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Procedimiento : 2011/2875(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

B7-0560/2011

Debates :

PV 27/10/2011 - 12.2
CRE 27/10/2011 - 12.2

Votaciones :

PV 27/10/2011 - 13.2

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0475

Textos aprobados
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Jueves 27 de octubre de 2011 - Estrasburgo Edición definitiva
Bahréin
P7_TA(2011)0475B7-0541, 0556, 0558, 0559, 0560 y 0562/2011

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2011, sobre Bahréin

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria, Yemen y Bahréin, en particular la de 7 de abril de 2011(1) sobre la situación en Siria, Bahréin y Yemen, y la de 7 de julio de 2011(2) sobre la situación en Siria, Yemen y Bahréin en el contexto de la situación en el mundo árabe y el África septentrional,

–  Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2011(3) , sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo,

–  Vistas las declaraciones de su Presidente, de 12 de abril de 2011 sobre la muerte de dos activistas civiles bahreiníes, y de 28 de abril de 2011, en la que condenaba las sentencias de muerte por ahorcamiento dictadas contra cuatro bahreiníes por participar en protestas pacíficas,

–  Vista la audiencia sobre Bahréin celebrada en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el 3 de octubre de 2011,

–  Vistas las Declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10, 12 y 18 de marzo de 2011, sobre Bahréin; de 3 de mayo y 1 de julio de 2011; de 31 de agosto de 2011, y de 8 y 30 de septiembre de 2011; y las declaraciones de la VP/AR sobre la situación en Egipto, Siria y Bahréin en el Parlamento Europeo el 12 de octubre de 2011,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 23 de mayo, 12 de abril y 21 de marzo de 2011, sobre Bahréin,

–  Vistas las declaraciones realizadas el 23 de junio y el 30 septiembre 2011 por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre las condenas impuestas a 21 activistas políticos, defensores de los derechos humanos y dirigentes de la oposición de Bahréin,

–  Vista la declaración sobre Bahréin realizada por la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de septiembre de 2011,

–  Vistas la declaración a la prensa del Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Bahréin, de 5 de octubre de 2011, y la declaración del Ministro de Sanidad de Bahréin sobre las sentencias contra médicos, enfermeras y personal sanitario, de 30 de septiembre de 2011,

–  Vista la declaración del Fiscal General de Bahréin, de 23 de octubre de 2011, sobre el nuevo juicio de los médicos ya juzgados por tribunales militares,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Carta Árabe de los Derechos Humanos, que Bahréin ha firmado,

–  Visto el artículo 19, letra d), de la Constitución de Bahréin,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos de 2004, en su versión actualizada de 2008,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Convenio de Ginebra de 1949,

–  Visto el informe de Human Rights Watch publicado en febrero de 2010,

–  Visto el comunicado público de los médicos sobre la paralización de los servicios de salud debido a la represión militar contra los pacientes en Bahréin en abril de 2011,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que desde el mes de febrero se han producido periódicamente en Bahréin, inspiradas en los movimientos populares del África septentrional y de Oriente Próximo, protestas pacíficas en favor de la democracia en las que se han pedido reformas institucionales, políticas, económicas y sociales para implantar una democracia auténtica, luchar contra la corrupción y el nepotismo, garantizar el respeto del Estado de Derecho, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, reducir las desigualdades sociales y establecer mejores condiciones económicas y sociales; que estas manifestaciones pacíficas fueron aplastadas mediante un uso excesivo de la fuerza por las autoridades bahreiníes, provocando la muerte de docenas de manifestantes, y que la reacción de la comunidad internacional fue demasiado lenta y débil;

B.  Considerando que, tras una petición del Gobierno de Bahréin, se desplegaron en este país miles de soldados de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos bajo la bandera del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG);

C.  Considerando que el 29 de septiembre de 2011 al menos 20 médicos y miembros del personal sanitario que habían sido condenados anteriormente, en el transcurso de este año, a penas de entre cinco y quince años de prisión por supuestas actividades antigubernamentales mientras trataban, en el ejercicio de sus funciones profesionales y con arreglo a su código ético, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna a manifestantes heridos, vieron confirmadas de nuevo sus sentencias por un tribunal militar; y que, debido a la presión internacional, el Fiscal General de Bahréin, Ali Alboainain, anunció el miércoles 5 de octubre de 2011 que esas 20 personas volverían a ser juzgadas por tribunales civiles, juicios que se reanudaron el 23 de octubre de 2011;

D.  Considerando que varios de los médicos condenados se formaron en Estados miembros de la UE, son miembros de organizaciones médicas colegiadas con sede en la UE y gozan de buena reputación entre sus colegas internacionales;

E.  Considerando que la represión contra los médicos y el personal sanitario tiene graves repercusiones en el trabajo de las organizaciones humanitarias internacionales; y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la ocupación por las fuerzas de seguridad de las instalaciones médicas, y las detenciones arbitrarias y los malos tratos aplicados al personal médico por indignantes e ilegales;

