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Procedimiento : 2007/2027(INI)
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A6-0224/2008

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PV 09/07/2008 - 5.15
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P6_TA(2008)0352

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Miércoles 9 de julio de 2008 - Estrasburgo Edición definitiva
El papel del juez nacional en el sistema judicial europeo
P6_TA(2008)0352A6-0224/2008

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo (2007/2027(INI))

El Parlamento Europeo ,

–  Visto el artículo 61 del Tratado CE, que prevé establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, lo que incluye medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal,

–  Visto el Programa de La Haya para la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea(1) , aprobado por el Consejo Europeo de Bruselas el 5 de noviembre de 2004, y la Comunicación de la Comisión, de 10 de mayo de 2005, sobre el "Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años" (COM(2005)0184),

–  Visto el llamamiento hecho los días 14 y 15 de diciembre de 2001 por el Consejo Europeo de Laeken para establecer sin demora una red europea destinada a fomentar la formación de los miembros del poder judicial, con vistas a aumentar la confianza entre quienes intervienen en la cooperación judicial,

–  Vistas sus Resoluciones, de 10 de septiembre de 1991, sobre la creación de una Academia Europea de Derecho (REFJ)(2) y, de 24 de septiembre de 2002, sobre la Red europea de formación judicial(3) ,

–  Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 29 de junio de 2006, sobre la formación judicial en la Unión Europea (COM(2006)0356), de 5 de septiembre de 2007, sobre "Una Europa de resultados – La aplicación del Derecho comunitario" (COM(2007)0502) y, de 4 de febrero de 2008, sobre la creación de un Foro de reflexión sobre las medidas y prácticas de la UE en el ámbito de la justicia (COM(2008)0038),

–  Vista la Decisión 2008/79/CE, Euratom del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por la que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia(4) , y la subsiguiente modificación del Reglamento del Tribunal de Justicia para introducir un procedimiento prejudicial de urgencia,

–  Vistos el artículo 81, apartado 2, letra h) y el artículo 82, apartado 1, letra c) del futuro Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal como se insertan en virtud del Tratado de Lisboa, que proporcionarán un fundamento jurídico para las medidas tendentes a apoyar la formación de los miembros del poder judicial y del personal al servicio de la administración de justicia,

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0224/2008),

A.  Considerando que un análisis realizado con vistas a esta Resolución en el segundo semestre de 2007 puso de manifiesto:

   las disparidades significativas en el conocimiento del Derecho comunitario(5) por parte de los jueces nacionales en el conjunto de la Unión Europea, siendo a veces muy limitada la sensibilización a ese respecto,
   la urgente necesidad de mejorar en general los conocimientos de lenguas extranjeras de los jueces nacionales,
   las dificultades que encuentran los jueces nacionales para acceder a información específica y actualizada sobre el Derecho comunitario,
   la necesidad de mejorar e intensificar la formación inicial y continua de los jueces nacionales en materia de Derecho comunitario,
   una relativa falta de familiaridad de los jueces con respecto al procedimiento prejudicial, y la necesidad de intensificar el diálogo entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia,
   el hecho de que muchos jueces tienen la impresión de que el Derecho comunitario es excesivamente complejo y opaco,
   la necesidad de velar por que el Derecho comunitario se preste a una mejor aplicación por parte de los jueces nacionales,

B.  Considerando que la responsabilidad principal respecto a la formación judicial, incluida su dimensión europea, incumbe a los Estados miembros; considerando que el mencionado programa de La Haya contiene una declaración del Consejo Europeo en el sentido de que debe incluirse sistemáticamente un componente de la UE en la formación de las autoridades judiciales(6) , y considerando que la formación de los miembros del poder judicial en cada Estado miembro constituye, no obstante, un asunto de interés común para las instituciones de la UE y para todos los Estados miembros,

C.  Considerando que el Derecho comunitario no debe percibirse como un ámbito exclusivo de un cuerpo de especialistas de élite y que las oportunidades de formación en este campo no deben quedar reservadas a los jueces de los tribunales superiores sino hacerse extensivas a los jueces a todos los niveles del sistema judicial,

