que entrañan por tanto dificultades de aplicación a nivel nacional.

La ponente prestará especial atención a las propias instituciones de la Unión, que deben ser un modelo en la aplicación de la Convención. Ello incluye el Estatutos del personal y las prácticas de contratación y fidelización, así como los actos públicos que organice el Parlamento y los que se celebren en sus instalaciones.

La ponente opina que no existe una jerarquía de los derechos humanos y que la discriminación por motivos de discapacidad debe abordarse de la misma forma que la discriminación por otros motivos, incluida la discriminación por varios motivos. Ello es especialmente importante para las mujeres y los niños con discapacidad, las personas de más edad y las personas que tienen necesidades complejas de apoyo, en particular las que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial.

El informe de propia iniciativa se ha seguido con gran interés en el seno del Parlamento, y diez comisiones están elaborando opiniones al respecto:

•  LIBE (artículo 54, comisión asociada)

•  PETI (artículo 54, comisión asociada)

•  CULT

•  DEVE

•  TRAN

•  REGI

•  JURI

•  FEMM

•  AFET

•  ENVI

Estructura general

El informe sigue la estructura de las Observaciones finales, sobre la base de los artículos de la Convención. Se divide, por tanto, en cuatro partes:

1.  Principios generales y obligaciones (artículos 1 a 4)

2.  Derechos específicos (artículos 5 a 30)

3.  Obligaciones específicas (artículos 31 a 33)

4.  Conformidad de las instituciones de la Unión Europea con la Convención (en calidad de administraciones públicas)

Ajustes razonables

A lo largo del informe se ha utilizado el concepto de «ajustes razonables», que, por su propia complejidad podría exigir una explicación más detallada. Un ejemplo de «ajustes razonables» sería el servicio de un intérprete del lenguaje de signos en el lugar de trabajo para un empleado concreto. Este concepto contrasta con el de «accesibilidad», que es mucho más amplio y no tiene necesariamente un carácter individual. Un ejemplo de «accesibilidad» sería la puesta a disposición de un servicio de interpretación del lenguaje de signos en un acto público de una rampa en un edificio público para facilitar el acceso a los usuarios en silla de ruedas en general, y no a una persona en concreto.

Según la CDPD (artículo 2):

«Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».

El artículo 5 de la Directiva sobre igualdad en el empleo(9) establece lo siguiente:

«A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en la política del Estado miembro sobre discapacidades.»

Mientras que la CDPD considera que la denegación de ajustes razonables constituye una forma de discriminación, la Directiva sobre igualdad en el empleo no procede de la misma forma y, por consiguiente, no se ajusta a la Convención.

Consulta a las partes interesadas

Lo que diferencia a la CDPD de otros tratados sobre derechos humanos es que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan fueron asociadas al proceso desde la fase de redacción. Esto se refleja en el artículo 4, apartado 3, de la CDPD: «(...) los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan». La ponente considera, por tanto, que es esencial incluirlas plenamente en la elaboración del informe.

Para este fin, el Intergrupo sobre Discapacidad, en colaboración con el Foro Europeo de la Discapacidad, organizó una reunión intergrupal en Estrasburgo en diciembre de 2015 para recabar las opiniones del Foro y sus organizaciones afiliadas. Sus contribuciones orales y escritas ya han contribuido a la elaboración del documento de trabajo y del proyecto de informe. La ponente acoge positivamente la participación de un gran número de ponentes y ponentes alternativos de todas las comisiones participantes en dicha reunión. La gran cantidad de contribuciones constructivas en una etapa tan temprana hacen de este informe algo excepcional, y garantizará la exhaustividad del mismo.

La ponente también ha mantenido reuniones individuales con los representantes de varias organizaciones de personas con discapacidad, y continuará haciéndolo para velar por que se tengan en cuenta todas sus preocupaciones, ya sea en la comisión competente para el fondo o en las comisiones competentes para emitir una opinión.

Una serie de organizaciones han elaborado los denominados «informes paralelos» al informe inicial de la Comisión. La intención de la ponente es incorporar también estos textos al informe de propia iniciativa.

A finales de enero se organizó una audiencia en colaboración con los ponentes de las comisiones asociadas LIBE y PETI para recabar más opiniones concretas de las partes interesadas pertinentes, y en particular de organizaciones de personas con discapacidad.

El examen del documento de trabajo en la Comisión EMPL se llevó a cabo en el marco de un intercambio de puntos de vista con las partes interesadas. El intercambio de puntos de vista contó con oradores de alto nivel pertenecientes a las partes interesadas pertinentes, como el Defensor del Pueblo Europeo, la Agencia de los Derechos Fundamentales, la sociedad civil representada por el Foro Europeo de la Discapacidad y un miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La ponente ha hecho todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad posible para las personas con discapacidad en todas las reuniones de la Comisión EMPL, en cuyo seno se debate el informe, así como en las audiencias. Para ello, la ponente ha colaborado con organizaciones de personas con discapacidad y la presidencia y la secretaría de la Comisión EMPL, con miras a conseguir una accesibilidad sin precedentes en las reuniones públicas de las comisiones del Parlamento Europeo.

(1)

Artículo 44 de la CDPD.

(2)

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f1&Lang=es

(3)

 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fQ%2f1&Lang=es

(4)

(2015/2684(RSP))

(5)

CRPD/C/EU/CO/1

(6)

Las otras cuestiones podrán abordarse en el siguiente informe periódico previsto para enero de 2021 (véase el apartado 94, CRPD/C/EU/CO/1).

(7)

Artículo 33, apartado 2, de la CDPD.

(8)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1401271474087&uri=CELEX:32010D0048, anexo II.

(9)

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación


OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (25.5.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión (*): Martina Anderson

(*)  Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que las mujeres y las niñas con discapacidad se ven expuestas a diversas dimensiones de discriminación en su vida diaria; que esta puede adoptar distintas formas —física, emocional, sexual y económica— e incluye la violencia doméstica, la violencia a manos de sus cuidadores, la violencia sexual y la violencia institucional;

1.  Reconoce que, según las estimaciones, unos 80 millones de ciudadanos europeos tienen una discapacidad y que esos ciudadanos deben tener un acceso inequívoco a todos los servicios y derechos que ofrece la Unión;

2.  Comparte las preocupaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con la falta de una estrategia clara por parte de la Unión Europea para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD);

3.  Pide a la Comisión que revise su Estrategia sobre Discapacidad 2010-2020 a fin de que se aplique íntegramente la CDPD, con especial atención a las Observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2 de octubre de 2015, e incluyendo unos plazos y unos indicadores precisos;

4.  Lamenta la discriminación y la exclusión que aún siguen padeciendo las personas con discapacidad; pide a la Comisión que maximice las sinergias entre la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a fin de salvaguardar el pleno goce y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos, también mediante acciones de armonización y aplicación del marco legislativo y de orden cultural y político;

5.  Insiste en la necesidad de incluir una clara perspectiva de género en una nueva estrategia europea sobre la discapacidad, que incorpore la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas con discapacidad;

6.  Insta a la Comisión a desarrollar un diálogo estructurado con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, así como a consultarlas y cooperar con ellas en el proceso de revisión y aplicación, también en la elaboración de una respuesta a la lista de cuestiones del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el desarrollo, aplicación y seguimiento de todas las políticas de la Unión;

7.  Pide a las instituciones de la Unión que adopten medidas eficaces para fortalecer las vidas de las mujeres con discapacidad, de conformidad con las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas en relación con la revisión de la aplicación de la CDPD por parte de la Unión Europea;

8.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que garanticen una difusión amplia y clara de las oportunidades de participación en los procesos de consulta pública, mediante medios de comunicación accesibles para las personas con discapacidad que usen sistemas como el braille o formatos de lectura fácil;

9.  Lamenta profundamente que el Consejo aún no haya adoptado la propuesta de 2008 de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; reitera su solicitud al Consejo para que adopte la mencionada propuesta lo antes posible;

10.  Lamenta profundamente, asimismo, el retraso en el proceso de ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que procedan rápidamente a su ratificación;

11.  Subraya la necesidad de garantizar que en la Unión se prohíben todas las formas de discriminación por motivos de discapacidad, incluida la discriminación múltiple e interseccional;

12.  Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la realización de ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad, en aras de la igualdad y para acabar con la discriminación, de manera que puedan gozar, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;

13.  Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que fomenten la participación activa de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, también a través de las organizaciones que las representan, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la CDPD; insta, además, a que se tengan debidamente en cuenta las opiniones expresadas por las personas con discapacidad en el marco de dichos procesos;

14.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones que garanticen una difusión amplia y clara de las oportunidades de participación en los procesos de consulta usando medios de comunicación accesibles, y que velen por que se puedan realizar aportaciones en otros formatos, como el braille o los formatos de lectura fácil, y por que las audiencias y las reuniones públicas en las que se debatan propuestas legislativas y de políticas sean completamente accesibles a las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje;

15.  Pide a las instituciones de la Unión que garanticen que toda su comunicación externa e interna, incluidos documentos, vídeos y sitios web, tiene un nivel adecuado de accesibilidad y se ofrece en formatos y medios de comunicación alternativos, como el braille, los formatos de lectura fácil y la lengua de signos;

16.  Cree que las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento, el Consejo y la Comisión, deben velar por garantizar que toda la legislación vigente y futura respete los derechos humanos y observe plenamente las disposiciones de la CDPD;

17.  Observa que tres Estados miembros —Finlandia, los Países Bajos e Irlanda— aún no han ratificado la CDPD; pide a estos Estados miembros que la ratifiquen lo antes posible;

18.  Pide a las instituciones de la Unión que presten especial atención a los derechos de los niños con discapacidad y las necesidades de sus familias, evalúen la conformidad actual de la Unión con la Convención sobre los Derechos del Niño y contribuyan a eliminar todos los obstáculos que afrontan los niños con discapacidad en su vida cotidiana, apoyando adecuadamente a sus familias, también mediante la concesión de subvenciones y servicios específicos;

19.  Hace hincapié en la violencia, la intimidación y los abusos sexuales en el colegio, en el hogar o en las instituciones, a los que los niños con discapacidad son más vulnerables; pide a la Unión y a los Estados miembros que intervengan de manera más eficaz y que combatan la violencia contra los niños con discapacidad mediante medidas específicas y servicios de apoyo accesibles;

20.  Resalta que, para garantizar la protección de los derechos de los niños con discapacidad, es necesario aportar un apoyo adecuado a las familias, reforzando y potenciando los instrumentos legislativos de que dispone la Unión, por ejemplo el instrumento que prevé la prolongación del permiso parental para los padres de niños con discapacidad;

21.  Solicita la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional para la aplicación y seguimiento de la CDPD, que garantice la participación de las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en el proceso de adopción;

22.  Reconoce que la CDPD ha demostrado ser un instrumento importante y positivo para la promoción de la reforma legislativa y para exigir a los Estados miembros que reexaminen el modo en que se percibe a las personas con discapacidad; lamenta, no obstante, los difíciles retos a los que aún se enfrentan las personas con discapacidad en ámbitos estratégicos, como la justicia penal y la participación política; considera prioritario que todas las personas con discapacidad tengan un acceso pleno y total al sistema político; reconoce que dicho acceso debe consistir en algo más que el simple acceso físico para emitir su voto y que debe incluir todo un abanico de iniciativas destinadas a abrir el proceso democrático a todos los ciudadanos; considera que estas deberían incluir material para las elecciones en lengua de signos, braille y formatos de lectura fácil, prestación completa de la ayuda necesaria a las personas con discapacidad durante los procesos de votación, la promoción del voto por correo y de la delegación del voto cuando sea posible y la eliminación de obstáculos para aquellos ciudadanos con discapacidad que deseen presentarse a las elecciones, así como el examen de las normas vigentes en relación con la capacidad jurídica y su impacto en la capacidad de los individuos para participar plenamente en el proceso democrático; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se aplica adecuadamente y en su totalidad, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, así como las disposiciones de la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales y, en particular, la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad;

23.  Lamenta profundamente que numerosos Estados sigan negando o restringiendo, mediante acciones judiciales, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual; pide a los Estados miembros que planteen de manera positiva la cuestión de la capacidad jurídica, orientándola hacia la inclusión con apoyo, más que a la exclusión automática;

24.  Pide a la Comisión que, en consonancia con el artículo 31 de la CDPD, armonice la recopilación de datos sobre discapacidad gracias a la realización de encuestas sociales a escala de la Unión, a fin de determinar con precisión los avances realizados en este ámbito e informar al respecto; destaca que, en el marco de dicha recopilación de datos, deben emplearse metodologías que integren a todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas con discapacidades graves y las que viven en centros; señala que todos los datos recopilados deben respetar rigurosamente las iniciativas en materia de protección de datos y derechos humanos, entre otras, las disposiciones recogidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva sobre protección de datos; subraya que las encuestas deben ser lo más específicas y focalizadas posible y deben acompañarse de estudios y seminarios adecuados, que den lugar a acciones oportunas y eficaces;

25.  Lamenta la falta de accesibilidad del número de emergencias europeo 112 y pide a la Comisión que mejore la accesibilidad del 112 para las personas con discapacidad mediante el uso de la nueva generación de tecnologías del 112;

26.  Pide que se refuercen los organismos de igualdad existentes de manera que puedan contribuir a la integración, la promoción y el seguimiento de la CDPD; recuerda a la Unión y a los Estados miembros la obligación de cooperar de modo significativo con la sociedad civil y, en particular, con las organizaciones de personas con discapacidad;

27.  Pide que los derechos de las personas con discapacidad se incluyan en el programa global de la Unión en materia socioeconómica, en particular en la Estrategia Europa 2020 y en el Semestre Europeo; recomienda que se adopte un pacto sobre la discapacidad que permita garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se integran en todas las iniciativas de la Unión;

28.  Opina que las instituciones de la Unión deben plantearse la apertura de canales de financiación actuales y futuros para las organizaciones que representan de manera activa a las personas con discapacidad;

29.  Reconoce que los miembros vulnerables de la sociedad están más marginados si tienen una discapacidad, y subraya que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben duplicar sus esfuerzos para prever una plena cobertura en materia de derechos y servicios para todas las personas con discapacidad, incluidas las personas apátridas, las personas sin hogar, los refugiados y los solicitantes de asilo, así como las personas pertenecientes a minorías; insiste en la necesidad de integrar la discapacidad en sus políticas de migración y refugiados;

30.  Destaca que, en aras del pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad, es necesario garantizar su libertad de elección en cuanto a su modo de vida y a la mejor forma de aprovechar su potencial, por ejemplo haciendo un mayor uso de instrumentos como los cuidadores;

