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Procedimiento : 2018/2003(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0249/2018

Textos presentados :

A8-0249/2018

Debates :

PV 10/09/2018 - 28
CRE 10/09/2018 - 28

Votaciones :

PV 11/09/2018 - 6.16
CRE 11/09/2018 - 6.16

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0333

Textos aprobados
PDF 258k
Martes 11 de septiembre de 2018 - Estrasburgo Edición provisional
Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques
P8_TA-PROV(2018)0333A8-0249/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques (2018/2003(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) (septiembre de 2001) y los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT con terceros países,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 208,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera(1) (Reglamento sobre la madera),

–  Vista la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de 2011,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el período 2015-2030,

–  Visto el Acuerdo de París, alcanzado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21),

–  Visto el informe final del estudio de la Comisión titulado «The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation» (El impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación: análisis global del impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación) (2013),

–  Visto el proyecto de estudio de viabilidad sobre las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación, encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (2017),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, titulada «Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad» (COM(2008)0645),

–  Visto el Foro de Bienes de Consumo de 2010, una red mundial de minoristas, fabricantes y prestadores de servicios, que adoptó el objetivo de lograr para 2020 una deforestación neta cero en las cadenas de suministro de sus miembros,

–  Visto el Desafío de Bonn de 2011, un esfuerzo mundial para lograr para 2020 la restauración de 150 millones de hectáreas de suelo deforestado y degradado en el mundo y, para 2030, la restauración de 350 millones de hectáreas,

–  Vista la Alianza Forestal Tropical 2020,

–  Vista la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el plan de acción de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 2016 sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales,

–  Vista la Declaración de Ámsterdam titulada «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Hacia la eliminación de la deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas con los países europeos), de diciembre de 2015,

–  Vista la estrategia «Comercio para todos» de la Comisión (2015),

–  Visto el mecanismo del Programa de las Naciones Unidas de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+),

–  Visto el Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030, que establece seis objetivos forestales mundiales y veintiséis metas forestales relacionadas con ellos que habrán de alcanzarse en 2030,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, aprobada el 17 de junio de 1994,

–  Visto el desarrollo, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de plataformas de productos básicos sostenibles nacionales,

–  Visto el mecanismo de cooperación bilateral sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales con China (2009),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966,

–  Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1987,

–  Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007,

–  Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 2012,

–  Vistos los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de la FAO, de 2014,

–  Visto el informe Planetary Boundaries más reciente,

–  Vista la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1973,

–  Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, su Protocolo anejo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y su Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, de 2010,

–  Visto el informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011, y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en 2011,

–  Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales(2) ,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(3) ,

–  Vista la declaración de los representantes de la sociedad civil sobre el papel de la Unión en la protección de los bosques, de abril de 2018,

–  Visto el programa mundial de lucha contra los delitos de vida silvestre y forestales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales(4) ,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0249/2018),

A.  Considerando que los bosques con diversidad biológica contribuyen significativamente a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo, así como a la conservación de la biodiversidad;

B.  Considerando que 300 millones de personas viven en los bosques y 1 600 millones dependen directamente de ellos para su subsistencia, incluidos más de 2 000 grupos indígenas; que los bosques desempeñan una función primordial en el desarrollo de la economía local; que los bosques albergan aproximadamente el 80 % de todas las especies terrestres, por lo que constituyen una reserva importante de biodiversidad; que, según la FAO, cada año se pierden alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque;

C.  Considerando que la deforestación y la degradación de los bosques se produce principalmente en el hemisferio Sur y en los bosques tropicales;

D.  Considerando que los bosques previenen la degradación de las tierras y la desertificación, con la consiguiente reducción del riesgo de inundaciones, corrimientos de tierras y sequías;

E.  Considerando que los bosques son fundamentales para lograr una agricultura sostenible y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición;

F.  Considerando que los bosques también prestan servicios ecosistémicos esenciales que contribuyen a una agricultura sostenible regulando las corrientes de agua, estabilizando los suelos y preservando su fertilidad, regulando el clima y ofreciendo un hábitat viable para los polinizadores silvestres y los depredadores de plagas agrícolas;

G.  Considerando que los productos forestales representan el 1 % del PIB mundial;

H.  Considerando que la restauración forestal es una de las estrategias indispensables para limitar el calentamiento global a 1,5 °C; que todos los gobiernos deben asumir su responsabilidad y adoptar medidas para reducir los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio;

I.  Considerando que la deforestación y la degradación de los bosques son la segunda causa de origen humano de las emisiones de carbono y son responsables de casi el 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero;

J.  Considerando que la leña sigue siendo el producto forestal más importante en los países en desarrollo y la fuente de energía más importante en numerosos países de África y Asia; que, en África subsahariana, cuatro de cada cinco personas siguen utilizando leña para cocinar;

K.  Considerando que las selvas vírgenes son ricas en biodiversidad y almacenan entre un 30 y un 70 % más de carbono que los bosques talados o degradados;

L.  Considerando que es fundamental disponer de información clara, coherente y actualizada sobre la cubierta forestal para un seguimiento y un control del cumplimiento eficaces;