D.  Considerando que ciertos organismos apoyados financieramente por la Comunidad están registrando un éxito creciente, y que ya llevan a cabo la formación de un gran número de jueces y fiscales,

E.  Considerando que el conocimiento de lenguas extranjeras resulta crucial para asegurar una cooperación judicial adecuada, en particular en materia civil y comercial, en ámbitos que requieren la comunicación directa entre los jueces, así como para asegurar el acceso a los programas de intercambio destinados a los jueces,

F.  Considerando que actualmente la duración media del procedimiento prejudicial, a pesar de los continuos esfuerzos por parte del Tribunal de Justicia, sigue siendo excesivamente larga y merma considerablemente el atractivo de dicho procedimiento para los jueces nacionales,

G.  Considerando que el Tribunal de Justicia ha establecido que corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del ordenamiento jurídico comunitario(7) ,

H.  Considerando que ningún punto de la presente Resolución debe verse como un elemento que afecte a la independencia de los jueces y de los ordenamientos jurídicos nacionales, de conformidad con la Recomendación nº R(94)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y la Carta Europea de 1998 sobre el Estatuto de los Jueces,

El juez nacional como primer juez del Derecho comunitario

1.  Observa que la Comunidad Europea es una comunidad basada en el Estado de derecho(8) ; que el Derecho comunitario es letra muerta si no es aplicado adecuadamente por los Estados miembros, incluyendo los jueces nacionales, que son, por lo tanto, la piedra angular del sistema judicial de la Unión Europea y que desempeñan un papel central e indispensable para la creación de un ordenamiento jurídico único europeo, igualmente en la perspectiva de las recientes decisiones del legislador comunitario(9) en el sentido de una mayor participación y una mayor responsabilización de los jueces nacionales en la aplicación del Derecho comunitario;

2.  Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión del papel esencial que desempeñan los jueces nacionales a la hora de velar por la observancia del Derecho comunitario, por ejemplo, mediante los principios de la primacía del Derecho comunitario, el efecto directo, la coherencia de la interpretación y la responsabilidad del Estado en caso de infracción del Derecho comunitario; pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos en esa dirección, que se suman a las iniciativas sectoriales que ya están en marcha; además, pide a la Comisión que proceda sin demora a la publicación de una nota de información sobre las acciones por daños y perjuicios en caso de infracción del Derecho comunitario por parte de las autoridades nacionales;

Cuestiones lingüísticas

3.  Considera que la lengua es la principal herramienta de los profesionales de la justicia; considera que el nivel actual de la formación en lenguas extranjeras de los jueces nacionales, junto con el actual nivel de conocimiento del Derecho comunitario, no sólo limita las posibilidades de cooperación judicial sobre instrumentos específicos, sino también el desarrollo de la confianza mutua, el uso adecuado de la doctrina del "acto claro" y la participación en los programas de intercambio; pide a todas las instancias participantes en la formación judicial que concedan una atención especial a la formación de los jueces en lenguas extranjeras;

4.  Toma nota de que la aplicación del Derecho comunitario por los jueces nacionales constituye un desafío para los jueces nacionales, en particular para los de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en mayo de 2004 y después de esta fecha, lo que hace necesario intensificar las modalidades de fomento de la formación profesional de los jueces de estos Estados miembros;

5.  Considera, por otra parte, que al promulgar una serie de reglamentos que contienen normas sobre los conflictos de leyes, el legislador comunitario ha hecho una elección de política que puede conllevar la aplicación del Derecho extranjero por los jueces nacionales, y que posiblemente implica también la utilización de un enfoque comparativo; señala que dichos elementos, considerados conjuntamente, refuerzan aún más la conveniencia de incrementar la formación en lenguas extranjeras;

6.  Considera que es de interés público incrementar los conocimientos lingüísticos de los miembros del cuerpo judicial de los Estados miembros; insta a los Estados miembros, en consecuencia, a velar por que dicha formación sea gratuita y fácilmente accesible y a explorar la posibilidad de que los jueces puedan estudiar una lengua extranjera en un Estado miembro donde se hable, por ejemplo en relación con su participación en un intercambio judicial;

