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Procedimiento : 2015/2342(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0045/2017

Textos presentados :

A8-0045/2017

Debates :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Votaciones :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0124

Textos aprobados
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Miércoles 5 de abril de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
La gestión de los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión
P8_TA(2017)0124A8-0045/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión (2015/2342(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 3, 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 80, 208 y 216 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, publicada en junio de 2016,

—  Vistas las Comunicaciones de la Comisión tituladas «Una Agenda Europea de Migración», de 13 de mayo de 2015 (COM(2015)0240); «Vivir con dignidad: de la dependencia de ayudas a la autonomía –Desplazamientos forzados y desarrollo», de 26 de abril de 2016 (COM(2016)0234); «Creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración», de 7 de junio de 2016 (COM(2016)0385); y «Reforzar las inversiones europeas en favor del empleo y el crecimiento: Hacia una segunda fase del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores», de 14 de septiembre de 2016 (COM(2016)0581y las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tituladas«Abordar la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción exterior de la UE», de 9 de septiembre de 2015 (JOIN(2015)0040), «Migración en la ruta del Mediterráneo Central: Gestionar los flujos, salvar vidas en el mar», de 25 de enero de 2017 (JOIN(2017)0004), «Revisión de la Política Europea de Vecindad», de 18 de noviembre de 2015 (JOIN(2015)0050),

—  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales sobre el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (GAMM), de 3 de mayo de 2012,

—  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo sobre migración de los días 25 y 26 de junio, 15 de octubre, y 17 y 18 de diciembre de 2015, y de los días 17 y 18 de marzo, y 28 de junio de 2016,

—  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la migración en el contexto de las actividades de la UE relativas a la cooperación para el desarrollo, de 12 de diciembre de 2014; sobre migración, de 12 de octubre de 2015; sobre el planteamiento de la UE sobre desplazamiento forzoso y desarrollo, de 12 de mayo de 2016; y sobre los aspectos exteriores de la migración, de 23 de mayo de 2016,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 17 de octubre de 2016 sobre las futuras prioridades de asociación y los pactos con Jordania y el Líbano,

—  Vista la declaración de la Conferencia de alto nivel sobre la ruta del Mediterráneo Oriental / Balcanes Occidentales celebrada el 8 de octubre de 2015,

—  Vista la declaración política y el plan de acción adoptados en la cumbre de La Valeta de los días 11 y 12 de noviembre de 2015,

–  Vistas las conclusiones de la cumbre de Bratislava de 16 de septiembre de 2016,

—  Visto el Informe Especial n.º 9/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Gasto en la política de migración exterior de la UE en los países de la vecindad oriental y del Mediterráneo meridional hasta 2014»,

—  Vista la Convención de las Naciones Unidas y el Protocolo sobre el Estatuto de los refugiados, así como los convenios internacionales fundamentales en materia de derechos humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de estos,

—  Visto el documento final de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

—  Vista la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes realizada por la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, de 19 de septiembre de 2016, y sus anexos «Marco de respuesta integral para los refugiados» y «Hacia un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular»,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores, en particular las de 9 de julio de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad(1) ; de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE(2) ; de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración(3) ; de 13 de septiembre de 2016, sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África: repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria(4) ; y de 25 de octubre de 2016, sobre derechos humanos y migración en terceros países(5) ,

—  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo, así como las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0045/2017),

A.  Considerando que la migración es un derecho humano consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que las personas deben tener el derecho a vivir en su país de origen y en la región en que han nacido y crecido y en la que tienen sus raíces culturales y sociales;

B.  Considerando que la movilidad humana se encuentra en un nivel elevado sin precedentes y que la cantidad de migrantes a escala internacional se sitúa en 244 millones de personas que, debido a diversas razones, migran tanto voluntaria como involuntariamente; que esa migración internacional se produce en primer lugar dentro de la misma región y entre los países en desarrollo; que, según la Organización Internacional para las Migraciones (en lo sucesivo «OIM»), las mujeres migrantes suponen la mayoría de los migrantes internacionales en Europa (52,4 %) y América del Norte (51,2 %); que los flujos de migración Sur-Sur han seguido creciendo en comparación con los movimientos Sur-Norte: en 2015, 90,2 millones de migrantes internacionales nacidos en países en desarrollo residían en otros países del Sur Global, mientras que 85,3 millones nacidos en el Sur residían en países del Norte Global;

C.  Considerando que continúa aumentando el número de menores de edad no acompañados que atraviesan el Mediterráneo y que, a pesar del incremento del número de operaciones de rescate, la cifra de muertes en el Mediterráneo sigue creciendo (5 079 en 2016 frente a 3 777 en 2015, según la OIM);

D.  Considerando que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Redugiados (en lo sucesivo «ACNUR»), en 2015 un número sin precedentes de 65,3 millones de personas —incluidos 40,8 millones de desplazados internos y 21,3 millones de refugiados— se encontraban desplazados a la fuerza a causa de conflictos, violencia, violaciones de los derechos humanos, violaciones del Derecho internacional humanitario y desestabilización; que a esto se han añadido las personas desplazadas como consecuencia de catástrofes naturales, desigualdades, pobreza, escasas perspectivas socioeconómicas, el cambio climático, la falta de políticas de desarrollo serias y eficaces pensadas a largo plazo y la ausencia de voluntad política para afrontar con decisión los problemas estructurales que originan esos flujos migratorios; que la Oficina del ACNURcifra en al menos 10 millones el número de apátridas;

E.  Considerando que los datos disponibles en la actualidad revelan que el número de refugiados ha aumentado más de un 50 % en los últimos cinco años; que este aumento alarmante se explica por una serie de elementos entre los que figuran el hecho de que la repatriación voluntaria de refugiados haya sido la más baja desde la década de 1980, de que el número de refugiados a los que se ofrecen posibilidades de integración local siga siendo reducido, y de que las cifras de reasentamiento se mantengan invariables en aproximadamente 100 000 anualmente;

F.  Considerando que 6,7 millones de refugiados viven en situaciones de desplazamiento prolongado que, según los cálculos, se prolonga aproximadamente 26 años de media, con una ausencia total de perspectivas; que las soluciones duraderas a los desplazamientos siguen siendo inaceptablemente bajas, lo que hace que el desplazamiento forzoso deba verse como un reto político y de desarrollo, y no exclusivamente como uno humanitario;

G.  Considerando que este reto mundial requiere un enfoque holístico y multilateral basado en la cooperación internacional y las sinergias, así como en soluciones coordinadas y concretas que no deben ser solo reactivas sino anticipar posibles crisis futuras; que el 86 % de los refugiados del mundo vive en regiones empobrecidas y que los países menos desarrollados acogen al 26 % del total, por lo que sufren un desbordamiento de sus capacidades y una desestabilización adicional de su propia cohesión social y económica y de su desarrollo; que estos países rara vez cuentan con instrumentos para proteger los derechos de los migrantes, ni siquiera en materia de asilo; que el millón de personas que llegaron a la Unión en 2015 representaban el 0,2 % de su población, frente a los porcentajes mucho más elevados (de hasta el 20 %) en los países vecinos o en Europa en la década de 1990;

H.  Considerando que los refugiados, los desplazados internos y los migrantes son categorías distintas desde el punto de vista jurídico pero que, en realidad, los movimientos de población de carácter mixto a gran escala se suelen producir por una serie de circunstancias políticas, económicas, sociales, de desarrollo, humanitarias y relacionadas con los derechos humanos que superan las fronteras; que la dignidad humana de todas las personas afectadas por dichos movimientos debe ocupar un lugar central en todas las políticas europeas al respecto; que, además, los refugiados y los solicitantes de asilo siempre deben ser tratados conforme a su estatuto y en ningún caso se les puede negar el ejercicio de los derechos derivados de los convenios internacionales pertinentes y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que la distinción jurídica entre refugiados y migrantes no debe interpretarse como una indicación de que la migración por motivos económicos o para buscar una vida mejor tiene menos legitimidad que la que tiene por objeto huir de la persecución; que en la mayoría de los casos tanto los derechos políticos como los económicos, entre otros derechos humanos fundamentales, están amenazados en situaciones de conflicto, inestabilidad o revueltas y siguen estándolo como resultado del desplazamiento forzoso;

I.  Considerando que la actual crisis alimentaria y nutricional en el Sahel provoca la erosión de la resiliencia de las personas, agravada por la rápida sucesión de crisis, la ausencia de servicios básicos y los conflictos en la región; que esta situación provocará más migración;

J.  Considerando que, en cada etapa de su viaje, los migrantes están expuestos a todo tipo de peligros físicos y psicológicos, entre ellos violencia, explotación, trata y abusos sexuales y por motivos de género; que este es, concretamente, el caso de las personas vulnerables, como las mujeres —por ejemplo, las mujeres cabeza de familia o las mujeres embarazadas—, los menores —no acompañados, separados de sus familias o acompañados por ellas—, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las personas que necesitan tratamiento médico urgente y las personas de edad avanzada; que a estos grupos vulnerables se les debe conceder con carácter urgente protección humanitaria y acceso a los mecanismos de protección y derivación, al estatuto de residentes y a los servicios básicos, incluida la asistencia sanitaria, como parte de su reasentamiento o mientras sus solicitudes de asilo se están examinando de conformidad con la legislación aplicable;