M.  Considerando que, aunque los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT han demostrado su eficacia a la hora de contribuir a mejorar la gobernanza de los bosques, aún siguen teniendo muchos defectos;

N.  Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT se centran en la explotación forestal industrial, mientras que la tala ilegal proviene, en su inmensa mayoría, de la explotación forestal artesanal y la madera de las explotaciones agrícolas;

O.  Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT ofrecen una definición demasiado restrictiva de la «legalidad», dejando fuera en algunos casos cuestiones fundamentales relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de la población local;

P.  Considerando que los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT, el REDD+ y la certificación han sido hasta ahora iniciativas separadas, y que deberían coordinarse mejor;

Q.  Considerando que la aplicación de los objetivos FLEGT depende en gran medida de los principales países productores, transformadores y comerciantes, como China, Rusia, India, Corea del Sur y Japón, así como de su compromiso en la lucha contra la tala ilegal y el comercio de productos de la madera ilegales; que los diálogos políticos bilaterales entablados con estos socios han tenido hasta la fecha unos resultados limitados;

R.  Considerando que el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera (EUTR) tiene como objetivo garantizar que no se comercialice madera ilegal en el mercado de la Unión; que una revisión de este Reglamento llevada a cabo en 2016 concluyó que su aplicación y ejecución eran incompletas; que a principios de este año se puso en marcha una consulta pública sobre la posible revisión del ámbito de aplicación del reglamento;

S.  Considerando que las zonas protegidas deben ocupar un lugar central en todo enfoque estratégico que persiga la conservación de la naturaleza; que deben actuar como polos de desarrollo económico seguros e inclusivos, basados en la agricultura sostenible, la energía, la cultura y el turismo, e inducir el desarrollo de una buena gobernanza;

T.  Considerando la importancia de las asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo sostenible de los parques en el África Subsahariana, respetando los derechos de las comunidades forestales;

U.  Considerando que la corrupción y la debilidad de las instituciones son obstáculos importantes para la protección y la preservación de los bosques; que un informe conjunto de 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de Interpol(5) identifica los delitos forestales como uno de los cinco retos más destacados para la consecución de los ODS y afirma que la tala ilegal representa entre un 15 y un 30 % del comercio legal mundial; que, según el Banco Mundial, se calcula que los países afectados pierden cada año 15 000 millones USD debido a la tala y al comercio ilegales de madera;

V.  Considerando que los delitos forestales pueden adoptar distintas formas, en particular la explotación ilegal de especies de madera amenazadas de alto valor (mencionadas en la CITES); la tala ilegal de madera para materiales de construcción y muebles; y la tala ilegal y el blanqueo de madera a través de plantaciones y empresas agrícolas fantasma para suministrar pasta de papel a la industria papelera, así como el aprovechamiento de las importantes lagunas que existen en la reglamentación del comercio de la leña y el carbón vegetal para ocultar la tala ilegal dentro y fuera de las zonas protegidas;

W.  Considerando que la urbanización, la mala gobernanza, la deforestación a gran escala en favor de la agricultura, la minería y el desarrollo de infraestructuras está provocando graves violaciones de los derechos humanos, con consecuencias devastadoras para las poblaciones y comunidades locales que viven de los bosques, como acaparamiento de tierras, desalojos forzosos, acoso policial, detenciones arbitrarias, y criminalización de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y activistas;

X.  Considerando que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas fija el objetivo de detener e invertir la deforestación y la degradación forestal para 2020; que este compromiso se reitera en el Acuerdo de París sobre cambio climático y no debería aplazarse;

Y.  Considerando que el ODS 15 menciona de forma explícita la necesidad de una buena gestión forestal, y que los bosques pueden contribuir a la consecución de otros muchos ODS;

Z.  Considerando que el REDD+ ha aportado beneficios medioambientales y sociales a muchos países en desarrollo, desde la preservación de la biodiversidad hasta el desarrollo rural y la mejora de la gobernanza de los bosques; que, no obstante, ha sido objeto de críticas por presionar a las comunidades forestales;

AA.  Considerando que hay cada vez más pruebas de que el hecho de garantizar los derechos de tenencia comunitarios se traduce en una reducción de la deforestación y una gestión más sostenible de los bosques;

AB.  Considerando que la agricultura es responsable del 80 % de la deforestación en el mundo; que la ganadería y las grandes plantaciones de soja y aceite de palma, en particular, son importantes factores de deforestación, sobre todo en los países tropicales, debido a la creciente demanda de estos productos en los países desarrollados y en las economías emergentes y a la expansión de la agricultura industrial en el mundo; que un estudio de la Comisión Europea de 2013 constató que la UE-27 había sido el mayor importador neto mundial de productos derivados de la deforestación (entre 1990 y 2008); que, por lo tanto, la Unión desempeña un importante papel en la lucha contra la deforestación y degradación forestal, en especial en lo que se refiere a sus requisitos de demanda y debida diligencia en relación con los productos agrícolas;