7.  Considera que el acceso a la bibliografía académica en la lengua materna del juez es un factor importante para una mejor comprensión del Derecho comunitario y observa la aparente escasez de bibliografía especializada sobre el Derecho comunitario en determinadas lenguas oficiales de la UE, por ejemplo en lo que respecta a asuntos de Derecho internacional privado, y las graves consecuencias que ello pudiera tener a la hora de construir un ordenamiento jurídico común que refleje la diversidad de tradiciones jurídicas; pide por tanto a la Comisión que apoye el desarrollo de dicha bibliografía, en particular en las lenguas oficiales de menor difusión;

Acceso a las fuentes pertinentes del Derecho

8.  Observa que la información completa y actualizada sobre el Derecho comunitario no está disponible para muchos jueces nacionales de forma sistemática y apropiada, y que el Derecho comunitario está a veces poco representado a nivel nacional en los diarios oficiales, códigos, comentarios, publicaciones periódicas y libros de texto y basándose en traducciones de desigual calidad; pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en este ámbito;

9.  Considera que un verdadero espacio judicial europeo en el que pueda realizarse una cooperación judicial efectiva no sólo requiere el conocimiento del Derecho europeo, sino también el conocimiento recíproco de los sistemas jurídicos de los otros Estados miembros; subraya las incoherencias en el tratamiento del Derecho extranjero en la Unión Europea y considera que este importante problema debería abordarse en un futuro; toma nota, a este respecto, del estudio horizontal que presentará la Comisión sobre el tratamiento del Derecho extranjero en materia civil y comercial, así como de los estudios que se están realizando en el marco de la Conferencia de la Haya sobre Derecho internacional privado;

10.  Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de mejorar la disponibilidad de bases de datos nacionales sobre sentencias de tribunales nacionales relativas al Derecho comunitario; considera que dichas bases de datos deben ser tan completas y tan fáciles de utilizar como sea posible; considera, por otra parte, que los Convenios y el Reglamento sobre la competencia judicial y la ejecución de sentencias en materia civil y comercial serían un ejemplo para una base de datos europea, dado su uso frecuente por parte de los jueces nacionales;

11.Considera que todos los jueces nacionales deberían tener acceso a las bases de datos que contienen remisiones pendientes de decisión prejudicial de todos los Estados miembros; considera asimismo de utilidad la publicación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales que plantean cuestiones prejudiciales, tal como ya se señala en la Nota de información del Tribunal de Justicia sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales(10) ;
12.Considera, ante la ingente cantidad de información disponible en línea sobre el Derecho comunitario, que los jueces no sólo deben seguir una formación respecto a la sustancia del Derecho, sino también sobre cómo acceder eficazmente a las fuentes jurídicas actualizadas;
13.Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de publicar resúmenes destinados a los ciudadanos sobre los actos jurídicos comunitarios, y considera que dichos resúmenes no especializados también podrían ayudar a los profesionales de la justicia a acceder con mayor rapidez a la información pertinente;
14.Alienta al desarrollo de herramientas e iniciativas en línea en el ámbito de "e-learning", que, aunque no constituya una respuesta completa a la formación, debe considerarse como un complemento de la relación presencial entre los jueces y los formadores;
Hacia un marco más estructurado de la formación judicial en la Unión Europea

15.  Pide que el componente de la UE en la formación a nivel nacional de todos los miembros del poder judicial:

   se incorpore sistemáticamente en la formación y exámenes para acceder a las carreras judiciales,
   se siga reforzando desde la etapa más temprana posible, con una mayor atención sobre los aspectos prácticos,
   incluya métodos de interpretación y principios jurídicos que tal vez resulten desconocidos para el ordenamiento jurídico nacional, pero que pueden desempeñar un papel importante en el Derecho comunitario;

16.  Toma nota del creciente éxito del programa de intercambio destinado a miembros del poder judicial; alienta a la REFJ para que lo haga accesible al más amplio número de jueces y vele por la adecuada inclusión de jueces especializados en materia civil, mercantil y administrativa; acoge con satisfacción las actividades de la REFJ en el ámbito de la formación lingüística y en la ampliación del programa de intercambio al Tribunal de Justicia, Eurojust y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