K.  Considerando que el aumento de la movilidad humana, si se gestiona de manera segura, ordenada, regular, responsable y preventiva, puede mitigar la exposición de los migrantes y los refugiados a perjuicios y aportar beneficios significativos, tanto para los países de acogida como para los migrantes, como reconoce la Agenda 2030, y servir asimismo de gran factor de crecimiento para los países de acogida y para la Unión; que estos beneficios a menudo se infravaloran; que la Unión debe ofrecer soluciones factibles, entre las cuales está la incorporación de trabajadores extranjeros, a fin de anticiparse al creciente envejecimiento de la población europea con vistas a garantizar un equilibrio entre las personas con un trabajo remunerado y las poblaciones no activas y a satisfacer las necesidades específicas del mercado de trabajo;

L.  Considerando que la respuesta de la Unión ha movilizado diferentes instrumentos internos y externos, aunque parece que estos se han centrado demasiado en el corto plazo y en reducir o parar los flujos; que este enfoque a corto plazo no resuelve ni las causas de la migración y los desplazamientos forzosos ni las necesidades humanitarias de los migrantes; que es necesario introducir mejoras en la respuesta de la Unión por lo que respecta a los instrumentos para gestionar las crisis y prevenir los conflictos, ya que los conflictos violentos son la principal causa profunda de los desplazamientos forzosos;

M.  Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo ha mostrado serias dudas en cuanto a la eficacia del gasto exterior en migración de la Unión, en particular el destinado a los proyectos relacionados con los derechos humanos de los migrantes; que el Tribunal concluyó asimismo que el elemento que predominada en el gasto europeo en migración era la seguridad y la protección de las fronteras;

N.  Considerando que la ayuda humanitaria basada en las necesidades y en el respeto de los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, así como en el respeto del Derecho internacional humanitarios y los derechos humanos previstos en las Convenciones de Ginebra y en sus Protocolos adicionales, debe estar en el centro de toda la acción exterior de la Unión; que debe prevalecer la independencia de la ayuda, es decir, que la ayuda esté libre de consideraciones políticas, económicas o de seguridad o de cualquier tipo de discriminación;

O.  Considerando que para aplicar con éxito una política migratoria basada en los derechos humanos es preciso cuestionar las percepciones negativas de la migración y desarrollar narrativas positivas para retratar los movimientos migratorios como una oportunidad para los países de acogida, a fin de contrarrestar el extremismo y el populismo;

P.  Considerando que la Unión tiene la responsabilidad de apoyar a sus socios de ejecución a la hora de prestar una ayuda y protección rápidas, eficaces y de alta calidad y debe rendir cuentas ante las poblaciones afectadas; que los socios de la Unión requieren, en ese sentido, financiación oportuna y previsible, y las decisiones sobre la asignación de financiación para modificaciones o nuevas prioridades deben otorgarles tiempo suficiente para emprender medidas de planificación y mitigación;

Q.  Considerando que la cooperación descentralizada puede ayudar a hacerse una idea mejor de las necesidades y culturas de los desplazados internos, los migrantes y los refugiados, y a sensibilizar a la población local acerca de los retos que encaran los migrantes en sus países de origen; que los Gobiernos europeos locales y regionales pueden desempeñar un papel clave para ayudar a abordar estas causas profundas mediante la creación de capacidad;

R.  Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea establece explícitamente que «la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»; que, con arreglo al artículo 208 del Tratado de Lisboa, el objetivo de la cooperación para el desarrollo es la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza en los terceros países;

Una acción de la Unión de carácter global y basada en principios para hacer frente a los desafíos que plantea la movilidad

1.  Subraya que en el mundo de hoy somos testigos de un nivel sin precedentes de movilidad de las personas y subraya que la comunidad internacional debe preparar con urgencia una respuesta común para abordar los desafíos y oportunidades que supone este fenómeno; pone de relieve que esta respuesta debe basarse en el principio de solidaridad y no focalizarse únicamente en un enfoque basado en la seguridad, sino regirse por la plena protección de los derechos y la dignidad de todas las personas obligadas por cualquier circunstancia a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor y más segura; hace hincapié en que cualquier respuesta debe prestar especial atención a los más vulnerables e incluir la prestación de asistencia en sus países de origen; subraya que, si bien su tratamiento está regulado por distintos marcos jurídicos, los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales universales, que deben salvaguardarse independientemente de su estatuto jurídico; recuerda que la Unión debe respetar sus valores y principios en todas las políticas comunes y promoverlos en sus relaciones exteriores, en particular los establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea; hace hincapié en la necesidad de coherencia en las políticas de la Unión, tanto en las exteriores como en las que tengan una dimensión exterior;

2.  Pone de relieve que este elevado nivel de movilidad humana se debe a causas múltiples y complejas que requieren decisiones basadas en datos concretos para diferenciar sus elementos y desarrollar respuestas estratégicas específicas; subraya la necesidad de que la Unión y sus Estados miembros tengan en cuenta esta realidad actual y desarrollen un nuevo enfoque sobre el movimiento de personas basado en datos reales y en los intereses de la Unión, promoviendo la resiliencia de las personas e incrementando su acceso a los servicios básicos, particularmente la educación, y su integración y contribución en los contextos locales brindando oportunidades de empleo y de empleo por cuenta propia;

3.  Subraya que la migración internacional puede contribuir al desarrollo socioeconómico, como ha ocurrido históricamente, y que por ello es necesario emplear una narrativa positiva que promueva una comprensión auténtica y objetiva de la cuestión y de los beneficios comunes asociados, a fin de contrarrestar los discursos xenófobos, populistas y nacionalistas; acoge con satisfacción por lo tanto la campaña Juntos puesta en marcha por las Naciones Unidas para reducir la percepción y las actitudes negativas hacia los refugiados y los migrantes, y pide a las instituciones de la Unión que cooperen plenamente con las Naciones Unidas en apoyo de esta campaña; hace hincapié en la necesidad de adoptar políticas a medio y largo plazo que no estén guiadas exclusivamente por presiones políticas inmediatas ni intereses electorales nacionales; subraya que estas políticas deben ser coherentes, pertinentes, inclusivas y flexibles con el objetivo de regular la migración como un fenómeno humano normal y abordar las inquietudes legítimas en relación con la gestión de las fronteras, la protección social de los grupos vulnerables y la inclusión social de los refugiados y los migrantes;

4.  Subraya que el sistema de ayuda humanitaria se encuentra absolutamente desbordado y que sus recursos financieros nunca serán suficientes para responder a crisis generadas por desplazamientos forzosos, especialmente habida cuenta del carácter prolongado de la mayor parte de ellos; toma nota, por consiguiente, del nuevo marco político presentado en la Comunicación de la Comisión sobre desplazamientos forzados y desarrollo, de abril de 2016, como un primer paso en la buena dirección, y pide al SEAE y a la Comisión que pongan en práctica su contenido dentro del nuevo marco de asociación con terceros países; destaca la importancia de un enfoque integral y más duradero sobre la migración que incluya la promoción de vínculos más estrechos entre los ámbitos humanitario y del desarrollo y la necesidad de colaborar con distintos interlocutores —agentes regionales, gobiernos, autoridades locales, la diáspora, la sociedad civil, incluidas las organizaciones de refugiados y de migrantes, las organizaciones religiosas locales y las ONG pertinentes, y el sector privado— a fin de desarrollar estrategias basadas en datos concretos para abordar este desafío, al tiempo que se reconoce que la ayuda humanitaria no es un instrumento de gestión de crisis, tal como se indica en el consenso europeo sobre la ayuda humanitaria;

5.  Subraya que la cooperación al desarrollo de la Unión debe seguir abordando de manera eficaz las causas profundas de la migración y los desplazamientos forzosos —a saber, los conflictos armados, la persecución por cualquier motivo, la violencia de género, la mala gobernanza, la pobreza, la falta de oportunidades económicas y el cambio climático— luchando contra la fragilidad de los Estados y fomentando la paz y la seguridad, la resolución de conflictos y los procesos de reconciliación postconflicto, la capacidad administrativa, la democracia, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 de la Agenda 2030 y los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional;

6.  Subraya la necesidad de centrarse en los aspectos socioeconómicos del fenómeno migratorio, llevar a cabo los análisis necesarios por país de las causas profundas de la migración y los desplazamientos forzosos, y animar a los países de origen a adoptar y aplicar medidas y políticas que conduzcan a la creación de puestos de trabajo dignos y oportunidades económicas reales con vistas a hacer de la migración una elección y no una obligación; pide a la Unión que siga adelante con las políticas que tratan de reducir y, en última instancia, erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la inseguridad alimentaria, promover el desarrollo económico, luchar contra la corrupción y mejorar los servicios públicos básicos; señala que toda política fructífera debe reconocer la necesidad de crear resiliencia económica tanto en los países de acogida como en los de origen; insiste en la necesidad de mejorar la coherencia de las políticas al servicio del desarrollo;

