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Procedimiento : 2007/2639(RSP)
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B6-0425/2008

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PV 25/09/2008 - 7.3
CRE 25/09/2008 - 7.3
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P6_TA(2008)0458

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Jueves 25 de septiembre de 2008 - Bruselas Edición definitiva
Debate anual sobre los progresos realizados en 2007 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (artículos 2 y 39 del TUE)
P6_TA(2008)0458B6-0425/2008

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre el debate anual sobre los progresos realizados en 2007 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (artículos 2 y 39 del TUE)

El Parlamento Europeo ,

–  Vistos los artículos 2, 6 y 39 del Tratado UE, así como los artículos 13, 17 a 22, 61 a 69, 255 y 286 del Tratado CE, que constituyen los fundamentos jurídicos principales para el desarrollo de la UE y de la Comunidad como un espacio de libertad, seguridad y justicia,

–  Vistas las preguntas orales B6-0006/2008 y B6-0007/2008,

–  Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que es competencia principal de los Estados miembros garantizar la libertad, la seguridad y la justicia para sus ciudadanos, pero que después de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, y todavía más después de la del Tratado de Ámsterdam, la Unión debe contribuir a la realización de estos mismos objetivos teniendo presentes las exigencias de los ciudadanos de la Unión en favor de la protección de los derechos fundamentales y de la aplicación en la Unión de los principios del Estado de Derecho, así como de una cooperación leal y eficaz entre Estados miembros,

B.  Considerando que la ratificación del Tratado de Lisboa es una condición esencial y urgente para que la UE sea un espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), ya que conlleva mejoras fundamentales en la legitimidad y eficacia de la acción de la UE,

C.  Considerando que las intervenciones que tuvieron lugar tanto durante el encuentro preparatorio del 26 de noviembre de 2007 con los Parlamentos nacionales como durante el último debate de la sesión plenaria del 31 de enero de 2008 subrayaron la importancia de preparar adecuadamente la transición hacia el nuevo marco jurídico que resultará de la ratificación del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, que modificará el Tratado UE y establecerá un Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

D.  Considerando, no obstante, que la creación de un verdadero ELSJ dista de haber finalizado y topa sin cesar con dificultades y obstáculos de primer orden, como se confirma en la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, "Informe sobre la ejecución del Programa de La Haya en 2007" (COM(2008) 0373),

E.  Considerando que, como subraya ese informe, y a pesar de la adopción de ciertas medidas de primer orden, el programa fijado por el Consejo Europeo de La Haya en 2004 sufre retrasos importantes y que, en particular,

   sigue habiendo una falta importante de confianza recíproca y sobre todo de solidaridad entre los Estados miembros, particularmente en las políticas relacionadas con la inmigración legal e ilegal o la cooperación policial y judicial en materia penal,
   esas dificultades repercuten también en la fase de transposición de las medidas adoptadas, puesto que "se alcanzó un nivel de cumplimiento claramente insuficiente en los ámbitos siguientes: política de visados, intercambio de información entre servicios policiales y autoridades judiciales, prevención y lucha contra la delincuencia organizada, gestión de crisis en la Unión Europea, cooperación policial y aduanera y cooperación judicial en materia penal",

F.  Considerando que los propios Estados miembros, en el ámbito de sus trabajos preparatorios relativos al futuro programa del ELSJ para el periodo 2010-2014, hacen referencia a estas mismas dificultades cuando reconocen que el acervo en el ámbito de los asuntos de interior, que se ha ido desarrollado gradualmente, está lógicamente desestructurado y, por tanto, resulta difícil de explicar a los ciudadanos de la Unión; considerando que, en ocasiones, es difícil de entender, incluso para los especialistas, y que algunos de estos instrumentos se solapan, que el fundamento jurídico de algunos acciones se puede encontrar en diferentes actos, y que, por último, cada vez es más difícil y requiere más tiempo vigilar la correcta aplicación de las directivas de la Comunidad Europea por todos y cada uno de los 27 Estados miembros,

G.  Considerando, sin embargo, al igual que el Consejo, que la Unión no tiene otra elección sino insistir en la puesta en marcha del ELSJ, que afecta al núcleo de los ordenamientos constitucionales nacionales, y que los Estados miembros tienen un interés especial en dialogar entre ellos y también con las instituciones europeas,