17.  Entiende que la disponibilidad de los jueces nacionales para participar en una formación básica y avanzada constituye un importante problema logístico y financiero para los Estados miembros; considera, en principio, que los jueces no deberían asumir ningún coste relacionado con su formación en materia de Derecho comunitario; pide a la Comisión que le facilite sus estimaciones, por Estado miembro, de los costes que implica la sustitución temporal de los jueces participantes en los programas de intercambio;

18.  Pide a la Comisión que, teniendo en cuenta su reconocimiento de que la Red europea de formación judicial (REFJ) goza de una situación de monopolio de facto sobre la ejecución del programa de intercambios destinado a las autoridades judiciales, vele por que los procedimientos mediante los cuales la REFJ solicita fondos para este programa de intercambios reflejen esta situación de monopolio; pide en particular que se simplifiquen estos procedimientos para garantizar que los fondos se ponen a tiempo a disposición para que la REFJ pueda organizar y gestionar un programa eficaz que satisfaga las expectativas de las escuelas nacionales participantes, de los organismos internacionales y de los jueces y fiscales, así como los compromisos asumidos con respecto a ellos; considera que, si no fuera así, corre el riesgo de ponerse en entredicho la credibilidad del programa de intercambios, en detrimento tanto de los jueces y fiscales nacionales interesados en participar como del desarrollo de la confianza mutua entre las autoridades judiciales europeas;

19.  Toma nota de la evaluación de la Comisión, en el sentido de que la opción más adecuada para promover la formación en el espacio judicial europeo radica actualmente en el apoyo financiero a diversos órganos a través del programa marco "Derechos fundamentales y justicia" para 2007-2013, así como de que la cuestión de desarrollar estructuras europeas de formación judicial bajo otra forma podría plantearse nuevamente cuando finalice dicho programa;

20.  Pide a la Comisión que evalúe rigurosamente los resultados de este programa marco, teniendo en cuenta la presente Resolución, y que presente nuevas propuestas para el desarrollo y la diversificación de modalidades de fomento a la formación profesional de los jueces;

21.  Considera, no obstante, que es el momento oportuno de una solución institucional pragmática para la formación judicial a nivel de la UE que haga pleno uso de las estructuras existentes, evitando al mismo tiempo una duplicación innecesaria de los programas y estructuras; pide, en consecuencia, la creación de una Academia Judicial Europea compuesta por la REFJ y la Academia de Derecho Europeo; pide que dicha solución institucional tenga en cuenta la experiencia pertinente adquirida en el funcionamiento del Colegio Europeo de Policía;

22.  Considera que los jueces nacionales no pueden adoptar una actitud pasiva respecto al Derecho comunitario, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los tribunales nacionales que plantean asuntos de Derecho comunitario por propia iniciativa(11) ;

23.  Pide que la formación de candidatos a puestos judiciales se refuerce desde el primer momento, de forma análoga a lo arriba expuesto en referencia a los jueces nacionales;

Un diálogo reforzado entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia

24.  Considera que el procedimiento prejudicial es una garantía fundamental de la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario y de la aplicación uniforme del Derecho comunitario;

25.  Pide al Tribunal de Justicia y a todas las partes interesadas que sigan reduciendo la duración media del procedimiento prejudicial, haciendo así que esa oportunidad crucial de diálogo sea más atractiva para los jueces nacionales;

26.  Insta a la Comisión a investigar si alguna norma de procedimiento nacional constituye un obstáculo real o potencial a la posibilidad de que una instancia judicial de un Estado miembro plantee una cuestión prejudicial según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 234 del Tratado CE, y le pide que persiga con rigor las infracciones que representan dichos obstáculos;

27.  Considera que las limitaciones de la jurisdicción del Tribunal de Justicia, especialmente las relativas al titulo IV del Tratado CE, perjudican innecesariamente la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los ámbitos correspondientes y envían una señal negativa a la gran mayoría de los jueces que tratan dichos ámbitos, al no posibilitar que establezcan un contacto directo con el Tribunal de Justicia y crear demoras inútiles;

