Procedimiento : 2018/2044(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0374/2018

Textos presentados :

A8-0374/2018

Debates :

PV 11/12/2018 - 13
CRE 11/12/2018 - 13

Votaciones :

PV 12/12/2018 - 12.14
CRE 12/12/2018 - 12.14

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0512

INFORME     
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21 de noviembre de 2018
PE 621.073v02-00 A8-0374/2018

sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo

(2018/2044(INI))

Comisión Especial sobre Terrorismo

Ponentes: Monika Hohlmeier y Helga Stevens

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo

(2018/2044(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión, de 6 de julio de 2017, sobre la constitución de una comisión especial sobre terrorismo y el establecimiento de sus competencias, composición numérica y mandato(1), aprobada en virtud del artículo 197 de su Reglamento interno,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión Especial sobre Terrorismo (A8-0374/2018),

Preámbulo

A.  Considerando que la Unión se basa en los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en los principios de la democracia y el Estado de Derecho; que los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de estos valores y principios universales;

B.  Considerando que la Unión debe hacer todo lo posible para garantizar la integridad física y psicológica de sus ciudadanos amenazados por los terroristas; que la lucha contra el terrorismo requiere situar a las víctimas en un lugar central; que las sociedades deben proteger, reconocer, ayudar y compensar a las víctimas del terrorismo; que el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales consagra el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, que se complementan entre sí;

C.  Considerando que la respuesta a la amenaza terrorista debe ser siempre plenamente conforme con los principios reconocidos por el artículo 2 del TUE y debe respetar los derechos y libertades fundamentales, así como los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta el posible efecto sobre personas inocentes que constituyen la inmensa mayoría de la población;

D.  Considerando que el terrorismo debe condenarse en todas sus formas y manifestaciones, sea quien sea su autor y sea cual sea el lugar en el que se produzca y la razón por la que se comete, ya que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales;

E.  Considerando que la amenaza terrorista ha aumentado y se ha desarrollado rápidamente en los últimos años; que los ataques terroristas nos han afectado profundamente a todos y han causado la muerte o heridas a numerosos inocentes; que el carácter transfronterizo del terrorismo exige una respuesta y una cooperación firmes y coordinadas dentro y entre los Estados miembros, así como entre las agencias y órganos competentes de la Unión, y con los países terceros relevantes;

Marco institucional

F.  Considerando que la seguridad de un Estado miembro supone la seguridad de todos los Estados de la Unión; que las amenazas que plantea el terrorismo requieren un enfoque holístico que vincule la seguridad interna y externa y garantice la coordinación nacional y europea; que la Unión y los Estados miembros han avanzado en la lucha contra estas amenazas, pero que este avance se logra lamentablemente en mayor medida bajo la presión de los acontecimientos que de forma proactiva, y que no se alcanza el mismo nivel de progreso en todos los Estados miembros;

G.  que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, con arreglo al artículo 4, apartado 2, y artículo 73 del TFUE, mientras que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3 y el artículo 42 del TUE, la Unión y los Estados miembros se prestarán asistencia mutua en la ejecución de las tareas que se derivan de los Tratados; que la seguridad nacional depende cada vez más de su dimensión europea más amplia; que la seguridad nacional no está definida a escala de la Unión, dejando así un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros;

H.  Considerando que, al mismo tiempo, el artículo 4, apartado 2, del TFUE designa el ámbito de libertad, seguridad y justicia como un ámbito de competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros; que la Unión tiene competencias específicas para facilitar y fomentar la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, así como en materia de armonización de las legislaciones y prácticas entre los Estados miembros; que el mandato de la acción de la Unión está previsto en el artículo 67 del TFUE para garantizar un «nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia»;

I.  Considerando que las agencias nacionales de seguridad e inteligencia de los Estados miembros de la Unión y de algunos terceros países cooperan de manera eficaz a través del Grupo «Contraterrorismo» (CTG), un órgano informal fuera de la Unión, y de forma bilateral y multilateral; que el CTG dispone de una plataforma para el intercambio de inteligencia operativa que ha mejorado la velocidad y la calidad de la inteligencia compartida; que la Unión cuenta con un complejo de estructuras establecidas que tratan total o parcialmente asuntos relativos al terrorismo, en particular a través del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) de Europol, como nodo central para el intercambio de información y la cooperación de las fuerzas del orden en el ámbito de la lucha contra el terrorismo a nivel de la Unión, y del Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea (EU INTCEN), como puerta de acceso a la información estratégica de los servicios de inteligencia y seguridad de la Unión por la que la información del CTG llega a los responsables políticos europeos, y que facilita el coordinador europeo para la lucha contra el terrorismo;

J.  Considerando que la línea entre la competencia de la Unión y la competencia nacional no siempre está clara, debido a las diferentes características y prerrogativas geográficas, lo cual subraya la importancia de la cooperación entre los dos niveles de gobernanza; Considerando que el panorama heterogéneo de actores regionales, nacionales, de la Unión e internacionales en la lucha contra el terrorismo con competencias superpuestas y mandatos insuficientemente definidos, la multitud de foros formales e informales de cooperación e intercambio de información, así como la división de competencias entre las diferentes agencias regionales y nacionales, entre los servicios con funciones coercitivas y los servicios de inteligencia, y entre la Unión y los Estados miembros subraya la complejidad de las dificultades, y puede suscitarlas, con respecto a la coordinación, la eficiencia y la coherencia de la respuesta a la amenaza terrorista;

K.  Considerando que el comisario para la Unión de la Seguridad es un valioso actor para unir el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas de la Comisión; que la creación del puesto de Comisario para la Unión de la Seguridad pone de manifiesto el compromiso de la Unión de fomentar y respaldar la cooperación entre los Estados miembros en cuestiones de seguridad interna, armonizar la legislación antiterrorista y garantizar una mejor cooperación entre las autoridades coercitivas y judiciales, a la vez que se respeta plenamente el estado de estas cuestiones como competencias nacionales establecidas en los Tratados;

L.  Considerando que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo es un actor importante en el seguimiento de la aplicación de la estrategia de la Unión contra el terrorismo; Considerando que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo, de conformidad con el mandato que le confiere el Consejo Europeo, se encarga de la aplicación y evaluación de la estrategia y de la coordinación del trabajo dentro de la Unión, así como de fomentar la comunicación entre la Unión y terceros países; que el coordinador de la Unión para la lucha contra el terrorismo ofrece un asesoramiento valioso, mantiene contacto con las instituciones y agencias europeas y los Estados miembros, y contribuye a reforzarlas; que, sin embargo, su mandato y su estatuto no están bien definidos;

M.  Considerando que el 6 de julio de 2017 el Parlamento creó una comisión especial, la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) con el objetivo de expresar la opinión del Parlamento sobre las lagunas prácticas y legislativas del actual régimen antiterrorista que han permitido que se produjeran los recientes ataques terroristas en la Unión, y de formular recomendaciones que contribuyan a hacer frente a la amenaza terrorista a escala de la Unión;

N.  Considerando que la Fiscalía Europea, que debe crearse sobre la base del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, tendrá la importante tarea de investigar y perseguir las infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión; que su creación y la asignación de recursos financieros a este nuevo organismo no deben repercutir negativamente en la capacidad de las estructuras actuales, como Eurojust, para facilitar los esfuerzos de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo;

O.  Considerando que, de las 88 medidas jurídicamente vinculantes contra el terrorismo propuestas entre septiembre de 2001 y el verano de 2013, solo una cuarta parte fue objeto de evaluaciones de impacto y solo tres se sometieron a consulta pública(2); que esta relación ha mejorado en los últimos años y que las iniciativas más recientes presentadas por la Comisión en 2017 y 2018 fueron acompañadas de la justificación necesaria; que, con el Programa de Mejora de la Legislación aprobado en 2015, la Comisión también ha reforzado su política de consulta con las partes interesadas; que las medidas de lucha contra el terrorismo podrían ser más eficaces y coherentes si se consultara a las partes interesadas adecuadas y se realizaran evaluaciones de impacto;

P.  Considerando que la evaluación exhaustiva por parte de la Comisión de la política de seguridad de la Unión menciona la aplicación incompleta como uno de los retos de la Unión de la Seguridad;

Q.  Considerando que la evaluación de las medidas de lucha contra el terrorismo es vital para evaluar su eficacia, pertinencia, coherencia y respeto de los derechos fundamentales, y determinar si es necesario adoptar medidas adicionales para abordar las deficiencias; que existe una diferencia entre controlar el grado de aplicación y la eficacia real de las medidas aplicadas; que entre 2001 y 2016 hubo diecisiete informes de seguimiento de la aplicación y de evaluación, frente a diez estrategias de lucha contra el terrorismo y 55 medidas legislativas y no vinculantes; que es fundamental que los Estados miembros apliquen rápidamente las legislaciones europeas en el ámbito de la seguridad a fin de evitar que se produzcan lagunas en el arsenal europeo de medidas contra el terrorismo;

Amenaza terrorista

R.  Considerando que en los últimos años los Estados miembros de la Unión han sufrido importantes atentados terroristas; que los atentados que más víctimas mortales han causado han sido perpetrados o inspirados por grupos yihadistas como Dáesh o Al-Qaeda; que estos grupos terroristas(3) y sus actividades se ven facilitados a veces por determinados países; que también sigue siendo motivo de preocupación el extremismo violento de extrema derecha, de extrema izquierda y étnico-nacionalista separatista, que pretende derrocar los valores democráticos y el sistema regido por el Estado de Derecho en la Unión mediante el uso ilegítimo de la violencia;

S.  Considerando que, si bien la mayoría de los atentados terroristas cometidos en la Unión en 2017 fueron calificados de atentados separatistas (137 de un total de of 205), en el informe TE-SAT 2018 de Europol se afirma claramente que ninguna de las actividades notificadas en ninguna categoría de terrorismo ha sido tan letal y ha tenido un impacto tan grande en la sociedad en su conjunto como las cometidas por terroristas yihadistas; que el creciente riesgo de terrorismo como represalia es un grave problema que no debe subestimarse;

T.  Considerando que, mientras un atentado terrorista sea un «atentado generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil», debe considerarse que los asesinatos terroristas están cubiertos y tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998;

U.  Considerando que la evolución y la inestabilidad en Oriente Próximo y el norte de África han permitido a Dáesh y otros grupos terroristas penetrar en los países fronterizos de la Unión, y reclutar a combatientes procedentes de países de la Unión a una escala sin precedentes; y que, como consecuencia, el nexo entre la seguridad interna y la externa se ha vuelto más prominente;

V.  Considerando que miles de ciudadanos europeos o residentes en Europa se han sumado a Dáesh en sus actividades terroristas en Siria e Irak, pero que ha habido un cambio de estrategia desde el colapso militar de Dáesh, con una disminución del número de personas que viajan a estos países con fines terroristas y que se anima a los yihadistas terroristas y las «células durmientes» dentro de la Unión a que cometan atentados en sus países de origen o de residencia;

W.  Considerando que los recientes ataques han demostrado que las armas de fuego y los explosivos siguen siendo métodos tradicionales utilizados por grupos terroristas; que, no obstante, es cada vez mayor el uso de otras armas y métodos que son mucho menos sofisticados y más difíciles de detectar, con el fin de provocar un número máximo de víctimas aleatorias entre la población civil;

X.  Considerando que el retorno de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias plantea retos particulares en materia de seguridad y radicalización, en particular el de los niños repatriados que plantean problemas específicos, ya que necesitan protección como víctimas, pero que al mismo tiempo también pueden ser autores potenciales;

Y.   Considerando que a menudo algunos de estos repatriados han recibido un prolongado adoctrinamiento ideológico y una formación militar en el uso de armas y explosivos, así como en diferentes tácticas de cobertura, ataque y combate, y que en algunos casos han establecido vínculos con otros terroristas, posiblemente antiguos combatientes extranjeros, con quienes forman redes transnacionales(4);

Z.  Considerando que entre los autores de atentados terroristas en la Unión figuran a menudo ciudadanos de la Unión, con frecuencia inmigrantes de segunda o tercera generación que han crecido en los Estados miembros a los que han atacado, así como extranjeros que en algunos casos pueden haber residido por un período de tiempo significativo en el Estado miembro objetivo;

AA.  Considerando que nuestras sociedades y fronteras abiertas son vulnerables y son utilizadas por los grupos terroristas; que los terroristas han tomado prestadas las rutas de acceso de los migrantes y los solicitantes de asilo a los países europeos, explotando la libre circulación en Europa;

AB.  Considerando que existen casos documentados(5) en los que las víctimas de delitos graves perpetrados por terroristas de Dáesh en territorio sirio o iraquí han vuelto a encontrarse –aunque se consideran seguras– con sus verdugos en territorio de la Unión, donde ambos han solicitado protección;

AC.  Considerando que el flujo de migrantes irregulares y refugiados plantea retos para su integración en las sociedades europeas y exige una inversión reforzada y específica dirigida a la inclusión social y cultural;

AD.  Considerando que podrían utilizarse nuevas formas de terrorismo para un atentado, entre ellas el ciberterrorismo y el uso de armas de destrucción masiva, posiblemente en relación con nuevos equipos técnicos como los drones; que existe el precedente de un ataque frustrado que incluye ricina, un agente biológico altamente tóxico; que hay casos en los que los grupos terroristas han utilizado o planeado utilizar materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares (QBRN) y han compartido a través de las redes sociales posibles tácticas y métodos para cometer atentados y alcanzar objetivos;

AE.  Considerando que los Estados miembros tienen estrategias diferentes para responder a las amenazas híbridas y QBRN y, por lo tanto, diferentes niveles de preparación;

AF.  Considerando que el Consejo Europeo de 28 de junio de 2018 acogió con satisfacción la Comunicación conjunta sobre la resistencia de Europa a las amenazas híbridas y QBRN, con el fin de determinar los ámbitos en los que debe intensificarse la acción para seguir profundizando y reforzando la contribución esencial de la Unión a la hora de hacer frente a estas amenazas, e instando a los Estados miembros y a la Comisión a que colaboren urgentemente en la plena aplicación del Plan de Acción QBRN;

AG.  Considerando que hay que aplicar la prudencia ante el discurso político explotado por los agitadores de tanto de izquierda como de derecha en relación con la amenaza terrorista, o invocándola, a fin de evitar la polarización dentro de las sociedades y no socavar la democracia, la cohesión social y los derechos humanos, lo que supondría entrar en el juego de las organizaciones terroristas y contribuir a sus objetivos;

AH.  Considerando que la Agenda Europea de Seguridad de abril de 2015 destacaba la necesidad de abordar el nexo entre el terrorismo y la delincuencia organizada, subrayando que la delincuencia organizada alimenta el terrorismo por medio de diferentes canales, como el suministro de armas, la financiación mediante el narcotráfico y la infiltración en los mercados financieros;

AI.  Considerando que grandes organizaciones terroristas internacionales como Dáesh y Al-Qaeda son autosuficientes en términos financieros y que se ha demostrado que el comercio ilícito de mercancías, armas de fuego, materias primas, combustibles, drogas, cigarrillos y objetos culturales, entre otras cosas, así como la trata de seres humanos, la esclavitud, la explotación infantil, el chantaje y la extorsión, son medios que los grupos terroristas utilizan para obtener financiación; que el vínculo entre la delincuencia organizada y los grupos terroristas constituye una grave amenaza para la seguridad; que estas fuentes podrían permitir la continuidad de la financiación de sus futuras actividades delictivas;

AJ.  Considerando que las interacciones entre organizaciones terroristas y grupos de delincuencia organizada, en las que la capacidad de causar víctimas masivas en la población civil de los Estados miembros de la Unión está relacionada con la capacidad logística para permitirlo, plantean grandes riesgos; que existe un bajo nivel de información y análisis de los servicios con funciones coercitivas y los servicios de inteligencia sobre el nexo entre la delincuencia organizada y el terrorismo; que las capacidades de investigación y judiciales dedicadas a la delincuencia organizada faltan a menudo en muchos Estados miembros y a escala de la Unión;

AK.  Considerando que el terrorismo pretende debilitar y derrotar a las democracias; que los políticos y los gobiernos son actores cruciales para lograr un amplio consenso y una capacidad de recuperación social con el fin de defender eficazmente nuestros sistemas democráticos;

Prevenir y contrarrestar la radicalización que conduce al extremismo violento

AL.  Considerando que el Centro de Excelencia de la Red de la Unión para la Sensibilización frente a la Radicalización ofrece una plataforma importante para el intercambio de mejores prácticas entre los profesionales, incluidas las autoridades policiales, y que ha contribuido a la recopilación de conocimientos importantes en el ámbito de la prevención y la lucha contra el extremismo violento(6);

AM.  Considerando que la situación es diferente en cada Estado miembro y que una nueva revisión de la estrategia europea para luchar contra la radicalización podría respaldar las estrategias nacionales, que son importantes para proporcionar marcos generales para los programas a nivel nacional y local; que estas estrategias deben ser coherentes y eficaces y necesitan contar con una financiación suficiente para las autoridades locales y las partes interesadas de la sociedad civil para que puedan ejecutarse estos programas;

AN.  Considerando que es imposible identificar solo una vía hacia la radicalización; que la cohesión social, el contexto político, la situación económica, los ideales religiosos e ideológicos, los traumas personales y las vulnerabilidades psicológicas, por ejemplo, así como el entorno y las redes, pueden constituir otros tantos factores y desencadenantes; que la dimensión de género se había subestimado hasta hace poco y que existe una idea equivocada sobre el papel que pueden desempeñar las mujeres; que las mujeres no son siempre sujetos pasivos y que también actúan como movilizadoras, captadoras, recaudadoras de fondos e incluso como autoras de actos terroristas;

AO.  Considerando que algunos barrios de rentas bajas de ciudades europeas se enfrentan al desempleo masivo y al desmoronamiento sistemático del Estado de Derecho, creando las bases para el extremismo religioso y el terrorismo; que el fomento de la inclusión social y la promoción activa de los valores democráticos que todos los ciudadanos deben respetar pueden ayudar a reducir los sentimientos de marginación y atenuar el riesgo de radicalización; que la lucha contra la radicalización y el extremismo violento exige una colaboración estrecha y coordinada entre todos los agentes involucrados en todos los niveles de la gobernanza (local, regional y nacional), así como con la sociedad civil y el sector privado;

AP.  Considerando que los expertos subrayan la experiencia positiva ofrecida por un enfoque multiagencia, centrándose en la creación de infraestructuras que tengan en cuenta los diferentes caminos que conducen a la radicalización y la población en situación de riesgo, y garanticen la prestación de apoyo inicial a las personas vulnerables a la radicalización y a sus familias por parte de distintas autoridades y organizaciones en múltiples niveles, y haciendo hincapié en la función de apoyo de la policía, fortaleciendo así la relación;

AQ.  Considerando que hasta el momento no existen metodologías claras para medir la eficacia de los proyectos para prevenir la radicalización y luchar contra ella;

AR.  Considerando que varios fondos y programas europeos pueden utilizarse para proyectos que luchan contra la radicalización y la previenen a escala europea, nacional, regional y local; que el presupuesto de la Unión hasta 2020 asigna 314 millones de euros a proyectos de lucha contra la radicalización(7); que es necesaria una evaluación continua de la eficacia de dichos programas; que la medición de la eficacia de las acciones preventivas contra la radicalización es intrínsecamente difícil y requiere una estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados miembros, las partes interesadas particulares y los investigadores;

AS.  Considerando que Europol estima que, en 2018, hay alrededor de 30 000 yihadistas radicalizados en la Unión;

AT.  Considerando que en el territorio de muchos Estados miembros de la Unión ha estado cada vez más presente un discurso extremista radicalizado violento, a menudo en forma impresa, o como contenido didáctico o audiovisual, incluso en las redes sociales y los canales de televisión por satélite; que este discurso va en contra de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, socava el pluralismo, promueve la violencia y la intolerancia contra todas las demás religiones, es abiertamente antisemita, niega la igualdad entre hombres y mujeres y promueve un modelo retrógrado de la cultura y la sociedad;

AU.  Considerando que la literatura principalmente wahabí y salafista alimentada por la incitación al odio predomina en determinadas librerías y en línea en Europa; que esta versión globalizada y simplista del Islam rompe con las prácticas de las comunidades musulmanas en Europa y contribuye a socavar su integración más amplia;

AV.  Considerando que la aspiración del fundamentalismo islámico radical es que la religión domine todas las esferas de la vida (privada, política y social), cuya consecuencia puede ser una forma de comunitarismo sensible a las acciones de los captadores yihadistas;

AW.  Considerando que se han documentado numerosos casos de predicadores radicales del odio en toda Europa; que los predicadores del odio a menudo provienen de fuera de la Unión, mientras que algunas mezquitas reciben fondos opacos de terceros países, muchos de los cuales tienen regímenes autoritarios o religiosos que no gobiernan conforme a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

AX.  Considerando que existen centros de enseñanza religiosa autoproclamados que propagan ideas extremistas en la Unión, en los que los menores, incluidos niños pequeños, pueden estar expuestos a un contenido contrario a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, e incluso a contenido violento; que las organizaciones extremistas que preparan el terreno para la captación de terroristas a menudo explotan las vulnerabilidades de los jóvenes, atrayéndolos con ofertas sociales y culturales;

AY.  Considerando que la sofisticada estrategia de comunicación web para comercializar el terrorismo glorificándolo, utilizada especialmente por Dáesh, pero también por otros grandes grupos terroristas internacionales, ofrece un diseño copiado de la «cultura juvenil» global, como los juegos en línea, y tiene, por lo tanto, un fuerte atractivo para los niños y los jóvenes; que este modelo les atrae también ofreciéndoles oportunidades sociales y culturales;

AZ.  Considerando que varias investigaciones recientes han mostrado que internet y, en particular, las redes sociales, pueden servir de motor de la radicalización que conduce al extremismo violento y de instrumento para que los grupos xenófobos difundan discursos de odio y contenidos ilícitos, especialmente entre los jóvenes;

BA.  Considerando que, tras reiterados llamamientos para un mayor compromiso en la lucha contra el terrorismo, las mayores empresas de internet están asumiendo sus responsabilidades; Considerando que en el Foro Europeo de Internet puesto en marcha en 2015 las empresas cooperan para eliminar contenido terrorista de sus sitios web de manera voluntaria si consideran que infringe sus términos y condiciones; que en mayo de 2016 se estableció un código de conducta para las grandes empresas de las tecnologías de la información, destinado a combatir la incitación al odio ilegal en línea; que esta cooperación voluntaria es sin embargo insuficiente;

