El Parlamento Europeo ,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Darfur, y en particular las de 16 de septiembre de 2004(1) , 23 de junio de 2005(2) , 6 de abril de 2006(3) , 28 de septiembre de 2006(4) y 15 de febrero de 2007(5) ,

–  Visto el Acuerdo de Paz para Darfur (APD), firmado en Abuja (Nigeria) el 5 de mayo de 2006,

–  Visto el Consenso de Trípoli sobre el Proceso Político para Darfur, aprobado en Trípoli los días 28 y 29 de abril de 2007,

–  Vista la decisión de la Unión Africana (UA) de abril de 2004 de establecer una Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS),

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas n° 1706(2006) por la que se propone una fuerza de paz para Darfur de 22 000 efectivos,

–  Visto el informe, de 12 de marzo de 2007, elaborado por la Misión de Alto Nivel en Darfur del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre la situación de los derechos humanos en Darfur,

–  Visto el informe final, de 11 de octubre de 2006, elaborado por el Grupo de Expertos sobre Sudán, designado en virtud de la Resolución n° 1591(2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, vinculante y aplicable sin excepciones,

–  Vistas las conclusiones de la Delegación de la Comisión de Desarrollo para Darfur, que visitó Sudán y Chad entre los días 30 de junio y 5 de julio de 2007,

–  Visto el artículo 91 de su Reglamento,

A.  Hondamente preocupado por la situación de los derechos humanos en Darfur, con innumerables casos de violaciones de estos derechos, entre los que se pueden citar violaciones masivas, secuestros, desplazamientos forzosos y violaciones del Derecho internacional humanitario, tal y como señala el informe de la Misión de Alto Nivel en Darfur del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

B.  Hondamente preocupado por el hecho de que este conflicto, que implica a tropas regulares, milicias progubernamentales y fuerzas rebeldes, haya provocado ya cerca de 400 000 víctimas mortales y más de dos millones y medio de refugiados y desplazados en los últimos tres años, pese a la firma del APD anteriormente mencionado,

C.  Considerando que el número de personas afectadas por el conflicto de Darfur asciende actualmente a más de 4 millones, el mayor hasta la fecha, incluidos 2,2 millones de desplazados internos, de los cuales 500 000 no reciben ayuda humanitaria por no poder llegar hasta ellos los trabajadores de estas organizaciones; considerando que Sudán, con más de 5 millones de refugiados internacionales y desplazados internos, tiene hoy la mayor población de refugiados de todo el mundo,

D.  Considerando que el acuerdo de alto el fuego firmado en Yamena el 8 de abril de 2004 no goza de respeto o adhesión alguna, y que desde el fracaso del APD han aumentado la inseguridad y la anarquía; considerando que la constante fragmentación de los grupos rebeldes -hasta el extremo de que actualmente hay más de veinte de ellos- está obstaculizando la distribución de la ayuda humanitaria y sin duda dificultará cualquier negociación de paz,

E.  Considerando que las Naciones Unidas consideran actualmente la crisis de Darfur como la peor crisis humanitaria del planeta,

F.  Considerando que la situación en la que deben desenvolverse las organizaciones humanitarias es hoy peor que nunca, y que los ataques indiscriminados contra civiles y trabajadores de estas organizaciones son constantes; considerando que diecinueve trabajadores de estas organizaciones fueron asesinados en 2006, y que dieciocho soldados de la AMIS también resultaron muertos -nueve de ellos el pasado mes-; considerando, que en lo que llevamos de año, setenta y cuatro vehículos humanitarios han sufrido emboscadas y ochenta y dos trabajadores de organizaciones humanitarias han sido temporalmente secuestrados,

G.  Considerando que, pese a haber sido reconocida la violencia sexual contra mujeres y niños como crimen contra la humanidad, sigue utilizándose como arma de guerra por las partes en conflicto con toda impunidad; considerando que las víctimas que denuncian esta situación se exponen a ser perseguidas por la ley sudanesa, puesto que la denuncia ha de ser corroborada por cuatro testigos varones,

H.  Considerando que la tortura y el reclutamiento forzoso de adultos y niños se han convertido en un elemento más de los abusos y violaciones del Derecho internacional humanitario en Darfur, y que el terror que padecen las víctimas les impide denunciarlo,

