INFORME     ***I
PDF 1467kWORD 238k
7 de diciembre de 2018
PE 623.664v02-00 A8-0438/2018

sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Ponente: Neoklis Sylikiotis

Ponentes de opinión (*):

Julia Reda, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(*)  Comisiones asociadas – artículo 54 del Reglamento interno

(Refundición – artículo 104 del Reglamento interno)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
 ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN
 OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación
 OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
 VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0234),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0169/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(1)

–  Vista la carta dirigida el 29 de noviembre de 2018 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, el compromiso asumido por la Comisión de aceptar la Posición del Parlamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 29 de noviembre de 2018, de aprobar dicha Posición, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0438/2018),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

1.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda    1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)*

a la Posición del Consejo en primera lectura

---------------------------------------------------------

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , y en particular su artículo 114 ,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(3) ha sido modificada de forma sustancial. Con motivo de nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2)  Con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2003/98/CE y cinco años después de la adopción de la modificación de la Directiva 2013/37/UE, la Comisión, tras consultar a las partes interesadas pertinentes, ha evaluado y revisado el funcionamiento de la Directiva en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación(4).

(3)  Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la evaluación de impacto(5), la Comisión consideró que era necesario actuar a escala de la Unión para afrontar los obstáculos restantes y emergentes a una amplia reutilización de la información del sector público y financiada con fondos públicos en toda la Unión y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnologías digitales, así como estimular en mayor medida la innovación digital, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial.

(4)  Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de explotar plenamente el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas se centran en los siguientes aspectos: la prestación de acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos públicos de gran valor para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas, así como de las empresas privadas cuando se produzcan durante la prestación de un servicio de interés económico general que se inscriba en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, organizaciones que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la relación entre la presente Directiva y determinados instrumentos jurídicos conexos, en particular la Directiva 96/9/CE(6), la Directiva 2003/4/CE, la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) y el Reglamento (UE) 2016/679.

(4 bis)  El acceso a la información es un derecho fundamental. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta») establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

(4 ter)  El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza el derecho a la protección de los datos de carácter personal y establece que estos datos deben tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley y bajo el control de una autoridad independiente.

(5)  El Tratado prevé la creación de un mercado interior y de un sistema que impida el falseamiento de la competencia en dicho mercado interior. La armonización de las normas y prácticas de los Estados miembros en relación con la explotación de la información del sector público contribuye a la consecución de estos objetivos.

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, por ejemplo información social, política, económica, jurídica, geográfica, medioambiental, meteorológica, sísmica, turística y sobre empresas, patentes y educación. Los documentos elaborados por los organismos del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la sociedad. Proporcionar esta información en un formato electrónico utilizado habitualmente permite a los ciudadanos y a las empresas encontrar nuevos modos de emplearlos y crear productos y servicios novedosos e innovadores. Los Estados miembros y los organismos del sector público deben poder obtener beneficios y apoyo financiero adecuado del programa Europa Digital o de fondos o programas relevantes de la Unión que tengan como objetivo digitalizar Europa, difundir el uso de tecnologías digitales o la digitalización de la administración y los servicios públicos, en un esfuerzo por facilitar la disponibilidad de los datos para su reutilización.

(6 bis)  La información del sector público constituye una fuente de datos extraordinaria que puede contribuir a mejorar el mercado único y a desarrollar aplicaciones nuevas para consumidores y empresas. El empleo inteligente de los datos, incluido su procesamiento mediante aplicaciones de inteligencia artificial, puede tener un efecto transformador en todos los sectores de la economía.

(7)  La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, estableció un conjunto de normas mínimas que regulan la reutilización y los medios prácticos de facilitar la reutilización de los documentos existentes en poder de los organismos del sector público de los Estados miembros , incluidos los órganos ejecutivo, legislativo y judicial . Desde la adopción del primer conjunto de normas sobre reutilización de la información del sector público, el volumen de datos, incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo que se están generando y recopilando nuevos tipos de datos. Paralelamente, se está registrando una evolución permanente de las tecnologías para el análisis, explotación y tratamiento de datos, como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Esta rápida evolución tecnológica permite la creación de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregación o la combinación de datos. Las normas originales de 2003 y posteriormente modificadas en 2013 están desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos.

(8)  La evolución hacia la sociedad basada en datos que utiliza datos procedentes de distintos ámbitos y actividades, afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Comunidad, entre otras cosas al permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.

(9)  Los contenidos digitales desempeñan un papel importante en esta evolución. La producción de contenidos ha dado lugar durante los últimos años, y sigue haciéndolo actualmente, a un fenómeno de rápida creación de empleo.

(10)  Uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior es la creación de una serie de servicios y productos en el seno de los Estados miembros y a escala de la Unión . La información del sector público o la información recopilada, producida, reproducida y divulgada en el ejercicio de una tarea pública o de un servicio de interés general constituye una materia prima importante para diversos productos y servicios de contenidos digitales y se convertirá en un recurso cada vez más importante con el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, las tecnologías de registros distribuidos y el internet de las cosas. El empleo inteligente de los datos, incluido su procesamiento mediante aplicaciones de inteligencia artificial, puede tener un efecto transformador en todos los sectores de la economía. En este contexto, será asimismo esencial una amplia cobertura geográfica transfronteriza. Una más amplia posibilidad de la reutilización de estos documentos debe permitir, entre otras cosas, a todas las empresas europeas, incluidas las microempresas y las pyme, así como la sociedad civil, aprovechar su potencial y contribuir al desarrollo económico y a la creación y la protección de empleo de calidad, en particular en beneficio de las comunidades locales y de objetivos sociales importantes, como la rendición de cuentas y la transparencia.

(11)  Autorizar la reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de la información recopilada, así como llevar a cabo sus actividades de servicio público. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, la divulgación de los datos recogidos y distribuidos en el ejercicio de una tarea pública puede contribuir a garantizar la información auténtica de los usuarios.

(12)  Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso esencial. La explotación por organismos del sector público de información de dicho sector sigue variando de un Estado miembro a otro, lo que se ha de tener en cuenta. Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad.

(13)  Los Estados miembros deben garantizar la creación de datos basados en el principio de «abierto desde el diseño y por defecto» en relación con todos los documentos que se inscriben en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, garantizando al mismo tiempo un nivel coherente de protección de los objetivos de interés público, como la seguridad pública, en particular en lo que respecta a la información sensible relacionada con infraestructuras críticas; y garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales, incluso cuando la información de un conjunto de datos individual puede que no implique el riesgo de identificación o la singularización de una persona física, pero sí podría implicar dicho riesgo al combinarla con otra información disponible. Las políticas de apertura de la información, que garantizan la posibilidad de encontrar, la accesibilidad, interoperabilidad y reutilización (principios FAIR), y que fomentan la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino, en primer lugar, para el público, pueden desempeñar una función importante en lo que se refiere a la transparencia y la responsabilidad democrática, la promoción del compromiso social, y a la puesta en marcha y el fomento del desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información. Para maximizar estas ventajas, debe garantizarse el acceso a las fuentes y la evolución de los datos. Por tanto, la interoperabilidad, las normas abiertas y los datos abiertos deben implementarse a escala de la administración en cada Estado miembro. Al mismo tiempo, la Comisión debe facilitar la cooperación entre Estados miembros y apoyar el diseño, prueba, implementación y despliegue de interfaces electrónicas interoperables que permitirán servicios públicos más seguros y eficientes.

(14)  Además, en ausencia de una armonización mínima a nivel comunitario, las actividades legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados miembros ante la necesidad de dar respuesta a los retos tecnológicos, podrían dar lugar a discrepancias todavía más importantes. Las consecuencias de estas discrepancias legislativas y de esta incertidumbre irán acentuándose con el futuro desarrollo de la sociedad de la información, que ha ocasionado ya una fuerte intensificación de la explotación transfronteriza de la información.

(15)  Los Estados miembros han establecido políticas de reutilización en el marco de la Directiva 2003/98/CE y algunos de ellos han adoptado ambiciosos planteamientos en materia de apertura de la información que superan el nivel mínimo fijado en dicha Directiva con el fin de facilitar la reutilización de los datos accesibles del sector público a ciudadanos y empresas. Para evitar que distintas normas en diversos Estados miembros supongan un obstáculo para la oferta transfronteriza de productos y servicios, y garantizar que conjuntos de datos públicos comparables puedan reutilizarse en aplicaciones paneuropeas basadas en ellos, es preciso un nivel mínimo de armonización para determinar los tipos de datos públicos que están disponibles para su reutilización en el mercado interior de la información, de acuerdo con el régimen de acceso pertinente. Entre los ejemplos de disposiciones que superan el nivel mínimo de armonización de la presente Directiva se incluyen umbrales más bajos en el caso de los gastos admisibles para la reutilización que los umbrales previstos en el artículo 6 o condiciones de licencias menos restrictivas que las contempladas en el artículo 8. Particularmente, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones que superen el nivel mínimo de armonización de la presente Directiva establecidas en los Reglamentos Delegados de la Comisión adoptados en virtud de la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.

(16)  Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de reutilización de los documentos del sector público con el fin de garantizar que dichas condiciones sean equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo su labor de servicio público. La utilización de dichos documentos por otros motivos constituye una reutilización. Las políticas de los Estados miembros podrán ir más allá de las normas mínimas establecidas en la presente Directiva, permitiendo así una reutilización más amplia.

(17)  La presente Directiva debe aplicarse a los documentos cuyo suministro sea una actividad que incida en el ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público implicados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro. En ausencia de tales normas, la misión de servicio público debe definirse de conformidad con la práctica administrativa común del Estado miembro, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión. La misión de servicio público puede definirse con carácter general o caso por caso para los diferentes organismos del sector público.

(18)  La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen información. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado.

(19)  La Directiva no podrá restringir ni dificultar en modo alguno la ejecución de las funciones legales de las autoridades y demás organismos del sector público. Tampoco establece un derecho de acceso. Esta decisión sigue siendo competencia de los Estados miembros. La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la reutilización de todos los documentos sin perjuicio de las excepciones establecidas en la presente Directiva, como la protección de los datos personales, lo que permite a los Estados miembros restringir o excluir el acceso a determinados documentos. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión , los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

(20)  Los Estados miembros a menudo confían la prestación de servicios de interés general a entidades ajenas al sector público, manteniendo a la vez un grado elevado de control sobre las mismas. Al mismo tiempo, las disposiciones de la Directiva 2003/98/CE solo se aplican a los documentos conservados por organismos del sector público, a la vez que excluyen de su ámbito de aplicación a las empresas públicas. Esto origina una escasez de documentos disponibles para su reutilización elaborados durante la prestación de servicios de interés general en una serie de ámbitos, especialmente en el sector de los servicios. También reduce considerablemente el potencial de creación de servicios transfronterizos basados en documentos conservados por empresas públicas que prestan servicios de interés general. La reutilización de datos puede desempeñar un papel importante al estimular el crecimiento económico y promover el compromiso público.

(21)  La Directiva 2003/98/CE debe, por lo tanto, modificarse para garantizar que sus disposiciones pueden aplicarse a la reutilización de documentos elaborados durante la prestación de servicios de interés general por parte de las empresas públicas y privadas que se inscriben en el ámbito de aplicación de la presente Directiva que realizan alguna de las actividades contempladas en los artículos 8 a 14 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(8),así como por empresas públicas y privadas que se inscriben en el ámbito de aplicación de la presente Directiva que actúan como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, las empresas públicas y privadas que se inscriben en el ámbito de aplicación de la presente Directiva que actúan como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, y las empresas públicas y privadas que se inscriben en el ámbito de aplicación de la presente Directiva yque actúan como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

(21 bis)  La presente Directiva no debe aplicarse a los documentos relativos a la prestación de servicios de interés general; a la reutilización por competidores directos de empresas públicas de documentos producidos en el ámbito de las actividades directamente expuestas a la competencia y exentas de la normativa sobre contratación pública con arreglo al artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE durante el período en que cumplan las condiciones en él establecidas.

(21 ter)  Debido a la naturaleza extremadamente importante de sus actividades y a los requisitos de seguridad y obligaciones de notificación, la Directiva tampoco se debe aplicar a los documentos cuyo acceso está prohibido o restringido por razones de protección de la seguridad de la red y de los sistemas de información en el sentido de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/1148 o de conformidad con las normas que regulan a los operadores de infraestructuras críticas, incluidos los operadores de servicios esenciales tal como se definen en la Directiva (CE) 2008/114.

(22)  La presente Directiva no debe contener una obligación para autorizar la reutilización de documentos elaborados por empresas públicas, o, cuando se inscriba en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, por empresas privadas. La decisión de autorizar o no la reutilización de uno o todos los documentos, en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, debe corresponder a la empresa pública o, si procede, privada, de que se trate. Solo una vez que la empresa pública o, si procede, privada, haya decidido poner a disposición un documento para su reutilización, debe respetar las obligaciones pertinentes establecidas en los capítulos III y IV de la presente Directiva, en particular en materia de formatos, tarificación, transparencia, licencias, no discriminación y prohibición de acuerdos exclusivos. Por otra parte, la empresa pública o, si procede, privada, no está obligada a cumplir los requisitos establecidos en el capítulo II, como las normas aplicables a la tramitación de solicitudes.

(23)  El volumen de datos de investigación generados está creciendo exponencialmente y pueden ser reutilizados por otros usuarios ajenos a la comunidad científica. Para poder afrontar con eficacia y de manera global los crecientes desafíos sociales, la posibilidad de acceder a datos de diferentes fuentes y de todo tipo de sectores y disciplinas, combinarlos y reutilizarlos, ha pasado a ser algo crucial y urgente. Los datos de investigación incluyen estadísticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones derivadas del trabajo de campo, resultados de encuestas, grabaciones e imágenes de entrevistas. También incluyen metadatos, especificaciones y otros objetos digitales. Los datos de investigación son diferentes de los artículos científicos que divulgan y comentan las conclusiones resultantes de sus investigaciones científicas. Durante muchos años, la libre disponibilidad y la reutilización de los resultados de investigaciones científicas propiciadas por la financiación pública han sido objeto de iniciativas políticas específicas. Las políticas de acceso abierto se proponen, en particular, proporcionar a los investigadores y al público en general, tan pronto como sea posible en el proceso de divulgación, el acceso a datos de investigación y permitir su uso y reutilización. El acceso abierto mejora la calidad, reduce la necesidad de duplicaciones innecesarias en la investigación, acelera el progreso científico, combate el fraude científico y puede favorecer de manera general el crecimiento económico y la innovación. Además del acceso abierto, la planificación de la gestión de datos se está convirtiendo rápidamente en una práctica científica estándar para garantizar que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR), como ocurre con la creación coherente de planes de gestión de datos, que se debe fomentar en mayor medida.

(24)  Por las razones antes expuestas, procede imponer a los Estados miembros la obligación de adoptar políticas de acceso abierto con respecto a los resultados de la investigación financiada públicamente y garantizar que dichas políticas son ejecutadas por toda las organizaciones que realizan actividades de investigación y las organizaciones que financian la investigación. Las políticas de acceso abierto permiten normalmente una serie de excepciones a la hora de poner a disposición del público los resultados de la investigación científica. El 17 de julio de 2012, la Comisión adoptó una Recomendación sobre el acceso a la información científica y a su preservación, actualizada el 25 de abril de 2018(9), que describe, entre otras cosas, elementos pertinentes de las políticas de acceso abierto. Además, deben mejorarse las condiciones en las cuales pueden reutilizarse determinados resultados de la investigación. Por este motivo, algunas obligaciones derivadas de la presente Directiva deben ampliarse a los datos de investigación resultantes de actividades de investigación científica subvencionadas mediante financiación pública o cofinanciadas por entidades de los sectores público y privado. Como resultado de ello, los datos de investigación subvencionados mediante financiación pública deben ser datos abiertos por defecto. Sin embargo, en este contexto, deben tenerse debidamente en cuenta las inquietudes relacionadas con la privacidad, la protección de datos personales, los secretos comerciales, la seguridad nacional, los intereses comerciales legítimos y los derechos de propiedad intelectual de terceros de conformidad con el principio «tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario», a fin de centrarse en promover la gestión de datos como una parte esencial de la investigación. En situaciones con acceso restringido, se deben comunicar al público razones válidas para dichas restricciones a su reutilización. Para evitar cualquier carga administrativa, tales obligaciones solo deben aplicarse a aquellos datos de investigación que ya hayan sido puestos a disposición del público por los investigadores. Otros tipos de documentos conservados por organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación deben seguir estando excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(25)  Las definiciones de organismo del sector público y de organismo de Derecho público proceden de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(10).

(26)  La presente Directiva establece una definición genérica del término documento. Abarca todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual). La definición de documento no pretende incluir los programas informáticos.

(27)  Cada vez es más frecuente que los organismos del sector público pongan a disposición sus documentos para su reutilización de una manera proactiva, mediante formatos abiertos legibles por máquina y formatos que garantizan la interoperabilidad, la reutilización y la accesibilidad. Los documentos también deben estar disponibles para su reutilización a raíz de una solicitud presentada por un reutilizador. Los Estados miembros deben garantizar la definición de las modalidades prácticas para velar por el ejercicio efectivo de la reutilización de la información del sector público con indicaciones claras de dónde pueden encontrarse dichos documentos. Los plazos de respuesta a las solicitudes de reutilización de los documentos deben ser razonables y adecuarse a los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso al documento en virtud del régimen correspondiente de acceso. Los centros educativos, las organizaciones que realizan actividades de investigación y las organizaciones que financian la investigación deben, no obstante, quedar exentas de este requisito. La fijación de plazos razonables en toda la Unión estimulará la creación de nuevos productos y servicios de información agregada a escala paneuropea. Esto es particularmente importante para los datos dinámicos (incluidos los datos medioambientales, la información sobre el tráfico , los datos obtenidos vía satélite, los datos meteorológicos), cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una actualización regular. Por lo tanto, los datos dinámicos deben estar disponibles inmediatamente después de su recopilación, sin demora, a través de una interfaz de programación de aplicaciones con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones de internet, de telefonía móvil y en la nube basadas en dichos datos. Cuando ello no sea posible debido a limitaciones técnicas o financieras, los organismos del sector público deben poner a disposición los documentos en un plazo que permita explotar plenamente el potencial económico de dichos documentos. Deben adoptarse medidas específicas para eliminar las limitaciones técnicas y financieras pertinentes. Cuando se utilice una licencia, el plazo en que los documentos se ponen a disposición puede ser parte integrante de las condiciones de la licencia.

(28)  Para obtener acceso a los datos abiertos para su reutilización por la presente Directiva, resulta útil garantizar el acceso a datos dinámicos mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) adecuadas y bien diseñadas. Una interfaz de programación de aplicaciones describe qué tipo de datos pueden obtenerse, cómo hacerlo y en qué formato se recibirán los datos. Las interfaces de programación de aplicaciones deben estar respaldadas por documentación técnica clara, completa y disponible en línea. Se deben aplicar protocolos de normas reconocidas a escala europea o internacional, u otros protocolos utilizados habitualmente, además de emplear, siempre que sea posible, normas internacionales para los conjuntos de datos. Las interfaces de programación de aplicaciones tienen diferentes niveles de complejidad y pueden adoptar la forma de un simple enlace a una base de datos para obtener conjuntos de datos específicos, de una interfaz web estructurada o de estructuras más complejas. Al reutilizar e intercambiar datos a través de un uso adecuado de interfaces de programación de aplicaciones se crea un valor general que ayudará a los desarrolladores y a las empresas emergentes a crear nuevos servicios y productos. También es un elemento decisivo a la hora de crear ecosistemas valiosos alrededor de activos de datos cuyo potencial permanece en gran medida sin utilizar por los propietarios de los datos. La creación y la utilización de interfaces de programador de aplicaciones ha de basarse en varios principios: estabilidad, fiabilidad, disponibilidad, eficiencia, mantenimiento durante la vida útil, uniformidad de uso y normas, facilidad de uso y seguridad. En el caso de los datos dinámicos, que supone la frecuente actualización de los mismos, a menudo en tiempo real, los organismos del sector público y las empresas públicas los pondrán a disposición para su reutilización inmediatamente después de su recopilación por medio de adecuadas interfaces de programación de aplicaciones, que deben ser compatibles con los principios FAIR. Los organismos del sector público pueden recibir un apoyo eficaz para desarrollar un nivel adecuado de competencia en sus servicios.

(29)  Las posibilidades de reutilización pueden mejorarse si se limita la necesidad de digitalizar documentos existentes en papel o de manipular los archivos digitales para hacerlos mutuamente compatibles. Así pues, los organismos del sector público deben ofrecer los documentos en todos los formatos o lenguas preexistentes, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno. También deben contemplar favorablemente las solicitudes de expedición de extractos de un documento existente, siempre que no conlleven más que una simple manipulación. Sin embargo, los organismos del sector público no deben estar obligados a proporcionar extractos de documentos cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado. Con el fin de facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben poner a disposición sus propios documentos en un formato que, en la medida de lo posible y si es adecuado, no dependa de la utilización de programas específicos; los organismos del sector público deben tener en cuenta las posibilidades de reutilización de los documentos por personas con discapacidad y a ellas destinados ð ofreciendo la información en formatos accesibles

(30)  Para facilitar la reutilización, los organismos del sector público deben poner, siempre que sea posible y apropiado, los documentos , incluidos los publicados en páginas web, a disposición del público mediante formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus metadatos, con los niveles más elevados de precisión y granularidad, en un formato que garantice su interoperabilidad; por ejemplo, procesándolos de forma coherente con los principios que rigen los requisitos de facilidad de utilización y compatibilidad de la información espacial en virtud de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(11).

(31)  Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por máquina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer de forma tecnológicamente neutra los datos específicos que contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por máquina deben considerarse datos legibles por máquina. Los formatos legibles por máquina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento automático, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse fácilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por máquina. Cuando sea posible y proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por máquina. Las soluciones desarrolladas por el programa ISA2 se deben tener en cuenta a la hora de diseñar métodos técnicos para la reutilización de datos.

(32)  Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su reutilización gratuitamente y, cuando sea necesario aplicar una tarifa esta debe limitarse en principio a los costes marginales. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público . También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las empresas públicas deben , por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción, difusión y mantenimiento, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o del ámbito de aplicación de los servicios de interés general confiados a empresas públicas no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

(32 bis)  El margen de beneficio de la inversión puede entenderse como un porcentaje, además de los costes marginales, que permite la recuperación del coste del capital y la inclusión de una tasa real de rentabilidad. Dado que el coste del capital está estrechamente ligado a los tipos de interés de las entidades de crédito, que a su vez se basan en el tipo de interés fijo del BCE aplicable a las principales operaciones de refinanciación, no debe esperarse que el margen de beneficio razonable de la inversión sea superior en más de un 5 % al tipo de interés fijo del BCE.

