(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo ,

–  Vistas la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2004)0448)(1) ,

–  Vistos el apartado 2 del artículo 251, las frases primera y tercera del apartado 2 del artículo 47 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0143/2004),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Peticiones (A6-0137/2005),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Pendiente de publicación en el DO.

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, la primera y tercera frases del apartado 2 de su artículo 47 y su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(1) ,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (2) ,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3) ,

Considerando lo siguiente:

(1)  Los flujos masivos de dinero negro pueden dañar la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado único, y el terrorismo sacude los cimientos mismos de nuestra sociedad. Unida al planteamiento basado en el derecho penal, una actuación preventiva a través del sistema financiero puede también surtir resultados.

(2)  La solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse en grave peligro debido a los esfuerzos de los delincuentes y sus cómplices, ya sea por encubrir el origen de los productos del delito, ya por canalizar el producto de actividades legítimas o ilegítimas a fines terroristas. A fin de evitar que los Estados miembros adopten medidas para proteger su sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público europeo , es necesaria una actuación comunitaria en este ámbito.

(3)  Si no se adoptan medidas de coordinación en el ámbito comunitario, los blanqueadores de capitales y los financiadores del terrorismo podrían aprovechar la libre circulación de capitales y la libre prestación de servicios financieros que trae consigo un espacio financiero integrado para facilitar sus actividades delictivas.

(4)  Para responder a estas preocupaciones en el ámbito del blanqueo de capitales se adoptó la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(4) . La Directiva instaba a los Estados miembros a prohibir el blanqueo de capitales y obligar al sector financiero, incluidas las entidades de crédito y numerosas entidades financieras de otros tipos, a identificar a sus clientes, conservar los documentos adecuados, establecer procedimientos internos de formación del personal y vigilar el blanqueo de capitales, así como comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de capitales.

(5)  El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan, con frecuencia, en un contexto internacional. Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional o incluso comunitario, sin coordinación ni cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Toda medida adoptada por la Comunidad a este respecto debe ser compatible con las que se emprendan en otros foros internacionales. En particular, la actuación comunitaria debe seguir atendiendo a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (en lo sucesivo denominado "GAFI"), principal organismo internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Toda vez que las Recomendaciones del GAFI se revisaron y ampliaron sustancialmente en 2003, la Directiva de la Comunidad debe ajustarse a esta nueva norma internacional.

(6)  El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) autoriza a los Miembros a adoptar las medidas necesarias para proteger la moralidad pública, prevenir el fraude y adoptar medidas por motivos cautelares, incluidas las destinadas a garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero.

(7)  Aunque al principio se limitara a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en los últimos años se ha tendido a definir el blanqueo de capitales de manera mucho más amplia, tomando en consideración una gama mucho más extensa de delitos subyacentes. La ampliación del abanico de delitos subyacentes facilita la notificación de las transacciones sospechosas y la cooperación internacional en este ámbito. Así pues, la definición de delito grave debe conformarse a la recogida en la Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito(5) .

(8)  Por otra parte, la utilización fraudulenta del sistema financiero a fin de canalizar el producto de actividades delictivas o incluso de actividades lícitas para fines terroristas plantea riesgos evidentes para la integridad, el correcto funcionamiento, la reputación y la estabilidad del sistema financiero. Por consiguiente, las medidas preventivas de la Directiva deben ampliarse de modo que no sólo incluyan la manipulación de fondos procedentes de actividades delictivas, sino también la recogida de fondos o bienes para fines terroristas .

(9)  La Directiva 91/308/CEE, si bien imponía la obligación de identificar a los clientes, contemplaba con relativamente escaso detalle los procedimientos necesarios a tal fin. Habida cuenta de la importancia crucial de este aspecto de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo , es conveniente, de conformidad con las nuevas normas internacionales, introducir disposiciones más concretas y detalladas en materia de identificación del cliente y comprobación de su identidad y de la de cualquier beneficiario efectivo. A tal fin es fundamental una definición exacta del concepto de "beneficiario efectivo" En aquellos casos en que aún no se haya designado a los beneficiarios concretos de una entidad o instrumento jurídicos, como una fundación o un fideicomiso, y sea imposible, por tanto, reconocer a una persona física concreta como beneficiario efectivo, bastaría con determinar la "categoría de personas" destinadas a ser los beneficiarios de la fundación o fideicomiso. Este requisito no incluye la identificación de los individuos dentro de esa categoría de personas.

(10)  Las entidades y personas a quienes se aplica la presente Directiva debe, de conformidad con la misma, identificar y comprobar la identidad del beneficiario efectivo. Para cumplir con este requisito, la citadas entidades y personas podrán optar, si lo desean, por recurrir a los registros públicos de beneficiarios efectivos, solicitar a sus clientes los datos pertinentes o conseguir la información de cualquier otro modo, teniendo en cuenta que el nivel de estas medidas de diligencia debida con respecto al cliente responde al riesgo de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas, que depende del tipo del cliente, de la relación comercial, del producto o de la transacción.

(11)  Los contratos crediticios en que la cuenta de crédito sirva única y exclusivamente para restituir el importe prestado y el reembolso del mismo se efectúe desde una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito sujeta a la presente Directiva en virtud de las letras a) a c) del apartado 1 de su artículo 8 se deben considerar por regla general como ejemplo de operaciones menos arriesgadas.

(12)  Cuando los proveedores de los bienes de una entidad o instrumento jurídicos posean un control significativo sobre el uso de los bienes, deben ser designados como beneficiarios efectivos.

(13)  En los productos comerciales se usan ampliamente las relaciones de fideicomiso como un elemento, reconocido a nivel internacional, de los mercados financieros al por mayor sujetos a control global; la obligación de identificar al beneficiario efectivo no se deriva sólo del hecho de que, en este caso particular, exista una relación de fideicomiso.

(14)  Las disposiciones de la presente Directiva también deben ser de aplicación cuando las actividades de las entidades y personas contempladas en la misma se lleven a cabo a través de Internet.