BB.  Considerando que, a finales del segundo trimestre de 2018, la Unidad Europea de Notificación de Contenidos de Internet (EU IRU) de Europol ya había evaluado 54 752 contenidos producidos en 10 lenguas diferentes en 170 plataformas en línea, lo que provocó 52 716 decisiones de remisión con un índice de éxito de eliminación del 89,5 % sobre la base de un examen voluntario por los proveedores de servicios en línea en los que se había cometido los abusos(8);

BC.  Considerando que, aunque se han realizado algunos avances con respecto a la eliminación de contenido terrorista en línea, es necesario aumentar el compromiso de las empresas; que las eliminaciones a menudo no son completas ni oportunas ni permanentes, al eliminar el contenido en un sitio web pero dejándolo en otro perteneciente a la misma empresa, o permitiendo que la cuenta permanezca activa o reaparezca después de haber publicado contenido que infrinja las condiciones de servicio de una empresa; que debe mejorarse la presentación eficaz, exhaustiva y transparente de informes por parte de las empresas y de las fuerzas del orden; que las empresas y los usuarios en cuestión deben poder solicitar reparación judicial;

BD.  Considerando que, en respuesta al hecho de que las empresas más grandes eliminan más contenido, los grupos terroristas utilizan cada vez más plataformas nuevas o más pequeñas que son menos aptas para la eliminación rápida de material terrorista; que esta diversificación a plataformas más pequeñas hace que sea esencial un soporte técnico adicional que permita, por ejemplo, la introducción de herramientas automáticas independientes de la plataforma, como la tecnología de hash capaz de identificar contenido terrorista en línea de antemano con un alto grado de precisión e impedir su publicación;

BE.  que el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso de inteligencia artificial y algoritmos pueden permitir identificar y notificar rápidamente sobre contenidos terroristas en línea; que el uso de herramientas automatizadas también conlleva el riesgo de falsas respuestas positivas;

BF.  Considerando que los estudios e informes muestran cómo las cárceles pueden evolucionar fácilmente hacia el microcosmos del nexo entre delincuencia y terrorismo, donde se producen la captación y la creación de redes; que la situación en muchas cárceles acelera la amenaza de radicalización de los delincuentes, incubando y permitiendo el terrorismo; que muchos de quienes cumplen condenas de cárcel volverán en poco tiempo a sus comunidades, lo que plantea retos especiales en cuanto a su reintegración y un alto riesgo de reincidencia; que el control de estos infractores de alto riesgo absorbe ingentes recursos de los servicios de seguridad de los Estados miembros; que los regímenes penitenciarios y la gestión de riesgos pueden desempeñar un papel importante para mitigar estas amenazas; que, si bien los Estados miembros reconocen que deben enfrentarse a un aumento de la radicalización en las cárceles, hacen falta medidas más eficaces;

Cooperación e intercambio de información

Cuestiones horizontales

BG.  Considerando que la retención de datos, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es una parte esencial del proceso de investigación; que las autoridades policiales y judiciales y los servicios de inteligencia suelen depender en gran medida de los datos de las comunicaciones para proceder con éxito con sus casos; que la necesidad de un régimen adecuado de retención de datos en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo se planteó constantemente durante la labor de la Comisión TERR;

BH.  Considerando que el uso de cifrado contribuirá significativamente, por una parte, a la seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información, pero, por otra, también será utilizado, por otra, por los terroristas para proteger sus comunicaciones o datos almacenados, lo que representa un importante desafío para los servicios policiales y judiciales, de seguridad y de inteligencia, ya que se les puede negar el acceso a la información y a pruebas esenciales; que el cifrado se vuelve particularmente crítico cuando incluso los proveedores responsables de servicios en línea no desean o no pueden descifrar la comunicación;

Sistemas de información

BI.  Considerando que existen un marco fragmentado de los sistemas existentes, nuevos sistemas en proceso de desarrollo, propuestas de sistemas futuros y propuestas de reformas para abordar las lagunas y los obstáculos identificados que aún se están negociando; que este marco fragmentado es el resultado de factores históricos y de un enfoque reactivo en la propuesta y adopción de nuevas medidas legislativas;

BJ.  Considerando que se ha producido un aumento significativo de los intercambios de información desde los atentados de París de 2015, pero que los datos sobre intercambios de información muestran que un pequeño número de Estados miembros son responsables de una gran proporción del contenido disponible y de las búsquedas en las bases de datos de la Unión;

BK.  Considerando que existen varios obstáculos para el buen funcionamiento de los sistemas de información, como una completa falta de aplicación o una aplicación incompleta, la falta de conocimientos o de formación suficiente en los sistemas existentes, la falta de recursos suficientes, incluidos los recursos humanos, o de una base material adecuada y la escasa calidad de los datos en los sistemas de información;

BL.  Considerando que los sistemas de información pueden dividirse en sistemas centralizados y descentralizados, los primeros gestionados por la Unión y sus agencias y los segundos por los Estados miembros; que los sistemas de información centralizados incluyen el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS), Eurodac, el Sistema de Entradas y Salidas (SES) y las propuestas de Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y de Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN);

BM.  Considerando que los sistemas y mecanismos descentralizados para el intercambio de información son gestionados por las autoridades de los Estados miembros e incluyen: el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), para el intercambio de información sobre antecedentes penales nacionales; el sistema de registro de nombres de los pasajeros (PNR) de la Unión, que exige que las líneas aéreas compartan los datos de los pasajeros con las autoridades nacionales para todos los vuelos entre terceros países y la Unión; el sistema de información anticipada sobre los pasajeros (API), que recopila información sobre los pasajeros antes de los vuelos de entrada a la Unión; y el marco de Prüm para el intercambio de datos de ADN, huellas dactilares y registro de vehículos;

BN.  Considerando que, de los sistemas informáticos de la Unión Europea en el espacio de libertad, seguridad y justicia, el SIS es el más grande, el más eficiente y el más utilizado, que cuenta con el apoyo de la red de oficinas SIRENE y que aporta un valor añadido significativo en el ámbito de la cooperación policial internacional y el control fronterizo y, en particular, en la lucha contra el terrorismo;

BO.  Considerando que la evaluación del VIS de 2016 constató que el acceso al VIS con fines policiales ha sido limitado y fragmentado en todos los Estados miembros;

BP.  Considerando que, a pesar de los reiterados llamamientos para el establecimiento de un sistema europeo de registro de nombres de los pasajeros (PNR), no todos los Estados miembros han demostrado el mismo compromiso y la mayoría de ellos no han cumplido el plazo de transposición de dicha legislación; que los Estados miembros que han superado este plazo de transposición deberán adoptar sin más demora todas las medidas necesarias para una aplicación plena e inmediata de esta Directiva;

BQ.  Considerando que se están ejecutando varios proyectos piloto con el objetivo de superar las desventajas de un sistema descentralizado de PNR de la Unión; que es necesario responder rápidamente a las solicitudes de las Unidades de Información sobre los Pasajeros (UIP) de otros Estados miembros, lo cual puede ser un reto ya que se procesan manualmente;

BR.  Considerando que, en el contexto de la estrategia de gestión de la información (IMS), 6.ª lista de medidas, existen actualmente dos proyectos piloto en curso cuyo objetivo es garantizar la interconexión con los sistemas descentralizados, a saber, ADEP (automatización de los procesos de intercambio de datos sobre los registros de policía) y QUEST («Consulta de los sistemas de Europol»); que seis Estados miembros participan ya en el proyecto piloto PIDA para la transmisión automatizada de archivos policiales entre diferentes países y que dicho proyecto está funcionando correctamente. que estos proyectos contribuyen a aportar soluciones reales y viables a los problemas derivados de la falta de interconectividad de los sistemas de información descentralizados y contribuyen a fomentar la confianza y la cooperación entre los Estados miembros;

Interoperabilidad

BS.  Considerando que la Comisión presentó dos propuestas de Reglamento por el que se establece un marco de interoperabilidad entre los sistemas de información centralizados existentes y propuestos en materia de cooperación policial y judicial, asilo y migración, fronteras y visados, a saber, VIS, SIS, SES y Eurodac, así como SEIAV y ECRIS-TCN una vez que se adopten las bases legales correspondientes;

BT.  Considerando que los delincuentes aún pueden ser registrados actualmente en diferentes bases de datos no conectadas con distintos alias; que, por lo tanto, la estructura de la gestión de datos de la Unión tiene que mejorarse mediante la interoperabilidad para eliminar puntos ciegos y múltiples identidades falsas, y proporcionar la información correcta en el momento justo;

BU.  Considerando que en el territorio de un Estado miembro puede haber una multitud de bases de datos descentralizadas separadas a nivel federal, regional y local, con distintos datos en diferentes sistemas y procedimientos complejos —o ninguno en absoluto— para que las autoridades pertinentes compartan o verifiquen los datos en los diferentes niveles;

BV.  Considerando que el uso de un formato de mensajería común a escala de la Unión, como el formato universal de mensajes (UMF), facilitará un intercambio más fluido de datos e información entre las partes y entre los sistemas de interoperabilidad; que establecer la necesidad de utilizar ciertos ámbitos de UMF para intercambios particulares puede contribuir a mejorar la calidad de los datos en todos los sistemas a través de los cuales se intercambian mensajes; que también debe fomentarse el uso de este formato de mensajería común por parte de Europol e Interpol;

BW.  Considerando que eu-LISA debería establecer mecanismos y procedimientos automatizados de control de la calidad de los datos, así como indicadores comunes de la calidad de los datos y normas mínimas de calidad para los datos almacenados en los sistemas de información; que el objetivo sería que los sistemas de información de la Unión y los componentes de interoperabilidad identificaran de forma automática presentaciones de datos aparentemente incorrectas o incoherentes, de modo que el Estado miembro que haya generado los datos pueda verificarlos y tomar las medidas correctoras que sean necesarias;

Cooperación e intercambio de información en el seno de los Estados miembros y entre los mismos

BX.  Considerando que los obstáculos a una cooperación más fluida a menudo se derivan de dificultades organizativas y jurídicas entre las distintas estructuras nacionales, regionales y locales dentro de los propios Estados miembros tales como; competencias superpuestas y mandatos insuficientemente definidos; vacilación para compartir información, ya que esto podría ocasionar la pérdida de responsabilidad o la pérdida de flujos de información importantes; obstáculos legales cuando se trata de compartir información entre diferentes autoridades; obligación de los servicios de competir entre sí por los recursos; y barreras técnicas para el intercambio de información;

BY.  Considerando que el principio de propiedad de los datos es fundamental para garantizar la confianza de las autoridades responsables de la lucha contra el terrorismo en el intercambio de información a través de las bases de datos de la Unión entre los Estados miembros y con Europol;

BZ.  Considerando que combinar la información de los servicios de inteligencia y la de las autoridades policiales plantea importantes retos y riesgos jurídicos debido a las distintas normas sobre rendición de cuentas que se aplican a ambos tipos de información, incluidos los riesgos para el derecho fundamental de los sospechosos a tener un juicio justo cuando la información que recibe un tratamiento especial se utiliza como prueba en los procesos judiciales; que debe establecerse un marco jurídico para el intercambio de información entre los servicios de inteligencia y las autoridades policiales y judiciales, sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia a menudo se refiere a información sobre personas que aún no son sospechosas en el marco de investigaciones penales pero que pueden pertenecer a redes terroristas o ser combatientes terroristas extranjeros que retornan; que, no obstante, esto no debe conducir a una rebaja de las normas jurídicas;

CA.  Considerando que la policía y los servicios de inteligencia reciben, procesan y transmiten información clasificada y no clasificada, lo que implica diferentes regímenes en cada una de las fases de la utilización de esta información; que también es necesario distinguir la inteligencia, es decir, la información procesada por los profesionales para un fin específico, de la mera información; que es necesario distinguir al menos la inteligencia criminal, vinculada a una misión de la policía judicial, de la inteligencia de seguridad, tratada en un marco administrativo;

CB.  Considerando que la información que recibe un tratamiento especial debe gozar de una protección especial, incluso de mayor nivel que la información policial debido a los diferentes métodos de trabajo, tales como la recogida de información confidencial procedente de fuentes e informadores que deben mantenerse en el anonimato, y debido también a los diferentes objetivos que exigen mayor sensibilidad;

CC.  Considerando que también podría ofrecerse una posible solución con la creación de centros o unidades de lucha contra el terrorismo en el territorio nacional; que dichos centros permiten que los representantes de los diferentes servicios se comuniquen entre sí con regularidad y debatan sobre la mejor manera de cooperar e intercambiar información; que esto ayuda a generar confianza entre los servicios y fomenta una mejor comprensión de sus respectivos métodos de trabajo y desafíos;

CD.  Considerando que los servicios de seguridad tienden a cooperar e intercambiar información bilateralmente o multilateralmente, principalmente a través del Grupo «Contraterrorismo» (CTG), y con los organismos de la Unión a través del EU INTCEN, compartiendo información estratégica; que es necesario encontrar una solución práctica para colmar las brechas existentes entre las vías paralelas de los responsables del cumplimiento de la ley y de la comunidad de inteligencia, por ejemplo identificando áreas de cooperación específicas para permitir una cooperación más eficiente, sin dejar de mantenerlas separadas;

CE.  Considerando que es posible aumentar la eficacia en el uso del CTG y del EU INTCEN para el intercambio de información;

CF.  Considerando que la seguridad civil y militar y las agencias de inteligencia de los Estados miembros comparten sistemáticamente su información, incluida la relacionada con el terrorismo, con el EU INTCEN) dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que proporciona análisis de inteligencia, alerta precoz y conocimiento de la situación a los distintos organismos de toma de decisiones de la Unión;

CG.  Considerando que comunicar la información tras detectarse una concordancia únicamente a la oficina Sirene de los Estados miembros que emiten la alerta en virtud del artículo 36 y no al resto de los Estados miembros resulta a veces insuficiente para realizar el seguimiento de los movimientos de las personas relacionadas con el terrorismo o para completar la información relevante respecto de dichas personas; que la alerta precoz de otros Estados miembros que pudieran verse afectados podría ser, por ejemplo, necesaria en caso de que la persona no regresara directamente al Estado miembro de origen o si esta persona estuviera acompañada de nacionales de otro Estado miembro respecto de los cuales no se hubiera emitido ninguna alerta, dado que estos seguían siendo desconocidos para las autoridades competentes de ese otro Estado miembro;

CH.  Considerando que el Gobierno del Reino Unido ha notificado a la Unión su intención de abandonarla el 29 de marzo de 2019; que, no obstante, ha expresado su deseo de mantener su cooperación con la Unión en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terrorismo; considerando que la Unión y el Reino Unido son muy interdependientes en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, y que el Reino Unido participa en muchos instrumentos jurídicos clave de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y tiene acceso a muchos sistemas y bases de datos de la Unión para el intercambio de información; considerando que deben alcanzarse acuerdos con la Unión en lo que respecta a todos los procedimientos pendientes; que todo futuro acuerdo debe prever la posibilidad de que el Reino Unido y la Unión puedan seguir compartiendo, recogiendo y analizando información vital en la lucha contra las formas graves de delincuencia; que el acuerdo de retirada debe garantizar un régimen de transición fluido y evitar, en la medida de lo posible, las brechas y obstáculos operativos que reducen la capacidad de la Unión Europea para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y el terrorismo;

Cooperación e intercambio de información con las agencias de la Unión

CI.  Considerando que es imprescindible una cooperación eficaz y sistemática entre los Estados miembros y las agencias de la Unión, de acuerdo con sus mandatos legales, así como entre las agencias en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, especialmente la cooperación entre Europol y Eurojust para apoyar con más eficacia los esfuerzos para detectar, prevenir e investigar y enjuiciar a los autores de atentados terroristas; que Eurojust ha designado a un fiscal especializado en la lucha contra el terrorismo para establecer un el puente con el CELT en Europol para aumentar la cooperación y el intercambio de información entre las dos agencias;

CJ.  Considerando que el intercambio de información entre las agencias de la Unión no es óptimo debido al uso de distintos canales de comunicación seguros; que el establecimiento de un canal de comunicación interinstitucional seguro podría facilitar y mejorar el intercambio de información entre agencias como EU INTCEN, Europol y Frontex;

CK.  Considerando que los oficiales de enlace de la lucha antiterrorista designados pueden aportar un valor añadido tanto al trabajo de las agencias como a sus propios Estados miembros;

CL.  Considerando que existen diferencias en los Estados miembros en cuanto al número de autoridades competentes que pueden consultar las bases de datos de Europol o ponerse en contacto con Europol sin tener que pasar por los oficiales de enlace nacionales; que algunos Estados miembros carecen de redes de comunicación policial nacional restringidas y seguras, lo cual impide a sus autoridades competentes el acceso descentralizado, en particular a la plataforma segura de intercambio de información CT-SIENA;

CM.  Considerando que varios instrumentos de la Unión, como la Decisión 2005/671/JHA, la Directiva sobre la lucha contra el terrorismo y el Reglamento de Europol, exigen que los Estados miembros compartan información sobre terrorismo con las agencias pertinentes; que un mayor intercambio de información con Europol y Eurojust de forma periódica, oportuna y sistemática, incluida la información contextual, de acuerdo con sus mandatos legales, facilita su trabajo para detectar los vínculos entre los casos y proporcionar una visión general de los desafíos y las mejores prácticas relacionadas con las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos de terrorismo; que en el marco de la Decisión 2005/671/JHA, los Estados miembros siguen sin intercambiar automáticamente información relevante con otro Estado miembro cuando dicha información podría utilizarse para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos de terrorismo; que la información compartida con Eurojust ha aumentado en los últimos años, pero que siguen existiendo diferencias entre los Estados miembros en relación con la cantidad, el tipo y el alcance de la información compartida, lo cual podría dar lugar a la fragmentación de la información disponible;

CN.  Considerando que CEPOL contribuye sustancialmente a la formación en la lucha antiterrorista de los agentes de los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros y en terceros países prioritarios;

Reconocimiento mutuo y asistencia judicial

CO.  Considerando que los mecanismos de asistencia judicial se están sustituyendo progresivamente por instrumentos de reconocimiento mutuo, ya que estos últimos contribuyen a mejorar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes dentro de la Unión acelerando y simplificando los procedimientos; que la Decisión sobre la orden de detención europea y la Directiva sobre la orden europea de investigación (OEI) son ejemplos de instrumentos de reconocimiento mutuo que los profesionales han encontrado útiles;

CP.  Considerando que el principio de reconocimiento mutuo depende, por una parte, de la existencia de un alto nivel de confianza mutua entre los Estados miembros y, por otra, contribuye a aumentar la confianza mutua al permitir a las autoridades de diferentes Estados miembros colaborar de manera eficaz en la lucha contra el terrorismo;

CQ.  Considerando que los equipos conjuntos de investigación (ECI) facilitan la coordinación de las investigaciones y los enjuiciamientos en los casos de dimensión transfronteriza y permiten el intercambio de información y de pruebas en tiempo real; que los beneficios prácticos que resultan de la utilización de ECI incluyen un mejor intercambio de información, el intercambio de mejores prácticas, una mejor recopilación de pruebas y el reconocimiento mutuo de las acciones llevadas a cabo por las partes; que los ECI exigen una financiación adecuada que funcione con eficacia;

CR.  Considerando que es necesaria una estrecha cooperación con los proveedores de servicios en línea cuando se trata de asegurar y obtener pruebas electrónicas a petición de la autoridad policial responsable y basadas en la legalidad procesal, dada su importancia para la investigación de los delitos de terrorismo;

CS.  Considerando que el espacio Schengen sin fronteras interiores es un logro fundamental de la Unión, que solo es sostenible si se protegen de manera efectiva las fronteras exteriores, cesan los cruces ilegales de la frontera y se adoptan medidas de seguridad interior para hacer frente al riesgo de delitos graves; que se han aprobado numerosas propuestas para reforzar los controles de seguridad en las fronteras exteriores; que algunos Estados miembros han pedido más flexibilidad para la reinstauración temporal de controles en las fronteras interiores en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad pública como ha propuesto la Comisión Europea;

CT.  Considerando que el 7 de abril de 2017 el nuevo Reglamento 2017/458(9) por el que se modifica el Código de fronteras Schengen entró en vigor en respuesta, en particular, al empeoramiento de la amenaza terrorista a fin de verificar sistemáticamente los datos de todas las personas que cruzan las fronteras exteriores en las bases de datos pertinentes, incluidas las personas que gozan del derecho de libre circulación;

CU.  Considerando que no se han aplicado algunas partes de la reglamentación que rige determinados ámbitos del control de fronteras, como la consulta sistemática de las bases de datos durante los controles fronterizos y el control riguroso de las condiciones de entrada exigidas;

CV.  Considerando que el ataque frustrado de 21 de agosto de 2015 en el tren Thalys, los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015 y los atentados de Bruselas del 22 de marzo de 2016 han demostrado que, en un número limitado de casos, los terroristas han abusado de sus deficiencias en las políticas de gestión de fronteras de la Unión y de varios Estados miembros, que no estaban preparados para una afluencia masiva; que, según las autoridades policiales, al menos ocho de los autores de estos ataques entraron en la Unión en flujos irregulares en los meses de julio, agosto y octubre de 2015; que, en otros casos, los futuros autores permanecieron en los Estados miembros a pesar de estar obligados a marcharse o a retornar; que esto demuestra determinadas deficiencias en las políticas de gestión de fronteras de la Unión y su aplicación a escala de los Estados miembros;

CW.  Considerando que en las Conclusiones del Consejo 10152/17 se recomienda a los Estados miembros que, ante los migrantes irregulares, realicen controles, según el caso, a nivel nacional en las bases de datos alimentadas y utilizadas por las autoridades competentes y en el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) nacional, a nivel europeo e internacional en las bases de datos del SIS, Europol, VIS, Eurodac e Interpol (red I-24/7) y más específicamente en las bases de datos nominales y la base de datos sobre documentos de viaje robados y perdidos (SLTD), la de combatientes terroristas extranjeros (CTE) y la de documentos de viaje relacionados con notificaciones (TDAWN);