AC.  Considerando que la expansión de la soja ha generado problemas sociales y medioambientales, como la erosión de los suelos, el agotamiento del agua, la contaminación por plaguicidas y el desplazamiento forzoso de la población; que las comunidades indígenas se encuentran entre las más afectadas;

AD.  Considerando que la expansión de las plantaciones de aceite de palma ha provocado una destrucción masiva de los bosques, así como conflictos sociales que enfrentan a las empresas que gestionan las plantaciones con los grupos indígenas y las comunidades locales;

AE.  Considerando que en los últimos años el sector privado ha demostrado un compromiso cada vez mayor con la protección de los bosques y que más de 400 empresas se han comprometido a eliminar la deforestación de sus productos y cadenas de suministro, de conformidad con la Declaración de Nueva York sobre los bosques, centrándose en particular en productos como el aceite de palma, la soja, la carne de vacuno y la madera; que, pese a ello, las medidas públicas dirigidas a los productos agrícolas siguen siendo relativamente infrecuentes;

1.  Recuerda que la Agenda 2030 reconoce que los bosques dotados de diversidad biológica desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, al igual que lo hace el Acuerdo de París; recuerda que la gestión sostenible e inclusiva de los bosques y el uso responsable de sus productos constituyen el sistema natural de captura y almacenamiento de carbono más eficaz y competitivo en términos de precio;

2.  Pide a la Unión que apoye la integración de los objetivos de gobernanza de la tierra y de los bosques en las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países en desarrollo con recursos forestales;

3.  Recuerda que el Acuerdo de París exige que todas las Partes actúen para conservar y mejorar los sumideros, incluidos los bosques;

4.  Observa que detener la deforestación y la degradación forestal y permitir que los bosques vuelvan a crecer representaría, como mínimo, el 30 % de todas las acciones de mitigación necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC(6) ;

5.  Observa que la deforestación contribuye en un 11 % a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero del mundo, más que todos los vehículos de pasajeros juntos;

6.  Confirma la importancia del tipo de gestión forestal para el equilibrio de carbono en los trópicos, como han puesto de relieve recientes documentos(7) , que indican que es posible que formas más sutiles de degradación, y no solo la deforestación a gran escala como se pensaba anteriormente, sean una fuente muy importante de emisiones de carbono, causantes de más de la mitad de las emisiones;

7.  Señala que la reforestación y la rehabilitación de los bosques degradados existentes así como el aumento de la cubierta forestal en los paisajes agrícolas mediante la agrosilvicultura representan la única fuente disponible de emisiones negativas con potencial significativo para contribuir a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París;

8.  Recuerda el Desafío de Bonn(8) , cuyo objetivo de rehabilitar 350 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas antes de 2030 podría generar unos 170 000 millones USD anuales en beneficios netos derivados de la protección de las cuencas fluviales y de la mejora del rendimiento de los cultivos y los productos forestales, y que podría capturar el equivalente de hasta 1,7 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono;

9.  Pide a la Comisión que cumpla los compromisos internacionales de la Unión, entre otros, los contraídos en el marco de la COP21, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el ODS 15, en particular el n.º 15.2, cuyo objetivo es promover la aplicación de la gestión sostenible de todo tipo de bosques, poner fin a la deforestación, rehabilitar los bosques degradados y aumentar significativamente la reforestación a nivel mundial para 2020;

10.  Recuerda especialmente que la Unión se ha comprometido a cumplir las Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que exigen la conservación del 17 % de todos los hábitats, la rehabilitación del 15 % de los ecosistemas degradados y la reducción casi a cero de la pérdida forestal, o su reducción, como mínimo, a la mitad, para el año 2020;

11.  Observa que la industria aeronáutica se apoya ampliamente en las compensaciones de carbono, incluidas las forestales; subraya, no obstante, que las compensaciones de carbono forestales se enfrentan a serias críticas, ya que resultan difíciles de cuantificar e imposibles de garantizar; considera que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debe excluir las compensaciones de carbono forestales del mecanismo del Plan de compensación y reducción del carbono para la aviación internacional (CORSIA);

12.  Destaca que los factores de deforestación van más allá del sector forestal como tal y tienen que ver con un gran número de cuestiones, como por ejemplo la tenencia de la tierra, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las políticas agrícolas y el cambio climático; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos en aras de una aplicación plena y efectiva de los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT y que aborde la deforestación de forma holística mediante un marco político coherente, por ejemplo garantizando el reconocimiento efectivo y el respeto de los derechos de tenencia de la tierra de las comunidades dependientes de los bosques, en particular en el caso de la financiación de la Unión destinada al desarrollo, así como en el proceso de selección de los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT, de tal manera que se permita la subsistencia de las comunidades locales dependientes de los bosques, garantizando al mismo tiempo la conservación de los ecosistemas;

13.  Insta a la Comisión a que publique cada dos años un informe sobre los progresos del Plan de Acción FLEGT; destaca que este informe debe incluir una evaluación de la aplicación del acuerdo de asociación voluntaria, los plazos establecidos, las dificultades encontradas y las medidas adoptadas o previstas;