7.  Subraya que para mitigar el impacto de las vulnerabilidades provocadas por el desplazamiento son fundamentales el empleo y las oportunidades económicas; pide a la Unión que ayude a los migrantes y a los refugiados a trasladarse a lugares que ofrezcan tales oportunidades, a crear oportunidades en su lugar de exilio (también eliminando las barreras y obstáculos que impiden el acceso al mercado de trabajo), y a desarrollar nuevas capacidades más acordes con las necesidades del mercado de trabajo local;

8.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Unión con la ayuda humanitaria —como el mayor donante del mundo— con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los refugiados; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que honren las promesas realizadas e incrementen sus compromisos financieros en consonancia con el aumento de las necesidades humanitarias; señala que la respuesta humanitaria será siempre el primer elemento de cualquier respuesta a las crisis de desplazamientos; hace hincapié en que el Derecho internacional y los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia deben seguir siendo el marco por el que se rija la respuesta humanitaria de la Unión a las crisis de refugiados y de desplazamientos forzosos;

9.  Reconoce que los derechos y la dignidad de millones de seres humanos como nosotros se verán aún más mermados si languidecen en campos de refugiados o en el extrarradio de ciudades sin acceso a medios para satisfacer sus necesidades básicas, sin medios de subsistencia y sin oportunidades para obtener ingresos;

10.  Destaca la importancia de reconocer la dimensión de género de la migración, que no solo abarca la vulnerabilidad de las mujeres frente a todo tipo de abusos, sino también las múltiples razones por las que emigran, su papel a la hora de responder a las emergencias, su contribución socioeconómica y su participación activa en la prevención y resolución de conflictos, en los procesos postconflicto y en la reconstrucción de una sociedad democrática; señala que, para abordar las causas profundas de los desplazamientos forzosos y garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y su autonomía en todas las etapas del proceso de migración, es fundamental prestar especial atención a la potenciación del papel de la mujer y su mayor participación en los procesos de toma de decisiones; reitera la necesidad de aplicar una perspectiva de género y de edad a las políticas de la Unión sobre los flujos de migrantes y refugiados;

11.  Pide que se intensifique la cooperación con las Naciones Unidas y otros agentes, por ejemplo aumentando las contribuciones financieras destinadas al ACNUR y a la UNRWA; subraya, en este contexto, la necesidad de mejorar las condiciones de vida en los campos de refugiados, en particular en términos de salud y educación, y de poner fin gradualmente a la dependencia de la ayuda humanitaria en las crisis prolongadas existentes promoviendo la resiliencia y capacitando a los desplazados para vivir dignamente como contribuyentes a su país de acogida hasta su posible reasentamiento o retorno voluntario;

12.  Pone de relieve los importantes pasos que ha dado la Unión para abordar la dimensión exterior de la crisis migratoria, en particular la lucha contra la delincuencia organizada responsable del tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, así como la intensificación de la cooperación con los países de origen y de tránsito;

13.  Resalta la necesidad de establecer un marco y adoptar las disposiciones adecuadas, en los países de origen, para proteger y acoger con dignidad a los migrantes devueltos, vulnerables y marginados, poniendo a su disposición los medios para una integración sociocultural satisfactoria;

14.  Recuerda que los grupos vulnerables, en particular las mujeres y los menores (acompañados por sus familias y no acompañados), las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas LGBTI, se encuentran especialmente expuestos a abusos en todas las fases del proceso migratorio; recuerda asimismo que las mujeres y las niñas, además, corren un gran riesgo de sufrir violencia sexual y de género y discriminación, incluso una vez que han alcanzado lugares considerados seguros; pide que se conceda a estos grupos una ayuda particular y una mayor protección humanitaria como parte de su reasentamiento o de su proceso de integración, y que se les dé prioridad en procedimientos de acogida sensibles a la dimensión de género, respetando en mayor medida las normas mínimas y con unas disposiciones de reunificación familiar más eficientes; pide también una protección particular para las personas vulnerables frente a la violencia y la discriminación durante el proceso de tramitación del asilo y que se les facilite acceso al estatuto de residente y a los servicios básicos, incluidas la atención sanitaria y la educación, de conformidad con la legislación aplicable; pide a la Unión Europea que, como parte de su cooperación con terceros países, elabore programas de formación relativos a las necesidades específicas de los refugiados y migrantes vulnerables;

15.  Hace hincapié en que los menores representan una proporción considerable de los migrantes y refugiados y que deben desarrollarse e implantarse procedimientos específicos para garantizar su protección en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; pide a los países de acogida que velen por que los niños refugiados puedan acceder plenamente a la educación y a que promuevan al máximo su integración e inclusión en sus sistemas educativos nacionales; pide asimismo a las organizaciones humanitarias y de desarrollo que presten más atención a la educación y la formación de los docentes tanto en las comunidades desplazadas como en las de acogida; pide a los donantes internacionales que den prioridad a la educación al responder a las crisis de refugiados, a través de programas dirigidos a la inclusión y al apoyo psicológico de los menores migrantes, así como a la promoción del aprendizaje de la lengua del país de acogida con el fin de garantizar un nivel más elevado y adecuado de integración de los niños refugiados; se congratula por el apoyo financiero destinado a proporcionar más educación y formación a los niños sirios y el reciente incremento del porcentaje de gasto dedicado a educación del presupuesto de la Unión para ayuda humanitaria, del 4 % al 6 %, que hace que la Unión encabece el apoyo a proyectos de educación en situaciones de emergencia en todo el mundo; pide una mayor eficacia en la ejecución de esta nueva financiación;

16.  Reconoce que la apatridia representa un importante reto para los derechos humanos; pide a la Comisión y al SEAE que luchen contra la apatridia en todas las acciones exteriores de la Unión, abordando, en particular, la discriminación por razones de género, religión o estatuto de minoría en las legislaciones sobre nacionalidad, promoviendo los derechos de los niños a la nacionalidad y apoyando la campaña de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destinada a acabar con la apatridia antes de 2024; condena los casos de limitación o prohibición de la salida del territorio o del retorno al mismo en determinados Estados y las consecuencias de la apatridia en materia de acceso a los derechos; pide a los Gobiernos y los Parlamentos nacionales que deroguen los marcos normativos punitivos que tratan la inmigración como si constituyera un delito;

17.  Subraya que, en consonancia con los principios de la Unión, uno de los objetivos generales de sus políticas exteriores de migración debe ser la instauración de un marco de gobernanza multilateral para la migración internacional, del cual la reciente reunión de alto nivel de las Naciones Unidas es un primer paso;

Una mejor gestión de la migración internacional: una responsabilidad mundial

18.  Expresa su profunda preocupación por la reciente decisión del Gobierno estadounidense de prohibir temporalmente la entrada de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a los Estados Unidos y de suspender temporalmente su sistema de acogida de refugiados; considera que este tipo de decisiones discriminatorias alimentan los discursos xenófobos y contrarios a la inmigración, pueden no ser conformes con los principales instrumentos de Derecho internacional, como la Convención de Ginebra, y pueden socavar gravemente los esfuerzos mundiales actuales encaminados a un reparto internacional justo de las responsabilidades para con los refugiados; pide a la Unión y a sus Estados miembros que adopten una postura común firme en defensa del sistema de protección internacional y de la seguridad jurídica de todas las poblaciones afectadas, en particular de los ciudadanos de la Unión;

19.  Acoge con satisfacción la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, de 19 de septiembre de 2016, y la organización de la cumbre de responsables políticos por parte de los Estados Unidos, toda vez que los flujos migratorios son una responsabilidad mundial que exige una respuesta mundial eficaz y una cooperación reforzada entre todas las partes interesadas para alcanzar una solución duradera que respete plenamente los derechos humanos; acoge con satisfacción el resultado de estas cumbres ya que suponen la expresión de un compromiso político efectivo con una fuerza sin precedentes y espera que abran la vía hacia una auténtica respuesta mundial y un reparto de las responsabilidades a escala internacional en relación con los refugiados y los movimientos migratorios a gran escala en todo el planeta; lamenta profundamente, no obstante, la falta de compromisos específicos o jurídicamente vinculantes en términos de ayuda o de reforma, necesarios para colmar la brecha existente en la actualidad entre retórica y realidad; pide a todas las partes implicadas que garanticen una cooperación y un compromiso político continuados, urgentes y eficaces, el intercambio de conocimientos y de experiencia con los países socios, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, y una financiación y unos actos concretos de solidaridad en apoyo de los países de acogida; subraya la necesidad de una mayor coordinación entre la Unión y sus socios internacionales en el ámbito de las Naciones Unidas para hacer frente a los retos migratorios; pide a la Unión y a sus Estados miembros que tomen la iniciativa en relación con los esfuerzos desplegados a escala internacional, en particular por lo que se refiere a garantizar que los acuerdos, incluidos los futuros pactos de las Naciones Unidas sobre refugiados y sobre una migración segura, ordenada y regular, se pongan en práctica con rapidez, creando mecanismos de seguimiento, en función de las necesidades;