CX.  Considerando que, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) 1168/2011 y el dictamen favorable del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) puede procesar datos personales; que, no obstante, Frontex tiene dificultades para hacer un seguimiento del terrorismo debido al breve período de retención de datos personales establecido por el Reglamento (CE) 2016/1624, que es solo de 90 días; que entre Eurojust y Frontex solo existe un memorando de entendimiento que incluye el intercambio de información general, estratégica y técnica, pero no el intercambio de información personal; que existe la necesidad de un marco jurídico específico para que Frontex procese datos personales para cumplir sus cometidos;

CY.  Considerando que es necesario que los funcionarios de Frontex también accedan a las bases de datos de Eurodac, SIS, SES y VIS en los pasos fronterizos para realizar controles;

CZ.  Considerando que actualmente no existen normas mínimas o normas comunes para la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación;

DA.  Considerando que tres cuartas partes de los documentos fraudulentos detectados en las fronteras exteriores y en la Unión reproducen documentos de identidad expedidos por los Estados miembros y los países asociados con el espacio Schengen; que los documentos de identidad nacionales con un menor grado de seguridad son los documentos falsos detectados con mayor frecuencia;

DB.  Considerando que algunos Estados miembros no obligan a las compañías aéreas a realizar en su territorio controles de conformidad de los datos personales de los pasajeros en su billete y en su documento de identidad o pasaporte, lo que dificulta determinar si la identidad indicada coincide con la verdadera identidad de la persona; que este asunto es de capital importancia para los vuelos dentro de la Unión; que, no obstante, los controles de identidad y la autenticación de los documentos de viaje deben seguir siendo competencia de las autoridades policiales;

DC.  Considerando que las pruebas obtenidas en el campo de batalla a menudo son fundamentales para identificar a posibles combatientes terroristas extranjeros y víctimas, y deben incluirse en las bases de datos pertinentes a fin de llegar a los guardias fronterizos en tiempo real y ser compartidas con los investigadores y fiscales para las investigaciones y enjuiciamientos;

DD.  Considerando que la misión naval de la PCSD EUNAVFORMED o Sophia tiene capacidades técnicas y humanas para contribuir a la lucha contra el terrorismo; que, si se quiere contribuir eficazmente a este esfuerzo, se debe modificar el mandato de la operación Sophia para incluir específicamente la lucha contra el terrorismo y poder así actuar en todas las aguas nacionales de todos los Estados miembros del mar Mediterráneo, y en las aguas nacionales de otros Estados costeros, para los que se debe solicitar acuerdos bilaterales o un mandato del Consejo de Seguridad;

Financiación del terrorismo

DE.  Considerando que varios Estados miembros no han ratificado todavía el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, de 16 de mayo de 2005, conocido como «Convenio de Varsovia», que constituye el convenio internacional más completo sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; que la confiscación de activos generados por actividades delictivas es una herramienta muy eficiente para combatir la delincuencia y el terrorismo, dado que priva a los delincuentes de los ingresos recaudados en sus actividades ilegales y evita que los terroristas organicen atentados; que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece las normas globales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y señala las competencias jurisdiccionales cuyas medidas vigentes son deficientes para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

DF.  Considerando que la Unión ha adoptado dos instrumentos legislativos para aplicar las recomendaciones del GAFI, a saber, la 4.ª y la 5.ª Directiva contra el blanqueo de capitales, con el fin de colmar las lagunas detectadas a la luz de los ataques terroristas; que los Estados miembros tenían de plazo hasta el 26 de junio de 2017 para transponer la Directiva contra el blanqueo de capitales a su legislación nacional, pero que no todos lo han hecho; que varios Estados miembros siguen permitiendo que los propietarios beneficiarios últimos de fideicomisos, fundaciones y sociedades constituidas se mantengan en el anonimato, al igual que acciones al portador que facilitan la ocultación del origen y el destino de los flujos financieros y la propiedad de actividades económicas que dan cobertura a la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada; que la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales aumentará la transparencia en estas cuestiones;

DG.  Considerando que la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo destinada a investigar las supuestas infracciones y casos de mala administración en la aplicación de la legislación de la Unión relativa al blanqueo de capitales y elusión y evasión fiscales (Comisión PANA) verificó la manera en que los evasores fiscales cuentan con la ayuda activa de intermediarios profesionales, que aparentemente cumplen las obligaciones legales pertinentes;

DH.  que, en julio de 2017, se concedió a la Comisión Europea y a Europol el estatuto de observador del Grupo Egmont, un organismo internacional compuesto por 156 unidades de información financiera, con el objetivo de aumentar la cooperación no solo entre estas unidades, sino también entre otras autoridades competentes;

DI.  Considerando que los abusos y usos indebidos de la recaudación de fondos en las redes sociales, la financiación por medio de asociaciones caritativas y sin ánimo de lucro, las pequeñas transferencias electrónicas y las tarjetas de prepago figuran entre los métodos de financiación utilizados por Dáesh y otras organizaciones terroristas; que las plataformas de microcréditos se utilizan para facilitar todos estos tipos de operaciones;

DJ.  Considerando que, junto con los métodos tradicionales de financiación del terrorismo, como las donaciones privadas, la extorsión, los secuestros para exigir un rescate, el abuso y uso indebido de las organizaciones sin ánimo de lucro, los sistemas de envíos de fondos formales e informales, el uso de la recaudación de actividades delictivas y las transferencias de efectivo o de fondos a través de los bancos, los recientes atentados terroristas han demostrado que los métodos de financiación emergentes por medios electrónicos, métodos de pago en línea como las monedas virtuales o las tarjetas de prepago anónimas y los sistemas de transferencias de valor no oficiales también plantean un riesgo de utilización indebida por las organizaciones terroristas para financiar sus actividades; que el anonimato que rodea a determinadas criptomonedas está provocando un aumento de su uso para actividades ilegítimas; que el uso de criptomonedas por delictivos organizados para financiar las actividades delictivas y el terrorismo y para blanquear el producto de la delincuencia ha aumentado en los últimos años; que Europol ha colaborado con las autoridades nacionales para desmantelar varias operaciones delictivas que implicaron el comercio de criptomonedas;

DK.  Considerando que, en algunos países con sistemas bancarios menos desarrollados, el uso frecuente de los servicios de banca móvil dificulta a menudo la identificación de los beneficiarios de las transferencias de efectivo; que dichas transferencias de fondos mediante la banca móvil presentan altos riesgos para la financiación del terrorismo y que, al contrario, los servicios competentes deben poder acceder a la rastreabilidad de determinada financiación del terrorismo sin toparse con el secreto bancario en la inmensa mayoría de los casos; que el uso y transferencia de fondos por medio de sistemas de envío alternativos también presentan un riesgo de financiación del terrorismo;

DL.  Considerando que la cooperación y el intercambio de información entre las entidades obligadas, las unidades de inteligencia financiera y las autoridades competentes son fundamentales para luchar eficazmente contra la financiación del terrorismo; que las unidades de inteligencia financiera, en el desempeño de sus funciones, deben tener acceso a la información y poder proceder al intercambio de la misma, por medio, entre otros medios, de una cooperación apropiada con las autoridades policiales; que resulta esencial seguir aumentando la eficacia y la eficiencia de las unidades de inteligencia financiera haciendo que los Estados miembros aclaren sus competencias y las modalidades de cooperación entre ellos;

DM.  Considerando que el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo es una herramienta útil para luchar contra la financiación del terrorismo; que no permite rastrear las actividades de financiación del terrorismo que utilizan operaciones SEPA, lo que genera importantes lagunas en la información; que un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo complementario del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo en vigor mejoraría la capacidad de la Unión para prevenir e investigar atentados terroristas al proporcionar información clave adicional sobre actividades de financiación del terrorismo y sería más eficiente y eficaz que buscar información financiera sobre transacciones sospechosas mediante información bilateral o multilateral o solicitudes de asistencia jurídica; que el Parlamento ha pedido en numerosas ocasiones el establecimiento de este sistema, en particular en su Resolución de 25 de noviembre de 2015 sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas(10);

Protección de las infraestructuras críticas

DN.  Considerando que los incidentes en infraestructuras críticas, en particular los relacionados con atentados terroristas o intentos de atentados, pueden tener consecuencias transfronterizas y graves para la seguridad de los ciudadanos y de los Estados europeos;

DO.  Considerando que los servicios se prestan a través de sistemas cada vez más complejos, lo que hace que el enfoque sectorial actual de las infraestructuras críticas europeas sea obsoleto;

DP.  Considerando que los ciberataques a los servicios electrónicos o a sistemas interconectados son un componente fundamental de las amenazas híbridas; que un aumento en el número de ataques cibernéticos tiene, o puede tener, efectos físicos en las infraestructuras críticas y en sus usuarios; que es necesario aumentar la disponibilidad para combatir las amenazas ciberterroristas;

DQ.  Considerando que la evaluación exhaustiva por la Comisión de la política de seguridad de la Unión y el estudio de evaluación de la Directiva 2008/114/CE indican que es probable que la amenaza a las infraestructuras críticas siga aumentando, que existe la necesidad de mejorar la capacidad de preparación y respuesta y de revisar la Directiva 2008/114/CE, y que existe un interés en focalizar las infraestructuras de transporte; que se necesita un marco mejor para aumentar la seguridad ferroviaria y abordar la cuestión de la protección de las áreas públicas de las infraestructuras de transporte, tales como los aeropuertos, los puertos y las instalaciones de transporte marítimo, así como las estaciones ferroviarias y las instalaciones de producción energética, prestando especial atención a las centrales nucleares;

DR.  Considerando que los ataques contra infraestructuras críticas podrían tener consecuencias catastróficas; que los Estados miembros deben asegurar una protección adecuada e infalible de estas instalaciones;

DS.  Considerando que la notificación de incidentes es fundamental para identificar las deficiencias, mejorar la eficacia de las medidas existentes, evaluar el rendimiento de las infraestructuras críticas durante un acontecimiento perturbador, sensibilizar sobre la necesidad de revisar los planes de seguridad existentes y detectar la aparición de nuevas amenazas;

DT.  Considerando que los Estados miembros deben organizar más ejercicios de respuesta a las crisis, también en terceros países que aspiran a cooperar y a mejorar sus capacidades;

DU.  Considerando que la protección y securización de las infraestructuras críticas y los blancos fáciles exigen una estrecha cooperación público-privada, incluso en el ámbito cibernético;

DV.  Considerando que los servicios de seguridad privada desempeñan un papel a la hora de garantizar cadenas de seguridad resilientes, y que la contratación pública de sus servicios debe someterse, por lo tanto, a criterios de calidad específicos en lo referente a aspectos como la formación, la investigación y el control del personal, el control de calidad y la garantía de cumplimiento, la aplicación de avances tecnológicos y la gestión de los contratos;

DW.  Considerando que, tras la evaluación de 2012 de la Directiva 2008/114/CE, la Comisión puso en marcha una fase piloto en la que participaron cuatro infraestructuras críticas de dimensión europea (Eurocontrol, Galileo, la red de electricidad y la red de transporte de gas natural);

DX.  Considerando que la Comisión, en su comunicación sobre el nuevo marco financiero plurianual, propone aumentar significativamente la financiación de la seguridad y la defensa por la Unión, incluida la seguridad interior de la Unión;

DY.  Considerando que se han cometido en la Unión varios atentados terroristas perpetrados por personas conocidas por las autoridades; Considerando que las empresas de alquiler de vehículos carecen de la capacidad para intercambiar información, como los datos de reserva, con las agencias policiales con el fin de realizar controles cruzados con las listas de vigilancia oficiales y las bases de datos policiales;

Precursores de explosivos

DZ.  Considerando que en 2015 y 2016 se utilizaron explosivos en el 40 % de los atentados terroristas cometidos en la Unión(11);

EA.  Considerando que el explosivo que se utilizó en la mayor parte de los atentados es el triperóxido de triacetona (TATP)(12), un explosivo de fabricación casera que sigue siendo el explosivo de preferencia de los terroristas; que el TATP puede fabricarse muy fácilmente utilizando solo unas pocas sustancias; que muchas fábricas e instalaciones civiles que utilizan esas sustancias siguen siendo accesibles para los delincuentes, incluidos los terroristas, dado que los Estados miembros no han aplicado medidas de ejecución de control, pese al Plan de Acción QBRN de la Unión;

EB.  Considerando que, a pesar del Reglamento (UE) n.º 98/2013, algunos terroristas aún logran hacerse con precursores de explosivos, especialmente para la preparación de TATP; que aún es posible adquirir las sustancias incluidas en el anexo I; que el Reglamento (UE) n.º 98/2013 no prevé suficientes restricciones y controles, al exigir únicamente, por ejemplo, un registro de las transacciones; que es absolutamente prioritario garantizar unos controles más estrictos;

EC.  Considerando que entre los principales problemas relacionados con la aplicación figuran el desconocimiento de la legislación vigente en toda la cadena de suministro, dado el gran número de operadores económicos que intervienen (minoristas de productos de limpieza para el hogar), y hacer cumplir las restricciones aplicables a las ventas en internet, las importaciones y la circulación dentro de la Unión;

ED.  Considerando que la propuesta de la Comisión, de 17 de abril de 2018, de Reglamento sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (COM(2918)0209) establece normas más estrictas y más armonizadas en lo relativo a la puesta en disposición, introducción, posesión y utilización de sustancias o mezclas que puedan utilizarse indebidamente para la fabricación ilícita de explosivos, con objeto de limitar su accesibilidad para el público en general y de garantizar la notificación adecuada de las transacciones sospechosas a lo largo de toda la cadena de suministro;

EE.  Considerando que en los mercados en línea se pueden encontrar las sustancias químicas por su nombre escrito, su fórmula o su número de identificación del Servicio de Resúmenes Químicos (CAS), pero que en muchos casos solo se enumeran por su nombre genérico; que existen tantas variantes de los nombres que sería más fácil identificar las entradas de sustancias específicas si también fuera obligatoria la inclusión de un número CAS de búsqueda;

EF.  Considerando que el Reglamento solo cubre las ventas al público en general, y no a los usuarios profesionales, que no están definidos en el Reglamento; que los criterios para definir quién es un usuario profesional difieren en el mercado interior;

EG.  Considerando que, según la evaluación de impacto de 17 de abril de 2018 (SWD(2018)0104) y la propuesta de Reglamento correspondiente (COM(2018)0209), es necesario ampliar la formación impartida a las autoridades aduaneras en lo que respecta al reconocimiento de los explosivos y los precursores de explosivos durante el ejercicio de sus funciones en la frontera exterior;

Armas ilícitas

EH.  Considerando que el acceso a armas de fuego y a componentes de aparatos explosivos desempeña un papel determinante para facilitar atentados terroristas; que, en la Unión, los grupos extremistas violentos a menudo tienen que recurrir a redes delictivas para adquirir armamento; que, según el informe Te-Sat 2018 de Europol, se utilizaron armas de fuego en el 41 % de todos los atentados, lo que supone un ligero aumento en comparación con 2016 (38 %)(13);

EI.  Considerando que en los últimos años se ha observado un aumento de las armas de fogueo convertidas y de las armas de fuego reactivadas; que recientemente también se han perpetrado varios atentados con diferentes tipos de cuchillos;

EJ.  Considerando que la relación entre delincuencia y terrorismo también facilita en mayor medida el acceso de los terroristas a las armas de fuego;

EK.  Considerando que en las Conclusiones del Consejo de 8 de octubre de 2015 se invita a los Estados miembros a que proporcionen sistemáticamente información pertinente a Interpol y Europol;

Dimensión exterior

EL.  Considerando que varias regiones de la vecindad de la Unión, como la región MENA y los Balcanes, se enfrentan a retos importantes, tales como los relacionados con los combatientes terroristas extranjeros y la gestión de los repatriados, así como con las células radicales locales;

EM.  Considerando que los Balcanes siguen siendo una región clave para la estabilidad europea; que los desafíos relacionados con el terrorismo y el extremismo islamista agravan un contexto regional ya debilitado por la polarización étnica, política y social, así como por las redes delictivas; que los países de la región ya han sido blanco del terrorismo (se evitaron los atentados), y que ya se utilizan como países de tránsito para personas y armas;

EN.  Considerando que todos los países de la región MENA se han visto confrontados con importantes acciones terroristas y siguen siendo un blanco fundamental; que, además de pasar por situaciones sociales y económicas críticas, estos países también pueden tener que hacer frente a múltiples retos relacionados con el retorno de los combatientes terroristas extranjeros de Dáesh y Al-Qaeda, habida cuenta del gran número de yihadistas procedentes de esta región; que el intercambio de información y una asociación sólida con estos terceros países clave, a través de un enfoque coordinado de la Unión que ofrezca cooperación y asistencia en forma de desarrollo de capacidades, permiten desbaratar ataques y desmantelar redes terroristas;

EO.  Considerando que las regiones como MENA, el Sahel, el Cuerno de África, África Occidental, el Golfo y Asia Central también han experimentado el desarrollo de redes terroristas vinculadas a Dáesh y Al-Qaeda; que el extremismo religioso y la violencia sectaria que se benefician de la financiación son un motivo de grave preocupación, ya que permiten a las redes terroristas expandirse, vincularse con otras empresas delictivas y actuar en esas regiones tomando a Europa y los intereses europeos como objetivo;

EP.  Considerando que es crucial que la Unión mantenga una sólida cooperación con los terceros países socios en la lucha contra el terrorismo; que debe mantenerse el diálogo sobre las medidas y las acciones emprendidas para luchar contra el terrorismo y su financiación y prevenir la radicalización, en particular con los países del Golfo; que la cooperación interparlamentaria con estos terceros países clave es uno de los instrumentos que deben reforzarse;

EQ.  Considerando que la Unión coopera con terceros países en la lucha contra el terrorismo de diversas formas; que se pueden utilizar varios instrumentos de la Unión para financiar programas de lucha contra el terrorismo en el extranjero; que la Unión ha establecido una red de expertos en lucha antiterrorista dentro de las delegaciones de la Unión; que las agencias de la Unión como Europol, Eurojust y CEPOL también cooperan con terceros países en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo mediante acuerdos estratégicos y operativos;

ER.  Considerando que existe un sistema de sanciones de la Unión en el ámbito de la lucha contra el terrorismo que comprende tres tipos de medidas y es aplicado por el SEAE; que este sistema es incompleto y está infrautilizado debido a limitaciones de procedimiento y a la reticencia de los Estados miembros;

ES.  Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre la acción exterior de la UE en materia de lucha contra el terrorismo, aprobadas el 19 de junio de 2017, recuerdan el papel que desempeñan las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) en la lucha contra el terrorismo mediante el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad, el control de las fronteras y la reforma del sector de la seguridad, así como a la hora de desarrollar capacidades en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y el intercambio de información;

Víctimas del terrorismo

ET.  Considerando que son demasiadas las personas que han sido víctimas directas del terrorismo en toda la Unión, que ha dejado a miles de familias con enfermedades postraumáticas que afectan a su bienestar a largo plazo; que no existen cifras armonizadas sobre el número exacto de víctimas; que, antes de 2001, el IRA y ETA eran los principales responsables de la mayoría de las víctimas del terrorismo, pero desde entonces la mayoría de las muertes se ha debido a acciones terroristas organizadas o inspiradas por Al-Qaeda y Dáesh;

EU.  Considerando que las muertes provocadas por atentados terroristas destruyen familias y que muchos de los supervivientes heridos de atentados terroristas sufren discapacidades, desfiguración, pérdida de extremidades y problemas psicológicos que les cambian la vida, y que su difícil situación tiene graves consecuencias para sus familiares cercanos y su comunidad, mientras que, con demasiada frecuencia, una vez que ha pasado la atención de los medios de comunicación se olvidan las necesidades a largo plazo de las víctimas; que el síndrome de estrés postraumático es un importante problema de salud pública en Europa; que no existen cifras globales a escala europea del impacto del terrorismo en la salud mental de la población tras los distintos atentados;

EV.  Considerando que las víctimas del terrorismo tienen una posición muy específica y que atender sus necesidades no es solo una obligación legal en virtud de la legislación nacional, internacional y de la Unión sino también una responsabilidad para todas nuestras sociedades; que los recientes atentados cometidos en la Unión han provocado víctimas pertenecientes a un gran número de diferentes Estados miembros;

EW.  Considerando que, a escala europea, no existe un estatuto jurídico definido para las víctimas del terrorismo a los efectos de acceder a los servicios comunitarios o derechos de compensación; que las víctimas de los recientes atentados terroristas cometidos en Europa aún carecen de justicia, de un tratamiento adecuado, de servicios de apoyo a las víctimas y de ayuda financiera; que las víctimas del terrorismo corren el riesgo de sufrir una victimización secundaria que les afecte no solo en los procedimientos judiciales, sino también en las múltiples interacciones que entablan con otras entidades estatales y no estatales;

EX.  Considerando que todavía existen discrepancias en la forma en que se han traducido en procedimientos a nivel nacional las disposiciones contenidas en la Directiva 2012/29/UE; que la Comisión aún no ha presentado su informe sobre la aplicación de esta Directiva; que el Parlamento Europeo aprobó el 30 de mayo de 2018 una resolución sobre la aplicación de esta Directiva(14);

EY.  Considerando que la indemnización de las víctimas del terrorismo constituye tanto una forma de reconocimiento por parte de la sociedad del daño causado por el atentado como un medio de ayuda financiera y de restitución; que los niveles y procedimientos de indemnización varían considerablemente entre los Estados miembros, lo que agrava la percepción de injusticia por parte de las víctimas y su sufrimiento;

EZ.  Considerando que deben crearse sistemas de apoyo que garanticen que se represente y se preste ayuda de manera continua y sistemática también a las víctimas transfronterizas en su país, al tiempo que permanecen en contacto con los servicios de apoyo en el país donde tuvo lugar el atentado;

FA.  Considerando que Eurojust ha facilitado la ejecución de solicitudes de asistencia judicial para coordinar y prestar ayuda en el ejercicio de los derechos de las víctimas del terrorismo, teniendo en cuenta los diferentes derechos y papeles de las víctimas extranjeras en sus sistemas jurídicos nacionales;

FB.  Considerando que las empresas, incluidas las pymes, también pueden sufrir daños provocados por el terrorismo, como daños materiales y la interrupción de la actividad comercial;

FC.  Considerando que el Parlamento ha presentado un proyecto piloto para crear un «Centro europeo de coordinación para las víctimas del terrorismo» que reuniría a expertos operativos clave, defensores de las víctimas y organizaciones pertinentes de toda Europa con el fin de determinar las prioridades y problemas clave para las víctimas del terrorismo y proporcionar apoyo coordinado a través de las fronteras;