H.  Considerando que, en esta fase de transición pendiente de la conclusión de las ratificaciones del Tratado de Lisboa, es necesario adoptar, antes de finales de 2009, determinadas medidas de alcance general que, si bien se inspiran en el Tratado de Lisboa, se podrían adoptar todavía en el marco de los Tratados en vigor, dentro del pleno respeto del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y que podrían reducir el impacto negativo de las dificultades citadas anteriormente; considerando que se trataría especialmente de medidas relacionadas con:

   la toma en consideración, en los procedimientos, lecturas y decisiones de las instituciones, de los principios y objetivos citados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007 (1) ,
   el fomento de la transparencia en las decisiones tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, especialmente en el ámbito del ELSJ, de conformidad con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)en materia de transparencia legislativa (sentencia Turco (2) ),
   la participación efectiva de los Parlamentos nacionales en la creación y puesta en marcha del ELSJ, incluido en lo relativo a la evaluación de estas políticas en los otros Estados miembros y por las agencias de la Unión,
   el respeto de la primacía del Derecho comunitario respecto del de la UE (artículo 47 del Tratado UE) en la celebración de acuerdos internacionales, especialmente cuando se trate de sanciones a nacionales de países terceros o cuando los ciudadanos de la Unión puedan ser discriminados (exención de visado); el Parlamento debe participar sistemáticamente mediante la celebración de acuerdos internacionales de cooperación policial y judicial en materia penal por parte de la UE,
   el refuerzo de la cooperación leal y la solidaridad entre Estados miembros en la puesta en práctica de políticas y medidas de la Unión mediante el fortalecimiento y la democratización de los mecanismos de evaluación mutua previstos como parte de la cooperación en el marco de Schengen y en la lucha contra el terrorismo,
   el inicio, en el marco del primer pilar, de cooperaciones reforzadas en los casos en los que sea imposible obtener la unanimidad necesaria (véase el debate relativo a la Propuesta, presentada por la Comisión el 17 de julio de 2006, de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2201/2003 por lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial (COM(2006)0399)),
   la superación del carácter embrionario y aleatorio de las iniciativas de las agencias creadas por la Unión y de la cooperación con las administraciones nacionales,
   el establecimiento de una auténtica política de comunicación que permita a los ciudadanos de la Unión estar mejor informados de las iniciativas tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, y conocer a las autoridades de la UE y nacionales competentes a las que pueden dirigirse, sin perjuicio de recurso jurisdiccional, para los aspectos que puedan afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos,
  I. Considerando que, en este periodo de transición, es tanto más urgente, en interés de los ciudadanos de la Unión, que se tomen también en consideración las mejoras que aportará el Tratado de Lisboa en materia de:
   protección de los derechos fundamentales definidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
   control jurisdiccional por parte del TJCE, incluso sobre los actos relativos a la cooperación policial y judicial,
   control democrático mediante una ampliación de la codecisión del Parlamento, así como a través de la asociación de los Parlamentos nacionales al proceso legislativo de la Unión y a la evaluación de sus repercusiones, en particular, por lo que respecta a las políticas relativas al ELSJ,

J.  Considerando que, en el estado actual de los Tratados, los recursos de los ciudadanos de la Unión frente a medidas relacionadas con el ELSJ siguen siendo más limitados que en otros ámbitos de actividad de la UE; considerando que las facultades del TJCE son limitadas, en particular en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal y que, además, algunos Estados miembros continúan limitando el diálogo entre órganos jurisdiccionales de la Unión y nacionales en este ámbito; considerando que el Consejo debería posponer hasta la ratificación del Tratado de Lisboa la adopción de cualquier medida que pueda afectar a los derechos fundamentales,