14.  Señala que la introducción de acuerdos de asociación voluntarios tendrá más posibilidades de éxito si prevé un apoyo más específico para los grupos vulnerables involucrados en la gestión de recursos madereros (pequeños propietarios, microempresas, pequeñas y medianas empresas y operadores independientes del sector «informal»); subraya la importancia de velar por que los procesos de certificación respeten los intereses de los grupos más vulnerables involucrados en la gestión de los bosques;

15.  Subraya la importancia de hacer frente al comercio ilegal de madera tropical; sugiere a la Comisión que las futuras negociaciones de licencias de exportación FLEGT para productos de la madera legales verificados e importados a la Unión tengan en cuenta la experiencia del sistema indonesio, efectivo desde noviembre de 2016; pide a la Comisión que elabore un estudio autónomo de evaluación del impacto acerca de la aplicación del sistema indonesio de garantía de la legalidad de la madera, que debería presentarse dentro de un plazo adecuado;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen cualquier riesgo relacionado con la madera procedente de zonas de conflicto, asegurándose de que esta se considere ilegal en el marco del proceso de acuerdo de asociación voluntaria; estima que la definición de legalidad de los sistemas de garantía de la legalidad de la madera (TLAS) debería ampliarse para incluir los derechos humanos, y en particular los derechos de tenencia comunitarios, en los acuerdos de asociación voluntaria;

17.  Insta a la Comisión y los Estados miembros a que hagan uso del «diálogo estructurado FLEGT» para llevar a cabo una evaluación adecuada de los riesgos de corrupción en el sector forestal y desarrollar medidas que refuercen la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad, como elementos de una estrategia anticorrupción;

18.  Insta a la Unión a que desarrolle una política de contratos públicos ecológicos en el sector de la madera para apoyar la protección y la restauración de los ecosistemas forestales en todo el mundo;

19.  Observa con preocupación que el sector forestal es particularmente vulnerable a la mala gobernanza, en particular a la corrupción, el fraude y la delincuencia organizada, que se benefician de un alto grado de impunidad; lamenta que, incluso en países dotados de buenas leyes forestales, la aplicación sea deficiente;

20.  Reconoce que se ha calculado que los delitos forestales, como la tala ilegal, alcanzaron un valor de entre 50 000 y 152 000 millones USD a escala mundial en 2016, en comparación con el valor de entre 30 000 y 100 000 millones USD de 2014, y que se sitúan a la cabeza en cuanto a ingresos entre los delitos ambientales; observa que la tala ilegal desempeña un importante papel en la financiación de la delincuencia organizada y empobrece significativamente a gobiernos, naciones y comunidades locales por los ingresos no recaudados(9) ;

21.  Se muestra alarmado por la intensificación de las violaciones de los derechos humanos, el acaparamiento de tierras y la apropiación de tierras indígenas, debido a la expansión de las infraestructuras, las plantaciones de monocultivo para alimentos, combustibles y fibras, la explotación forestal, y medidas de mitigación de las emisiones de carbono como los biocombustibles, el gas natural o el desarrollo de energía hidroeléctrica a gran escala;

22.  Observa con preocupación que alrededor de 300 000 pueblos del bosque (también conocidos como «pigmeos» o «batwa») de la selva tropical de África central se enfrentan a presiones sin precedentes en relación con sus tierras, recursos forestales y sociedades, ya que los bosques se talan y roturan para la agricultura o se convierten en zonas para la conservación exclusiva de la vida silvestre;

23.  Insta a la Comisión a que responda a las peticiones contenidas en la Resolución del Parlamento, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(10) , también por lo que respecta a las empresas que operan en este sector; insta, en particular, a la Comisión a que aplique las medidas preconizadas en dicha Resolución a fin de identificar y castigar a los responsables cuando dichas actividades puedan atribuirse directa o indirectamente a empresas multinacionales que operen en la jurisdicción de un Estado miembro;

24.  Hace hincapié en que la tala ilegal constituye una pérdida de ingresos fiscales para los países en desarrollo; lamenta, en particular, el hecho de que se estén utilizando paraísos fiscales y regímenes de elusión fiscal para financiar empresas fantasma y filiales de grandes empresas papeleras, forestales y mineras relacionadas con la deforestación, tal como ha sido confirmado por los papeles de Panamá y los papeles del paraíso, en un contexto en el que los efectos de una globalización financiera no regulada pueden repercutir negativamente en la conservación de los bosques y la sostenibilidad medioambiental; insta una vez más a la Unión a que muestre su fuerte voluntad política y su determinación en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales a nivel nacional y con respecto a terceros países;

25.  Celebra la publicación del esperado estudio de viabilidad sobre las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación(11) , encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión; constata que este estudio se centra principalmente en siete productos básicos que entrañan riesgos para los bosques, a saber, el aceite de palma, la soja, el caucho, el ganado vacuno, el maíz, el cacao y el café, y reconoce que, evidentemente, la Unión es claramente parte del problema de la deforestación mundial;