28.  Lamenta que, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias anejo al Tratado de Lisboa, las atribuciones del Tribunal de Justicia con respecto a los actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor de dicho Tratado seguirán siendo las mismas que en virtud del actual Tratado UE por un periodo transitorio de cinco años; acoge con satisfacción, en cambio, la Declaración de la Conferencia Intergubernamental relativa a dicho artículo del Protocolo e insta en consecuencia al Consejo y a la Comisión a que se sumen al Parlamento para adoptar de nuevo los actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

29.  Con vistas a la introducción de un procedimiento prejudicial de urgencia, concuerda con el Consejo en que es importante que el Tribunal de Justicia facilite orientaciones a las que puedan remitirse los jueces nacionales a la hora de decidir sobre la presentación de la solicitud de procedimiento de urgencia;

30.  Pide al Tribunal de Justicia que considere todas las mejoras posibles del procedimiento prejudicial que puedan hacer participar más estrechamente al juez remitente en el asunto, incluyendo mayores posibilidades de aclarar la remisión y participar en el procedimiento oral;

31.  Señala que, en un ordenamiento jurídico comunitario con descentralización y madurez, los jueces nacionales no deberían ser marginados sino, por el contrario, recibir más responsabilidades y ser alentados en su papel de primeros jueces del Derecho comunitario; por ello insta a la consideración de un sistema de "luz verde" en el que los jueces nacionales incluirían sus propuestas de respuesta a las cuestiones que remiten al Tribunal de Justicia, el cual podría decidir entonces, dentro de un determinado plazo, si acepta la resolución propuesta o dicta él mismo sentencia a modo de tribunal de apelación;

Leyes mejor diseñadas para su aplicación por los jueces nacionales

32.  Toma nota de la creación de un Foro de reflexión sobre las medidas y prácticas de la UE en el ámbito de la justicia y pide a la Comisión que garantice que el Foro lleve a cabo sus deliberaciones de forma transparente; toma nota del compromiso de la Comisión de informar de forma periódica tanto al Parlamento como al Consejo;

33.  Insiste en la necesidad de un lenguaje más claro en la legislación comunitaria y de una mayor coherencia terminológica entre los instrumentos jurídicos; apoya en particular el proyecto de marco común de referencia en materia de Derecho contractual europeo como un instrumento para legislar mejor;

34.  Apoya con determinación la insistencia de la Comisión con respecto a la obligación para los Estados miembros de proporcionar sistemáticamente tablas de correspondencia que reflejen la aplicación de las directivas comunitarias en los instrumentos de regulación nacionales; considera que estas tablas suministran una valiosa información al menor coste y con una carga mínima; considera, por otra parte, que estas tablas de correspondencia aumentan la transparencia en la aplicación del Derecho comunitario y ofrecen a los jueces nacionales y a sus interlocutores una posibilidad realista de constatar si el Derecho comunitario es subyacente a una norma nacional particular y de comprobar por ellos mismos si se ha llevado a cabo debidamente la transposición y, en su caso, cómo se ha hecho;

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35.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la comisión responsable al Consejo y a la Comisión, así como al Tribunal de Justicia y al Defensor del Pueblo Europeo.

(1) DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
(2) DO C 267 de 14.10.1991, p. 33.
(3) DO C 273 E de 14.11.2003, p. 99.
(4) DO L 24 de 29.1.2008, p. 42.
(5) A efectos del presente informe, debe entenderse que las referencias al Derecho comunitario incluyen también el Derecho de la Unión.
(6) DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
(7) Asunto C-50/00 P UPA [2002] ECR I-6677, apartado 41.
(8) Asunto294/83, Les Verts/Parlamento Europeo, Rec. 1986, p. 1399, apartado 23.
(9) Véase, por el ejemplo, el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1).
(10) DO C 143 de 11.6.2005, p. 1, apartado 31.
(11) Asuntos C-312/93 Peterbroeck [1995], Rec. p. I-4599, C-473/00 Cofidis [2002], Rec. p. I-10875 y C-168/05 Mostaza Claro [2006], Rec. p. I-10421.

Última actualización: 7 de abril de 2009Aviso jurídico