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Procedimiento : 2009/2155(INI)
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Ciclo relativo al documento : A7-0051/2010

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A7-0051/2010

Debates :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

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PV 18/05/2010 - 8.16
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P7_TA(2010)0172

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Martes 18 de mayo de 2010 - Estrasburgo Edición definitiva
Simplificación de la PAC
P7_TA(2010)0172A7-0051/2010

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de mayo de 2010, sobre la simplificación de la PAC (2009/2155(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2005, titulada «Simplificar y legislar mejor en el marco de la política agrícola común» (COM(2005)0509),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, titulada «Una PAC simplificada para Europa: un éxito para todos» (COM(2009)0128),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0051/2010),

A.  Considerando que toda la legislación debe ser proporcionada al objetivo y no debería promulgarse sin haber realizado una evaluación de impacto completa en la que se analice la carga financiera que impondría la legislación y que incluya un análisis detallado de costes y beneficios,

B.  Considerando que la simplificación debe beneficiar ante todo a los agricultores y no solo a las autoridades nacionales y a los organismos pagadores en los Estados miembros, como se ha observado predominantemente,

C.  Considerando que una nueva PAC debe permitir a los agricultores concentrarse en el objetivo fundamental de ofrecer alimentos seguros, de calidad y cuyo origen pueda identificarse, al mismo tiempo que ha de apoyarlos a la hora suministrar bienes públicos no comerciales,

D.  Considerando que el objetivo debe ser reducir los costes de aplicación de la PAC y, al mismo tiempo, las cargas administrativas que pesan sobre los productores de la Unión, para permitir que los agricultores dediquen más tiempo a trabajar sus tierras,

E.  Considerando que una nueva PAC debe ser competitiva de forma sostenible,

F.  Considerando que es necesario velar por una legislación clara y comprensible, que ofrezca seguridad jurídica a las autoridades competentes y a los agricultores, así como eliminar la legislación innecesaria,

G.  Considerando que la distribución de la ayuda única por explotación debe garantizar la equidad,

H.  Considerando que es necesario un marco jurídico para gestionar las importantes cuestiones jurídicas vinculadas a la PAC,

I.  Considerando que la nueva PAC debe estar más orientada hacia el mercado, de acuerdo con las recientes reformas de la política agrícola común, y centrarse en reducir el proteccionismo excesivo, manteniendo al mismo tiempo disponibles los instrumentos de asistencia a los agricultores en épocas de acusada volatilidad económica,

J.  Considerando que la nueva PAC debe ser más sencilla y tener mayor capacidad de reacción,

K.  Considerando que la legislación ha de ser más flexible con el fin de que la PAC pueda reconocer regiones y territorios específicos, sin poner en peligro el carácter común de la PAC,

L.  Considerando que debe promoverse el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros y autoridades locales,

M.  Considerando que la política agrícola común reviste una importancia central en la UE-27 como un medio no solo de garantizar un suministro adecuado de alimentos seguros, sino asimismo de continuar respondiendo a retos tales como la conservación de las zonas rurales, las regiones montañosas, las zonas desfavorecidas, las zonas ultraperiféricas y la multifuncionalidad de la agricultura europea,

Principios generales

1.  Hace hincapié en que la PAC debe intentar armonizar la normativa eliminando la duplicación existente; pide asimismo a la Comisión que, cuando se introduzca una nueva normativa, se intente al mismo tiempo eliminar cargas innecesarias;

2.  Insta a la Comisión a que consulte periódicamente y de manera generalizada a las partes interesadas del sector agrícola, con el fin de evaluar mejor el impacto de la normativa sobre el terreno y de determinar las normas más prácticas, sencillas y transparentes para los agricultores;

3.  Hace hincapié en que se requiere una mayor simplificación de la PAC para reducir los costes que su aplicación tiene para las instituciones de la UE, los Estados miembros y los propios beneficiarios; considera que, de esta forma, la política será más comprensible para los agricultores y los contribuyentes;

4.  Pide a la Comisión que armonice las normas de la PAC eliminando la duplicación de tareas y reduciendo la burocracia, con el fin de incrementar la competitividad del sector agrícola en todos los Estados miembros;

5.  Destaca que las medidas de la PAC deben ser proporcionadas al riesgo y que debe optarse por la vía legislativa únicamente si ello es auténticamente justificable, evitando así una construcción jurídica que resulte difícil de comprender por los agricultores;

6.  Pide que la PAC se guíe por los resultados en lugar de centrarse en la legislación, y que los Estados miembros y sus autoridades regionales ofrezcan más ayuda y asesoramiento a los agricultores mediante instrumentos y métodos de comunicación adecuados;