26.  Insta a la Comisión a que ponga en marcha de manera inmediata una evaluación de impacto y una auténtica consulta de las partes interesadas, en la que participen sobre todo las poblaciones locales y las mujeres, con el objeto de establecer un ambicioso plan de acción de la Unión sobre deforestación y degradación forestal que incluya medidas reglamentarias concretas y coherentes, en particular un mecanismo de control, para garantizar que ninguna cadena de suministro ni transacción financiera relacionada con la Unión dé lugar a deforestación, degradación forestal o violaciones de los derechos humanos; pide que este plan de acción promueva una mayor asistencia financiera y técnica a los países productores con el objetivo específico de proteger, mantener y restaurar los bosques y los ecosistemas críticos, y de reforzar los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de los bosques;

27.  Recuerda que las mujeres indígenas y las mujeres que se dedican a la agricultura desempeñan una función esencial en la defensa de los ecosistemas forestales; observa con preocupación, no obstante, la falta de inclusión y capacitación de las mujeres en el proceso de gestión de los recursos naturales; lamenta la falta de educación forestal; opina que la igualdad de género en la educación forestal es un elemento clave para la gestión sostenible de los bosque, lo que debería reflejarse en el plan de acción de la Unión;

28.  Toma nota del inicio de la consulta pública sobre la definición de los productos contemplados en el Reglamento sobre la madera; considera que la posibilidad de seleccionar una opción del cuestionario sobre la reducción del ámbito de aplicación que ha de cubrir el Reglamento no está justificada, dado que el ámbito de aplicación actual del Reglamento permite el comercio ilegal; observa asimismo la postura favorable de la Confederación Europea de Industrias de la Madera respecto de la extensión a todos los productos madereros del ámbito de aplicación del Reglamento sobre la madera;

29.  Observa que en la revisión del Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera de 2016 (SWD(2016)0034) no fue posible evaluar si las sanciones establecidas por los Estados miembros habían sido eficaces, proporcionadas y disuasorias, ya que el número de sanciones impuestas hasta la fecha había sido muy reducido; cuestiona que el criterio que aplican algunos Estados miembros para fijar la imposición de sanciones sea «la situación económica nacional», habida cuenta del carácter internacional del delito y del hecho de que ocupa el primer puesto entre los delitos ambientales en el mundo;

30.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera, y pide que este incluya todos los productos que están o pueden estar hechos de madera y que contienen o pueden contener madera; insiste en el requisito de efectuar controles adecuados y eficaces, también sobre las cadenas de suministro complejas y las importaciones procedentes de países transformadores, y pide la imposición de sanciones severas y disuasorias a todos los agentes económicos, dado que se trata de un delito internacional que es el que más ingresos genera de todos los delitos medioambientales;

31.  Observa que se ha descubierto que las licencias de exportación FLEGT permiten que madera de origen ilegal se mezcle con madera legal, por lo que podría ser exportada a la Unión de conformidad con el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera(12) ;

32.  Pide a la Comisión que actualice las orientaciones del Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera para abordar el problema de la madera procedente de zonas en conflicto, y que recomiende medidas de mitigación del riesgo más detalladas a fin de reforzar el cumplimiento, como la solicitud de una mayor diligencia debida a los operadores que importan desde zonas de alto riesgo o afectadas por conflictos, condiciones de lucha contra el soborno en los contratos con los proveedores, la aplicación de disposiciones de lucha contra la corrupción, estados financieros auditados y auditorías contra la corrupción;

Gobernanza de la tierra y de los bosques

33.  Reconoce la importante labor realizada en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con relación a la gestión sostenible global de los bosques, que es esencial para el comercio sostenible de productos forestales;

34.  Pide a la Unión que establezca una cooperación más estrecha y asociaciones eficaces con los principales países consumidores de madera y las partes interesadas a nivel internacional, como las Naciones Unidas, en concreto la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Programa del Banco Mundial sobre los Bosques (PROFOR), para lograr una reducción más eficaz del comercio de madera talada ilegalmente a nivel mundial y una mejor gobernanza global de los bosques;

35.  Hace hincapié en que los bosques secundarios, que se regeneran en gran medida mediante procesos naturales tras perturbaciones humanas o naturales significativas de los bosques principales, ofrecen también, junto a los bosques principales, servicios ecosistémicos cruciales y medios de vida para la población local y son una fuente de madera; considera que, al estar también amenazada su supervivencia por la explotación forestal ilegal, toda actuación que aborde la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión forestal debería orientarse también a los bosques secundarios, y no solo a los bosques principales;

36.  Incide en la necesidad de fomentar una gestión forestal participativa y comunitaria, fortaleciendo la participación de la sociedad civil en la planificación y la aplicación de las políticas y los proyectos de gestión forestal, haciendo una labor de sensibilización y asegurándose de que las comunidades locales compartan los beneficios de los recursos forestales;

37.  Observa con preocupación que la inseguridad en la tenencia de tierras comunitarias de las poblaciones que viven de los bosques constituye un obstáculo fundamental para luchar contra la deforestación;

38.  Recuerda que la gobernanza responsable de la tenencia de tierras y bosques es esencial para garantizar la estabilidad social, el aprovechamiento sostenible del medio ambiente y una inversión responsable en desarrollo sostenible;