(15)   Como quiera que el mayor rigor en los controles efectuados en el sector financiero ha incitado a los blanqueadores de dinero y a los financiadores del terrorismo a acudir a métodos alternativos para encubrir el origen de los productos del delito y que tales canales pueden utilizarse para la financiación del terrorismo , las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo deben hacerse extensivas a los intermediarios de seguros de vida y a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos.

(16)  Los intermediarios de seguros a los que se refiere la presente Directiva son distintos de las entidades de las que son legalmente responsables las empresas de seguros, puesto que dichas entidades están ya incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(17)  El hecho de ejercer funciones de dirección o secretaría en una empresa no convierte, por sí mismo, a una persona en fideicomiso y en proveedor de servicios a sociedades; la definición sólo se aplica a las personas que ejercen funciones de dirección o secretaría en una sociedad por cuenta de un tercero y con carácter profesional.

(18)  Se ha podido comprobar en numerosas ocasiones que la realización de operaciones con grandes sumas en efectivo es muy susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por consiguiente, en aquellos Estados miembros donde estén autorizados pagos en metálico por encima del límite establecido, todas las personas físicas o jurídicas que negocien con bienes de forma profesional y acepten tales pagos en metálico deben quedar incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva. La presente Directiva ya es de aplicación a las personas que comercian con artículos de elevado valor, como piedras y metales preciosos u obras de arte, y a los subastadores siempre que reciban pagos en metálico por un importe igual o superior a 15 000 EUR. Para garantizar un control efectivo del cumplimiento de las disposiciones de la Directiva por parte de este grupo, teóricamente amplio, de entidades y personas, los Estados miembros pueden centrar su labor de control en las personas físicas y jurídicas que están expuestas a un riesgo relativamente elevado de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, con arreglo al principio de la supervisión en función del riesgo. A fin de tener en cuenta las diversas situaciones que se dan en los distintos Estados miembros, éstos podrán decidir adoptar disposiciones más estrictas, como dispone el artículo 5, para afrontar correctamente el riesgo que suponen los pagos de grandes cantidades en metálico.

(19)  La Directiva 91/308/CEE modificada hizo aplicable a los notarios y profesionales independientes del Derecho el régimen comunitario de lucha contra el blanqueo de capitales; esta situación debe mantenerse sin cambios en la nueva Directiva; los profesionales independientes del ámbito jurídico, tal y como han sido definidos por los Estados miembros, se encontrarán sujetos a lo dispuesto en la Directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que exista el mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del Derecho se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas o financiar el terrorismo .

(20)  Cuando miembros independientes de profesiones legalmente reconocidas y controladas que prestan asesoramiento jurídico -como los abogados- estén determinando la situación jurídica de sus clientes o ejerciendo la representación legal de los mismos en acciones judiciales, sería improcedente imponer a dichos profesionales respecto de estas actividades, en virtud de lo dispuesto en la Directiva, la obligación de notificar sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo . Deben existir dispensas a la obligación de notificación de la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Así pues, el asesoramiento jurídico sigue sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en blanqueo de capitales o financiación del terrorismo , de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo , o de que el abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo .

(21)  Servicios directamente comparables deben ser objeto de idéntico trato, cualesquiera que sean los profesionales contemplados en la presente Directiva que ejerzan dichos servicios. Con el fin de garantizar el respeto de los derechos establecidos por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y por el Tratado de la Unión Europea, por lo que respecta a los auditores, contables externos y asesores fiscales que en determinados Estados miembros pueden defender o representar a sus clientes en el contexto de una acción judicial o determinar la situación jurídica de sus clientes, la información que obtengan en el ejercicio de estas funciones no debe estar sujeta a la obligación de notificación con arreglo a la presente Directiva.

(22)  Debe reconocerse que el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no es el mismo en todos los casos. Conforme a un planteamiento basado en el riesgo, debe introducirse en la legislación comunitaria el principio de contemplar, en casos adecuados, medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente.

(23)  La excepción relativa a la identificación de los beneficiarios efectivos de cuentas compartidas bajo la supervisión de notarios u otros profesionales independientes del Derecho ha de entenderse sin perjuicio de las obligaciones que incumban a dichos notarios u otros profesionales independientes del Derecho en virtud de lo dispuesto en la presente Directiva. Entre ellas, figura la necesidad de que estos notarios u otros profesionales del independientes Derecho identifiquen a los propietarios de las cuentas compartidas bajo su supervisión.

(24)  Del mismo modo, la legislación comunitaria debe reconocer que determinadas situaciones presentan mayor riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; si bien debe determinarse la identidad y el perfil empresarial de todos los clientes, hay casos en que son necesarios procedimientos particularmente rigurosos de identificación del cliente y comprobación de su identidad.

(25)  Lo anterior se aplica de modo particular a las relaciones de negocios con personas que ocupen o hayan ocupado cargos públicos importantes, máxime cuando procedan de países donde está extendida la corrupción; dichas relaciones pueden exponer el sector financiero a riesgos considerables, en particular jurídicos y de reputación. Una mayor atención a este tipo de casos y la aplicación de medidas normales de diligencia debida con respecto al cliente para los nacionales políticamente expuestos o medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente para personas políticamente expuestas que residan en otro Estado miembro o país tercero también se justifica dado el esfuerzo internacional por combatir la corrupción.

(26)  La obtención de autorización de la dirección para establecer relaciones de negocios no implica la aprobación del consejo de administración, sino del nivel jerárquico inmediatamente superior de la persona que solicita dicha autorización.

(27)  Las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(6) .

(28)  Dado que las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento son de carácter general en el sentido del artículo 2 de la citada Decisión del Consejo, deben adoptarse por el procedimiento reglamentario establecido en el artículo 5 de dicha Decisión. A tal fin debe crearse un nuevo Comité sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que sustituya al Comité de contacto sobre blanqueo de capitales creado por la Directiva 91/308/CEE.

(29)   A fin de evitar una repetición de los procedimientos de identificación de clientes que ocasionaría retrasos e ineficacia en las transacciones, es preciso, con las garantías adecuadas, autorizar la presentación de clientes cuya identificación se haya llevado a cabo en otro país. En los casos en que una persona o entidad recurra a un tercero, la responsabilidad última en los procedimientos de diligencia debida sigue recayendo sobre la entidad a la que es presentado el cliente. El tercero, o presentador, conserva su propia responsabilidad en lo que atañe a todos los requisitos de la Directiva, incluido el de la obligación de notificar las operaciones sospechosas y conservar los registros, en la medida en que mantiene una relación con el cliente a la que se aplican las disposiciones de la misma.