(33)  Las bibliotecas, los museos y los archivos también deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su funcionamiento normal. En el caso de esos organismos del sector público, los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no han de superar el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, mantenimiento, conservación y compensación de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. Por lo que respecta a las bibliotecas, los museos y los archivos, y atendiendo a sus particularidades, los precios aplicados por el sector privado para la reutilización de documentos idénticos o similares pueden tenerse en cuenta al calcular el beneficio razonable de la inversión. Las tarifas superiores a los costes marginales se deben establecer siguiendo criterios transparentes, identificables y verificables.

(34)  Los límites superiores para las tarifas establecidos en la presente Directiva se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas en absoluto.

(35)  Los Estados miembros deben establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. A este respecto, los Estados miembros pueden, por ejemplo, establecer tales criterios en normas nacionales o designar al organismo u organismos apropiados, distintos del propio organismo del sector público de que se trate, con competencia para establecer dichos criterios. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros. Puede tratarse de un organismo existente con competencias de ejecución presupuestaria y bajo una responsabilidad política.

(36)  Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público sean claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Unión. Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilización de documentos. Los Estados miembros deben alentar la creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Los solicitantes de la reutilización de documentos que obran en poder de entidades distintas de las empresas públicas, centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación deben estar informados de las vías de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las PYME y las empresas emergentes, que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector público de otros Estados miembros y desconocen las vías de recurso de las que disponen.

(37)  Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional de control creada de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679(12), del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de acceso y reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

(38)  La publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector público —referentes no solo a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales y administrativos— es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia. Este objetivo es aplicable a las instituciones tanto a nivel local como nacional o internacional.

(39)  En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya concedido una licencia. En otros casos, se expedirá una licencia que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones como la responsabilidad, la protección de los datos personales, el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias modelo disponibles en línea pueden desempeñar asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben procurar que estén a disposición licencias modelo.

(40)  Cuando la autoridad competente decida no seguir permitiendo la reutilización de determinados documentos, o dejar de actualizarlos, debe hacer públicas estas decisiones en el plazo más breve y, si ello es posible, por vía electrónica.

(41)  Las condiciones de reutilización no deben ser discriminatorias para tipos comparables de reutilización. Los Estados miembros deben garantizar una competencia leal entre los organismos del sector público y las empresas públicas, por un lado, y los demás usuarios, por otro, cuando los documentos sean reutilizados por dichos organismos del sector público o empresas públicas como base para sus actividades comerciales. Los Estados miembros deben, en particular, garantizar que la reutilización de documentos de las empresas públicas no conlleve una distorsión del mercado y no perjudique la competencia leal. Esto no debe impedir, por ejemplo, el intercambio gratuito de información entre organismos del sector público cuando estos organismos desempeñen sus misiones de servicio público, mientras que otras partes deban abonar una tarifa por la reutilización de los mismos documentos. Esto tampoco debe impedir la adopción de una política de tarifas diferenciada para la reutilización comercial y no comercial, ni la adopción de una política de tarifas y licencias diferenciada cuando un agente económico desee reutilizar documentos en condiciones comerciales específicas.

(42)  En relación con cualquier tipo de reutilización de un documento, es conveniente que los organismos del sector público puedan, en su caso mediante licencia, imponer condiciones como el reconocimiento de la fuente y el reconocimiento de si el documento ha sido modificado de alguna manera por el reutilizador. En cualquier caso, las licencias para la reutilización de información del sector público deben plantear las mínimas restricciones posibles sobre la reutilización, limitándolas, por ejemplo, a una indicación de la fuente. Las licencias abiertas en línea, que otorgan derechos de reutilización más amplios sin limitaciones tecnológicas, económicas o geográficas y se basan en formatos de datos abiertos, deben desempeñar también una importante función en este aspecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su momento, debe pasar a ser práctica común en toda la Unión.

(43)  Los organismos del sector público deben tomar en consideración las normas de competencia al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos o cualquier uso preferente de los datos entre ellos mismos y socios particulares. No obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, puede resultar a veces necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público. Tal puede ser el caso si ningún editor comercial está dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos.

(44)  Existen numerosos acuerdos de cooperación entre bibliotecas, incluidas las universitarias, museos, archivos y socios privados que implican la digitalización de recursos culturales y por los que se otorgan derechos exclusivos a socios privados. La experiencia ha demostrado que tales asociaciones público-privadas pueden facilitar una utilización adecuada de los fondos culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural. Conviene, por lo tanto, atender a las actuales divergencias de los Estados miembros en cuanto a la digitalización de los recursos culturales, mediante un conjunto de normas específico relativo a los acuerdos sobre la digitalización de tales recursos. Cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, es posible que se requiera un período de exclusividad para dar al socio privado la posibilidad de recuperar los costes inducidos. Dicho período debe tener un límite temporal lo más corto posible con el fin de respetar el principio según el cual el material de dominio público debe permanecer en el dominio público tras su digitalización. El período de vigencia de un derecho exclusivo para la digitalización de recursos culturales no debe ser superior, por regla general, a diez años. Los períodos de vigencia del derecho exclusivo superior a diez años, deben estar sometidos a revisión, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, económicos y administrativos que se produzcan en el entorno desde la celebración del acuerdo. Además, toda asociación público-privada para la digitalización de recursos culturales debe otorgar a la institución cultural socia plenos derechos respecto de la utilización de recursos culturales digitalizados posterior a la terminación del acuerdo.

(45)  Los acuerdos entre titulares de datos y reutilizadores de datos que no concedan expresamente derechos exclusivos pero de los que pueda esperarse razonablemente que restringen la disponibilidad de documentos para su reutilización deben someterse a un control público suplementario y, por lo tanto, publicarse al menos dos meses antes de su entrada en vigor, con el fin de ofrecer a las partes interesadas la posibilidad de solicitar la reutilización de los documentos cubiertos por el acuerdo y prevenir el riesgo de restringir el número de reutilizadores potenciales. Tales acuerdos también deben hacerse públicos tras su celebración, en la forma definitiva acordada por las partes.

(46)  La presente Directiva tiene por objeto reducir al mínimo el riesgo de ventaja excesiva del pionero que podría limitar el número de reutilizadores potenciales de los datos. Cuando los acuerdos contractuales puedan, además de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la presente Directiva para conceder documentos, implicar una transferencia de recursos del Estado en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las ayudas de Estado y otras normas de competencia establecidas en los artículos 101 a 109 del Tratado. De las normas sobre ayudas estatales establecidas en los artículos 107 a 109 del Tratado se desprende que el Estado miembro debe comprobar previamente si una ayuda estatal puede estar incluida en el correspondiente acuerdo contractual y garantizar que cumple las normas en materia de ayudas estatales.

(47)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio y se debe incorporar al Derecho interno y aplicar de forma que se cumplan plenamente el Derecho de la Unión relativo a la protección de los datos personales incluidos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(13) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(14). Deben cumplirse todas las obligaciones derivadas de la presente Directiva que garantizan la protección de la intimidad y los datos personales de conformidad con la legislación de la Unión relativa a la protección de datos, incluida la reutilización transfronteriza de los datos, garantizando la anonimización de los datos personales. La anonimización es fundamental para garantizar la reutilización de la información del sector público respetando las normas y obligaciones de protección de los datos personales contraídas en virtud de la legislación sobre protección de datos, incluso si tiene un coste. Procede considerar este coste como un elemento del coste que debe tenerse en cuenta como parte de los costes marginales de difusión, tal como se definen en el artículo 6 de la presente Directiva.

(47 bis)  Por «información anónima» debe entenderse toda información que no pueda relacionarse directa o indirectamente, por sí sola o combinada con datos asociados, a una persona física o a datos personales que se hayan anonimizado de forma que el interesado ya no sea identificable. Por otra parte, al adoptar decisiones sobre el alcance y las condiciones para la reutilización de los documentos del sector público que contengan datos personales, las organizaciones sujetas a la presente Directiva deben realizar evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos antes de hacer público el documento. Esto debe hacerse, en particular, para sectores específicos que tratan habitualmente categorías especiales de datos personales, como el sanitario, u otros datos personales contemplados en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679. A fin de abordar adecuadamente las preocupaciones relativas a la protección necesaria de los datos personales, tales evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos deben llevarse a cabo de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679.

(48)  La presente Directiva no afecta a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar confusiones, se entenderá por derechos de propiedad intelectual únicamente los derechos de autor y derechos afines (incluidas las formas de protección sui generis). La presente Directiva no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad industrial como las patentes, los diseños y las marcas registradas. La presente Directiva tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector público ni a su posesión por estos, ni restringe en modo alguno el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente Directiva. Las obligaciones impuestas por la presente Directiva solo deben aplicarse en la medida en que las mismas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). No obstante, los organismos del sector público deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

(49)  Habida cuenta del Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales de los Estados miembros y de la Unión, en particular el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos de propiedad intelectual de un documento en poder de una biblioteca (incluidas las universitarias), museo o archivo, y el período de protección esté aún vigente, a los efectos de la presente Directiva debe considerarse que sobre dicho documento existen derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.

(50)  La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos, incluidos los derechos económicos y morales, que puedan asistir a los empleados de los organismos del sector público en virtud de la normativa nacional.

(51)  Además, cuando un documento se ponga a disposición del público para su reutilización, el organismo del sector público interesado ha de conservar el derecho a explotar el documento.

(51 bis)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

(52)  Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos prácticos mencionados.

(52 bis)  La Comisión y los Estados miembros deben continuar simplificando el acceso a los conjuntos de datos, en particular proporcionando un punto único de acceso y facilitando progresivamente conjuntos de datos adecuados de los organismos del sector público por lo que respecta a todos los documentos a los que se aplica la presente Directiva, así como a los datos procedentes de las instituciones de la Unión.

(53)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(15) así como en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(16). Detalla las condiciones en las que los organismos del sector público pueden ejercer sus derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la información cuando permitan la reutilización de documentos. No se ejercerá el derecho previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE para evitar o restringir la reutilización de documentos existentes más allá de los límites establecidos por la presente Directiva.

(54)  La Comisión ha respaldado el desarrollo de un informe sobre el desarrollo de los datos abiertos en línea con indicadores de resultados pertinentes para la reutilización de la información del sector público en todos los Estados miembros. La actualización periódica de dicho informe contribuirá al intercambio de información entre Estados miembros y a la disponibilidad de información sobre políticas y prácticas en toda la Unión.

(55)  Es necesario velar por que los Estados miembros controlen la reutilización de la información del sector público, las condiciones que rigen su disponibilidad y las prácticas en materia de recurso.

(56)  La Comisión puede ayudar a los Estados miembros a aplicar la presente Directiva de forma coherente formulando y actualizando las directrices vigentes, especialmente en lo que respecta a las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilización de los documentos, previa consulta de las partes interesadas.

(57)  Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Unión y a los que todos los ciudadanos tengan acceso. Las bibliotecas, los museos y los archivos contienen una considerable cantidad de valiosos recursos de información del sector público. La reutilización de los documentos que obran en poder de estas instituciones ofrece un importante potencial social y económico para las industrias culturales y creativas, así como para la sociedad, dado en particular que los proyectos de digitalización han multiplicado la cantidad de material digital de dominio público, al que puede accederse desde plataformas como Europeana. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme potencial de reutilización innovadora, no solo en los sectores cultural y creativo, sino también en sectores tales como el aprendizaje y el turismo. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, óperas, ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del ámbito de aplicación debido a su especificidad respecto de las «artes escénicas» y dado que la práctica totalidad de su material está sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que permanecería excluido del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Unas posibilidades más amplias de reutilización del material cultural público deben, entre otras cosas, permitir a las empresas de la Unión aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo.

(58)  Con el fin de crear condiciones favorables a la reutilización de documentos que conlleve importantes beneficios socioeconómicos que supongan un gran valor específico para la economía y la sociedad, se incluye una lista de categorías de datos de gran valor en el anexo II bis. Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con objeto de complementar la lista de categorías de conjuntos de datos de gran valor que figura en el anexo II bis añadiendo nuevas categorías y sus respectivos conjuntos de datos a la lista de categorías de conjuntos de datos de gran valor entre los documentos a los que se aplica la presente Directiva, así como las modalidades de su publicación y reutilización. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(59)  Una lista a escala de la Unión de conjuntos de datos con un potencial particular para generar beneficios socioeconómicos, junto con condiciones de reutilización armonizadas, constituye un importante factor de aplicaciones y servicios de datos transfronterizos. El anexo II bis incluye una lista de categorías de conjuntos de datos de gran valor que podría complementarse mediante un acto delegado. Las categorías adicionales y sus respectivos conjuntos de datos para la lista deben tener en cuenta la legislación sectorial que ya regula la publicación de conjuntos de datos, así como las categorías indicadas en el anexo técnico de la Carta sobre los Datos Abiertos del G-8 y en la Comunicación de la Comisión 2014/C 240/01. En el proceso que desemboque en la identificación de categorías adicionales para la lista, la Comisión debe efectuar una evaluación de impacto y las consultas públicas pertinentes, también entre expertos. A efectos de la evaluación de impacto, la Comisión debe llevar a cabo consultas públicas con todas las partes interesadas, incluidos los organismos del sector público, las empresas, los usuarios y los reutilizadores de datos, las organizaciones de investigación, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones representativas. Todas las partes interesadas deben tener la posibilidad de presentar sugerencias a la Comisión sobre categorías adicionales de conjuntos de datos de gran valor o conjuntos de datos concretos. La Comisión debe tenerlas en cuenta o comunicar a la parte interesada afectada los motivos por los que no se tiene en cuenta la sugerencia.

(60)  A fin de garantizar su máxima repercusión y facilitar la reutilización, los conjuntos de datos de gran valor deben ponerse a disposición para su reutilización con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno. También deben ser publicados a través de interfaces de programación de aplicaciones, siempre que el conjunto de datos en cuestión contenga datos dinámicos.

(60 bis)   Dado el elevado riesgo de que los actuales formatos tecnológicos que permiten almacenar y dar acceso a la información del sector público queden obsoletos, las autoridades públicas (en particular, en caso de conjuntos de datos de gran valor) deben aplicar políticas efectivas de conservación a largo plazo para garantizar las posibilidades de utilización en el futuro.

(61)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Unión, garantizar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las empresas privadas, de una parte, en particular por las pequeñas y medianas empresas, para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y por los ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulación de la información y la comunicación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros pero , debido a la dimensión paneuropea de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(62)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el derecho a la privacidad (artículo 7), la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la propiedad (artículo 17) y la integración de personas con discapacidad (artículo 26). Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(62 bis)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió el dictamen 5/2018 el 10 de julio de 2018 con arreglo al artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001(17).

(63)  La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva. De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016(18), esta evaluación debe basarse en los cinco criterios siguientes: la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión y deben servir de base para las evaluaciones de impacto de otras posibles medidas.

(64)  La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho interno debe limitarse a las disposiciones constitutivas de una modificación de fondo con respecto a las Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones no modificadas se deriva de las Directivas anteriores.

(65)  La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se indica en el anexo I, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

-1  La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco normativo que regule la reutilización de la información del sector público a fin de promover el uso de datos abiertos y estimular la innovación en productos y servicios.

1.  La presente Directiva establece un conjunto mínimo de normas que regulen la reutilización y los instrumentos prácticos que faciliten la reutilización de:

a)  los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los Estados miembros;

b)  los documentos existentes a los que pueda accederse o cuyo acceso no esté limitado en virtud del artículo 1, apartado 2, conservados por empresas públicas que lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(19) y por empresas públicas que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(20), empresas públicas que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(21), y empresas públicas que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo(22).

b bis)  los documentos existentes conservados por las empresas privadas y elaborados durante la prestación de un servicio de interés económico general en los ámbitos a que se refiere la letra b).

c)  los datos de investigación, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 10, apartados 1 y 2.

2.  La presente Directiva no se aplicará a:

a)  los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro, o en ausencia de tales normas, con arreglo a la práctica administrativa común del Estado miembro en cuestión, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión;

b)  los documentos conservados por las empresas públicas:  elaborados fuera del ámbito de la prestación de servicios de interés general definidos en la legislación o en otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro;

  relacionados con las actividades directamente expuestas a la competencia y, de conformidad con el artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE, no sujetos a las normas relativas a la contratación pública;

  a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado con el fin de garantizar la seguridad de la red y de los sistemas de información de conformidad con la Directiva (UE) 2016/1148;

c)  los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros;

d)  los documentos a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros por motivos, entre otros, de:

  protección de la seguridad nacional (es decir, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública,

  confidencialidad estadística,

  confidencialidad comercial (incluidos secretos comerciales, profesionales o empresariales);

d bis)  documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado por motivos de protección de información sensible sobre infraestructuras críticas, tal como se define en el artículo 2, letra d), de la Directiva 2008/114/CE.

e)  los documentos cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros, incluidos, entre otros, aquellos casos en los que los ciudadanos o empresas tengan que demostrar un interés particular en obtener acceso a los documentos;

f)  las partes de documentos que solo incluyan logotipos, divisas e insignias;

g)  los documentos o partes de documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes o que contengan datos personales cuya reutilización podría socavar la protección de la privacidad y la integridad de las personas, en particular de conformidad con la legislación de la Unión relativa a la protección de los datos personales;

h)  los documentos conservados por las entidades de radiodifusión de servicio público y sus filiales, y por otras entidades o sus filiales para el cumplimiento de una misión de radiodifusión de servicio público;

i)  los documentos conservados por instituciones culturales que no sean bibliotecas, bibliotecas universitarias, museos y archivos;

j)  los documentos conservados por instituciones educativas de nivel secundario y superior y, en el caso de todas las demás instituciones educativas, documentos distintos de los contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c);

k)  los documentos distintos de los mencionados en el artículo 1, apartado 1, letra c), conservados por organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación, incluidas las organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación.

3.  La presente Directiva se basa en los regímenes de acceso de los Estados miembros y no les afecta de forma alguna.

3 bis.  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y no afecta al nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales con arreglo a dicho Reglamento o al Derecho de la Unión.

4.  Las obligaciones de la presente Directiva se aplicarán únicamente en la medida en que las obligaciones impuestas sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC.

5.  Los organismos del sector público no ejercerán el derecho del fabricante de una base de datos, previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, para evitar o restringir la reutilización de documentos más allá de los límites de la presente Directiva.

6.  La presente Directiva regula la reutilización de los documentos existentes conservados por los organismos del sector público de los Estados miembros, incluidos los documentos a los que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(23).

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1.  organismo del sector público: el Estado, los entes territoriales, los organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público;

2.  organismo de Derecho público: cualquier organismo

  a)  creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general y que no tenga carácter industrial o mercantil; y

  b)  dotado de personalidad jurídica; y

  c)  cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público; o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichos organismos; o que tenga un órgano de administración, de dirección o de vigilancia compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por las autoridades estatales, regionales o locales u otros organismos de Derecho público;

3.  empresa pública: aquella empresa sobre la cual los organismos del sector público puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad de la misma, una participación financiera en la misma, o en virtud de las normas que la rigen;

Se presumirá que hay influencia dominante por parte de los organismos del sector público cuando, en relación con una empresa, estos organismos, directa o indirectamente:

i) tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa;

ii) dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa; o

iii) puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa;

4.  «universidad» todo organismo del sector público que imparta enseñanza superior post-secundaria conducente a la obtención de títulos académicos;

4 bis.  licencia abierta: toda licencia pública normalizada que permita a cualquier persona acceder, utilizar, modificar y compartir datos y contenidos libremente y con cualquier fin, dentro del respeto, como máximo, de los requisitos para preservar la procedencia y la apertura;

5.  documento:

  a)  cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual);

  b)  cualquier parte de tal contenido;

5 ter.  «información anónima» o «información anonimizada»: la información que no se refiera a una persona física identificada o identificable o a datos personales que se hayan anonimizado de forma que el interesado no sea identificable o haya dejado de serlo;

6.  «datos dinámicos»: documentos en formato electrónico que se modifican a menudo o con regularidad;

6 bis.  «interfaz de programación de aplicaciones»: conjunto bien documentado de funciones, procedimientos, definiciones y protocolos para la recuperación estructurada de información en línea;

7.  datos de investigación: documentos en formato digital, distintos de las publicaciones científicas, recopilados o elaborados en el transcurso de actividades de investigación científica y utilizados como prueba en el proceso de investigación, o comúnmente aceptados en la comunidad investigadora como necesarios para validar las conclusiones y los resultados de la investigación;

8.  conjuntos de datos de gran valor: documentos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, principalmente debido a su idoneidad para la creación de servicios y aplicaciones de valor añadido, así como de nuevos puestos de trabajo de calidad y dignos, y al número de beneficiarios potenciales de los servicios y aplicaciones de valor añadido basados en tales conjuntos de datos;

9.  reutilización: el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron, excepto el intercambio de documentos entre organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio público;

9 bis.  «datos personales»: los datos que se definen en el artículo 4, letra a), del Reglamento (UE) n.° 2016/679;

10.  «un formato legible por máquina» un formato de archivo estructurado que permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna;

11.  «formato abierto» un formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de los documentos;

12.  «norma formal abierta» una norma establecida por escrito que especifica los criterios de interoperabilidad de la aplicación informática;

13.  margen de beneficio razonable de la inversión: un porcentaje de la tarifa total, además de la cantidad necesaria para recuperar los costes subvencionables, no superior a cinco puntos porcentuales por encima del tipo de interés fijo del Banco Central Europeo;

14.  tercero: toda persona física o jurídica distinta de un organismo del sector público, de una empresa pública o de una empresa privada contemplada en el artículo 1, apartado 1, letra b bis), que conserve los datos.

Artículo 3

Principio general

1.   Los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

2.  En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual y en el caso de los documentos que obren en poder de empresas públicas, los Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos documentos por parte de la empresa pública o de la empresa privada mencionada en el artículo 1, apartado 1, letra b bis, que los ha elaborado, estos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

2 bis.  Los Estados miembros deben velar por que los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se elaboren y estén disponibles para su reutilización según el principio de «abiertos desde el diseño y por defecto».

2 ter.  Los Estados miembros dispondrán que, al adoptar decisiones sobre el alcance y las condiciones para la reutilización de documentos, las organizaciones sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva lleven a cabo evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, en particular en sectores específicos que se ocupen habitualmente de categorías especiales de datos personales, como el sector sanitario, u otros datos personales contemplados en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679. Tales evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679.

CAPÍTULO II

SOLICITUDES DE REUTILIZACIÓN

Artículo 4

Requisitos para el tratamiento de solicitudes de reutilización

1.  Los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas mencionadas en el artículo 1, apartado 1, letra b bis), tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

1 bis.  La decisión de autorizar o no la reutilización de algunos o de todos los documentos en virtud de la presente Directiva corresponderá a la empresa pública o a la empresa privada mencionada en el artículo 1, apartado 1, letra b bis), de que se trate. Una vez que la empresa haya decidido poner a disposición un documento para su reutilización, respetará las obligaciones pertinentes establecidas en los capítulos III y IV, en particular en materia de formatos, tarificación, transparencia, licencias, no discriminación y prohibición de acuerdos exclusivos.

2.  Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante lo antes posible o, a más tardar, en un plazo no superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante lo antes posible y, en cualquier caso, en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla y las razones que lo justifican.