I.  Considerando que el principio de las Naciones Unidas de la "responsabilidad de proteger" prevé que cuando las autoridades nacionales sean manifiestamente incapaces de proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad, la protección necesaria deberá ser garantizada por terceros,

J.  Considerando que el mandato de la AMIS se ha prorrogado hasta finales de 2007 y que la fuerza híbrida no será desplegada hasta como mínimo 2008; considerando que hasta que esto ocurra, la AMIS será la única fuerza sobre el terreno con mandato para proteger a los civiles,

K.  Hondamente preocupado por el constante suministro de armas y equipos militares de todo tipo a Sudán, y por el uso de los mismos en la actual situación de catástrofe humanitaria y violación de los derechos humanos en la provincia sudanesa de Darfur, tal y como lo prueban recientes informes del citado Grupo de Expertos y de Amnistía Internacional,

L.  Considerando que el conflicto de Darfur -junto a la impunidad frente a la justicia- está afectando cada vez más a la estabilidad de la región, por lo que constituye una amenaza a la paz y a la seguridad generales,

M.  Considerando que, aun siendo la crisis de Chad parte de un conflicto regional más amplio, tiene también su propia dinámica, por lo que debería tratarse como una crisis con carta de naturaleza propia; considerando que el Gobierno chadiano no cumple su responsabilidad de proteger a la población civil y que actualmente hay 230 000 sudaneses refugiados en campos chadianos, y que 190 000 nacionales chadianos se han visto obligados a abandonar sus hogares,

N.  Considerando que las Naciones Unidas otorgaron mandato a una fuerza multidimensional en Chad en 2006; considerando que desde entonces no se ha avanzado en absoluto en el despliegue de esta fuerza, pese a las cada vez mayores y acuciantes necesidades de protección de la población civil,

O.  Considerando que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación para esclarecer los crímenes cometidos en Darfur en 2005 y dictó órdenes de detención el 2 de mayo de 2007, contra Ahmad Muhammad Harun y Ali Kushayb, como presuntos autores de 51 crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos el asesinato, la violación, tortura y persecución de civiles en Darfur,

P.  Considerando que, el 10 de mayo de 2007, China nombró como Enviado Especial para Darfur a Liu Giujin; considerando que China declaró su voluntad de enviar ingenieros a la región para apoyar a la fuerza de paz respaldada por las Naciones Unidas, tras el apoyo chino a la fuerza híbrida ONU/UA a finales de 2006; considerando que China acogerá los Juegos Olímpicos en 2008, que es socio comercial privilegiado de Sudán, y que en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene una especial responsabilidad en favor de la paz en Darfur,

Q.  Considerando que el informe del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas constata el avance de los desiertos a razón de una media de 100 kilómetros anuales en los últimos cuarenta años, así como la pérdida de casi un 12 % de la masa forestal sudanesa en quince años y el sobrepastoreo en suelos frágiles en Sudán;

R.  Considerando que los ingresos procedentes del petróleo han permitido un incremento del presupuesto nacional sudanés, que pasó de 900 millones de dólares en 1999 a más de 2 500 millones en 2003, calculándose en unos 11 700 millones para 2007,

S.  Considerando que el Acuerdo General de Paz (AGP) prevé la celebración de elecciones en 2009,

1.  Lamenta la situación de los derechos humanos en Darfur, donde el conflicto ya ha afectado directamente a más de cuatro millones y medio de personas y ha hecho que más de tres millones dependan de la ayuda alimentaria;

2.  Pide a las Naciones Unidas que actúen en consonancia con su principio de la "responsabilidad de proteger", fundamentando su acción en la inoperancia del Gobierno de Sudán a la hora de proteger a la población de Darfur frente a los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, y de prestar a estas personas la necesaria asistencia humanitaria;

3.  Pide a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión que asuman sus responsabilidades y hagan todo lo posible por brindar a la población de Darfur una protección efectiva frente al desastre humanitario;

4.  Pide al Gobierno de Sudán y a los grupos rebeldes que garanticen a los afectados por el conflicto un acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria, y que respeten el Derecho internacional humanitario; acoge con satisfacción la firma, el 28 de marzo de 2007, del Comunicado Conjunto sobre la Facilitación de las Actividades Humanitarias en Darfur entre el Gobierno de Sudán y las Naciones Unidas, y pide la plena aplicación del mismo;