20.  Hace hincapié en que la cooperación mundial debe partir de la cooperación y los marcos de movilidad regionales y subregionales; pide a la Unión que refuerce los planes de cooperación con organizaciones regionales, como por ejemplo la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación del Golfo para promover también la gestión de la movilidad intrarregional, y subraya la necesidad de animar a estas organizaciones regionales a que participen plenamente en esta cooperación; señala que la integración económica de subregiones, en especial africanas, es también una herramienta útil para la gestión común y el estímulo de las iniciativas Sur-Sur en materia de gestión de las migraciones y de movilidad; insta a la Unión a que pida a la Unión Africana que desempeñe un papel más firme y creíble de prevención de las crisis políticas en el continente;

21.  Subraya que la Unión puede beneficiarse de una cooperación más estrecha y de las sinergias con bancos de desarrollo multilaterales y los organismos especializados de las Naciones Unidas, en concreto la Oficina del ACNUR y la OIM, ahora vinculada a las Naciones Unidas; toma nota de las recientes ideas presentadas por el Banco Mundial sobre la situación de las poblaciones desplazadas a la fuerza, y reconoce la necesidad de desarrollar políticas de mitigación y de asilo que apoyen a estas poblaciones para que se integren y, al mismo tiempo, obliguen a las comunidades de acogida a alcanzar sus objetivos de desarrollo;

22.  Subraya que el reasentamiento de las personas desplazadas a la fuerza es una responsabilidad acuciante de la comunidad internacional, en la que el ACNUR desempeña un papel importante; pide a los Estados miembros de la Unión que respeten plenamente sus promesas; considera fundamental que se ponga en práctica con carácter de urgencia una respuesta coordinada y duradera que garantice procedimientos justos y accesibles para la concesión de asilo en la Unión y otros países receptores a las personas que necesitan protección internacional, en vez de dejar la responsabilidad principalmente en manos de los Estados que se encuentran en primera línea o en los países vecinos de las zonas de conflicto; destaca que la ayuda financiera no se corresponde con el alcance y la magnitud de los desplazamientos y se agrava por la falta de soluciones adecuadas y eficaces para afrontar las causas profundas de estos desplazamientos forzosos;

23.  Resalta las obligaciones jurídicas internacionales en lo que respecta a los refugiados y pide a todos los países que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo; pide a todos los países que amplíen la protección dirigida a los desplazados internos, como es el caso en mecanismos como la Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia a los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala);

24.  Subraya que los conceptos de país seguro y país de origen seguro no deben impedir el examen individual de las solicitudes de asilo; pide que se recabe información especializada, pormenorizada y actualizada periódicamente en relación con los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas LGBTI, en los países de origen de los solicitantes de asilo, incluidos aquellos países considerados como seguros;

25.  Destaca que debe hacerse todo lo posible para que a los refugiados se les garantice un entorno digno en los Estados miembros y en los campos de refugiados, en particular asistencia sanitaria, la posibilidad de acceder a la educación y la oportunidad de trabajar;

26.  Subraya la necesidad de aumentar las oportunidades de educación; pide la armonización de las políticas de reconocimiento de cualificaciones y la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de la cobertura de la seguridad social, en consonancia con los Convenios fundamentales de la OIT; pide que se firme y ratifique la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;

27.  Considera que la protección temporal o subsidiaria fundamentada en la premisa de que los refugiados volverán a su lugar de origen tan pronto como sea posible crea una falta de perspectivas y de oportunidades para la integración; recuerda la importancia del papel positivo que pueden desempeñar dichos refugiados en la reconstrucción de sus sociedades al volver a sus países o volver del extranjero;

28.  Condena las cifras dramáticas de mortalidad de migrantes en el mar Mediterráneo y expresa su preocupación por el creciente número de abusos en materia de derechos humanos perpetrados contra los migrantes y los solicitantes de asilo en su ruta hacia Europa;

29.  Manifiesta su gran preocupación ante los numerosos casos de desaparición de menores migrantes no acompañados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen una base de datos de los menores no acompañados que llegan a los territorios de los Estados miembros;

30.  Subraya la necesidad de encontrar soluciones diplomáticas y políticas duraderas a los conflictos violentos y de invertir en mecanismos de alerta temprana eficaces y en la prevención de conflictos de cara a su reducción en el futuro; pide a la Unión que despliegue esfuerzos diplomáticos concertados con sus socios internacionales y las principales potencias y organizaciones regionales con el fin de que se adopte un papel más firme y proactivo en el ámbito de la prevención de conflictos, la mediación, la resolución y la reconciliación, y que garantice el derecho de las personas a permanecer en sus países y regiones de origen; hace hincapié en que lo anterior debe figurar entre las actividades principales del SEAE, al que debe dotarse de los recursos y poderes necesarios para hacerlo posible, también en términos de presupuesto y de personal; señala a este respecto el papel fundamental de las delegaciones de la Unión y los representantes especiales; destaca que la respuesta a la migración y los desplazamientos forzosos debe basarse en necesidades y derechos y tener en cuenta la vulnerabilidad de la población, y no limitarse a la ayuda humanitaria, sino contar también con los agentes del desarrollo y de la sociedad civil;

31.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que asuman con seriedad sus responsabilidades relacionadas con el reto del cambio climático, apliquen con prontitud el Acuerdo de París y adopten un papel de liderazgo a la hora de reconocer los efectos del cambio climático en los desplazamientos masivos de personas, ya que la magnitud y la frecuencia de esos desplazamientos irán en aumento; pide a la Unión en particular que ponga a disposición de los países afectados por el cambio climático los medios suficientes para ayudarles a adaptarse a sus consecuencias y mitigar sus efectos; hace hincapié en que esto no debe producirse a expensas de la cooperación al desarrollo tradicional encaminada a reducir la pobreza; considera que debe crearse un estatuto de protección internacional específico para las personas desplazadas a causa del cambio climático que tenga en cuenta la naturaleza específica de su situación;

32.  Elogia la labor de las ONG locales e internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil que, pese a todas las dificultades y peligros a que se enfrentan, prestan ayuda urgente, y en muchos casos asistencia vital, a los más vulnerables en los países de origen, de tránsito o de destino de los refugiados y migrantes; señala que esta labor, en muchos casos, ha colmado el vacío dejado por los Estados y la comunidad internacional en general;

33.  Considera crucial superar la actual narrativa sobre los refugiados, a quienes se presenta únicamente como una carga, y hace hincapié en las contribuciones positivas que estos pueden realizar a sus comunidades de acogida, si se les ofrece la oportunidad; recomienda que los refugiados participen en la definición y formulación de las respuestas políticas que les afectan directamente y en la creación y mejora de los programas necesarios; pide a las instituciones y organismos europeos que pongan en marcha períodos de prácticas en el seno de sus administraciones dirigidos especialmente a jóvenes refugiados graduados que residan de forma legal en la Unión como una manera de dar ejemplo y demostrar el beneficio de invertir en la generación joven;

La acción exterior de la Unión y la cooperación con terceros países

34.  Destaca que la acción exterior de la Unión debe orientarse a la búsqueda de la paz, ser proactiva y mirar al futuro en vez de, fundamentalmente, cambiar los objetivos en respuesta a cada nueva crisis; apoya una colaboración más estrecha entre la Unión y terceros países en los ámbitos de la seguridad, la educación y el intercambio de información, con objeto de mejorar la gestión de la migración y evitar nuevas crisis; recuerda que el fenómeno de la migración tiene su origen en un complejo conjunto de causas, como el crecimiento de la población, la pobreza, la falta de oportunidades, la creación insuficiente de puestos de trabajo, la inestabilidad política, la violación de los derechos humanos, la opresión política, la persecución, los conflictos militares y otras formas de violencia, así como el cambio climático; recuerda que abordar estos problemas puede reducir ante todo los factores determinantes de los desplazamientos y la migración forzosos; hace hincapié en la necesidad fundamental de reforzar la coherencia de las políticas en dos niveles: entre las políticas interiores y exteriores de la Unión y, dentro de la propia acción exterior, entre la política de ampliación, la política europea de vecindad y las relaciones bilaterales con los socios estratégicos de la Unión, así como las políticas de desarrollo y comerciales; considera que la política comercial llevada a cabo con los países en desarrollo debe resultar mutuamente beneficiosa, a la vez que debe tomar debidamente en cuenta las diferencias económicas entre estos países y la Unión; hace hincapié en la importancia de que el Grupo de Comisarios sobre la Acción Exterior coordine las medidas de la Unión en materia de migración al más alto nivel político y dé impulso a una política ambiciosa de la Unión en materia de migración;

35.  Destaca la necesidad de establecer un enfoque integrado de los conflictos y crisis exteriores, mediante la identificación de las repercusiones directas e indirectas a nivel económico, medioambiental, social, fiscal y político del desplazamiento en terceros países a fin de ajustar mejor las políticas de desarrollo a sus necesidades;