3.  En caso de adoptarse una decisión negativa, los organismos del sector público, las empresas públicas o las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a g), o el artículo 3. Si la decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra c), el organismo del sector público, la empresa pública o la empresa privada a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.

4.  Toda decisión de reutilización deberá contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial con la experiencia técnica adecuada, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional de supervisión establecida de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional, cuyas decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado.

4 bis.  A efectos del presente artículo, los Estados miembros garantizarán que:

a)  se preste asistencia cuando se trate de acceder a documentos;

b)  las listas de los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), sean de acceso público;

c)  se definan las modalidades prácticas para velar por el ejercicio efectivo de la reutilización de la información del sector público;

d)  los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), informen al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Directiva y que son también resultado de las normas existentes de acceso a la información establecidas a escala nacional o de la Unión, y faciliten, en la medida en que se considere apropiado, información, consejo y asesoramiento al efecto.

5.  Las siguientes entidades no estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en el presente artículo:

;

b) centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN

Artículo 5

Formatos disponibles

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V, los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), facilitarán sus documentos en formas y formatos que sean accesibles, fáciles de localizar y reutilizables por medios electrónicos, en cualquier lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán, cuando sea posible, normas formales abiertas.

2.  Siempre y cuando los reutilizadores tengan la posibilidad de reutilizar los documentos solicitados, el apartado 1 no supondrá que los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), estén obligados, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación.

3.  Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público ni a las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), ni a las empresas públicas que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

4.  Los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), pondrán a disposición los datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su recopilación, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). Para garantizar el suministro constante de datos dinámicos, los organismos del sector público podrán recibir apoyo en el marco de los programas pertinentes de la Unión.

5.  Cuando la puesta a disposición de documentos inmediatamente después de su recopilación y sin demora pueda superar las capacidades financieras y técnicas del organismo del sector público, de la empresa privada a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), o de la empresa pública, los documentos contemplados en el apartado 4 se pondrán a disposición en un plazo que no perjudique indebidamente la explotación de su potencial económico.

5 bis.  Los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), garantizarán que el acceso a la información del sector público y su reutilización cumplan la legislación de la Unión en materia de protección de datos.

Artículo 6

Principios de tarifación

1.  La reutilización de documentos será gratuita o se limitará a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión, y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial.

2.  A título de excepción, lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a:

a)  los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público;

a bis)  los documentos para los cuales se exija al organismo del sector público en cuestión que genere ingresos suficientes para cubrir una parte sustancial de los costes de recogida, producción, reproducción y difusión de los documentos;

b)  las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos;

c)  empresas públicas;

c bis)  las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis).

3.  En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y c), el precio total se calculará conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables que establecerán los Estados miembros. Los ingresos totales obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, almacenamiento de datos y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables.

4.  Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 2, letra b), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, almacenamiento de datos, conservación y compensación de derechos y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.

5.  Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente los conjuntos de datos de gran valor, cuya lista se definirá de conformidad con el artículo 13 y el anexo II bis, y los datos de investigación contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c).

Artículo 7

Transparencia

-1 bis.  Los Estados miembros podrán comunicar los costes en los que se incurrirá por la reproducción, difusión y almacenamiento de datos de documentos, así como, cuando proceda, los costes por la anonimización de datos personales y por las medidas para proteger la confidencialidad a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra d).

1.  En el caso de tarifas normales para la reutilización de documentos o partes de documentos, las condiciones aplicables, así como el importe real de dichas tarifas, incluida la base de cálculo de dichas tarifas, deberán ser fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno.

2.  Cuando se trate de tarifas para la reutilización distintas de las mencionadas en el apartado 1, los factores que se tendrán en cuenta para el cálculo de dichas tarifas se indicarán por adelantado. Cuando se solicite, el titular de los documentos de que se trate también indicará cómo se han calculado dichas tarifas en relación con la solicitud de reutilización concreta.

3.  Los Estados miembros publicarán una lista de organismos del sector público a que se refiere el artículo 6, apartado 2, letra a).

4.  Los organismos del sector público asegurarán que los solicitantes de reutilización de documentos estén informados de las vías de recurso de que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten.

Artículo 8

Licencias

1.  Los Estados miembros no aplicarán para la reutilización de documentos condiciones o una licencia, salvo si la necesidad de tales condiciones o licencia no es discriminatoria y está justificada por un interés público objetivo y proporcionado.

2.  En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros velarán por que las licencias modelo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán adaptarse para responder a solicitudes concretas de licencia, estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados miembros alentarán el uso de dichas licencias modelo.

2 bis.  Sin perjuicio de los requisitos en materia de responsabilidad establecidos por el Derecho de la Unión, cuando un organismo público, una empresa pública o una empresa privada a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), ponga a disposición documentos para su reutilización sin condiciones ni restricciones, dicho organismo público, empresa pública o empresa privada a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), podrá quedar eximido de toda responsabilidad con respecto a los documentos puestos a disposición para su reutilización.

Artículo 9

Dispositivos prácticos

1.  Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas.

1 bis.  Los Estados miembros garantizarán que los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b bis), faciliten a la Comisión el acceso necesario a todos los datos que pongan a disposición para su reutilización a fin de permitir la agregación de conjuntos de datos a nivel de la Unión, en particular para facilitar conjuntos de datos de cobertura completa para la Unión para una categoría particular de datos, como se establece en el anexo II bis. La Comisión establecerá dispositivos prácticos para poner a disposición conjuntos de datos a escala de la Unión a través de un punto único de acceso.

Artículo 10

Disponibilidad y reutilización de los datos de investigación

1.  Los Estados miembros apoyarán la disponibilidad de los datos de investigación mediante la adopción de políticas nacionales y actuaciones pertinentes destinadas a hacer que los datos de la investigación financiada públicamente sean plenamente accesibles («políticas de acceso abierto») y compatibles con los principios FAIR. Todos los datos de investigaciones financiadas con fondos públicos deben ser abiertos por defecto. En ese contexto, se tendrán en cuenta las cuestiones de interés relativas a los derechos de propiedad intelectual, la protección y confidencialidad de los datos personales, la seguridad y los intereses comerciales legítimos, de conformidad con el principio «tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario». Estas políticas de acceso abierto se dirigirán a las organizaciones que realizan actividades de investigación y a las organizaciones que financian la investigación. Los programas de financiación de la investigación financiados con cargo al presupuesto de la Unión obligarán a todos los beneficiarios a poner a disposición sus datos de investigación de manera abierta para su reutilización en consonancia con Horizonte Europa.

2.  Los datos de investigación serán reutilizables para fines comerciales o no comerciales en virtud de las condiciones establecidas en los capítulos III y IV, en la medida en que sean financiados con fondos públicos y siempre que el acceso a dichos datos se facilite a través de repositorios institucionales o temáticos o de cualesquiera infraestructuras de datos locales, nacionales o internacionales. En este contexto, deberán tenerse en cuenta los intereses comerciales legítimos, las actividades de transferencia de conocimientos y los derechos de propiedad intelectual preexistentes. La presente disposición se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letra c).

CAPÍTULO IV

NO DISCRIMINACIÓN Y PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS

Artículo 11

No discriminación

1.  Las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento no deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización , incluida la reutilización transfronteriza.

2.   Los Estados miembros garantizarán la competencia leal entre los organismos del sector público, las empresas públicas y las empresas privadas a que se refiere el artículo, 1, apartado 1, letra b bis), y los demás usuarios, en caso de que dichos organismos del sector público, empresas públicas o empresas privadas a que se refiere el artículo, 1, apartado 1, letra b bis), reutilicen los documentos como base para sus actividades comerciales ajenas a su misión de servicio público, velando por que se apliquen a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.

2 bis.  Los Estados miembros garantizarán igualmente que la reutilización de documentos e información de las empresas públicas o las empresas privadas a que se refiere el artículo, 1, apartado 1, letra b bis), no conlleve una distorsión de la competencia leal.

Artículo 12

Prohibición de los acuerdos exclusivos

1.  Para garantizar la equidad, la reutilización de documentos estará abierta a todos los usuarios potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los usuarios exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público, las empresas privadas a que se refiere el artículo, 1, apartado 1, letra b bis), o las empresas públicas que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos, ni permitirán un uso preferente de los datos. Se tendrán en cuenta los servicios públicos excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE con arreglo al artículo 11 de dicha Directiva y las asociaciones para la innovación a que se refiere el artículo 31 de la Directiva 2014/24/UE.

2.  No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, deberá reconsiderarse periódicamente, y en todo caso cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. Los acuerdos exclusivos establecidos tras la entrada en vigor de la presente Directiva se pondrán a disposición del público al menos dos meses antes de su entrada en vigor. Las condiciones finales de estos acuerdos deberán ser transparentes y ponerse a disposición del público.

El presente apartado no se aplicará a la digitalización de los recursos culturales.

3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, el período de exclusividad no será superior, por regla general, a diez años. En el caso de que dicho período sea superior a diez años, su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete años a partir de entonces.

Los acuerdos que concedan derechos exclusivos en el sentido del párrafo primero serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.

Cuando exista un derecho exclusivo en el sentido del párrafo primero deberá facilitarse gratuitamente al organismo del sector público en cuestión, como parte de dichos acuerdos, una copia de los recursos culturales digitalizados. Esa copia estará disponible para su reutilización una vez finalizado el período de exclusividad.

4.   Los acuerdos jurídicos o prácticos que, sin conceder expresamente un derecho exclusivo, tengan como objetivo o quepa esperar razonablemente que implican una disponibilidad limitada para la reutilización de documentos por entidades distintas de los terceros que participen en el acuerdo, se pondrán a disposición del público al menos dos meses antes de su entrada en vigor. Dichos acuerdos jurídicos o prácticos serán objeto de revisiones periódicas y, en cualquier caso, se revisarán cada tres años. Las condiciones finales de tales acuerdos serán transparentes y se pondrán a disposición del público, teniendo debidamente en cuenta la competencia.

5.   Los acuerdos exclusivos existentes a 17 de julio de 2013 a los que no se apliquen las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, a más tardar el 18 de julio de 2043.

Artículo 12 bis (nuevo)

Conservación de la información del sector público

Los Estados miembros garantizarán la aplicación de políticas sólidas de conservación de la información del sector público en cualesquiera formatos que ofrezcan las mejores garantías posibles de acceso a largo plazo.

CAPÍTULO V

CONJUNTOS DE DATOS DE GRAN VALOR

Artículo 13

Lista de conjuntos de datos de gran valor

1.  Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, se incluye en el anexo II bis una lista de categorías y conjuntos de datos de gran valor. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14 con el fin de ampliar la lista añadiendo nuevas categorías y sus respectivos conjuntos de datos a la lista de conjuntos de datos de gran valor entre los documentos a los cuales se aplica la presente Directiva junto con las modalidades de su publicación y reutilización.

2.  Estos conjuntos de datos estarán disponibles de forma gratuita, serán legibles por máquina y accesibles para descargarlos a través de interfaces de programación de aplicaciones, si procede. Las condiciones para su reutilización serán compatibles con las licencias abiertas estándar.

3.  A modo de excepción, la disponibilidad gratuita contemplada en el apartado 2 no se aplicará a los conjuntos de datos de gran valor de las empresas públicas si de la evaluación de impacto a que se refiere el artículo 13, apartado 7, se desprende que la puesta a disposición gratuita de los conjuntos de datos supondrá una considerable distorsión de la competencia en los respectivos mercados.

5.  La lista de categorías y sus respectivos conjuntos de datos de gran valor a que se refiere el apartado 1 se basa en la valoración de su potencial para generar beneficios sociales, económicos o medioambientales significativos, en los servicios innovadores, en el número de usuarios, particularmente pymes, en los ingresos que puedan contribuir a generar, en su potencial para ser combinados con otros conjuntos de datos y en el impacto previsto en la situación competitiva de las empresas públicas.

6.  La lista que figura en el Anexo II bis podrá completarse, en su caso, mediante un acto delegado. La Comisión podrá complementar la lista del anexo II bis añadiendo nuevas categorías y sus respectivos conjuntos de datos de gran valor mediante un acto delegado de conformidad con el artículo 290 del TFUE y sujeto al procedimiento establecido en el artículo 14.

7.  La Comisión realizará una evaluación de impacto que incluya un análisis coste-beneficio antes de la adopción del acto delegado y velará por que el acto sea complementario de los instrumentos jurídicos ya existentes en cada sector con respecto a la reutilización de documentos que pertenezcan al ámbito de aplicación de la presente Directiva. Cuando las categorías de conjuntos de datos de gran valor puedan afectar a empresas públicas, en la evaluación de impacto se prestará especial consideración a las posibles distorsiones de la competencia y a la función de las empresas públicas, las pymes y las empresas emergentes en un entorno económico competitivo.

7 bis.   A efectos de los apartados 1, 2 y 7, la Comisión mantendrá consultas públicas con todas las partes interesadas, incluidos los organismos competentes que conservan información del sector público, los interlocutores sociales, los usuarios y reutilizadores, los solicitantes de uso y reutilización, y los grupos de la sociedad civil. Todas las partes interesadas tendrán la posibilidad de formular sugerencias a la Comisión sobre categorías adicionales de conjuntos de datos de gran valor o conjuntos de datos concretos. La Comisión tendrá en cuenta esas sugerencias o comunicará a la parte interesada los motivos por los que no adopta la sugerencia en cuestión.

A efectos del apartado 2, la Comisión tendrá en cuenta los efectos potenciales en la competencia en los casos en que las empresas públicas operen en mercados competitivos.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 14

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 13 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 13 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 13 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 15

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos […] a más tardar el […]. Notificarán inmediatamente el texto de dichas medidas a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 16

Evaluación

1.  Cuando hayan transcurrido como mínimo cuatro años desde la fecha de transposición de la presente Directiva, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. La evaluación se llevará a cabo de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación(24). Los Estados miembros suministrarán a la Comisión la información necesaria para la preparación del informe.

2.  En dicha evaluación se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones sociales y económicas de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público a los cuales se aplica la presente Directiva, especialmente por parte de pymes, el impacto de los conjuntos de datos de gran valor, los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, la reutilización de documentos conservados por otras entidades distintas de los organismos del sector público, la disponibilidad y la utilización de interfaces de programación de aplicaciones, la interacción entre las normas sobre protección de datos y las posibilidades de reutilización, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior apoyando el desarrollo económico y del mercado laboral.

Artículo 17

Derogación

La Directiva 2003/98/CE, modificada por la Directiva indicada en el anexo I, parte A, queda derogada con efectos a partir del [día siguiente a la fecha que figura en el artículo 15, apartado 1, párrafo primero], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno y la fecha de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo I, parte B.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 18

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 19

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo  Por el Consejo

El Presidente  El Presidente

ANEXO I

Parte A

Directiva derogada,con la modificación correspondiente

(a que se refiere el artículo 15)

Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

(DO L 345 de 31.12.2003, p. 90)

Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

(DO L 175 de 27.6.2013, p. 1)

Parte B

Plazos de transposición al Derecho interno y fecha de aplicación

(a que se refiere el artículo 15)

Directiva

Plazo de transposición

Fecha de aplicación

 

2003/98/CE

1 de julio de 2005

 

2013/37/UE

18 de julio de 2015

18 de julio de 2015

ANEXO II

Tabla de correspondencias

Directiva 2003/98/CE

Presente Directiva

Artículo 1, apartado 1

Artículo 1, apartado 1, parte introductoria y artículo 1, apartado 1, letra a)

_

Artículo 1, apartado 1, letra b)

_

Artículo 1, apartado 1, letra c)

Artículo 1, apartado 2, parte introductoria

Artículo 1, apartado 2, parte introductoria

Artículo 1, apartado 2, letra a)

Artículo 1, apartado 2, letra a)

_

Artículo 1, apartado 2, letra b)

Artículo 1, apartado 2, letra b)

Artículo 1, apartado 2, letra c)

Artículo 1, apartado 2, letra c)

Artículo 1, apartado 2, letra d)

Artículo 1, apartado 2, letra c bis)

Artículo 1, apartado 2, letra e)

Artículo 1, apartado 2, letra c ter)

Artículo 1, apartado 2, letra f)

Artículo 1, apartado 2, letra c quater)

Artículo 1, apartado 2, letra g)

Artículo 1, apartado 2, letra d)

Artículo 1, apartado 2, letra h)

Artículo 1, apartado 2, letra e)

Artículo 1, apartado 2, letra j)

Artículo 1, apartado 2, letra f)

Artículo 1, apartado 2, letra i)

_

Artículo 1, apartado 2, letra k)

Artículo 1, apartado 3

Artículo 1, apartado 3

Artículo 1, apartado 4

_

Artículo 1, apartado 5

Artículo 1, apartado 4

_

Artículo 1, apartado 5

_

Artículo 1, apartado 6

Artículo 2, parte introductoria

Artículo 2, parte introductoria

Artículo 2, punto 1

Artículo 2, punto 1

Artículo 2, punto 2

Artículo 2, punto 2

_

Artículo 2, punto 3

Artículo 2, punto 3

Artículo 2, punto 5

_

Artículo 2, punto 6

_

Artículo 2, punto 7

_

Artículo 2, punto 8

Artículo 2, punto 4

Artículo 2, punto 9

Artículo 2, punto 5

_

Artículo 2, punto 6

Artículo 2, punto 10

Artículo 2, punto 7

Artículo 2, punto 11

Artículo 2, punto 8

Artículo 2, punto 12

Artículo 2, punto 9

Artículo 2, punto 4

_

Artículo 2, punto 13

_

Artículo 2, punto 14

Artículo 3, apartado 1

Artículo 3, apartado 1

Artículo 3, apartado 2

Artículo 3, apartado 2

Artículo 4, apartado 1

Artículo 4, apartado 1

Artículo 4, apartado 2

Artículo 4, apartado 2

Artículo 4, apartado 3

Artículo 4, apartado 3

Artículo 4, apartado 4

Artículo 4, apartado 4

Artículo 4, apartado 5

_

_

Artículo 4, apartado 5, parte introductoria

_

Artículo 4, apartado 5, letra a)

 

Artículo 4, apartado 5, letra b)

Artículo 5, apartado 1

Artículo 5, apartado 1

Artículo 5, apartado 2

Artículo 5, apartado 2

Artículo 5, apartado 3

Artículo 5, apartado 3

_

Artículo 5, apartado 4

_

Artículo 5, apartado 5

Artículo 6, apartado 1

Artículo 6, apartado 1

Artículo 6, apartado 2, parte introductoria

Artículo 6, apartado 2, parte introductoria

Artículo 6, apartado 2, letra a)

Artículo 6, apartado 2, letra a)

Artículo 6, apartado 2, letra b)

_

Artículo 6, apartado 2, letra c)

Artículo 6, apartado 2, letra b)

_

Artículo 6, apartado 2, letra c)

Artículo 6, apartado 3

Artículo 6, apartado 3

Artículo 6, apartado 4

Artículo 6, apartado 4

_

Artículo 6, apartado 5

Artículo 7, apartado 1

Artículo 7, apartado 1

Artículo 7, apartado 2

Artículo 7, apartado 2

Artículo 7, apartado 3

_

_

Artículo 7, apartado 3

Artículo 7, apartado 4

Artículo 7, apartado 4

Artículo 8, apartado 1

Artículo 8, apartado 1

Artículo 8, apartado 2

Artículo 8, apartado 2

Artículo 9

Artículo 9

_

Artículo 10, apartado 1

_

Artículo 10, apartado 2

Artículo 10, apartado 1

Artículo 11, apartado 1

Artículo 10, apartado 2

Artículo 11, apartado 2

Artículo 11, apartado 1

Artículo 12, apartado 1

Artículo 11, apartado 2

Artículo 12, apartado 2

Artículo 11, apartado 2 bis

Artículo 12, apartado 3

_

Artículo 12, apartado 4

Artículo 11, apartado 3

_

Artículo 11, apartado 4

Artículo 12, apartado 5

_

Artículo 13, apartado 1

_

Artículo 13, apartado 2

_

Artículo 13, apartado 3

_

Artículo 13, apartado 4, letra a)

_

Artículo 13, apartado 4, letra b)

_

Artículo 13, apartado 5

_

Artículo 13, apartado 6

_

Artículo 13, apartado 7

_

Artículo 14, apartado 1

_

Artículo 14, apartado 2

_

Artículo 14, apartado 3

_

Artículo 14, apartado 4

_

Artículo 14, apartado 5

_

Artículo 14, apartado 6

Artículo 12

Artículo 15, apartado 1

_

Artículo 15, apartado 2

Artículo 13, apartado 1

Artículo 16, apartado 1

Artículo 13, apartado 2

_

Artículo 13, apartado 3

Artículo 16, apartado 2

_

Artículo 17

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 15

Artículo 19

_

Anexo I

_

Anexo II

ANEXO II bis

Lista de categorías y conjuntos de datos de gran valor

1. Datos geoespaciales

- Códigos postales, mapas nacionales y locales (catastrales, topográficos, marinos, de límites administrativos).

2. Observación de la Tierra y medio ambiente

- Datos espaciales e in situ (seguimiento de la meteorología y de la calidad de la tierra y del agua, sismicidad, consumo de energía, eficiencia energética de los edificios y niveles de emisión).

3. Datos meteorológicos

- Previsiones meteorológicas, precipitaciones, viento y presión atmosférica.

4. Estadísticas

- Datos estadísticos nacionales, regionales y locales con los principales indicadores demográficos y económicos (producto interior bruto, edad, desempleo, renta, educación).

5. Empresas

- Registros mercantiles y de sociedades (listas de empresas registradas, datos sobre propiedad y gestión, identificadores de registro).

6. Datos sobre el transporte

- Horarios del transporte público de todos los modos de transporte, información sobre obras públicas y el estado de la red de transporte, incluida la información sobre el tráfico.

(1)

DO L 77 de 28.3.2002, p. 1.

(2)

*Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se tachan.

(3)

  Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90).

(4)

  SWD(2018) 145.

(5)

  SWD(2018) 127.

(6)

  Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

(7)

  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

(8)

  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

(9)

  C(2018)2375

(10)

  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

(11)

  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

(12)

  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(13)

  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) [...].

(14)

  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37). 37).

(15)

  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).

(16)

  Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

(17)

Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

(18)

  DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(19)

  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

(20)

  Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,

sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE)

n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo

(21)

  Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3-20).

(22)

  Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7-10).

(23)

  Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

(24)

  SWD (2017)350.


ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

D(2018)33866

Sr. D. Jerzy BUZEK

Presidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

PHS 08B046

Bruselas

Asunto:  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Señor presidente:

La Comisión de Asuntos Jurídicos ha examinado la propuesta de referencia, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, relativo a la refundición.

El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue:

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más modificaciones de fondo que las identificadas como tales en ella, informará de ello a la comisión competente para el fondo.

En tal caso, además de en las condiciones establecidas por los artículos 169 y 170, la comisión competente para el fondo solo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que incluyan modificaciones.