F.  Considerando que el 6 de septiembre de 2011 el Tribunal de Apelación de Seguridad Nacional, militar, confirmó las sentencias contra al menos 21 bahreiníes, prominentes defensores de los derechos humanos y opositores al régimen, incluidos los blogueros y defensores de los derechos humanos Dr. Abduljalil al Singace y Abdulhadi al Jauaya, todos ellos civiles, supuestamente por conspirar para derribar al Gobierno; considerando que este año unos 60 civiles han sido juzgados por Tribunales de Seguridad Nacional;

G.  Considerando que otros muchos activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas han sido detenidos durante las recientes manifestaciones a favor de la reforma; y que, de acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos humanos, han sufrido torturas y han sido objeto de malos tratos y acoso a manos de las fuerzas de seguridad;

H.  Considerando que se impidió abandonar el país al Vicesecretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Nabil Rayab, Presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, y que sigue estando amenazado y sometido a acoso por las fuerzas de seguridad;

I.  Considerando que la antigua Vicepresidenta de la Asociación de Profesores de Bahréin, Yalila al Salman, fue detenida en su domicilio por segunda vez el 18 de octubre de 2011; y que el 23 de septiembre de 2011, 16 mujeres y 4 muchachas fueron detenidas y acusadas de «reunión pública ilegal», de provocar disturbios y de «incitar al odio contra el régimen»;

J.  Considerando que, el 22 de mayo de 2011, el Tribunal de Apelación de Seguridad Nacional confirmó las condenas a la pena capital impuestas a Ali Abdullah Hassan al Sankis y a Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussein por matar a dos policías durante las protestas contra el Gobierno en Bahréin; y que el caso de los dos hombres se remitió en apelación al Tribunal de Casación de Bahréin, cuyo veredicto se espera para el 28 de noviembre de 2011;

K.  Considerando que tras las protestas cientos de personas, entre ellas profesores y profesionales de la medicina, fueron despedidas, detenidas o acusadas de falsos delitos en juicios masivos celebrados por tribunales militares, y que muchas de ellas no se han reincorporado a sus puestos después de ser despedidas por apoyar las protestas, a pesar de la promesa del Rey de que muchas lo harían;

L.  Considerando que más de 40 personas han muerto desde que se iniciaron las protestas, entre ellas Ahmed al Yaber al Qatan, que supuestamente fue alcanzado por disparos el 6 de octubre de 2011, cerca de la capital, Manama, cuando participaba en una protesta contra el Gobierno, y sobre cuyo caso se ha abierto ahora una investigación;

M.  Considerando que el 1 de junio de 2011 se levantó el estado de seguridad nacional en Bahréin, y que el 2 de julio de 2011 el Rey Hamad Bin Isa al Jalifa abrió un diálogo nacional para responder a las inquietudes de los ciudadanos bahreiníes tras los recientes acontecimientos; y que se ha hecho entrega al Rey de las recomendaciones resultantes de ese diálogo;

N.  Considerando que, el 29 de junio de 2011, el Rey Hamad creó una comisión independiente de investigación, con un componente independiente de carácter internacional, para investigar las graves violaciones de los derechos humanos durante la reciente represión del Gobierno contra los manifestantes partidarios de reformas, y que dicha comisión presentará los resultados de sus investigaciones el 23 de noviembre de 2011;

O.  Considerando que el 24 de septiembre de 2011 se celebraron elecciones a la cámara baja del Parlamento para ocupar los 18 escaños dejados vacantes por Al Wefaq, partido de la oposición que se retiró del Parlamento de esta nación del Oriente Próximo en protesta por el trato reservado a los manifestantes durante las anteriores manifestaciones de descontento durante este año;

1.  Condena la represión de los ciudadanos de Bahréin, que ha provocado docenas de muertos y heridos, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los manifestantes pacíficos, incluidos los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos, los médicos, miembros del personal sanitario, blogueros y periodistas, y manifiesta su solidaridad a las familias de todas las víctimas;

2.  Pide a las fuerzas de seguridad y a las autoridades de Bahréin que pongan fin a la violencia, la represión y la detención de manifestantes pacíficos y que den prueba de la máxima contención cuando traten de controlar las protestas; pide a las autoridades que actúen en estricto cumplimiento de su legislación y de sus obligaciones internacionales;

3.  Reitera su opinión de que los manifestantes han expresado sus legítimas aspiraciones democráticas, y pide al Gobierno de Bahréin que entable un diálogo verdadero, significativo y constructivo con la oposición sin nuevas demoras ni condiciones adicionales para introducir las reformas necesarias, promover la reconciliación nacional y restaurar el consenso nacional en el país;