36.  Desea recordar que la revisión de la política europea de vecindad (PEV), presentada el 18 de noviembre de 2015, incluye planes para asociar a los terceros países vecinos de los Estados socios de la vecindad de la Unión en el contexto de marcos de cooperación más amplios; alienta, por tanto, la introducción de marcos temáticos para proponer una cooperación entre la Unión, los Estados socios de la vecindad meridional y los actores regionales clave, en particular en África, respecto de problemas regionales como la seguridad, la energía y la gestión de los refugiados y los flujos migratorios;

37.  Reitera el principio «más por más» como base para la política exterior de la Unión, en cuyo marco la Unión podría establecer asociaciones (financieras) cada vez más estrechas con aquellos países que realicen progresos en el ámbito de la reforma democrática; subraya que la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de terceros países debe constituir una de las prioridades de la política exterior de la Unión;

38.  Pide a la AR / VP que, en cooperación con los Estados miembros, aborde el aumento de la resiliencia estatal, económica y social, en particular en los países vecinos de la Unión y en un entorno regional más amplio, también mediante la política europea de vecindad y otros instrumentos de la Unión;

39.  Condena el aumento de la criminalización de la migración a expensas de los derechos humanos de las personas afectadas, así como los malos tratos y las detenciones arbitrarias de refugiados en terceros países; insta a la AR / VP y al SEAE a que aborden esta cuestión, también en el marco de sus diálogos sobre derechos humanos y en las subcomisiones de justicia, libertad y seguridad, y a que desarrollen las capacidades de protección de los terceros países de tránsito;

40.  Pide la creación de una auténtica política europea de inmigración común, basada en los derechos humanos y en el principio de solidaridad entre los Estados miembros consagrado en el artículo 80 del TFUE, mediante el establecimiento de canales de migración legales y adecuados, incluida la migración circular, en tanto que política sostenible a largo plazo para promover el crecimiento y la cohesión en la Unión, a fin de establecer un marco claro para las relaciones de la Unión con terceros países; insta a la Comisión y al Consejo a que refuercen el sistema de la tarjeta europea azul a fin de gestionar más adecuadamente la migración; advierte de que cualquier política que pueda contradecir los valores fundamentales de la Unión, consagrados en el artículo 8 del TUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales, resultaría perjudicial para la credibilidad de la Unión y para su capacidad de influir en los acontecimientos a escala internacional; señala que las políticas exteriores en materia de migración de la Unión requieren que los acuerdos con terceros países estén guiados por objetivos a largo plazo con el fin de establecer asociaciones duraderas; recuerda que tales asociaciones deberían basarse en el diálogo, los intereses comunes y la pertenencia mutua; acoge con satisfacción el Plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020), que contempla una cooperación más estrecha con terceros países, pero subraya que la aplicación de una política común de la Unión en materia de migración legal desempeñaría un papel crucial a la hora de acabar con el modelo económico de los traficantes y luchar contra la trata de seres humanos; pide a la Comisión que adecue plenamente el acervo de la Unión existente al Protocolo contra el tráfico ilícito de las Naciones Unidas y que vele por la adecuada protección de los migrantes que son víctimas de violencia o abusos;

41.  Pide que todos los acuerdos celebrados con terceros países garanticen que los derechos de los migrantes, con independencia de su estatuto, sean conformes al Derecho internacional, y preconiza la aprobación de medidas legislativas adecuadas, en particular en materia de asilo, que dispongan, en concreto, que la entrada irregular en un país no se considere motivo de encarcelamiento;

42.  Recuerda la importancia de la cooperación con terceros países en la lucha contra la trata de seres humanos y los traficantes de personas, de modo que se pueda actuar contra sus redes lo más cerca posible de la raíz; destaca, a este respecto, la necesidad de reforzar la cooperación judicial y policial con estos países con el fin de identificar y desmantelar las redes; recuerda asimismo la necesidad de reforzar las capacidades de estos países para que puedan perseguir y castigar eficazmente a los responsables; pide, por consiguiente, que se fomente la cooperación entre la Unión, los Estados miembros, Europol, Eurojust y los terceros países en cuestión; reitera que las medidas adoptadas contra la trata de seres humanos no deben afectar negativamente a los derechos de las víctimas de la trata, los migrantes, los refugiados o las personas que necesitan protección internacional; pide que se ponga fin de inmediato al internamiento de las víctimas de la trata de seres humanos y de menores;

43.  Recuerda que las redes de trata y tráfico de seres humanos aprovechan al máximo internet para llevar a cabo sus actividades delictivas y que, por tanto, resulta crucial que la Unión refuerce su actuación, en particular en el seno de Europol y de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (IRU), así como su cooperación en la materia con terceros países;

44.  Recuerda que los tratantes de personas pueden usar vías legales de migración para traer a sus víctimas a Europa; considera que los criterios que han de cumplir los terceros países antes de un acuerdo de liberalización de visados con la Unión deben incluir específicamente la cooperación de dichos terceros países en materia de lucha contra la trata de seres humanos; pide a la Comisión que preste especial atención a esta problemática y a la de la lucha contra los traficantes de personas en todo diálogo entablado en el marco de las negociaciones de dichos acuerdos;

45.  Acoge con satisfacción el planteamiento de que la Unión debería fijarse prioridades claras y objetivos cuantificables en sus políticas comunes y especialmente en sus relaciones con terceros países; subraya que el Parlamento debería participar en la fijación de estos objetivos específicos; considera que la única vía para lograr una política más firme y eficaz será una acción exterior de la Unión basada en un enfoque común; pide una verdadera acción unificada y coordinada entre la Unión y los Estados miembros, habida cuenta de que las iniciativas unilaterales, ya sea en cuestiones internas o externas, pueden socavar la viabilidad y el éxito de nuestras políticas e intereses comunes;

46.  Pide una mejor protección de las fronteras exteriores de la Unión con objeto de evitar la entrada irregular a la Unión, luchar contra el tráfico ilícito de seres humanos e impedir la pérdida de vidas en el mar; acoge con satisfacción, en este contexto, la creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, a partir de Frontex, que contribuirá a gestionar de manera más eficaz la migración; destaca, sin embargo, la necesidad de aumentar la ayuda técnica y financiera para la protección de las fronteras de todos los Estados miembros sudorientales de la Unión, los países candidatos a la Unión y otros países socios de la región; lamenta, en particular, la falta de control parlamentario de las actividades exteriores de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y pide, por lo tanto, a la Agencia que informe sistemáticamente al Parlamento sobre la aplicación de sus acuerdos de trabajo y sus operaciones conjuntas con los terceros países en relación con la sociedad civil;

47.  Subraya que la apertura de vías seguras y legales para los solicitantes de asilo y los potenciales migrantes les permitiría utilizar canales de entrada y salida oficiales, impidiendo de este modo las actividades de los tratantes de personas y de las redes de delincuencia organizada asociadas a ello; destaca que la falta de cauces legales para la migración conduce a menudo a un aumento de las vías irregulares de movilidad, lo que se traduce a su vez en una mayor vulnerabilidad y riesgo de abuso durante todas las fases del movimiento migratorio y de refugiados; pide, a este respecto, el establecimiento urgente, concreto y tangible de vías seguras y legales para llegar a toda la Unión, entre otras cosas, mediante acuerdos sobre reunificación familiar y programas de reasentamiento más eficaces; reitera asimismo su llamamiento a los Estados miembros para que utilicen todas las posibilidades existentes para facilitar visados humanitarios, en particular a las personas vulnerables y especialmente a los menores no acompañados, en las embajadas de la Unión y en las oficinas consulares de los países de origen o de los países de tránsito; pide que el Sistema Europeo Común de Asilo permita también que las peticiones de asilo, así como su tramitación, se produzcan fuera de la Unión o en sus fronteras exteriores; pide ayuda de la Unión para la creación de corredores humanitarios al hacer frente a crisis graves de refugiados y de desplazamientos, con objeto de proporcionar ayuda humanitaria y velar por que se cubren las necesidades más básicas de los refugiados y se respeten sus derechos humanos; toma nota de la propuesta de la Comisión sobre la creación de un marco de la Unión para el reasentamiento, pero pide que prosigan los trabajos a escala de Unión para el establecimiento y el refuerzo de las vías legales que servirían de complemento al reasentamiento;

48.  Toma nota del nuevo Marco de Asociación con terceros países como una señal de acciones políticas concretas, especialmente dado que, con su planteamiento doble, aspira a incluir objetivos a corto plazo como el rescate de vidas en el mar Mediterráneo y el aumento del índice de retornados a los países de origen y tránsito, así como objetivos a largo plazo tales como hacer frente a las causas subyacentes de la migración irregular y los desplazamientos forzosos mediante un mayor apoyo de la Unión a terceros países destinado a la capacitación y mejorando su situación política, social y económica; subraya que el éxito del enfoque esbozado en la Comunicación de junio de 2016 depende de la capacidad de la Unión de ofrecer a los terceros países de origen y tránsito verdaderos incentivos definidos de común acuerdo y manifiesta su preocupación por la limitación de la oferta, que se centra, básicamente, en medidas relacionadas con la gestión de fronteras o en programas de asistencia al retorno voluntario que, si bien son esenciales y necesarios, solo constituyen una respuesta parcial y a corto plazo a una situación extremadamente compleja; hace hincapié en que los nuevos marcos de cooperación no deben constituir el único pilar de la acción de la Unión en materia de migración, sino que es necesario equilibrar y completar esta respuesta, centrándose en el desarrollo de las economías locales, la cualificación y la movilidad regional y en una mejora de los niveles de protección en los países de origen y de tránsito;