Derechos fundamentales

FD.  Considerando que la Unión Europea desempeña un papel necesario en la promoción del respeto de los valores democráticos, incluidos el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que, sin embargo, en la Unión existen prácticas y opiniones religiosas y políticas extremistas que son rotundamente contrarias a esos valores;

FE.  Considerando que no hay conflicto, sino complementariedad y refuerzo mutuo, entre las medidas antiterroristas y la protección de las libertades; que se deben garantizar y proteger los derechos fundamentales para todas y cada una de las personas, y que todas las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo deben afectar lo menos posible a la población inocente y no implicada;

FF.  Considerando que las medidas de lucha contra el terrorismo han de garantizar siempre plenamente todos los principios y derechos fundamentales, incluidos los relacionados con la protección de la intimidad y los datos, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como las garantías procesales, como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a la información, garantizando que las personas dispongan de recursos eficaces para hacer frente a cualquier violación de sus derechos fundamentales, incluida la posibilidad del recurso judicial, y que se respete el acervo de la Unión en materia de derechos procesales; que esas medidas deben tener debidamente en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

FG.  Considerando que es fundamental que las investigaciones en materia de lucha contra el terrorismo mantengan unos niveles elevados de profesionalidad y que todas las medidas aplicadas sean específicas, proporcionadas y necesarias; que las políticas en materia de lucha contra el terrorismo no deben provocar la exclusión y estigmatización social; que se podría pedir a la Agencia de los Derechos Fundamentales que presente un dictamen sobre la legislación en materia de lucha contra el terrorismo en el contexto de su marco plurianual;

FH.  Considerando que el personal policial y judicial está en primera línea en las operaciones de lucha contra el terrorismo; que existen múltiples casos documentados en los que los agentes policiales y judiciales y sus familias han sido el blanco de acciones y amenazas por parte de extremistas violentos, y que algunos de estos casos han culminado con ataques físicos violentos e incluso homicidios; que es sumamente importante el apoyo político y público al personal policial y judicial que protege los derechos fundamentales en las investigaciones en materia de lucha contra el terrorismo exponiendo su vida;

FI.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe la discriminación por razón de discapacidad y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad; que los derechos de las personas con discapacidad en la Unión también están protegidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

Recomendaciones

Marco institucional

1.  Considera que, si bien los Estados miembros siguen estando en primera línea para prevenir y responder a las amenazas, dadas sus competencias soberanas, existe una clara necesidad de reconocer plenamente el papel de la Unión Europea y de las medidas de lucha contra el terrorismo adoptadas en el marco de la «Unión de la Seguridad» para apoyarlos, coordinar y compartir las mejores prácticas, aportar soluciones comunes y valor añadido, para que puedan contrarrestar mejor los fenómenos de la radicalización, el extremismo y el terrorismo; considera que, en un espacio sin fronteras interiores, la actuación europea es fundamental para garantizar un alto nivel de seguridad en todo el territorio europeo, y que profundizar en la cooperación y en el intercambio de información entre los Estados miembros y con la Unión Europea es crucial para prevenir y responder a las amenazas terroristas con eficacia; insta a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a que trabajen en pos de una cultura estratégica común;

2.  Considera que la Unión y los Estados miembros deben mejorar su cooperación reforzando los órganos europeos existentes, las agencias y los servicios especializados de la Unión y los canales de cooperación entre las instituciones competentes de los Estados miembros y las instituciones judiciales; opina que debe dotarse de medios adicionales a esas agencias de la Unión para que puedan hacer frente al aumento de su volumen de trabajo;

3.  Subraya la importancia que reviste el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros dentro de la Unión, pero también con terceros países; acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por algunos Estados miembros, pero también a nivel local por algunas ciudades o incluso por agentes privados, para definir instrumentos eficaces en la lucha contra el terrorismo;

4.  Pide al próximo presidente de la Comisión que mantenga una cartera independiente para el comisario de Unión de la Seguridad;

5.  Pide al Consejo que mantenga el puesto de coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo; considera que el coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo debe seguir desempeñando un papel proactivo a la hora de reforzar la respuesta de la Unión en la lucha contra el terrorismo; pide que se aclaren la posición y el papel del coordinador para la lucha contra el terrorismo, como puente entre las instituciones competentes de la Unión y las agencias de los Estados miembros;

6.  Considera que la libertad, la seguridad y la justicia son tres aspectos que no pueden analizarse por separado; considera que el respeto de los derechos fundamentales debe ser una parte esencial de todas las iniciativas legislativas sobre terrorismo; aboga por que las competencias de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sigan incluyendo la lucha contra el terrorismo, con el fin de garantizar la coherencia con otros expedientes legislativos en el espacio de libertad, seguridad y justicia;

7.  Pide al Consejo que amplíe las competencias de la Fiscalía Europea para que incluyan la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo;

8.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que sigan reforzando y apoyando la red Atlas de unidades civiles especiales de intervención antiterrorista de los Estados miembros de la Unión;

9.  Insta a la Comisión a que realice de forma sistemática evaluaciones de impacto y consultas con los ciudadanos y los expertos de las partes interesadas sobre futuras propuestas legislativas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo;

Amenaza terrorista

10.  Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para lograr una mayor transparencia y una comprensión común de los niveles de amenaza; pide a los Estados miembros que transmitan rápidamente la información sobre el cambio del nivel de amenaza y su motivación; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que no restrinjan su visión del terrorismo al yihadismo, sino que sigan igualmente atentos a otras formas de terrorismo que se basan en otros motivos, como las mencionadas en los informes Te-Sat de Europol;

11.  Pide a la Comisión que fomente, en los foros internacionales pertinentes, la clasificación explícita del terrorismo como «crimen de lesa humanidad», establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma que condujo a la creación de la Corte Penal Internacional;

12.  Pide a los Estados miembros, en consonancia con las conclusiones del Consejo de Europa(15), que reconozcan que Dáesh ha cometido actos de genocidio, principalmente contra el pueblo yazidí, minorías cristianas y minorías musulmanas no suníes, y pide a todos los Estados miembros que emprendan acciones inmediatas y eficaces de conformidad con su obligación a tenor de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 a fin de impedir y castigar los actos de genocidio, así como en vista de su responsabilidad general de actuar contra los delitos recogidos en el Derecho Internacional;

13.  Pide a los Estados miembros y a las agencias competentes de la Unión que vigilen a todos los combatientes terroristas extranjeros y garanticen la seguridad y un seguimiento judicial armonizados de los repatriados identificados que han regresado a Europa; pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros a establecer sistemas de clasificación coherentes que permitan distinguir entre los repatriados de alto, medio y bajo riesgo;

14.  Recomienda a los Estados miembros que proporcionen estructuras adecuadas para responder a la cuestión de los niños repatriados, y, en particular, que desarrollen un instrumento de evaluación de los riesgos y necesidades basado en las etapas del desarrollo de los niños y en su grado de implicación en actividades delictivas en el extranjero; hace hincapié en que los programas de rehabilitación deben basarse en un enfoque multidisciplinario que reúna distintos tipos de conocimientos especializados, incluidos los de los profesionales experimentados en los ámbitos del trauma, el extremismo, el desarrollo infantil, la educación y la evaluación de riesgos, y estar adaptados al contexto local y nacional, así como contar con estructuras jurídicas y organizativas claras que permitan hacer frente a este preocupante fenómeno; anima a los Estados miembros a que cooperen con el Comité Internacional de la Cruz Roja, dado que tiene un acceso especial y conocimientos especializados en este campo;

15.  Pide a la Comisión que revise y actualice el Plan de Acción QBRN y a los Estados miembros que adopten o refuercen y mantengan medidas de «defensa civil» adecuadas para la preparación contra los ataques QBRN mediante la contratación de personal cualificado y formado con regularidad que incluya personal tanto a tiempo completo como voluntario, así como una infraestructura técnica apropiada, incluidos medios de respuesta como sistemas móviles de detección especializados, reservas de medicamentos esenciales, atención a las víctimas y el intercambio de mejores prácticas; hace hincapié en que estas medidas deben ser conformes con una estrategia multidisciplinaria que contenga métodos de coordinación, procedimientos de notificación, protocolos estándar, planificación de evacuación, sistemas de alerta pública y notificación de incidentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen gradualmente estas estrategias; pide a los Estados miembros que creen o refuercen laboratorios especializados; pide a la Comisión que, en colaboración con el Parlamento, apoye las actividades de investigación transfronterizas pertinentes; aboga por una cooperación más intensa con el Centro de Excelencia sobre QBRN de la OTAN con el fin de garantizar la transferencia de buenas prácticas entre los servicios de emergencia en los Estados miembros de la Unión y de la OTAN;

16.  Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que cooperen con el sector privado para crear mecanismos que garanticen un suministro fiable, constante y adecuado de productos médicos de respuesta sanitaria, incluido, en su caso, el recurso al mecanismo de adquisición conjunta de la Unión establecido en la Decisión n.º 1082/2013 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud(16);

17.  Insta a que, a fin de facilitar el acceso, se complemente la actualización y la ampliación del Sistema Europeo de Datos sobre Artefactos Explosivos de Europol al proyecto de análisis europeo, que hace las veces de centro de información y coordinación en relación con todos los incidentes relacionados con QBRN en toda la Unión, con un equipo de análisis multidisciplinario dotado del personal adecuado;

18.  Celebra el plan de la Comisión de reforzar la preparación y respuesta QBRN de la Unión a través de ejercicios intersectoriales destinados a los cuerpos de seguridad, los servicios de protección civil, las estructuras sanitarias y, en su caso, las autoridades aduaneras y de vigilancia de las fronteras, en el marco de los instrumentos financieros y operativos existentes, en particular el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, la CEPOL y el Fondo de Seguridad Interior - Policía;

19.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan normas comunes relativas a los procedimientos de aprobación en instituciones vulnerables como las centrales nucleares o los laboratorios especializados;

20.  Alienta a los Estados miembros a que hagan un mayor uso de los sistemas técnicos de detección de sustancias QBRN, particularmente en actos públicos multitudinarios, y pide a la Comisión que, en colaboración con el Parlamento, ponga a disposición más fondos europeos para la adquisición a gran escala de dichos sistemas;

21.  Celebra la creación, dentro del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (CELT), de un centro de conocimientos sobre QBRN y sobre actividades conexas en materia de explosivos, que funcionará paralelamente al Centro Europeo de Formación en Seguridad Nuclear (CEFSN); solicita la elaboración de un procedimiento estándar en el que cada Estado miembro comparta realmente información con el centro de recopilación de información;

22.  Acoge favorablemente la aprobación de un Reglamento sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y el mandato de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 216/2008(17); pide a la Comisión que tenga en cuenta las cuestiones de seguridad en los próximos actos delegados y de ejecución sobre los drones y las operaciones realizadas con ellos, incluidas unas evaluaciones de riesgos actualizadas con regularidad, el registro obligatorio, la identificación electrónica y el geoperimetraje en todas las categorías de drones, así como las licencias de seguridad y la formación obligatorias para los operadores de misiones de seguridad e inspección;

23.  Señala que se sabe que muchos autores de actos terroristas en la Unión comenzaron con delitos menores y han sido adoctrinados en el extremismo violento mientras estaban en prisión; pide a los Estados miembros que garanticen que sus sistemas penales castigan de forma apropiada a los delincuentes y permiten un análisis atento del riesgo de reincidencia antes de que se autorice la libertad condicional; subraya que las penas de prisión deberían permitir la rehabilitación, la reintegración y la prevención de la reincidencia en lugar de fomentar el extremismo violento;

24.  Destaca la amenaza constante que suponen las interacciones entre las organizaciones terroristas y la delincuencia organizada, especialmente en lo relativo a las capacidades logísticas y el tráfico de armas, que podrían dar pie a ataques a gran escala;

25.  Observa el aumento de las ciberamenazas y subraya la importancia de intensificar los esfuerzos en materia de ciberseguridad también en el ámbito de la lucha contra el terrorismo;

26.  Pide a los Estados miembros que doten a sus organismos públicos involucrados en operaciones de lucha contra el terrorismo de todos los medios técnicos, financieros, educativos y jurídicos necesarios para protegerse contra los extremistas violentos en el ejercicio de sus funciones;

Prevenir y contrarrestar la radicalización que conduce al extremismo violento

Estructuras para luchar contra la radicalización

27.  Solicita la creación de un «Centro de Excelencia para la Prevención de la Radicalización» (CdE PR) de la Unión, sucesor de la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización, que se integrará en la Comisión con recursos financieros y humanos adecuados; considera que sus tareas deben incluir la coordinación, la facilitación de la cooperación y el intercambio de conocimientos, proyectos emblemáticos y buenas prácticas entre los Estados miembros, responsables políticos, profesionales (implicando a antiguas estructuras de la RSR y el SCAT), así como la interacción con comunidades o líderes religiosos y académicos y expertos, incluidos especialistas informáticos, en el ámbito de la prevención de la radicalización y la lucha contra este fenómeno; señala que entre sus actividades deben figurar la formación de diversas categorías de profesionales, incluidos jueces y fiscales, también mediante la asociación con terceros países estratégicos importantes; considera que este centro también debe elaborar metodologías científicas para evaluar y medir la eficacia de los programas y proyectos, de manera que, en su caso, se puedan adaptar las políticas pertinentes;

28.  Señala que en el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 sobre la desradicalización se llegó a la conclusión de que la Comisión no tiene una visión general completa de las medidas financiadas por la Unión y que no se utilizan indicadores u objetivos para los fondos de la Unión para medir hasta qué punto tiene éxito este enfoque; pide a la Comisión que garantice la asignación de suficientes fondos en el marco del Fondo de Seguridad Interior para la prevención y la lucha contra la radicalización, lo que racionalizaría los recursos actualmente fragmentados en diferentes fondos y programas y permitiría una mejor coordinación y visibilidad, así como un uso más eficaz, sobre la base de criterios que podría determinar el CdE PR;

29.  Insta a los Estados miembros a que adopten estrategias nacionales y regionales globales para la prevención y la lucha contra la radicalización, previendo recursos financieros adecuados para las comunidades y los socios a nivel local que participan en la creación y aplicación de programas basados en esas estrategias, y solicita un enfoque multiinstitucional; destaca que los mejores resultados se obtienen en asociación con las comunidades locales; destaca asimismo que unos indicadores cualitativos y cuantitativos objetivos, de cuyo desarrollo podría encargarse el CdE PR, permitirían a las autoridades locales y regionales determinar las particularidades locales de la radicalización y adaptar mejor los programas a la zona específica;

30.  Pide a los Estados miembros que aborden la radicalización de forma global, también en colaboración con las administraciones locales, y completen los planteamientos de seguridad con estrategias de inclusión social e integración económica y cultural y con políticas e inversiones a largo plazo en servicios públicos e infraestructuras; insta tanto a la Comisión como a los Estados miembros a que promuevan campañas contra la discriminación;

31.  Subraya la importancia de realizar investigaciones específicas sobre el papel de las mujeres en regiones, países y comunidades concretos a fin de comprender el papel que desempeñan y determinar los ámbitos en los que las organizaciones de mujeres podrían contribuir a aumentar la resiliencia a la radicalización;

32.  Solicita la creación de un Premio europeo de resiliencia, que el Parlamento Europeo, tal vez en estrecha colaboración con el CdE PR, otorgaría cada año al mejor proyecto social y cultural a nivel local en la Unión, promoviendo de esta forma el compromiso social, en plena conformidad con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, con el objetivo de construir sociedades resilientes a la radicalización;

33.  Pide a Eurojust que continúe sus actividades de supervisión de la jurisprudencia en los Estados miembros en lo relativo a la radicalización que deriva en terrorismo, incluido el uso de alternativas a la acción penal y la detención, y que informe con regularidad a través del Informe de seguimiento periódico de las condenas por terrorismo; pide a los Estados miembros que, para ello, transmitan a Eurojust toda la información pertinente sobre las acciones penales y condenas por delitos de terrorismo que afecten o puedan afectar a dos o más Estados miembros;

Extremismo religioso

34.  Insta a los Estados miembros a que garanticen la libertad religiosa y el derecho a ejercerla libremente, tal y como se consagra en la Carta de los Derechos Fundamentales, y a que en este contexto concreto alienten y toleren también las prácticas religiosas que estén en plena conformidad con la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las leyes vigentes en los Estados miembros; acoge con satisfacción las iniciativas de las comunidades religiosas en toda Europa para combatir las narrativas peligrosas desde dentro de sus comunidades; subraya la necesidad de fomentar el diálogo y la cooperación interreligiosos e interculturales con las comunidades religiosas y las autoridades locales con el fin de prevenir la radicalización;

35.  Pide a los Estados miembros que realicen evaluaciones previas de los clérigos y que incluyan sistemáticamente en la lista negra, examinando cada caso, a los predicadores del odio; pide a la Comisión que introduzca una lista de vigilancia de la Unión para un mejor intercambio de información sobre los clérigos extremistas, dentro de los límites que permite la ley; anima a los Estados miembros a que lleguen a una posición común y elaboren orientaciones con respecto a las cuales se pueda evaluar a dichos clérigos;

36.  Pide a los Estados miembros que aumenten la oferta de oportunidades de educación superior para los clérigos en la Unión, con un control transparente, acreditando únicamente los programas de educación teológica que respeten plenamente la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la neutralidad y el laicismo democrático de los países europeos, y revocando las autorizaciones de docencia si se comete alguna falta;

Actuar contra la incitación al odio y los grupos extremistas

37.  Pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y la Decisión marco relativa al racismo y la xenofobia, en virtud de la cual la incitación a cometer actos terroristas o delitos de odio constituye un delito, a fin de excluir a los predicadores del odio de la actividad pública recurriendo a todas las medidas jurídicas, incluida la denegación de visados o la expulsión del territorio de la Unión, y para iniciar procedimientos judiciales contra tales predicadores y quienes hagan proselitismo extremista y terrorista;

38.  Insta a los Estados miembros a que cierren los lugares de culto y prohíban las asociaciones que no respeten plenamente el Derecho nacional y de la Unión aplicable, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos y que inciten a cometer delitos terroristas, al odio, a la discriminación o a la violencia;

39.  Pide a los Estados miembros que examinen de qué manera se puede garantizar que los lugares de culto, educación y enseñanza religiosa, las organizaciones benéficas, las asociaciones culturales y las fundaciones y entidades similares proporcionen detalles sobre la procedencia de sus fondos y su distribución, tanto dentro como fuera de la Unión, y de qué modo los datos relativos a estas entidades, donde exista sospecha o motivos razonables para sospechar de la existencia de vínculos con grupos terroristas, podrían registrarse en una base de datos centralizada, de conformidad con el marco jurídico de la Unión y las normas en materia de protección de datos; pide a los Estados miembros que prohíban la financiación procedente de terceros países que estén en contra de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

40.   Pide a los Estados miembros que emprendan acciones jurídicas rápidas para prohibir y eliminar dentro de su territorio, en la medida de lo posible, toda la propaganda impresa y en línea que incite explícitamente al extremismo violento y a actos terroristas, incluidos todos los contenidos producidos o difundidos por personas y grupos sancionados por la Unión Europea o por las Naciones Unidas; pide que se retire dicha propaganda de las tiendas y plataformas en línea como parte de las remisiones de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UNCI), a la que deben asignarse, en su caso, más recursos humanos y capacidades; pide que se hagan esfuerzos para rastrear o identificar las fuentes de dicha propaganda;

41.  Pide a los Estados miembros que actúen contra los canales de televisión vía satélite que difundan la violencia e inciten al odio y al terrorismo, de conformidad con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual; pide a los Estados miembros que apliquen plena y rápidamente dicha Directiva para garantizar que el artículo 6, relativo a la prevención de la incitación a la violencia y al odio, está en vigor en la Unión; pide a la Comisión que prepare un análisis de posibles modificaciones legislativas de la Directiva que permitan bloquear más eficazmente los canales que transmiten desde terceros países;

Educación

42.  Destaca que los Estados miembros deben garantizar que todas las instituciones educativas impartan una educación conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, mediante el control de los planes de estudios, inspecciones periódicas y sanciones por incumplimiento;

43.  Considera que la educación, como proceso que permite descubrir, explorar, implicarse y confrontar la historia, las civilizaciones, las culturas, las ideologías y las religiones, debe convertirse en una herramienta consolidada en la lucha contra todo tipo de violencia extremista y procesos de radicalización violenta; hace hincapié en la importancia de formar en el ámbito de la no discriminación y el respeto de las creencias de los otros, así como de promover la inclusión social de todos los niños, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño;

44.  Pide a los Estados miembros que formulen políticas de prevención de la radicalización, tanto específicas (para grupos vulnerables) como inespecíficas (generales); considera que las reuniones en escuelas con víctimas, repatriados y sus familias, y personas que han superado la radicalización violenta podrían constituir una herramienta efectiva para prevenir la radicalización; aboga por que se organicen formaciones de concienciación para los profesionales que puedan estar en contacto con niños repatriados; señala que los mejores resultados suelen alcanzarse en colaboración con las comunidades locales, contrarrestando los principales mensajes de los grupos terroristas con relatos alternativos;

45.  Alienta a los Estados miembros a que integren la alfabetización mediática e informativa y el uso de internet en los sistemas educativos nacionales, con el fin de dotar a los jóvenes ciudadanos de herramientas que les permitan comprender y evaluar la información, en muchos casos no filtrada, que circula por internet y utilizar internet de modo responsable, y evitar así posibles riesgos de radicalización;

46.  Recomienda que los Estados miembros elaboren orientaciones destinadas a las escuelas para hacer frente a la posible radicalización de los alumnos y desarrollen procedimientos simples y claros sobre la manera de ocuparse de ellos; subraya la necesidad de que las autoridades de protección de la infancia y los servicios sociales, a través de una mejor cooperación con las unidades competentes de los servicios policiales y los órganos judiciales, participen a la hora de abordar los casos más graves de radicalización;

Internet

47.  Subraya la necesidad de lograr la detección automática y la retirada sistemática, rápida, permanente y completa de los contenidos de carácter terrorista en línea, sobre la base de disposiciones jurídicas claras que incluyan salvaguardias y el control humano; señala asimismo la necesidad de impedir que vuelvan a subirse contenidos ya retirados; acoge favorablemente la propuesta legislativa de la Comisión sobre la prevención de la difusión de contenidos de carácter terrorista en línea mediante la obligación de las empresas de retirar completamente tales contenidos; pide a los colegisladores que estudien urgentemente esta propuesta; pide a los Estados miembros que adopten medidas nacionales en caso de que se retrase la adopción de la legislación;

48.  Considera que la notificación debe incluir descripciones y estadísticas respecto de los contenidos que se han retirado y los motivos, el número de visualizaciones que han tenido los contenidos antes de su retirada, durante cuánto tiempo permanecieron en línea antes de su retirada y si la cuenta asociada a los contenidos ofensivos fue eliminada y cuándo se eliminó; insiste en que se necesita información transparente para evaluar si las autoridades nacionales están desempeñando un papel adecuado en la investigación y el enjuiciamiento de delitos cuando se denuncian contenidos ilegales;

49.  Acoge favorablemente el trabajo del Foro Global de Internet de Lucha contra el Terrorismo (GIFCT), y pide a sus empresas fundadoras que intensifiquen sus esfuerzos en la base de datos de hash compartida de la industria, también mediante el intercambio de conocimientos con las empresas tecnológicas de menor tamaño; pide a las empresas tecnológicas que incrementen sus esfuerzos y financiación para el desarrollo de métodos destinados a retirar rápidamente los contenidos de carácter terrorista, pero sin poner en peligro la libertad de expresión.