31.  Lamenta profundamente las pésimas condiciones en las que se encuentran las personas con discapacidad en algunos Estados miembros, y pide a los Estados que hagan todo lo posible por cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular su artículo 3 sobre la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes;

32.  Opina que el Consejo debe adoptar la Directiva sobre la igualdad de trato y ampliar su ámbito de aplicación más allá del empleo;

33.  Sugiere que todas las personas empleadas por la Unión en la gestión de sus fronteras exteriores y centros de acogida de solicitantes de asilo reciban una formación específica en relación con las necesidades de las personas con discapacidad, para garantizar que se cubren dichas necesidades;

34.  Pide a las instituciones de la Unión que pongan en marcha y apoyen campañas de información sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero también sobre su diversidad, competencias y habilidades;

35.  Lamenta que las personas con discapacidad aún encuentren obstáculos a la hora de acceder a bienes y servicios; considera que estos obstáculos restringen su participación en la sociedad y constituyen una vulneración de sus derechos como ciudadanos; acoge con satisfacción el apoyo otorgado por el Parlamento Europeo a la ley de accesibilidad en noviembre de 2015, pero reconoce que una ley sobre accesibilidad no es la panacea; pide que se adopte y se aplique plenamente cuanto antes;

36.  Insiste en que, para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad, es necesario eliminar todas las barreras y obstáculos que aún hoy dificultan su integración en el sistema educativo, en el mundo laboral, en la vida pública y en las comunidades de las que forman parte;

37.  Subraya que, para garantizar una adecuada integración social de las personas con discapacidad, conviene incentivar un uso correcto de los fondos europeos que favorecen el proceso de integración mediante la investigación, el desarrollo, la aplicación y la difusión de nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevos métodos;

38.  Insta a que se garantice el principio de la libre circulación de las personas con discapacidad en la Unión mediante la eliminación de todas las barreras que todavía existen;

39.  Reconoce la capacidad de sensibilización de las instituciones de la Unión y pide a dichas instituciones que informen acerca de la protección y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;

40.  Subraya el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos; hace hincapié en que la educación sexual también debe concebirse y aplicarse para las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico y ofrecida en una atmósfera segura y libre de tabúes;

41.  Destaca la necesidad de mejorar la cooperación política en este ámbito, incluidos los recursos financieros y humanos, de manera que se garanticen el cumplimiento de las obligaciones asociadas y la aplicación de las recomendaciones de la CDPD;

42.  Pide al Parlamento, al Consejo y a la Comisión que apliquen en su totalidad las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que garanticen que se respeta la CDPD en toda la legislación futura.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

24.5.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

51

1

2

Miembros presentes en la votación final

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Miroslav Poche


OPINIÓN de la Comisión de Peticiones (29.4.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

    sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión (*): Rosa Estaràs Ferragut

(*)  Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento

SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Concede la máxima importancia al artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —CDPD— («Aplicación y seguimiento nacionales») y a las observaciones finales 76 y 77 del Comité de las Naciones Unidas y, por tanto, acoge con satisfacción la conformidad del Comité de las Naciones Unidas con la presencia del Parlamento en el marco de supervisión independiente;

2.  Recuerda que la Comisión de Peticiones provee de protección activa a los ciudadanos europeos (personas físicas o jurídicas), en virtud del artículo 227 del TFUE, para que estos puedan reclamar una vulneración de sus derechos ante las instituciones europeas, nacionales y locales, incluidas las vulneraciones derivadas de la aplicación de políticas europeas que tengan como fin la aplicación de la CDPD en el ámbito de la Declaración relativa a la delimitación de las competencias aneja al instrumento de conclusión del Tratado;

3.  Señala el reconocimiento de la Comisión de Peticiones como instrumento institucional de la Unión (junto con el Defensor del Pueblo para la defensa del ciudadano en caso de mala administración) que puede desempeñar la función de protección dentro del marco de supervisión independiente, en consonancia con los principios de funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos («Principios de París»), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 48/134 de 1993;

4.  Recuerda que, para el desempeño de la función de protección, la Comisión de Peticiones pone al servicio del marco de supervisión independiente sus funciones de investigaciones preliminares de infracción del Derecho de la Unión en aplicación de la CDPD, la transmisión de peticiones a otras comisiones parlamentarias para que investiguen o inicien las acciones correspondientes, y las visitas a pie de campo para recabar información y entrar en contacto con las autoridades nacionales;

5.  Recuerda que la Comisión de Peticiones recibe cada año un número considerable de peticiones presentadas por personas con discapacidad en las que se refleja la realidad que viven millones de personas en toda la Unión que diariamente afrontan dificultades en ámbitos como el acceso al trabajo y al empleo, el sistema educativo y los transportes o la participación en la vida política, pública y cultural; resalta la importancia del artículo 29 de la CDPD sobre la participación y no discriminación de las personas con discapacidad en la vida política y pública;

6.  Recuerda que la plena integración de las personas con discapacidad no es solo un derecho y una ventaja merecida para los interesados, sino también un activo para toda la sociedad, ya que esta se puede beneficiar del valor y las diversas competencias que aportan estas personas;

7.  Recuerda que, a menudo, las peticiones que han recibido una mayor atención han sido respaldadas por organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad, por lo que existe la necesidad de promover y difundir el papel de protección y la efectividad de las peticiones basadas en la vulneración de estos derechos; aplaude el papel desempeñado por esas organizaciones a la hora de impulsar la integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y opina que esta labor debería recibir más apoyo de las instituciones públicas, especialmente en lo que concierne a la financiación específica;

8.  Celebra que la audiencia pública sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad desde el punto de vista de las peticiones recibidas, organizada por la Comisión de Peticiones el 15 de octubre de 2015, respetara normas exigentes en materia de accesibilidad, y recomienda que en el futuro todas las reuniones de las comisiones parlamentarias sean accesibles para las personas con discapacidad;

9.  Considera importante que la Comisión de Peticiones organice actos específicos centrados en las peticiones relativas al ámbito de las discapacidades y destaca la importante función que desempeña el diálogo con varias partes interesadas, así como sus aportaciones, incluidas otras comisiones pertinentes del Parlamento Europeo, miembros del marco de la UE para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad y miembros del mundo académico;

10.  Acoge con satisfacción la utilización del sistema braille en la comunicación con los peticionarios, y anima a todas las instituciones de la Unión a utilizar la lengua de signos, formatos de fácil lectura y el sistema braille en la comunicación con los ciudadanos, a fin de continuar e intensificar los esfuerzos de inclusión de los ciudadanos en la labor de las instituciones y el proyecto europeo;

11.  Urge a los servicios del Parlamento a reforzar el mecanismo interno de coordinación de la implementación de la CDPD («red CPDP») a fin de que se transforme en un mecanismo transversal a todas las comisiones parlamentarias para el seguimiento e implementación de la Convención, con un secretariado propio y con personal adscrito exclusivamente a tiempo completo;

12.  Toma nota de que algunos Estados miembros que ya han ratificado la CDPD todavía deben establecer o designar los órganos encargados de aplicar y supervisar la Convención, como prevé su artículo 33; observa que la labor de los órganos ya establecidos, en especial por lo que respecta a los marcos de supervisión contemplados en el artículo 33, apartado 2, de la CDPD, se ve impedida por la falta de recursos financieros y humanos, así como por la ausencia de una base jurídica sólida para su designación;

13.  Pide a los Estados miembros que no lo hayan hecho aún que procedan rápidamente a finalizar las últimas reformas para permitir la ratificación de la CDPD; pide a la Unión y a los Estados miembros que, además de ratificar la CDPD, adopten también el Protocolo facultativo; considera que el papel de la Comisión de Peticiones debe quedar aclarado y reconocido en el Reglamento del Parlamento antes de la celebración del Protocolo;

14.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para adaptar sus marcos jurídicos a los requisitos de la CDPD, realizando una revisión exhaustiva de su legislación para garantizar la plena armonización con respecto a las disposiciones de la Convención, fijando objetivos claros y calendarios para las reformas, y determinando cuáles son los agentes responsables;

15.  Pide a los Estados miembros que apliquen sin demora lo dispuesto en la CDPD, revisen su legislación en consonancia y garanticen su correcta aplicación; pide que se desarrollen instrumentos nacionales y que se mejoren los existentes con el fin de asistir mejor a las personas con discapacidad y a sus familias;

16.  Considera que la Unión debe ser un líder en materia de respeto y promoción de los derechos humanos; celebra que, por primera vez, un órgano creado en virtud de un tratado de las Naciones Unidas haya revisado el cumplimiento por parte de la Unión de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; estima que las Observaciones finales el Comité de la CDPD sobre la aplicación de la CDPD en la Unión, publicadas en 2015, envían una señal inequívoca del compromiso de la Unión con la igualdad y el respeto de los derechos humanos, y ofrecen una orientación para las medidas legislativas y las políticas en todo el ámbito de competencias de la Unión;

17.  Pide a la Comisión que colabore estrechamente con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como con los Estados miembros, para coordinar el seguimiento efectivo y sistemático de las Observaciones finales, por ejemplo a través de una estrategia sobre la aplicación de la CDPD;

18.  Pide que se realice una revisión global de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020;

19.  Considera, siguiendo las recomendaciones de la primera evaluación de la CRPD por parte de las Naciones Unidas, que la Comisión debe garantizar el establecimiento de un instrumento de seguimiento y revisión de la Convención independiente, de un mecanismo de coordinación interinstitucional y de puntos locales de información y agencias en cada Estado miembro, con carácter permanente;

20.  Insta a todos los Estados miembros a que asignen a los marcos de supervisión establecidos en virtud del artículo 33, apartado 2, de la CDPD unos recursos financieros y humanos suficientes y estables para llevar a cabo sus funciones; considera que también deben velar por la independencia de los marcos de supervisión asegurándose de que su composición y funcionamiento respetan los Principios de París relativos al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la CDPD, lo que se respaldaría mediante el establecimiento de una base jurídica formal que fije claramente las funciones y el ámbito de aplicación de los marcos; insta a los Estados miembros que no lo hayan hecho aún a que designen lo antes posible los órganos previstos en el artículo 33 de la CDPD y los doten de los recursos y mandatos necesarios para aplicar y supervisar eficazmente sus obligaciones en el marco de la CDPD;

21.  Opina que debe implicarse a las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad en cada una de las fases del proceso de toma de decisiones; estima que los procesos de revisión a cargo de los órganos de supervisión ofrecen una valiosa oportunidad para integrar las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones que representan a las personas con discapacidad; pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen la consulta estructurada y sistemática de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad cuando adopten medidas para aplicar sus observaciones finales respectivas y que fomenten la recopilación de datos y el intercambio de buenas prácticas; pide que dicha consulta sea plenamente accesible y permita la participación de todas las personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad que presenten;

22.  Señala que debe garantizarse la información sobre sus derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en todas la políticas y medidas que puedan afectarles, incluyéndose un mecanismo de reclamaciones, y que debe contemplarse entre sus prioridades la participación de los niños y niñas con discapacidad y, donde existan, de las organizaciones de personas con discapacidad;

23.  Considera, sobre la base del artículo 35 de la CDPD, que obliga a los Estados Miembros que hayan firmado la Convención a presentar un informe inicial y posteriormente de seguimiento sobre la implementación de aquella, que es necesario que esos informes se presenten cada cuatro años y cuenten con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad;

24.  Pide a la Comisión que aclare la amplia definición de discapacidad en el ámbito de la Unión;

25.  Pide a todas las instituciones de la Unión que fomenten campañas de sensibilización sobre cuestiones relativas a la discapacidad, desde el punto de vista de los derechos humanos; considera que los medios de comunicación deben esforzarse por proyectar una imagen positiva de las personas con discapacidad, centrándose en sus habilidades y en su contribución a la sociedad, además de aumentar su visibilidad;

26.  Insta a todos los Estados miembros de la Unión a que reconozcan debidamente la función esencial que desempeñan los familiares que asumen los cuidados de personas a cargo, brindándoles un reconocimiento social y económico adecuado y aplicando medidas de prestación directa de ayuda material, como la protección de los derechos de pensión o las subvenciones que disminuyen el coste total de los servicios para los cuidadores; pide a la Comisión que realice un estudio para analizar el estatuto jurídico de los familiares que asumen los cuidados de personas a cargo, o la ausencia del mismo, en todos los Estados miembros;

27.  Recuerda que, según la Convención, las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los ámbitos de la vida, incluido el acceso a la justicia —por lo que su situación económica no debería representar un obstáculo al respecto—, al sufragio activo, a los servicios bancarios, a la asistencia sanitaria, y a los bienes y servicios; pide a la Unión que garantice que las personas con discapacidad disfrutan de todos los derechos establecidos en los Tratados y el Derecho de la Unión;

28.  Subraya que la capacidad legal es crucial para mantener la autonomía de las personas y que su restricción y la representación por tutores legales debe establecerse sobre la base de criterios claros y armonizados en la Unión, y debe someterse a revisión periódica si persiste la necesidad de esta representación legal, así como la adecuación del tutor o tutora legal en cuestión;

29.  Opina que, en lo referente al derecho al voto (art. 29 de la CDPD), debe promoverse la revisión de las interpretaciones restrictivas por parte de las legislaciones de los Estados Miembros de las salvaguardas al respecto y que están impidiendo su ejercicio a las personas con discapacidad psicosocial (art. 29 de la CDPD);

30.  Acoge con satisfacción la publicación por parte de la Comisión de una propuesta de Ley europea de accesibilidad el 2 de diciembre de 2015; recuerda que es necesario un enfoque exhaustivo sobre la accesibilidad y que debe garantizarse el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidades de todo tipo, tal como figura en el artículo 9 de la CDPD;

31.  Pide a la Comisión que fomente y mejore el uso de los Fondos Estructurales por parte de los Estados miembros, con miras a desarrollar servicios sociales de alta calidad para las personas con discapacidad y garantizar la transición de una asistencia institucional a una asistencia basada en la comunidad local;

32.  Subraya que todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en una sociedad en la que dispongan de las mismas oportunidades que las demás personas a fin de garantizar su integración y participación completas en la sociedad;

33.  Solicita que el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se haga de forma equilibrada, fomentando el desarrollo de comunidades más inclusivas y de sistemas de institucionalización cuando se solicite, para que en ambos casos las personas con discapacidad, incluidos los niños y los jóvenes, puedan recibir el apoyo y la asistencia adecuados en toda la Unión, favoreciéndose con ello el objetivo de una mayor autonomía dentro de las posibilidades de cada uno;

34.  Pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para fomentar el acceso a fondos estructurales para los servicios de apoyo, particularmente para los niños y los jóvenes, así como sus familias;