No obstante, el presidente de la comisión competente para el fondo podrá admitir, a título excepcional y caso por caso, enmiendas a las partes de la propuesta que se mantienen inalteradas cuando considere que lo exigen razones imperiosas de coherencia interna del texto o de vinculación inextricable de esas enmiendas con otras admisibles. Tal motivación deberá figurar en una justificación escrita de las enmiendas».

De acuerdo con el dictamen del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, que ha examinado la propuesta de refundición, y siguiendo las recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin modificaciones sustanciales.

En conclusión, en su reunión del 3 de septiembre de 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, por unanimidad(1), recomendar a la Comisión de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que proceda al examen de la propuesta arriba mencionada de conformidad con el artículo 104.

Le saluda muy atentamente,

Pavel Svoboda

Anexo: Dictamen del grupo consultivo.

(1)

Estuvieron presentes: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

 

 

 

GRUPO CONSULTIVO

DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 12 de julio de 2018

DICTAMEN

  A LA ATENCIÓN  DEL PARLAMENTO EUROPEO

    DEL CONSEJO

    DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

COM(2018)0234 final de 25.4.2018 – 2018/0111(COD)

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión celebró, los días 23 y 31 de mayo de 2018, sendas reuniones para examinar la propuesta de referencia, presentada por la Comisión.

En dichas reuniones(1), como consecuencia del examen de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se procede a la refundición de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, el Grupo consultivo constató, de común acuerdo, lo siguiente:

1. Los siguientes elementos deberían haberse marcado con el sombreado gris que se utiliza generalmente para señalar las modificaciones de fondo:

- en el considerando 7, la adición de los términos «y posteriormente modificadas en 2013»;

- en el considerando 8, la sustitución de los términos «sociedad basada en datos» por «sociedad de la información y el conocimiento»;

- en el considerando 12, la supresión de los términos «tradición de»;

- en el considerando 13, la supresión de la última frase;

- en el considerando 26, la supresión de los términos «acorde con la evolución de la sociedad de la información»;

- en el considerando 27, la adición de los términos «los datos obtenidos vía satélite, los datos meteorológicos»;

- la supresión del texto íntegro del actual considerando 14 de la Directiva 2003/98/CE;

- en el considerando 47, la inclusión de los términos «y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo»;

- en el considerando 54, la sustitución de los términos «cuadro de indicadores para la información del sector público» por los términos «informe sobre el desarrollo de los datos abiertos en línea»;

- la sustitución del enunciado actual del artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2003/98/CE por un enunciado nuevo;

- en el artículo 5, apartado 1, la adición de los términos iniciales «Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V»;

- en el artículo 7, apartado 1, la supresión de los términos «que estén en poder de organismos del sector público»;

- en el artículo 7, apartado 2, la supresión de los términos «el organismo del sector público de que se trate indicará por adelantado qué» y la sustitución de los términos «organismo del sector público» por «titular de los documentos».

2. En los considerandos 8, 12 y 14, el término «Comunidad» debe sustituirse por «Unión».

3. En el recuadro de referencia que precede al considerando 56, la indicación «2013/37/UE Considerando 29» debería ser la siguiente: «2013/37/UE Considerando 36».

4. En el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, la expresión «Informarán inmediatamente» (sustituida por la expresión «Notificarán inmediatamente el texto de dichas medidas») debería haber sido marcada con doble tachado.

5. La redacción actual del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/98/CE debería haber sido marcada completamente con doble tachado. La propuesta de redacción para el artículo 16, apartado 1, debería haberse marcado completamente con el sombreado gris que se utiliza generalmente para señalar las modificaciones de fondo.

6. La propuesta presentada por la Comisión debería haber incluido dos anexos sobre la refundición, denominados «anexo I» y «anexo II» en el considerando 65 y en el artículo 17, respectivamente.

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales. El grupo consultivo ha constatado asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulto      Jurisconsulto      Director general

(1)

El grupo consultivo trabajó partiendo de la versión inglesa de la propuesta, que es la versión original del documento objeto de examen.


OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (19.10.2018)

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Ponente de opinión: Julia Reda

BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Contexto

Durante la última década y media, los datos abiertos han evolucionado y madurado hasta convertirse en un concepto que se observa en el mismo núcleo de la administración moderna. Los Gobiernos y autoridades han acogido el principio de que cuando los datos pueden ser puestos a disposición para su reutilización, estos deben ser puestos a disposición.

Según el derecho fundamental de acceso a la información, el derecho de acceso y reutilización de los datos del sector público permite a los ciudadanos participar de forma activa en sus comunidades. Existe una gran cantidad de personas e iniciativas que utilizan los datos para generar beneficios para la sociedad. En lugar de rumores y pruebas esporádicas, utilizan datos fiables como fuente de información.

En la evaluación de la Comisión que acompaña a la propuesta refundida, se estima que, en 2016, la economía de los datos de la Unión Europea estaba valorada en 300 000 millones EUR. Ese mismo año, había unas 134 000 empresas relacionadas con los datos en la UE(1).

Junto a los ciudadanos y las empresas, las propias administraciones se benefician de los datos abiertos. Además de permitir a los Gobiernos y autoridades cumplir su obligación democrática de ofrecer unos procesos políticos y de toma de decisiones transparentes, utilizar los datos abiertos también crea incentivos para que los departamentos mejoren su cooperación. Los usuarios internos pueden acceder a datos a los que no podían acceder anteriormente. Según la evaluación de la Comisión, los beneficios de hacer que los datos sean abiertos desde el principio superan con creces cualquier coste para la administración pública, en una proporción de aproximadamente 26:1 en la actualidad(2).

II. Posición de la ponente

A. Abiertos desde el diseño y por defecto

El acceso a la información es un derecho fundamental, garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 11. Por este motivo, los Estados miembros deben hacer todo lo que sea razonablemente posible para diseñar políticas que rijan la creación de datos para que su publicación ya esté prevista.

Hacer que la información del sector público sea accesible y reutilizable genera costes para la administración pública pero, ya actualmente, los beneficios superan a los costes. Al reflexionar sobre la subsiguiente posibilidad de publicación en la fase de producción de datos, los costes podrían reducirse aún más, y la publicación podría simplificarse.

El principio debe llamarse abierto desde el diseño y por defecto.

B. Conjuntos de datos de gran valor

La Comisión ha detectado que los conjuntos de datos de gran valor son especialmente valiosos para la economía y la sociedad. Por tanto, hacer accesibles estos conjuntos de datos de gran valor resulta esencial para el objetivo de la versión refundida.

Por consiguiente, sobre la base de las experiencias de los Estados miembros, la Directiva se modifica con una lista de categorías de datos de gran valor y conjuntos de datos ilustrativos de ámbitos identificados como de gran valor por la Open Knowledge Foundation(3) y en el anexo técnico de la Carta sobre los Datos Abiertos del G-8(4). La Comisión cuenta con poderes delegados para actualizar esta lista y mejorarla con conjuntos de datos concretos que identifique a través de consultas públicas y al animar al público a que envíe sugerencias.

C. Tarificación

Los Gobiernos y la administración pública pueden cobrar por los datos que han encargado producir, que han producido ellos mismos o para los que han concedido licencias.

El enfoque prudente de la versión refundida no consigue corregir el status quo, en el que grandes las corporaciones multinacionales se benefician de los datos públicos, mientras que las iniciativas ciudadanas salen perdiendo. Por ejemplo, Google logró supuestamente un acuerdo de licencia de datos cartográficos con la Agencia Federal de Cartografía y Geodesia de Alemania(5) que implica una reducida tarifa anual de seis cifras. Mientras Google puede permitirse dicha tarifa, los datos siguen siendo inaccesibles e inasequibles para las pymes o las alternativas competidoras de la sociedad civil basadas en la comunidad como OpenStreetMap(6), que creó mapas detallados del mundo, principalmente con la colaboración de voluntarios.

Como resultado, la información del sector público termina reforzando la ya dominante posición de mercado de grandes empresas multinacionales, al tiempo que limita la capacidad de desarrollo de alternativas.

Por tanto, la posibilidad del sector público de cobrar por los datos debe estar más limitada. La reutilización de datos debe ser gratuita, excepto en circunstancias estrictamente definidas.

D. Directiva sobre datos abiertos

La Directiva no debe entorpecer el paso de los Estados miembros que ya utilizan los datos abiertos y ofrecen información en formatos abiertos, y bajo licencias abiertas y permisivas. Debe ayudar a aquellos Estados miembros que aún no se han comprometido, y guiarlos a través de los pasos y métodos que deben adoptarse.

Debe subrayar la dimensión europea de los datos abiertos, fomentar la agregación de datos paneuropea y la colaboración transfronteriza.

En el momento de la adopción de la Directiva 2003/98/CE, el término «datos abiertos» no era muy conocido. Actualmente, la situación es diferente. El término «datos abiertos» está ampliamente establecido y es usado por parte de la Comisión y los Estados miembros. Por tanto, el mejor término para describir el objetivo de la Directiva es «datos abiertos».

El nombre de la Directiva debe mostrar lo que esta puede lograr y, por tanto, debe pasar a denominarse «Directiva sobre datos abiertos».

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda    1

Propuesta de Directiva

Título

Texto de la Comisión

Enmienda

Propuesta de

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

Enmienda    2

Propuesta de Directiva

Considerando 1

Texto de la Comisión

Enmienda

(1)  La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28 ha sido modificada de forma sustancial. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones, en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(1)  La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28 ha sido modificada de forma sustancial28 bis. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones, en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

__________________

__________________

28 Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90).

28 Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90).

 

28 bis Véase el anexo I, parte A.

Enmienda    3

Propuesta de Directiva

Considerando 2

Texto de la Comisión

Enmienda

(2)  Con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2003/98/CE y cinco años después de la adopción de la modificación de la Directiva 2013/37/UE, la Comisión, tras consultar a las partes interesadas pertinentes, ha evaluado y revisado el funcionamiento de la Directiva en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación29.

(2)  Con arreglo a la Directiva 2003/98/CE y cinco años después de la adopción de la modificación de la Directiva 2013/37/UE, la Comisión, tras consultar a las partes interesadas pertinentes, ha evaluado y revisado el funcionamiento de la Directiva en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación29.

__________________

__________________

29 SWD(2018) 145.

29 SWD(2018) 145.

Enmienda    4

Propuesta de Directiva

Considerando 3

Texto de la Comisión

Enmienda

(3)  Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la evaluación de impacto30, la Comisión consideró que era necesario actuar a escala de la Unión para afrontar los obstáculos restantes y emergentes a una amplia reutilización de la información del sector público y financiada con fondos públicos en toda la Unión y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

(3)  Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la evaluación de impacto30, la Comisión consideró que era necesario actuar a escala de la Unión para afrontar los obstáculos restantes y emergentes a una amplia reutilización de la información del sector público y financiada con fondos públicos en toda la Unión y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnologías digitales, como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

__________________

__________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Enmienda    5

Propuesta de Directiva

Considerando 4

Texto de la Comisión

Enmienda

(4)  Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de explotar plenamente el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas se centran en los siguientes aspectos: la prestación de acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos públicos de gran valor para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas, organizaciones que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la relación entre la presente Directiva y determinados instrumentos jurídicos conexos, en particular la Directiva 96/9/CE31 y la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32.

(4)  Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de explotar plenamente el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas se centran en los siguientes aspectos: la prestación de acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos públicos de gran valor para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas, organizaciones que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la relación entre la presente Directiva y determinados instrumentos jurídicos conexos, en particular la Directiva 96/9/CE31, la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/67932.

__________________

__________________

31 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

31 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

32 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

32 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

Enmienda    6

Propuesta de Directiva

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(4 bis)  El acceso a la información es un derecho fundamental. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta») establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

Enmienda    7

Propuesta de Directiva

Considerando 6

Texto de la Comisión

Enmienda

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica, turística y sobre empresas, patentes y educación. Los documentos elaborados por los organismos del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica, turística y sobre empresas, patentes y educación. Los documentos elaborados por los organismos del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento, que se basa en la cantidad, calidad y accesibilidad de la información disponible y permite una mejor adaptación a las necesidades de los consumidores.

Enmienda    8

Propuesta de Directiva

Considerando 7

Texto de la Comisión

Enmienda

(7)  La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, estableció un conjunto de normas mínimas que regulan la reutilización y los medios prácticos de facilitar la reutilización de los documentos existentes en poder de los organismos del sector público de los Estados miembros , incluidos los órganos ejecutivo, legislativo y judicial . Desde la adopción del primer conjunto de normas sobre reutilización de la información del sector público, el volumen de datos, incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo que se están generando y recopilando nuevos tipos de datos. Paralelamente, estamos asistiendo a una evolución permanente de las tecnologías para el análisis, explotación y tratamiento de datos. Esta rápida evolución tecnológica permite la creación de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregación o la combinación de datos. Las normas originales de 2003 y posteriormente modificadas en 2013 están desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos.

(7)  La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público, estableció un conjunto de normas mínimas que regulan la reutilización y los medios prácticos de facilitar la reutilización de los documentos existentes en poder de los organismos del sector público de los Estados miembros, incluidos los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Desde la adopción del primer conjunto de normas sobre reutilización de la información del sector público, el volumen de datos, incluidos los públicos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo que se están generando y recopilando nuevos tipos de datos. Paralelamente, existe una evolución permanente de las tecnologías para el análisis, explotación y tratamiento de datos, como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Esta rápida evolución tecnológica permite la creación de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregación o la combinación de datos. Las normas originales de 2003 y posteriormente modificadas en 2013 están desfasadas con respecto a estos rápidos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades económicas y sociales que ofrece la reutilización de los datos públicos.

Enmienda    9

Propuesta de Directiva

Considerando 8

Texto de la Comisión

Enmienda

(8)  La evolución hacia la sociedad basada en datos afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Comunidad, entre otras cosas al permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.

(8)  La evolución hacia la sociedad basada en datos afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Unión, entre otras cosas al permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.

Enmienda    10

Propuesta de Directiva

Considerando 11

Texto de la Comisión

Enmienda

(11)  Autorizar la reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de la información recopilada.

(11)  Autorizar la reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de la información recopilada, así como llevar a cabo sus actividades de servicio público.

Enmienda    11

Propuesta de Directiva

Considerando 12

Texto de la Comisión

Enmienda

(12)  Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso esencial. La explotación por organismos del sector público de información de dicho sector sigue variando de un Estado miembro a otro, lo que se ha de tener en cuenta. Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad.

(12)  Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso esencial. La explotación por organismos del sector público de información de dicho sector sigue variando de un Estado miembro a otro, lo que se ha de tener en cuenta. Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Unión.

Enmienda    12

Propuesta de Directiva

Considerando 13

Texto de la Comisión

Enmienda

(13)  Las políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino también para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de impulsar el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el compromiso social.

(13)  Los Estados miembros deben garantizar la creación de datos basada en el principio de «datos abiertos desde el diseño y por defecto», en relación con todos los documentos que se incluyen en el ámbito de la presente Directiva, al tiempo que velan por un nivel uniforme de protección de los objetivos de interés público, como la seguridad pública o la protección de datos personales, incluidos los casos en los que está implicada información confidencial relacionada con infraestructuras importantes o en los que la información de un conjunto de datos individual por sí sola puede que no implique el riesgo de identificación de una persona, pero sí podría representar dicho riesgo al combinarla con otra información disponible. Las políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino también para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de promover el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el compromiso social. La interoperabilidad, las normas abiertas y los datos abiertos deben, por tanto, implementarse en la administración de todos los Estados miembros a escala nacional, regional y local. Al mismo tiempo, la Comisión debe facilitar la cooperación entre los Estados miembros y apoyar el diseño, las pruebas, la implementación y el despliegue de interfaces electrónicas interoperables que permitirán disponer de servicios públicos más seguros y eficientes.

Enmienda    13

Propuesta de Directiva

Considerando 14

Texto de la Comisión

Enmienda

(14)  Además, en ausencia de una armonización mínima a nivel comunitario, las actividades legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados miembros ante la necesidad de dar respuesta a los retos tecnológicos, podrían dar lugar a discrepancias todavía más importantes. Las consecuencias de estas discrepancias legislativas y de esta incertidumbre irán acentuándose con el futuro desarrollo de la sociedad de la información, que ha ocasionado ya una fuerte intensificación de la explotación transfronteriza de la información.

(14)  Además, en ausencia de una armonización mínima a escala de la Unión, las actividades legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados miembros ante la necesidad de dar respuesta a los retos tecnológicos, podrían dar lugar a discrepancias todavía más importantes. Las consecuencias de estas discrepancias legislativas y de esta incertidumbre irán acentuándose con el futuro desarrollo de la sociedad de la información, que ha ocasionado ya una fuerte intensificación de la explotación transfronteriza de la información.

Enmienda    14

Propuesta de Directiva

Considerando 18

Texto de la Comisión

Enmienda

(18)  La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen información. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado.

(18)  La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen información o encarguen la producción de la misma. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado.

Enmienda    15

Propuesta de Directiva

Considerando 19

Texto de la Comisión

Enmienda

(19)  La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos y sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión, los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

(19)  La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la reutilización de todos los documentos sin perjuicio de las excepciones establecidas en la presente Directiva, como las relacionadas con la seguridad nacional o la protección de datos personales, permitiendo a los Estados miembros restringir o excluir el acceso a determinados documentos. A falta de armonización, los procedimientos y las modalidades relativos al acceso a la información del sector público seguirán siendo competencia de los Estados miembros. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión, los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización. Si bien la presente Directiva no obliga a los organismos del sector público a garantizar el almacenamiento de un determinado tipo de documentos con vistas a su reutilización, los Estados miembros deben realizar todos los esfuerzos razonables para velar por que ello no perjudique indebidamente la explotación de su potencial económico.

Enmienda    16

Propuesta de Directiva

Considerando 21

Texto de la Comisión

Enmienda

(21)  La Directiva 2003/98/CE debe, por lo tanto, modificarse para garantizar que sus disposiciones pueden aplicarse a la reutilización de documentos elaborados durante la prestación de servicios de interés general por parte de las empresas públicas que realizan alguna de las actividades contempladas en los artículos 8 a 14 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo33, así como por empresas públicas que actúan como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, las empresas públicas que actúan como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, y las empresas públicas que actúan como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

(21)  La Directiva 2003/98/CE debe, por lo tanto, modificarse para garantizar que sus disposiciones pueden aplicarse a la reutilización de documentos elaborados durante la prestación de servicios de interés general por parte de las empresas públicas que realizan alguna de las actividades contempladas en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo33, así como por empresas públicas que actúan como operadores de servicio público con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, las empresas públicas que actúan como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, y las empresas públicas que actúan como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al Reglamento (CEE) n.º 3577/92, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo).

__________________

__________________

33 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

33 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

Enmienda    17

Propuesta de Directiva

Considerando 22

Texto de la Comisión

Enmienda

(22)  La presente Directiva no debe contener una obligación para autorizar la reutilización de documentos elaborados por empresas públicas. La decisión de autorizar o no la reutilización debe corresponder a la empresa pública de que se trate. Solo una vez que la empresa pública haya decidido poner a disposición un documento para su reutilización, debe respetar las obligaciones pertinentes establecidas en los capítulos III y IV de la presente Directiva, en particular en materia de formatos, tarificación, transparencia, licencias, no discriminación y prohibición de acuerdos exclusivos. Por otra parte, la empresa pública no está obligada a cumplir los requisitos establecidos en el capítulo II, como las normas aplicables a la tramitación de solicitudes.

(22)  La presente Directiva no contiene una obligación para autorizar la reutilización de documentos elaborados por empresas públicas. La decisión de autorizar o no la reutilización de documentos o partes de documentos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe corresponder a la empresa pública de que se trate. Solo una vez que la empresa pública haya decidido poner a disposición un documento para su reutilización, debe respetar las obligaciones pertinentes establecidas en los capítulos III y IV de la presente Directiva, en particular en materia de formatos, tarificación, transparencia, licencias, no discriminación y prohibición de acuerdos exclusivos. Por otra parte, la empresa pública no está obligada a cumplir los requisitos establecidos en el capítulo II, como las normas aplicables a la tramitación de solicitudes.

Enmienda    18

Propuesta de Directiva

Considerando 26

Texto de la Comisión

Enmienda

(26)  La presente Directiva establece una definición genérica del término documento. Abarca todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual). La definición de documento no pretende incluir los programas informáticos.

(26)  La presente Directiva establece una definición genérica del término documento. Abarca todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual). Los Estados miembros deben garantizar la transparencia en lo concerniente a la metodología empleada para la recopilación de los documentos.

Enmienda    19

Propuesta de Directiva

Considerando 27

Texto de la Comisión

Enmienda

(27)  Cada vez es más frecuente que los organismos del sector público pongan a disposición sus documentos para su reutilización de una manera proactiva, garantizando la descubribilidad en línea y la disponibilidad real tanto de los metadatos como de los contenidos subyacentes. Los documentos también deben estar disponibles para su reutilización a raíz de una solicitud presentada por un reutilizador. En tales casos, los plazos de respuesta a las solicitudes de reutilización de los documentos deben ser razonables y adecuarse a los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso al documento en virtud del régimen correspondiente de acceso. Las empresas públicas, los centros educativos, las organizaciones que realizan actividades de investigación y las organizaciones que financian la investigación deben, no obstante, quedar exentas de este requisito. La fijación de plazos razonables en toda la Unión estimulará la creación de nuevos productos y servicios de información agregada a escala paneuropea. Esto es particularmente importante para los datos dinámicos (incluidos la información sobre el tráfico, los datos obtenidos vía satélite, los datos meteorológicos), cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una actualización regular. Por lo tanto, los datos dinámicos deben estar disponibles inmediatamente después de su recopilación, a través de una interfaz de programación de aplicaciones con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones de internet, de telefonía móvil y en la nube basadas en dichos datos. Cuando ello no sea posible debido a limitaciones técnicas o financieras, los organismos del sector público deben poner a disposición los documentos en un plazo que permita explotar plenamente el potencial económico de dichos documentos. Cuando se utilice una licencia, el plazo en que los documentos se ponen a disposición puede ser parte integrante de las condiciones de la licencia.