(30)  En caso de que exista una relación de externalización o agencia, sobre una base contractual, entre entidades o personas contempladas en la presente Directiva y personas físicas o jurídicas externas no incluidas en el ámbito de la presente Directiva, las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los mencionados agentes o proveedores externos sólo podrán derivarse del contrato y no de la presente Directiva. La responsabilidad del cumplimiento de la presente Directiva recae en las entidades o personas contempladas en la misma.

(31)  Las transacciones sospechosas deben notificarse a la unidad de información financiera, que sirve como centro nacional de recepción, análisis y comunicación a las autoridades competentes de las noticias de transacciones sospechosas y demás informaciones relativas a posibles blanqueos de dinero o financiación de actividades terroristas. Esto no debe obligar a los Estados miembros a modificar sus actuales sistemas de comunicación cuando la labor de información corre a cargo de una fiscalía pública u otras autoridades de defensa de la legalidad, siempre y cuando la información se transmita de inmediato y sin filtrar a las unidades de información financiera para que éstas puedan realizar adecuadamente su trabajo, incluida la cooperación internacional con otras unidades homólogas.

(32)  Como excepción a la prohibición general de llevar a cabo transacciones sospechosas, las entidades sujetas a las disposiciones de la presente Directiva podrán ejecutar transacciones sospechosas antes de informar a la autoridad competente cuando la no ejecución de las mismas resulte imposible o pueda comprometer la persecución de los beneficiarios de una presunta operación de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. No obstante, esta excepción ha de entenderse sin perjuicio de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados miembros de inmovilizar inmediatamente los fondos u otros bienes de terroristas, de organizaciones terroristas y de quienes financian actividades terroristas, conforme a las correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(33)  En la medida en que un Estado miembro haya decidido acogerse a las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 23, podrá permitir o exigir al organismo autorregulador representante de las personas mencionadas en este artículo que no transmita a la unidad de información financiera informaciones obtenidas de dichas personas en las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 23.

(34)  Ha habido casos de empleados que, habiendo comunicado sospechas de blanqueo de capitales, han sufrido acosos o amenazas. Si bien la presente Directiva no puede interferir con los procedimientos judiciales de los Estados miembros, se trata de un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . Los Estados miembros deben ser conscientes del problema y hacer todo lo posible por proteger a los empleados frente a este tipo de acosos.

(35)  La comunicación de información a que se refiere el artículo 28 debe realizarse con arreglo a las disposiciones relativas a la transferencia de datos a terceros países previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (7) . Además, las disposiciones del artículo 28 no pueden aplicarse en oposición a la legislación nacional en materia de protección de datos y secreto profesional.

(36)  Las personas que se limitan a convertir documentos en soporte papel en datos electrónicos y que actúan en base a un contrato celebrado con una entidad o de credito o financiera no están incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva al igual que las personas físicas o jurídicas que sólo transmiten mensajes a las entidades de credito o financieras o les proporcionan otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos o un sistema de compensación y regulación.

(37)  El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismos son problemas internacionales, que deben combatirse en el ámbito mundial. En los casos en que las entidades de crédito e instituciones financieras comunitarias tengan sucursales y filiales en terceros países donde la legislación en este ámbito sea deficiente, y a fin de evitar la aplicación de normas muy diferentes en una misma entidad o institución o grupo de entidades o instituciones, éstas deben aplicar la norma comunitaria o, cuando sea imposible, notificar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

(38)  Es importante que las entidades de crédito e instituciones financieras puedan atender con diligencia a las solicitudes de información sobre sus posibles relaciones de negocios con personas designadas nominalmente. Para identificar dichas relaciones de negocios y así poder facilitar rápidamente la información solicitada, las entidades de crédito y financieras deben disponer de sistemas efectivos acordes con el volumen y la naturaleza de sus operaciones. Convendría, por tanto, que las entidades de crédito y las grandes entidades financieras estuvieran dotadas de sistemas electrónicos. Esta medida resulta especialmente importante en los procedimientos que dan lugar a medidas como la inmovilización o la incautación de bienes (incluidos los bienes de terroristas), en virtud de la legislación nacional o de la UE aplicable, con objeto de luchar contra el terrorismo.

(39)  La presente Directiva establece normas detalladas en materia de diligencia debida con respecto al cliente, entre las que figuran medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente aplicables a los clientes o relaciones comerciales de alto riesgo, como procedimientos adecuados para determinar si una persona está políticamente expuesta, junto con algunos requisitos adicionales más específicos, como la necesidad de que existan procedimientos y políticas de gestión de la conformidad. Las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva tendrán que cumplir todos estos requisitos. Por su parte, a los Estados miembros les corresponderá adaptar la aplicación concreta de estas disposiciones a las peculiaridades de las distintas profesiones y a las diferencias en cuanto a su ámbito de actuación y tamaño de las entidades y personas a las que se aplican las disposiciones de la presente Directiva.

(40)  A ser posible, y para mantener la movilización de las instituciones y demás entidades sujetas a la legislación comunitaria en este campo, éstas deben ser informadas de la utilidad y las consecuencias de sus notificaciones. A tal fin, y para poder evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , los Estados miembros deben mantener y perfeccionar sus estadísticas al respecto.

(41)  Las autoridades competentes que procedan a registrar o autorizar a una agencia de cambio, un proveedor de servicios a sociedades y fideicomisos o un casino, tendrían que poseer garantías de la competencia y honorabilidad de las personas que de hecho dirigen o van a dirigir las actividades de dichas entidades y de sus beneficiarios efectivos. Los criterios para determinar la competencia y honorabilidad deben fijarse en cada Estado miembro con arreglo a la legislación nacional y reflejar, como mínimo, la necesidad de proteger a tales entidades y personas de los abusos que sus directivos o beneficiarios efectivos pudieran cometer con fines delictivos.