35.  Señala que las instituciones destinadas al apoyo de las personas con discapacidad, especialmente las destinadas a ser centros de internamiento, deben ser sometidas de forma protocolizada y obligatoria al cumplimiento de estándares que se habrán de definir y ser objeto de revisiones periódicas;

36.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para luchar contra la segregación de los estudiantes con discapacidad en los centros escolares y los entornos formativos, haciendo todo lo necesario para garantizar que esos estudiantes disfruten plenamente de una educación formal, no formal e informal inclusiva y de alta calidad;

37.  Pide a la Comisión que elabore un informe sobre el impacto en las personas con discapacidad de las principales políticas y fondos de inversión de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que impliquen a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en la programación de los programas operativos; destaca además la importancia que reviste velar por la plena accesibilidad de las personas con discapacidad a los programas de la Unión como las iniciativas Erasmus+, Garantía Juvenil y EURES;

38.  Subraya que los niños y las niñas con discapacidad tienen dificultades específicas y que debe promoverse la eliminación de todo tipo de obstáculos y barreras para que puedan llevar y alcanzar una plena autonomía e igualdad de oportunidades, para lo que es crucial que sean partícipes de las políticas que les afectan; considera, por ello, necesario el establecimiento de instrumentos que permitan escuchar a los niños y las niñas con discapacidad y hacerlos partícipes;

39.  Pide a la Comisión que garantice la educación inclusiva de calidad y temprana, con una visión y enfoque preventivo de la discapacidad en las escuelas europeas y, en consonancia con los requisitos de la CDPD en materia de evaluación multidisciplinar de las necesidades individuales, la no exclusión de los niños con discapacidad y la provisión de alojamiento razonable adecuado;

40.  Pide a la Comisión que, con miras a la protección social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, adopte medidas urgentes en colaboración con los Estados miembros y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad para proteger a estas personas de las consecuencias de las medidas de austeridad adoptadas a causa de la crisis económica;

41.  Pide a los Estados miembros que se abstengan, en lo que respecta a las prestaciones asociadas a la discapacidad, los servicios basados en la comunidad, los servicios sanitarios y los programas de formación y educación, de realizar recortes que debiliten la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y aumenten aún más el nivel de pobreza y exclusión social;

42.  Toma nota de las peticiones en las que se denuncian irregularidades cometidas en determinados Estados miembros a la hora de velar por la subsistencia de las personas con discapacidad, no solo en relación con la interrupción del pago de las subvenciones que establece la ley, sino también situaciones como la descrita en la petición n.º 1062/2014, según la cual las autoridades han adoptado decisiones administrativas de manera supuestamente arbitraria al objeto de reducir las prestaciones ya concedidas basándose en exámenes médicos dudosos que sirven en la práctica para rebajar el grado de discapacidad; pide a las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes que muestren una mayor sensibilidad al valorar las repercusiones de esas medidas en la vida de las personas afectadas y de sus familias, y pide a la Comisión que supervise cuidadosamente las diferentes políticas y medidas conexas en materia de discapacidad que se aplican en los distintos Estados miembros;

43.  Insta a las instituciones de la Unión a que revisen el Estatuto de los funcionarios, las normas internas y las normas de desarrollo, a fin de adoptar políticas inclusivas de contratación, incluidas medidas positivas, para aumentar activamente el número de miembros del personal y becarios con discapacidad y para garantizar que todo el personal de las instituciones de la Unión con discapacidad o que tenga a su cargo personas dependientes con discapacidad se beneficie de los ajustes razonables que sean necesarios para permitirle el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás; pide a la Comisión que revise el régimen común del seguro de enfermedad de las instituciones de la Unión de modo que se contemplen en su integridad las necesidades en materia de salud relacionadas con la discapacidad de manera compatible con la Convención;

44.  Señala que la libre circulación de la ciudadanía europea debe garantizarse para las personas con discapacidad, por lo que la portabilidad del reconocimiento de su situación y de los derechos sociales (art. 18 de la CDPD) deben ser reconocida por los Estados miembros;

45.  Estima que la Tarjeta Europea de Discapacidad permitiría a las personas con discapacidad salir fuera de sus países y disfrutar de beneficios en el acceso a la cultura, el transporte o el deporte, y que deberían considerarse otros beneficios e impulsarse su mutuo reconocimiento;

46.  Opina que la Estrategia del Mercado Único Digital debe ser implementada en todo su desarrollo desde una perspectiva de las personas con discapacidad que garantice la plena accesibilidad de estas;

47.  Toma nota de que solo alrededor del 48% de las personas con discapacidad en la Unión tienen un empleo, y solo el 27,8% han finalizado la educación superior; subraya la necesidad de que las instituciones de la Unión y los Estados miembros, de conformidad con el artículo 27 de la CDPD, eliminen cualquier barrera existente en el acceso al empleo para las personas con discapacidad y promuevan políticas activas mediante formaciones a medida e instrumentos específicos que fomenten y faciliten su acceso al mercado laboral; apoya el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en relación con los instrumentos más eficaces para incrementar las tasas de empleo;

48.  Destaca que debe garantizarse el acceso a los sistemas de salud y asistencia sanitaria sin discriminación a las personas con discapacidad, debiéndose, además, adecuar la atención a las dificultades que pueda presentar ese tipo de pacientes; subraya especialmente que debe estar garantizado sin discriminación alguna el acceso a la salud sexual y reproductiva, no permitiéndose en ningún caso la esterilización o el aborto forzado, y que los sistemas sanitarios deben además velar por la detección, denuncia y prevención de la violencia sexual o los abusos;

49.  Señala que debe garantizarse la no discriminación en los sistemas de aseguramiento sanitario a las personas con discapacidad;

50.  Estima que debe tratarse el impacto de la Directiva sobre sanidad transfronteriza en las personas con discapacidad;

51.  Subraya que debe garantizarse el otorgamiento del consentimiento informado por parte de las personas con discapacidad en todos los actos médicos que lo requieran, para lo que deben ponerse los medios necesarios para la accesibilidad de esas personas a la información y su comprensión; señala que este consentimiento debe ser individual, previo y bien informado, con el soporte de los mecanismos necesarios para asegurar el correcto otorgamiento cumpliendo estos principios, y también debe ser facilitado y adecuado a las personas con discapacidad psicosocial;

52.  Considera que se debe revisar el Reglamento relativo al transporte aéreo y marítimo en lo relativo a los pasajeros para que no pueda ser contemplado ningún tipo de discriminación, ni física ni económica, para las personas con discapacidad y se eliminen todas las barreras;

53.  Señala a la atención la recomendación de las Naciones Unidas sobre la necesidad de garantizar la integración de la perspectiva de género en todas la políticas sobre discapacidad, especialmente en las políticas para luchar contra la violencia y la discriminación; pide a la Unión que firme el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) como un paso más para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad; pide también a la Unión que fomente las políticas para luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad;

54.  Pide a todos los Estados miembros de la Unión que den su conformidad a una directiva sólida sobre la accesibilidad de los sitios web de las instituciones del sector público en la que queden abarcados todos los sitios web que proporcionan servicios públicos, independientemente de si esta prestación de servicios la llevan a cabo entidades privadas o si están financiados, total o parcialmente, con fondos públicos, así como los sitios web y las aplicaciones para móviles, al igual que los documentos descargables (Word, PDF, etc.), que son ampliamente utilizados en los procesos en línea; pide a las instituciones de la Unión que garanticen la accesibilidad de todos sus documentos y páginas web para las personas con discapacidad;

55.  Aboga por una rápida ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso; toma nota con profunda indignación de que siete Estados miembros la Unión han formado una minoría de bloqueo que está impidiendo el desarrollo del proceso de ratificación del Tratado de Marrakech, y les insta a que se replanteen su postura y faciliten la ratificación, independientemente tanto de que pueda ser necesaria una revisión del marco jurídico de la Unión como de la resolución que se espera que emita el Tribunal de Justicia sobre la cuestión de las competencias, lo que aún puede tardar varios meses;

56.  Pide que se desbloquee inmediatamente la Directiva de la UE contra la discriminación, que no ha registrado ningún avance en el Consejo desde 2008.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

19.4.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

28

1

0

Miembros presentes en la votación final

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Suplentes presentes en la votación final

Enrique Calvet Chambon, Kostadinka Kuneva, Miltiadis Kyrkos, Jérôme Lavrilleux, Julia Reda, Ángela Vallina, Reiner Wieland

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

José Blanco López, Martina Dlabajová, Zbigniew Kuźmiuk


OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores (26.5.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión: Richard Howitt

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Celebra el nuevo objetivo 12 del Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 2015-2019; pide a la Comisión que vele por que la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se mencione sistemáticamente en los diálogos sobre derechos humanos con terceros países; pide al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos que lidere y supervise los progresos en este ámbito, en especial los esfuerzos de normalización en términos de accesibilidad;

2.  Pide encarecidamente que el punto 8 de la Estrategia Europea sobre Discapacidad relativo a la acción exterior vaya acompañado de la inclusión de compromisos verdaderos y concretos que mejoren la vida de las personas con discapacidad en la nueva lista de acciones de la Estrategia para el periodo 2016-2020, compromisos que no figuraban en la lista relativa al periodo 2010-2015;

3.  Expresa su apoyo a la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, en particular las comunidades locales, y a la financiación de servicios dirigidos a las personas que viven de manera independiente gracias a programas en el marco de los instrumentos para la financiación de la acción exterior; pide un uso más racional de los Fondos Estructurales de la Unión; pide una evaluación a medio plazo de los instrumentos de financiación exterior para examinar su eficacia a la hora de contribuir a la integración de las personas con discapacidad en sus sociedades, la eliminación de barreras y el fomento de la accesibilidad; pide, asimismo, que todo gasto en programas de la Unión que respalden la institucionalización eviten la segregación de las personas con discapacidad; pide el refuerzo y el control del gasto, en colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad;

4.  Apoya las recomendaciones de los expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de que la Unión sea más accesible e integradora para adoptar un planteamiento con respecto a la discapacidad basado en los derechos humanos en situaciones de riesgo y de emergencia, incluso mediante la aplicación del Marco de Sendai; insta encarecidamente a la integración de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que son objeto de una doble discriminación, en las políticas de la Unión en materia de migración y de refugiados; pone de relieve que estas medidas deberían dar una respuesta adecuada a las necesidades específicas de las personas con discapacidad y tener en cuenta el requisito de que existan medidas relacionadas con el alojamiento razonables basadas en las necesidades; alienta una mayor integración de las necesidades de las personas con discapacidad en la respuesta humanitaria de los Estados miembros y la Unión;

5.  Reitera la importancia de las conclusiones del Consejo sobre la integración de la gestión de las catástrofes que tenga en cuenta a las personas con discapacidad en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y los Estados miembros; pide que se incremente la concienciación entre las personas con discapacidad y los servicios de emergencias y de protección civil sobre las iniciativas de reducción del riesgo de desastres, y que se les facilite información, así como que se facilite ayuda psicológica a las personas con discapacidad en la fase de recuperación de las catástrofes;

6.  Celebra las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de que la Unión elabore un sistema de indicadores basado en los derechos humanos; resalta que dicho sistema debe medir claramente el acceso de las personas con discapacidad a los programas exteriores de la Unión y la repercusión de los fondos de la Unión en los derechos humanos de las personas con discapacidad, de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; pide una referencia explícita a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todas las orientaciones para las evaluaciones de impacto; pide a la Unión que desarrolle un sistema de recopilación de datos de carácter global;

7.  Recomienda que las delegaciones y agencias de la Unión den muestras de una comprensión suficiente de las estrategias de la Unión en materia de discapacidad y actúen de un modo inclusivo y accesible; sugiere la creación en el Servicio Europeo de Acción Exterior de un «punto de contacto» en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; pide la introducción de una perspectiva relacionada con la discapacidad en todos los cursos de formación sobre derechos humanos impartidos en el marco de las misiones PCSD;

8.  Lamenta profundamente que la Unión no haya consultado suficientemente a las organizaciones representantes de las personas con discapacidad de manera formal durante su preparación del proceso de revisión por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2015 ni en la elaboración de su informe sobre los progresos realizados; pide que las organizaciones de las personas con discapacidad participen activamente en las reuniones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su calidad de parte independiente y que formen parte, además, de las delegaciones oficiales de la Unión que tengan por objeto revisiones futuras;

9.  Recuerda que las mujeres y niñas con discapacidad sufren una doble discriminación y, a menudo, un alto riesgo de ser objeto de actos de violencia, abusos, maltrato o explotación; apoya decididamente la recomendación de integrar una perspectiva de género en todas las estrategias de la Unión en materia de discapacidad, también en la política y acción exterior de la Unión;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

24.5.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

47

1

0

Miembros presentes en la votación final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Suplentes presentes en la votación final

Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Tokia Saïfi, Bodil Valero, Janusz Zemke

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Elmar Brok, Therese Comodini Cachia, Judith Sargentini, Ricardo Serrão Santos, Ilhan Kyuchyuk, Jarosław Wałęsa, Renate Weber.


OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (6.6.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente: Heidi Hautala

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Recuerda que aproximadamente el 15 % de la población mundial, es decir cerca de mil millones de personas, vive con una discapacidad, y que el 80 % de esas personas vive en países de renta baja; destaca que el 50 % de las discapacidades se pueden evitar y están relacionadas directamente con la pobreza, así como que en el mundo en desarrollo aproximadamente el 98 % de los niños con discapacidad no asiste a la escuela;

2.  Subraya que la pobreza es causa y consecuencia de la discapacidad y que la pobreza es un obstáculo para acceder a necesidades básicas tales como la nutrición, la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, y que esto puede conducir a la discapacidad;

3.  Destaca que las discapacidades aumentan a medida que aumenta la edad media de la población;

4.  Subraya que las personas con discapacidad pueden tener que hacer frente a costes adicionales relativos a la discapacidad, tasas más elevadas de desempleo e ingresos más bajos, lo que puede exponerlos a ellos y a sus familias a un mayor riesgo de dificultades económicas;

5.  Subraya que la exclusión de la educación puede conducir a un menor potencial de empleo e ingresos entre las personas con discapacidad, lo que hace que estas personas y sus familias sean más vulnerables a la pobreza y limita el crecimiento económico nacional;

6.  Subraya que la incapacidad para acceder y recibir una asistencia sanitaria adecuada y oportuna puede dar lugar a unos niveles de funcionamiento permanentemente deficientes o en deterioro entre las personas con discapacidad, lo que incluye el desarrollo de incapacidades adicionales conducentes a un aumento a largo plazo de los costes de productividad y médicos individuales y sociales;

7.  Destaca que la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, con independencia de la condición socioeconómica, política o cultural del país, no es solo una cuestión de desarrollo, sino también un asunto relacionado con los derechos humanos;

8.  Subraya el hecho de que los conflictos en curso y las catástrofes naturales también son factores que contribuyen al aumento del número de personas con discapacidad;

9.  Destaca la promesa de no excluir a nadie y las referencias a las discapacidades que figuran en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en particular en las secciones relativas a la educación, el crecimiento y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en lo que se refiere a la recogida de datos y el control de los ODS, y recomienda que la Unión encabece la aplicación de los ODS inclusivos en materia de discapacidad; subraya asimismo las referencias al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres;

10.  Subraya el hecho de que las políticas y los programas generales no siempre son accesibles para las personas con discapacidad;

11.  Destaca los importantes progresos realizados por la Unión en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), pero que, según el Comité de la CDPD, todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere a la desigualdad, el desempleo y la educación; manifiesta, además, su preocupación por la violencia sexual y otras formas de abuso de que son víctimas las personas con discapacidad, en particular mujeres y niños;

12.  Pide a la Comisión que elabore un plan de ejecución para los ODS y la reducción del riesgo de catástrofes en consonancia con la CDPD; destaca que un plan de esta índole debería contribuir en gran medida a la definición de indicadores en ámbitos relacionados con la discapacidad y la inclusión socioeconómica; destaca que en la definición de los indicadores de los ODS se ha de prestar una atención particular a la pobreza, la protección social, la cobertura sanitaria, la violencia contra las mujeres, la salud sexual y reproductiva y los derechos al respecto, el acceso al agua, al saneamiento y a la energía, la resiliencia a las catástrofes y el registro de los nacimientos;

13.  Destaca que todas las medidas de información, sensibilización y formación representan un elemento esencial para la aplicación de la CDPD;

14.  Hace hincapié en que todos los programas y políticas de la Unión, tanto a nivel externo como interno, deben respetar la CDPD y establecer medidas específicas destinadas a garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se integren en todos los ámbitos, incluidos los programas y políticas humanitarios y de desarrollo; pide a la Unión que, a este fin, adopte una política armonizada sobre desarrollo inclusivo en materia de discapacidad y establezca un enfoque sistemático e institucionalizado para integrar los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas de cooperación internacional de la Unión;

15.  Pide, además, a la Unión que:

–  ponga en marcha más proyectos de desarrollo centrados específicamente en las personas con discapacidad;

–  establezca un mecanismo para la creación de capacidad y el intercambio de buenas prácticas entre las diferentes instituciones de la Unión y entre la Unión y sus Estados miembros en lo que se refiere a una ayuda humanitaria que sea accesible e inclusiva en materia de discapacidad;

–  determine y establezca mecanismos destinados a recoger y controlar datos desglosados sobre la discapacidad, el sexo y la edad, con el fin de controlar los derechos de las personas con discapacidad en los programas de desarrollo de la Unión y fijar un calendario para la presentación de datos desglosados sobre todos los programas;

–  integre la discapacidad en las políticas de migración y refugiados;

–  defina puntos focales para las cuestiones relacionadas con la discapacidad en las delegaciones de la Unión y prevea la figura de un operador que disponga de una formación que le permita interactuar con personas con discapacidad y ofrecer sus competencias y capacidades;

–  plantee cuestiones relativas a la discapacidad en los diálogos con los países socios y respalde y se comprometa con una cooperación estratégica con las ONG de países socios que trabajan en el ámbito de la discapacidad;

–  revise el marco financiero plurianual y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el contexto de la CDPD;

–  incluya una referencia a la integración de la dimensión de la discapacidad en las políticas de la Unión en el posible nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo;

–  estudie la posibilidad de asignar fondos previstos para el conjunto de programas y políticas de cooperación internacional de la Unión a los programas nacionales en favor de las personas con discapacidad;

–  garantice a los niños en riesgo un tratamiento oportuno, adecuado y completo, teniendo en cuenta la importancia de una intervención precoz en estos casos;

–  facilite a los padres de los niños con discapacidad la formación que necesitan para participar activa y plenamente en el cuidado de su hijo;

–  fomente la integración precoz de los niños con discapacidad y de la educación especial en las escuelas infantiles y primarias;

16.  Pide a la Unión que asuma el liderazgo en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los países socios, las organizaciones regionales y a nivel mundial;

17.  Recomienda que la Unión asuma el liderazgo en la aplicación inclusiva en materia de discapacidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y establezca un plan de trabajo y una revisión intermedia de este a fin de garantizar un mecanismo de seguimiento y evaluación y velar por la rendición de cuentas de la Unión;

18.  Destaca la importancia de consultar regularmente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan;

19.  Subraya la importancia de dar un apoyo específico a las personas con discapacidad en situaciones posteriores a las de emergencia;

20.  Subraya la importancia de crear una «oficina para la discapacidad» a fin de mejorar la coordinación efectiva y la recogida de información en los países en desarrollo.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

24.5.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

19

1

1

Miembros presentes en la votación final

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Suplentes presentes en la votación final

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carolina Punset, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Jan Zahradil

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

John Stuart Agnew


OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (28.4.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión: Nessa Childers

SUGGESTIONS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Destaca la fuerte correlación entre la discapacidad, que afecta a un 15 % de la población de la Unión, y la enfermedad, vistas las dificultades y los obstáculos persistentes en el acceso que provocan una prestación de servicios sanitarios inadecuada o incompleta a las personas con discapacidad, también cuando esta se deriva precisamente de una reacción adversa a medicamentos; señala que el acceso insuficiente a servicios sanitarios de calidad repercute de manera negativa en las posibilidades de las personas con discapacidad de vivir de forma independiente, integrada y en pie de igualdad con los demás;

2.  Observa con preocupación que entre las personas con discapacidad sea significativamente superior el porcentaje de denuncias tanto de denegación o de insuficiencias en relación con la asistencia como de situaciones de tratamiento forzoso o maltrato, lo que indica una formación insuficiente de los profesionales de la salud en lo que respecta a las necesidades de asistencia sanitaria de las personas con discapacidad; pide a los Estados miembros que inviertan en la formación de los profesionales que tratan y asisten a las personas con discapacidad;

3.  Subraya la necesidad de examinar y abordar las cuestiones de discriminación interseccional y múltiple, a la vista de la incidencia especialmente elevada de graves problemas de salud que se detectan entre las mujeres con discapacidad, los porcentajes globalmente superiores de trastornos mentales entre la población femenina, en particular las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y otros casos de discriminación evitable de las personas con discapacidad, por motivos de edad, género, orientación e identidad sexual, y desigualdades sociales;

4.  Pide a los Estados miembros que adopten disposiciones y procedimientos legales que reconozcan, prevengan y aborden explícitamente la discriminación interseccional y múltiple y que adopten las medidas pertinentes para la concienciación y formación de los agentes tanto públicos como privados en cuanto a dicha discriminación, prestando especial atención a las mujeres, los niños, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y los migrantes con discapacidad;

5.  Hace hincapié en que la aprobación con conocimiento de causa y unos procedimientos accesibles son una condición necesaria para que las personas con discapacidad tengan derecho a adoptar decisiones libremente en lo relativo a su tratamiento médico en la mayor medida posible, prestando atención especial a las personas con dificultades de aprendizaje; pide que los derechos de los pacientes sean uno de los ejes en torno a los que gire la asistencia;

6.  Recuerda la posición privilegiada de la que goza la Comisión a la hora de facilitar e impulsar la aplicación en todos los Estados miembros de las mejores prácticas en relación con la igualdad de acceso a los servicios generales de asistencia sanitaria y la prestación de asistencia y tratamiento especializados para la discapacidad;

7.  Pide a la Comisión que integre enfoques que tengan en cuenta la discapacidad en sus instrumentos y políticas sobre salud de manera que contribuyan a mejorar los resultados sanitarios de las personas con discapacidad en los Estados miembros, mejorando la accesibilidad física, medioambiental y sensorial, y aumentando la calidad y la asequibilidad, y, en la medida en que los instrumentos y políticas se desarrollen en este marco, celebren consultas con las personas con discapacidad;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen conjuntamente para implantar estructuras de apoyo que faciliten el pleno desarrollo de los niños y los adolescentes con discapacidad; llama la atención, en particular, sobre la necesidad de promover su crecimiento en el ámbito familiar y de la comunidad, y de recurrir en menor medida a su institucionalización;

9.  Reitera que los derechos reproductivos forman parte de las libertades fundamentales garantizadas por la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 1993, y por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y comprenden: el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia; el derecho a servicios de salud reproductiva completos, incluidos servicios de planificación familiar y salud materna, educación e información; el derecho a otorgar consentimiento informado para cualquier procedimiento médico, incluida la esterilización y el aborto; y el derecho a no ser objeto de abusos sexuales ni de explotación sexual.

10.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que todos los cuidados y servicios sanitarios proporcionados a las mujeres con discapacidad, incluidos todos los cuidados y servicios de salud mental y reproductiva, sean accesibles y se presten con el consentimiento libre e informado de la persona afectada;

11.  Insta a los Estados miembros a que adopten directrices para garantizar que toda la educación, la información, la atención sanitaria y los servicios asociados a la salud sexual y reproductiva están disponibles para las mujeres y las niñas con discapacidad en formatos accesibles y adaptados a su edad, como los lenguajes de signos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos y otros modos, medios y formatos de comunicación alternativos;

12.  Pide, asimismo, a los Estados miembros que garanticen que el tratamiento e internamiento involuntarios están prohibidos por ley, de conformidad con las normas internacionales más recientes;

13.  Observa que la falta de datos y estadísticas desagregados a escala subnacional y por subgrupos de población supone un obstáculo a la hora de formular políticas adecuadas para reducir las desigualdades en el acceso; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros mediante la armonización de la definición de los indicadores de tiempo de espera y la recopilación de estos indicadores y mediante la elaboración y aplicación de normas en materia de accesibilidad de los centros de salud para las personas con discapacidad;

14.  Pide a la Comisión que se abstenga de apoyar medidas de austeridad que puedan producir en toda la Unión efectos contrarios en relación con la atención sanitaria que precisan las personas con discapacidad;

15.  Pide a los Estados miembros que se abstengan de efectuar recortes en las prestaciones, los servicios comunitarios y los servicios sanitarios asociados a la discapacidad que supongan un deterioro en la salud y el bienestar de las personas con discapacidad y de los familiares que las cuidan;

16.  Insta a la Comisión a que incorpore un componente específico relativo a la discapacidad en su examen de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza e insta a los Estados miembros a que prosigan su aplicación desde la perspectiva de las necesidades de las personas con discapacidad y su derecho a conocer y utilizar realmente, en igualdad de condiciones con los demás, las disposiciones y los instrumentos que esta contiene y que son poco conocidos incluso entre el público general;

17.  Pide a la Comisión que desarrolle orientaciones a escala de la Unión destinadas a los puntos de contacto nacionales sobre la manera de proporcionar información accesible a todos los pacientes sobre cuidados en otros Estados miembros, teniendo presente la función específica de las organizaciones de pacientes;

18.  Anima a la Comisión a que ayude a los Estados miembros y a los miembros de las redes europeas de referencia a ampliar los recursos y las competencias de la red a formas de discapacidad que, no siendo necesariamente raras, requieren también una atención sanitaria altamente especializada, prestada por equipos de atención sanitaria multidisciplinarios y una concentración de conocimientos y recursos a través de este marco;

19.  Acoge con satisfacción el proyecto piloto relativo a la Tarjeta Europea de Discapacitado; anima a todos los Estados miembros a que se adhieran al proyecto piloto relativo a la Tarjeta Europea de Discapacitado y pide a la Comisión que asigne los recursos financieros necesarios para desarrollar un proyecto de Tarjeta Europea de Discapacitado a escala de la Unión;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los servicios, las aplicaciones y los dispositivos sanitarios electrónicos y móviles, incluido el número de emergencia 112, que debe ser de fácil utilización en toda Europa, y el sistema de localización móvil avanzada de emergencia, sean plenamente accesibles a los pacientes con discapacidad y a sus cuidadores, y que aprovechen mejor el potencial de la telemedicina para mejorar el acceso y la asistencia en este contexto;

21.  Observa que, en el período de programación 2014-2020, queda margen para adoptar medidas que promuevan los objetivos de la Convención, en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión; pide, en este contexto, que se haga un uso más racional de los Fondos Estructurales de la Unión, complementado, en su caso, por medidas nacionales, como una de las herramientas para brindar atención médica de calidad elevada a las personas con discapacidad adaptada a sus condiciones, que se eliminen las disparidades en relación con el acceso a la atención, y que se mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad y que se mejore el acceso a la asistencia sanitaria, incluidos los servicios, las aplicaciones y los dispositivos electrónicos;

22.  Considera que debe mejorarse la accesibilidad de las personas con discapacidad a los productos y servicios sanitarios; señala que las barreras de carácter económico y las derivadas de la relación coste-beneficio impiden mejorar y concretizar esa accesibilidad; considera que una mayor participación de las personas con discapacidad en las fases de desarrollo de los productos y servicios sanitarios contribuirá a garantizar la seguridad y la accesibilidad;

23.  Pide a las organizaciones de personas discapacitadas que se impliquen plenamente en el desarrollo y la revisión de las políticas en materia de discapacidad;

24.  Subraya que las personas con discapacidades físicas también se enfrentan a problemas en un mercado de movilidad digitalizado y pide que se facilite el acceso a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad en lenguajes, formatos y tecnologías accesibles adecuados a las diferentes clases de discapacidad, incluida la lengua de signos, el braille, los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, y otros medios, modos y formatos de comunicación de su elección, como un lenguaje de fácil lectura, el subtitulado y los mensajes de texto personales, en particular en lo que se refiere a la información relativa a la salud, recurriendo a más de un canal sensorial;

25.  Insta a la Comisión a que haga un esfuerzo sostenido para reforzar la prevención y la promoción de la sanidad a fin de abordar las graves disparidades en materia de salud y acceso que afectan a las personas con discapacidad más vulnerables;

26.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que defiendan la clasificación de la enfermedad invalidante de la memoria como discapacidad;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que avancen lo más rápidamente posible en relación con la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020;

28.  Pide a la Comisión que incorpore la Estrategia Europea sobre Discapacidad en relación con la CDPD con plazos, puntos de referencia e indicadores claramente establecidos;

29.  Pide a la Comisión que prevea en la Estrategia Europea sobre Discapacidad una sección específica relativa a la protección de las personas con discapacidad no autónomas y carentes de ayuda familiar; destaca que dicha sección debería considerar, en primer lugar, las necesidades sociales y en materia de salud de las personas con discapacidad y, a continuación, todos los demás aspectos de sus vidas;

30.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan de forma adecuada el papel fundamental de los familiares que ejercen de cuidadores y a que velen por que tengan un acceso adecuado a los servicios de salud, habida cuenta del impacto que el cuidado de una persona con discapacidad tiene en la salud física y mental y el bienestar de los cuidadores;