(27)  Cada vez es más frecuente que los organismos del sector público pongan a disposición sus documentos para su reutilización de una manera proactiva, garantizando la localización en línea y la disponibilidad real tanto de los metadatos como de los contenidos subyacentes. Los documentos también deben estar disponibles para su reutilización a raíz de una solicitud presentada por un reutilizador. Los Estados miembros deben permitir a los solicitantes pedir documentos para su reutilización sin tener que declarar un interés. Los Estados miembros deben garantizar la definición de las modalidades prácticas para velar por el ejercicio efectivo de la reutilización de la información del sector público, mediante, por ejemplo, la designación de responsables de información y la creación y el mantenimiento de medios de consulta de documentos, registros o listas de documentos que obren en poder de organismos del sector público o de puntos de información, con indicaciones claras de dónde pueden encontrarse dichos documentos. Los plazos de respuesta a las solicitudes de reutilización de los documentos deben ser razonables y adecuarse a los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso al documento en virtud del régimen correspondiente de acceso. Las empresas públicas, los centros educativos, las organizaciones que realizan actividades de investigación y las organizaciones que financian la investigación pueden, por tanto, quedar exentas de este requisito. La fijación de plazos razonables en toda la Unión estimulará la creación de nuevos productos y servicios de información agregada a escala paneuropea. Esto es particularmente importante para los datos dinámicos (incluidos la información sobre el tráfico, los datos obtenidos vía satélite, los datos meteorológicos), cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una actualización regular. Por lo tanto, los datos dinámicos deben estar disponibles inmediatamente después de su recopilación, a través de una interfaz de programación de aplicaciones con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones de internet, de telefonía móvil y en la nube basadas en dichos datos. Cuando ello no sea posible debido a limitaciones técnicas o financieras, los organismos del sector público deben poner a disposición los documentos en un plazo que permita explotar plenamente el potencial económico de dichos documentos. Cuando se utilice una licencia, el plazo en que los documentos se ponen a disposición puede ser parte integrante de las condiciones de la licencia.

Enmienda    20

Propuesta de Directiva

Considerando 28

Texto de la Comisión

Enmienda

(28)  Para obtener acceso a los datos abiertos para su reutilización por la presente Directiva, resulta necesario utilizar interfaces de programación de aplicaciones (API) adecuadas y bien diseñadas. Una interfaz de programación de aplicaciones describe qué tipo de datos pueden obtenerse, cómo hacerlo y en qué formato se recibirán los datos. Tiene diferentes niveles de complejidad y puede adoptar la forma de un simple enlace a una base de datos para obtener conjuntos de datos específicos, de una interfaz web o de estructuras más complejas. Al reutilizar e intercambiar datos a través de un uso adecuado de interfaces de programación de aplicaciones se crea un valor general que ayudará a los desarrolladores y a las empresas emergentes a crear nuevos servicios y productos. También es un elemento decisivo a la hora de crear ecosistemas valiosos alrededor de activos de datos que están a menudo sin utilizar. La creación y la utilización de interfaces de programador de aplicaciones ha de basarse en varios principios: estabilidad, mantenimiento durante la vida útil, uniformidad de uso y normas, facilidad de uso y seguridad. En el caso de los datos dinámicos, que supone la frecuente actualización de los mismos, a menudo en tiempo real, los organismos del sector público y las empresas públicas los pondrán a disposición para su reutilización inmediatamente después de su recopilación por medio de adecuadas interfaces de programación de aplicaciones.

(28)  Para obtener acceso a los datos abiertos para su reutilización por la presente Directiva, resulta necesario utilizar interfaces de programación de aplicaciones (API) adecuadas y bien diseñadas. Una interfaz de programación de aplicaciones describe qué tipo de datos pueden obtenerse, cómo hacerlo y en qué formato se recibirán los datos. Tiene diferentes niveles de complejidad y puede adoptar la forma de un simple enlace a una base de datos para obtener conjuntos de datos específicos, de una interfaz web estructurada o de estructuras más complejas. Existen considerables diferencias entre los Estados miembros respecto a la utilización de interfaces de programación de aplicaciones y debe preverse un apoyo financiero adicional para avanzar hacia un mayor uso de los datos dinámicos y de las interfaces de programación de aplicaciones en general. Las interfaces de programación de aplicaciones son necesarias para el desarrollo de intercambios de información plenamente interoperables. Al reutilizar e intercambiar datos a través de un uso adecuado de interfaces de programación de aplicaciones se crea un valor general que ayudará a los desarrolladores y a las empresas emergentes a crear nuevos servicios y productos. También es un elemento decisivo a la hora de crear ecosistemas valiosos alrededor de activos de datos que están a menudo sin utilizar. La creación y la utilización de interfaces de programación de aplicaciones ha de basarse en varios principios: estabilidad, fiabilidad, disponibilidad, eficiencia, mantenimiento durante la vida útil, uniformidad de uso y normas, facilidad de uso y seguridad. En el caso de los datos dinámicos, que supone la frecuente actualización de los mismos, a menudo en tiempo real, los organismos del sector público y las empresas públicas los deben poner a disposición para su reutilización inmediatamente después de su recopilación por medio de adecuadas interfaces de programación de aplicaciones. En particular, la interfaz de programación de aplicaciones debe respetar el principio de estabilidad, lo que quiere decir que debe funcionar constantemente con las mismas especificaciones técnicas. Asimismo, la interfaz de programación de aplicaciones debe respetar el principio de fiabilidad de forma que, cuando se realicen cambios, estos sean comunicados con suficiente antelación, salvo en casos de urgencia debidamente justificados en los que los cambios deban aplicarse antes. La interfaz de programación de aplicaciones debe garantizar la disponibilidad funcionando a un nivel de calidad constante. Con el fin de garantizar la eficiencia, el rendimiento y complejidad de la interfaz de programación de aplicaciones no deben variar significativamente entre el momento en que el proveedor o productor de datos acceda a ella y el momento en que lo haga el usuario de datos. A fin de mejorar la interoperabilidad de las interfaces de programación de aplicaciones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la adopción de los criterios mínimos para la interoperabilidad de las interfaces de programación de aplicaciones.

Enmienda    21

Propuesta de Directiva

Considerando 32

Texto de la Comisión

Enmienda

(32)  Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su reutilización gratuitamente y, cuando sea necesario aplicar una tarifa esta debe limitarse en principio a los costes marginales. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público. También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las empresas públicas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o del ámbito de aplicación de los servicios de interés general confiados a empresas públicas no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

(32)  Sigue existiendo una amplia gama de prácticas en materia de tarificación por la reutilización de documentos, no solo entre Estados miembros, sino también entre organismos públicos de un mismo Estado miembro. Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su reutilización gratuitamente o, cuando sea necesario aplicar una tarifa, esta debe limitarse en principio a los costes marginales, como se indica en la Comunicación de la Comisión 2014/C 240/01. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer la realización de las misiones de servicio público y el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir al menos el 60 % de los gastos relacionados con los documentos que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las empresas públicas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción, difusión y almacenamiento de datos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. Los Estados miembros deben revisar periódicamente el requisito de generar ingresos para cubrir al menos el 60 % de los gastos.

Enmienda    22

Propuesta de Directiva

Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(32 bis)  El margen de beneficio de la inversión puede entenderse como un porcentaje, además de los costes marginales, que permite la recuperación del coste del capital y la inclusión de una tasa real de rentabilidad. Dado que el coste del capital está estrechamente ligado a los tipos de interés de las entidades de crédito, que a su vez se basan en el tipo de interés fijo del BCE aplicable a las principales operaciones de refinanciación, no debe esperarse que el margen de beneficio razonable de la inversión sea superior en más de un 5 % al tipo de interés fijo del BCE.

Enmienda    23

Propuesta de Directiva

Considerando 36

Texto de la Comisión

Enmienda

(36)  Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público sean claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Unión . Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilización de documentos. Los Estados miembros deben alentar la creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Los solicitantes de la reutilización de documentos que obran en poder de entidades distintas de las empresas públicas, centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación deben estar informados de las vías de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las PYME, que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector público de otros Estados miembros y desconocen las vías de recurso de las que disponen.

(36)  Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público y de acceso a los mismos sean claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Unión. Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilización de documentos y al acceso a los mismos. Los Estados miembros deben alentar la creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Los solicitantes de la reutilización de documentos que obran en poder de entidades distintas de las empresas públicas, centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación y del acceso a dichos documentos deben estar informados de las vías de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las PYME, que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector público de otros Estados miembros y desconocen las vías de recurso de las que disponen.

Enmienda    24

Propuesta de Directiva

Considerando 37

Texto de la Comisión

Enmienda

(37)  Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

(37)  Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de acceso y reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

Enmienda    25

Propuesta de Directiva

Considerando 39

Texto de la Comisión

Enmienda

(39)  En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya concedido una licencia. En otros casos, se expedirá una licencia que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones como la responsabilidad, el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias modelo disponibles en línea pueden desempeñar asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben procurar que estén a disposición licencias modelo.

(39)  Los Estados miembros deben velar por que la reutilización de documentos se realice sin condiciones. Cuando sea necesario y esté justificado por un objetivo de interés público, los Estados miembros podrán imponer condiciones, en su caso mediante una licencia, en relación con cuestiones como la responsabilidad, el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente, garantizando al mismo tiempo la aplicación de las condiciones o los términos de licencia menos restrictivos, incluida la posibilidad de destinar documentos para el dominio público. Si los organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Los Estados miembros deben evaluar, en especial, la compatibilidad de dichas obligaciones con el principio de proporcionalidad, con el fin de garantizar que las licencias o condiciones no imponen restricciones innecesarias a las posibilidades de reutilización o a la competencia. Los Estados miembros también deben fomentar el uso de licencias modelo abiertas para la reutilización de documentos del sector público y garantizar que dichas licencias estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Las licencias abiertas disponibles en línea, que otorgan derechos de reutilización más amplios sin limitaciones tecnológicas, económicas o geográficas y se basan en formatos de datos abiertos, deben desempeñar una importante función y, en su momento, pasar a ser práctica común en toda la Unión. La Comisión debe ofrecer orientación sobre las licencias modelo y los enfoques de concesión de licencias recomendados.

Enmienda    26

Propuesta de Directiva

Considerando 41

Texto de la Comisión

Enmienda

(41)  Las condiciones de reutilización no deben ser discriminatorias para tipos comparables de reutilización. Esto no debe impedir, por ejemplo, el intercambio gratuito de información entre organismos del sector público cuando estos organismos desempeñen sus misiones de servicio público, mientras que otras partes deban abonar una tarifa por la reutilización de los mismos documentos. Esto tampoco debe impedir la adopción de una política de tarifas diferenciada para la reutilización comercial y no comercial.

(41)  Las condiciones de reutilización no deben ser discriminatorias para tipos comparables de reutilización. Los Estados miembros deben garantizar una competencia leal entre los organismos del sector público y las empresas públicas, por un lado, y los demás usuarios, por otro, cuando los documentos sean reutilizados por dichos organismos del sector público o empresas públicas como base para sus actividades comerciales. Los Estados miembros deben, en particular, garantizar que la reutilización de documentos de las empresas públicas no conlleve una distorsión del mercado y no perjudique la competencia leal. Esto no debe impedir, por ejemplo, el intercambio gratuito de información entre organismos del sector público cuando estos organismos desempeñen sus misiones de servicio público, mientras que otras partes deban abonar una tarifa por la reutilización de los mismos documentos. Esto tampoco debe impedir la adopción de una política de tarifas diferenciada para la reutilización comercial y no comercial.

Enmienda    27

Propuesta de Directiva

Considerando 42

Texto de la Comisión

Enmienda

(42)  En relación con cualquier tipo de reutilización de un documento, es conveniente que los organismos del sector público puedan, en su caso mediante licencia, imponer condiciones como el reconocimiento de la fuente y el reconocimiento de si el documento ha sido modificado de alguna manera por el reutilizador. En cualquier caso, las licencias para la reutilización de información del sector público deben plantear las mínimas restricciones posibles sobre la reutilización, limitándolas, por ejemplo, a una indicación de la fuente. Las licencias abiertas en línea, que otorgan derechos de reutilización más amplios sin limitaciones tecnológicas, económicas o geográficas y se basan en formatos de datos abiertos, deben desempeñar también una importante función en este aspecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su momento, debe pasar a ser práctica común en toda la Unión.

suprimido

Enmienda    28

Propuesta de Directiva

Considerando 43

Texto de la Comisión

Enmienda

(43)  Los organismos del sector público deben tomar en consideración las normas de competencia al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre ellos mismos y socios particulares. No obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, puede resultar a veces necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público. Tal puede ser el caso si ningún editor comercial está dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos.

(43)  Los organismos del sector público deben tomar en consideración las normas de competencia al establecer los principios para la reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos o cualquier uso preferente de los datos entre ellos mismos y socios particulares. No obstante, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, puede resultar a veces necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público. Tal puede ser el caso si ningún editor comercial está dispuesto a publicar la información de no concedérsele derechos exclusivos.

Enmienda    29

Propuesta de Directiva

Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(51 bis)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.

Enmienda    30

Propuesta de Directiva

Considerando 52

Texto de la Comisión

Enmienda

(52)  Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos prácticos mencionados.

(52)  Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su acceso y reutilización, así como las condiciones de reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Dichos dispositivos prácticos pueden consistir en listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados.

Enmienda    31

Propuesta de Directiva

Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(52 bis)  La Comisión y los Estados miembros deben continuar simplificando el acceso a los conjuntos de datos, en particular proporcionando un punto único de acceso y facilitando progresivamente conjuntos de datos adecuados de los organismos del sector público por lo que respecta a todos los documentos a los que se aplica la presente Directiva, así como a los datos procedentes de las instituciones de la Unión.

Enmienda    32

Propuesta de Directiva

Considerando 58

Texto de la Comisión

Enmienda

(58)  Con el fin de crear condiciones favorables a la reutilización de documentos que conlleve importantes beneficios socioeconómicos que supongan un gran valor específico para la economía y la sociedad, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la adopción de una lista de conjuntos de datos de gran valor entre los documentos a los que se aplica la presente Directiva, así como las modalidades de su publicación y reutilización. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(58)  Con el fin de crear condiciones favorables a la reutilización de documentos que conlleve importantes beneficios cívicos o socioeconómicos que supongan un gran valor específico para la economía y la sociedad, en el anexo II bis se incluye una lista de categorías de conjuntos de datos de gran valor. Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a las adiciones a la lista de categorías de conjuntos de datos establecida en el anexo II bis y a la adición de conjuntos de datos de gran valor específicos entre los documentos a los que se aplica la presente Directiva, así como las modalidades de su publicación y reutilización. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 20161 bis. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

 

_______________

 

1 bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda    33

Propuesta de Directiva

Considerando 59

Texto de la Comisión

Enmienda

(59)  Una lista a escala de la Unión de conjuntos de datos con un potencial particular para generar beneficios socioeconómicos, junto con condiciones de reutilización armonizadas, constituye un importante factor de aplicaciones y servicios de datos transfronterizos. En el proceso que desemboque en la elaboración de la lista, la Comisión debe efectuar las consultas pertinentes, incluido a nivel de expertos. La lista debe tener en cuenta la legislación sectorial que ya regula la publicación de conjuntos de datos, así como las categorías indicadas en el anexo técnico de la Carta sobre los Datos Abiertos del G-8 y en la Comunicación de la Comisión 2014/C 240/01.

(59)  Una lista a escala de la Unión de conjuntos de datos con un potencial particular para generar beneficios cívicos o socioeconómicos, junto con condiciones de reutilización armonizadas, constituye un importante factor de aplicaciones y servicios de datos transfronterizos. El anexo II bis proporciona una lista de categorías de conjuntos de datos de gran valor que podría modificarse mediante un acto delegado. Las categorías adicionales para la lista deben tener en cuenta la legislación sectorial que ya regula la publicación de conjuntos de datos, así como las categorías indicadas en el anexo técnico de la Carta sobre los Datos Abiertos del G-8 y en la Comunicación de la Comisión 2014/C 240/01. En el proceso que desemboque en la identificación de categorías o conjuntos de datos adicionales para la lista, la Comisión debe efectuar una evaluación de impacto y las consultas públicas pertinentes, también entre expertos. A efectos de la evaluación de impacto, la Comisión debe llevar a cabo consultas públicas con todas las partes interesadas, incluidos los organismos del sector público, las empresas públicas, los reutilizadores de datos, las organizaciones de investigación, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones representativas. Todas las partes interesadas deben tener la posibilidad de presentar sugerencias a la Comisión sobre categorías adicionales de conjuntos de datos de gran valor o conjuntos de datos concretos.

Enmienda    34

Propuesta de Directiva

Considerando 60

Texto de la Comisión

Enmienda

(60)  A fin de garantizar su máxima repercusión y facilitar la reutilización, los conjuntos de datos de gran valor deben ponerse a disposición para su reutilización con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno. También deben ser publicados a través de interfaces de programación de aplicaciones, siempre que el conjunto de datos en cuestión contenga datos dinámicos.

(60)  A fin de garantizar su máxima repercusión y facilitar la reutilización, los conjuntos de datos de gran valor deben ponerse a disposición para su reutilización con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno. Los conjuntos de datos de gran valor deben publicarse a través de un punto único de acceso para fomentar la localización y facilitar el acceso. También deben ser publicados a través de interfaces de programación de aplicaciones, siempre que el conjunto de datos en cuestión contenga datos dinámicos.

Enmienda    35

Propuesta de Directiva

Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(60 bis)  Los conjuntos de datos de gran valor identificados dentro de las categorías enumeradas en el anexo II bis tienen el potencial de generar beneficios cívicos o socioeconómicos y de potenciar tareas sociales y democráticas fundamentales. A fin de promover los objetivos de transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento, eficiencia y competencia leal, es necesario incluir conjuntos de datos de categorías tales como: registros mercantiles, presupuesto y gastos del Gobierno, contratación pública y estadísticas. Para fomentar servicios y productos innovadores, estimular el crecimiento sostenible y contribuir a la aplicación de normas rigurosas de protección de los consumidores, teniendo en cuenta, entre otros, factores que no tienen un valor económico inmediato, como la educación, el medio ambiente o la asistencia sanitaria, es necesario incluir conjuntos de datos de las categorías: Derecho nacional, observación de la Tierra y medio ambiente y datos geoespaciales.

Enmienda    36

Propuesta de Directiva

Considerando 62

Texto de la Comisión

Enmienda

(62)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el derecho a la privacidad (artículo 7), la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la propiedad (artículo 17) y la integración de personas con discapacidad (artículo 26) . Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(62)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el derecho a la privacidad (artículo 7), la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), la libertad de expresión y de información (artículo 11), el derecho a la propiedad (artículo 17) y la integración de personas con discapacidad (artículo 26). Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Enmienda    37

Propuesta de Directiva

Considerando 63

Texto de la Comisión

Enmienda

(63)  La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva. De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201641, esta evaluación debe basarse en los cinco criterios siguientes: la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión y deben servir de base para las evaluaciones de impacto de otras posibles medidas.

(63)  La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva [36 meses después de su transposición]. De conformidad con el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201641, esta evaluación debe basarse en los cinco criterios siguientes: la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la Unión y deben servir de base para las evaluaciones de impacto de otras posibles medidas. Tras la evaluación, la Comisión podría presentar propuestas pertinentes, en caso necesario.

__________________

__________________

41 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

41 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda    38

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

-1.  La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco normativo que regule la reutilización de la información del sector público a fin de promover el uso de datos abiertos y estimular la innovación en productos y servicios.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    39

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión

Enmienda

b)  los documentos existentes conservados por empresas públicas que lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo42 y por empresas públicas que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo43, empresas públicas que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo44, y empresas públicas que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo45.

b)  los documentos de acceso público conservados por empresas públicas que lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo42 y por empresas públicas que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo43, empresas públicas que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo44, y empresas públicas que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo45.

__________________

__________________

42 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

42 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

43 Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.

43 Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).

44 Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3-20).

44 Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).

45 Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7-10).

45 Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7).

Enmienda    40

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 2 – letra d – guion 1

Texto de la Comisión

Enmienda

—  protección de la seguridad nacional ( es decir, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública,

—  protección de la seguridad y la defensa nacionales o del orden público, incluida la información sensible sobre protección de infraestructuras críticas según se define en el artículo 2, letra d), de la Directiva 2008/114/CE,

Enmienda    41

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

3 bis.  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y no afecta al nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo al Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales.

Enmienda    42

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 5

Texto de la Comisión

Enmienda

5.  Los organismos del sector público no ejercerán el derecho del fabricante de una base de datos, previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, para evitar o restringir la reutilización de documentos con arreglo a la presente Directiva.

5.  No se ejercerá el derecho del fabricante de una base de datos, previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, para evitar o restringir la reutilización de documentos con arreglo a la presente Directiva.

Enmienda    43

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 6

Texto de la Comisión

Enmienda

6.  La presente Directiva regula la reutilización de los documentos existentes conservados por los organismos del sector público de los Estados miembros, incluidos los documentos a los que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo46.

6.  La presente Directiva regula la reutilización de los documentos existentes conservados por los organismos del sector público y las empresas públicas de los Estados miembros, incluidos los documentos a los que se aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo46.

__________________

__________________

46 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

46 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

Enmienda    44

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

6 bis.  interfaz de programación de aplicaciones (API): conjunto bien documentado de funciones, procedimientos, definiciones y protocolos para la recuperación estructurada de información en línea;

Enmienda    45

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión

Enmienda

8.  conjuntos de datos de gran valor: documentos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios socioeconómicos, principalmente debido a su idoneidad para la creación de servicios y aplicaciones de valor añadido y al número de beneficiarios potenciales de los servicios y aplicaciones de valor añadido basados en tales conjuntos de datos.

8.  conjuntos de datos de gran valor: documentos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios cívicos o socioeconómicos, principalmente debido a su idoneidad para la creación de servicios y aplicaciones de valor añadido y al número de beneficiarios potenciales de los servicios y aplicaciones de valor añadido basados en tales conjuntos de datos;

Enmienda    46

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

14 bis.  datos personales: los datos definidos en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679.

Enmienda    47

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

1.  Los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

Enmienda    48

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 bis.  Los Estados miembros se asegurarán de que los documentos que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se elaboren y se pongan a disposición para su reutilización según el principio de «datos abiertos desde el diseño y por defecto».

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    49

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

1.  Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de acceso a los documentos y/o de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia para su reutilización, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

Enmienda    50

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo no superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla.

2.  Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia para su reutilización, ultimarán la oferta de licencia al solicitante lo antes posible o, a más tardar, en un plazo no superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante lo antes posible y, en cualquier caso, en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla y las razones de ello.

Enmienda    51

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3.  En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a g, o el artículo 3. Si la Decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra c), el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.

3.  En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán en un plazo de 20 días hábiles al solicitante los motivos de la denegación parcial o total del acceso y/o la reutilización de un documento en la forma o formato solicitados, sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a g). Si la Decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra c), el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.

Enmienda    52

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

3 bis.  Los Estados miembros elaborarán una lista públicamente accesible de criterios que sirva para que el organismo interesado pueda decidir respecto del curso ulterior de la solicitud.

Enmienda    53

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

4 bis.  A efectos del presente artículo, los Estados miembros garantizarán que:

 

a)  se conceda apoyo cuando se trate de acceso a los documentos;

 

b)   las listas de organismos del sector público sean accesibles públicamente;

 

c)  se definan las modalidades prácticas para velar por el ejercicio efectivo de la reutilización de la información del sector público;

 

d)  los organismos del sector público informen al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Directiva y que son también resultado de las normas existentes de acceso a la información establecidas a escala nacional o de la Unión, y faciliten en la medida en que se considere apropiado información, consejo y asesoramiento al efecto.

Enmienda    54

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – título

Texto de la Comisión

Enmienda

Formatos disponibles

Formatos disponibles y calidad de los documentos

Enmienda    55

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

-1.  Los Estados miembros harán todos los esfuerzos razonables para velar por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva estén actualizados y sean precisos y comparables.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    56

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V, los organismos del sector público y las empresas públicas facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán , cuando sea posible, normas formales abiertas.