49.  Recuerda la importancia de un enfoque equilibrado del nuevo Marco de Asociación; previene del peligro de enfoques cuantitativos en el nuevo Marco de Asociación y los «pactos de migración» que lo acompañan, según los cuales los «aumentos mensurables del número y la tasa de retornos» serían el principal objetivo de la Unión; indica que el número de retornos depende claramente de la naturaleza de los flujos migratorios y de las situaciones en los países de origen; subraya que los objetivos a corto plazo de los pactos deberían centrarse en cómo responder del mejor modo a los retos a los que se enfrentan los terceros países, en particular la creación de canales de migración legal, lo que provocaría el descenso de los niveles de migración irregular y de mortalidad en el Mediterráneo; pide un aumento de las becas de estudio disponibles para los jóvenes procedentes de terceros países; acoge con satisfacción el hecho de que los programas de la Unión sobre el retorno y la reintegración apoyan la creación de capacidades y la mejora de la gestión migratoria en los países de tránsito y origen; pide que se proceda a una evaluación de la aplicación de la política de retorno de la Unión; recuerda, no obstante, el deber de los terceros países de cumplir las obligaciones contraídas en el marco de los acuerdos de readmisión;

50.  Destaca la necesidad de establecer asociaciones estrechas con los países candidatos de la Unión y los candidatos potenciales de la región de los Balcanes Occidentales acerca de cuestiones relativas a la migración, así como de prestar la ayuda y cooperación necesarias para la gestión de los flujos migratorios en la región;

51.  Pide que las asociaciones de movilidad y los acuerdos de migración circular faciliten la circulación de los nacionales de terceros países entre sus países y que la Unión apoye el desarrollo socioeconómico de las dos partes;

52.  Subraya que, en el marco de sus actividades de formación e intercambio de buenas prácticas con terceros países, la Unión debe poner el acento en el Derecho internacional y de la Unión y en la práctica en la materia, en particular en lo que se refiere a los derechos fundamentales, el acceso a protección internacional y las operaciones de búsqueda y rescate, así como una mejora de la identificación y la ayuda para las personas en situación vulnerable; considera que esto se refiere, en particular, a la formación relacionada con la gestión de las fronteras, que en modo alguno, como establece el Derecho internacional, debe usarse como un instrumento para impedir que las personas abandonen su país;

53.  Pide la máxima vigilancia sobre el trato dispensado a los migrantes devueltos a sus países de origen o a terceros países; considera que todo diálogo sobre retorno o readmisión, en especial en el marco de los acuerdos de readmisión, debe abarcar sistemáticamente la cuestión de la reintegración y el retorno de los migrantes en condiciones de seguridad; destaca que los migrantes deberían disfrutar de la máxima seguridad y protección frente a los tratos degradantes e inhumanos, en particular en los centros de detención, y que la Unión debe respaldar los programas de reintegración; recuerda que ninguna persona debe ser devuelta o retornada a la fuerza a países en los que exista riesgo de amenaza para su vida y su libertad a causa de su origen, religión, nacionalidad, pertenencia a un cierto grupo social u opiniones políticas o cuando corren el riesgo de padecer torturas y tratos degradantes y, en general, de que se violen los derechos humanos; recuerda que las expulsiones en masa y las devoluciones están prohibidas por el Derecho internacional;

54.  Apoya a los responsables en el ámbito de la política exterior y de desarrollo en el sentido de que debe garantizarse que las personas objeto de retorno sean tratadas adecuadamente y que se preserve su integridad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren programas de acompañamiento para garantizar que se desarrollen en los países de origen programas de asistencia concretos que incluyan tanto medidas de formación profesional como programas destinados a la construcción de estructuras económicas, incluidas empresas de nueva creación y pequeñas empresas, junto con programas de intercambio profesional y académico con los Estados miembros;

55.  Subraya que acuerdos de asociación como las asociaciones de movilidad deberían garantizar que los migrantes puedan ser recibidos en los países de tránsito en consonancia con sus derechos fundamentales; destaca que el Parlamento tiene voz en los acuerdos de readmisión y movilidad de la Unión, como contempla el Tratado de Lisboa (artículo 79, apartado 3, del TFUE), y afirma de forma específica que el Parlamento debe aprobar previamente la celebración de acuerdos de asociación y similares (artículo 218, apartado 6, inciso v), del TFUE) y que se le debe informar cumplida e inmediatamente en todas las fases del procedimiento (artículo 218, apartado 10, del TFUE);

56.  Recuerda la posición del Parlamento, manifestada en su Resolución de 12 de abril de 2016, de que se dé prioridad a los acuerdos de readmisión de la Unión frente a los acuerdos bilaterales celebrados por los Estados miembros con terceros países; recuerda la reciente elaboración de un nuevo documento europeo en materia de retorno, y subraya que debe fomentarse sistemáticamente su reconocimiento en todo nuevo acuerdo de readmisión;

57.  Acoge con satisfacción los diálogos de alto nivel mantenidos por la vicepresidenta / alta representante y la Comisión y, en algunos casos, por los Estados miembros en nombre del conjunto de la Unión, ya que son prácticas buenas y eficaces que fomentan la coordinación; hace hincapié en que la Comisión y el SEAE deben encargarse de la coordinación; pide a la Comisión y al SEAE que informen periódicamente al Parlamento sobre estos diálogos y que faciliten información exacta sobre la aplicación operativa de los procesos de Rabat y de Jartum y las iniciativas prioritarias acordadas en la Cumbre de La Valeta; reitera que la apropiación mutua de la cooperación entre la Unión y los terceros países es una condición esencial para el éxito de la política migratoria de la Unión; lamenta que los paquetes elaborados por la Comisión, el SEAE y los Estados miembros en relación con los países prioritarios en el marco del nuevo Marco de Asociación no han sido presentados, debatidos, ni ratificados por los representantes elegidos por los ciudadanos europeos; condena esta falta de transparencia y exige la implicación del Parlamento en la elaboración de pactos de migración y el control de su aplicación, que debe velar por que se respeten plenamente los derechos humanos, el Derecho humanitario internacional y los compromisos en materia de desarrollo del Tratado de la Unión Europea;

58.  Señala que el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exige que la Unión y los países socios integren dinámicas migratorias bien gestionadas en sus estrategias respectivas de desarrollo sostenible; pide, a este respecto, a la Comisión y al SEAE que ayuden a los países de tránsito a elaborar estrategias de integración de los migrantes y crear sistemas de asilo con elevadas normas de protección;

59.  Subraya que la ayuda y cooperación de la Unión debe estar concebida para lograr el desarrollo y el crecimiento en terceros países —fomentando también con ello el crecimiento en el seno de la Unión— y en última instancia erradicar la pobreza en terceros países de conformidad con el artículo 208 del TFUE, y no incentivarlos para cooperar en la readmisión de migrantes irregulares o para disuadir de desplazarse a las personas a la fuerza o para detener los flujos hacia Europa; recuerda que tanto los donantes como los gobiernos de los países receptores de la ayuda deben colaborar a la hora de mejorar la eficacia de la ayuda; observa que los flujos de migración son una realidad internacional y que no deben convertirse en un indicador de la eficacia de las políticas exteriores de la Unión en materia de migración, y que los acuerdos con terceros países deben estar guiados por objetivos a largo plazo y por el establecimiento de asociaciones duraderas y el respeto por los derechos humanos;

60.  Destaca la importancia de consultar a la sociedad civil en el marco de todas las políticas exteriores de la Unión, con especial atención a la plena participación, la transparencia y la difusión adecuada de información en todas las políticas y procesos relacionados con la migración;

61.  Pide a la Comisión que coopere de forma estrecha con las ONG y los expertos que trabajan en los países de origen de los solicitantes de asilo a fin de trazar un plan que determine cuáles son las mejores formas posibles de ayudar a las personas y los grupos sociales que se hallan en las situaciones más vulnerables; pide a la Comisión que asocie a las ONG y los expertos en los países de origen de los solicitantes de asilo con el fin de encontrar el mecanismo y las herramientas de prevención de conflictos que mejor funcionen;

62.  Destaca que, con el fin de evitar duplicar los esfuerzos, sacar el máximo partido a los efectos y la eficacia de la ayuda mundial y velar por que la principal prioridad sea el desarrollo, la Comisión debe mantener un diálogo intenso con las ONG locales e internacionales, la sociedad civil y los gobiernos locales de los países socios, así como con las Naciones Unidas, para el diseño, la implantación y la evaluación de las políticas relativas a la migración, el desplazamiento y los refugiados;