39.  Observa la existencia de modelos de silvicultura comunitaria o tenencia consuetudinaria colectiva, que pueden aportar una serie de beneficios(13) , como un aumento de la superficie forestal y de los recursos hídricos disponibles, la reducción de la explotación forestal ilegal mediante el establecimiento de normas claras sobre el acceso a la madera y un sistema sólido de control forestal; propone que se efectúen más investigaciones y se preste más apoyo para contribuir a la elaboración de marcos jurídicos sobre la silvicultura comunitaria;

40.  Insta a los países socios a que reconozcan y protejan los derechos de las poblaciones locales que dependen de los bosques y de los pueblos indígenas, y en especial de las mujeres indígenas, en materia de propiedad consuetudinaria y control de sus tierras y recursos naturales, de conformidad con lo dispuesto en los distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio n.º 169 de la OIT; pide a la Unión que apoye a los países socios en este propósito y en la aplicación escrupulosa del principio de consentimiento libre, previo e informado a las adquisiciones de tierras a gran escala;

41.  Denuncia la reducción del espacio de acción y los crecientes atentados a la libertad de expresión de que son víctimas la sociedad civil y las comunidades locales en materia de gobernanza forestal;

42.  Insta a la Comisión a que haga que las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza de la tenencia sean vinculantes para el plan de inversiones exteriores; hace hincapié en que el cumplimiento de estas Directrices requiere la existencia de un seguimiento y control del cumplimiento independientes eficaces, incluidos mecanismos adecuados de resolución de litigios y de reclamación; insiste en que las normas sobre tenencia de tierras se incluyan en la concepción, el seguimiento y el informe anual del proyecto, y sean vinculantes para cualquier acción exterior de la Unión financiada por la ayuda oficial al desarrollo (AOD);

43.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que establezcan, como medida inmediata, un mecanismo administrativo de reclamación efectivo para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y otros efectos nocivos causados por actividades financiadas con ayuda oficial al desarrollo, con objeto de iniciar procesos de investigación y reconciliación; señala que este mecanismo debería contar con procedimientos normalizados, tener naturaleza administrativa y, por lo tanto, ser complementario a los mecanismos judiciales, y que las delegaciones de la Unión podrían actuar como puntos de entrada;

44.  Pide a la Unión que adopte una norma sobre divulgación obligatoria de información sobre la deforestación que presente pruebas de inversiones financieras relacionadas con la producción o la transformación de productos que supongan un riesgo para los bosques;

45.  Recuerda que el informe de la Comisión sobre el funcionamiento de la Directiva 2013/50/UE sobre transparencia, que introduce el requisito de publicidad para los pagos realizados a gobiernos por parte de empresas cotizadas y grandes empresas no cotizadas con actividades en la industria extractiva y en la explotación de bosques primarios (naturales y seminaturales), debe presentarse al Parlamento y al Consejo a más tardar el 27 de noviembre de 2018; observa asimismo que el informe debe ir acompañado de una propuesta legislativa; pide a la Comisión, a la luz de una posible revisión, que estudie ampliar la obligación a otros sectores industriales que afectan a los bosques y a los bosques que no son bosques primarios;

46.  Lamenta que la deficiente participación local y la ausencia de acuerdos sobre bosques comunales en cuanto al ordenamiento territorial y la atribución de concesiones sean habituales en muchos países; opina que los sistemas de garantía de la legalidad de la madera (TLAS) deben incluir garantías procesales que empoderen a las comunidades, con el objetivo de reducir la probabilidad de injusticias en la atribución o la cesión de tierras;

47.  Subraya que unos datos transparentes, una cartografía mejorada, unos instrumentos de seguimiento y auditoría independientes y el intercambio de información son instrumentos esenciales para mejorar la gobernanza y la cooperación internacional y facilitar el cumplimiento de compromisos de deforestación cero; insta a la Unión a que redoble el apoyo financiero y técnico concedido a los países socios para estos fines y a que los ayude a desarrollar los conocimientos especializados necesarios para mejorar las estructuras de la gobernanza local de los bosques y la rendición de cuentas;

Financiación y cadenas de suministro responsables

48.  Señala que las importaciones de madera y productos de la madera deben controlarse más a fondo en las fronteras de la Unión para garantizar que los productos importados cumplen realmente los criterios necesarios para entrar en ella;

49.  Observa que más de la mitad de los productos básicos producidos y exportados al mercado mundial proceden de la deforestación ilegal; señala que, en lo que respecta a los productos básicos agrícolas que entrañan riesgos para los bosques, se estima que el 65 % de las exportaciones de carne de vacuno de Brasil y el 9 % de las de Argentina, así como el 41 % de las exportaciones de soja de Brasil, el 5 % de las de Argentina y el 30 % de las de Paraguay pueden estar vinculadas a la deforestación ilegal; observa asimismo que los productores de la Unión importan cantidades significativas de piensos y proteínas procedentes de los países en desarrollo(14) ;