5.  Pide a todas las partes que respeten el alto el fuego de inmediato; condena todas las violaciones de los acuerdos de alto el fuego, y en particular todos los actos de violencia contra la población civil y los trabajadores de organizaciones humanitarias; insiste en que el Gobierno de Sudán debe poner fin a los bombardeos de la región de Darfur y desarmar a las milicias Janjaweed; destaca que sin seguridad no es posible una auténtica política de desarrollo para Sudán y en Sudán;

6.  Se congratula de la aceptación, el 12 de junio de 2007, por parte del Gobierno de Sudán, de la fuerza híbrida ONU/UA, recordando no obstante que el Gobierno sudanés ya tiene contraídos diversos compromisos, hasta la fecha incumplidos, para permitir el despliegue de esta fuerza en Sudán; destaca la importancia de unos preparativos adecuados para esta fuerza, de la necesidad de desplegarla lo más rápidamente posible y de la cooperación continuada con las autoridades sudanesas; pide, por consiguiente, un rápido despliegue de la fuerza híbrida ONU/UA con un mandato que le permita proteger eficazmente a los civiles; señala que cualquier solución del conflicto deber ser civil y no militar;

7.  Recuerda que el Gobierno de Sudán es el primer responsable de la seguridad interior del país y que la acción de la comunidad internacional no debe servirle de pretexto para eludir su responsabilidad;

8.  Es consciente de que ni siquiera un despliegue rápido podrá probablemente permitir que un refuerzo significativo de efectivos haya tomado posiciones antes de la primavera de 2008, y que entretanto seguramente continuarán las matanzas y demás actos de violencia;

9.  Pide, por consiguiente, a la UE y demás donantes internacionales que presten urgentemente apoyo adicional a la AMIS en su actual estructura, incluyendo compromisos de financiación a largo plazo así como la muy necesaria asistencia técnica durante el período de transición hasta que la fuerza híbrida esté plenamente operativa; pide una investigación en profundidad de la situación de algunos soldados de la AMIS que no han percibido paga alguna desde hace muchos meses;

10.  Considera que para proteger a la población civil y a los trabajadores de las organizaciones humanitarias y permitir que prosiga la distribución de la ayuda, así como para garantizar que el Gobierno de Sudán cumpla sus promesas de autorizar una fuerza híbrida sin condiciones, debería establecerse de inmediato una zona de exclusión aérea militar sobre Darfur;

11.  Pide a la UE y a la comunidad internacional que vuelvan a convocar conversaciones de paz para mejorar el contenido del APD y así hacerlo aceptable para todas las partes; pide a los actores internacionales que hagan a todas las partes responsables del acuerdo resultante; pide a todas las partes en el conflicto de Darfur que muestren su voluntad de comprometerse a una solución pacífica a la crisis aplicando el acuerdo sin demora;

12.  Pide a la UE, a las Naciones Unidas y a la UA que hagan frente común en sus esfuerzos por resolver el conflicto de Darfur y priorizar un proceso de paz global que debería incluir la consulta y la representación de las tribus de Darfur, de las comunidades de desplazados internos, de los grupos de mujeres y otros grupos de la sociedad civil, de todos los partidos políticos incluidos los de oposición, y de los actores regionales pertinentes, facilitando así una paz duradera;

13.  Pide al Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM) que ayude a la unidad de todas las facciones rebeldes de Darfur, con vistas a su participación en las negociaciones internacionales, y pide a la comunidad internacional que presione en favor de esta unidad; pide al Gobierno sudanés que dé a los rebeldes tiempo para reagruparse;

14.  Insta al Gobierno sudanés a presentar urgentemente una hoja de ruta para el reasentamiento de los desplazados internos y los refugiados, la devolución de sus propiedades y la asignación de indemnizaciones, así como para un fondo especial para las víctimas de violación, las mujeres rechazadas por sus familias y los niños nacidos de resultas de violaciones, y para la rehabilitación de estas mujeres y niños;

15.  Pide a los Gobiernos de Chad y Sudán que respeten sus compromisos, recientemente contraídos, de cesar su apoyo a los movimientos armados y trabajar en pos de la mejora de sus relaciones;

16.  Pide el despliegue urgente en Chad de una fuerza internacional capaz de proteger, de manera proactiva, tanto a los desplazados internos y refugiados como a otras comunidades vulnerables frente a la violencia, y de estabilizar la situación de la seguridad permitiendo así una mejora del acceso de las organizaciones humanitarias; insta a la comunidad internacional a que coordine sus esfuerzos diplomáticos para alentar al Presidente Deby a aceptar el despliegue de una fuerza de las Naciones Unidas en Chad;