63.  Atrae la atención sobre la intención de revisar los documentos de programación de la cooperación al desarrollo para cumplir los nuevos pactos de migración; destaca que la revisión debe llevarse a cabo conforme los principios de eficacia del desarrollo y en diálogo con los países socios, las organizaciones de la sociedad civil locales y europeas y el sector privado; pide que el Parlamento participe plenamente en todas las fases de la revisión, incluidos los documentos de programación que forman parte del Fondo Europeo de Desarrollo (FED); pide a los Estados miembros que revisen sus políticas de ayuda al desarrollo, en consonancia con el compromiso del 0,7 % de su RNB, en aras del logro de los objetivos de desarrollo sostenible;

64.  Pide que se celebre un debate equilibrado entre la Unión y sus socios externos; recomienda que la Unión y sus Estados miembros se comprometan a ofrecer más oportunidades de migración legal a la Unión, ya sea para buscar protección, empleo, por fines educativos o para la reunificación familiar;

65.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten todas las medidas necesarias para promover un traslado más rápido, económico y seguro de los inmigrantes, tanto en los países de origen como en los receptores, también mediante la reducción del coste de las transacciones, conforme a lo estipulado en la Declaración de Nueva York, de 19 de septiembre de 2016, sobre los refugiados y los migrantes;

66.  Expresa su profunda preocupación por la continuación del conflicto en Siria, en el que la violencia contra los civiles, los ataques a infraestructuras y hospitales civiles y las violaciones del Derecho internacional humanitario en los cinco últimos años han conllevado el desplazamiento forzoso de la mitad de la población; insta a la Unión y a los Estados miembros a que mejoren los medios destinados a la prevención de conflictos y la gestión de crisis y a que desempeñen un papel más relevante en la resolución de los conflictos de su vecindad, y concretamente en el conflicto sirio; expresa su pleno apoyo a los países vecinos de Turquía, que siguen demostrando una solidaridad extraordinaria al acoger a millones de refugiados a pesar de la escasez de sus recursos; recuerda que un gran número de refugiados continúa viviendo en condiciones de pobreza y con un acceso limitado o nulo al reconocimiento jurídico, a sistemas de salud y educación o a mercados de trabajo; expresa su profunda preocupación por el destino y la situación humanitaria de las 75 000 personas atrapadas en la frontera de Jordania, en el campamento informal de Rukban; pide a la Unión y a sus Estados miembros que continúen e intensifiquen su cooperación y diálogo con el Líbano y Jordania, y a que incrementen la ayuda financiera a través de las organizaciones internacionales y de los canales europeos, así como con otros países de acogida, a fin de velar por que, en primer lugar, las poblaciones de refugiados puedan disfrutar de condiciones de vida dignas, acceso a servicios básicos, y se les conceda el derecho a la libre circulación y a oportunidades de trabajo y, en segundo lugar, por que los fondos alcancen sus objetivos finales; resalta que esto debería ir acompañado de asistencia a las comunidades de acogida con objeto de fortalecer la resiliencia económica;

67.  Señala que, tras la aplicación del acuerdo político alcanzado por los Estados miembros y Turquía el 18 de marzo de 2016, ha descendido el número de personas que llega a los Estados miembros situados en primera línea; subraya las preocupaciones relativas a este acuerdo político según lo declarado públicamente por las organizaciones humanitarias internacionales, sobre todo en lo referente al respecto del Derecho internacional y los derechos humanos; manifiesta su preocupación por la situación en Turquía y las consecuencias que esto pueda tener en su consideración como un país seguro; destaca que la liberalización de visados para Turquía no debe percibirse como una recompensa por cooperar con la Unión en el ámbito de la migración, sino que es el resultado del cumplimiento estricto de todos los parámetros establecidos por la Unión; advierte sobre la réplica de este modelo en otros países, dado que es necesario tener en cuenta las singularidades propias de cada país y región;

68.  Expresa su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Turquía, donde la violación de derechos básicos como la libertad de expresión o de asamblea es constante, la población de la zona sudoriental del país está siendo objeto de ataques por parte de su propio Gobierno, más de 30 000 funcionarios han sido destituidos por motivos políticos y las autoridades han cerrado más de 130 medios de comunicación;

69.  Lamenta la falta de consulta y transparencia en la formulación de la Acción conjunta para el futuro sobre cuestiones de migración entre Afganistán y la Unión Europea recientemente firmada, que se centra principalmente en las readmisiones y que contempla el retorno ilimitado de ciudadanos afganos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria; manifiesta su preocupación por las posibles consecuencias para los solicitantes de asilo afganos, que en 2016 constituyen el mayor grupo nacional de solicitantes de asilo de la Unión; recuerda que los retornos únicamente pueden llevarse a cabo tras considerar debidamente cada caso individual, respetando plenamente sus derechos, y pide a la Unión y a los Estados miembros que destinen los recursos necesarios para acelerar los procedimientos administrativos y judiciales actuales;

70.  Lamenta profundamente que, en el marco de las políticas migratorias de la Unión y en la respuesta a los movimientos de refugiados, la Unión y sus Estados miembros hayan optado por la celebración de acuerdos con terceros países que evitan el control parlamentario inherente al método comunitario; pide a la Comisión que incluya un mecanismo de evaluación, como mínimo semestral, de todas las declaraciones políticas firmadas con terceros países con objeto de valorar la continuación o conclusión de dichos acuerdos; pone de relieve la necesidad de incluir salvaguardias de los derechos humanos en todos los acuerdos celebrados en el marco de las políticas de migración y refugiados;

71.  Subraya que la política de la Unión respecto a África constituye uno de los elementos clave para la estabilidad y el desarrollo en los próximos años y décadas; considera que el cinturón de países que atraviesa la región del Sahel y el Cuerno de África, así como las zonas de inestabilidad al norte y el sur de los mismos, deberían seguir recibiendo una atención prioritaria por parte de la Unión; destaca el vínculo entre desarrollo, seguridad y migración y pide una colaboración más estrecha en la gestión y prevención de conflictos, así como a la hora de abordar las causas profundas de la desestabilización, el desplazamiento forzoso y la migración irregular, de fomentar la resiliencia, las oportunidades económicas y equitativas y de impedir la violación de los derechos humanos; considera que la Unión debe desempeñar un papel fundamental en la estabilización de Libia, también como medio para poner fin a las violaciones de los derechos humanos que afectan a los ciudadanos libios, los refugiados y los inmigrantes;

Medios de acción adecuados

72.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un nuevo y ambicioso Plan de Inversiones Exteriores para movilizar las inversiones en los países vecinos de la Unión y en los terceros países en desarrollo, siempre que se ejecute con plena transparencia y las inversiones contribuyan a mejorar las condiciones del país receptor y luchar contra la corrupción y el mal gobierno; señala que el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible propuesto será financiado en parte con las contribuciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), lo que supone la utilización de fondos de desarrollo para la promoción de inversiones del sector privado; considera que el apoyo al sector privado en los terceros países, al mismo tiempo que se promueve un entorno en materia de buena gobernanza y buenas prácticas empresariales, no debe presentarse como una medida nueva, sino que debería fomentarse aún más; pide a la Comisión que garantice la coherencia entre los instrumentos de financiación externos —por ejemplo con el ICD y el FED— y los proyectos para centrar la ayuda de la Unión en las prioridades y evitar la dispersión de fondos y esfuerzos; insiste en la necesidad de recurrir a una adicionalidad sistemática, tanto en la elección de las políticas apoyadas como en su ejecución financiera;

73.  Subraya que el importe de 3 350 millones EUR destinados al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) como parte del Plan de Inversiones Exteriores corresponde a más del 5 % de los fondos totales disponibles del FED, el ICD y el IEV en el contexto del marco financiero plurianual (MFP); pide a la Comisión que proporcione más detalles en lo que se refiere a este cálculo y la repercusión prevista, y que indique en qué se basa para esperar que los Estados miembros, otros donantes y socios privados contribuyan a ello con hasta 44 000 millones EUR, cuando algunos Estados miembros aún tienen que contribuir a los fondos fiduciarios actuales;

74.  Recomienda que se consagren recursos adecuados a acciones específicamente adaptadas al tiempo que los refugiados y los desplazados internos pasan en una situación temporal de protección, que debe constituir un tiempo lleno de oportunidades de crecimiento y formación para todas las generaciones: educación para los menores, formación profesional para los adultos jóvenes y trabajo para los adultos; considera que de este modo, cuando exista la posibilidad de que regresen a sus hogares, estas personas estarán «regeneradas» y serán capaces de dar un nuevo impulso a sus países en vez de estar agotados por años de espera sin perspectivas reales;

75.  Celebra la propuesta de la Comisión sobre la revisión del MFP, especialmente en relación con la incorporación de instrumentos de crisis de mayor dimensión en el presupuesto de la Unión; espera que la revisión del Reglamento Financiero propuesta incremente la rendición de cuentas y la buena gestión financiera; hace hincapié en que, para atajar las causas profundas de los flujos migratorios, es necesario también apoyar a los terceros países en la creación de capacidades;