50.   Acoge con satisfacción el trabajo realizado por la UNCI de Europol; pide a cada uno de los Estados miembros que cree una unidad especial encargada de denunciar los contenidos ilícitos, que podría cooperar con la UNCI garantizando la complementariedad y evitando la duplicación innecesaria a la hora de remitir contenidos de carácter terrorista a las empresas informáticas; pide que se refuerce la UNCI con objeto de facilitar y coordinar los esfuerzos de los Estados miembros destinados a interceptar, identificar y suprimir los contenidos de carácter terrorista en línea; considera, asimismo, que es crucial que Europol recabe información sobre los contenidos y las cuentas terroristas en línea que se han eliminado para impedir que vuelvan a subirse y para facilitar los análisis e investigaciones de carácter penal;

51.  Pide a la Comisión que cree una plataforma europea en línea que puedan utilizar los ciudadanos para advertir de la existencia de contenido terrorista y extremista en línea, y pide a las empresas que se doten de capacidades suficientes para recibir, revisar y tratar los contenidos identificados y responder a ellos;

52.  Solicita un enfoque colaborativo eficaz entre las autoridades policiales, las autoridades judiciales, el sector de las TI, los proveedores de servicios de internet, los proveedores de servicios de alojamiento de datos en internet, las empresas de medios sociales y las organizaciones de la sociedad civil en lo tocante al desarrollo y la difusión de relatos alternativos eficaces, también, en su caso, con la inclusión de víctimas y antiguos extremistas violentos, y pide que se garantice que los motores de búsqueda coloquen en un lugar destacado los relatos alternativos; anima a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos por desarrollar relatos alternativos eficaces y otras herramientas de comunicación estratégica;

Cárceles

53.  Pide a los Estados miembros que garanticen condiciones carcelarias seguras y protegidas tanto para los detenidos como para el personal, creen procedimientos e indicadores específicos para identificar y gestionar a los reclusos radicalizados, a fin de evitar la radicalización de otros, garanticen una vigilancia específica y medidas de desvinculación específicas, y formen debidamente al personal penitenciario;

54.  Insta a los Estados miembros a que garanticen la seguridad y la integridad física y psicológica del personal penitenciario y le proporcionen atención psicológica; pide a los Estados miembros que proporcionen recursos adecuados, una formación específica y supervisión a las autoridades penitenciarias a todos los niveles, y especialmente al personal de primera línea que trabaja en contacto con delincuentes juveniles y reclusos radicalizados; insiste, en particular, en que el personal debe estar formado adecuadamente para detectar signos de radicalización en una fase temprana; alienta a los Estados miembros a que evalúen la formación desarrollada con fondos de la Unión por la Confederación de la Libertad Vigilada Europea, EuroPris y la Red de Academias Europeas de Formación Penitenciaria; pide una ulterior contribución de la Unión para mejorar la formación del personal penitenciario en materia de radicalización y posibles amenazas terroristas;

55.  Destaca que las autoridades penitenciarias deben desarrollar herramientas y métodos específicos para la identificación y supervisión de reclusos radicalizados en función del grado de radicalización y para su evaluación obligatoria antes de su puesta en libertad; pide a la Comisión que promueva buenas prácticas en relación con las metodologías de evaluación de riesgos de reclusos radicalizados desarrolladas por distintos Estados miembros; considera que los reclusos clasificados como los más peligrosos deben señalarse a las autoridades judiciales o a las autoridades nacionales y exteriores responsables de la lucha contra el terrorismo, estableciendo requisitos eficaces en materia de libertad condicional para las personas que puedan suponer una amenaza para la seguridad pública; insta a los Estados miembros a que refuercen la recopilación de información acerca de los reclusos radicalizados y su seguimiento, basándose en las buenas prácticas de los Estados miembros, como el establecimiento de procedimientos de información penitenciaria; destaca que puede ser útil nombrar a una persona de contacto responsable de luchar contra la radicalización en el sistema penitenciario;

56.  Subraya que las penas de prisión deberían permitir la rehabilitación y la reintegración en lugar de fomentar la radicalización; pide a los Estados miembros que establezcan programas de desvinculación multidisciplinarios dentro de las cárceles; considera que las medidas de reinserción deben pasar a formar parte de la detención con el fin de preparar la salida de estos reclusos; considera que el CdE PR podría realizar un seguimiento de los planes de acción contra la radicalización en los centros penitenciarios y en la transición posterior a la puesta en libertad;

57.  Subraya que las condiciones de detención inhumanas, la superpoblación y el maltrato resultan contraproducentes para el objetivo de lucha contra la radicalización y el extremismo violento; señala que, para prevenir la radicalización en prisión, es esencial establecer normas de detención diferenciadas en función de la peligrosidad de los reclusos; subraya, a este respecto, que todo programa específico destinado a un determinado grupo de reclusos debe respetar los mismos derechos humanos y las mismas obligaciones internacionales que en relación con cualquier otro recluso;

58.  Pide a la Comisión que ponga en marcha un Foro europeo sobre las condiciones carcelarias con el fin de promover el intercambio de las mejores prácticas entre expertos y profesionales en todos los Estados miembros;

59.  Señala a la atención las distintas formas de tráfico de bienes ilegales en prisión, en particular el tráfico de teléfonos móviles, que permite a los reclusos seguir en contacto con redes terroristas exteriores;

60.  Insta a los Estados miembros a que faciliten el acceso a los clérigos auténticos, puesto que reduce el riesgo de autoorganización de células religiosas radicales; propone que se introduzca un sistema de licencias, basado en comprobaciones sistemáticas de antecedentes para los clérigos que acceden a las cárceles, con el fin de impedir la difusión de opiniones extremistas entre los reclusos de alto riesgo, y pide al Consejo que, con el apoyo de la Comisión, elabore directrices al respecto basadas en las mejores prácticas; pide a los Estados miembros que evalúen y supervisen regularmente a los clérigos que tienen acceso a las cárceles; pide a los Estados miembros que exijan una formación estándar a los clérigos que trabajan en centros penitenciarios basada en las buenas prácticas desarrolladas por las autoridades penitenciarias de los Estados miembros, también en cooperación con terceros países;

Cooperación e intercambio de información

Cuestiones horizontales

61.  Insta a los Estados miembros a que apliquen plena y puntualmente la legislación vigente, y pide a la Comisión que proporcione el apoyo necesario; pide a la Comisión que analice las deficiencias de la transposición, ejecución y aplicación de la legislación existente y que utilice sus facultades para iniciar procedimientos de infracción cuando los Estados miembros no apliquen correctamente la legislación;

62.  Insta a los Estados miembros a que garanticen que cuentan con el equipo técnico, los programas informáticos, los sistemas de seguridad y los recursos humanos cualificados necesarios para aprovechar al máximo los sistemas de información y los mecanismos de cooperación existentes; reitera la importancia de asegurarse de que el personal con acceso a dicho equipo haya recibido la formación adecuada en lo relativo a los datos;

63.  Señala el carácter insuficiente de la investigación sobre seguridad que están llevando a cabo las instituciones públicas; solicita una definición más proactiva de las necesidades (por ejemplo, el refuerzo de la Red Europea de Servicios Tecnológicos Policiales, que define las necesidades tecnológicas de las fuerzas de seguridad); pide apoyo para los proyectos piloto sobre inteligencia artificial y tecnología de cadena de bloques (transferencias); solicita la participación activa de agencias de la Unión como Europol y CEPOL en los proyectos de investigación en materia de seguridad de la Unión; pide a los Estados miembros que organicen periódicamente ejercicios de previsión en los que se examinen futuros supuestos de amenazas; respalda la financiación continua de la Comisión destinada a crear bases de datos modernizadas y proporcionar equipos técnicos actualizados y formación al personal, y solicita un enfoque más ambicioso a este respecto;

64.  Insta a los Estados miembros a que desarrollen la normalización técnica necesaria e introduzcan mejoras en lo tocante a la calidad de los datos y el marco jurídico de cara a un futuro enfoque de «intercambio de información por defecto» cuando se trata de compartir información relacionada con la lucha contra el terrorismo con otros Estados miembros y las agencias y órganos competentes de la Unión sobre la base de la normativa jurídica aplicable a cada sistema de información, intercambiando así dicha información como norma general, y absteniéndose de dicho intercambio solo en casos específicos en los que las circunstancias exijan su retención, a saber, cuando el intercambio de la información pueda poner en peligro investigaciones en curso o la seguridad de una persona o ser contrario a los intereses esenciales de seguridad del Estado miembro de que se trate; pide a la Comisión que recabe datos sobre la aplicación de las obligaciones existentes en materia de intercambio de información por defecto;

65.  Pide a los Estados miembros que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y de la Decisión 2005/671/JAI de intercambiar lo antes posible la información pertinente relacionada con delitos terroristas con las autoridades competentes de otros Estados miembros; considera que las autoridades con funciones coercitivas competentes deben, sin necesidad de solicitud previa, proporcionar información e inteligencia a las autoridades con funciones coercitivas de otros Estados miembros en aquellos casos en los que existan razones de hecho para creer que dicha información e inteligencia podría contribuir a la detección, la prevención o la investigación de delitos;

66.  Señala que la exclusión voluntaria actual de algunos Estados miembros de las medidas de cooperación policial y judicial para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y la financiación del terrorismo podría poner en peligro la rapidez y la eficacia de las investigaciones antiterroristas y puede tener efectos perjudiciales; pide a los Estados miembros que lo tengan en cuenta y evalúen bien las ventajas y los inconvenientes de las exclusiones en este campo fundamental;

67.  Señala que la existencia actual de 28 regímenes jurídicos diferentes para la retención de datos podría ser contraproducente para la cooperación y el intercambio de información; insta a la Comisión a que evalúe una propuesta legislativa sobre la retención de datos que respete los principios de limitación de la finalidad, proporcionalidad y necesidad, teniendo en cuenta las necesidades de las autoridades competentes y las particularidades del ámbito de la lucha contra el terrorismo, procediendo, entre otras medidas, a analizar las nuevas formas de comunicación, a establecer garantías sólidas para el almacenamiento de datos por parte de los proveedores de servicios y para el acceso a los datos con el fin de llevar a cabo investigaciones penales, a ofrecer oportunidades de seudonimización, a determinar las categorías de datos que son de especial pertinencia para luchar eficazmente contra el terrorismo y los delitos graves, a proporcionar personal supervisado y formado específicamente que se encargaría del acceso a los datos, o a introducir evaluaciones periódicas de amenazas como base de los periodos de conservación;

Sistemas de información

68.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una aplicación completa y a que consulten de forma sistemática las bases de datos y los sistemas de información pertinentes de la Unión de conformidad con los derechos de acceso que les confieren las bases jurídicas correspondientes, así como a que introduzcan todos los datos útiles de manera oportuna respetando al mismo tiempo los requisitos de calidad de los sistemas de información respectivos;

69.  Insta a los Estados miembros a que garanticen que la información pertinente disponible a nivel local o regional y en sus bases de datos se cargue automáticamente, en la medida de lo posible, a través de soluciones técnicas inteligentes a los sistemas nacionales y, cuando proceda, a las bases de datos europeas pertinentes, a fin de que el fraccionamiento de competencias no conduzca a una pérdida de información, a la vez que se garantiza el respeto de las normas de la Unión en materia de calidad, seguridad y protección de los datos;

70.  Pide a los Estados miembros que, en la medida de lo posible, utilicen todas las categorías de enlaces y apliquen todas las combinaciones de búsqueda previstas en el SIS, y que garanticen niveles de dotación de personal adecuados y un apoyo técnico suficiente para las oficinas Sirene;

71.  Acoge favorablemente la revisión del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), en la que se exige a las autoridades con funciones coercitivas que registren también los controles realizados en sujetos registrados en el SIS II y se establece un uso uniforme del SIS II en lo que respecta al terrorismo; pide a los Estados miembros que garanticen que la información relacionada con los delitos de terrorismo se incorpora de forma constante y sistemática a los sistemas y plataformas europeos, particularmente cuando se produzcan descripciones conforme al artículo 36 del Reglamento sobre el SIS II, y que dicha información se sincronice, cuando sea posible, mediante la aplicación de un enfoque de intercambio de la información en tres niveles haciendo un uso óptimo y coherente del SIS y los datos de Europol; acoge favorablemente el nuevo tipo de descripción, a saber, el «control de investigación» a tenor del artículo 36 del SIS II, y la nueva obligación de respuesta inmediata por parte de la oficina Sirene en caso de descripción vinculada con el terrorismo; pide a la Comisión que determine, con la participación activa y el acuerdo de los expertos de los Estados miembros, buenas prácticas en lo que respecta a los procedimientos de seguimiento de las respuestas positivas relativas a personas implicadas en terrorismo o actividades relacionadas con el terrorismo en virtud del artículo 36;

72.  Pide a la Comisión que aplique un mecanismo de intercambio de información tras la búsqueda con resultado (post-hit) que permitiría a todos o al menos a los Estados miembros afectados ser informados sobre los resultados generados por los movimientos de personas implicadas en terrorismo o actividades relacionadas con el terrorismo; subraya la necesidad de elaborar mapas de los desplazamientos de combatientes terroristas extranjeros, repatriados y personas implicadas en actividades terroristas sobre la base de las búsquedas con resultado del SIS a fin de obtener una visión clara y completa en la que se pueda basar la adopción de medidas adicionales;

73.  Pide a la Comisión que evalúe en qué circunstancias los servicios de inteligencia nacionales pueden seguir teniendo acceso directo a los sistemas de información pertinentes de la Unión, en particular el SIS en el marco de su régimen jurídico reformado, a fin de evitar nuevas lagunas en el ámbito de la seguridad y el intercambio de información;

74.  Acoge con satisfacción el establecimiento de un Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) central dentro del SIS, con el que los usuarios finales podrán realizar búsquedas en el SIS sobre la base de los datos dactiloscópicos; pide que este sistema se despliegue para 2019; insta a todos los Estados miembros a que apliquen de inmediato la funcionalidad SAID del SIS; señala que, a pesar de que la base jurídica del SIS II permite el almacenamiento de huellas dactilares, hasta ahora solo se han utilizado dichos datos biométricos para confirmar la identidad de una persona tras una revisión de su nombre o fecha de nacimiento; considera que la identificación basada únicamente en huellas dactilares aportaría un valor añadido significativo;

75.  Pide a los Estados miembros que garanticen que sus autoridades competentes en materia de lucha contra el terrorismo tienen acceso al VIS, y solicita un procedimiento simplificado para dicho acceso;

76.  Acoge favorablemente la creación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), que se aplicará a nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado;

77.  Pide a la Comisión que proponga legislación por la que se establezca un sistema centralizado de ECRIS que permita el intercambio de información sobre antecedentes penales tanto de los nacionales de la Unión como de los nacionales de terceros países;

78.  Pide que los aviones privados estén cubiertos por la Directiva PNR de la Unión y que las compañías aéreas estén obligadas a recopilar datos PNR; pide a la Comisión que evalúe los procedimientos de seguridad aplicados en aeródromos y aeropuertos pequeños en todos los Estados miembros de la Unión;

79.  Insta a todos los Estados miembros a que apliquen plenamente y sin demora la Directiva PNR, y pide a la Comisión que tramite con rapidez los procedimientos de infracción contra los Estados miembros que aún no lo hayan hecho; pide a los Estados miembros que interconecten sus UIP para facilitar el intercambio de datos PNR; pide a la Comisión que proponga soluciones tecnológicas para que el intercambio de datos PNR y su integración en los distintos sistemas requieran menos tiempo y sean menos exigentes en términos de recursos humanos mediante la automatización del procesamiento de solicitudes de una UIP a otra; alienta, por lo tanto, la realización de proyectos como el proyecto FSI liderado por los Países Bajos para desarrollar PIU.net, basado en la FIU.net existente; pide a la Comisión que apoye, junto con Europol, el desarrollo de normas conjuntas de focalización y de evaluaciones de riesgos que deban aplicar los Estados miembros;

80.  Pide a los Estados miembros que conviertan sus UIP en unidades multidisciplinares, incluido el personal de las autoridades aduaneras, policiales y de inteligencia, a fin de que las autoridades competentes compartan mejor la información;

81.  Señala que el plazo para la aplicación de las Decisiones Prüm(18) de 23 de junio de 2008 venció el 26 de agosto de 2011 y que ni siquiera hoy en día todos los Estados miembros han aplicado plenamente las decisiones; pide a dichos Estados miembros, por consiguiente, que cumplan por fin las obligaciones que les incumben en virtud de la legislación europea y apliquen plenamente las Decisiones Prüm, y que refuercen la red Prüm mediante la actualización de sus sistemas nacionales de procesamiento para adaptarse a la tecnología de la información moderna; insta a la Comisión y al Consejo a que modernicen y actualicen las Decisiones Prüm para conectar los sistemas nacionales de manera más eficiente;

Interoperabilidad

82.  Acoge con satisfacción las propuestas de reglamentos sobre la interoperabilidad; pide a la Comisión que evalúe el potencial y el posible valor añadido de los sistemas de información adicionales que se incluirán en el futuro y que informe al Parlamento Europeo al respecto; considera que la interoperabilidad ayuda a reunir la información pertinente y necesaria; hace hincapié en que tal solución debe lograr un equilibrio adecuado entre las necesidades legítimas de información oportuna, eficaz y pertinente de las autoridades en plena conformidad con sus derechos de acceso y la limitación de la finalidad en virtud de las bases jurídicas subyacentes y los derechos fundamentales de los titulares de los datos;

83.  Hace hincapié en la necesidad de introducir un servicio de correspondencias biométricas que permita las búsquedas con datos biométricos en varios sistemas de información de la Unión, a fin de contribuir a la lucha contra la usurpación de identidad y evitar que las personas utilicen identidades múltiples; destaca la necesidad de alimentar las bases de datos pertinentes con datos biométricos; destaca asimismo la necesidad de mejorar constantemente la capacidad para detectar el uso fraudulento de documentos de identificación auténticos o falsificados parcial o totalmente;

84.  Insta a que se inicien de inmediato los trabajos de cara a una mayor evolución de la norma UMF, con la estrecha participación de eu-LISA, a fin de garantizar que la norma satisfaga las necesidades de futuros sistemas informáticos interoperables y pueda formar parte de la labor coordinada para mejorar la calidad de los datos en sistemas informáticos a gran escala;

85.  Pide que se definan unas normas mínimas armonizadas de calidad de los datos para la introducción de datos que se establecerán a escala de la Unión, en consonancia con los criterios del acervo de la Unión en materia de protección de datos, y que se aplicarán en todos los sistemas informáticos a fin de garantizar la coherencia de la calidad de los datos que contienen; insta a eu-LISA a que determine indicadores y controles comunes y desarrolle una capacidad central de supervisión de la calidad de los datos para todos los sistemas de su competencia; recomienda, además, que cuando eu-LISA señale irregularidades en sus informes de calidad a los Estados miembros, el Estado miembro en cuestión deba estar obligado a corregir los datos o justificar el hecho de que no se hayan corregido;

86.  Critica que eu-LISA no disponga de financiación y personal adecuados, habida cuenta de que sus responsabilidades no cesan de aumentar; pide que eu-LISA se refuerce con la capacidad y los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo las nuevas tareas de manera eficaz y que esto se refleje en el nuevo MFP;

Cooperación e intercambio de información en los Estados miembros y entre ellos

87.  Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que creen «centros de fusión» o unidades de coordinación nacionales de lucha contra el terrorismo, así como bases de datos coordinadas, a fin de centralizar y facilitar la búsqueda, la identificación y el intercambio de información e inteligencia relacionadas con el terrorismo de todas las autoridades nacionales pertinentes; considera, por otra parte, que una política proactiva a nivel local, así como regional cuando sea pertinente, es una condición necesaria para una política de seguridad nacional integral; pide a los Estados miembros que compartan las mejores prácticas a este respecto, como las Lokale integrale veiligheidscellen (células locales integrales de seguridad) de Bélgica, que involucran a partes interesadas de la sociedad civil como los servicios sociales, la administración local y los políticos locales en el debate sobre todos los indicios de radicalización, previendo el secreto profesional compartido para que los agentes con deber de confidencialidad también puedan contribuir;

88.  Pide a los Estados miembros que exploren nuevos enfoques para mejorar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades policiales y los servicios de inteligencia a escala nacional, que mantengan la separación necesaria entre la aplicación de la ley y el trabajo de inteligencia y los principios requeridos de propiedad de la información, pruebas admisibles en procesos penales y protección de la fuente;

89.  Pide a los Estados miembros que utilicen las mejores prácticas como punto de partida para reforzar la cooperación caso por caso y el intercambio de información entre los fiscales y los servicios de inteligencia en investigaciones judiciales relacionadas con el terrorismo;

90.  Recomienda a los Estados miembros que indiquen mediante directrices o actos legislativos cuándo es permisible intercambiar información entre servicios de policía e inteligencia con otras autoridades competentes de los Estados miembros y agencias de la Unión, y considera que la armonización de las normas nacionales a este respecto contribuiría a hallar una solución a escala de toda la Unión a la cuestión de cuándo dicha información puede ser utilizada y compartida;