7.  Espera que, con arreglo a los principios de «legislar mejor», toda la legislación futura esté acompañada de una evaluación de impacto completa que tenga en cuenta las cargas reglamentarias y administrativas y que se garantice que la nueva legislación sea proporcionada a los objetivos que pretende lograr;

8.  Cree que, siempre que sea posible, los Estados miembros deben permitir la autocertificación;

9.  Considera que los Estados miembros deben tener la opción de introducir en los planes de desarrollo rural un régimen a tanto alzado por parcela, en particular para las pequeñas explotaciones, a condición de que el cumplimiento de las obligaciones contraídas esté garantizado;

10.  Reconoce el interés del principio de condicionalidad como uno de los conceptos centrales de los pagos directos con arreglo a la PAC y que se recomienda una simplificación considerable, pero sin reducir su eficacia;

11.  Hace hincapié en la necesidad de que la PAC sea más sencilla, más transparente y más equitativa;

12.  Destaca que la simplificación de la PAC no tiene que traducirse necesariamente en un menor apoyo a los agricultores y en el desmantelamiento de los instrumentos tradicionales de gestión de los mercados; pide que, de cara al futuro, la Unión Europea ponga en marcha mecanismos eficientes para frenar la volatilidad de los precios;

13.  Hace hincapié en que la simplificación de la PAC debe ir acompañada de medidas de información para los beneficiarios, y pide a la Comisión que amplíe y desarrolle medidas de información sobre la política agrícola común;

14.  Pide que sea posible corregir errores de forma autónoma, lo que permitiría a los receptores de los pagos que incumplan involuntariamente las normas informar a las autoridades sin que ello tenga como consecuencia que puedan ser objeto de una sanción pecuniaria;

15.  Señala que el sistema de multas para los agricultores por errores cometidos en las solicitudes de pago debe ser proporcionado a la magnitud de la infracción y que las sanciones no deben aplicarse en el caso de errores menores ni, en particular, en el caso de errores que se produzcan sin culpa del agricultor;

16.  Señala que las multas administrativas, incluida la obligación de devolver pagos percibidos por el agricultor, no deben basarse en circunstancias objetivamente ajenas al control del agricultor;

17.  Señala el problema de los agricultores con cónyuges que dirigen explotaciones agrícolas separadas y que, por tanto, deberían tener derechos y obligaciones independientes con respecto a solicitudes de pago en virtud de la PAC;

Condicionalidad

18.  Cree que el objetivo fundamental de las inspecciones es asesorar a los agricultores y orientarlos correctamente para que cumplan los requisitos legales mejor y del modo menos oneroso posible; considera, por tanto, que las inspecciones deben seguir siendo efectuadas por las autoridades públicas con el fin de garantizar que son independientes e imparciales;

19.  Hace hincapié en que, según las Naciones Unidas, la producción mundial de alimentos debe incrementarse en un 70 % para 2050 con el fin cubrir la demanda de 9 000 millones de personas;

20.  Considera que deben fijarse requisitos de condicionalidad y que estos deben tener en cuenta también el tamaño de las explotaciones, de forma que se reduzca la carga en las pequeñas explotaciones en las que el riesgo es menor;

21.  Insiste en que, cuando los Estados miembros apliquen sanciones a los agricultores por incumplimientos de la normativa, esas sanciones deberán aplicarse de una forma transparente, sencilla y proporcionada que tenga en cuenta la realidad sobre el terreno;

22.  Considera que los requisitos legales relativos a los controles de la condicionalidad deben ser fácilmente comprensibles por parte de los agricultores y las autoridades de control;

23.  Cree que el objetivo fundamental de los controles consiste en alentar a los agricultores a cumplir en mayor medida la legislación y que cabría la posibilidad de reducir los controles anuales de la condicionalidad respecto de los requisitos legales de gestión o sustituirlos por controles aleatorios cuando no se hayan registrado más que algunas infracciones en los años anteriores;

24.  Hace hincapié en que el requisito de efectuar controles de seguimiento respecto de las infracciones leves (límite de significación) debe reducirse hasta convertirlo en un muestreo aleatorio;

25.  Considera que debe eliminarse el uso de requisitos legales de gestión que no puedan controlarse de un modo sencillo o que no sean mensurables;

26.  Considera que debe autorizarse a los Estados miembros o, según proceda, a las autoridades regionales o locales a reducir la cuota de inspección hasta un límite mínimo específico si disponen de un marco para el análisis de riesgos que cumpla los requisitos de la legislación de la Unión y de pruebas de un nivel elevado de cumplimiento;