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V, los organismos del sector público y las empresas públicas facilitarán sus documentos de modo que sean interoperables, fáciles de localizar, reutilizables mediante medios electrónicos, en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán, cuando sea posible, normas formales abiertas.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    57

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3.  Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público ni a las empresas públicas que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

3.  No se exigirá a los organismos del sector público ni a las empresas públicas que mantengan la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    58

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión

Enmienda

4.  Los organismos del sector público y las empresas públicas pondrán a disposición los datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su recopilación, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).

4.  Los organismos del sector público y las empresas públicas pondrán a disposición los datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su recopilación, siempre que sea posible en tiempo real y sin demora, a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).

Enmienda    59

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión

Enmienda

5.  Cuando la puesta a disposición de documentos inmediatamente después de su recopilación pueda superar las capacidades financieras y técnicas del organismo del sector público o de la empresa pública, los documentos contemplados en el apartado 4 se pondrán a disposición en un plazo que no perjudique indebidamente la explotación de su potencial económico.

5.  Cuando la puesta a disposición de documentos inmediatamente después de su recopilación en tiempo real y sin demora pueda superar las capacidades financieras y técnicas del organismo del sector público o de la empresa pública, los documentos contemplados en el apartado 4 se pondrán a disposición en un plazo que no perjudique indebidamente la explotación de su potencial económico. Se notificará a los usuarios el tiempo exacto en que los documentos estarán disponibles y la frecuencia de actualización de los mismos.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    60

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

5 bis.  Cuando proceda, los organismos del sector público responderán a las solicitudes de información sobre la metodología empleada para recopilar los documentos.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    61

Propuesta de Directiva

Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Artículo 5 bis

 

Interfaces de programación de aplicaciones

 

1.  Siempre que se ponga a disposición de un solicitante un documento para su reutilización o cuando se conceda una licencia a un solicitante, un organismo del sector público o una empresa pública también pondrá a disposición dicho documento para su reutilización a través de interfaces de programación de aplicaciones y portales, si resulta posible y adecuado.

 

2.  Cuando un organismo del sector público o una empresa pública ponga a disposición información para su reutilización a través de una interfaz de programación de aplicaciones, dicho organismo dará acceso a todos los usuarios. En particular por lo que respecta a la información en tiempo real, el organismo del sector público o la empresa pública garantizarán también el acceso a información anterior, cuando se disponga de ella. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Derecho de la Unión. En caso de que tales obligaciones existan, las restricciones derivadas estarán justificadas y la justificación se pondrá a disposición del público.

 

3.  Cuando se use una interfaz de programación de aplicaciones para facilitar información, esta tendrá el mismo ámbito y alcance que cuando se ponga a disposición por otros medios.

 

4.  Los organismos del sector público o las empresas públicas desarrollarán y documentarán la interfaz de programación de aplicaciones y sus especificaciones técnicas utilizando normas abiertas y formatos estructurados, legibles por máquina y abiertos.

 

5.  Los organismos del sector público o las empresas públicas comunicarán por adelantado a los usuarios cualquier cambio en las especificaciones técnicas de una interfaz de programación de aplicaciones, tan pronto como sea posible y a más tardar tres meses antes de que se implemente dicho cambio, salvo en casos de urgencia debidamente justificados en los que los cambios deban aplicarse de forma inmediata.

 

6.  Los organismos del sector público o las empresas públicas garantizarán que se pueda acceder constantemente a la interfaz de programación de aplicaciones y que esta tenga un nivel de calidad constante.

 

7.  Los organismos del sector público o las empresas públicas pondrán a disposición el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones y sus especificaciones técnicas según las condiciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la presente Directiva. La documentación se pondrá a disposición de forma gratuita, aplicando el menor número posible de restricciones y condiciones formales, pero en cualquier caso según unas condiciones no más restrictivas que aquellas aplicadas a la propia información.

 

8.  La Comisión establecerá criterios para la interoperabilidad de las interfaces de programación de aplicaciones entre los organismos del sector público y las empresas públicas de los Estados miembros para facilitar la reutilización de documentos a través de interfaces de programación de aplicaciones y para apoyar la interacción de máquina a máquina.

 

9.  La Comisión adoptará las medidas mencionadas en el apartado 8 mediante un acto delegado de conformidad con el artículo 14.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    62

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  La reutilización de documentos será gratuita o se limitará a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión , y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial .

1.  La reutilización de documentos será gratuita.

Enmienda    63

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  A título de excepción, lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a:

2.  Los Estados miembros podrán decidir no aplicar los apartados 1 y 1 bis a:

Enmienda    64

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión

Enmienda

a)  los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público;

a)  los documentos para los cuales la legislación nacional exija a los organismos del sector público en cuestión que generen ingresos suficientes para cubrir al menos el 60 % de los costes relacionados con su recogida, producción, reproducción, difusión y almacenamiento de datos;

Enmienda    65

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3.  En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y c) , el precio total se calculará conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables que establecerán los Estados miembros. Los ingresos totales obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables .

3.  En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y c), el precio total se calculará conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables que establecerán los Estados miembros. Los ingresos totales obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión y almacenamiento de datos, y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables.

Enmienda    66

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión

Enmienda

4.  Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 2, letra b), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de derechos y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial , incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.

4.  Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 2, letra b), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, almacenamiento de datos, conservación y compensación de derechos y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial , incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.

Enmienda    67

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión

Enmienda

5.  Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente los conjuntos de datos de gran valor, cuya lista se definirá de conformidad con el artículo 13, y los datos de investigación contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c).

5.  Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente los conjuntos de datos de gran valor, cuya lista se definirá de conformidad con el artículo 13 y el anexo II bis, y los datos de investigación contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c).

Enmienda    68

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

5 bis.  Los Estados miembros publicarán por medios electrónicos, cuando resulte posible y adecuado, la lista de documentos a que se refiere el apartado 2, letra a). La inclusión previa en la lista de un documento será un requisito previo para la invocación de las excepciones a las que se hace referencia en el apartado 2, letra a).

Enmienda    69

Propuesta de Directiva

Artículo 7 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

-1.  Los Estados miembros podrán comunicar los costes que deberán soportarse por la reproducción, difusión y almacenamiento de datos de documentos, así como, cuando proceda, los costes por la anonimización de datos personales y por las medidas para proteger la confidencialidad, con arreglo al artículo 1, apartado 2, letra d).

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    70

Propuesta de Directiva

Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3.  Los Estados miembros publicarán una lista de organismos del sector público a que se refiere el artículo 6, apartado 2, letra a).

suprimido

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    71

Propuesta de Directiva

Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  La reutilización de documentos podrá ser autorizada sin o con condiciones, en su caso mediante una licencia. Tales condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia.

1.  Los Estados miembros no supeditarán la reutilización de documentos a condiciones o a la obtención de una licencia, salvo si la necesidad de tales condiciones o de una licencia no presenta un carácter discriminatorio, está justificada por un objetivo de interés público y es proporcionada.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    72

Propuesta de Directiva

Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros velarán por que las licencias modelo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán adaptarse para responder a solicitudes concretas de licencia, estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados miembros alentarán el uso de dichas licencias modelo.

2.  Cuando la reutilización de documentos esté sujeta a condiciones o a la obtención de una licencia, los Estados miembros:

 

a)  velarán por que dichas condiciones o licencias no restrinjan de manera innecesaria las posibilidades de reutilización o de competencia y por que los datos se divulguen bajo las condiciones o condiciones de licencia menos restrictivas, incluida la posibilidad de destinar documentos al dominio público;

 

b)  evaluarán si existen licencias abiertas de uso común que cumplan dichas condiciones; los Estados miembros usarán entonces la licencia o licencias compatibles usadas más comúnmente y menos restrictivas;

 

c)  fomentarán el uso de licencias modelo abiertas para la reutilización de documentos del sector público y garantizarán que dichas licencias estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    73

Propuesta de Directiva

Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 bis.  Sin perjuicio de los requisitos en materia de responsabilidad impuestos por el Derecho de la Unión, cuando un organismo público o una empresa pública ponga a disposición documentos para su reutilización sin condiciones ni restricciones, dicho organismo público o empresa pública podrá eximirse de toda responsabilidad con respecto a los documentos puestos a disposición para su reutilización.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    74

Propuesta de Directiva

Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas.

1.  Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    75

Propuesta de Directiva

Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

1 bis. Los Estados miembros garantizarán que los organismos del sector público y las empresas públicas faciliten a la Comisión el acceso necesario a todos los datos que pongan a disposición para su reutilización para permitir la agregación de conjuntos de datos a nivel de la Unión, en particular para ofrecer conjuntos de datos de cobertura completa para la Unión para una categoría particular de datos, como se establece en el anexo II bis. La Comisión creará dispositivos prácticos para poner a disposición conjuntos de datos a escala de la Unión a través de un punto único de acceso.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    76

Propuesta de Directiva

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 bis.  A más tardar [dos años después de la fecha de transposición de la presente Directiva] y a continuación cada tres años, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre las políticas nacionales en materia de acceso abierto y las medidas pertinentes que hayan sido adoptadas.

Enmienda    77

Propuesta de Directiva

Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  Si un organismo del sector público reutiliza los documentos como base para sus actividades comerciales ajenas a su misión de servicio público, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.

2.  Los Estados miembros garantizarán la competencia leal entre los organismos del sector público y las empresas públicas, por un lado, y los demás usuarios, por otro, en caso de que dichos organismos del sector público o empresas públicas reutilicen los documentos como base para sus actividades comerciales ajenas a su misión de servicio público, velando por que se apliquen a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los demás usuarios. 3. Del mismo modo, los Estados miembros garantizarán que la reutilización de documentos e información de las empresas públicas no conlleve una distorsión de la competencia leal.

Enmienda    78

Propuesta de Directiva

Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público o empresas públicas que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

1.  La reutilización de documentos estará abierta a todos los usuarios potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más usuarios exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público o empresas públicas que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos ni ningún uso preferente de los datos.

Enmienda    79

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, la Comisión adoptará la lista de conjuntos de datos de gran valor entre los documentos a los cuales se aplica la presente Directiva junto con las modalidades de su publicación y reutilización.

1.  Los Estados miembros garantizarán que los conjuntos de datos de gran valor incluidos en el anexo II bis estén disponibles de forma gratuita y sean legibles por máquina y accesibles para su descarga, y, si procede, a través de interfaces de programación de aplicaciones interoperables. Las condiciones para su reutilización serán compatibles con las licencias abiertas estándar. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 con el fin de ampliar la lista de categorías de conjuntos de datos de gran valor del anexo II bis y, en particular, para especificar más detalladamente los conjuntos de datos de estas categorías, entre los documentos a los cuales se aplica la presente Directiva junto con las condiciones y modalidades de su publicación y reutilización.

Enmienda    80

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  Estos conjuntos de datos estarán disponibles de forma gratuita, serán legibles por máquina y accesibles a través de interfaces de programación de aplicaciones. Las condiciones para su reutilización serán compatibles con las licencias abiertas estándar.

suprimido

Enmienda    81

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3.  A modo de excepción, la disponibilidad gratuita contemplada en el apartado 2 no se aplicará a los conjuntos de datos de gran valor de las empresas públicas si de la evaluación de impacto a que se refiere el artículo 13, apartado 7, se desprende que la puesta a disposición gratuita de los conjuntos de datos supondrá una considerable distorsión de la competencia en los respectivos mercados.

3.  A modo de excepción, la disponibilidad gratuita contemplada en el apartado 1 no se aplicará a los conjuntos de datos de gran valor de las empresas públicas si de la evaluación de impacto a que se refiere el artículo 13, apartado 7, se desprende que la puesta a disposición gratuita de los conjuntos de datos supondrá una considerable distorsión de la competencia en los respectivos mercados y si no se dispone de un enfoque menos restrictivo para mitigar dicha distorsión, las tarifas se calcularán sin perjuicio del artículo 6.

Enmienda    82

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión

Enmienda

4.  Además de las condiciones establecidas en el apartado 2, la Comisión podrá definir otras disposiciones aplicables, en particular

suprimido

a.  las condiciones para la reutilización;

 

b.  los formatos de los datos y los metadatos y las modalidades técnicas de su publicación y difusión.

 

Enmienda    83

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión

Enmienda

5.  La selección de los conjuntos de datos que se incluirán en la lista contemplada en el apartado 1 se basará en la valoración de su potencial para generar beneficios socioeconómicos, en el número de usuarios y en los ingresos que puedan contribuir a generar, y en su potencial para ser combinados con otros conjuntos de datos.

5.  La selección de categorías adicionales y conjuntos de datos de gran valor que se incluirán en la lista contemplada en el apartado 1 se basará en la valoración de su potencial para generar beneficios cívicos o socioeconómicos significativos, en la innovación, en el número de usuarios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y en los ingresos que puedan contribuir a generar, y en su potencial para ser combinados con otros conjuntos de datos.

Enmienda    84

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

7 bis.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 7, la Comisión llevará a cabo consultas públicas con todas las partes interesadas, incluidos los organismos del sector público, las empresas públicas, los reutilizadores de datos, las organizaciones de investigación, los grupos de la sociedad civil y otras organizaciones representativas. Todas las partes interesadas tendrán la posibilidad de presentar sugerencias a la Comisión sobre categorías adicionales de conjuntos de datos de gran valor o conjuntos de datos concretos. La Comisión las tendrá en cuenta, o facilitará a la parte interesada los motivos por los que no se tiene en cuenta la sugerencia.

Enmienda    85

Propuesta de Directiva

Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 13 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del [fecha entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 5 bis y 13 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del [fecha entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

Enmienda    86

Propuesta de Directiva

Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 13 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

3.  La delegación de poderes mencionada en los artículos 5 bis y 13 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

Enmienda    87

Propuesta de Directiva

Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión

Enmienda

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 13 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 5 bis y 13 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Enmienda    88

Propuesta de Directiva

Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Cuando hayan transcurrido como mínimo cuatro años desde la fecha de transposición de la presente Directiva, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. La evaluación se llevará a cabo de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación47. Los Estados miembros suministrarán a la Comisión la información necesaria para la preparación del informe.

1.  A más tardar el [36 meses a partir de la fecha de transposición de la presente Directiva] y, como muy tarde, cada cinco años a partir de entonces, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. La evaluación se llevará a cabo de conformidad con las directrices de la Comisión para la mejora de la legislación47. Los Estados miembros suministrarán a la Comisión la información necesaria para la preparación del informe.

__________________

__________________

47 SWD (2017)0350

47 SWD (2017)0350

Enmienda    89

Propuesta de Directiva

Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  En dicha evaluación se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público a los cuales se aplica la presente Directiva , los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, la reutilización de documentos conservados por otras entidades distintas de los organismos del sector público, la interacción entre las normas sobre protección de datos y las posibilidades de reutilización, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la economía europea de los datos .

2.  En dicha evaluación se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones cívicas y socioeconómicas de la presente Directiva, señalando la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público a los cuales se aplica la presente Directiva, el efecto de los conjuntos de datos de gran valor, la pertinencia para partes interesadas específicas como consumidores y empresas, en especial las pymes, los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, la reutilización de documentos conservados por otras entidades distintas de los organismos del sector público, la disponibilidad y el uso de interfaces de programación de aplicaciones, la interacción entre las normas sobre protección de datos y las posibilidades de reutilización, así como otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y el desarrollo de la economía europea de los datos.

Enmienda    90

Propuesta de Directiva

Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 bis.  En su caso, el informe mencionado en el apartado 1 irá acompañado de las correspondientes propuestas.

Enmienda    91

Propuesta de Directiva

Anexo II bis (nuevo)

Categoría

Ejemplos de conjuntos de datos

Presupuesto y gastos

Gastos y subvenciones previstos y en curso, registros detallados del gasto en todos los niveles de gobierno

Empresas

Registros mercantiles y de sociedades (listas de empresas registradas, datos sobre propiedad y gestión, identificadores de registro, balances)

Observación de la Tierra y medio ambiente

Datos espaciales e in situ (seguimiento de las condiciones meteorológicas, la calidad del suelo y del agua, el consumo de energía y los niveles de emisión)

Datos geoespaciales

Datos espaciales en virtud de la Directiva 2007/2/CE (INSPIRE), incluidos códigos postales, mapas nacionales y locales (catastrales, topográficos, marinos, de límites administrativos, con una escala de 1:20 000 como mínimo (1 cm ~ 200 m))

Derecho nacional

Medidas legislativas, reglamentarias y administrativas; proyectos de medidas, incluida información sobre procedimientos en relación con su adopción; medidas que han sido modificadas o derogadas o que ya no están en vigor; documentos de acompañamiento, como exposiciones de motivos, evaluaciones de impacto, dictámenes de órganos consultivos y registros de votaciones; jurisprudencia

Contratación pública

Licitaciones anteriores y actuales, y concesiones a todos los niveles de la administración, agregadas por departamento, en todos los estados (por ejemplo, abierta, cerrada, cancelada)

Estadísticas

Datos estadísticos nacionales, regionales y locales con los principales indicadores demográficos y económicos (PIB, edad, desempleo, ingresos, educación)

ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS DE LAS QUE LA PONENTE HA RECIBIDO CONTRIBUCIONES

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva responsabilidad de la ponente. La ponente ha recibido contribuciones de las siguientes organizaciones o personas durante la preparación de la opinión, hasta su aprobación en comisión:

Persona

Entidad

Henning Twickler

EDSO for Smart Grids

Camille Alleguede

ENEDIS

 

European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Dr. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título

Reutilización de la información del sector público (versión refundida)

Referencias

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Opinión emitida por

       Fecha del anuncio en el Pleno

IMCO

28.5.2018

Comisiones asociadas - fecha del anuncio en el Pleno

13.9.2018

Ponente de opinión

       Fecha de designación

Julia Reda

16.5.2018

Examen en comisión

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Fecha de aprobación

11.10.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

30

1

5

Miembros presentes en la votación final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Suplentes presentes en la votación final

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

(1)

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD (2018) 145 final, página 24.

(2)

SWD (2018) 145 final, página 27.

(3)

Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/

(4)

Cabinet Office: Carta sobre los Datos Abiertos del G-8 y anexo técnico https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/

(6)

OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/


OPINIÓN de la Comisión de Cultura y Educación (27.11.2018)

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Ponente de opinión: Theodoros Zagorakis

BREVE JUSTIFICACIÓN

La reutilización de la información del sector público puede reportar beneficios económicos, sociales y democráticos al permitir que otros usuarios, además de las autoridades públicas originarias, desarrollen nuevos productos y servicios empleando información oficial. Es una manera de estimular la actividad económica y de aumentar la eficiencia y la transparencia de la función pública.

La Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público, un instrumento fundamental de la Unión para abrir el acceso a los datos de las administraciones públicas con fines económicos persiguiendo a la vez objetivos sociales, animó a los organismos públicos a dar acceso a su información estableciendo normas aplicables cuando se haya optado por una decisión discrecional para permitir la reutilización.

La Directiva, revisada en julio de 2013, dio un paso más al hacer que la reutilización fuese obligatoria para la mayoría de las autoridades públicas, abarcando así a museos, bibliotecas (incluidas las universitarias) y archivos a fin de aumentar la transparencia, la innovación basada en los datos y la competencia leal.

El 25 de abril de 2018, la Comisión publicó una propuesta legislativa para refundir la Directiva con el objetivo de seguir fomentando y facilitando la reutilización. La refundición persigue, en particular, reforzar la posición de las pymes disminuyendo las barreras del mercado para la reutilización de la información del sector público con fines comerciales e incorporando al mismo tiempo a las empresas públicas y los datos de investigación en el ámbito de aplicación de la Directiva.

El ponente acoge la propuesta de la Comisión favorablemente. Respalda en especial el enfoque propuesto por la Comisión de no modificar el tratamiento actual de los organismos del sector cultural (bibliotecas, archivos y museos), ya que en este campo la Directiva funciona satisfactoriamente.

Por otro lado, el ponente toma nota de la intención de la Comisión de designar, mediante un acto delegado, ciertas bases de datos de gran valor del sector público (artículo 13: Lista de conjuntos de datos de gran valor) para que, en una fecha futura, se pongan a disposición gratuitamente. El ponente no se opone a este aspecto de la propuesta de la Comisión. No obstante, quisiera destacar que dicha lista debe ser lo más clara y detallada posible para garantizar la seguridad jurídica a todas las partes interesadas.

En este contexto, el ponente brinda todo su apoyo a la propuesta de la Comisión y sugiere un conjunto mínimo de modificaciones con el fin de aportar más claridad jurídica, así como de especificar en mayor medida ciertas disposiciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda    1

Propuesta de Directiva

Considerando 6

Texto de la Comisión

Enmienda

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica, turística y sobre empresas, patentes y educación. Los documentos elaborados por los organismos del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, por ejemplo información social, económica, cultural, geográfica, meteorológica, turística y sobre empresas, patentes y educación. Los documentos elaborados por los organismos del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.

Enmienda    2

Propuesta de Directiva

Considerando 19

Texto de la Comisión

Enmienda

(19)  La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos y sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión, los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

(19)  La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la reutilización de todos los documentos, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en los regímenes de acceso actualmente en vigor en los Estados miembros. A este respecto, no modifica las normas nacionales de acceso a documentos ni establece derechos de acceso específicos u obligaciones respecto a la publicación de información, algo que deben seguir decidiendo los Estados miembros de manera discrecional. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión, los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

Justificación

La Directiva solo debe prever normas relativas a la reutilización de los documentos públicos, puesto que los Estados miembros tienen competencias exclusivas en materia de acceso a los documentos. Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    3

Propuesta de Directiva

Considerando 31

Texto de la Comisión

Enmienda

(31)  Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por máquina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad los datos específicos que contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por máquina deben considerarse datos legibles por máquina. Los formatos legibles por máquina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento automático, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse fácilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por máquina. Cuando sea posible y proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por máquina.

(31)  Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por máquina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad y de forma tecnológicamente neutra los datos específicos que contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por máquina deben considerarse datos legibles por máquina. Los formatos legibles por máquina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento automático, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse fácilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por máquina. Cuando sea posible y proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por máquina.

Enmienda    4

Propuesta de Directiva

Considerando 32

Texto de la Comisión

Enmienda

(32)  Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su reutilización gratuitamente y, cuando sea necesario aplicar una tarifa esta debe limitarse en principio a los costes marginales. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público . También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las empresas públicas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o del ámbito de aplicación de los servicios de interés general confiados a empresas públicas no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

(32)  Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes, en particular en los sectores cultural y creativo. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su reutilización gratuitamente y, cuando sea necesario aplicar una tarifa esta debe limitarse en principio a los costes marginales. Los costes marginales están formados por los gastos adicionales derivados de la digitalización, el almacenamiento y la gestión de documentos, así como por los costes del almacenamiento digital masivo, la labor suplementaria de convertir los datos a un formato legible por máquina y la carga adicional que generan las medidas relativas a la infraestructura. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público. También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las empresas públicas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o del ámbito de aplicación de los servicios de interés general confiados a empresas públicas no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    5

Propuesta de Directiva

Considerando 52

Texto de la Comisión

Enmienda

(52)  Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos prácticos mencionados.