91.  Pide a los Estados miembros que se aseguren de que cualquier evaluación, control, procedimiento o acción, en el plano jurídico o político, que proporcione información de inteligencia lo haga con un grado especial de protección y que garanticen el mantenimiento de la protección de la confidencialidad y la integridad de las fuentes de inteligencia y los funcionarios, a fin de no poner en riesgo la labor y la seguridad de las fuentes, los informantes y los empleados de los servicios de inteligencia;

92.  Pide que se cree una academia de inteligencia conjunta de la Unión con normas comunes, a fin de combinar recursos y desarrollar sinergias, confianza y una cultura de inteligencia común;

93.  Recomienda a los Estados miembros que estudien la posibilidad de una mejor coordinación y cooperación entre los servicios de inteligencia y las autoridades policiales a escala de la Unión, por ejemplo, enviando cada vez más expertos en inteligencia, además de personal encargado de hacer cumplir la ley, a las reuniones del equipo conjunto de enlace de Europol para la lucha contra el terrorismo (CTJLT); pide a la Comisión que aumente el apoyo a este equipo mixto de enlace, también con una financiación adecuada;

94.  Pide a los Estados miembros que optimicen la colaboración a través del Grupo «Contraterrorismo» para seguir reforzándolo como una plataforma de cooperación y comunicación conjunta entre los servicios de inteligencia nacionales, y que proporcionen la financiación adecuada; acoge con satisfacción la creación de un consejo consultivo del Grupo «Antiterrorismo» para aumentar la visibilidad y la transparencia, y para hablar públicamente en el marco de las relaciones entre dicho grupo y las instituciones y organismos pertinentes de la Unión, así como para garantizar que el Parlamento Europeo esté constantemente informado;

95.  Pide a los Estados miembros que programen reuniones de intercambio regulares entre los jueces y los representantes de la comunidad de inteligencia y la policial para compartir conocimientos acerca de la evolución de la situación, las investigaciones o los aspectos técnicos de la lucha contra el terrorismo, permitiendo al poder judicial tener una visión de conjunto de toda su jurisdicción y recibir más formación;

96.  Pide a los Estados miembros que sigan desarrollando la cooperación policial transfronteriza por medio de evaluaciones de amenazas, análisis de riesgos y patrullas comunes;

97.  Pide a los Estados miembros y a las partes interesadas europeas que sigan proporcionando suficiente capacidad operativa y mejoren la cooperación efectiva máxima en los ámbitos de la lucha contra el terrorismo y la seguridad interior de la Unión, en particular a través de una dotación presupuestaria adecuada, con objeto de mantener una cultura de la seguridad nacional preparada para enfrentarse a la amenaza a medio plazo;

98.  Acoge favorablemente las orientaciones del Consejo Europeo (en su composición de veintisiete Estados miembros), de 23 de marzo de 2018, en las que expresó la determinación de mantener una asociación tan estrecha como fuera posible con el Reino Unido en el futuro, en particular en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional; considera que es fundamental asegurar un proceso continuado de cooperación de seguridad mutua e intercambio de información entre la Unión y el Reino Unido después del Brexit;

99.  Reconoce la estrecha colaboración profesional en materia de lucha contra el terrorismo entre los países europeos y, cuando corresponde, con las autoridades extranjeras de lucha contra el terrorismo, y solicita una mejora continua mediante misiones operativas, análisis de datos, un intercambio más rápido de información y el intercambio de buenas prácticas;

Cooperación e intercambio de información con las agencias de la Unión

100.  Pide una cooperación más sistemática entre las agencias JAI que trabajan en el ámbito de la lucha contra el terrorismo para desarrollar sinergias y enfoques conjuntos dado el creciente papel de las agencias en este ámbito; considera que la celebración regular de reuniones conjuntas de todas las agencias fundamentales podría reforzar la labor conjunta en este ámbito y aumentar las sinergias con los funcionarios de enlace en las delegaciones;

101.  Pide a los Estados miembros que aumenten el número de expertos nacionales en comisión de servicio con experiencia en la lucha contra el terrorismo en las agencias con vistas a asegurar una representación de las necesidades de los Estados miembros y permitir que las agencias cuenten con los conocimientos necesarios en este ámbito, en el contexto de sus mandatos;

102.  Pide que Europol se convierta en un verdadero centro de intercambio de información policial y cooperación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo en la Unión; pide a la Comisión que siga de cerca este proceso y evalúe la posible necesidad de ajustes legislativos;

103.  Invita a Europol a que aproveche plenamente sus actuales derechos de acceso al SIS, al VIS y a Eurodac, a fin de reforzar la interoperabilidad, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y la legislación en materia de protección de datos;

104.  Pide a Europol que garantice que los Estados miembros puedan disponer de forma oportuna de QUEST, con el objetivo de reforzar la interoperabilidad;

105.  Pide una financiación y una dotación de personal adecuadas para Europol y Eurojust, teniendo en cuenta el aumento constante de sus responsabilidades y su papel fundamental en el refuerzo de la cooperación judicial y policial europea y en el apoyo de la lucha contra el terrorismo;

106.  Insta a los Estados miembros a que garanticen el pleno uso de los contactos entre Europol y las autoridades competentes por lo que respecta a los delitos terroristas, teniendo en cuenta que, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la rapidez suele ser esencial; alienta a los Estados miembros a que utilicen «despliegues in situ» de especialistas de Europol, ya que es una manera de aumentar la confianza y reducir las cargas administrativas; pide a los Estados miembros que aseguren el acceso directo de los servicios policiales antiterroristas de los Estados miembros (más allá del nivel federal/central) a los servicios de Europol;

107.  Pide a los Estados miembros que establezcan la infraestructura nacional de comunicación necesaria para la aplicación de la ley y promuevan la conectividad directa y descentralizada de los servicios de lucha contra el terrorismo con CT SIENA y SIE, a fin de reforzar las búsquedas y las referencias cruzadas;

108.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aporten más recursos financieros y humanos, incluidos científicos de datos y analistas de macrodatos, para el desarrollo de soluciones técnicas que permitan hacer frente al elevado volumen de datos que debe analizarse; pide que Europol se encargue de más proyectos de I+D en este ámbito en el contexto de su mandato en beneficio de los Estados miembros;

109.  Pide a los Estados miembros que aprovechen al máximo las soluciones técnicas para mejorar el intercambio de información con Europol, en particular mediante la automatización del proceso de carga de datos en el sistema de información de Europol con fines de verificación cruzada, por ejemplo, utilizando los «cargadores de datos» desarrollados por Europol;

110.  Acoge con satisfacción la nueva disposición en el futuro SIS II que permite a Europol, salvo que razones legales u operativas exijan lo contrario, ser informado de cualquier alerta nueva o cualquier resultado relacionado con el terrorismo en el SIS; señala que ello permitirá realizar un cotejo de los datos y, si se considera pertinente, análisis operativos o temáticos, a fin de elaborar mapas de patrones de desplazamientos o de analizar las posibles conexiones de la persona o personas identificadas; pide a la Comisión que aplique con rapidez y de forma automática esta nueva posibilidad;

111.  Pide a Europol que publique un informe anual sobre la cantidad y el tipo de información compartida por los Estados miembros en los sistemas de información pertinentes de la Unión y con Europol, a fin de identificar las deficiencias y fomentar el intercambio de información;

112.  Pide a Europol que desarrolle plenamente y cuanto antes sus capacidades biométricas, en vista de la importancia de que los Estados miembros aumenten el intercambio de información biométrica con Europol;

113.  Destaca que el cifrado de extremo a extremo de última generación de las comunicaciones es una herramienta esencial para salvaguardar la confidencialidad de las comunicaciones y asegurar las transacciones legítimas entre los consumidores; pide a los Estados miembros que garanticen la cooperación entre todas las partes interesadas pertinentes con vistas a aumentar las capacidades de descifrado de las autoridades competentes, así como que la capacidad de descifrado de las autoridades competentes se mantenga a un nivel adecuado con vistas a la acción judicial; acoge con satisfacción el hecho de que Europol esté desarrollando herramientas y conocimientos técnicos de descifrado con el fin de convertirse en un centro de descodificación de la información obtenida legalmente en las investigaciones penales y para apoyar mejor a los Estados miembros; señala que la Comisión modificó el presupuesto de Europol para 2018 añadiendo cinco millones de euros para reforzar las capacidades de descifrado de dicha información y para desarrollar un conjunto de técnicas alternativas de investigación a disposición de los Estados miembros;

114.  Acoge con satisfacción la Declaración de París, de 5 de noviembre de 2018, sobre la creación de un Registro Judicial Europeo contra el terrorismo en Eurojust; pide la creación inmediata de dicho registro en Eurojust sobre la base de la Decisión 2005/671/JHA del Consejo, modificada por la Directiva 2017/541, con los recursos financieros y humanos adecuados;

115.  Pide a los Estados miembros que involucren de forma sistemática a Eurojust en sus investigaciones y enjuiciamientos contra el terrorismo que tengan una dimensión transfronteriza y que utilicen de modo eficiente las herramientas de coordinación de Eurojust;

116.  Considera que los acuerdos operativos con terceros países pueden ser útiles para la labor de Europol, y señala que la Comisión está negociando actualmente acuerdos operativos con ocho países de la región MENA (Oriente Próximo y África del Norte); solicita la renegociación de los acuerdos operativos con socios especialmente cercanos, como los países de la AELC;

117.  Pide a Eurojust que continúe ampliando su red de puntos de contacto en terceros países y anima a que se desplacen más fiscales de enlace a Eurojust, provenientes, por ejemplo, de los Balcanes Occidentales;

118.   Manifiesta su preocupación por la utilización de los avisos de Interpol, en particular las notificaciones rojas, emitidas por determinados terceros países que las utilizan con fines políticos, obstaculizando así la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo;

119.  Hace hincapié en la necesidad de aumentar la financiación de CEPOL y de reforzar el desarrollo y la provisión de una formación innovadora en materia de cibernética;

120.  Invita a CEPOL a que siga desarrollando programas de formación para los usuarios finales del SIS, sobre la base del Manual SIRENE y del catálogo de mejores prácticas, sobre personas involucradas en terrorismo o actividades relacionadas con él, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, que sean objeto de descripciones del SIS;

121.  Pide un intercambio continuo de información estratégica sobre lucha contra el terrorismo entre los servicios de seguridad nacionales y las instituciones europeas a través del INTCEN; insta a los Estados miembros a que continúen apoyando el intercambio de inteligencia a través del INTCEN y a que optimicen su trabajo, a fin de aumentar su eficacia en la lucha contra el terrorismo;

Reconocimiento mutuo y asistencia judicial mutua

122.  Espera que los Estados miembros continúen educando y formando al personal judicial sobre la orden europea de investigación para garantizar su aplicación integral;

123.  Pide el uso de ECI en caso de ataques terroristas; considera que los ECI aumentan la efectividad de la cooperación y la investigación de delitos transfronterizos; pide, además, la participación de Europol y Eurojust en estos ECI, a fin de lograr un mejor uso de los recursos y las capacidades proporcionados por las agencias de la Unión; pide que se proporcionen más fondos de fácil acceso para dichos ECI; pide, asimismo, que se establezca un programa especial «Erasmus para los funcionarios de policía» sobre el terreno, preferentemente para los funcionarios subalternos y de bajo rango, para alentarlos a que participen en los ECI en otros Estados miembros al menos una vez a lo largo de sus carreras, permitiendo así que aquellos que no necesariamente tienen experiencia colaborando con sus homólogos en otros Estados miembros adquieran experiencia adicional y observen las mejores prácticas sobre cómo luchar contra la delincuencia transfronteriza de forma más eficaz; alienta a que este programa se amplíe a otros funcionarios de seguridad y de prisiones en el futuro;

124.  Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de los conocimientos especializados y las herramientas ofrecidas por Eurojust y la Red Judicial Europea (RJE), en particular para proporcionar información práctica y jurídica y apoyo en lo que respecta a solicitudes de asistencia judicial y asistencia con solicitudes de reconocimiento mutuo, coordinación de investigaciones y enjuiciamientos, decisiones sobre la jurisdicción más adecuada para enjuiciar, o coordinación de incautaciones y confiscaciones de activos;

125.  Pide a los proveedores de servicios en línea y las plataformas de comunicaciones que apliquen eficazmente las decisiones judiciales en materia de lucha contra el terrorismo; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de presentar una propuesta legislativa que obligue a las plataformas de comunicación presentes en el mercado de la Unión a cooperar en lo que respecta a las comunicaciones cifradas cuando exista una decisión judicial a tal efecto; destaca que tal cooperación no debe debilitar la seguridad de sus redes y servicios, por ejemplo, creando o facilitando «puertas traseras»;

126.  Pide la rápida adopción de las propuestas de Reglamento y de Directiva de la Comisión cuya finalidad es mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas; solicita a los proveedores de servicios en línea que proporcionen puntos únicos de contacto para la aplicación de la ley y las solicitudes judiciales;

Fronteras exteriores

127.  Insta a los Estados miembros a que inviertan en equipos TIC que se adapten a las normas para todos los cruces fronterizos a fin de permitir controles adecuados que utilicen todas las bases de datos pertinentes; pide a la Comisión que establezca un punto de referencia para las normas técnicas de dichos equipos TIC, previa consulta con eu-LISA; considera que los trabajos sobre las propuestas de interoperabilidad de los sistemas de información deben brindar la ocasión de mejorar y armonizar en parte los sistemas informáticos e infraestructuras nacionales en los pasos fronterizos; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reforzar el apoyo a los Estados miembros para proteger las fronteras exteriores comunes de la Unión como mínimo triplicando el presupuesto del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras en el próximo MFP 2021-2027;

128.  Acoge con satisfacción la adopción de las recientes reformas para fortalecer las fronteras exteriores europeas a escala de la Unión, incluida la adopción del SES y el SEIAV, así como la reforma del SIS; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente estas medidas y que, en cooperación con Europol, apoyen la lista de alertas para el SEIAV y el VIS, y contribuyan a ella; pide a la Comisión que siga de cerca la aplicación del nuevo Reglamento (UE) 2017/458, que prevé controles sistemáticos de todas las personas que crucen las fronteras exteriores y, en particular, si hacen uso de la excepción en los controles sistemáticos;

129.  Pide a los Estados miembros que adapten su gestión de las fronteras al concepto de gestión integrada de las fronteras; subraya la necesidad de garantizar la plena aplicación de la estrategia de gestión integrada de las fronteras a escala europea y nacional y, por consiguiente, de reforzar la gestión de las fronteras exteriores;

130.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión según la cual la información sobre los visados de larga duración y los permisos de residencia, incluida la biometría, para los nacionales de terceros países debe incluirse en el VIS;

131.  Insta a los Estados miembros a que abandonen la venta de permisos de residencia y de nacionalidad a través de programas de «visados de oro» y programas de inversión debido al alto riesgo de corrupción, abuso y mal uso del espacio Schengen para fines delictivos; pide a la Comisión que actúe con firmeza y rapidez exigiendo a los Estados miembros todos los datos y controles pertinentes para asegurar la integridad y la seguridad del sistema Schengen;

132.  Anima a la Comisión a que continúe las negociaciones con terceros países sobre el retorno y la readmisión;

133.  Alienta a los Estados miembros a que utilicen el mecanismo revisado de suspensión de la exención de la exigencia de visado, notificando eficazmente las circunstancias que podrían conducir a la suspensión de la exención de visado de un tercer país, tales como un aumento sustancial del riesgo para el orden público o la seguridad interna;

134.  Pide a la Comisión que prepare una evaluación de las opciones y de las repercusiones de una posible propuesta legislativa que haga obligatorio para los operadores aeroportuarios, de autobuses internacionales o de trenes de alta velocidad realizar controles de conformidad cuando los pasajeros suben, a fin asegurarse de que la identidad que figura en el billete coincide con el documento de identidad o el pasaporte en poder del pasajero; subraya la necesidad de garantizar que no se asignen a los operadores de transporte tareas que correspondan únicamente a las autoridades policiales, tales como controles de identidad adecuados o verificación de la autenticidad de los documentos de identidad o de viaje;

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)

135.  Pide a los colegisladores que consideren la posibilidad de proporcionar a Frontex un mandato específico para el tratamiento de los datos personales operativos adaptado a su función operativa, incluidas la prevención y la detección de la delincuencia transfronteriza y el terrorismo en las fronteras exteriores de la Unión; considera que dicho mandato debe permitir períodos suficientes de retención de datos y el intercambio de datos personales con misiones de la PCSD, Europol y Eurojust y, en circunstancias específicas y con las salvaguardias necesarias, con terceros países;

136.  Observa que los sospechosos cuyos datos personales han sido procesados previamente por Frontex desaparecen del sistema analítico después de 90 días y aparecen, por tanto, como sospechosos desconocidos o nuevos; pide, por consiguiente, que se amplíe a tres años el período de retención de los datos personales gestionados por Frontex para los sospechosos de delitos transfronterizos y de terrorismo, en consonancia con el período de retención de Europol y Eurojust;

137.  Considera importante que Frontex tenga acceso a todas las bases de datos y sistemas de información pertinentes, especialmente el SIS, pero también el SES, el VIS, Eurodac y el sistema de información de Europol, no solo para el trabajo de los equipos de gestión fronteriza, sino también a efectos analíticos relacionados con nuevos fenómenos en las fronteras exteriores o con cambios en los movimientos fronterizos o el modus operandi;

138.  Pide a los colegisladores que hagan obligatorio que Frontex comparta información urgente con los Estados miembros;

139.  Urge a los Estados miembros y a los organismos de la Unión, tales como Europol y el INTCEN, a proporcionar periódicamente información estratégica a Frontex sobre la lucha contra el terrorismo en relación con la dimensión fronteriza y a investigar si un intercambio automático con Frontex de información (de referencia) importante procedente de las investigaciones nacionales sobre incidentes y actividades ilegales en los pasos fronterizos y los movimientos irregulares de entrada y salida, utilizando sistemas de TIC inteligentes, puede aportar un valor añadido para obtener una visión general de la situación, teniendo en cuenta también la mano de obra requerida para analizar los datos; considera que dicha información debería incluir también un retorno de información tras la realización de los controles de seguridad de segunda línea e información relativa al fraude documental;

140.  Invita a Frontex a desarrollar programas de formación y a impartir cursos de formación a guardias de fronteras centrados en el refuerzo de los controles mediante la comprobación en las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores y en apoyo de la aplicación de los indicadores comunes de riesgo;

Información del campo de batalla

141.  Acoge con satisfacción la participación de Europol en la unidad policial de la Operación Gallant Phoenix (OGP) en Jordania, dirigida por los Estados Unidos, en la que procesa la información obtenida en el campo de batalla (y, cuando es posible, ayuda a identificar a las víctimas) y la intercambia mediante canales y procedimientos establecidos con las autoridades policiales de los Estados miembros a través de las unidades nacionales de Europol; pide el pleno acceso de Europol a la OGP;

142.  Anima a todos los agentes pertinentes a que desarrollen enfoques que permitan transmitir y compartir información del campo de batalla, dentro del ámbito de aplicación permitido por la ley y con las salvaguardias necesarias, como la protección de las fuentes del ámbito civil, y a que introduzcan esta información en las bases de datos pertinentes para que llegue a tiempo a los controles fronterizos en las fronteras exteriores de la Unión; pide, asimismo, que esta información se comparta con fines de investigación y enjuiciamiento;

Operación Sophia

143.  Pide al Consejo que prorrogue el mandato de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA, a fin de ampliar su alcance territorial para hacer frente a los aterrizajes fantasma, y para que la lucha contra el terrorismo se incluya específicamente en su mandato;

144.  Celebra la creación de un proyecto piloto de unidad de información sobre delitos dentro de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA, con miembros del personal de las autoridades policiales pertinentes de los Estados miembros, Frontex y Europol, a fin de mejorar el intercambio de información entre ellos;

145.  Pide a los Estados miembros que soliciten un mandato legal internacional para que la operación EUNAVFOR MED SOPHIA tome medidas operativas contra buques y bienes relacionados, incluso dentro de las aguas territoriales de los Estados costeros, a fin de detener a la tripulación e incautarse de los buques y los activos relacionados sospechosos de ser utilizados para el tráfico ilícito de personas o la vulneración del embargo de armas de las Naciones Unidas, así como para cometer delitos relacionados con el terrorismo y el contrabando de petróleo;

Financiación del terrorismo

146.  Celebra las medidas legislativas recién adoptadas a escala europea en la lucha contra la financiación del terrorismo; pide que los Estados miembros apliquen plenamente todas las Directivas e instrumentos europeos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; invita a la Comisión a que supervise la transposición y el correcto funcionamiento de dichos instrumentos;

147.  Anima a los Estados miembros y a terceros países a que apliquen de forma eficaz y plena las conclusiones de la conferencia «No money for terror» celebrada en París en abril de 2018, las recomendaciones del GAFI y las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 (las denominadas «recomendaciones revisadas del GAFI»); pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a terceros países en la aplicación de dichas recomendaciones prestándoles asistencia técnica e intercambiando buenas prácticas;

148.  Pide a los Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo que lo ratifiquen y lo transpongan;

149.  Acoge con satisfacción la metodología presentada por la Comisión en relación con los terceros países de alto riesgo que constituyen una amenaza para el sistema financiero de la Unión; pide a la Comisión que aplique esta metodología y, en particular, que establezca una lista de la Unión de los terceros países de alto riesgo en virtud de la Directiva antiblanqueo mediante una evaluación independiente, objetiva y transparente, y que lleve a cabo esta evaluación lo antes posible;

150.  Pide a los Estados miembros que intensifiquen la supervisión de las organizaciones sospechosas de participar en el comercio ilícito, el contrabando, la falsificación y las prácticas fraudulentas mediante el establecimiento de ECI con Europol;

151.  Manifiesta su profunda preocupación por la escala de los mercados ilícitos de tabaco en la Unión, cuyos productos pueden utilizarse para financiar el terrorismo, incluso a través del fraude en el ámbito de los impuestos especiales; invita a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de ratificar y aplicar el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS);

