Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Textos aprobados
WORD 45k
Jueves 15 de noviembre de 2007 - Estrasburgo Edición definitiva
Aplicación de la Directiva 2004/38/CE
P6_TA(2007)0534B6-0462 y 0464/2007

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2007, sobre la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 6, 13 y 29 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 61, 62 y 64 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

–  Vistos los artículos 6, 19 y 45 de la Unión Europea ("Carta de los Derechos Fundamentales"),

–  Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(1) ,

–  Visto el Convenio-Marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la libre circulación de personas y la lucha contra las discriminaciones y, en especial, su Resolución, de 28 de abril de 2005, sobre la situación de la población romaní en la Unión Europea(2) ,

–  Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A.  Considerando que la libre circulación de personas es una libertad fundamental e inalienable reconocida a los ciudadanos de la Unión tanto por los Tratados como por la Carta de los Derechos Fundamentales, y que constituye uno de los pilares de la ciudadanía europea,

B.  Considerando que, por esta razón, la Directiva 2004/38/CE antes citada, aun previendo la posibilidad de que un Estado miembro expulse a un ciudadano de la Unión, enmarca dicha posibilidad dentro de unos límites muy precisos, con objeto de garantizar las libertades fundamentales,

C.  Considerando que la seguridad y la libertad son derechos fundamentales y que la Unión tiene como objetivo garantizar a sus ciudadanos un elevado nivel de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia,

D.  Considerando que la delincuencia organizada y el tráfico de seres humanos son retos con una dimensión transnacional y que la libre circulación dentro del espacio europeo se fundamenta asimismo en un refuerzo de la cooperación judicial y policial a nivel europeo en las actividades de investigación y de acción judicial, con el apoyo de Eurojust y de Europol,

E.  Considerando que el respeto de las leyes de todos los Estados miembros es una condición esencial para la coexistencia y la inclusión social en la Unión, que cada individuo tiene la obligación de respetar el Derecho comunitario y las leyes en vigor en el Estado miembro en el que se encuentre, que la responsabilidad penal es siempre personal, que los ciudadanos de la Unión, además de disfrutar de los derechos y libertades que les confiere el Tratado, deben cumplir también las formalidades que se derivan del ejercicio de esos derechos, en particular teniendo en cuenta el Derecho europeo o la legislación del Estado miembro de acogida,

F.  Considerando que todas las legislaciones nacionales están obligadas a respetar los principios y disposiciones de la Directiva 2004/38/CE,

G.  Considerando que la lucha contra cualquier forma de racismo y xenofobia, así como contra cualquier forma de discriminación, forma parte de los principios fundamentales en los que se basa la Unión,

H.  Considerando que, de conformidad con el principio que prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad, los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia que residan libre y legalmente en un Estado miembro deben gozar en ese Estado de la igualdad de trato con respecto a los ciudadanos nacionales,

I.  Considerando que la minoría romaní sigue siendo objeto de discriminaciones y abusos en el territorio de la Unión y que la integración, la inserción social y la protección de esta minoría siguen siendo, lamentablemente, objetivos por alcanzar,

J.  Considerando la brutal agresión y el asesinato de una mujer en Roma, del que se acusa a un ciudadano rumano,

K.  Considerando las agresiones racistas sufridas por los ciudadanos rumanos a raíz de este suceso,

L.  Esperando que las personalidades políticas se abstengan de hacer declaraciones que puedan entenderse como un estímulo para estigmatizar a determinados grupos de población,

M.  Considerando la iniciativa conjunta del Primer Ministro rumano y del Presidente del Consejo italiano, así como la carta conjunta dirigida por ambos al Presidente de la Comisión sobre la minoría romaní,

1.  Se muestra profundamente afligido por el asesinato en Roma de la Sra. Reggiani el 31 de octubre de 2007 y transmite a los familiares su más sentido pésame;

2.  Reafirma el valor de la libre circulación de las personas como principio fundamental de la Unión, parte constitutiva de la ciudadanía europea y elemento fundamental del mercado interior;

3.  Reafirma el objetivo de hacer de la Unión y de sus colectividades un espacio en el que cada persona pueda vivir teniendo asegurado un elevado nivel de libertad, seguridad y justicia;