50.  Hace hincapié en la función primordial del sector privado en la consecución de los objetivos internacionales en materia de bosques, incluida la restauración forestal; destaca, no obstante, la necesidad de garantizar que las cadenas de suministro y los flujos financieros mundiales apoyen únicamente una producción legal, sostenible y sin deforestación y no den lugar a violaciones de los derechos humanos;

51.  Acoge con satisfacción el hecho de que los principales agentes del sector privado (muy a menudo de la Unión) se hayan comprometido a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro e inversiones; observa, no obstante, que la Unión debe responder al desafío y fortalecer los esfuerzos del sector privado mediante políticas y medidas adecuadas que creen una base de referencia común para todas las empresas y equiparen las condiciones de competencia; considera que esto impulsaría los compromisos, generaría confianza y aumentaría la responsabilidad de las empresas por lo que respecta a sus promesas;

52.  Recuerda que deben respetarse los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; apoya las negociaciones en curso para crear un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las corporaciones multinacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, y subraya la importancia de que la Unión se implique activamente en este proceso;

53.  Anima a las empresas a que adopten medidas para evitar la corrupción en sus prácticas comerciales, especialmente en lo relacionado con la atribución de derechos de tenencia de tierras, y a que extiendan sus sistemas de supervisión externa en materia de normas laborales a sus compromisos relativos a la deforestación en general;

54.  Pide que la Unión introduzca requisitos obligatorios para el sector financiero a fin de que lleve a cabo un proceso de diligencia debida riguroso al evaluar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, tanto financieros como no financieros; pide igualmente la divulgación pública del proceso de diligencia debida, al menos con ocasión del informe anual a los inversores;

55.  Pide que la Unión aborde la deforestación mundial a través de la regulación del comercio europeo y el consumo de productos básicos que supongan un riesgo para los bosques, como la soja, el aceite de palma, el eucalipto, la carne de vacuno, el cuero y el cacao, sobre la base de las lecciones extraídas del plan de acción FLEGT, el Reglamento sobre la madera, el Reglamento sobre los minerales de conflicto, la Directiva sobre información no financiera, la legislación sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y otras iniciativas de la Unión para regular las cadenas de suministro;

56.  Considera que este marco regulador debe:

   a) establecer criterios obligatorios para unos productos básicos sostenibles y que no contribuyan a la deforestación;
   b) imponer obligaciones imperativas de diligencia debida en relación con los operadores en todas las fases de las cadenas de suministro de productos básicos que supongan un riesgo para los bosques;
   c) mejorar la trazabilidad de los productos básicos y la transparencia en toda la cadena de suministro;
   d) exigir a las autoridades competentes de los Estados miembros que investiguen y lleven ante la justicia a los nacionales de la Unión o las empresas con sede en la Unión que se beneficien de la conversión ilegal de tierras en los países productores;
   e) cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos, respetar los derechos consuetudinarios según lo establecido en las Directrices y garantizar el consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades potencialmente afectadas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto;

57.  Pide a la Unión que garantice que las medidas adoptadas y el marco reglamentario no supongan cargas excesivas para los productores que sean pequeñas y medianas empresas o que impidan su acceso a los mercados y al comercio internacional;

58.  Pide asimismo a la Unión que promueva un marco reglamentario vinculante similar a nivel internacional y que integre la diplomacia forestal en su política de lucha contra el cambio climático, con el objetivo de animar a los países que transforman o importan cantidades significativas de madera tropical, como China y Vietnam, a que adopten una legislación eficaz que prohíba la importación de madera de origen ilegal y exija a los operadores que efectúen procesos de diligencia debida (similares a los del Reglamento de la Unión sobre la madera); pide que, para ello, mejore la transparencia en las deliberaciones y las medidas adoptadas en virtud del mecanismo de cooperación bilateral sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales con China;

59.  Lamenta que el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) haya puesto en entredicho la moratoria para la asignación de nuevas licencias de explotación de los bosques tropicales de la RDC a dos empresas chinas; pide que se mantenga dicha moratoria en tanto los operadores forestales, el Gobierno y las poblaciones locales dependientes de los bosques no consigan ponerse de acuerdo en unos protocolos que garanticen una gestión medioambiental y social satisfactoria;

60.  Pide que la Unión introduzca criterios de condicionalidad para la alimentación animal en la reforma de la política agrícola común (PAC), con el objetivo de garantizar que solo se concedan subvenciones públicas a alimentos sostenibles y que no procedan de la deforestación, reducir las importaciones de proteaginosas y de ganado, diversificando y reforzando al mismo tiempo la producción interior de proteaginosas y con el fin de que la importación de productos básicos que entrañan riesgos para los bosques (como la soja o el maíz) deje de recibir ayudas directas o indirectas de la futura política alimentaria y agrícola de la Unión;

61.  Destaca que la futura PAC deberá atenerse a los compromisos internacionales de la Unión, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático;

62.  Pide que los indicadores de los ODS se utilicen para evaluar los efectos externos de la PAC, tal como ha sugerido la OCDE;