152.  Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento relativo a la importación de bienes culturales; pide a la Comisión a que proponga legislación para lograr un sistema de rastreo sólido de las obras de arte y antigüedades que entren en el mercado de la Unión y procedan especialmente de países afectados por conflictos y de alto riesgo enumerados por la Comisión, así como de organizaciones, grupos y personas incluidos en la lista de terroristas de la Unión; considera que dicha iniciativa debe apoyarse mediante la creación de un permiso normalizado, sin el cual el comercio de dichos artículos sería ilícito, así como de un pasaporte para la exportación de cada artículo; estima que deben desarrollarse herramientas digitales que permitan verificar la autenticidad de los documentos en cuestión; considera que los marchantes de arte deben mantener y actualizar sistemáticamente un registro completo de las antigüedades en venta;

153.  Pide a los Estados miembros que hagan obligatorio para las empresas dedicadas a la venta de arte y el almacenamiento de antigüedades (es decir, las llamadas «zonas francas») declarar todas sus operaciones sospechosas, y que hagan que los propietarios de empresas dedicadas al arte y las antigüedades que participen en el tráfico de dichos bienes estén sujetos a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las sanciones penales cuando sea necesario;

154.  Acoge con satisfacción la adopción de nuevas normas relativas al control de efectivo que entra o sale de la Unión(19), y pide su rápida aplicación; pide a la Comisión que evalúe si deben incluirse otros activos en el ámbito de aplicación de este Reglamento, si el procedimiento de revelación del efectivo no acompañado cumple su propósito y si se debe revisar en el futuro el umbral para el efectivo no acompañado;

155.  Pide a los Estados miembros que cooperen más con el proyecto de análisis FURTUM de Europol y que, tal como solicita la Resolución 2347 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, proporcionen a las autoridades aduaneras y policiales, así como a los fiscales, personal específico, herramientas eficaces y una capacitación adecuada a través de la cooperación con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) e Interpol;

156.  Pide a la Comisión que desarrolle, junto con los Estados miembros y los socios internacionales, la supervisión de los flujos financieros de forma específica, así como maneras de identificar a los usuarios de carteras electrónicas, monedas virtuales y tarjetas de prepago, plataformas de microfinanciación colectiva y sistemas de pago en línea y móviles en el marco de investigaciones policiales o judiciales; pide a los Estados miembros que regulen los servicios de transferencias de valor no oficiales, subrayando que el objetivo no es la persecución de las transferencias tradicionales de carácter familiar, sino de los tráficos del crimen organizado, el terrorismo o los beneficios industriales/comerciales de dinero negro; pide que se haga hincapié en las monedas virtuales y la tecnología financiera, y que se estudie la posibilidad de ampliar las sanciones a aquellos que abusen de la recaudación de fondos en las redes sociales o la usen indebidamente con fines terroristas; pide a los Estados miembros que animen a las empresas de criptomonedas a utilizar los instrumentos de análisis para evaluar posibles actividades delictivas relacionadas con las direcciones de destino y procedencia, y que garanticen la plena aplicación de la legislación contra el blanqueo de dinero cuando los usuarios conviertan las criptomonedas a la moneda real;

157.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa que exija el registro y la identificación obligatorios a la hora de realizar transacciones financieras a través de empresas de envío de dinero;

158.  Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de regular los sistemas alternativos de envíos de remesas, por ejemplo, mediante la introducción de un registro obligatorio o un régimen de concesión de licencias para los intermediarios y la obligación de mantener registros claros y precisos;

159.  Manifiesta su preocupación por las conclusiones recientes en relación con el aumento de las actividades de blanqueo masivo de capitales como fuente de financiación del terrorismo(20) a través de algunas instituciones bancarias en la zona del euro; pide que se establezca un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTS) centrado en las operaciones de personas vinculadas con el terrorismo y su financiación dentro de la zona única de pagos en euros, que garantizaría un equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales; señala que las normas europeas de protección de datos serían aplicables a este sistema intraeuropeo;

160.  Insta a una mejor cooperación e intercambio de información entre las entidades obligadas, las UIF y las autoridades competentes en relación con las actividades de financiación del terrorismo; pide a los Estados miembros que se aseguren de que sus UIF, independientemente de su tipo, tengan acceso sin restricciones a la información financiera con vistas a combatir de manera eficaz la financiación del terrorismo; pide una mayor armonización del estado y el funcionamiento de las UIF europeas; acoge con satisfacción la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo(21); pide un mejor y más amplio nivel de intercambio de información y cooperación entre Europol, Eurojust y terceros países con respecto a la financiación del terrorismo; pide la rápida adopción de la propuesta de Directiva relativa al acceso de las autoridades policiales a la información financiera y el intercambio de información entre las IUF;

161.  Insta a los Estados miembros a asignar más recursos a las IUF nacionales; pide a los Estados miembros que aprovechen mejor la red informal de unidades de información financiera (FIU.NET) y que sigan desarrollando las capacidades de esta red a través de Europol, de modo que pueda aprovecharse al máximo para superar las dificultades de cooperación actuales y facilitar el tratamiento manual de las solicitudes bilaterales, garantizando al mismo tiempo la autonomía y la independencia de las UIF; considera que podría ser necesario crear una UIF europea a fin de coordinar, asistir y apoyar a las UIF de los Estados miembros en casos transfronterizos, si el refuerzo de FIU.NET resulta insuficiente;

162.  Hace hincapié en la importancia de mejorar la interacción y el intercambio de información entre las autoridades de investigación y el sector privado —en particular, las entidades obligadas en virtud de la Directiva en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Directiva ALD/LFT)—, a fin de superar las deficiencias de la información segregada e incompleta presentada en informes de operaciones sospechosas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen foros específicos para compartir información financiera, incluido el uso de moneda virtual y el sector privado, en el marco de vías seguras y de conformidad con las normas de protección de datos de la Unión; señala el importante papel que podría desempeñar Europol a este respecto;

163.  Pide que se organicen cursos de formación especializada para las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros acerca de los métodos y la evolución de la financiación del terrorismo, con el fin de aumentar la capacidad de los Estados miembros para investigar actividades ilícitas, incluidas aquellas realizadas con monedas virtuales; destaca que esta formación debe garantizar un nivel estándar de competencia de los servicios policiales en toda la Unión, a fin de que algunos Estados miembros no queden rezagados; hace hincapié en la importancia de realizar evaluaciones de riesgo de las actividades con monedas virtuales a escala de la Unión y de coordinar iniciativas de investigación a fin de utilizar los resultados de dichas evaluaciones para desarrollar estrategias para enfoques regulatorios y policiales a corto, medio y largo plazo;

164.  Subraya la vital importancia de la inteligencia financiera y la información fiscal en la lucha contra el terrorismo; lamenta que en numerosos Estados miembros los organismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo estén entre los servicios de inteligencia que menos financiación reciben; pide a los Estados miembros que aumenten de forma significativa sus recursos humanos y financieros en el campo de la investigación y la aplicación de la ley, a fin de combatir la evasión y el fraude fiscales que puedan destinarse a la financiación de actividades delictivas o terroristas;

Protección de las infraestructuras críticas (PICE)

165.  Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que establezcan programas nacionales de PICE que aborden los problemas detectados por la Comisión en su Comunicación de 2006 sobre un Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Vitales (PEPIC), en particular por lo que respecta a los posibles puntos vulnerables; considera que el PEPIC debe revisarse y actualizarse;

166.  Recuerda que los datos sensibles y los sistemas basados en ellos también forman parte de la infraestructura crítica en los Estados miembros y, por consiguiente, deben protegerse debidamente contra ataques informáticos(22);

167.  Acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión para apoyar la protección de los espacios públicos y alienta a los Estados miembros a intercambiar buenas prácticas y establecer redes de colaboración entre los agentes de los sectores público y privado, de ser necesario;

168.  Insta a los colegisladores a que establezcan un sucesor del FSI-policía para el nuevo período del MFP, con niveles de financiación al menos similares;

169.  Pide que se refuerce el papel de la Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas;

170.  Exige que la designación de las infraestructuras críticas europeas que tienen un impacto en más de un Estado miembro siga un proceso multilateral en el que participen todos los Estados miembros posiblemente afectados;

171.  Pide a los Estados miembros que establezcan centros nacionales multidisciplinarios de respuesta a las crisis para la coordinación y la respuesta de emergencia en caso de atentado o incidente; pide que estos centros hagan uso del Dispositivo Integrado de Respuesta Política a las Crisis (DIRPC) de la Unión, que contribuye a tres instrumentos fundamentales en los que se basa, a saber: el punto de contacto central del DIRPC 24/7, la plataforma web del DIRPC y el informe de conocimiento y análisis integrados de la situación;

172.  Pide a la Comisión que cree un mapa de centros de crisis o mecanismos nacionales de respuesta a las crisis;

173.  Insta a la Comisión a que siga elaborando y divulgando orientaciones para los Estados miembros con el fin de aumentar la protección de los espacios públicos, tal como anunció en su plan de acción para apoyar la protección de los espacios públicos;

174.  Pide que se revise la Directiva 2008/114 a fin de: establecer normas y procedimientos para los «operadores de servicios básicos» similares a los de la Directiva SRI; garantizar que la designación de las infraestructuras críticas europeas se realice sobre la base de un análisis de los sistemas que respaldan los servicios fundamentales y transfronterizos, en vez de un enfoque sector por sector, teniendo debidamente en cuenta la importancia de la ciberseguridad; permitir que la Comisión designe activos de servicios paneuropeos como infraestructuras críticas europeas; tener debidamente en cuenta las interdependencias existentes; crear la obligación para los operadores públicos y privados de las infraestructuras críticas de notificar sobre incidentes, realizar pruebas de resistencia, proporcionar la formación adecuada en los puntos de contacto designados y establecer requisitos de calidad en relación con los planes de continuidad de las actividades, incluidos los planes operativos, en caso de incidente o atentado;

175.  Recomienda que el sector privado participe en la elaboración de programas para la protección de infraestructuras críticas y blancos fáciles, también en el contexto de la ciberseguridad; destaca la necesidad de desarrollar un diálogo entre el sector público y el privado a tal efecto y de desarrollar la resiliencia nacional y local;

176.  Pide a la Comisión que proponga una iniciativa de certificación europea para las empresas de seguridad privadas, con el objetivo de especificar los requisitos y las condiciones según los cuales pueden operar en el entorno de las infraestructuras críticas;

177.  Subraya la necesidad de establecer estrategias de respuesta eficaces, incluidas líneas de comunicación claras en caso de atentado, en particular en lo que se refiere a equipos de reacción inmediata, a fin de reducir el número de víctimas y mejorar la gestión de la situación para minimizar el impacto en el público; insta a los Estados miembros a que intensifiquen su compromiso con los mecanismos que ya se han establecido a escala europea;

178.  Pide la rápida adopción de la revisión del Mecanismo de Protección Civil de la Unión para reforzar la prevención y la preparación, el intercambio de información a escala de la Unión y la capacidad de los Estados miembros para hacer frente a diferentes tipos de catástrofes;

179.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de las opciones y de las repercusiones relativas a la creación de un sistema que permita verificar la identidad de las personas que alquilen vehículos, aeronaves y embarcaciones;

180.  Acoge con satisfacción el ejercicio transfronterizo para mejorar la protección de los blancos fáciles contra los atentados terroristas, en el que participaron Bélgica y los Países Bajos y que tuvo lugar en junio de 2017; toma nota de que el ejercicio fue financiado por la Comisión con el propósito de medir la preparación y las funciones de gestión de crisis en una situación en la que dos atentados ocurren simultáneamente en diferentes países; pide que se lleven a cabo ejercicios similares en los que participen Estados miembros; considera que la Unión puede ofrecer un marco de apoyo a dicha cooperación, especialmente en ámbitos como la asistencia médica (Cuerpo Médico Europeo), la seguridad pública (Comité de Seguridad Sanitaria) o los protocolos de descontaminación, así como coordinando las unidades especiales de intervención de las fuerzas policiales y de protección civil nacionales;

181.  Pide que la legislación en el ámbito del terrorismo y las estrategias de respuesta nacionales, regionales y locales para la protección, resiliencia y respuesta en caso de atentado tengan en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las personas vulnerables, como las personas con discapacidad y los menores; pide además la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en la toma de decisiones que les afectan;

Precursores de explosivos

182.  Observa que los terroristas tienen acceso a sustancias y mezclas reguladas precursoras de explosivos; acoge con satisfacción, por lo tanto, la propuesta de abril de 2018 de un Reglamento sobre la comercialización y el uso de precursores de explosivos;

183.  Pide que se establezca un sistema europeo de licencias para los compradores especializados, distintos del público general, que obligue a los operadores económicos a registrarse para poder fabricar, distribuir o vender legalmente las sustancias enumeradas en los anexos, o mezclas o sustancias que las contengan; pide a los Estados miembros que establezcan sistemas de inspección para detectar el incumplimiento del Reglamento por parte de los operadores económicos;

184.  Acoge con satisfacción la evaluación de impacto del Reglamento 98/2013 sobre los precursores explosivos y alienta a los colegisladores a que evalúen el proceso de intercambio obligatorio de información en el marco de la propuesta de Reglamento 2018/0103/COD; pide que las autoridades de vigilancia del mercado refuercen sus actividades de control de los precursores explosivos, ya que pueden constituir una clara amenaza para la seguridad pública;

185.  Pide a las autoridades aduaneras que, en cooperación con las autoridades policiales y sobre la base de la información de Europol y otros sistemas de análisis de datos, mejoren la detección de las compras ilícitas en línea de precursores de explosivos mediante el cribado basado en la información sobre la carga presentada por los comerciantes antes de la llegada o salida de mercancías de la Unión, utilizando también el sistema de gestión de riesgos aduaneros;

186.  Pide a la Comisión que colabore con las empresas para promover directrices para los mercados electrónicos sobre la seguridad de las ventas de precursores de explosivos, restringir las compras de determinadas sustancias a usuarios profesionales y facilitar más detalles sobre sus políticas de productos restringidos mediante la determinación de los niveles permitidos de cantidad y pureza;

187.  Pide que se haga un uso uniforme de ciertas convenciones de nomenclatura normalizadas que permitan a los operadores económicos y los mercados electrónicos identificar más fácilmente los productos químicos que se publican en sus sitios; pide a los mercados electrónicos que verifiquen ulteriormente las publicaciones con las listas de esas palabras clave normalizadas, con el fin de realizar un seguimiento de las listas de artículos regulados;

188.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer criterios comunes para las licencias, armonizando las condiciones para conceder y denegar solicitudes, y de facilitar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros;

Armas ilícitas

189.  Pide la aplicación rápida y efectiva de la Directiva sobre el control de la adquisición y la posesión de armas de fuego para controlar la utilización y la venta del modo más eficaz posible y para evitar el tráfico ilícito de armas de fuego y equipos y herramientas relacionados provenientes de dentro y fuera de la Unión; pide que se colmen las lagunas en el marco regulador actual, por ejemplo, mediante la adopción de medidas para detener la circulación de pistolas de fogueo fáciles de convertir, pistolas Flobert, pistolas de alarma y armas similares;

190.  Pide a los Estados miembros que adopten programas de entrega de armas de fuego y municiones adaptados al contexto específico de los mercados ilícitos de armas de fuego; pide la penalización efectiva de la posesión y el tráfico ilícitos de armas de fuego; insta a los Estados miembros a aplicar de forma estricta y diligente la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares;

191.  Apoya la revisión de la Estrategia de la UE contra la acumulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras (ALPC) teniendo en cuenta el nuevo contexto de seguridad y de política de seguridad, así como los avances en el diseño y la tecnología de las ALPC, que influyen en la capacidad de abordar la amenaza;

192.  Considera que los Estados miembros deben adoptar un enfoque de «investigar el arma», utilizando unidades policiales especializadas concebidas para identificar a los actores y las redes involucrados en este tipo de tráfico, y consultando las diversas bases de datos sobre balística a escala nacional;

193.  Recuerda que la Comisión ha aprobado un informe sobre la evaluación del Reglamento 258/2012 que establece normas para la exportación, la importación y el tránsito autorizados de armas de fuego no militares, en el que se llega a la conclusión de que el Reglamento continúa siendo necesario pero que su eficacia es limitada debido a la falta de precisión de algunas de sus disposiciones y a la compleja interacción con otros instrumentos legislativos de la Unión; alienta a las autoridades policiales de los Estados miembros a crear equipos policiales especializados para luchar contra el tráfico ilícito de armas de fuego, dotados del personal, los conocimientos y el equipo suficientes;

194.  Alienta a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de introducir restricciones al porte de cuchillos sin motivos válidos, prohibir los cuchillos especialmente dañinos, como los cuchillos zombi o mariposa, y hacer cumplir estas medidas en línea;

Dimensión exterior

195.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que actúen a escala internacional para hacer frente a los conflictos prolongados que desestabilizan regiones enteras, perpetúan el ciclo de violencia y sufrimiento, y, lamentablemente, alimentan muchos discursos terroristas;

196.  Pide la intensificación de la cooperación de la Unión con los países vecinos, especialmente con los países de tránsito y destino de combatientes extranjeros, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo; considera que la Unión debe mantener un enfoque mundial en la lucha contra el terrorismo, centrándose específicamente en la cooperación con terceros países clave sobre la base de prioridades claramente definidas;

197.  Considera que la lucha contra el terrorismo es un ámbito que requiere conocimientos técnicos concretos; pide, por lo tanto, ahondar en la profesionalización de la red de la Unión en este ámbito, en particular proporcionando al personal operativo de lucha contra el terrorismo procedente de los Estados miembros una mejor y más prolongada integración en la estructura de la Unión, más allá de una única misión en una delegación de la Unión; considera que el desplazamiento dentro de las instituciones de la Unión impulsaría los conocimientos especializados y el uso de las competencias en el ámbito de la lucha contra el terrorismo;

198.  Pide a la Comisión que refuerce el apoyo a terceros países, sobre todo a los países vecinos, en su lucha contra la delincuencia y el tráfico ilegal como fuentes de financiación del terrorismo y que intensifique las relaciones con ellos para acelerar la inmovilización de activos; expresa su preocupación, sin embargo, por el hecho de que la legislación antiterrorista de algunos de los países socios de la Unión tenga un alcance demasiado amplio y se utilice indebidamente para reprimir la disidencia pacífica; advierte de que la criminalización de la expresión pacífica de reclamaciones legítimas puede conducir a la radicalización; considera que la Unión debe invertir significativamente en acciones para abordar las causas profundas del terrorismo en terceros países; apoya firmemente los programas externos de lucha contra el extremismo en las prisiones, los programas de cooperación con líderes y comunidades religiosos, los diálogos y foros interreligiosos, y, en general, todos los tipos de programas de reconciliación que reducen las tensiones entre comunidades e impiden las políticas sectarias, especialmente a través de medios económicos, sociales y educativos;

199.  Pide a los Estados miembros que saquen el máximo partido a los análisis de inteligencia del Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea (INTCEN) sobre la lucha contra el terrorismo; pide a la Comisión que confiera un mandato claro al INTCEN para que se ponga directamente en contacto con los analistas de las delegaciones de la Unión a fin de incrementar el flujo de información pertinente hacia el sistema central de inteligencia de la Unión;

200.  Pide una mayor cooperación y determinación de las sinergias entre las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y las acciones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI);

201.  Pide la simplificación del sistema de medidas restrictivas de la Unión a fin de convertirlo en una herramienta eficaz en materia de la lucha contra el terrorismo;

Víctimas del terrorismo

202.  Pide a la Comisión que establezca un Centro de Coordinación de la Unión para las víctimas del terrorismo (CCVT), que proporcionaría apoyo oportuno y adecuado durante las crisis en caso de ataques en uno o más Estados miembros; considera que la función del CCVT debe consistir, entre otros aspectos, en garantizar la ayuda urgente a las víctimas procedentes de otro Estado miembro, así como en la prestación de conocimientos especializados a escala de la Unión, promoviendo el intercambio de conocimientos, protocolos y buenas prácticas; subraya, no obstante, la necesidad de ampliar las medidas de apoyo y protección a las víctimas indirectas, como los familiares de las víctimas, los testigos oculares y los primeros intervinientes;

203.  Considera que, tras su establecimiento, el CCVT podría recopilar estadísticas y colaborar en la creación de registros de víctimas del terrorismo en los Estados miembros y a escala europea, y coordinarla, sobre la base del pleno cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos, en particular en lo referente a los derechos de los interesados y el principio de limitación de la finalidad; considera que también podría investigar y promover mejores prácticas, como la creación de protocolos, para:

  1)  garantizar la primera atención emocional a las víctimas del terrorismo;

2)  proporcionarles el apoyo psicológico y emocional posterior;

3)  evitar una victimización secundaria durante el proceso judicial o en las interacciones burocráticas;

4)  garantizar el acceso efectivo a la justicia, especialmente en caso de ataques que causen víctimas transnacionales;

5)  fomentar las buenas prácticas en los medios de comunicación respecto a cuestiones delicadas para las víctimas del terrorismo y sus familias;

  considera que el CCVT también podría establecer un registro público de organizaciones acreditadas de apoyo a las víctimas, disponible para consultas y para la mejora de los protocolos elaborados; insta a los Estados miembros a que designen una autoridad única encargada de actuar como punto de contacto nacional para el CCVT, una vez establecido;

204.  Pide a la Comisión que establezca una plataforma única en línea en todos los idiomas de la Unión que cubra los derechos de las víctimas del terrorismo y el apoyo a las mismas, y que sea gestionada por el CCVT, con un único punto de contacto en cada Estado miembro, incluida una línea de ayuda;

205.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa relativa a las víctimas del terrorismo que responda eficazmente a las necesidades de las víctimas a corto y largo plazo, y que incluya una definición común del estatuto de víctima del terrorismo y sus derechos, y una forma normalizada de reclamar una indemnización, así como unas obligaciones y plazos claros para las compañías de seguros; considera que debería existir un procedimiento simplificado a escala nacional para conceder una indemnización automática a las víctimas del terrorismo poco después de un atentado, que cubra sus necesidades inmediatas, y que la cuestión de la indemnización adicional debe revisarse periódicamente sobre la base de una evaluación de la situación de la víctima;

206.  Considera que el ámbito de aplicación de la definición común de «víctima del terrorismo» debe abarcar como mínimo: 1) las personas fallecidas; 2) las personas que han sufrido daños físicos o psicológicos; 3) las personas que han sufrido secuestros o amenazas; y 4) el cónyuge de la persona fallecida o la persona vinculada a ella por la misma relación afectiva, incluidos los progenitores y los hijos, abuelos y hermanos;