(52)  Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos prácticos mencionados. Las medidas para facilitar la autenticación de documentos públicos también ofrecen importantes garantías para los usuarios.

Justificación

Teniendo en cuenta los riesgos de la piratería informática o la manipulación en la era digital, resulta importante que el sector público pueda autenticarse para poder confiar en él. Existen herramientas fácilmente disponibles, e implementarlas en una fase temprana del proceso exige relativamente poco esfuerzo y reporta un gran beneficio.

Enmienda    6

Propuesta de Directiva

Considerando 57

Texto de la Comisión

Enmienda

(57)  Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Unión. Las bibliotecas, los museos y los archivos contienen una considerable cantidad de valiosos recursos de información del sector público, dado en particular que los proyectos de digitalización han multiplicado la cantidad de material digital de dominio público. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme potencial de reutilización innovadora en sectores tales como el aprendizaje y el turismo. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, óperas, ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del ámbito de aplicación debido a su especificidad respecto de las «artes escénicas» y dado que la práctica totalidad de su material está sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que permanecería excluido del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Unas posibilidades más amplias de reutilización del material cultural público deben, entre otras cosas, permitir a las empresas de la Unión aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo.

(57)  Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Unión. Las bibliotecas, los museos y los archivos contienen una considerable cantidad de valiosos recursos de información del sector público. La reutilización de los documentos que obran en poder de estas instituciones ofrece un importante potencial social y económico para las industrias culturales y creativas, así como para la sociedad, dado en particular que los proyectos de digitalización han multiplicado la cantidad de material digital de dominio público, al que puede accederse desde plataformas como Europeana. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme potencial de reutilización innovadora, no solo en los sectores cultural y creativo, sino también en sectores tales como el aprendizaje y el turismo. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, óperas, ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del ámbito de aplicación debido a su especificidad respecto de las «artes escénicas» y dado que la práctica totalidad de su material está sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo que permanecería excluido del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Unas posibilidades más amplias de reutilización del material cultural público deben, entre otras cosas, permitir a las empresas de la Unión aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    7

Propuesta de Directiva

Considerando 60

Texto de la Comisión

Enmienda

(60)  A fin de garantizar su máxima repercusión y facilitar la reutilización, los conjuntos de datos de gran valor deben ponerse a disposición para su reutilización con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno. También deben ser publicados a través de interfaces de programación de aplicaciones, siempre que el conjunto de datos en cuestión contenga datos dinámicos.

(60)  A fin de garantizar su máxima repercusión y facilitar la reutilización, los conjuntos de datos de gran valor deben ponerse a disposición para su reutilización con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno. También deben ser publicados a través de interfaces de programación de aplicaciones, siempre que el conjunto de datos en cuestión contenga datos dinámicos. Al igual que ocurre con otra información del sector público, deben ir acompañados de herramientas de autenticación que den confianza a los usuarios.

Enmienda    8

Propuesta de Directiva

Considerando 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(60 bis)  Dado el elevado riesgo de que los actuales formatos tecnológicos que permiten almacenar y dar acceso a la información del sector público queden obsoletos, las autoridades públicas (en particular, en caso de conjuntos de datos de gran valor) deben aplicar políticas efectivas de conservación a largo plazo para garantizar las posibilidades de utilización en el futuro.

Justificación

A fin de garantizar el acceso a largo plazo, resultan esenciales las políticas de conservación significativas destinadas a apoyar la futura investigación, el análisis y la transparencia.

Enmienda    9

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión

Enmienda

a)  los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los Estados miembros;

a)  los documentos de acceso público conservados por organismos del sector público de los Estados miembros;

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    10

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión

Enmienda

b)  los documentos existentes conservados por empresas públicas que lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo42 y por empresas públicas que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo43, empresas públicas que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo44, y empresas públicas que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo45.

b)  los documentos de acceso público conservados por empresas públicas que lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo42 y por empresas públicas que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo43, empresas públicas que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo44, y empresas públicas que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo45.

__________________

__________________

42 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

42 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

43 Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo

43 Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo

44 Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3-20).

44 Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3-20).

45 Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7-10).

45 Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7-10).

Enmienda    11

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión

Enmienda

b)  los documentos conservados por las empresas públicas, producidos fuera del ámbito de la prestación de servicios de interés general, según se defina en la legislación o en otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro;

b)  los documentos conservados por las empresas públicas, producidos fuera del ámbito de la prestación de servicios de interés general, según se defina en la legislación o en otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro o, si no existen tales normas, con arreglo a la práctica administrativa habitual en vigor en el Estado miembro correspondiente;

Enmienda    12

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

3 bis.  La presente Directiva no afectará al nivel de protección otorgado a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales con arreglo al Derecho de la Unión y de los Estados miembros, y, en particular, se entenderá sin perjuicio de las obligaciones y derechos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos – RGPD).

Enmienda    13

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V, los organismos del sector público y las empresas públicas facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán, cuando sea posible, normas formales abiertas.

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo V, los organismos del sector público y las empresas públicas facilitarán sus documentos y harán que estos sean interoperables, fáciles de encontrar y reutilizables por medios electrónicos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán, cuando sea posible, normas formales abiertas.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    14

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

a bis)  los documentos para los cuales se exija a los correspondientes organismos del sector público que generen ingresos suficientes para cubrir una parte sustancial, como mínimo el 60 %, de los costes de recogida, producción, reproducción y difusión de documentos, con arreglo a la legislación nacional o, en ausencia de ella, a la práctica administrativa habitual del Estado miembro de que se trate;

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    15

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión

Enmienda

5.  Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente los conjuntos de datos de gran valor, cuya lista se definirá de conformidad con el artículo 13, y los datos de investigación contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c).

5.  Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente o a coste reducido los conjuntos de datos de gran valor, cuya lista se definirá de conformidad con el artículo 13, y los datos de investigación contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c).

Enmienda    16

Propuesta de Directiva

Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión

Enmienda

Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas.

Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados, así como herramientas de autenticación. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    17

Propuesta de Directiva

Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Artículo 12 bis

 

Conservación de la información del sector público

 

Los Estados miembros garantizarán la aplicación de importantes políticas de conservación de la información del sector público en cualquier formato que ofrezca las mejores garantías posibles de acceso a largo plazo.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    18

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Directiva, la Comisión adoptará la lista de conjuntos de datos de gran valor entre los documentos a los cuales se aplica la presente Directiva junto con las modalidades de su publicación y reutilización.

1.  Los Estados miembros garantizarán que los conjuntos de datos de gran valor incluidos en el anexo I bis estén disponibles de forma gratuita, sean legibles por máquina y accesibles para su descarga, y estén acompañados de herramientas de autenticación, sujetos a políticas efectivas de conservación a largo plazo y, si procede, a través de interfaces de programación de aplicaciones. Las condiciones para su reutilización serán compatibles con las licencias abiertas estándar. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14 con el fin de complementar la presente Directiva ampliando la lista de categorías de conjuntos de datos de gran valor del anexo I bis y, en particular, especificando los conjuntos de datos de gran valor entre los documentos a los cuales se aplica la presente Directiva junto con las modalidades de su publicación y reutilización.

Enmienda    19

Propuesta de Directiva

Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  Estos conjuntos de datos estarán disponibles de forma gratuita, serán legibles por máquina y accesibles a través de interfaces de programación de aplicaciones. Las condiciones para su reutilización serán compatibles con las licencias abiertas estándar.

suprimido

Justificación

Apoyamos las modificaciones propuestas en la opinión de la Comisión IMCO, con una adición para reflejar los argumentos anteriores.

Enmienda    20

Propuesta de Directiva

Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Anexo I bis

 

Lista de conjuntos de datos de gran valor

 

Derecho nacional, incluidas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas; proyectos de medidas, incluida la información sobre procedimientos relacionada con su adopción; medidas que han sido modificadas o derogadas o que ya no están en vigor; documentos de acompañamiento, como exposiciones de motivos, evaluaciones de impacto, dictámenes de órganos consultivos y registros de votaciones.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título

Reutilización de la información del sector público (versión refundida)

Referencias

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Opinión emitida por

       Fecha del anuncio en el Pleno

CULT

28.5.2018

Ponente de opinión

       Fecha de designación

Theodoros Zagorakis

1.6.2018

Examen en comisión

10.10.2018

 

 

 

Fecha de aprobación

20.11.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

24

0

3

Miembros presentes en la votación final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Suplentes presentes en la votación final

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones


OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (27.11.2018)

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Ponente de opinión: Ignazio Corrao

BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente agradece la propuesta de la Comisión para la refundición de las Directivas 2013/37/UE y 2003/98/CE, relativas a la reutilización de la información del sector público (ISP). El objetivo de la propuesta es actualizar las Directivas en vigor con el fin de facilitar la reutilización de la información del sector público en toda la Unión armonizando las condiciones básicas que ponen la ISP a disposición de los reutilizadores.

La propuesta amplía su ámbito de aplicación material y tiene por objeto garantizar la coherencia con el Derecho de la Unión Europea, en particular la legislación sobre protección de datos, así como con otras políticas e iniciativas de la Unión, sobre la inteligencia artificial o el internet de las cosas.

Sin embargo, el ponente considera necesario reflejar adecuadamente esta coherencia jurídica interna del Derecho de la Unión Europea para evitar toda inseguridad jurídica entre los distintos instrumentos jurídicos. En particular, la propuesta debe reflejar claramente la interacción entre la reutilización de la ISP y el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de protección de datos, que se aplica a todo tratamiento de datos personales realizado en el marco de la presente Directiva. Además, con el fin de evitar interpretaciones o comprensiones divergentes de conceptos esenciales para la correcta aplicación de la propuesta, que ya se utilizan en la legislación de protección de datos de la UE, el ponente considera necesario introducir disposiciones específicas en la parte legislativa de la propuesta. Tal es el caso, por ejemplo, de las definiciones de «datos personales» y «datos anónimos». Ambas se refieren a los conceptos utilizados por el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos) con un significado claro. En particular, es necesaria una definición de «datos anónimos», ya que, en muchos casos, se entiende que este concepto se refiere a los «datos seudonimizados». Sin embargo, los «datos seudonimizados» son «datos personales», y su tratamiento o utilización sigue estando sujeto a las disposiciones del Reglamento general de protección de datos en cualquier circunstancia.

Por último, con el fin de abordar también las preocupaciones de las partes interesadas relacionadas con el respeto de la protección de los datos personales, especialmente en sectores como el sanitario u otros sectores en los que se traten «datos personales sensibles», el ponente considera necesario disponer que, al considerar las decisiones sobre el alcance y las condiciones para la reutilización de documentos que contengan datos personales, las organizaciones sujetas a esta Directiva lleven a cabo evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos. Esto les permitiría evaluar los riesgos relacionados con la difusión de datos personales en el dominio público, teniendo en cuenta las condiciones para la reutilización.

En resumen, las modificaciones propuestas incrementan la calidad jurídica del texto garantizando la coherencia jurídica interna entre la presente propuesta relativa a la reutilización de la información del sector público y las normas sobre la protección de los datos personales.

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda    1

Propuesta de Directiva

Título 1

Texto de la Comisión

Enmienda

Propuesta de

Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

Justificación

Cuando se aprobó la Directiva 2003/98/CE, el término «datos abiertos» no era demasiado conocido, pero la situación a día de hoy es diferente. «Datos abiertos» es un término ampliamente utilizado por la Comisión en sus comunicaciones (por ejemplo, en su portal europeo de datos) y, también, en la exposición de motivos de la presente Directiva. El término se entiende de forma generalizada y describe a un público más amplio la idea que subyace tras el término técnico «reutilización de la información del sector público».

Enmienda    2

Propuesta de Directiva

Considerando 3

Texto de la Comisión

Enmienda

(3)  Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la evaluación de impacto30, la Comisión consideró que era necesario actuar a escala de la Unión para afrontar los obstáculos restantes y emergentes a una amplia reutilización de la información del sector público y financiada con fondos públicos en toda la Unión y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

(3)  Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la evaluación de impacto30, la Comisión consideró que era necesario actuar a escala de la Unión para afrontar los obstáculos restantes y emergentes a una amplia reutilización de la información del sector público y financiada con fondos públicos en toda la Unión y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas, la informática de alto rendimiento en la nube y la tecnología cuántica. Los conjuntos de datos abiertos contribuirán a una mayor rapidez en el progreso y creación de una nueva estrategia para utilizar nuevas tecnologías digitales, especialmente la inteligencia artificial.

_________________

_________________

30 COM(2018) 127.

30 COM(2018) 127.

Enmienda    3

Propuesta de Directiva

Considerando 4

Texto de la Comisión

Enmienda

(4)  Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de explotar plenamente el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas se centran en los siguientes aspectos: la prestación de acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos públicos de gran valor para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas, organizaciones que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la relación entre la presente Directiva y determinados instrumentos jurídicos conexos, en particular la Directiva 96/9/CE31 y la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32.

(4)  Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de explotar plenamente el potencial de la información del sector público para la economía y la sociedad europeas se centran en los siguientes aspectos: la prestación de acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos públicos de gran valor para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas, organizaciones que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la relación entre la presente Directiva y determinados instrumentos jurídicos conexos, en particular la Directiva 96/9/CE31, la Directiva 2003/4/CE31 bis, la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo32 y el Reglamento (UE) 2016/67932 bis.

_________________

_________________

31 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

31 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

 

31 bis Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, p. 26).

32 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

32 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).

 

32 bis Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Justificación

Se incluye la referencia al Reglamento general de protección de datos (RGPD), que se corresponde con el añadido del apartado 3 bis al artículo 1.

Enmienda    4

Propuesta de Directiva

Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(4 bis)  El acceso a la información es un derecho fundamental. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta») establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

Justificación

El derecho fundamental de acceso a la información es la base de la presente Directiva y debe, por tanto, citarse en ella.

Enmienda    5

Propuesta de Directiva

Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(4 ter)  El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza el derecho a la protección de los datos de carácter personal y establece que estos datos deben tratarse de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley y bajo el control de una autoridad independiente.

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto, a fin de garantizar su coherencia jurídica.

Enmienda    6

Propuesta de Directiva

Considerando 6

Texto de la Comisión

Enmienda

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica, turística y sobre empresas, patentes y educación. Los documentos elaborados por los organismos del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.

(6)  El sector público de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información en numerosos ámbitos de actividad, por ejemplo información social, económica, geográfica, meteorológica, turística y sobre transporte, empresas, patentes y educación. Los documentos elaborados por los organismos del sector público de carácter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento.

Enmienda    7

Propuesta de Directiva

Considerando 11

Texto de la Comisión

Enmienda

(11)  Autorizar la reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de la información recopilada.

(11)  Autorizar el acceso y la reutilización de los documentos en poder de un organismo del sector público les confiere valor añadido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo público, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector público de que se trate mejorar la calidad de la información recopilada.

Justificación

Esta enmienda es necesaria, ya que está estrechamente ligada a otras enmiendas sobre el acceso a documentos, incluidas las enmiendas a los considerandos 4, 4 bis, 27 y 32.

Enmienda    8

Propuesta de Directiva

Considerando 12

Texto de la Comisión

Enmienda

(12)  Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso esencial. La explotación por organismos del sector público de información de dicho sector sigue variando de un Estado miembro a otro, lo que se ha de tener en cuenta. Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de reutilización de los documentos del sector público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad.

(12)  Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relación con las normas y prácticas de explotación de los recursos de información del sector público. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades económicas de este recurso esencial. La explotación por organismos del sector público de información de dicho sector sigue variando de un Estado miembro a otro, lo que se ha de tener en cuenta lo que se ha de tener en cuenta. Debe llevarse a cabo, por tanto, una armonización mínima de las normas y prácticas nacionales en materia de acceso y reutilización de los documentos del sector público en los casos en que las diferencias entre las normas y las prácticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    9

Propuesta de Directiva

Considerando 13

Texto de la Comisión

Enmienda

(13)  Las políticas de apertura de la información, que propician la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino también para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de impulsar el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el compromiso social.

(13)  Los Estados miembros deben garantizar la creación de datos basada en el principio de «datos abiertos desde el diseño y por defecto», en relación con todos los documentos que se incluyen en el ámbito de esta Directiva, al tiempo que velan por un nivel coherente de protección de los objetivos de interés público, como la seguridad pública, incluidos los casos en los que está implicada información sensible relacionada con infraestructuras críticas, y garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales, también cuando la información de un conjunto de datos individual por sí sola puede que no presente un riesgo de identificar o individuar a una persona física, pero sí podría representar un riesgo al combinarla con otra información disponible. Las políticas de apertura de la información, que garantizan que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR), y que fomentan la disponibilidad y la reutilización generalizadas de la información del sector público con fines privados o comerciales, con restricciones mínimas o nulas de carácter jurídico, técnico o económico, y que favorecen la circulación de la información no solo para los agentes económicos, sino también para el público, pueden desempeñar una función importante a la hora de promover el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el compromiso social. Por tanto, la interoperabilidad, las normas abiertas y los datos abiertos deben implementarse a nivel de administración en cada Estado miembro. Al mismo tiempo, la Comisión debe facilitar la cooperación entre Estados miembros y apoyar el diseño, prueba, implementación y despliegue de interfaces electrónicas interoperables que permitirán servicios públicos más seguros y eficientes.

Justificación

Las políticas de datos abiertos se enumeran en el considerando 23 de la propuesta de la Comisión. El derecho fundamental de acceso a la información constituye la base de la presente Directiva y, por tanto, exige que los Estados miembros tengan en cuenta el principio de manera proactiva para que cuando se apruebe una solicitud de información, no sea necesario convertir los datos a un formato que se pueda publicar, siempre que sea posible. Considerando correspondiente 4 bis.

Enmienda    10

Propuesta de Directiva

Considerando 16

Texto de la Comisión

Enmienda

(16)  Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de reutilización de los documentos del sector público con el fin de garantizar que dichas condiciones sean equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo su labor de servicio público. La utilización de dichos documentos por otros motivos constituye una reutilización. Las políticas de los Estados miembros podrán ir más allá de las normas mínimas establecidas en la presente Directiva, permitiendo así una reutilización más amplia.

(16)  Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de acceso y reutilización de los documentos del sector público con el fin de garantizar que dichas condiciones sean equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo su labor de servicio público. La utilización de dichos documentos por otros motivos constituye una reutilización. Las políticas de los Estados miembros podrán ir más allá de las normas mínimas establecidas en la presente Directiva, permitiendo así una reutilización más amplia.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    11

Propuesta de Directiva

Considerando 18

Texto de la Comisión

Enmienda

(18)  La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen información. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado.

(18)  La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan disponibles con fines de reutilización cuando los organismos del sector público suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o entreguen información, o encarguen la producción de esta. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilización incluye la utilización posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misión de servicio público. Entre las actividades ajenas a la misión de servicio público, un ejemplo típico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado.

Justificación

El derecho fundamental de acceso a la información requiere el principio de «abierto desde el diseño» (considerando 13). Ya que es posible que los ciudadanos ejerzan este derecho fundamental solicitando documentos en etapas posteriores, y con el fin de respaldar proactivamente sus solicitudes, los documentos se deben diseñar de antemano para que «sean accesibles y se puedan reutilizar», incluso durante la fase en la que un organismo encarga la producción de la información.

Enmienda    12

Propuesta de Directiva

Considerando 19

Texto de la Comisión

Enmienda

(19)  La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos y sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión, los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

(19)  La Directiva impone a los Estados miembros la obligación de autorizar la reutilización de todos los documentos, salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre acceso a los documentos, incluidas las situaciones en que el acceso está restringido o excluido a fin de garantizar la seguridad de la red y los sistemas de información de conformidad con la Directiva 2016/11481 bis, y sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. La presente Directiva no es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o empresas solo puedan obtener un documento o parte de un documento si pueden demostrar un interés particular. A nivel de la Unión, los artículos 41 (derecho a una buena administración) y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de todo ciudadano de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector público deben promover y alentar la reutilización de documentos, inclusive los textos oficiales de carácter legislativo y administrativo, en los casos en los que el organismo del sector público tiene el derecho a autorizar su reutilización.

 

_________________

 

1 bis Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta. Se requiere para clarificar la relación y la coherencia entre la Directiva ISP y el Reglamento general de protección de datos y para aclarar que las exclusiones se aplican a los documentos y partes de documentos en todos los casos. Está ligada de manera inextricable a la enmienda al artículo 1, apartado 2, letra g), a fin de garantizar la lógica interna de la propuesta.

Enmienda    13

Propuesta de Directiva

Considerando 20

Texto de la Comisión

Enmienda

(20)  Los Estados miembros a menudo confían la prestación de servicios de interés general a entidades ajenas al sector público, manteniendo a la vez un grado elevado de control sobre las mismas. Al mismo tiempo, las disposiciones de la Directiva 2003/98/CE solo se aplican a los documentos conservados por organismos del sector público, a la vez que excluyen de su ámbito de aplicación a las empresas públicas. Esto origina una escasez de documentos disponibles para su reutilización elaborados durante la prestación de servicios de interés general en una serie de ámbitos, especialmente en el sector de los servicios. También reduce considerablemente el potencial de creación de servicios transfronterizos basados en documentos conservados por empresas públicas que prestan servicios de interés general.

(20)  Los Estados miembros a menudo confían la prestación de servicios de interés general a entidades ajenas al sector público, manteniendo a la vez un grado elevado de control sobre las mismas. Al mismo tiempo, las disposiciones de la Directiva 2003/98/CE solo se aplican a los documentos conservados por organismos del sector público, a la vez que excluyen de su ámbito de aplicación a las empresas públicas. Esto origina una escasez de documentos disponibles para su reutilización elaborados durante la prestación de servicios de interés general en una serie de ámbitos, especialmente en el sector de los servicios. También reduce considerablemente el potencial de creación de servicios transfronterizos basados en documentos conservados por empresas públicas que prestan servicios de interés general. La reutilización de datos puede desempeñar una función importante a la hora de impulsar el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa información, estimular el crecimiento económico y promover el compromiso público.

Enmienda    14

Propuesta de Directiva

Considerando 23

Texto de la Comisión

Enmienda

(23)  El volumen de datos de investigación generados está creciendo exponencialmente y pueden ser reutilizados por otros usuarios ajenos a la comunidad científica. Para poder afrontar con eficacia y de manera global los crecientes desafíos sociales, la posibilidad de acceder a datos de diferentes fuentes y de todo tipo de sectores y disciplinas, combinarlos y reutilizarlos, ha pasado a ser algo crucial y urgente. Los datos de investigación incluyen estadísticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones derivadas del trabajo de campo, resultados de encuestas, grabaciones e imágenes de entrevistas. También incluyen metadatos, especificaciones y otros objetos digitales. Los datos de investigación son diferentes de los artículos científicos que divulgan y comentan las conclusiones resultantes de sus investigaciones científicas. Durante muchos años, la libre disponibilidad y la reutilización de los resultados de investigaciones científicas propiciadas por la financiación pública han sido objeto de iniciativas políticas específicas. Las políticas de acceso abierto se proponen, en particular, proporcionar a los investigadores y al público en general, tan pronto como sea posible en el proceso de divulgación, el acceso a datos de investigación y permitir su uso y reutilización. El acceso abierto mejora la calidad, reduce la necesidad de duplicaciones innecesarias en la investigación, acelera el progreso científico, combate el fraude científico y puede favorecer de manera general el crecimiento económico y la innovación. Además del acceso abierto, la planificación de la gestión de datos se está convirtiendo rápidamente en una práctica científica estándar para garantizar que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR).