31.  Hace hincapié en que, para eliminar la discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, incluido el acceso a la atención sanitaria, es imprescindible la adopción y aplicación de la Directiva horizontal sobre la igualdad de trato.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

26.4.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

56

0

8

Miembros presentes en la votación final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Tom Vandenkendelaere, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suplentes presentes en la votación final

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Marie-Christine Boutonnet


OPINIÓN de la Comisión de Transportes y Turismo (27.4.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión: Davor Škrlec

SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que, en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la definición y ejecución de sus políticas y acciones la Unión ha de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad (artículo 10) y puede adoptar acciones adecuadas para luchar contra este tipo de discriminación (artículo 19);

B.  Considerando que los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíben explícitamente la discriminación por razón de discapacidad y prevén la participación en la sociedad, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad;

C.  Considerando que, en su respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo(1), aprobada por la Comisión el 13 de diciembre de 2011, la Comisión reconocía la necesidad de garantizar una cadena ininterrumpida de servicios accesibles a todos (transporte, alojamiento, restauración y atracciones) y que, con este fin, comenzó a organizar acciones de sensibilización y destinadas a mejorar las competencias en el sector turístico y, en última instancia, a mejorar la calidad de las instalaciones turísticas para las personas con necesidades especiales o discapacidades;

D.  Considerando que las necesidades de las personas con discapacidad, diversidad funcional o movilidad reducida en los ámbitos del transporte, la movilidad y el turismo ofrecen a las empresas la oportunidad de innovar en sus servicios de transporte y movilidad, algo que puede ser ventajoso para todos, tanto a las personas con distintos tipos de discapacidad (por ejemplo, y sin que la lista sea exhaustiva, las personas de movilidad reducida, las personas con discapacidad visual, las personas sordas o con dificultades auditivas, las personas con autismo, las personas con discapacidades intelectuales o psicosociales, etc.), como a los demás usuarios de estos servicios, siguiendo la idea del diseño universal;

E.  Considerando que en Europa hay 80 millones de personas con discapacidades o diversidad funcional, que constituyen una sexta parte de la población;

1.  Insta a la Comisión y al Consejo a que atiendan mejor las necesidades de las personas con discapacidad y a que tengan en cuenta dichas necesidades de forma coherente al revisar los reglamentos de la UE, por ejemplo los relativos a los derechos de los pasajeros en los distintos modos de transporte (Reglamentos (CE) n.º 1107/2006 y (CE) n.º 261/2004 relativos al transporte aéreo, el Reglamento (CE) n.º 1371/2007 sobre el transporte por ferrocarril, el Reglamento (UE) n.º 1177/2010 sobre el transporte por vías navegables y el Reglamento (UE) n.º 181/2011 sobre el transporte en autobús y autocar), y al elaborar legislación, por ejemplo en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de viajes multimodales; insiste en que en 2010 la Unión se comprometió en favor de una Europa sin barreras en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020;

2.  Pide a la Unión que refuerce el control de la aplicación de la legislación relativa a los derechos de los pasajeros y armonice la labor de los órganos nacionales de control, y pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para la aplicación de la legislación de la Unión encaminada a mejorar la accesibilidad a escala local, regional y estatal en el ámbito del transporte y del turismo (incluidos los transportes en autobús y taxi, transporte público urbano, por ferrocarril, por vía aérea y por vías navegables, además de las estaciones, aeropuertos y puertos) y que eliminen los obstáculos para conseguir una Europa sin barreras, por ejemplo reforzando las competencias de los órganos de control correspondientes en el marco de la legislación relativa a los derechos de los pasajeros, con el fin de garantizar que todos los pasajeros con discapacidad disfruten efectivamente de los mismos derechos en toda la Unión, también en relación con la incorporación de la accesibilidad a la normalización, la armonización, los requisitos técnicos, los incentivos a las empresas, la política sindical y los convenios colectivos;

3.  Pide a la Comisión Europea que aclare las responsabilidades de todos los implicados en la atención a las personas con movilidad reducida, en especial cuando se trata del transbordo entre diferentes modos de transporte, y que proporcione al Parlamento información sobre la participación de las asociaciones de personas con discapacidad y su papel en la aplicación de los reglamentos sobre derechos de los pasajeros;

4.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que avancen en la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020; lamenta que se haya retrasado la evaluación intermedia de dicha Estrategia, que hubiera debido presentarse en 2015, y pide a la Comisión que finalice y publique esta evaluación cuanto antes;

5.  Se muestra convencido de las ventajas que ofrecen unas normas comunes en materia de accesibilidad a escala de la Unión, por lo que aguarda con interés la rápida adopción de la propuesta de la Comisión de un acta europea de accesibilidad(2);

6.  Subraya la necesidad de adoptar el acta europea de accesibilidad, que ayudará a resolver todos los problemas ligados a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en los ámbitos del transporte, la movilidad y el turismo, y garantizará que los servicios de transporte de pasajeros por vía aérea, en autobús, por ferrocarril y por vías navegables —especialmente en lo tocante a los transbordos y el acceso sin escaleras en todas las redes públicas de metro y ferrocarril—, los sitios web, los servicios mediante dispositivos móviles, los terminales inteligentes expendedores de billetes, los terminales de información en tiempo real y los terminales de autoservicio, las máquinas expendedoras de billetes, y las máquinas de facturación que se utilicen para la prestación de servicios de transporte de pasajeros, sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad;

7.  Reconoce que para las pequeñas y medianas empresas será beneficioso atenerse a unos requisitos europeos normalizados, en lugar de tener que adaptarse a normas nacionales divergentes; lamenta, no obstante, que los productos turísticos y los servicios turísticos de naturaleza transfronteriza no figuren en la propuesta de acta europea de accesibilidad; subraya que no se han tomado otras medidas al nivel de la Unión en relación con las instalaciones y los servicios turísticos para armonizar gradualmente la clasificación de los alojamientos teniendo en cuenta criterios de accesibilidad;

8.  Pide a la Comisión que proponga la ratificación del Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que las personas con discapacidad puedan hacer valer mejor sus derechos, especialmente en lo que respecta a su imposibilidad de acceder a los servicios de transporte y a algunos aspectos de las áreas edificadas, incluidas las instalaciones y los alojamientos turísticos;

9.  Hace hincapié en que una accesibilidad sin barreras a los servicios de transporte, vehículos, infraestructuras y nudos de conexión intermodal, en particular en las zonas rurales, es fundamental para asegurar unos sistemas de movilidad sin discriminaciones inherentes; destaca, a este respecto, que las personas con discapacidad deben tener acceso a los productos y servicios, y que deben hacerse más esfuerzos por hacer accesibles los servicios, los vehículos y las infraestructuras de transporte y de turismo; recuerda que el Mecanismo Conectar Europa ofrece la posibilidad de financiar acciones en el entorno urbano y acciones para mejorar la accesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad que pueden suponer hasta el 10 % del coste de la adaptación;

10.  Pide a la Comisión Europea que en su informe anual sobre la implementación de los fondos de la RTE-T publique los progresos realizados en las acciones y la cuantía de la ayuda otorgada para adaptar las infraestructuras a las personas con discapacidad con cargo al Mecanismo Conectar Europa y otros tipos de fondos de la Unión. Pide, asimismo, a la Comisión Europea que lleve a cabo acciones para fomentar una mayor participación en los proyectos de adaptación de la infraestructura a las personas con discapacidad que incluya, entre otras cosas, sesiones de información y divulgación entre posibles promotores;

11.  Señala en este sentido la importancia de financiar acciones en el entorno urbano donde se da un mayor número de transbordos entre los diferentes modos y donde mayores dificultades tienen las personas con algún tipo de disfunción móvil;

12.  Subraya la importancia de la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan sacar el máximo provecho de la oferta turística europea;

13.  Subraya que los formatos permanentemente accesibles deben ocupar un lugar prioritario en las políticas relativas al mercado de movilidad digital, y deben facilitar el acceso a las personas con discapacidades de cualquier tipo mediante el uso de lenguajes, formatos y tecnologías accesibles adecuados a las diferentes clases de discapacidad, incluida la lengua de signos, el braille, los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos y otros medios, modos y formatos de comunicación accesibles de su elección, como un lenguaje de fácil lectura o los pictogramas, el subtitulado y los mensajes de texto personales para la información relativa a viajes, reservas y emisión de billetes, que permitan recurrir a más de un canal sensorial; insta a la Comisión, en relación con la infraestructura y los servicios de transporte, a que establezca unos mecanismos de seguimiento y control adecuados que garanticen que los dispositivos de accesibilidad y asistencia para personas con discapacidad se ofrezcan también en los servicios públicos de transporte en todos los Estados miembros;

14.  Hace hincapié en que las personas con discapacidad deben poder obtener información sobre servicios multimodales y transfronterizos que ofrezcan transporte puerta a puerta, de tal modo que puedan elegir entre el servicio más sostenible, más barato o más rápido y puedan reservar y abonar dichos servicios en línea;

15.  Pide que se facilite información sobre los viajes en tiempo real, de tal forma que las personas con discapacidad, antes de salir, puedan obtener información sobre posibles perturbaciones o fórmulas alternativas de viaje;

16.  Acoge con satisfacción el proyecto piloto relativo a la Tarjeta Europea de Discapacidad; pide a los Estados miembros interesados y a la Comisión que tengan en cuenta y recurran en su caso a los últimos avances tecnológicos, especialmente en los ámbitos de la intermodalidad, interconectividad e interoperabilidad, y hace hincapié en que el principio de «diseño universal» debe aplicarse siempre a la hora de diseñar productos relacionados con el transporte de viajeros por vía aérea, en autobús, por ferrocarril o fluvial, a fin de cumplir plenamente los requisitos de accesibilidad; anima a todos los Estados miembros a que se adhieran a la iniciativa de la Tarjeta Europea de Discapacidad y pide a la Comisión que asigne los recursos financieros necesarios para desarrollar un proyecto de Tarjeta Europea de Discapacidad a escala de la Unión;

17.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para garantizar que el número de emergencia 112 esté plenamente accesible para las personas con discapacidad en cualquier lugar de Europa;

18.  Destaca que debe dedicarse una atención especial a las tecnologías de apoyo que hacen posible que las personas con discapacidad vivan de manera independiente, y que los conocimientos adquiridos sobre la necesidad de una movilidad y unos servicios turísticos sin barreras deben integrarse de manera más plena en los futuros programas de investigación e innovación, como los programas en el contexto de Horizonte 2020; considera que para ello será necesario mejorar y armonizar los datos estadísticos a nivel europeo y compartir buenas prácticas;

19.  Pide a la Comisión que fomente la investigación, la recogida de datos y el intercambio de buenas prácticas, en consulta con organizaciones representativas de personas con discapacidad y que presente una sinopsis de los datos relativos a la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios turísticos, tal como se prevé en los dos anexos al Reglamento (UE) n.º 692/2011 relativo a las estadísticas europeas sobre el turismo;

20.  Hace hincapié en que los servicios turísticos deben tener en cuenta las necesidades especiales de las personas con discapacidad, como un acceso fácil a la información y la comunicación y a instalaciones como habitaciones, cuartos de baño, aseos y otros espacios interiores;

21.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que elaboren estrategias de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad, que faciliten la formación del personal de los transportes y el sector turístico para sensibilizarlos en materia de discapacidad e igualdad de trato y que fomenten la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones europeas que trabajan en el campo de la discapacidad y los organismos públicos y privados encargados de los transportes; les insta a que el material que se utilice para la formación esté disponible también en formatos accesibles;

22.  Pone de relieve que el personal de las compañías aéreas debe recibir una formación rigurosa para poder brindar los servicios adecuados a las personas con discapacidad; subraya la atención especial que debe prestarse a que el personal pueda maniobrar sillas de ruedas sin dañarlas;

23.  Afirma que el principio «turismo para todos» debe ser el punto de referencia para todas las acciones vinculadas al turismo que se desarrollen a escala nacional, regional, local o europea; señala que los proveedores de servicios turísticos deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad fomentando la adaptación de las infraestructuras y la realización de actividades de formación del personal.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

26.4.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

42

1

1

Miembros presentes en la votación final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suplentes presentes en la votación final

Rosa D’Amato, Jill Evans, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Marek Plura, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

(1)

DO C 51E de 26.2.2013, p. 41.

(2)

COM(2015) 0615.


OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional (21.3.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión: Jens Nilsson

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Subraya que el artículo 7 y el artículo 96, apartado 7, del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes(1) exige a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que se consideran y se promueven la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en general y en los programas operativos en particular; pide un enfoque integrado para abordar las necesidades específicas de las personas con discapacidad; pide, por lo tanto, a la Comisión que haga un seguimiento de cerca de la aplicación de las condiciones generales ex ante sobre no discriminación y discapacidad; destaca que su evaluación debe valorar la adecuación de las medidas planeadas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la integración de las personas con discapacidad, en particular en materia de accesibilidad a financiación;

2.  Subraya, con vistas al sistema de gestión compartida en la aplicación de la política de cohesión, la necesidad de una gobernanza en varios niveles eficaz y de una coordinación de las medidas para luchar contra la discriminación; insta a la Unión Europea a que considere el establecimiento de un mecanismo de coordinación interinstitucional; hace hincapié en que este mecanismo debe permitir la creación de capacidades y el intercambio de buenas prácticas entre las diversas instituciones europeas y los Estados miembros en lo que se refiere a una ayuda humanitaria inclusiva y accesible para las personas con discapacidad y la consulta efectiva y la participación de estas personas y de las organizaciones que las representan;

3.  Hace hincapié en que las personas con discapacidad se enfrentan a una serie de retos a la hora de ejercer sus derechos, especialmente en los ámbitos del empleo, la vivienda y la movilidad; subraya que estas personas realizan una contribución valiosa a la sociedad en su conjunto, también como emprendedores de éxito que frecuentemente dirigen pequeñas empresas, y que esta enriquecedora contribución puede ser incluso mayor si el entorno (laboral y empresarial) se adapta de forma apropiada, para lo cual son necesarios los Fondos EIE; insta, por lo tanto, a la Unión Europea a que determine y comunique cuántas personas con discapacidad trabajan por cuenta ajena y por cuenta propia; recuerda que, según la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, una de cada seis personas en la Unión tiene una discapacidad, más de un tercio de las personas con más de 75 años tienen discapacidad o limitaciones funcionales que las limitan de algún modo y más del 20 % tienen limitaciones considerables, y que además se prevé que estas cifras aumenten con el envejecimiento de la población de la Unión;