1.  Pide al Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión que:

   a) emprendan de inmediato el proceso de definición de las prioridades del próximo programa plurianual del ELSJ para el periodo 2010-2014, manteniendo un enfoque ambicioso y coherente, más allá de las lógicas ministeriales, e inspirándose en los objetivos y principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
   b) se unan al Parlamento en el dialogo con los Parlamentos nacionales sobre las prioridades que se han de fijar para el periodo 2010-2014, teniendo en cuenta los problemas encontrados en la ejecución de los Programas de Tampere y de La Haya, los trabajos iniciados en el Consejo y las primeras indicaciones estratégicas en materia de inmigración, asilo e integración del Consejo Europeo, con vistas a terminar esta primera fase del diálogo en el debate anual del Parlamento sobre los progresos realizados en 2008 en el espacio de libertad, seguridad y justicia y con vistas que se adopte la subsiguiente comunicación de la Comisión, entendiendo que corresponderá al Parlamento recién elegido y al Consejo Europeo adoptar el programa definitivo en el momento adecuado;
   c) lleguen a un acuerdo con el Parlamento sobre una lista de textos o propuestas que podían o deberían adoptarse prioritariamente antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y, en cualquier caso, antes de que finalice la presente legislatura parlamentaria;
  d) avancen en las negociaciones sobre las propuestas en materia de cooperación policial y judicial (que estarán sujetas a la codecisión), buscando desde ahora el acuerdo político con el Parlamento, y garanticen que, una vez se haya alcanzado un acuerdo,
   bien se posponga su aprobación formal hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
   o bien el Consejo adopte la decisión o la decisión marco en cuestión con arreglo al Tratado UE en su estado actual, aceptando al mismo tiempo su nueva adopción con arreglo al Tratado UE en su versión modificada por el Tratado de Lisboa, lo que permitiría que el TJCE ejerciera su control jurisdiccional pleno; en la medida en que ya se hubiere alcanzado un acuerdo político, el Parlamento podría aceptar que no se reabrieran las negociaciones sobre el contenido, como ocurre en el caso de los procedimientos de adopción de las codificaciones oficiales(3) ;

2.  Propone como prioridades para los ámbitos a los que se aplica o aplicará la codecisión o el dictamen conforme en este periodo de transición:

En el ámbito de los derechos fundamentales y de ciudadanía


   la definición de criterios más transparentes a nivel de la Unión, especialmente cuando las medidas de la Unión puedan socavar las garantías protegidas constitucionalmente en los Estados miembros (artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)) y la revisión de las medidas de la UE censuradas por el TJCE (véanse las sentencias Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consejo (T-228/02), Sison/Consejo(T-47/03), KONGRA-GEL y otros/Consejo (T-253/04) y PKK/Consejo (T-229/02), sobre las listas negras),
   la toma en consideración sistemática del impacto sobre los derechos fundamentales de la legislación de la UE y de las medidas nacionales de aplicación, especialmente en materia de lucha antiterrorista, teniendo en cuenta las respuestas enviadas recientemente por los Estados miembros a la Comisión en este ámbito,
   el inicio de los diálogos preliminares para el mandato de negociaciones para la adhesión de la UE al CEDH (artículo 6, apartado 2, del Tratado UE),
   la revisión del programa de actividad de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta las prioridades indicadas por las instituciones y, en particular, por el Parlamento, en materia de cooperación policial y judicial y el respeto de los principios de la UE (artículo 7 del Tratado UE) (véase la declaración interinstitucional adoptada al aprobarse el Reglamento (CE) n° 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007 , por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(4) ),
   la presentación de una propuesta legislativa para limitar las discriminaciones directas e indirectas que afectan a la circulación de los ciudadanos de la Unión al acceso a la justicia en un país diferente al de origen y a la protección consular y diplomática en terceros países (artículo 20 del TFUE),
   la presentación de una propuesta en materia de transparencia y confidencialidad de la información y de los documentos tratados por las instituciones de la UE,
   la presentación de una propuesta en materia de protección de datos (previendo una consolidación de las disposiciones actualmente diferenciadas en función del pilar de que se trate), en respuesta a la preocupación por la rápida erosión de las normas de protección de datos en la Unión, haciendo especial referencia a las inadecuadas normas de protección para las transferencias transatlánticas de datos e instando al Consejo a adaptar la Decisión marco en materia de protección de datos en el Tercer Pilar de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento,
   el fortalecimiento de las estructuras internas de las instituciones encargadas de la protección de los derechos fundamentales dentro de la Unión, especialmente dentro del Consejo (transformación del grupo de trabajo ad hoc "Derechos Fundamentales y Ciudadanía" del Consejo en un grupo de trabajo permanente, como ha propuesto la Presidencia eslovena),
   el fortalecimiento a través de la cooperación administrativa (artículo 66 del Tratado CE) del diálogo entre los Estados miembros, el conocimiento recíproco de los ordenamientos jurídicos y la activación de procedimientos de diálogo que asocien a los Parlamentos nacionales con el Parlamento, especialmente cuando surjan dificultades al aplicar las estrategias y medidas de la UE que afectan al ELSJ,
En materia de espacio judicial europeo
   la revisión de la propuesta legislativa sobre los derechos de las personas durante el procedimiento penal (artículo 69 A del TFUE),
   la presentación de una propuesta para los derechos de las víctimas de los delitos y del terrorismo (artículo 69 A del TFUE),
   el refuerzo del reconocimiento mutuo tanto por lo que respecta a las medidas adoptadas en ausencia como a las previstas entre los Estados miembros (artículo 69 A del TFUE),
   la interconexión entre los registros de antecedentes penales,
   la revisión del Estatuto de Europol, Eurojust y de la Red Judicial Europea, a la luz de los nuevos fundamentos jurídicos,
En materia de protección de las fronteras
   la adopción de medidas adecuadas para garantizar la plena entrada en funcionamiento del Sistema de Información Schengen de Segunda Generación (SIS II) así como de las decisiones vinculadas al Tratado de Prüm(5) ,
   el refuerzo de Frontex y la evaluación de las repercusiones de las nuevas propuestas de la Comisión en materia de control de las fronteras,
   el refuerzo de la información de Frontex sobre los acuerdos que ha firmado con terceros países y sobre los informes de evaluación sobre operaciones conjuntas, y la garantía de que los controles en frontera son respetuosos de los derechos humanos; modificación del mandato de Frontex para incluir las operaciones de rescate marítimo;
   el establecimiento de una cooperación estructurada entre Frontex y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para simplificar las operaciones que se llevan a cabo, teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos,
En materia de migración y asilo
   una acción rápida y ambiciosa de la Comisión y el Consejo para impulsar la estrategia de futuro de la Unión en lo que se refiere a:
   ¾ la migración legal: inminente paquete sobre migración legal (propuestas sobre el procedimiento único de solicitud de la tarjeta azul, trabajadores temporeros, trabajadores trasladados dentro de una empresa, becarios remunerados y otras),
   ¾ la migración ilegal: propuestas que incluyan sanciones y un plan de reasentamiento de la UE,
   ¾ el asilo: realización de la segunda fase, incluida la revisión de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005 , sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado(6) y la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida(7) , y la creación de una Oficina europea de ayuda al asilo,
   ¾ el desarrollo de una política comunitaria de migración y asilo basada en la apertura de canales para la migración legal y en la definición de normas comunes para la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo en la Unión,
   ¾ la inclusión, en las decisiones y decisiones marco de la CE, de todas las disposiciones establecidas en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990;