27.  Pide que, en cada Estado miembro, se introduzca un marco relativo al análisis de riesgos que cumpla la legislación de la Unión, con el fin de reducir las cuotas de inspección hasta un límite inferior específico;

28.  Considera que, proporcionando más ayuda y consejo a los agricultores mediante instrumentos eficientes de información y asesoramiento, como un servicio telefónico de ayuda o por Internet, se contribuiría a evitar infracciones y se facilitarían a los Estados miembros los medios para reducir las cuotas de sus inspecciones;

29.  Considera necesaria una coordinación de las actividades de control efectuadas ‐o que vayan a efectuarse‐ en las explotaciones agrícolas por las distintas partes cuyo cometido funcional o legal sea llevar a cabo dichos controles, con miras a reducir el número de visitas de inspección a las explotaciones;

30.  Considera necesaria la elaboración de un plan de comunicación sobre la condicionalidad con el fin de aportar tanta información como sea posible a agricultores y consumidores acerca de los requisitos y beneficios derivados de los bienes y servicios públicos suministrados por los agricultores cuyas actividades observan dichos requisitos;

31.  Considera que el número de requisitos de condicionalidad debe reducirse y que debe actualizarse su alcance;

32.  Pide que se autorice un sistema viable y transparente de indicadores con el objetivo de simplificar los instrumentos de evaluación para las verificaciones de la condicionalidad, y pide que se suprima el sistema actual y se elimine la posibilidad de imponer dos sanciones o más por un único error; pide a la Comisión que analice la desproporción existente entre las infracciones de la normativa sobre identificación de los animales, que suponen aproximadamente el 70 %, y las de los demás requisitos, y que proceda a los cambios oportunos;

33.  Considera que debe elaborarse un único texto legislativo sobre la condicionalidad; considera que las externalidades positivas producidas por las explotaciones agrícolas, en términos de bienes y servicios públicos, deben recibir una remuneración equitativa;

34.  Pide que se mantengan algunas normas de condicionalidad precisas y constantes que los Estados miembros puedan aceptar y respetar;

Pagos directos

35.  Considera que los agricultores deben tener acceso a sistemas viables que les permitan presentar solicitudes relativas a pagos directos con facilidad y sin burocracia innecesaria, normalmente en su lugar de residencia;

36.  Cree que, con el fin de simplificar las normas del régimen de pago único, debe eliminarse la obligación de enviar anualmente la misma información detallada;

37.  Considera que debe requerirse el envío de menos información con las solicitudes, pues los datos necesarios pueden obtenerse en los organismos pagadores de los Estados miembros;

38.  Pide que se autoricen unas modalidades de pago más flexibles que permitan efectuar pagos incluso antes de completar definitivamente todas las verificaciones;

39.  Insta a la Comisión a que examine la definición de tierras subvencionables y su interpretación en los Estados miembros;

40.  Cree que debe revisarse a definición actual de tierras subvencionables a los efectos del pago único con el fin de asegurar de no sean elegibles los solicitantes que no sean agricultores en activo;

41.  Considera el futuro régimen debe tener en cuenta los principios de simplificación y que la simplificación, la transparencia y la equidad deben ser las prioridades clave de la reforma de la PAC;

42.  Pide a la Comisión que revise el sistema de control y liquidación de cuentas;

43.  Considera que, a la hora de aplicar controles de regulación, efectuar auditorías para determinar el cumplimiento e imponer correcciones de carácter financiero, la Comisión debe adoptar un planteamiento más proporcionado y, en última instancia, basado en los riesgos;

44.  Pide a la Comisión que presente propuestas que permitan mejorar la auditoría y el sistema de control para la PAC;

45.  Considera que deben evitarse las principales disparidades existentes en la ayuda directa entre los Estados miembros con el fin de garantizar un trato igual de los agricultores en toda la Unión Europea y para evitar las distorsiones en el mercado y la competencia;

46.  Reconoce que, con el fin de hacer frente a los retos medioambientales, incluida la adaptación al cambio climático y su mitigación, los agricultores tienen un papel importante que desempeñar a la hora de definir las medidas prácticas requeridas para lograr estos objetivos, y cree que la celebración de acuerdos sobre resultados en vez de la vía normativa es el mejor mecanismo para alcanzar dichos objetivos;

47.  Hace hincapié en que una reducción de la carga administrativa referente a la verificación y la información impuesta a las organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas aumentaría el atractivo de estas organizaciones para los agricultores y les llevaría a asociarse y a actuar juntos;