4.  Recomienda encarecidamente que los Estados miembros y las entidades locales y regionales incrementen sus esfuerzos en el ámbito de la plena igualdad, la prevención de la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad, en particular en lo que se refiere a la igualdad de acceso a la atención sanitaria de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, incluidas las personas que necesitan asistencia y apoyo de alta calidad; pide una evaluación de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza en lo que respecta al acceso de las personas con discapacidad, la igualdad de acceso a la vivienda, el transporte, los productos y los servicios, así como a una educación (profesional) inclusiva de calidad y al empleo, aumentando al mismo tiempo la concienciación general en torno a las diferentes discapacidades y sus correspondientes necesidades;

5.  Pide a la Comisión que coopere estrechamente con el Parlamento en relación con los motivos de preocupación planteados por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en sus Observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión Europea(2); considera que las instituciones de la Unión deben ser modélicas en relación con la interpretación de la Convención; pide una campaña exhaustiva de sensibilización en la sociedad acerca de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para luchar contra los prejuicios contra las personas con discapacidad; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen lo antes posible la Convención; pide a la Comisión que debata el proyecto de informe sobre la aplicación de la Convención con el Parlamento lo antes posible;

6.  Opina que la financiación de los Fondos EIE, en particular el Fondo Social Europeo, debe usarse para abordar el desafío crucial de la pobreza y exclusión de las personas con discapacidad, apoyar la integración y la desinstitucionalización de forma equilibrada, a la vez que se evita la proliferación de instituciones; pide, en este contexto, que los planes nacionales para la desinstitucionalización incluyan objetivos específicos para la creación de servicios de asistencia de proximidad, dispensados por personas cualificadas y formadas, para que las personas con discapacidad puedan tener acceso al mismo abanico de opciones que los demás con respecto al lugar en el que residen y reciben el apoyo que puedan necesitar;

7.  Insta a los responsables políticos locales, regionales, nacionales y de la Unión a que velen por un seguimiento eficiente de la aplicación de las disposiciones destinadas a luchar contra la discriminación, así como por la accesibilidad y el uso de la financiación de los Fondos EIE para apoyar una igualdad de acceso a todos los servicios, incluido internet, para las personas con discapacidad y soluciones habitacionales equitativas suficientes en las comunidades locales de todas las zonas (esto es, las zonas rurales y poco habitadas y las zonas urbanas), así como para las instituciones encargadas de su atención; observa, no obstante, que las políticas sociales y su financiación siguen siendo principalmente responsabilidad de los Estados miembros;

8.  Se muestra a favor de medidas proactivas de apoyo del empleo de las personas con discapacidad y de adaptación de las políticas generales de contratación; anima a las instituciones públicas nacionales, regionales y locales a que den ejemplo absteniéndose de realizar recortes en las prestaciones asociadas a la discapacidad, reforzando la formación profesional y velando por la aplicación efectiva del cupo para personas con discapacidad mediante la oferta de incentivos fiscales a los empleadores; considera necesario garantizar una accesibilidad sin barreras a las infraestructuras y a todos los modos de transporte público para las personas con discapacidad; pide además el establecimiento de planes para la eliminación de las barreras arquitectónicas en el uso de edificios y espacios públicos al proyectar las intervenciones cofinanciadas con Fondos EIE;

9.  Pide a la Comisión que haga un seguimiento de cerca sobre el pleno cumplimiento del principio de no discriminación y la legislación asociada cuando se utilizan los Fondos EIE; subraya que los órganos responsables de fomentar la inclusión social, y la no discriminación, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, deben participar en la asociación durante las fases de programación y de ejecución de los programas operativos, con el fin de garantizar que se tengan efectivamente en cuenta los intereses e inquietudes de las personas con discapacidad; insta a que el uso de los Fondos EIE respete las normas mínimas en materia de accesibilidad, movilidad y vivienda de las personas con discapacidad, y señala que esto conlleva una tarea importante y compleja, en particular para las autoridades locales y regionales;

10.  Opina que deben desarrollarse instrumentos digitales destinados a las personas con discapacidad para facilitar la integración de los deportistas con discapacidad, así como plataformas para el trabajo a distancia y el uso compartido de puestos y espacios de trabajo («hot-desking» y «co-working»); considera además que la enseñanza y las infraestructuras deportivas de las escuelas deben adaptarse a las necesidades de los niños con discapacidad y que en cada Estado miembro debe haber un marco político estratégico nacional y regional para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con medidas concretas para el desarrollo de las competencias de las personas con discapacidad;

11.  Recuerda que no existe una jerarquía de los derechos humanos y que la discriminación por motivos de discapacidad debe abordarse de la misma forma que la discriminación por otros motivos, incluida la discriminación por más de un motivo; pide, por lo tanto, a todos los agentes interesados que presten especial atención a las necesidades de todas las personas, refugiados incluidos, con discapacidad intelectual y psicosocial, de las personas con trastornos del espectro autista y de las personas mayores con discapacidad.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

17.3.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

35

1

0

Miembros presentes en la votación final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Suplentes presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Viorica Dăncilă, Elena Gentile, Iliana Iotova, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Remo Sernagiotto

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Louis Aliot, Sergio Gutiérrez Prieto, Gesine Meissner, Georgi Pirinski

(1)

DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.

(2)

Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión Europea, 4 de septiembre de 2015 (CRPD/C/EU/CO/1).


OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (21.4.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión: Silvia Costa

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1.  Recuerda que los artículos 19, 24 y 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantizan el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, el derecho a acceder a un sistema inclusivo de educación y formación y el derecho a participar en actividades cívicas y culturales, recreativas y deportivas; recuerda asimismo que estos derechos están protegidos por el Derecho de la Unión, en particular en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe toda discriminación por razón de discapacidad, y sobre la base del principio relativo a la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en la sociedad, incluida su participación democrática (artículo 3 de la Convención); pide, en consecuencia, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas destinadas a garantizar que las personas con discapacidad disfrutan de un acceso igual y real no solo a ámbitos clave como una educación inclusiva y de calidad, la cultura y el deporte, sino también a actividades extracurriculares, como cursos de teatro, idiomas o arte; pide a la Comisión que incluya en la Estrategia Europa 2020 indicadores específicos en materia de discapacidad en el marco de la consecución de los objetivos de educación y formación;

2.  Pide a los Estados miembros que garanticen una enseñanza que integre en los ciclos educativos y de formación a los niños y adultos con discapacidades físicas o psíquicas, ofreciendo asimismo servicios de orientación y apoyo, así como planes de estudio individuales; señala que estas iniciativas pueden financiarse con cargo a los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el programa Erasmus +;

3.  Recuerda el proyecto de observación general del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el artículo 24 («el derecho a la educación inclusiva»), que detalla su contenido normativo, las obligaciones de los Estados, su relación con otras disposiciones de la Convención y su aplicación a escala nacional;

4.  Recuerda que los programas dirigidos a los jóvenes deben prestar especial atención a los jóvenes con discapacidad;

5.  Recuerda que, con frecuencia, las personas con discapacidad quedan excluidas o no disfrutan de un acceso efectivo a los servicios educativos y de formación si bien son necesarios procesos educativos adaptados que tengan en cuenta su grado de discapacidad para ayudarlas a alcanzar su pleno potencial social, económico y educativo; pone de relieve que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar que todos los estudiantes con discapacidad se beneficien de ajustes razonables que les permitan disfrutar de su derecho a una educación de calidad inclusiva; alienta a los Estados miembros y a los gobiernos locales y regionales competentes a que refuercen los programas de formación y las oportunidades de desarrollo profesional continuo para todas las partes interesadas que participan en entornos educativos no formales o informales, así como su acceso a las infraestructuras de las TIC, para apoyar su trabajo con estudiantes con discapacidad y combatir los prejuicios existentes en relación con las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidades psicosociales e intelectuales;

6.  Recuerda que el deporte es un instrumento extremadamente valioso en el contexto de la inclusión social, ya que ofrece oportunidades de interacción y la adquisición de aptitudes sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pongan en marcha programas específicos para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades y los acontecimientos deportivos; señala que el pleno acceso a los espectáculos culturales o las actividades recreativas es un derecho básico, por lo que pide a la Comisión que mejore la accesibilidad a los acontecimientos, infraestructuras, bienes y servicios relacionados, también en el ámbito audiovisual; celebra las iniciativas que tienen como objeto el subtitulado adaptado o la audiodescripción de las obras, en particular las audiovisuales, de manera que resulten accesibles para las personas con discapacidad;

7.  Recomienda que las escuelas europeas apliquen una política de no rechazo por motivos de discapacidad e insta a la Comisión a que mejore e, idealmente, garantice el acceso de todos los niños con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad en las escuelas europeas; recomienda que se desarrollen planes de estudio individuales definidos a principios de curso y acordados entre las escuelas, las familias y las autoridades nacionales; pide a los Estados miembros y a la Comisión que faciliten el reconocimiento de las cualificaciones de los alumnos con discapacidad matriculados en las escuelas europeas;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para luchar contra la segregación y el rechazo de los estudiantes con discapacidad en las escuelas y los entornos docentes y ofrecerles el apoyo que necesitan y la realización de ajustes razonables, con vistas a que el alumno pueda desarrollar todo su potencial; destaca que la igualdad de oportunidades solo puede alcanzarse si se garantiza el derecho a una educación y formación inclusivas a todos los niveles y en todos los tipos de educación y formación, incluida la formación permanente, de manera que quede garantizado el reconocimiento de las cualificaciones de las personas con discapacidad, en particular de aquellas adquiridas gracias a entornos de aprendizaje de apoyo en los que estas personas puedan adquirir específicamente competencias y aptitudes que les permitan superar su discapacidad; pone de manifiesto las insuficiencias técnicas y económicas que menoscaban al funcionamiento de los programas de educación especial, en particular en aquellos Estados miembros afectados por la crisis, y pide a la Comisión que examine las posibilidades de mejorar la situación;

9.  Observa el progreso alcanzado en la regulación de los programas de intercambio de estudiantes, en particular el programa Erasmus+, al incluir un apoyo económico suplementario a la movilidad de estudiantes y personal con discapacidad, e insiste en que es necesario seguir incorporando disposiciones específicas en todos los componentes del programa; es consciente de que los estudiantes con discapacidad siguen enfrentándose en la práctica a numerosas barreras (relacionadas con las actitudes, la comunicación, la arquitectura, la información, etc.); pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su compromiso en favor de la participación de las personas con discapacidad en los programas de intercambio de la Unión, y que mejoren la visibilidad y transparencia de las oportunidades de movilidad; pide asimismo a la Comisión que promueva el intercambio de buenas prácticas por lo que respecta al acceso a los programas de intercambio de los estudiantes y profesores con discapacidad;

10.  Recuerda que el subprograma MEDIA dentro del programa Europa Creativa debe prestar especial atención a los proyectos que incorporen la cuestión de la discapacidad, y que debe ponerse de relieve el poder educativo de las películas y los festivales en este contexto;

11.  Apoya las iniciativas encaminadas a sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades a que se enfrentan las personas con discapacidad, así como a concienciar en mayor medida a las personas con discapacidad acerca de su potencial y las aportaciones que pueden hacer, en particular a través de programas educativos específicos en las escuelas; hace hincapié en que la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad radica, fundamentalmente, en que pretende suscitar un cambio en las actitudes culturales hacia la discapacidad, para que se reconozca que son las barreras del entorno social y económico las que discapacitan a las personas y no su propia discapacidad;

12.  Pide a la Comisión que adopte medidas eficaces dirigidas a las familias, las comunidades, los profesionales y las instituciones para evitar la violencia contra los niños con discapacidad; señala que las escuelas son cruciales a la hora de promover la integración social, y destaca que son necesarios mecanismos adecuados que posibiliten la inclusión en las escuelas ordinarias y que garanticen que profesores y educadores están debidamente preparados y formados para reconocer la violencia contra los niños con discapacidad y reaccionar cuando se produzca;

13.  Pide que los sistemas educativos se abstengan de crear entornos que etiqueten a los alumnos, como la clasificación de los estudiantes en grupos en función de su nivel, ya que afectan negativamente a los estudiantes con discapacidad, especialmente a los que tienen dificultades para el aprendizaje;

14.  Recuerda que los niños con discapacidad y sus familias deben recibir apoyo mediante medidas de intervención temprana, una asistencia social adecuada y servicios comunitarios apropiados;

15.  Pide a la Comisión que incorpore una perspectiva relativa a las mujeres y niñas con discapacidad en sus próximos programas, políticas y estrategias de igualdad de género, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que integren una dimensión de género en sus programas y servicios educativos y de formación, con el fin de garantizar una educación y un desarrollo inclusivos y reforzar la importante participación de las mujeres con discapacidad en el diálogo sobre la discapacidad; señala asimismo que las personas con discapacidad que pertenecen a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas con frecuencia son particularmente vulnerables ya que están expuestas a múltiples formas de discriminación;

16.  Destaca que las personas con discapacidad necesitan tener acceso a la información y la comunicación en formatos y tecnologías accesibles, apropiados para los diferentes tipos de discapacidad, incluido el lenguaje de signos, los caracteres Braille, la comunicación aumentativa y alternativa y los demás medios, modos o formatos de comunicación accesibles que elijan, incluidos los formatos de fácil lectura y el subtitulado; pide, por tanto, a la Comisión que tome las medidas necesarias para garantizar la aplicación de su legislación sobre acceso a la información y la comunicación; insta al Consejo a adoptar sin mayor dilación la Decisión relativa a la celebración del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso; pide al Consejo y a los Estados miembros que apliquen medidas coherentes y eficaces que sean acordes con sus disposiciones;

17.  Señala que las estrategias para la juventud posteriores a 2018 deben incorporar las necesidades de los jóvenes con discapacidad;

18.  Insiste en la importancia de los sistemas digitales para las personas con discapacidad como medio para facilitar su participación en todos los ámbitos de la sociedad, y recomienda que se siga estudiando el uso de tecnologías asistenciales en la educación; reconoce que un número desproporcionado de personas con discapacidad no tienen acceso en la actualidad a internet, permanecen al margen de la evolución digital y, por ese motivo, pierden información, oportunidades o posibilidades de formación en nuevas competencias y no pueden acceder a servicios importantes; pide, por tanto, a los legisladores nacionales y de la Unión que prevean disposiciones sobre accesibilidad cuando apliquen la legislación del mercado único digital, que incorporen la cuestión de la accesibilidad de los contenidos digitales en todas las políticas pertinentes, que, para fomentar el uso de internet entre las personas con discapacidad, organicen programas de formación de «promotores de la sociedad digital» en las comunidades y que adopten las medidas necesarias para luchar contra la ciberdelincuencia y la ciberintimidación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los derechos de propiedad intelectual no supongan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a los materiales culturales y que consideren la posibilidad de establecer una excepción obligatoria a los derechos de autor para los usos, dirigidos a las personas con discapacidad, directamente relacionados con la discapacidad y de carácter no comercial, en la medida en que lo requiera la discapacidad de que se trate; pide que se aplique en todas las políticas de la Unión un enfoque transversal de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