3.  Acoge con satisfacción la propuesta para completar el paquete contra la discriminación e insta al Consejo a actuar en el espíritu del Tratado de Lisboa e incorporar las recomendaciones del Parlamento;

4.  Considera que, a partir de ahora, los Parlamentos nacionales y la sociedad civil deben participar de manera estructurada en la elaboración de esas medidas legislativas y en la evaluación de esas políticas en los Estados miembros; pide a la Comisión y al Consejo que vuelvan a examinar con el Parlamento las redes, agencias o instrumentos cuyo cometido consistiría en evaluar las repercusiones de las políticas del ELSJ o en favorecer una interacción más estrecha con la sociedad civil europea;

5.  Destaca que el nuevo Tratado de Lisboa reconocerá el papel del Parlamento en la celebración de acuerdos internacionales relativos a las políticas del ELSJ; pide en este contexto que:

   se le consulte en el plazo adecuado sobre todos los acuerdos con terceros países que no se hayan celebrado a 31 de diciembre de 2008,
   se le informe periódicamente de las negociaciones actualmente en curso,
   se celebre, con carácter urgente, un debate sobre la dimensión exterior del ELSJ, ya que la Unión está creado de hecho una cooperación policial y judicial con terceros países, en particular con los EstadosUnidos, sobre la base de acuerdos bilaterales sobre una serie de asuntos, eludiendo así los procedimientos democráticos formales de toma de decisiones y el control parlamentario;

o
o   o

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y que pida a estos últimos que le remitan sus comentarios, sugerencias y propuestas antes del 15 de noviembre de 2008, con la antelación necesaria respecto del debate anual de diciembre de 2008 sobre los progresos realizados en 2008 en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

(1) DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
(2) Sentencia de 1 de julio de 2008, Reino de Suecia y Maurizio Turco/Consejode la Unión Europea, asuntos acumulados C-39/05 P y C-52/05 P.
(3) Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos, punto 4 (DO C 102 de 4.4.1996, p. 2).
(4) DO L 53 de 22.2.2007, p.1.
(5) El Tratado de 27 de mayo de 2005, entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal.
(6) DO L 326 de 13.12.2005, p. 13.
(7) DO L 304 de 30.9.2004, p. 2.

Última actualización: 3 de junio de 2009Aviso jurídico