(42)  A la vista del carácter internacional del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, conviene potenciar a la mayor escala posible la coordinación y cooperación entre las unidades de información financiera previstas en la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (8) , incluida la creación de una red de unidades de información financiera de la Unión Europea. Con este fin, la Comisión debe prestar la asistencia necesaria, incluso de orden financiero, para facilitar dicha coordinación.

(43)  La importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe llevar a los Estados miembros a establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias de Derecho nacional en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales que se adopten en aplicación de la presente Directiva. Deben preverse sanciones a las personas físicas y jurídicas. Toda vez que en operaciones complejas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo se ven a menudo implicadas personas jurídicas, las sanciones deben también ajustarse a las actividades que éstas realicen.

(44)  Las personas físicas que, actuando de forma independiente, ejerzan cualquiera de las actividades enunciadas en las letras a) y b) del punto 3) del apartado 1 del artículo 2 en el seno de una persona jurídica seguirán siendo responsables a título independiente del cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, salvo en lo que se refiere a las disposiciones establecidas en el artículo 35.

(45)  La clarificación de los aspectos técnicos de las normas contenidas en la presente Directiva puede resultar necesaria para garantizar una aplicación eficaz y suficientemente coherente de la misma, teniendo en cuenta los diferentes instrumentos financieros, profesiones y riesgos existentes en los distintos Estados miembros y los avances técnicos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión debe, por lo tanto, poder adoptar medidas de aplicación, como determinados criterios para la identificación de situaciones de bajo y alto riesgo en las cuales podría bastar la diligencia debida simplificada o por el contrario sería más apropiada la diligencia debida reforzada, siempre y cuando estos criterios no modifiquen elementos esenciales de la presente Directiva y que la Comisión actúe de acuerdo con los principios establecidos en la misma, previa consulta al Comité sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

(46)  La Directiva 91/308/CEE, dadas las considerables modificaciones a que debe someterse y por motivos de claridad, debe sustituirse.

(47)  Toda vez que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y que, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción propuesta, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo mencionado, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(48)  En el ejercicio de sus competencias de ejecución de conformidad con la presente Directiva, la Comisión debe respetar los siguientes principios: la necesidad de elevados niveles de transparencia y de consulta con las entidades y personas a las que se aplica la Directiva y con el Parlamento Europeo y el Consejo; la necesidad de asegurarse de que las autoridades competentes serán capaces de hacer cumplir las normas de forma sistemática; el equilibrio entre costes y beneficios para estas entidades y personas, a largo plazo, de todas las medidas de ejecución; la necesidad de conservar la flexibilidad necesaria en la aplicación de las medidas de ejecución siguiendo un planteamiento basado en el riesgo; la necesidad de garantizar la coherencia con otras reglamentaciones de la UE en este ámbito; la necesidad de proteger a la UE, a sus Estados miembros y a sus ciudadanos de las consecuencias del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

(49)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1

1.  Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo queden prohibidos .

2.  A efectos de la presente directiva, las siguientes acciones, realizadas intencionadamente, se considerarán blanqueo de capitales:

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.

3.  A efectos de la presente Directiva, se entiende por "financiación del terrorismo" el suministro o la recogida de fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (9) .

4.  El conocimiento, la intención o la motivación que han de darse en las actividades a que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo podrán establecerse basándose en elementos de hecho objetivos.

Artículo 2

1.  La presente Directiva se aplicará a las entidades y personas siguientes:

2.  Los Estados miembros podrán decidir no incluir en el ámbito de aplicación de los apartados 1 o 2 del artículo 3 a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada y cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo .

Artículo 3

Artículo 4

Los Estados miembros velarán por hacer extensivas, total o parcialmente, las disposiciones de la presente Directiva a aquellas profesiones y categorías de empresas distintas de las entidades y personas contempladas en el apartado 1 del artículo 2 que ejerzan actividades particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En caso de que un Estado miembro decida hacer extensivas las disposiciones de la presente Directiva a profesiones y categorías de empresas distintas de las que se mencionan en el apartado 1 del artículo 2, deberá informar de su decisión a la Comisión.

Artículo 5

Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6

Los Estados miembros prohibirán a sus entidades de crédito y financieras mantener cuentas anónimas o libretas de ahorro anónimas. No obstante lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 9, los Estados miembros exigirán, sin excepciones de ningún tipo, que los titulares y beneficiarios de cuentas anónimas o libretas de ahorro anónimas queden sujetos cuanto antes a los requisitos sobre diligencia debida con respecto al cliente y, en cualquier caso, antes de que se haga uso alguno de ellas .

Artículo 7

Artículo 8

1.  Los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las actividades siguientes:

2.  Las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva aplicarán cada uno de los requisitos del apartado 1 sobre diligencia debida con respecto al cliente, pero podrán determinar su grado de aplicación en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto o transacción. Las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades mencionadas en el artículo 37, incluidos los organismos autorreguladores, que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo .

Artículo 9

1.  Los Estados miembros exigirán que la comprobación de la identidad del cliente y del beneficiario efectivo se efectúe antes de que se establezca una relación de negocios o de que se realice una transacción.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán permitir que la comprobación de la identidad del cliente y del beneficiario efectivo concluya en el momento de establecerse una relación de negocios, cuando ello sea necesario para no interrumpir el desarrollo normal de la operación y cuando el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo sea escaso. En tal caso, el procedimiento deberá concluirse lo antes posible tras el primer contacto.

3.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán permitir, en lo que respecta a las actividades en el ámbito del seguro de vida, que la comprobación de la identidad del beneficiario de la póliza se efectúe una vez establecida la relación de negocios. En ese caso, la comprobación deberá realizarse a más tardar en el momento del desembolso o bien en el momento en que el beneficiario se proponga ejercer los derechos que la póliza le confiere.

4.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán permitir la apertura de cuentas bancarias siempre y cuando existan suficientes garantías de que el cliente o cualquier otra persona en su nombre no efectúen operaciones hasta que se hayan cumplido los requisitos citados.

5.  Los Estados miembros prohibirán a la entidad o persona interesadas que no puedan cumplir lo dispuesto en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8 efectuar operaciones a través de una cuenta bancaria , establecer una relación de negocios o llevar a cabo una transacción, o les exigirá que pongan fin a la relación de negocios y estudien el envío de una notificación sobre el cliente a la unidad de información financiera con arreglo al artículo 22 .

Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar esta disposición cuando los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos y asesores fiscales estén determinando la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñando su misión de defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación de un proceso o la forma de evitarlo.

6.  Los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que no sólo apliquen procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente a todos los nuevos clientes, sino también, en el momento oportuno, a los clientes existentes, en función de un análisis del riesgo.

Artículo 10

1.  Los Estados miembros exigirán que se identifique a todos los clientes de casinos y se compruebe su identidad cuando compren o cambien fichas de juego por valor igual o superior a 2 000 EUR .

2.  En cualquier caso, se considerará que los casinos sujetos a control estatal han cumplido la obligación de diligencia debida cuando registren, identifiquen y comprueben la identidad de sus clientes, con independencia del número de fichas de juego que compren, en el preciso momento en que accedan al casino o inmediatamente antes.

Medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente

Artículo 11

1.  No obstante lo dispuesto en las letras a), b) y d) del artículo 7, en el artículo 8 y en el apartado 1 del artículo 9, las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva no estarán sometidas a los requisitos previstos en dichos artículos cuando el cliente sea una entidad de crédito o financiera contempladas en la presente Directiva, o una entidad de crédito o financiera establecida en un tercer país que imponga obligaciones equivalentes a las prescritas por la presente Directiva y sea objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de los requisitos.

2.  No obstante lo dispuesto en las letras a), b) y d) del artículo 7, en el artículo 8 y en el apartado 1 del artículo 9 , los Estados miembros podrán autorizar a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva a no aplicar medidas de diligencia debida a :

3.  En los casos a que se refieren los apartados 1 y 2, las personas y entidades deberán reunir la información suficiente para determinar si el cliente puede acogerse a una de las excepciones previstas en dichos apartados.

4.  Los Estados miembros se informarán mutuamente e informarán a la Comisión de aquellos casos en que consideren que un tercer país cumple los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 o de las situaciones en que se reúnen los criterios técnicos establecidos de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 40 .

5.  No obstante lo dispuesto en las letras a), b) y d) del artículo 7, en el artículo 8 y en el apartado 1 del artículo 9 , los Estados miembros podrán autorizar a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva a no aplicar medidas de diligencia debida a:

Artículo 12

Cuando la Comisión adopte una decisión en virtud del apartado 4 del artículo 40 , los Estados miembros prohibirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva aplicar medidas simplificadas de diligencia debida a las entidades de crédito y financieras o sociedades con cotización en bolsa del tercer país de que se trate u otras entidades resultantes de situaciones que respondan a los criterios técnicos establecidos de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 40 .

Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente

Artículo 13

1.  Los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que apliquen, en función de un análisis del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente, además de las contempladas en los artículos 7 y 8 y en el apartado 6 del artículo 9 , en aquellas situaciones que por su propia naturaleza puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y, al menos, en las siguientes situaciones conforme a los apartados 2, 3 y 4, así como en el caso de otras situaciones que presenten un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en las que se cumplan los criterios técnicos establecidos de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 40.

2.   Cuando el cliente no haya estado físicamente presente para su identificación, los Estados miembros exigirán a las mencionadas entidades y personas que adopten medidas específicas y adecuadas para compensar el incremento del riesgo, por ejemplo, recurriendo a la aplicación de una o varias de las medidas siguientes:

3.   Con respecto a las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza con entidades clientes de terceros países, los Estados miembros exigirán a sus entidades de crédito:

4.   En relación con las transacciones o relaciones de negocios con personas políticamente expuestas que residen en otro Estado miembro o en un país tercero , los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva :

5.  Los Estados miembros prohibirán a las entidades de crédito establecer o mantener relaciones de corresponsalía bancaria con un banco pantalla y requerirán a las entidades de crédito que adopten medidas adecuadas para asegurar que no entablan o mantienen relaciones de corresponsalía con un banco conocido por permitir el uso de sus cuentas por bancos pantalla .

6.  Los Estados miembros garantizarán que las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva presten especial atención a toda amenaza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo que pueda derivarse de productos o transacciones propicias al anonimato y tomarán medidas, en su caso, a fin de impedir su uso en sistemas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo .

Aplicación por terceros

Artículo 14

Los Estados miembros podrán permitir que las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva recurran a terceros para aplicar los requisitos contemplados en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8 .

No obstante, por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8, seguirá siendo responsable última la entidad o persona sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva que recurra al tercero.

Artículo 15

En caso de que un Estado miembro permita que las entidades a que se refieren los puntos 1) y 2) del apartado 1 del artículo 2 sean consideradas como tercero a nivel nacional, dicho Estado miembro deberá permitir en cualquier caso a las entidades y personas contempladas en el apartado 1 del artículo 2 reconocer y aceptar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, el resultado de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8, llevados a cabo de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva por una entidad de las referidas en los puntos 1 o 2 del apartado 1 del artículo 2 en otro Estado miembro (con excepción de las agencias de cambio y de las empresas de transferencia o envío de dinero) y que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 16 y 18, aun en el caso de que los documentos o datos en los que se basan dichos requisitos sean distintos de los exigidos en el Estado miembro en el cual se presente el cliente.

En caso de que un Estado miembro permita que las agencias de cambio y las empresas de transferencia o envío de dinero contempladas en la letra a) del punto 2 del artículo 3 sean consideradas como tercero a nivel nacional, dicho Estado miembro deberá permitir en cualquier caso que éstas reconozcan y acepten, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, el resultado de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8, llevados a cabo de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva por una entidad de la misma categoría en otro Estado miembro y que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 16 y 18, aun cuando los documentos o datos en los que se hayan basado dichos requisitos sean distintos de los exigidos en el Estado miembro en que se presente el cliente.