4.  Expresa su profunda preocupación por la presencia de tropas extranjeras bajo la bandera del CCG en Bahréin, y pide su inmediata retirada; reitera su llamamiento al CCG para que contribuya de forma constructiva y medie en favor de la introducción de reformas pacíficas en Bahréin;

5.  Condena el recurso a tribunales militares especiales para juzgar a civiles, puesto que constituye una violación de las normas internacionales sobre la celebración de juicios justos, y subraya que los civiles deben ser juzgados en tribunales civiles y que todo detenido merece un juicio justo, con acceso adecuado a un abogado y tiempo suficiente para preparar su defensa; pide el cese inmediato de los juicios masivos de civiles ante el tribunal militar que es el Tribunal de Seguridad Nacional;

6.  Se felicita de la decisión de someter a un nuevo juicio ante tribunales civiles a los médicos y enfermeras, pero considera que deben retirarse todas las acusaciones presentadas contra ellos; pide a los tribunales civiles que liberen a los médicos y al personal sanitario inmediatamente y sin condiciones, ya que actuaron en cumplimiento de sus obligaciones profesionales y se les ha acusado de atender a las necesidades médicas de los oponentes al régimen, y de delitos que parecen ser de carácter político y de los que no se han presentado pruebas creíbles, que se libere a todos los demás activistas políticos, periodistas, profesores, blogueros y defensores de los derechos humanos, dado el carácter arbitrario de las acusaciones y del proceso en su totalidad; manifiesta su profunda preocupación por las penas de muerte por ahorcamiento dictadas contra al menos ocho activistas de la oposición y por las condenas de hasta 15 años de cárcel para al menos trece personas;

7.  Subraya que la dispensa de un tratamiento imparcial a los heridos es una obligación legal básica del Derecho humanitario, y pide a Bahréin, firmante de la Convención de Ginebra, que respete sus obligaciones en materia de dispensa de atención sanitaria a los enfermos y los heridos;

8.  Pide al Reino de Bahréin que permita a todo el personal sanitario reincorporarse a sus tareas profesionales, así como, tanto a ellos como a sus equipos de abogados, acceder a los informes de los reconocimientos médicos realizados a los médicos detenidos elaborados por la comisión independiente de investigación de Bahréin;

9.  Advierte contra la aplicación abusiva de las leyes nacionales en materia de seguridad;

10.  Pide a las autoridades que restablezcan y respeten todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos el pluralismo en los medios de comunicación, tanto en línea como fuera de línea, la libertad de expresión y de reunión, la libertad de religión, los derechos de la mujer y la igualdad de género, y medidas contra la discriminación, y que supriman la censura; pide a las autoridades de Bahréin que acepten la visita solicitada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

11.  Observa que miles de empleados han perdido sus puestos de trabajo por haber participado en las protestas pacíficas contra el Gobierno; pide a las autoridades nacionales y a las empresas europeas interesadas que reincorporen inmediatamente a estas personas en sus puestos de trabajo y que garanticen que se les compensará por la pérdida de ingresos que hayan sufrido;

12.  Toma nota positivamente de la decisión del Rey Hamad de crear una comisión independiente para investigar las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad durante la reciente represión gubernamental contra manifestantes partidarios de reformas; exige una total imparcialidad y transparencia de la comisión, y pide al Gobierno de Bahréin que no interfiera en los trabajos de la misma y que garantice que quienes hayan cometido delitos y todos los responsables de la violenta represión comparezcan ante la justicia y sean juzgados como es debido;

13.  Acoge con satisfacción la creación de un Ministerio de Derechos Humanos y Desarrollo Social en Bahréin, e insta a este Ministerio a que actúe con arreglo a las normas y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

14.  Pide que se admita la presencia de observadores internacionales en los juicios a presos políticos y que se les autorice a supervisar el trabajo de la comisión independiente que investiga las violaciones de los derechos humanos para garantizar su objetividad con arreglo a los estándares internacionales;

15.  Pide a las autoridades de Bahréin y al Rey de Bahréin que conmuten las penas de muerte de Ali Abdullah Hassan al Sankis y Abdulaziz Abdulridha Ibrahim Hussein; reitera su firme oposición a la aplicación de la pena de muerte y pide a las autoridades bahreiníes que declaren una moratoria inmediata;

16.  Considera que la investigación que se ha abierto sobre la muerte de un muchacho de 16 años, Ahmed al Yaber al Qatan, en el transcurso de una protesta contra el Gobierno debe ser independiente, que los resultados deben hacerse públicos y que los responsables deben comparecer ante la justicia;

17.  Subraya la importancia de la reconciliación como un componente esencial de la reforma y la estabilidad en la sociedad plural de Bahréin en la que deben garantizarse por igual los derechos de todos los ciudadanos tanto en la letra de la ley como en su aplicación práctica;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento del Reino de Bahréin.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0148.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0333.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0109.

Última actualización: 8 de abril de 2013Aviso jurídico