207.  Pide a los Estados miembros que confíen a los centros multidisciplinarios de respuesta a las crisis, encargados de la coordinación y la respuesta de emergencia, el cometido de la aplicación de protocolos nacionales y locales relacionados con la identificación rápida priorizada de las víctimas y su gestión y referencia inmediatas a los servicios competentes;

208.  Pide a los Estados miembros que garanticen que se dé una respuesta global a las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo inmediatamente después de un atentado terrorista, y durante el tiempo que sea necesario, en el marco de la infraestructura nacional de respuesta en casos de emergencia; considera que, a tal fin, los Estados miembros deben establecer un sitio web único y actualizado con toda la información pertinente y un centro de apoyo de emergencia para las víctimas y sus familiares, que preste los primeros auxilios psicológicos y el apoyo emocional mencionados en la Directiva (UE) 2017/541, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo(23);

209.  Subraya que la notificación a las familias de las víctimas debe ser realizada por profesionales específicamente capacitados, de forma digna, humana y apropiada, garantizando que los medios de comunicación no revelen su identidad sin su consentimiento previo, y debe prestarse especial atención, respeto y prioridad al trato dispensado a los niños;

210.  Solicita la aplicación integral y efectiva de la Directiva (UE) 2015/637 con el fin de garantizar la protección consular de los ciudadanos de la Unión que residen en terceros países en los que no están representados sus Estados miembros; subraya que un creciente número de ciudadanos europeos han sido víctimas de atentados terroristas en un país que no es el suyo y, por tanto, solicita con urgencia la creación de protocolos en los Estados miembros para ayudar a los europeos no nacionales en caso de atentado terrorista, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo;

211.  Pide a los Estados miembros que garanticen que la asistencia necesaria prestada a las víctimas del terrorismo también incluya medidas como primeros auxilios, apoyo psicológico, protección contra la victimización secundaria, asistencia jurídica, acceso efectivo a la justicia, anticipos en efectivo para ayudar a cubrir los gastos inmediatos, cuidado infantil certificado y apoyo domiciliario, regímenes de reducción fiscal y ayudas para el transporte en caso de discapacidad temporal o permanente;

212.  Pide a los Estados miembros que, con el apoyo de la Comisión, garanticen que los profesionales de todos los servicios nacionales pertinentes, y especialmente los primeros intervinientes, reciban una formación adecuada sobre las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo; apunta que el CCVT ayudará en las tareas de formación profesional, dirigidas en particular a oficiales de policía, abogados y otros profesionales que se ocupan de las víctimas, así como a las compañías de seguros o a las autoridades de indemnización;

213.  Pide a los Estados miembros que creen mecanismos jurídicos para tipificar como delito la apología de un determinado acto de terrorismo ya que es una forma de humillar a las víctimas y provocar la victimización secundaria al atentar contra su dignidad y su recuperación;

214.  Pide a las instituciones pertinentes que proporcionen las salvaguardias necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor;

215.  Pide a los Estados miembros que prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme;

216.  Pide a los Estados miembros que presten especial atención a las víctimas cuando estas puedan sufrir acoso o teman posibles nuevos ataques por parte del entorno social de los agresores;

217.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las víctimas de violencia sexual y de otras formas de violencia extrema perpetrada por terroristas del Dáesh fuera de la Unión se encuentran seguras y sin temor en la Unión; pide a los Estados miembros que lleven dichos casos ante los tribunales, incluso si los delitos se han cometido fuera de la Unión, y que hagan participar a las víctimas, como testigos valiosos, en los procedimientos judiciales;

218.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer un régimen financiero para la indemnización de las víctimas en caso de atentado terrorista a gran escala, con el fin de ayudar a los Estados miembros cuando sea necesario y en casos transfronterizos;

219.  Pide a la Comisión que entable un diálogo con los Estados miembros a fin de reducir las grandes disparidades existentes en los niveles de las compensaciones financieras concedidas a escala nacional por cada Estado miembro a las víctimas de atentados terroristas;

220.  Pide a los Estados miembros que garanticen que todas las víctimas del terrorismo tengan derecho a ser parte en los procedimientos judiciales relacionados con un atentado terrorista que les concierna y que tengan en cuenta la situación específica de las víctimas transfronterizas; pide a los Estados miembros que garanticen que no se produzcan contactos degradantes o humillantes entre las víctimas y el agresor, o el entorno de este, en los procesos penales;

221.  Pide que se promueva en mayor medida el Día europeo de las víctimas del terrorismo (el 11 de marzo);

Derechos fundamentales

222.  Hace hincapié en que las medidas de seguridad, incluidas aquellas de lucha contra el terrorismo, deben llevarse a cabo aplicando el Estado de Derecho y deben respetar los derechos fundamentales y adoptarse dentro de un marco jurídico claro; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que, en el marco de la adopción y aplicación de medidas antiterroristas, respeten los derechos fundamentales, incluidos los relacionados con la protección de la intimidad y los datos, el derecho a la libertad de conciencia y expresión y el derecho a la no discriminación, así como las garantías procesales, como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a la información y el control de una autoridad judicial, garantizando que las personas dispongan de recursos eficaces para hacer frente a cualquier violación de sus derechos fundamentales, incluida la posibilidad del recurso judicial;

223.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que, al adoptar y aplicar medidas antiterroristas, encuentren el equilibrio adecuado entre los distintos derechos fundamentales en cuestión y las necesidades de seguridad; considera que la primera prioridad a este respecto debe ser la protección de los derechos fundamentales de las personas a la vida y la seguridad;

224.  Reitera que el Derecho internacional y regional en materia de derechos humanos deja claro que los Estados tienen el derecho y la obligación de proteger a las personas bajo su jurisdicción contra atentados terroristas a fin de garantizar el respeto del derecho a la vida y el derecho a la seguridad; recuerda que la cooperación de la Unión con terceros países en el ámbito de la lucha contra el terrorismo debe basarse en el respeto del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura;

225.  Pide a la Comisión y a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) que examinen los desafíos que existen en el ámbito de las políticas antiterroristas y que determinen las mejores prácticas en el seno de los Estados miembros, en particular aquellas que tengan en cuenta las circunstancias específicas de las personas vulnerables, como las personas con discapacidad y los menores; pide a la Comisión que fomente el intercambio de mejores prácticas y elabore orientaciones a este respecto; recuerda, asimismo, que el Parlamento, el Consejo y la Comisión tienen la posibilidad de solicitar dictámenes a la FRA, en el contexto de su marco plurianual, sobre medidas de lucha contra el terrorismo;

226.  Pide a los Estados miembros que garanticen el establecimiento de las salvaguardias de protección de datos necesarias, de conformidad con la legislación aplicable de la Unión, incluidas las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la seguridad y la confidencialidad de los datos personales; les insta a que establezcan normas claras sobre los sujetos que pueden obtener y consultar determinados datos en los sistemas, el mantenimiento de registros de consulta y divulgación, y la garantía de los derechos de acceso, rectificación, supresión y restricción, así como los derechos de indemnización y acción judicial; pide a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos que sigan desarrollando la privacidad innovadora mediante soluciones de diseño;

227.  Estima que unas políticas sólidas de lucha contra el terrorismo requieren mandatos sólidos para los organismos públicos que participan en la lucha contra el terrorismo, así como un alto grado de apoyo público a estas autoridades; observa la importante función que puede desempeñar la supervisión en el fomento de la confianza y el apoyo públicos; pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos de supervisión para las medidas de lucha contra el terrorismo con el objetivo de evaluar su impacto; pide, asimismo, a los Estados miembros que aseguren la supervisión democrática y la responsabilidad pública de todos los servicios de seguridad e inteligencia, manteniendo el grado necesario de confidencialidad;

°

°  °

228.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2017)0307.

(2)

Study on The European Union’s Policies on Counter-Terrorism: Relevance, Coherence and Effectiveness (Estudio sobre las políticas de la Unión Europea en materia de lucha contra el terrorismo: pertinencia, coherencia y eficacia), encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf

(3)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018D1084

(4)

Informe TE-SAT de Europol, pág. 14.

(5)

https://www.dw.com/de/jesidin-trifft-in-deutschland-auf-is-peiniger/a-45119776

(6)

Por radicalización se entiende un proceso complejo mediante el cual una persona o un grupo adoptan ideas u opiniones religiosas o políticas cada vez más extremas que pueden dar lugar a acciones violentas, incluida la comisión de actos terroristas. En consonancia con los documentos estratégicos de la Comisión, toda referencia a la «radicalización» se entenderá como «radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo»;

(7)

Discurso de la comisaria Jourová, responsable de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, en la Conferencia sobre Radicalización en las Prisiones, Bruselas, 27 de febrero de 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1221_en.htm

(8)

Europol, 6 de septiembre de 2018.

(9)

Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la comprobación en las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores, DO L 74 de 74.2017, p. 1.

(10)

DO C 366 de 27.10.2017, p. 101.

(11)

Europol Terrorism Situation and Trend Report (Te-Sat – Informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo) 2017, p. 10.

(12)

Te-Sat 2017 de Europol, p. 15.

(13)

Te-Sat 2018 de Europol, p. 9.

(14)

Textos Aprobados, P8_TA(2018)0229.

(15)

Informe del Consejo de Europa titulado «Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh» (Perseguir y castigar los crímenes de lesa humanidad o incluso el posible genocidio cometido por el Dáesh), de 22 de septiembre de 2017.

(16)

DO L 293 de 5.11.2013, p. 1.

(17)

DO L 212 de 22.8.2018, p. 1.

(18)

Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p.1), y Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p.12).

(19)

Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 (DO L 284 de 12.11.2018, p. 6).

(20)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf

(21)

COM(2018)0213.

(22)

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).

(23)

DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Durante los últimos años, la Unión se ha enfrentado a una ola de atentados terroristas sin precedentes en su territorio, que han catapultado el tema de la seguridad al primer plano de las preocupaciones de los ciudadanos y han evidenciado los problemas con la cooperación y el intercambio de información en este ámbito. De hecho, en una encuesta del Eurobarómetro de los ciudadanos, de junio de 2017, sobre la conciencia general, las experiencias y las percepciones de seguridad, el 92 % de los encuestados estuvo de acuerdo en que las autoridades nacionales deben compartir información con las autoridades de otros Estados miembros de la Unión para luchar mejor contra la delincuencia y el terrorismo.

A raíz de estos atentados, los Estados miembros y la Unión han luchado por responder a las preocupaciones de los ciudadanos y a los desafíos planteados por la amenaza terrorista. Se propuso una nueva legislación, la legislación existente estaba o está en proceso de revisión y se inició un debate tanto en la Unión como en los Estados miembros sobre cómo responder mejor a la amenaza terrorista.

Para reaccionar ante estos acontecimientos y para poder aportar su contribución, el Parlamento Europeo creó una comisión especial sobre terrorismo (TERR) el 6 de julio de 2017. La Comisión se constituyó el 14 de septiembre de 2017. Su principal objetivo es abordar las deficiencias prácticas y legislativas en la lucha contra el terrorismo, centrándose particularmente en la cooperación y el intercambio de información.

Cuestiones horizontales

Uno de los principales problemas identificados y destacados repetidamente por expertos y profesionales es la necesidad de aplicar plenamente la legislación existente en este ámbito. Los Estados miembros no solo deben proporcionar el marco legislativo, sino también el equipo técnico necesario, así como personal suficiente y bien formado para garantizar la aplicación práctica de las medidas existentes.

La necesidad de un régimen adecuado de retención de datos también se planteó constantemente durante el trabajo de dicha Comisión. Las ponentes consideran que es necesario prever un régimen de retención de datos por parte de la Unión, en consonancia con los requisitos derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta las necesidades de las autoridades competentes y las particularidades de la lucha contra el terrorismo.

Las ponentes lamentan el hecho de que la exclusión voluntaria actual de algunos Estados miembros de las medidas de cooperación policial y judicial para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas podría poner en peligro la rapidez y la eficacia de las investigaciones antiterroristas y podría tener efectos perjudiciales, y piden a los Estados miembros que se abstengan de las exclusiones voluntarias en este ámbito fundamental.

Prevenir y combatir la radicalización

La radicalización como fuente de atentados terroristas locales plantea una gran amenaza para la Unión. Los principales factores que contribuyen a la radicalización son el contenido radical en las redes sociales, el contacto personal con personas radicalizadas y el ecosistema de radicalización, incluidos los predicadores del odio y el contenido radical en libros, en línea o en los medios audiovisuales. Otro foco de radicalización son las cárceles.

Si bien la Unión ya ha puesto en marcha varias iniciativas para abordar la radicalización, como la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización y el Foro Europeo de Internet, se necesita un enfoque más concertado y centrado para hacer frente a esta amenaza. Por consiguiente, las ponentes proponen la creación de un nuevo Centro de Excelencia de la UE para la Prevención de la Radicalización, que debe coordinar y facilitar la cooperación entre Estados miembros, responsables políticos, profesionales, expertos e investigadores en el ámbito de la prevención de la radicalización y contribuir a un uso selectivo de los fondos de la Unión en este ámbito. También se debe destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil y las ONG, que son indispensables para llevar a cabo los proyectos de prevención y lucha contra la radicalización a nivel local. Los Estados miembros deben desarrollar las condiciones legales y financieras previas necesarias para su labor.

Para abordar la difusión de contenidos radicales en línea, las ponentes consideran que se ha alcanzado el límite de la acción voluntaria de las empresas y piden a la Comisión que presente una propuesta legislativa que obligue a las empresas a eliminar por completo el contenido terrorista en el plazo de una hora e introducir claras obligaciones de notificación para las empresas sobre la incidencia del contenido terrorista y las tasas de eliminación, así como las sanciones por incumplimiento.

Cooperación e intercambio de información

La cooperación y el intercambio de información son indispensables para la lucha contra el terrorismo. La velocidad con la que se planificaron y ejecutaron algunos de los atentados recientes exige que el intercambio de información e inteligencia sea rápido para que sea efectivo y para ayudar a prevenir ataques. El carácter transfronterizo del terrorismo exige una respuesta y una cooperación firmes y coordinadas dentro y entre los Estados miembros, así como con las agencias y órganos competentes de la Unión.

Las ponentes consideran que es necesario pasar a un nuevo enfoque para compartir información. La información relacionada con la lucha contra el terrorismo debe compartirse por defecto y solo debería ser posible no intercambiarla en casos específicos en los que las circunstancias exijan que se retenga la información. Además, se deben aplicar soluciones técnicas que permitan la carga automática de información desde los sistemas regionales a los nacionales/federales y a los sistemas europeos. Debe reforzarse la cooperación y el intercambio de información entre los diferentes servicios, en particular entre los servicios encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de inteligencia.

Las ponentes piden que Europol se convierta en un auténtico centro de intercambio de información y cooperación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo en la Unión. Sin embargo, para que esto suceda, los Estados miembros deben garantizar la máxima flexibilidad para los contactos entre Europol y las autoridades competentes de los Estados miembros cuando se trate de delitos terroristas. Además, los ECI deben utilizarse de manera sistemática en caso de atentados terroristas, teniendo en cuenta el carácter predominantemente transfronterizo de estos ataques. Europol y Eurojust deben participar en estos ECI como cuestión de principios.

En cuanto a la interoperabilidad de los sistemas centralizados, las ponentes consideran que este es un paso positivo, pero que también es solo un primer paso para la creación de un marco integral de sistemas de información interoperables. En el futuro, se deben cubrir sistemas adicionales, incluidos los sistemas nacionales y descentralizados.

Fronteras exteriores

Un espacio Schengen sin fronteras interiores solo es sostenible si se protegen de manera efectiva las fronteras exteriores. Algunos de los recientes ataques terroristas han puesto de manifiesto fallos importantes en la política de control fronterizo europeo, ya que al menos ocho de los autores de estos atentados entraron a Grecia a través de flujos irregulares en julio, agosto y octubre de 2015. Aunque se ha avanzado mucho en este ámbito y se introdujeron nuevas medidas, como las verificaciones obligatorias de las bases de datos SIS e Interpol en los pasos fronterizos, aún queda mucho por hacer en el área de la gestión integrada de las fronteras.

Lo que es especialmente importante es la creación de condiciones materiales en las fronteras para la aplicación de la nueva legislación, la introducción de controles biométricos, la interoperabilidad de las bases de datos y el uso de todos los datos disponibles, como PNR o pruebas del campo de batalla, a fin de identificar posibles terroristas antes de que entren al territorio de la Unión. También debe destacarse el papel de Frontex en la gestión integrada de las fronteras.

Las ponentes reconocen que la operación EUNAVFOR MED SOPHIA es actualmente el principal proveedor de seguridad en el Mediterráneo y tiene a su disposición los recursos y capacidades necesarios para contribuir también a la lucha contra el terrorismo. Por consiguiente, piden que el mandato de la Operación Sophia se modifique en consecuencia y que su alcance territorial se amplíe para abarcar también los nuevos flujos migratorios desde Túnez. Se podría considerar una nueva Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que permita a la Operación Sophia acceder a las aguas territoriales de los Estados costeros para realizar controles en buques sospechosos.

Financiación del terrorismo

Este apartado debe abordarse de forma integral y no solo centrarse en los flujos financieros, sino también en la financiación de la radicalización, y las medidas relativas a la financiación del terrorismo deben atajar tanto la financiación a gran escala de las organizaciones terroristas como los ataques que puedan requerir poco dinero. Por lo tanto, es primordial que en este ámbito se explote al máximo la inteligencia financiera para fomentar la prevención.

Se solicita a los Estados miembros y a la Comisión que establezcan un sistema europeo de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTS) para las operaciones de personas vinculadas con el terrorismo y cuya financiación se realice dentro de la zona única de pagos en euros, complementaria al Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP) con los Estados Unidos.

Protección de las infraestructuras críticas

Las ponentes piden que se revise la Directiva 2008/114, para garantizar que la designación de las infraestructuras críticas europeas se base en un análisis de los sistemas que respaldan los servicios fundamentales y transfronterizos, en vez de un enfoque sector por sector. La nueva Directiva debe introducir la obligación de notificar sobre incidentes relacionados con las infraestructuras críticas, un marco para realizar pruebas de resistencia, una formación adecuada de los puntos de contacto designados y requisitos de calidad en relación con los planes de continuidad de las actividades en caso de incidente o atentado. La Comisión debe poder designar activos de servicios paneuropeos como Galileo o Eurocontrol como infraestructuras críticas europeas.

Las ponentes también piden a los Estados miembros que establezcan estrategias de respuesta eficaces y centros nacionales multidisciplinarios de respuesta a las crisis para la coordinación y la respuesta de emergencia en caso de atentado o incidente.

Precursores de explosivos

En 2015 y 2016 se utilizaron explosivos en el 40 % de los atentados terroristas cometidos en la Unión, a pesar de que el Reglamento 98/2013 prohíbe que siete sustancias estén disponibles al público en general por encima del valor límite y que exige que se notifiquen las operaciones sospechosas relativas a once productos. Esto se debe a que los autores y posibles terroristas aún pueden comprar los precursores en línea y porque la normativa actual permite que los Estados miembros apliquen diferentes sistemas.

Por consiguiente, las ponentes acogen con satisfacción que la Comisión haya propuesto un nuevo Reglamento, que suprime el sistema de registro de sustancias prohibidas y que define con mayor claridad quién debe considerarse como público en general y quién como usuario profesional. Las ponentes piden un control más estricto de las compras en línea y el perfeccionamiento de los actuales criterios de riesgo común aduaneros para mejorar la focalización de las compras ilícitas en línea de precursores de explosivos.

Tráfico ilícito de armas de fuego

En el 41 % de todos los ataques se utilizaron armas de fuego, un ligero aumento en comparación con 2016 (38 %). La amenaza de que se utilicen armas de fuego en los atentados terroristas persiste, también debido a un aumento de las armas de fogueo convertidas y las armas de fuego reactivadas disponibles en el mercado de armas ilícitas. Por lo tanto, las ponentes piden que se eliminen las lagunas jurídicas de la legislación nacional y de la Unión sobre armas de fuego, por ejemplo, tomando medidas para detener la circulación de pistolas de fogueo fáciles de convertir, pistolas Flobert y pistolas de alarma.

Víctimas del terrorismo

Se insta a los Estados miembros a que transpongan las disposiciones establecidas en la Directiva (UE) 2017/541 y la Directiva (UE) 2012/29.

Se solicita a la Comisión que presente una propuesta legislativa relativa a las víctimas del terrorismo con una definición clara de su estatuto y sus derechos, incluidos los criterios de elegibilidad y los niveles de indemnización. También debe establecer un centro de coordinación de la Unión para las víctimas del terrorismo (CCVT) a fin de que pueda proporcionar apoyo oportuno y adecuado durante las crisis en caso de ataque en uno o varios Estados miembros.

Derechos fundamentales

El respeto de los derechos fundamentales es un elemento esencial de las políticas exitosas de lucha contra el terrorismo y debe encontrarse el equilibrio correcto entre los diferentes derechos fundamentales en cuestión para garantizar la eficacia de las medidas de lucha contra el terrorismo. A este respecto, las ponentes subrayan que, si bien la privacidad es un derecho fundamental, la primera prioridad debe ser la protección de los derechos fundamentales de las personas a la vida y la seguridad. Además, deben tenerse en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de las personas vulnerables / con discapacidad.


INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓNEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación

13.11.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

23

2

5

Miembros presentes en la votación final

Ivo Belet, Caterina Chinnici, Javier Couso Permuy, Edward Czesak, Arnaud Danjean, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Birgit Sippel, Helga Stevens, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Kristina Winberg, Milan Zver

Suplentes presentes en la votación final

Lynn Boylan, Claude Moraes, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Josep-Maria Terricabras

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

France Jamet, Manolis Kefalogiannis, Lukas Mandl


VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

23

+

ALDE

Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen

ECR

Edward Czesak, Helga Stevens, Geoffrey Van Orden

ENF

France Jamet

PPE

Ivo Belet, Arnaud Danjean, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elisabetta Gardini, Monika Hohlmeier, Manolis Kefalogiannis, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Emil Radev, Milan Zver

S&D

Caterina Chinnici, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elena Valenciano

2

-

GUE/NGL

Lynn Boylan, Javier Couso Permuy

5

0

ECR

Kristina Winberg

S&D

Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Josep-Maria Terricabras

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 4 de diciembre de 2018Aviso jurídico