En caso de que un Estado miembro permita que las personas a que se refieren las letras a) a c) del punto 3 del apartado 1 del artículo 2 sean consideradas como tercero a nivel nacional, dicho Estado miembro deberá en todos los casos permitir que dichas personas reconozcan y acepten, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, el resultado de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8, llevados a cabo de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva por una persona de las contempladas en las letras a) a c) del punto 3 del apartado 1 del artículo 2 en otro Estado miembro y que cumpla las exigencias establecidas en los artículos 16 y 18, aun cuando los documentos o datos en los que se hayan basado dichos documentos sean distintos de los exigidos en el Estado miembro en que se presente el cliente.

Artículo 16

1.  A efectos de la presente sección, se entenderá por terceros las entidades y personas enumeradas en el artículo 2, o las entidades y personas equivalentes situadas en un tercer país, que satisfagan los siguientes requisitos:

2.  Los Estados miembros se informarán mutuamente e informarán a la Comisión de aquellos casos en que consideren que un tercer país cumple los requisitos establecidos en la letra b) del apartado 1.

Artículo 17

Cuando la Comisión adopte una decisión en virtud del apartado 4 del artículo 40 , los Estados miembros prohibirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que confíen a terceros del tercer país interesado aplicar los requisitos establecidos en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 8 .

Artículo 18

Los terceros pondrán la información solicitada con arreglo a los requisitos establecidos en las letras a) a  c) del apartado 1 del artículo 8 a inmediata disposición de la entidad o persona a la que se presente el cliente.

Los terceros remitirán las correspondientes copias de los datos de comprobación de identidad y demás documentación pertinente sobre la identidad del cliente o beneficiario efectivo a la entidad o persona a la que se presente el cliente a instancias de ésta .

Artículo 19

Lo dispuesto en la presente sección no se aplicará a las relaciones de externalización o agencia cuando, en virtud de un acuerdo contractual, el proveedor de servicios de externalización o agente deba considerarse como parte de la entidad o persona sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva.

Disposiciones generales

Artículo 20

Los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que otorguen especial atención a cualquier actividad que, por su naturaleza, consideren particularmente probable que esté relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y, en particular, las transacciones complejas o de un importe extraordinariamente elevado, así como toda pauta de transacción inhabitual y que no presente un propósito económico aparente o visiblemente lícito.

Artículo 21

Todos los Estados miembros establecerán una unidad de información financiera a fin de combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo .

La unidad de información financiera se establecerá como unidad nacional central. Será responsable de recibir ( y en la medida de sus competencias) , solicitar, analizar y comunicar a las autoridades competentes la información que guarde relación con el blanqueo potencial de capitales, la potencial financiación terrorista o sea exigida en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales. Se la dotará de los recursos adecuados para que lleve a cabo sus misiones.

Los Estados miembros deberán garantizar que la unidad de información financiera tenga acceso, directa o indirectamente, en el plazo requerido, a la información financiera, administrativa y policial que necesite para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada.

Artículo 22

1.  Los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva y, en su caso, a sus directivos y empleados que colaboren plenamente:

2.  La información a que hace referencia el apartado 1 será remitida a la unidad de información financiera del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre situada la entidad o persona que facilite dicha información. En principio, se encargarán de remitir la información la persona o personas que hayan sido designadas de conformidad con los procedimientos contemplados en el artículo 34 .

Artículo 23

1.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22, en el caso de las personas contempladas en las letras a) y b) del punto 3 del apartado 1 del artículo 2, los Estados miembros podrán designar a un organismo autorregulador pertinente de la profesión de que se trate como la autoridad a la que se ha de informar en primera instancia en lugar de la unidad de información financiera. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, en tales casos, los organismos autorreguladores designados transmitirán de inmediato la información sin filtrar a la unidad de información financiera.

2.  Los Estados miembros no estarán obligados a imponer las obligaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 22 a los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos y asesores fiscales con respecto a la información que éstos reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Artículo 24

Los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que se abstengan de ejecutar transacciones de las que sepan o sospechen que están relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación terrorista hasta tanto no hayan completado la acción necesaria de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 22.

Con arreglo a la legislación de los Estados miembros, podrán darse instrucciones para que no se ejecute la operación.

Cuando se sospeche que la transacción considerada implicará blanqueo de capitales o financiación terrorista y abstenerse de ejecutarla resulte imposible o pueda comprometer el procesamiento de los beneficiarios de la presunta operación de blanqueo o financiación terrorista , las entidades y personas afectadas informarán a la unidad de información financiera.

Artículo 25

1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades contempladas en el artículo 37 , en caso de que descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo , ya sea durante las inspecciones efectuadas por esas autoridades en las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva o de cualquier otro modo, informen de ello sin demora a la unidad de información financiera.

2.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades supervisoras facultadas mediante disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las bolsas de valores y los mercados de divisas y de derivados financieros informen a la unidad de información financiera cuando descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Artículo 26

La comunicación, de buena fe, con arreglo a lo previsto en el apartado 1 del artículo 22 y en el artículo 23 , de la información contemplada en los artículos 22 y 23 , por parte de una entidad o persona sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva, o de sus empleados o directivos, no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa y no implicará ningún tipo de responsabilidad para la persona, entidad o sus directivos o empleados.

Artículo 27

Los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas a fin de proteger frente a toda amenaza o acción hostil a los empleados de las entidades o personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que comuniquen sus sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo , ya sea por vía interna o a la unidad de información financiera.

Prohibición de comunicación

Artículo 28

1.   Las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva, así como sus directivos y empleados, no comunicarán al cliente de que se trate ni a terceros que se ha transmitido información de conformidad con los artículos 22 y 23 ni que está realizándose o puede realizarse una investigación sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

2.  La prohibición anteriormente mencionada no incluirá la revelación a las autoridades contempladas en el artículo 37, incluidos los organismos autorreguladores, o la revelación por motivos policiales.

3.  La prohibición anteriormente mencionada no impedirá la comunicación entre entidades de los Estados miembros, o de terceros países, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 11, que pertenezcan al mismo grupo según se define en el apartado 12 del artículo 2 de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (17) .

4.  La prohibición anteriormente mencionada no impedirá la comunicación de información entre las personas a que se refieren las letras a) y b) del punto 3) del apartado 1 del artículo 2 situadas en los Estados miembros, o en terceros países que impongan requisitos equivalentes a los enunciados en la presente Directiva, que ejerzan sus actividades profesionales, ya sea como empleados o de otro modo, dentro de la misma entidad jurídica o en una red. A los efectos del presente artículo, por red se entiende la estructura más amplia a la que pertenece la persona y que comparte una propiedad, gestión o supervisión del cumplimiento comunes.