19.  Pide a la Comisión que continúe su labor en favor de la integración de las personas con discapacidad, proporcionado apoyo económico a diversos proyectos y organizaciones de base;

20.  Pide a la Comisión que ponga en marcha una campaña de información sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad centrada en el intercambio de buenas prácticas, en cooperación con las organizaciones de personas con discapacidad, e insta, además, a que todo el material relacionado con el desarrollo de capacidades, la formación y la sensibilización se ponga a disposición en formatos accesibles; recuerda a todas las instituciones y organismos de la Unión la importancia de garantizar a todas las personas con discapacidad el pleno acceso a sus portales de información;

21.  Hace hincapié en la necesidad de organizar un diálogo estructurado entre la Comisión, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan a fin de lograr su participación activa en el desarrollo y la aplicación de las futuras políticas en materia de educación y formación, así como en las actividades culturales, deportivas y destinadas a los jóvenes, en consonancia con el principio de «nada sobre nosotros sin nosotros»; pide a las autoridades públicas de todos los niveles que promuevan y garanticen la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de las políticas y los programas que las afectan;

22.  Cree firmemente que debe llevarse a cabo lo antes posible una revisión efectiva, de carácter global y transversal, de la legislación de la Unión a fin de armonizarla con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de un proceso democrático y participativo destinado a garantizar la participación directa y plena de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad;

23.  Recuerda a todas las instituciones y organismos de la Unión la importancia de garantizar el acceso a oposiciones, actividades de formación, cursos de formación continua, periodos de prácticas y aprendizaje para jóvenes adultos y trabajadores con discapacidad mediante modalidades adecuadas y recurriendo, en su caso, a tecnologías asistenciales;

24.  Hace hincapié en la importancia de que tenga lugar una consulta sistemática y estrecha entre las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, los responsables de la elaboración de las políticas, las empresas y otras partes interesadas pertinentes en relación con todas las nuevas iniciativas y la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y acciones relativas a la educación, la formación, la cultura, el deporte y la juventud;

25.  Pide a la Unión que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, remitiéndose a la propuesta favorable presentada por la Comisión en 2008 y aprobada por el Parlamento en su Resolución legislativa de 2009, y subraya que, hasta la fecha, una amplia mayoría de Estados miembros de la Unión lo han firmado y ratificado;

26.  Reconoce que, a fin de desarrollar políticas adecuadas que garanticen una educación inclusiva para todas las personas con discapacidad en la Unión, son precisos datos comparables y coherentes a escala de la Unión; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para recabar datos estadísticos fiables sobre la participación de las personas con discapacidad en los distintos niveles y modalidades de educación y formación, sobre su participación en los programas de movilidad y sobre el número de personas con discapacidad que abandonan prematuramente la escuela.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

19.4.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

25

0

0

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Suplentes presentes en la votación final

Mary Honeyball, Dietmar Köster, Zdzisław Krasnodębski


OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (24.5.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión: Heidi Hautala

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es el primer tratado internacional de derechos humanos ratificado por la Unión;

B.  Considerando que es la primera vez que un órgano de las Naciones Unidas controla el cumplimiento que la Unión hace de sus obligaciones internacionales de derechos humanos; que las Observaciones finales del Comité de la CDPD, publicadas en 2015, sobre la aplicación de la CDPD en la Unión transmiten un importante mensaje sobre el compromiso de la UE con la igualdad y el respeto de los derechos humanos;

C.  Considerando que la CDPD es un acuerdo mixto, y que aun cuando ciertas materias sean competencia de la Unión, los Estados miembros también están obligados a aplicar plenamente la CDPD a nivel nacional;

D.  Considerando que el amplio espectro de las recomendaciones del Comité de la CDPD ofrece un conjunto de orientaciones para la actividad legislativa y de definición de políticas en los ámbitos que son competencia de la Unión;

E.  Considerando que algunos Estados miembros que han ratificado la CDPD aún no han creado o designado los órganos encargados de la aplicación y el seguimiento de la Convención, como exige su artículo 33; considerando que la labor de los órganos ya creados, en particular en materia de seguimiento con arreglo al artículo 33, apartado 2, se ve obstaculizada por la falta de recursos económicos y humanos, y por la ausencia de un fundamento jurídico sólido para su designación;

1.  Reconoce la máxima importancia que reviste un mecanismo eficaz de reclamación individual para la protección de los derechos contemplados en la Convención; pide al Consejo, a este respecto, que ratifique sin más demora el Protocolo Facultativo;

2.  Atribuye la máxima importancia al artículo de 33 de la CDPD («Aplicación y seguimiento nacionales») y a los apartados 76 y 77 de la Observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas; celebra, por tanto, que dicho Comité acepte la participación del Parlamento Europeo en el seguimiento independiente;

3.  Pide a la Comisión que, sin más demora, realice una evaluación o revisión exhaustiva de la legislación y los programas de financiación de la Unión con el fin de comprobar que se ajustan totalmente a la CDPD, y que proponga las modificaciones legislativas necesarias, contando para ello con la participación constructiva de las organizaciones de personas con discapacidad y los miembros del Marco de la UE para la CDPD, y estableciendo objetivos y plazos claros para las reformas; destaca, a este respecto, la necesidad de adoptar una estrategia global de la Unión sobre la CDPD, que incorpore un calendario, criterios de referencia y plazos;

4.  Pide a la Comisión, teniendo en cuenta las Observaciones finales, que proponga la actualización periódica de la declaración de competencias, con la participación oficial de las organizaciones de personas con discapacidad y el Parlamento Europeo;

5.  Insta a los Estados miembros a que asignen a los marcos de seguimiento creados en virtud del artículo 33, apartado 2, de la CDPD recursos económicos y humanos suficientes para llevar a cabo sus funciones, garantizando su independencia y asegurándose de que en su composición y funcionamiento se tienen en cuenta los Principios de París sobre el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, según lo establecido el artículo 33, apartado 2, y de que están amparados por el establecimiento de un fundamento jurídico formal que defina claramente su mandato;

6.  Pide a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como con los Estados miembros, para coordinar con eficacia y coherencia el seguimiento de las Observaciones finales; pide que se adopten las modalidades necesarias para ello dentro de la estrategia de aplicación de la CDPD;

7.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen la consulta y la participación estructurada y sistemática de las organizaciones de personas con discapacidad a la hora de aplicar sus respectivas Observaciones finales;

8.  Insta al Parlamento Europeo a que refuerce el mecanismo interno creado para coordinar la aplicación de la CDPD (UNCRPD Network) de manera que se convierta en un mecanismo para el seguimiento y la aplicación de la Convención que abarque todas las comisiones parlamentarias, con la participación constructiva de las organizaciones de personas con discapacidad;

9.  Muestra su inquietud por las dificultades con que se siguen topando las personas con discapacidad para acceder a la justicia; recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental básico y un componente esencial del Estado de Derecho; pide a los Estados miembros que adopten medidas para ofrecer un acondicionamiento procesal pleno y adaptar los procedimientos a dichas personas; estima que la Comisión debería considerar la posibilidad de incluir programas de formación específicos sobre la CDPD en el programa de justicia de la UE 2014-2020; propone que los tribunales de la Unión apliquen sus instrucciones y normas internas de manera que se facilite el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y que también se tengan en cuenta las recomendaciones generales del Comité de la CDPD en la administración de la justicia;

10.  Reitera la importancia de las excepciones y limitaciones de los derechos de autor y derechos afines en favor de las personas con discapacidad; toma nota de la celebración del Tratado de Marrakech, que facilita el acceso de las personas ciegas o con deficiencias visuales a las obras publicadas, y reitera su convencimiento de que la Unión es competente para celebrar dicho Tratado sin que la ratificación esté supeditada a la revisión del marco jurídico de la Unión o al momento en que el Tribunal de Justicia adopte una resolución; destaca asimismo, a este respecto, la necesidad de colaboración entre el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros para una rápida ratificación del Tratado de Marrakech;

11.  Subraya que cualquier cambio legislativo en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines debe facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las obras y los servicios protegidos por dichos derechos, sea cual sea su formato; recuerda que la Comisión debe presentar propuestas legislativas sobre excepciones y limitaciones de los derechos de autor y los derechos afines para garantizar que las personas con diferentes discapacidades tengan acceso a las obras y los servicios protegidos por tales derechos;

12.  Lamenta que el Consejo no haya aceptado la inclusión de documentos relativos a la discapacidad en el ámbito de aplicación del Reglamento por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión;

13.  Expresa su preocupación por las recientes propuestas del Consejo para reducir significativamente el alcance de la Directiva de la Unión sobre la accesibilidad de los sitios web en los organismos del sector público; teme que las excepciones propuestas por el Consejo no basten para garantizar que los 80 millones de personas con discapacidad y los 150 millones de personas mayores que viven en la Unión tengan el mismo acceso al mercado único digital y los servicios públicos en línea prestados a los ciudadanos de la Unión, incumpliéndose el derecho a la igualdad de acceso a la información recogido en la CDPD;

14.  Reitera la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión luchen con medidas concretas contra todas las formas de discriminación directa o indirecta por motivos de discapacidad;

15.  Pide el desbloqueo urgente de la directiva europea contra la discriminación, que no ha visto ningún avance en el Consejo desde 2008;

16.  Reconoce las múltiples vías de asistencia funcional que el Convenio de la Haya sobre la Protección Internacional de los Adultos ofrece para la aplicación y el apoyo de las obligaciones internacionales de las partes de la CDPD; lamenta, a este respecto, que la Comisión no haya actuado con arreglo a la Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protección jurídica de los adultos: implicaciones transfronterizas;

17.  Celebra la publicación por la Comisión del Acta Europea de Accesibilidad el 2 de diciembre de 2015; recuerda que es necesario un enfoque integral de la accesibilidad y que, como se establece en el artículo 9 de la CDPD, se debe garantizar el derecho a la accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad;

18.  Pide a las instituciones de la Unión que revisen el estatuto y las normas de desarrollo aplicables a sus empleados con el fin garantizar la contratación de más trabajadores y becarios con discapacidad, realizando los ajustes necesarios para garantizar que todos los miembros de su personal con discapacidad, o con familiares a su cargo con discapacidad, tengan las mismas oportunidades de disfrutar de sus derechos en idénticas condiciones que el resto del personal;

19.  Pide a la Comisión que revise el régimen común del seguro de enfermedad de las instituciones de la Unión con el fin de cubrir plenamente las necesidades de salud relacionadas con la discapacidad en consonancia con la Convención;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

24.5.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

22

0

0

Miembros presentes en la votación final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Suplentes presentes en la votación final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Jens Nilsson


OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (25.4.2016)

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

(2015/2258(INI))

Ponente de opinión: Rosa Estaràs Ferragut

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A.  Considerando que en la Unión Europea hay unos 80 millones de personas con discapacidad, de las cuales 46 millones son mujeres y niñas, lo que equivale a aproximadamente el 16 % del total de la población femenina de la Unión, con lo que la prevalencia de la discapacidad en la Unión es superior entre las mujeres que entre los hombres; que las mujeres con discapacidad son a menudo víctimas de discriminación múltiple y se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de ejercer sus derechos y libertades fundamentales, como el derecho de acceso a la educación y el empleo, lo que puede conducir al aislamiento social y causar traumas psicológicos; que las mujeres también se ven afectadas de forma desproporcionada por la discapacidad en su calidad de cuidadoras de familiares con discapacidad;

B.  Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad están expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación;

C.  Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

D.  Considerando que la igualdad de trato y las medidas y políticas positivas destinadas a las mujeres con discapacidad y a las madres de niños con discapacidad constituyen un derecho humano fundamental y una obligación ética;

E.  Considerando que casi el 80 % de las mujeres con discapacidad son víctimas de actos de violencia psicológica y física y que el riesgo que corren estas mujeres de ser víctimas de actos de violencia de carácter sexual es mayor que el que corren las demás mujeres; que las mujeres y niñas con discapacidad están expuestas a múltiples formas de discriminación;

F.  Considerando que las mujeres y niñas con discapacidad tienen más probabilidades de ser víctimas de la violencia de género, en particular de la violencia doméstica y la explotación sexual, y que existen estimaciones que muestran que la probabilidad de que las mujeres con discapacidad sean víctimas de abusos es entre 1,5 y 10 veces superior a la de las mujeres sin discapacidad;

G.  Considerando que, debido a los cambios demográficos y sociales, existe una demanda creciente de trabajadores domésticos y cuidadores, en particular dentro de las familias; que de la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia se hacen cargo usualmente mujeres de la familia, lo que a menudo conduce a su exclusión del mercado laboral;

H.  Considerando que las mujeres con discapacidad, especialmente las migrantes, están más expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social debido a la discriminación múltiple de las que son objeto;

I.  Considerando que la tasa de empleo de las mujeres sin discapacidad es del 65 % frente a un 44 % en el caso de las mujeres con discapacidad; que las mujeres con discapacidad sufren a menudo discriminación con respecto a los hombres con discapacidad a la hora de acceder al empleo y la educación; que el elevado índice de desempleo entre las personas con discapacidad sigue siendo inaceptable; que las mujeres y las jóvenes con discapacidad encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral; que es necesario superar los obstáculos a la movilidad y su mayor dependencia de familiares y cuidadores para favorecer la participación activa de las mujeres con discapacidad en la educación y el mercado laboral, así como en la vida social y económica de la comunidad;

J.  Considerando que el empleo remunerado es fundamental para permitir a las personas con discapacidad tener una vida independiente y hacerse cargo de sus familia y hogares; que las mujeres y las jóvenes con discapacidad a menudo reciben salarios inferiores; que este grupo vulnerable de población tiene más probabilidades de verse afectado por la pobreza y se enfrenta a un mayor riesgo de exclusión social;

K.  Considerando que la crisis económica, las medidas de austeridad y los recortes impuestos en los servicios sociales y sanitarios en la mayoría de los Estados miembros de la Unión han tenido consecuencias negativas para los grupos vulnerables de la población de la Unión, en particular para las personas con discapacidad y sus familias, que se ven afectadas de forma desproporcionada por las medidas de austeridad, especialmente las mujeres y niñas con discapacidad;

L.  Considerando que los niños con discapacidad se enfrentan a importantes obstáculos para disfrutar de sus derechos fundamentales;

M.  Considerando que los niños con discapacidad se ven a menudo excluidos de la sociedad, ya que viven en ocasiones en instituciones u otros establecimientos lejos de sus familias;