(23)  El volumen de datos de investigación generados está creciendo exponencialmente y pueden ser reutilizados por otros usuarios ajenos a la comunidad científica. Para poder afrontar con eficacia y de manera global los crecientes desafíos sociales, la posibilidad de acceder a datos de diferentes fuentes y de todo tipo de sectores y disciplinas, combinarlos y reutilizarlos, ha pasado a ser algo crucial y urgente. Los datos de investigación incluyen estadísticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones derivadas del trabajo de campo, resultados de encuestas, grabaciones e imágenes de entrevistas. También incluyen metadatos, especificaciones y otros objetos digitales. Los datos de investigación son diferentes de los artículos científicos que divulgan y comentan las conclusiones resultantes de sus investigaciones científicas. Durante muchos años, la libre disponibilidad y la reutilización de los resultados de investigaciones científicas propiciadas por la financiación pública han sido objeto de iniciativas políticas específicas. Las políticas de acceso abierto se proponen, en particular, proporcionar a los investigadores y al público en general, tan pronto como sea posible en el proceso de divulgación, el acceso a datos de investigación y permitir su uso y reutilización. El acceso abierto mejora la calidad, reduce la necesidad de duplicaciones innecesarias en la investigación, acelera el progreso científico, combate el fraude científico y puede favorecer de manera general el crecimiento económico y la innovación. Además del acceso abierto, la planificación de la gestión de datos se está convirtiendo rápidamente en una práctica científica estándar para garantizar que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR), y debe seguir promoviéndose.

Enmienda    15

Propuesta de Directiva

Considerando 24

Texto de la Comisión

Enmienda

(24)  Por las razones antes expuestas, procede imponer a los Estados miembros la obligación de adoptar políticas de acceso abierto con respecto a los resultados de la investigación financiada públicamente y garantizar que dichas políticas son ejecutadas por todas las organizaciones que realizan actividades de investigación y las organizaciones que financian la investigación. Las políticas de acceso abierto permiten normalmente una serie de excepciones a la hora de poner a disposición del público los resultados de la investigación científica. El 17 de julio de 2012, la Comisión adoptó una Recomendación sobre el acceso a la información científica y a su preservación, actualizada el 25 de abril de 201834, que describe, entre otras cosas, elementos pertinentes de las políticas de acceso abierto. Además, deben mejorarse las condiciones en las cuales pueden reutilizarse determinados resultados de la investigación. Por este motivo, algunas obligaciones derivadas de la presente Directiva deben ampliarse a los datos de investigación resultantes de actividades de investigación científica subvencionadas mediante financiación pública o cofinanciadas por entidades de los sectores público y privado. Sin embargo, en este contexto, deben tenerse debidamente en cuenta las inquietudes relacionadas con la privacidad, la protección de datos personales, los secretos comerciales, la seguridad nacional, los intereses comerciales legítimos y los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar cualquier carga administrativa, tales obligaciones solo deben aplicarse a aquellos datos de investigación que ya hayan sido puestos a disposición del público por los investigadores. Otros tipos de documentos conservados por organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación deben seguir estando excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(24)  Por las razones antes expuestas, procede imponer a los Estados miembros la obligación de adoptar políticas de acceso abierto con respecto a los resultados de la investigación financiada públicamente y garantizar que dichas políticas son ejecutadas por todas las organizaciones que realizan actividades de investigación y las organizaciones que financian la investigación. Las políticas de acceso abierto permiten normalmente una serie de excepciones a la hora de poner a disposición del público los resultados de la investigación científica. El 17 de julio de 2012, la Comisión adoptó una Recomendación sobre el acceso a la información científica y a su preservación, actualizada el 25 de abril de 201834, que describe, entre otras cosas, elementos pertinentes de las políticas de acceso abierto. Además, deben mejorarse las condiciones en las cuales pueden reutilizarse determinados resultados de la investigación. Por este motivo, algunas obligaciones derivadas de la presente Directiva deben ampliarse a los datos de investigación resultantes de actividades de investigación científica subvencionadas mediante financiación pública o cofinanciadas por entidades de los sectores público y privado. Sin embargo, en este contexto, deben tenerse debidamente en cuenta las inquietudes relacionadas con la privacidad, la confidencialidad, la protección de datos personales, los secretos comerciales, la seguridad nacional, los intereses comerciales legítimos y los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar cualquier carga administrativa, tales obligaciones solo deben aplicarse a aquellos datos de investigación que ya hayan sido puestos a disposición del público por los investigadores. Otros tipos de documentos conservados por organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación deben seguir estando excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

_________________

_________________

34 C(2018) 2375.

34 C(2018) 2375.

Enmienda    16

Propuesta de Directiva

Considerando 32

Texto de la Comisión

Enmienda

(32)  Las tarifas por la reutilización de documentos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su reutilización gratuitamente y, cuando sea necesario aplicar una tarifa esta debe limitarse en principio a los costes marginales. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público. También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las empresas públicas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o del ámbito de aplicación de los servicios de interés general confiados a empresas públicas no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

(32)  Las tarifas por la reutilización de documentos y el acceso a ellos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposición para su acceso y reutilización gratuitamente o, cuando sea necesario aplicar una tarifa, esta debe limitarse en principio a los costes marginales. En casos excepcionales debe tomarse en consideración muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realización de sus misiones de servicio público. También debe reconocerse la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo. En tales casos, los organismos del sector público y las empresas públicas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida, producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. En su caso, los costes de anonimización de datos personales o de información comercial sensible también deben incluirse en los costes subvencionables. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector público derivados de la realización de sus misiones de servicio público o del ámbito de aplicación de los servicios de interés general confiados a empresas públicas no ha de estar incluido en la legislación y puede derivarse, por ejemplo, de las prácticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar periódicamente dicho requisito.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    17

Propuesta de Directiva

Considerando 36

Texto de la Comisión

Enmienda

(36)  Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público sean claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Unión. Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilización de documentos. Los Estados miembros deben alentar la creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Los solicitantes de la reutilización de documentos que obran en poder de entidades distintas de las empresas públicas, centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación deben estar informados de las vías de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las PYME, que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector público de otros Estados miembros y desconocen las vías de recurso de las que disponen.

(36)  Garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público y de acceso a ellos sean claras y estén a disposición del público constituye una condición previa para el desarrollo de un mercado de la información que abarque la totalidad de la Unión. Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilización de documentos y al acceso a ellos. Los Estados miembros deben alentar la creación de índices accesibles en línea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Los solicitantes de la reutilización de documentos que obran en poder de entidades distintas de las empresas públicas, centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación y los solicitantes del acceso a dichos documentos deben estar informados de las vías de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las PYME, que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector público de otros Estados miembros y desconocen las vías de recurso de las que disponen.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    18

Propuesta de Directiva

Considerando 37

Texto de la Comisión

Enmienda

(37)  Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

(37)  Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial. Dicho órgano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional de control establecida en virtud del Reglamento (UE) 2016/6791 bis, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organización de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados miembros y dicho organismo no debe prejuzgar ninguna vía de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de acceso y reutilización. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las vías de recurso deben incluir la posibilidad de revisión de las decisiones negativas, pero también de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilización, puedan también afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifación aplicadas. El proceso de revisión debe ser rápido, de conformidad con las necesidades de un mercado en rápida evolución.

 

__________________

 

1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    19

Propuesta de Directiva

Considerando 39

Texto de la Comisión

Enmienda

(39)  En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya concedido una licencia. En otros casos, se expedirá una licencia que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones como la responsabilidad, el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias modelo disponibles en línea pueden desempeñar asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben procurar que estén a disposición licencias modelo.

(39)  En determinados casos, la reutilización de documentos se hará sin que se haya concedido una licencia. En otros casos, se expedirá una licencia que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización referidas a cuestiones como la responsabilidad, la protección de datos personales, el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Si los organismos del sector público conceden licencias para la reutilización de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias modelo disponibles en línea pueden desempeñar asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben procurar que estén a disposición licencias modelo.

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto, a fin de garantizar su coherencia jurídica.

Enmienda    20

Propuesta de Directiva

Considerando 47

Texto de la Comisión

Enmienda

(47)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio y se debe incorporar al Derecho interno y aplicar de forma que se cumplan plenamente el Derecho de la Unión relativo a la protección de los datos personales incluidos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo37 y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo38. La anonimización constituye un medio para conciliar los intereses a la hora de hacer la información del sector público tan reutilizable como sea posible con las obligaciones contraídas en virtud de la legislación sobre la protección de datos, pero tiene un coste. Procede considerar este coste como un elemento del coste que debe tenerse en cuenta como parte de los costes marginales de difusión, tal como se definen en el artículo 6 de la presente Directiva.

(47)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio y se debe incorporar al Derecho interno y aplicar de forma que se cumplan plenamente el Derecho de la Unión relativo a la protección de los datos personales incluidos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo38. La anonimización constituye un medio para conciliar los intereses a la hora de hacer la información del sector público tan reutilizable como sea posible con las obligaciones contraídas en virtud de la legislación sobre la protección de datos, pero tiene un coste. Procede considerar este coste como un elemento del coste que debe tenerse en cuenta como parte de los costes marginales de difusión, tal como se definen en el artículo 6 de la presente Directiva. En este sentido, por «información anónima» debe entenderse toda información que no pueda relacionarse directa o indirectamente, por sí sola o combinada con datos asociados, a una persona física o a datos personales que se hayan anonimizado de forma que el interesado ya no sea identificable. Por otra parte, al adoptar decisiones sobre el alcance y las condiciones para la reutilización de los documentos del sector público que contengan datos personales, las organizaciones sujetas a la presente Directiva deben realizar evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos antes de hacer público el documento. Esto debe hacerse, en particular, para sectores específicos que tratan habitualmente categorías especiales de datos personales, como el sanitario, u otros datos personales contemplados en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679. A fin de abordar adecuadamente las preocupaciones relativas a la protección necesaria de los datos personales, tales evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos deben llevarse a cabo de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679.

__________________

__________________

37 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) [...].

 

38 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

38 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia con el marco legislativo vigente en materia de protección de datos y evitar otras interpretaciones de conceptos que puedan referirse a otras técnicas, como la seudonimización. Además, de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos, el ponente considera necesario garantizar una evaluación de impacto para determinar la legitimidad y la necesidad de publicar datos personales en el dominio público, en particular cuando se trate de determinadas categorías de datos sensibles.

Enmienda    21

Propuesta de Directiva

Considerando 52

Texto de la Comisión

Enmienda

(52)  Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos prácticos mencionados.

(52)  Los instrumentos auxiliares de búsqueda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilización, así como las condiciones de acceso y reutilización, pueden facilitar considerablemente la utilización transfronteriza de los documentos del sector público. Por tanto, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos prácticos que ayuden a los reutilizadores en su búsqueda de documentos para su reutilización. Listados, de acceso en línea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos prácticos mencionados.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    22

Propuesta de Directiva

Considerando 62

Texto de la Comisión

Enmienda

(62)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el derecho a la privacidad (artículo 7), la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), el derecho a la propiedad (artículo 17) y la integración de personas con discapacidad (artículo 26). Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(62)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos el derecho a la privacidad (artículo 7), la protección de los datos de carácter personal (artículo 8), la libertad de expresión y de información (artículo 11), el derecho a la propiedad (artículo 17) y la integración de personas con discapacidad (artículo 26). Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Justificación

Los cambios se corresponden con el nuevo considerando 4 bis.

Enmienda    23

Propuesta de Directiva

Considerando 62 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

(62 bis)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió el Dictamen 5/2018 el 10 de julio de 2018 con arreglo al artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/20011 bis.

 

_________________

 

1 bis Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto, a fin de garantizar su coherencia jurídica. Los textos legislativos de la Unión deben cumplir las normas técnicas legislativas y debe indicarse que el SEPD emitió un dictamen con arreglo al Reglamento (CE) n.º 45/2001.

Enmienda    24

Propuesta de Directiva

Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

Artículo -1

 

-1. La presente Directiva pretende establecer un marco reglamentario que regule el derecho de acceso y reutilización de la información del sector público a fin de establecer condiciones básicas y dispositivos prácticos para su ejercicio, así como para fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación en productos y servicios.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    25

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión

Enmienda

g)  los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de protección de los datos personales, y las partes de documentos accesibles en virtud de dichos regímenes que contengan datos personales cuya reutilización se haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales;

g)  los documentos o partes de documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado por regímenes de acceso por motivos de protección de los datos personales o que contengan datos personales cuya reutilización podría menoscabar la protección de la intimidad e integridad de las personas físicas, en particular de conformidad con la legislación de la Unión sobre protección de datos personales;

Justificación

Esta enmienda se ajusta al dictamen del SEPD. Es necesario garantizar la coherencia entre la presente Directiva y otra legislación de la Unión.

Enmienda    26

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

K bis)  el acceso a documentos restringido en virtud de los regímenes de acceso de los Estados miembros, incluidos los casos en que se restringe o excluye el acceso a fin de garantizar la seguridad de la red y los sistemas de información de conformidad con la Directiva 2016/1148;

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y su coherencia jurídica con otros instrumentos de la legislación de la Unión y la legislación nacional aplicables.

Enmienda    27

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 2 – letra k ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

k ter)  los documentos conservados por instituciones que se corresponden con la definición de infraestructura crítica de conformidad con el artículo 2, letra a), de la Directiva 2008/114/CE.

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto, a fin de garantizar su coherencia jurídica.

Enmienda    28

Propuesta de Directiva

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

3 bis.  La presente Directiva no menoscaba ni afecta en modo alguno al nivel de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo al Derecho de la Unión y de los Estados miembros, y, en particular, no altera ninguna obligación ni derecho establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE.

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar el vínculo inextricable entre la legislación en materia de reutilización de la información pública y la legislación de la UE sobre protección de datos, tal como se establece en la actualidad en la Directiva 2003/98. Refuerza la coherencia jurídica. Un considerando por sí solo no basta.

Enmienda    29

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

5 bis.  datos personales: los datos personales tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679;

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto, a fin de garantizar su coherencia jurídica. La Directiva ISP en vigor (2003/98/CE) contiene esta definición, que debe preservarse.

Enmienda    30

Propuesta de Directiva

Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

5 ter.  información anónima o información anonimizada: la información que no se refiera a una persona física identificada o identificable, o a datos personales que se hayan anonimizado de forma que el interesado no sea identificable o haya dejado de serlo;

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia jurídica y evitar otras interpretaciones del concepto de datos personales diferentes de la incluida en el Reglamento general de protección de datos. La Directiva ISP en vigor (2003/98/CE) contiene esta definición, que debe preservarse.

Enmienda    31

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados, y se pueda acceder a ellos, para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    32

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual y en el caso de los documentos que obren en poder de empresas públicas, los Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos documentos, estos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

2.  En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual y en el caso de los documentos que obren en poder de empresas públicas, los Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizado el acceso y la reutilización de dichos documentos, estos puedan ser accesibles y reutilizables para fines comerciales o no comerciales de conformidad con las condiciones establecidas en los capítulos III y IV.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    33

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 bis.  Los Estados miembros velarán por que los documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva se elaboren y estén disponibles para su reutilización según el principio de «abiertos desde el diseño y por defecto».

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    34

Propuesta de Directiva

Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

2 ter.  Los Estados miembros dispondrán que, al adoptar decisiones sobre el alcance y las condiciones para la reutilización de documentos, las organizaciones sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva lleven a cabo evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, en particular en sectores específicos que se ocupen habitualmente de categorías especiales de datos personales, como el sector sanitario, u otros datos personales contemplados en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679. Tales evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679.

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto. Se requiere para garantizar la coherencia jurídica del Derecho de la UE y garantizar que, cuando se vayan a hacer públicos los datos personales, se haya realizado previamente una evaluación de impacto para determinar la legalidad y la necesidad de publicar datos personales en el dominio público, teniendo en cuenta el impacto y los efectos de la publicación en los interesados afectados.

Enmienda    35

Propuesta de Directiva

Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión

Enmienda

SOLICITUDES DE REUTILIZACIÓN

ACCESO A LOS DOCUMENTOS Y SOLICITUDES DE REUTILIZACIÓN

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    36

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – título

Texto de la Comisión

Enmienda

Requisitos para el tratamiento de solicitudes de reutilización

Requisitos para el tratamiento de solicitudes de acceso a documentos y su reutilización

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    37

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

1.  Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de acceso a los documentos o de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante o, si es necesaria una licencia para su reutilización, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    38

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo no superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla.

2.  Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante o, si es necesaria una licencia para su reutilización, ultimarán la oferta de licencia al solicitante lo antes posible o, a más tardar, en un plazo no superior a 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Este plazo podrá ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante lo antes posible y, en cualquier caso, en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla y las razones de ello.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    39

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión

Enmienda

3.  En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante los motivos de la denegación sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a g, o el artículo 3. Si la Decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra c), el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.

3.  En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante, en un plazo de 20 días hábiles, las razones de la denegación parcial o total del acceso a un documento o de su reutilización en la forma o formato solicitado, sobre la base de las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a g), o el artículo 3. Si la Decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra c), el organismo del sector público deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    40

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

3 bis.  Los Estados miembros elaborarán una lista públicamente accesible de criterios que sirva para que el organismo interesado pueda decidir respecto del curso ulterior de la solicitud.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    41

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión

Enmienda

4.  Toda decisión de reutilización deberá contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial con la experiencia técnica adecuada, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional, cuyas decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado.

4.  Toda decisión de reutilización deberá contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial con la experiencia técnica adecuada, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad nacional de control establecida en virtud del artículo 51 del Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional, cuyas decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado.

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para garantizar la coherencia jurídica de la UE. Las autoridades de protección de datos de la Unión son las autoridades competentes para tratar los casos relacionados con el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos. El Reglamento general de protección de datos confiere a las autoridades de protección de datos competencias adecuadas de aplicación y recurso en caso de incumplimiento de la legislación sobre protección de datos y para abordar esta situación. Véase la enmienda al considerando 37.

Enmienda    42

Propuesta de Directiva

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

4 bis.  A efectos del presente artículo, los Estados miembros garantizarán que:

 

a)  se otorgue asistencia cuando se trate de acceder a documentos;

 

b)  las listas de organismos del sector público sean accesibles públicamente;

 

c)  se definan los dispositivos prácticos necesarios para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a los documentos y la reutilización de la información del sector público, tales como:

 

i)  la designación de responsables de información,

 

ii)  la creación y el mantenimiento de medios de consulta de los documentos solicitados,

 

iii)  registros o listas de documentos que obren en poder de organismos del sector público o de puntos de información, con indicaciones claras de dónde pueden encontrarse dichos documentos,

 

d)  y que los organismos del sector público informen al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Directiva y que son también resultado de normas de acceso a la información existentes establecidas a nivel nacional o de la Unión, y que faciliten en la medida en que se considere apropiado información, consejo y asesoramiento al efecto.

Justificación

Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    43

Propuesta de Directiva

Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

5 bis.  Los organismos del sector público y las empresas públicas garantizarán que la reutilización de la información del sector público y el acceso a ella cumplen la legislación de la Unión sobre protección de datos.

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto, a fin de garantizar su coherencia jurídica.

Enmienda    44

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  La reutilización de documentos será gratuita o se limitará a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición y difusión, y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial.

1.  La reutilización de documentos y el acceso a ellos serán gratuitos.

Justificación

El artículo se ha reestructurado en aras de una mejor redacción jurídica. Aunque la reutilización de la información requiere que el acceso a ella esté disponible, este requisito no se incluye en la versión refundida. Estas enmiendas buscan establecer requisitos básicos para el acceso a la información relacionados con su reutilización. Por tanto, esta enmienda es necesaria para garantizar la lógica interna del texto y porque está inextricablemente ligada a otras enmiendas admisibles.

Enmienda    45

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 

1 bis.  A título de excepción, los Estados miembros podrán recuperar los costes marginales en que se incurra para la reproducción, puesta a disposición, difusión y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial.

Justificación

El artículo se ha reestructurado en aras de una mejor redacción jurídica.

Enmienda    46

Propuesta de Directiva

Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Enmienda

2.  A título de excepción, lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a:

2.  Los Estados miembros podrán decidir no aplicar lo dispuesto en los apartados 1 y 1 bis a:

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna del texto, a fin de garantizar su coherencia jurídica.

Enmienda    47

Propuesta de Directiva

Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión

Enmienda

1.  En el caso de tarifas normales para la reutilización de documentos, las condiciones aplicables, así como el importe real de dichas tarifas, incluida la base de cálculo de dichas tarifas, deberán ser fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno.

1.  En el caso de tarifas normales para la reutilización de documentos o partes de documentos, las condiciones aplicables, así como el importe real de dichas tarifas, incluida la base de cálculo de dichas tarifas, deberán ser fijadas y publicadas de antemano, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno.

Justificación

La enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y para hacer referencia a los documentos o partes de documentos.

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título

Reutilización de la información del sector público (versión refundida)

Referencias

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Opinión emitida por

       Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE

28.5.2018

Ponente

       Fecha de designación

Ignazio Corrao

9.7.2018

Examen en comisión

11.10.2018

27.11.2018

 

 

Fecha de aprobación

27.11.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

34

2

0

Miembros presentes en la votación final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Reimer Böge

VOTACIÓN FINAL NOMINALEN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

34

+

ECR

Daniel Dalton, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ECR

Branislav Škripek

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Explicación de los signos utilizados

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones


PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título

Reutilización de la información del sector público (versión refundida)

Referencias

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Fecha de la presentación al PE

25.4.2018

 

 

 

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Comisiones competentes para emitir opinión

       Fecha del anuncio en el Pleno

IMCO

28.5.2018

CULT

28.5.2018

LIBE

28.5.2018

 

Comisiones asociadas

       Fecha del anuncio en el Pleno

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Ponentes

       Fecha de designación

Neoklis Sylikiotis

19.6.2018

 

 

 

Examen en comisión

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Fecha de aprobación

3.12.2018

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

42

1

0

Miembros presentes en la votación final

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Suplentes presentes en la votación final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en la votación final

Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu

Fecha de presentación

7.12.2018


VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

42

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Explicación de los símbolos utilizados:

+  :  a favor

-  :  en contra

0  :  abstenciones

Última actualización: 11 de enero de 2019Aviso jurídico