5.  Cuando se trate de las entidades o personas a que se refieren los puntos 1 y 2 y las letras a) y b) del punto 3 del apartado 1 del artículo 2, los casos que se refieran a un mismo cliente y a una misma transacción en la que intervengan dos o más entidades o personas, la prohibición a que se refiere el apartado 1 de este artículo no impedirá la comunicación de información entre las entidades pertinentes, siempre que estén establecidas en un Estado miembro, o en un tercer país que imponga requisitos equivalentes a los establecidos por la presente Directiva, y pertenezcan a la misma categoría profesional y estén sujetas a obligaciones equivalentes en lo relativo al secreto profesional y la protección de los datos personales. La información intercambiada se utilizará exclusivamente a efectos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

6.  Cuando las personas a que se refieren las letras a) y b) del punto 3) del apartado 1 del artículo 2 intenten disuadir a un cliente de una actividad ilegal, ello no constituirá comunicación a efectos del apartado 1.

7.  Los Estados miembros se informarán mutuamente e informarán a la Comisión de los casos en que consideren que un tercer país reúne las condiciones estipuladas en los apartados 3, 4 o 5.

Artículo 29

Cuando la Comisión adopte una decisión en virtud del apartado 4 del artículo 40, los Estados miembros prohibirán la comunicación de información entre las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva y las entidades y personas del tercer país de que se trate.

Conservación de documentos y datos estadísticos

Artículo 30

Artículo 31

1.  Los Estados miembros exigirán a las entidades de crédito y financieras sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que, cuando proceda, apliquen en sus sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países medidas al menos equivalentes a las recogidas en la presente Directiva en materia de diligencia debida con respecto al cliente y conservación de documentos.

Cuando el Derecho del tercer país no permita la aplicación de dichas medidas equivalentes, los Estados miembros exigirán a las entidades de que se trate que informen en consecuencia a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

2.  Los Estados miembros y la Comisión se informarán mutuamente de aquellos casos en que el Derecho del tercer país no permita la aplicación de las medidas exigidas con arreglo al primer párrafo del apartado 1 y en los que se pueda actuar en el marco de un procedimiento acordado para hallar una solución.

3.  Los Estados miembros requerirán que, en aquellos casos en que el Derecho del tercer país no permita la aplicación de las medidas exigidas con arreglo al primer párrafo del apartado 1, las entidades adopten medidas adicionales para hacer frente eficazmente al riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Artículo 32

Los Estados miembros exigirán que sus entidades de crédito y financieras instauren sistemas que les permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les cursen la unidad de información financiera u otras autoridades con arreglo a su Derecho nacional, sobre si mantienen o han mantenido a lo largo de los cinco años anteriores relaciones de negocios con determinadas personas físicas o jurídicas y sobre la naturaleza de dichas relaciones.

Artículo 33

Los Estados miembros garantizarán que están en condiciones de evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, a tal fin, dispondrán de estadísticas exhaustivas, en relación con cuestiones pertinentes para la eficacia de tales sistemas.

Dichas estadísticas recogerán, como mínimo, el número de notificaciones de transacciones sospechosas comunicadas a la unidad de información financiera, el seguimiento dado a dichas notificaciones y el número anual de asuntos investigados, así como el número de personas procesadas, el número de personas condenadas por delitos relacionados con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo y el volumen de los bienes congelados, incautados o confiscados .

Los Estados miembros deberán garantizar la publicación de una revisión consolidada de sus informes estadísticos.

Procedimientos internos, formación y comunicación de observaciones

Artículo 34

1.   Los Estados miembros exigirán que las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva establezcan políticas y procedimientos adecuados y apropiados en materia de diligencia debida con respecto al cliente, información, conservación de documentos, control interno, evaluación de riesgos, gestión de riesgos, gestión del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación, con vistas a prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo .

2.  Los Estados miembros exigirán que las entidades sujetas a la presente Directiva comuniquen las políticas y los procedimientos correspondientes, cuando sean de aplicación, a las sucursales y filiales en las que tengan participación mayoritaria situadas en países terceros.

Artículo 35

1.  Los Estados miembros exigirán a las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva que adopten las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las disposiciones vigentes sobre la base de la misma.

Estas medidas incluirán, la participación de los empleados correspondientes en cursos especiales de formación permanente para ayudarles a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo y enseñarles la manera de proceder en tales casos.

En caso de que una persona física perteneciente a alguna de las categorías enumeradas en el punto 3 del apartado 1 del artículo 2 ejerza su profesión en calidad de empleado de una persona jurídica, las obligaciones impuestas por la presente Sección recaerán en dicha persona jurídica en vez de en la persona física.

2.  Los Estados miembros velarán por que las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva tengan acceso a información actualizada sobre las prácticas de los autores del blanqueo de capitales y de los financiadores del terrorismo y sobre los indicios que permiten detectar las transacciones sospechosas.

3.  Los Estados miembros velarán por que, siempre que sea posible, se comuniquen observaciones oportunas sobre la eficacia y seguimiento de las notificaciones sobre sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Supervisión

Artículo 36

1.  Los Estados miembros establecerán que las agencias de cambio y los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos estén sujetos a la obligación de obtener autorización o registro, y los casinos, a la de obtener licencia, a fin de ejercer legalmente sus actividades. Sin perjuicio de la futura legislación comunitaria, los Estados miembros dispondrán que las empresas de transferencia o envío de dinero estén sujetas a la obligación de autorización o registro para ejercer legalmente sus actividades.

2.  Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que denieguen la autorización o registro a las entidades contempladas en el apartado 1 cuando no posean garantías de la honorabilidad y profesionalidad de las personas que de hecho dirijan o vayan a dirigir los negocios de dichas entidades o de sus beneficiarios efectivos.

Artículo 37

1.  Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que, como mínimo, supervisen eficazmente y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva por las entidades y personas a ella sujetas.