4.  Recuerda que la Directiva 2004/38/CE enmarca la posibilidad de expulsión de un ciudadano de la Unión dentro de unos límites muy precisos y prevé, en particular:

   en su artículo 27, que los Estados miembros sólo podrán limitar la libertad de circulación y residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública y que estas razones no podrán alegarse con fines económicos; que todas las medidas adoptadas deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado, y en ningún caso en razones de prevención general;
   en su artículo 28, la necesidad de evaluar, antes de tomar una decisión de expulsión, la situación personal del interesado, en particular la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica y su integración en el Estado miembro de acogida;
   en su artículo 30, la obligación de que toda decisión de expulsión se notifique al interesado por escrito, en condiciones tales que le permitan entender su contenido e implicaciones, de que se comuniquen al interesado, con precisión y por extenso, las razones en las que se basa la decisión que le afecte, la jurisdicción o instancia administrativa ante la cual el interesado puede interponer recurso, así como el plazo establecido para ello y, cuando proceda, el plazo concedido para abandonar el territorio del Estado miembro, que no podrá ser inferior a un mes;
   en su artículo 31, que el interesado debe poder interponer recursos judiciales y administrativos en el Estado miembro de acogida o solicitar la revisión de la decisión de expulsión, y tener derecho a solicitar una orden provisional de suspensión de la ejecución de dicha decisión, solicitud que deberá atenderse salvo en caso de excepciones precisas;
   en su artículo 36, que las sanciones previstas por los Estados miembros deben ser efectivas y proporcionadas;
   en su considerando 16 y en su artículo 14, la posibilidad de expulsión si el ciudadano se convierte en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida; sin embargo, se afirma al mismo tiempo que es necesario un estudio pormenorizado del caso individual y que esta condición por sí sola en ningún caso podrá tener por consecuencia automática una medida de expulsión;

5.  Reafirma que las legislaciones nacionales deben respetar estrictamente estos límites y estas garantías, incluidos la posibilidad de recurrir judicialmente contra la expulsión y el ejercicio de los derechos de la defensa, y que toda excepción definida por la Directiva 2004/38/CE debe interpretarse de manera restrictiva; recuerda que las expulsiones colectivas están prohibidas por la Carta de los Derechos Fundamentales y por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;

6.  Se congratula por la visita del Primer Ministro rumano a Italia y por la declaración conjunta de Romano Prodi y Călin Popescu-Tăriceanu; manifiesta su apoyo al llamamiento del Presidente del Consejo italiano y del Primer Ministro rumano en favor de un compromiso de la Unión por la integración social de las poblaciones menos favorecidas y la cooperación entre los Estados miembros en materia de gestión del movimiento de su población, también por medio de los programas de desarrollo y de ayuda social incluidos en los Fondos Estructurales;

7.  Pide a la Comisión que presente sin demora una evaluación exhaustiva de la aplicación de la Directiva 2004/38/CE y su correcta transposición por los Estados miembros en el Derecho interno, así como propuestas de conformidad con el artículo 39 de dicha Directiva;

8.  Encarga a su comisión competente, sin perjuicio de las competencias de la Comisión, que lleve a cabo, a partir de ahora y hasta el 1 de junio de 2008, en colaboración con los Parlamentos nacionales, una evaluación de los problemas de transposición de esta Directiva de manera que se pongan de manifiesto las mejores prácticas y las medidas que podrían conducir a discriminaciones entre ciudadanos europeos;

9.  Pide a los Estados miembros que superen todas las dudas y procedan con mayor rapidez a reforzar los instrumentos de cooperación policial y judicial en materia penal a nivel de la Unión para garantizar una lucha eficaz contra la delincuencia organizada y el tráfico de personas, fenómenos de dimensión transnacional, garantizando al mismo tiempo un marco uniforme de garantías procedimentales;

10.  Rechaza el principio de la responsabilidad colectiva e insiste firmemente en la necesidad de luchar contra toda forma de racismo y xenofobia y contra toda forma de discriminación y de estigmatización sobre la base de la nacionalidad y del origen étnico, como exige la Carta de los Derechos Fundamentales;

11.  Recuerda a la Comisión la urgencia de presentar uns propuesta de Directiva horizontal contra todos los tipos de discriminación enunciados en el artículo 13 del Tratado CE, prevista en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2008;

12.  Considera que la protección de los derechos de la población romaní y su integración constituyen un desafío para toda la Unión, y pide a la Comisión que actúe sin demora desarrollando una estrategia global en favor de la integración social de la población romaní, utilizando las líneas presupuestarias disponibles, así como los Fondos Estructurales, para apoyar a las autoridades nacionales, regionales y locales en su esfuerzo por garantizar la integración social de la población romaní;

13.  Propone la creación de una red de organizaciones que se ocupen de la integración social de la población romaní, así como la promoción de instrumentos encaminados a aumentar la concienciación en materia de derechos y deberes de la comunidad romaní, incluyendo el intercambio de mejores prácticas; considera que, en este contexto, es muy importante una colaboración intensa y estructurada con el Consejo de Europa;

14.  Considera que las recientes declaraciones de Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión, a la prensa italiana con motivo de los graves hechos que se han producido en Roma, son contrarias al espíritu y la letra de la Directiva 2004/38/CE, Directiva que se le pide que respete plenamente;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea.

(1) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(2) DO C 45 E de 23.2.2006, p. 129.

Última actualización: 28 de agosto de 2008Aviso jurídico