17.  Pide al Gobierno de Sudán que coopere plenamente con la CPI para poner fin a la impunidad; insta, por consiguiente, al Gobierno sudanés a que detenga al Ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmad Muhammad Harun, y al líder janjaweed Ali Kushayb, y a que los entregue a la CPI; pide a la UA y a la Liga Árabe que presionen al Gobierno de Sudán para que proceda en este sentido;

18.  Entiende que es fundamental una correcta aplicación del AGP con el Sur, observando que hasta la fecha no se ha logrado ningún acuerdo sobre el reparto de las riquezas y la delimitación de fronteras; señala que una aplicación exitosa del AGP y del reciente acuerdo con el Este contribuirían a crear la confianza necesaria para cualquier acuerdo político duradero en Darfur;

19.  Condena la flagrante violación del embargo de armamento de las Naciones Unidas por parte del Gobierno de Sudán;

20.  Pide a los Estados miembros que introduzcan de inmediato procedimientos de seguimiento y verificación más estrictos para garantizar el cumplimiento de la Resolución n° 1591 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anteriormente mencionada, y de la Posición Común 2005/411/PESC del Consejo de la UE, de 30 de mayo de 2005, relativa a las medidas restrictivas contra Sudán, de manera que los procedimientos se apliquen a los nacionales de la UE, a las sociedades registradas en la UE, a los fondos de la UE, a los buques y aeronaves matriculados en la UE y a las empresas que operen dentro de la jurisdicción territorial de la UE, en relación con:

21.  Pide a la UE y a los demás actores internacionales que apliquen sanciones selectivas -incluyendo medidas para hacer frente a aquellas actividades comerciales que alimentan el conflicto-, a cualquiera de las partes -sin excluir al Gobierno de Sudán- que violen el alto el fuego o perpetren ataques contra la población civil, las fuerzas de paz o las operaciones humanitarias; les pide asimismo que adopten todas las medidas necesarias para ayudar a poner fin a la impunidad mediante la aplicación de sanciones económicas selectivas, incluyendo prohibiciones de viajar y congelaciones de activos;

22.  Apoya las declaraciones del Arzobispo Emérito Desmond Tutu en el sentido de que debe someterse al Gobierno de Sudán a sanciones firmes y efectivas hasta que acabe el sufrimiento; pide a la UA que respalde las acciones contra los responsables de que se esté perpetuando la violencia en Sudán;

23.  Pide al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que ejerza más presión sobre el Gobierno de Sudán para conseguir que éste se atenga a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; le pide asimismo que insista en que desoír los llamamientos de las Naciones Unidas se traducirá en medidas de castigo;

24.  Se congratula de las señales que indican que China está ahora más dispuesta a promover la paz en Darfur, y pide a China que, en su calidad de comprador del 80% de las exportaciones de petróleo sudanesas, utilice su notable influencia en la región de manera responsable para forzar al Gobierno de Sudán a respetar sus compromisos derivados del AGP y del APD; pide asimismo a China que cese sus exportaciones de armas a Sudán y que deje de bloquear las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a sanciones selectivas contra el Gobierno de Sudán;

25.  Pide al Gobierno de Sudán que aborde las cuestiones medioambientales y, en particular, que reduzca el impacto ecológico de su industria petrolífera y prácticas agrícolas y que evite los conflictos locales en relación con los recursos naturales;

26.  Pide al Gobierno de Sudán que publique el importe de sus ingresos derivados del petróleo de manera transparente, y pide a los Estados miembros que incentiven a las empresas y fondos europeos a desinvertir en Sudán;

27.  Señala que, en Sudán, el poder y la riqueza, mayores hoy gracias a los ingresos del petróleo, están concentrados en el centro, en detrimento de la periferia del país;

28.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE, al Gobierno y al Parlamento de Sudán, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Liga Árabe, a los Gobiernos de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, y a las instituciones de la Unión Africana.

(1) DO C 140 E de 9.6.2005, p. 153. (2) DO C 133 E de 8.6.2006, p. 96. (3) DO C 293 E de 2.12.2006, p. 320. (4) DO C 306 E de 15.12.2006, p. 397. (5) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0052. (6) DO L 159 de 30.6.2000, p. 1.