76.  Subraya que la Unión se debe dotar de los medios para alcanzar sus objetivos y realizar con éxito sus políticas (artículo 311 del TFUE), dado que sin una financiación suficiente la Unión no puede desempeñar las funciones que se esperan de ella ni responder a las expectativas de los ciudadanos europeos; destaca los costes de la inacción a nivel político, económico y humano; toma nota de que la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) o, en último término, la negociación del próximo MFP, brindan una oportunidad necesaria para la revisión de los instrumentos externos relacionados con la migración, así como para aumentar el presupuesto de la Unión de tal manera que permita poner fin a los instrumentos ad hoc y restablecer la unidad del presupuesto; insiste firmemente en que también en este sector al Parlamento se le debe otorgar un importante papel de control; lamenta profundamente que la Comisión no propusiera aumentar los medios presupuestarios para la acción exterior —una línea presupuestaria ya de por sí relativamente baja— y que, por el contrario, esté reorientando los instrumentos de desarrollo hacia la migración, desviándolos de otras prioridades;

77.  Señala que reorientar los instrumentos de financiación exterior de la Unión hacia la seguridad, la consolidación de la paz y la resolución de conflictos, la migración y la gestión de fronteras plantea nuevos retos en relación con los objetivos iniciales y los principios de dichos instrumentos;

78.  Subraya que para hacer frente a desastres y vulnerabilidades nuevos y crónicos se requieren inversiones previsibles a largo plazo así como el cumplimiento de la nueva agenda de desarrollo sostenible, promoviendo principalmente una evaluación, planificación y financiación conjuntas de los riesgos entre los actores humanitarios, del desarrollo, de la consolidación de la paz y del cambio climático;

79.  Considera fundamental que el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción constituyan elementos centrales de la acción de la Unión en los países de origen; resalta la importancia de llevar a cabo controles adecuados de la utilización de los fondos destinados a terceros países con objeto de velar por que se utilicen efectivamente para los fines previstos;

80.  Observa que la creación de fondos fiduciarios e instrumentos financieros ad hoc, si bien contribuye a poner en común recursos y a conferir rapidez y flexibilidad a la acción de la Unión, también puede poner en peligro los principios de eficacia del desarrollo y mina la unidad del presupuesto y las competencias del Parlamento como Autoridad Presupuestaria; aboga, por lo tanto, por que se conceda al Parlamento una función de supervisión más importante en lo que respecta al uso de estos instrumentos, incluyendo, entre otros, la participación en los comités directores; recuerda que la eficacia de los fondos fiduciarios depende en gran medida de la disposición de los Estados miembros a contribuir y de su participación plena; insta a que los instrumentos de este tipo se sometan al control del Parlamento y a que se establezcan pautas para su incorporación en el presupuesto y el ámbito de competencias de la Unión;

81.  Recuerda que se suponía que el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y la lucha contra las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África, lanzado en la Cumbre de La Valeta, iba a recibir 3 600 millones EUR; pide a los Estados miembros que contribuyan con un importe idéntico a los 1 800 millones EUR desbloqueados por la Comisión;

82.  Pide que los fondos fiduciarios sigan las mismas normas y reglamentos que se aplican a los instrumentos de financiación tradicionales de la Unión en lo que respecta a la transparencia, el trato equitativo de los socios y la capacidad de proporcionar fondos a los socios de manera previsible y oportuna;

83.  Expresa su preocupación por que el presupuesto de la Unión para 2017 prevé un aumento en la gestión de los flujos migratorios o las iniciativas en materia de seguridad interna a expensas de los Fondos de Cohesión y de la de la Unión en el mundo;

84.  Pide a la Unión que evalúe de manera cuidadosa y sistemática la repercusión de las acciones financiadas sobre la migración, los desplazamientos y los refugiados en función de la calidad de la ayuda humanitaria y de la ayuda al desarrollo proporcionada;

85.  Destaca que el apoyo específico basado en la situación local constituye un elemento fundamental para una política eficaz y orientada a los resultados, y que dicho apoyo debería negociarse con terceros países; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen objetivos claros y cuantificables para que los instrumentos financieros, entre ellos los fondos fiduciarios, los ejecuten de forma coherente y coordinada;

86.  Acoge con satisfacción el recurso a misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) como EUCAP Sahel Níger y la operación EUNAVFOR MED Sophia, que deben seguir consolidándose como un medio para proteger las fronteras exteriores de la Unión y luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes; apoya la cooperación con la OTAN y con iniciativas de la Unión como el Equipo operativo conjunto «Mare» de Europol para recabar y compartir información y luchar contra los traficantes, al mismo tiempo que subraya que la movilidad a escala mundial no debe ser considerada como una amenaza sino como una oportunidad; recuerda en este contexto que salvar vidas en el mar y garantizar los derechos de los migrantes debe revestir la máxima importancia en todas estas operaciones; recomienda el uso de las herramientas que brinda la PCSD en materia de alerta rápida (previsión), mediación y resolución de conflictos al tiempo que destaca la importancia de que, en situaciones de conflicto, la planificación de soluciones duraderas comience lo antes posible;

87.  Acoge con satisfacción la asociación estratégica Naciones Unidas-UE en materia de mantenimiento de la paz y de gestión de crisis y sus prioridades para 2015-2018 acordadas en marzo de 2015; anima a la Unión a que continúe trabajando para tener en cuenta el papel fundamental de otras organizaciones y países y facilitar las contribuciones de los Estados miembros; lamenta el hecho de que, en la Cumbre de Líderes sobre el Mantenimiento de la Paz celebrada el 28 de septiembre de 2015, solo once de los veintiocho Estados miembros de la Unión se comprometieran a hacer donaciones; pide a los Estados miembros de la Unión que aumenten significativamente su contribución en efectivos militares y policiales a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;

88.  Acoge con satisfacción y apoya las iniciativas del Banco Europeo de Inversiones destinadas a sustentar la resiliencia económica en la vecindad meridional de la Unión y los Balcanes Occidentales por medio de proyectos que generen creación de empleo, resiliencia económica y reducción de la pobreza, en consonancia con las políticas exteriores de la Unión;

89.  Pide a la Comisión y al SEAE que faciliten al Parlamento y al público en general, tan pronto como sea posible, información detallada sobre los distintos instrumentos y programas de financiación, así como sobre cómo se inscriben en los programas de los Estados miembros, en los dieciséis países prioritarios(6) con los que la Unión mantiene diálogos de alto nivel sobre migración y en el contexto del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (GAMM); manifiesta su profunda preocupación por que en los países prioritarios hay regímenes represivos que son la causa principal de que los refugiados huyan de sus países; recuerda que el GAMM sigue siendo el marco general de la política exterior de la Unión en materia de migración y de asilo, pero constata que varias iniciativas políticas recientes hacen una referencia limitada a este enfoque, y pide que se aclara su relevancia en el contexto actual así como que se revise el GAMM según las recomendaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM);

90.  Acoge favorablemente el despliegue de funcionarios europeos de enlace en materia de migración a países prioritarios como primer paso para reforzar la cooperación de la Unión con terceros países en el ámbito de la migración; recomienda que se refuerce el personal responsable de asuntos de justicia e interior en el seno de las delegaciones de la Unión con un mandato claro de desarrollar la coordinación dentro de los Estados miembros;

91.  Subraya la necesidad de un enfoque descentralizado en lugar de proseguir con un enfoque centralizado desde Bruselas, haciendo un mejor uso de las delegaciones de la Unión, que en poco tiempo se han convertido en una herramienta de gran valor, y aplicando más flexibilidad y periodos de programación más cortos, especialmente para los países en peligro; pide que se designen coordinadores regionales con capacidad para situarse al frente de las relaciones exteriores, de cooperación y desarrollo, a fin de garantizar un planteamiento coherente basado en la situación local sobre el terreno;

92.  Recomienda la promoción, con el apoyo de la Unión, de campañas de información en terceros países, a fin de informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones en materia de movilidad y alertarles sobre los riesgos a los que podrían enfrentarse durante su viaje, sobre todo en lo que respecta a los traficantes y los tratantes de personas, para ayudarles a tomar la decisión más informada;

93.  Pide una mejor utilización de los programas de hermanamiento y las actuaciones TAIEX, no solamente para los intercambios de mejores prácticas y formación, sino también para desarrollo y cooperación, prestando especial atención a los países sometidos a presión;

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94.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos de los dieciséis Estados prioritarios definidos en el nuevo Marco de Asociación con terceros países en el marco de la Agenda Europea de Migración y a las organizaciones de la sociedad civil que representan a los migrantes y refugiados y que trabajan con ellos.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0272.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0073.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0102.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0337.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0404.
(6) Etiopía, Eritrea, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán, Costa de Marfil, Ghana, Marruecos, Túnez, Argelia, Afganistán, Bangladés y Pakistán.

Última actualización: 9 de noviembre de 2017Aviso jurídico