Desarrollo rural

48.  Hace hincapié en que una única auditoría es suficiente cuando los pagos se efectúan sobre la base de un régimen de certificación existente (por ejemplo, regímenes de ayuda a la producción ecológica o para medidas de carácter medioambiental);

49.  Observa con preocupación el elevado nivel de errores en las solicitudes de pagos directos registrado en algunos Estados miembros; hace hincapié en que esos errores pueden achacarse principalmente al equipo ortofotográfico utilizado y no a los agricultores; pide que tales errores se sancionen únicamente en casos de intento claro de fraude;

50.  Considera que hay que regularizar los actos legislativos que planteen conflictos con otros actos legislativos (por ejemplo, legislación medioambiental y régimen de pago único) antes de imponerlos a los agricultores;

51.  Considera que las definiciones de la legislación sobre desarrollo rural deben revisarse y, en caso necesario, ampliarse con el fin de velar por la coherencia con la legislación referente a los pagos directos;

52.  Cree que se ha de incrementar la transparencia respecto de las sanciones y obligaciones para los agricultores;

53.  Pide que se definan con precisión las obligaciones que incumben a los agricultores, con objeto de eliminar la falta de transparencia en las sanciones;

54.  Espera que se recurra a una visión más amplia y a largo plazo del control de estos regímenes, prestando más atención a las repercusiones y los resultados finales que a las tasas específicas de error derivadas de las medidas de desarrollo rural o de carácter ambiental;

55.  Subraya que se necesita una revisión y simplificación del complejo régimen actual de indicadores y que el sistema de verificación, los informes anuales y las evaluaciones ex ante , intermedias y ex post han conducido a un sistema extraordinariamente complejo de indicadores e informes;

56.  Solicita a la Comisión que examine el uso de acuerdos sobre resultados como método más sencillo y eficiente para suministrar bienes públicos en el futuro;

57.  Pide la introducción de un sistema de indicadores simplificado y coherente que, indirectamente, daría lugar a una mayor facilidad de comprensión y aplicación, evaluaciones pertinentes y menos burocracia;

58.  Considera que las normas relativas a la subvencionabilidad del IVA con cargo al segundo pilar de la PAC, especialmente las actividades realizadas por los organismos que se rigen por el Derecho público, deben armonizarse con las aplicadas para los Fondos Estructurales;

59.  Hace hincapié en que la simplificación de la PAC debe ir acompañada de la simplificación de su aplicación, y pide a los Estados miembros que reduzcan al mínimo los trámites burocráticos requeridos para los posibles beneficiarios de la PAC, especialmente en el ámbito del desarrollo rural;

60.  Pide a los Estados miembros que, en sus programas de desarrollo rural, pongan a disposición de los beneficiarios potenciales sistemas que garanticen la transparencia, y que les concedan el tiempo necesario para preparar las solicitudes de financiación y cumplir los diversos criterios de elegibilidad para los regímenes de ayuda; pide a la Comisión que vele por que este aspecto sea un elemento permanente de los debates bilaterales con los Estados miembros;

Identificación de animales

61.  Insta a la Comisión a que examine el sistema de identificación de animales utilizado en cada Estado miembro y que procure establecer un sistema uniforme de identificación que garantice la eliminación de la normativa innecesaria, en particular, el examen de los números del productor y de la explotación, el número de registros requerido y la diferencia entre productor y explotación;

62.  Pide que se lleve a cabo una armonización de gran calado de las normas de identificación de los animales, actualmente muy diferenciadas;

63.  Considera que debe simplificarse al máximo la información sobre el movimiento de ovinos y caprinos y la comunicación de información a las bases de datos y a las autoridades, utilizando todos los instrumentos de comunicación disponibles, en especial las nuevas tecnologías;

64.  Considera que para el ganado ovino y caprino, así como para el porcino, es suficiente la identificación del rebaño;

65.  Pide que se aplace la obligación de identificación electrónica para el ganado ovino y caprino que se inició el 31 de diciembre de 2009, dado su coste excesivo en un momento de crisis económica;

66.  Pide que se establezca una amnistía de tres años para las sanciones relativas a la condicionalidad que se refieran a la identificación electrónica de ganado ovino y caprino, dado que se trata de una tecnología nueva y compleja que requerirá algún tiempo hasta que los agricultores se habitúen a ella y se pruebe en la práctica; pide asimismo a la Comisión que lleve a cabo un examen de la normativa;

o
o   o

67.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

Última actualización: 19 de abril de 2011Aviso jurídico