2.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean las facultades adecuadas, incluidas la de obligar a aportar cualquier información que tenga relación con la supervisión del cumplimiento y la de realizar controles, y por que dispongan de los recursos adecuados para desempeñar sus funciones.

3.  En el caso de entidades de crédito, financieras y casinos, las autoridades competentes tendrán mayores facultades de supervisión, en particular la posibilidad de realizar inspecciones in situ.

4.  En el caso de las personas físicas y jurídicas a que se refieren las letras a) a e) del punto 3) del apartado 1 del artículo 2, los Estados miembros podrán permitir que las funciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo se realicen en función de un análisis del riesgo.

5.  En el caso de las personas a que se refieren las letras a) y b) del punto 3) del apartado 1 del artículo 2, los Estados miembros podrán permitir que las funciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo sean realizadas por organismos autorreguladores, siempre que cumplan lo dispuesto en el apartado 2.

COOPERACIÓN

Artículo 38

La Comisión prestará la asistencia necesaria para facilitar la coordinación, incluido el intercambio de información, entre unidades de información financiera dentro de la Unión Europea.

Sanciones

Artículo 39

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que a las personas físicas y jurídicas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva pueda imputárseles responsabilidad cuando infrinjan las disposiciones de Derecho nacional adoptadas para dar cumplimiento a la presente Directiva. En caso de infracción, las sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2.  Sin perjuicio de su derecho a imponer sanciones penales, los Estados miembros se asegurarán, de conformidad con su Derecho nacional, de que pueden adoptarse las medidas administrativas apropiadas o imponerse sanciones administrativas a las entidades de crédito o financieras que incumplan las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a la presente Directiva. Los Estados miembros se asegurarán de que estas medidas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

3.  En el caso de las personas jurídicas, los Estados miembros garantizarán, como mínimo, que se les pueda imputar responsabilidad por las infracciones a que se refiere el apartado 1, cuando las cometa en su provecho, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, cualquier persona que en el seno de dicha persona jurídica, ostente un cargo directivo que suponga:

4.  Sin perjuicio de los casos ya previstos en el apartado 3, los Estados miembros se asegurarán de que a las personas jurídicas pueda imputárseles responsabilidad cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 3 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa por cuenta de la persona jurídica una de las infracciones mencionadas en el apartado 1.

Medidas de aplicación

Artículo 40

1.  A fin de atender a la evolución técnica en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , y de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva, la Comisión, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 41 , podrá adoptar las siguientes medidas de ejecución:

2.  En cualquier caso, la Comisión adoptará las primeras medidas de ejecución para dar efecto a las letras b) y d) del apartado 1 en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.

3.   La Comisión, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 41 , adaptará los importes contemplados en la letra e) del punto 3 del apartado 1  del artículo 2, la letra b) del artículo 7 , el apartado 1 del artículo 10 y las letras a) y d) del apartado 5 del artículo 11 tomando en consideración la legislación comunitaria, la evolución de la situación económica y los cambios en la normativa internacional.

4.   La Comisión, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 41 , adoptará una decisión por la que se declare que un tercer país no cumple los requisitos establecidos en los apartados 1 o 2 del artículo 11 , apartados 3, 4 o 5 del artículo 28, o en las medidas establecidas de conformidad con la letra b) del apartado 1 o con la letra b) del apartado 1 del artículo 16 o por la que se declare que el Derecho de dicho tercer país no permite la aplicación de las medidas exigidas en virtud del primer párrafo del apartado 1 del artículo 31 .

Artículo 41

1.  La Comisión será asistida por un Comité sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación terrorista , en lo sucesivo denominado "el Comité".

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8 a condición de que las medidas de ejecución adoptadas con arreglo a dicho procedimiento no modifiquen las disposiciones fundamentales de la presente Directiva.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.  El Comité aprobará su reglamento interno.

4.  Sin perjuicio de las medidas de ejecución ya aprobadas, la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva que prevean la aprobación de normas y decisiones técnicas mediante el procedimiento previsto en el apartado 2, se suspenderá cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión y conforme al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado, podrán renovar las disposiciones correspondientes y a este efecto las examinarán antes de que transcurra el plazo de cuatro años.

Disposiciones finales

Artículo 42

La Comisión elaborará, en el plazo de dos años desde la expiración del plazo para la transposición establecido en el artículo 45 y, a partir de entonces, al menos cada tres años, un informe sobre la aplicación de la presente Directiva que será presentado al Parlamento Europeo y al Consejo. En el primero de dichos informes, la Comisión incluirá un examen específico del trato reservado a los abogados y otros profesionales .

Artículo 43

Antes de ... (18) , la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el límite porcentual establecido en el apartado 6 del artículo 3, prestando especial atención a la posible conveniencia de disminuir del 25 al 20 % el porcentaje indicado en el inciso i) de la letra a) y en los incisos i) y iii) de la letra b) del apartado 8 del artículo 3. Sobre la base de este informe, la Comisión podrá presentar una propuesta de modificación de la presente Directiva.

Artículo 44

La Directiva 91/308/CEE queda derogada.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo al cuadro de correspondencias que figura en el Anexo.

Artículo 45

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el ... (19) *. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones y un cuadro de correspondencias entre dichas disposiciones y la presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 46

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 47

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

CUADRO DE CORRESPONDENCIAS

(1) DO C (2) DO C 40 de 17.2.2005, p. 9. (3) Posición del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2005. (4) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77. Directiva modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 76). (5) DO L 182 de 5.7.2001, p. 1. (6) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. (7) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1). (8) Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información (DO L 271 de 24.10.2000, p. 4). (9) DO L 164 de 22.6.2002, p. 3. (10) DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/69/CE de la Comisión (DO L 125 de 28.4.2004, p. 44). (11) DO L 345 de 19.12.2002, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo (DO L 168 de 1.5.2004, p. 35). (12) DO L 145 de 30.4.2004, p.1. (13) DO L 9 de 15.1.2003, p. 3. (14) DO L 351 de 29.12.1998, p. 1. (15) DO C 316 de 27.11.1995, p. 49 . (16) DO L 275 de 27.10.2000, p. 39. (17) DO L 35 de 11.2.2003, p. 1. (18) * 60 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva. (19) ** 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.