N.  Considerando que los niños con discapacidad tienen derecho a vivir en familia o en un entorno familiar, así como a esperar que las instituciones estatales pertinentes actúen protegiendo el interés superior de los niños y de sus familias;

O.  Considerando que los niños con discapacidad tienen menos posibilidades de asistir a la escuela, lo que se traduce en oportunidades limitadas de formación de capital humano, así como en unas perspectivas de empleo reducidas y una menor productividad en la edad adulta;

P.  Considerando que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas y suelen ganar menos, incluso cuando tienen empleo; que tanto las perspectivas de empleo como de ingresos parecen empeorar con la gravedad de la discapacidad;

Q.  Considerando que las personas con discapacidad pueden tener que hacer frente a costes adicionales derivados de la discapacidad —por ejemplo, los ocasionados por la atención médica o los dispositivos asistenciales, o por la necesidad de asistencia y apoyo personal— y, por ello, necesitan con frecuencia más recursos para alcanzar los mismos resultados que las personas sin discapacidad;

R.  Considerando que, en sus Observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión Europea, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda que la Unión incorpore una perspectiva de la discapacidad en sus programas y políticas de género, así como una perspectiva de género en sus estrategias sobre la discapacidad, y que formule medidas de acción afirmativas, establezca un mecanismo de supervisión y financie la investigación y la recogida de datos sobre las mujeres y niñas con discapacidad; que recomienda además que la Unión ofrezca una protección efectiva contra la violencia, el abuso y la explotación, que las políticas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal tengan en cuenta las necesidades de los niños y adultos con discapacidad y de sus cuidadores, y que se tomen medidas para disminuir las altas tasas de desempleo de las personas con discapacidad, la mayoría de las cuales son mujeres;

1.  Apoya las conclusiones y recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y subraya la necesidad de que las instituciones de la Unión y los Estados miembros incorporen la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad en sus políticas, programas y estrategias de igualdad de género, y la perspectiva de género en sus estrategias sobre la discapacidad; pide además que se establezcan mecanismos para supervisar periódicamente los progresos realizados;

2.  Lamenta que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 no incluya una perspectiva de género integrada, ni un capítulo aparte dedicado a las políticas sobre discapacidad con enfoque específico de género, ya que las mujeres con discapacidad se encuentran a menudo en una situación más desfavorable que los hombres con discapacidad y suelen estar más expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social;

3.  Le preocupa que el Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019 de la Comisión carezca de perspectiva de discapacidad e insiste en que la Comisión aborde esta carencia mediante la inclusión de las mujeres con discapacidad y las mujeres cuidadoras en sus políticas y programas;

4.  Pide a los Estados miembros que apliquen un enfoque que integre la dimensión de género en las políticas y medidas destinadas a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños con discapacidad, así como en su aplicación en todos los ámbitos, sobre todo por lo que respecta a la integración laboral, la educación y la lucha contra la discriminación;

5.  Concede la máxima importancia al artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («Aplicación y seguimiento nacionales») y a las observaciones finales 76 y 77 del Comité de las Naciones Unidas y, por tanto, acoge con satisfacción la conformidad del Comité de las Naciones Unidas con la presencia del Parlamento Europeo en el marco de supervisión independiente;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren políticas adecuadas y apliquen medidas en una amplia gama de ámbitos políticos, destinadas a fomentar la vida independiente y la plena inclusión; pide a la Comisión, por tanto, que recopile y difunda datos estadísticos actualizados sobre la discapacidad, desglosados por edad y género, con miras a hacer un seguimiento de la situación de las personas con discapacidad en la Unión;

7.  Pide a la Comisión que garantice que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar del derecho a la libre circulación del que son titulares todos los ciudadanos de la Unión incluyendo en la legislación actual y futura disposiciones que garanticen la igualdad de oportunidades, los derechos fundamentales y un acceso igualitario a los servicios y al mercado laboral, así como los mismos derechos y obligaciones en el acceso a la seguridad social que los nacionales del Estado miembro en el que estén inscritas, en consonancia con el principio de igualdad de trato y no discriminación; pide además a los Estados miembros que, en cuanto a la igualdad en materia de empleo, cumplan totalmente las disposiciones de la Directiva refundida sobre igualdad de género (2006/54/CE);

8.  Destaca la necesidad de apoyar a las jóvenes y mujeres migrantes con discapacidad para que puedan adquirir competencias que les permitan encontrar un empleo adecuado;

9.  Considera que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y las jóvenes, deben poder disfrutar de su sexualidad con la misma libertad que quienes no tienen discapacidad, y considera que las mujeres con discapacidad han de poder vivir del mismo modo que las mujeres sin discapacidad y cumplir su deseo de tener o no hijos;

10.  Hace hincapié en que las mujeres y las jóvenes con discapacidad deben tener acceso pleno a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a una educación sobre sexualidad impartida por profesionales expertos en la materia; considera, por tanto, vital que las mujeres y las jóvenes con discapacidad tengan pleno acceso a una atención sanitaria que satisfaga sus necesidades particulares, que incluya consultas ginecológicas, exámenes médicos, planificación familiar y un apoyo adaptado a sus necesidades durante el embarazo; pide a los Estados miembros que garanticen que sus servicios nacionales públicos de salud prevén un acceso adecuado a estos servicios;

11.  Reitera que se ha de tener en cuenta la necesidad de ofrecer ayuda especializada, incluida asistencia para el cuidado de los niños, a las mujeres y los hombres con discapacidad y a sus familias, para permitirles disfrutar plenamente de la maternidad y la paternidad;

12.  Hace hincapié en que, de cara al logro de una vida autónoma e independiente para las personas con discapacidad, especialmente en el caso de las mujeres, la asistencia (personal o pública) es un instrumento que serviría de apoyo a dichas personas y a sus familias, permitiéndoles el acceso al lugar de trabajo y a los centros educativos y de formación profesional y ayudándolas en caso de embarazo y maternidad;

13.  Reitera la urgente necesidad de abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad en entornos privados e institucionales, y pide a los Estados miembros que establezcan servicios de apoyo que sean accesibles para las mujeres y las niñas con cualquier tipo de discapacidad; aboga por que la Unión Europea se adhiera al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) como un paso más para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad;

14.  Observa con inquietud que las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular las víctimas de discriminación múltiple, tienen más probabilidades de sufrir violencia de género, incluidas la violencia y la explotación de carácter sexual, tanto en el hogar como en las estructuras institucionales; insiste en la necesidad de que los Estados miembros prevean nuevas medidas legislativas o refuercen las existentes para proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en los casos de violencia de género y ayudarlas en su proceso de recuperación;

15.  Recuerda el papel que desempeñan los medios de comunicación a la hora de representar a las mujeres y las niñas, así como la discapacidad, y señala que la falta de visibilidad o la proliferación de estereotipos pueden perpetuar los prejuicios, la violencia y la exclusión; pide a todas las instituciones europeas que inicien y apoyen campañas para dar a conocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para combatir los prejuicios, la discriminación y los delitos motivados por el odio contra las personas con discapacidad, entre ellas las mujeres y las niñas; considera que los medios de comunicación deben esforzarse por proyectar una imagen positiva de las mujeres y las niñas con discapacidad, además de aumentar su visibilidad;

16.  Recuerda la importancia del derecho fundamental a la participación de las personas con discapacidad en los procesos de elaboración de políticas y toma de decisiones sobre la discapacidad en todos los niveles, tal como subraya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; subraya que se debe capacitar y facultar a las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular a las procedentes de grupos marginados y vulnerables expuestos a discriminación múltiple, para participar en los procesos de toma de decisiones, con vistas a garantizar la manifestación, el apoyo y la protección de sus intereses y derechos, asegurando así una verdadera perspectiva de género desde la base; pide a los Estados miembros que proporcionen servicios e instalaciones debidamente adaptados que permitan fomentar su implicación y participación activas, así como que inviertan en tecnologías adaptativas y asistenciales y en su inclusión digital;

17.  Manifiesta su preocupación por que en algunos Estados miembros se utilicen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para fomentar la institucionalización en lugar del desarrollo de comunidades más inclusivas en las que las personas con discapacidad puedan vivir recibiendo un apoyo adecuado; muestra su preocupación por el hecho de que personas con discapacidad, en particular mujeres, niñas y niños y personas mayores, puedan ser objeto de violencia o malos tratos, especialmente en entornos institucionales;

18.  Señala con inquietud las diversas formas de exclusión provocadas por la institucionalización de las personas con discapacidad y la manera en que esta forma de trato discriminatorio puede fomentar los prejuicios y los malos tratos en los entornos institucionales y en la sociedad en su conjunto;

19.  Solicita que el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se haga de forma equilibrada, fomentando el desarrollo de comunidades más inclusivas y la institucionalización cuando sea solicitado, para que en ambos casos las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes con discapacidad puedan vivir recibiendo el apoyo y asistencia adecuados en toda la Unión Europea; reitera que los Estados miembros deben fomentar el desarrollo de comunidades integradoras y que favorezcan el empoderamiento, ofreciendo un apoyo adecuado para abordar los obstáculos específicos de género y la discriminación que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad;

20.  Manifiesta su preocupación por las elevadas tasas de desempleo de las personas con discapacidad, especialmente entre las mujeres con discapacidad, en comparación con otros grupos de población en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que fomenten y garanticen un marco legislativo y político favorable a la participación en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad, que incluya a las que sufren discapacidades ocultas, dolencias crónicas o dificultades de aprendizaje;

21.  Destaca la importancia de las empresas sociales y las cooperativas en la inclusión social y económica y la capacitación de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres con discapacidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en los programas y políticas destinados a las personas con discapacidad, hagan especial hincapié en la economía social y en la integración de la perspectiva de género;

22.  Manifiesta su inquietud por el hecho de que la educación de los niños con discapacidad sea una tarea que recae principalmente en las mujeres;

23.  Destaca el papel inestimable y no suficientemente valorado desde un punto de vista económico que desempeñan las mujeres que cuidan a familiares con discapacidad;

24.  Hace hincapié en la importancia de que se integre a las niñas con discapacidad en los sistemas educativos ordinarios en todos los casos en los que la discapacidad permita tal integración; reitera el importante papel de la educación formal, informal y no formal y del aprendizaje permanente a la hora de fomentar la inclusión social de las mujeres y las niñas con discapacidad; destaca el potencial del sector de las artes y la cultura para capacitar a las mujeres y las niñas con discapacidad, así como para hacer frente a los prejuicios y a la discriminación por razones de discapacidad; señala la necesidad de apoyar programas educativos inclusivos que hagan frente a los obstáculos a los que se enfrentan las personas con dificultades de aprendizaje y combatan los estereotipos específicos, la discriminación y los delitos motivados por el odio contra dichas personas;

25.  Hace hincapié en la importancia de las TIC para la movilidad, la comunicación y el acceso a los servicios públicos; pide, por tanto, a los Estados miembros que promuevan activamente la participación de las personas con discapacidad, incluido su acceso a los servicios públicos en línea;

26.  Insta a las instituciones de la Unión a que revisen el Estatuto de los funcionarios, las reglamentaciones internas y las normas de desarrollo a fin de adoptar políticas inclusivas de contratación, incluidas medidas positivas, tanto para aumentar activamente el número de miembros del personal y becarios con discapacidad como para garantizar que todo el personal de las instituciones de la Unión con discapacidad o que tenga a su cargo personas dependientes con discapacidad se beneficie de los ajustes razonables que sean necesarios para permitirle el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás; pide asimismo a la Comisión que revise el régimen común del seguro de enfermedad de las instituciones de la Unión de modo que se contemplen en su integridad las necesidades sanitarias relacionadas con la discapacidad de conformidad con la Convención;

27.  Pide a la Comisión que garantice la educación inclusiva en las escuelas europeas y, en consonancia con los requisitos de la Convención en materia de evaluación multidisciplinar de las necesidades individuales, la no exclusión de las niñas con discapacidad y la realización de ajustes razonables adecuados;

28.  Urge al Parlamento Europeo a fortalecer el mecanismo interno de coordinación de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Red CDPD) como mecanismo transversal entre todas las comisiones parlamentarias para el seguimiento y aplicación de la Convención, con un personal propio adscrito en exclusividad;

29.  Aboga por una urgente ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, sin condicionar la ratificación a la revisión del marco jurídico de la Unión ni al momento de la decisión del Tribunal de Justicia; insta a la Comisión a que presente las propuestas legislativas necesarias para aplicar el Tratado de Marrakech;

30.  Pide que se desbloquee inmediatamente la Directiva de la Unión contra la discriminación, que no ha registrado ningún avance en el Consejo desde 2008, y que dicha Directiva aborde específicamente la discriminación interseccional por razones de género y discapacidad;

31.  Pide a los Estados miembros que hagan de inmediato todo lo posible por garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la administración y los servicios en las mismas condiciones que a las demás personas; subraya que la autonomía, la inclusión social y la participación de las mujeres y niñas con discapacidad solo podrán lograrse si se eliminan los obstáculos todavía existentes; considera asimismo que la información general sobre los servicios destinados a los ciudadanos (como la información sobre educación, empleo o atención social y sanitaria) debe ofrecerse en varias formas y formatos y de un modo sencillo y seguro que sea accesible para las personas con discapacidad;

32.  Destaca la necesidad de que el Consejo acelere la propuesta de Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público, con el fin de incrementar la accesibilidad de los documentos, vídeos y páginas web y de ofrecer medios alternativos de comunicación accesibles para las personas con discapacidad;

33.  Acoge con satisfacción la publicación por parte de la Comisión de una propuesta de ley europea de accesibilidad el 2 de diciembre de 2015; recuerda que es necesario un enfoque exhaustivo sobre la accesibilidad y que debe garantizarse el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidades de todo tipo, tal como figura en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación

19.4.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

30

1

0

Miembros presentes en la votación final

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Suplentes presentes en la votación final

Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Marco Zanni, Julia Reid


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

30.5.2016

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

41

3

0

Miembros presentes en la votación final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog

Suplentes presentes en la votación final

Tania González Peñas, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Xabier Benito Ziluaga, Rosa D’Amato, Jens Geier, Sylvie Goddyn, Jasenko Selimovic


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

41

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

ENF

PPE

S&D

Verts/ALE

 

Jasenko Selimovic

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Ulrike Trebesius

Laura Agea, Rosa D'Amato,

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes,

Mara Bizzotto

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová,

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Jens Geier, Richard Howitt, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Maria João Rodrigues, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato,

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke,

3

-

ENF

NI

Sylvie Goddyn, Dominique Martin,

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Explicación de los signos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 24 de junio de 2016Aviso jurídico