63.  Recuerda que Malasia e Indonesia, con una cuota de producción mundial estimada entre el 85 % y el 90 %, son los principales productores de aceite de palma, y que la creciente demanda de esta materia prima conduce a la deforestación, ejerce presión en el uso del suelo y repercute considerablemente en las comunidades locales, la salud y el cambio climático; subraya, en este contexto, que deben utilizarse las negociaciones de acuerdos comerciales con Indonesia y Malasia para mejorar la situación sobre el terreno;

64.  Reconoce, en lo que respecta al aceite de palma, la contribución positiva realizada por los regímenes de certificación existentes, pero observa que la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el Aceite de Palma Sostenible de Indonesia (JSPO), el Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO) y todos los demás regímenes de certificación principales reconocidos no prohíben de manera eficaz a sus miembros la conversión de selvas tropicales o turberas en plantaciones de palma; considera, por lo tanto, que estos regímenes de certificación principales no limitan con eficacia las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de creación y explotación de las plantaciones, con el resultado de que no consiguen impedir incendios masivos de bosques y turberas; pide a la Comisión que vele por que se efectúen auditorías independientes y se haga un seguimiento de esos regímenes de certificación y garantice que el aceite de palma introducido en el mercado de la Unión cumple todas las normas necesarias y es sostenible; observa que el tema de la sostenibilidad en el sector del aceite de palma no puede abordarse únicamente con medidas y políticas voluntarias, sino que las empresas del sector deben estar sujetas también a normas vinculantes y un régimen de certificación obligatorio;

65.  Subraya la necesidad de mejorar, a través del etiquetado, la fiabilidad de los sistemas de certificación voluntaria, con el fin de garantizar que solo entre en la Unión aceite de palma cuya producción no conlleve deforestación, degradación forestal, apropiación ilegítima de tierras y otras violaciones de los derechos humanos, con arreglo a lo establecido en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(15) , y que los regímenes como la RSPO incluyan todos los usos finales del aceite de palma; resalta, por otra parte, la necesidad de informar más a los consumidores sobre las consecuencias nefastas de la producción de aceite de palma en el medio ambiente, con el objetivo último de lograr una reducción significativa de su consumo;

66.  Exhorta a la Comisión, y a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, a que trabajen para que toda la Unión asuma el compromiso de adquirir exclusivamente aceite de palma sostenible certificado para 2020, entre otras cosas, mediante la firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam titulada «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Eliminar la deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas con los países europeos), y para que el sector contraiga asimismo un compromiso, por ejemplo, mediante la firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam en apoyo de una cadena de suministro de aceite de palma plenamente sostenible para 2020;

Coherencia de las políticas en favor del desarrollo

67.  Recuerda que los ODS solo pueden lograrse con unas cadenas de suministro sostenibles y creando sinergias entre las políticas; se muestra alarmado por el hecho de que la elevada dependencia de la Unión de la importación de piensos en forma de semillas de soja provoque la deforestación de otras partes del mundo; muestra su preocupación por el impacto medioambiental de las importaciones cada vez mayores de biomasa y la creciente demanda de madera en Europa, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de la Unión en materia de energías renovables; pide a la Unión que cumpla el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), consagrado en el artículo 208 del TFUE, ya que representa un aspecto fundamental de la contribución de la UE a la aplicación de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Consenso Europeo sobre Desarrollo; pide, por lo tanto, a la Unión que garantice la coherencia entre sus políticas de desarrollo, comerciales, agrícolas y climáticas;

68.  Pide a la Comisión que racionalice y coordine de forma más adecuada sus esfuerzos de lucha contra la tala ilegal en las diferentes políticas de la Unión y sus servicios pertinentes; pide a la Comisión que negocie las normas relativas a la importación de madera en sus futuros acuerdos bilaterales o multilaterales relacionados con el comercio para evitar comprometer los éxitos obtenidos con los países productores de madera gracias al Plan de Acción FLEGT;

69.  Recuerda que el 80 % de los bosques son tierras y territorios ancestrales para pueblos indígenas y comunidades locales; toma nota con preocupación de que el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha informado de que está recibiendo un número cada vez mayor de denuncias de proyectos de mitigación del cambio climático que supuestamente han afectado negativamente a los derechos de los pueblos indígenas, refiriéndose de manera particular a proyectos de energías renovables como la producción de biocombustibles y la construcción de presas hidroeléctricas; subraya la necesidad de garantizar los derechos de tenencia de la tierra de las comunidades forestales locales, incluidos los derechos consuetudinarios; hace hincapié en los pagos basados en resultados y el REDD+ como una oportunidad para mejorar la gobernanza de los bosques, los derechos de tenencia de la tierra y los medios de subsistencia;

70.  Subraya el papel crucial de los pueblos indígenas en la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad; recuerda que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC) pide a sus Estados parte que respeten los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas como salvaguardias en la aplicación del REDD+; insta a los países socios a que adopten medidas para colaborar de forma efectiva con los pueblos indígenas en materia de medidas de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo;

71.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que potencien las sinergias entre los acuerdos de asociación voluntaria FLEGT y el REDD+;

72.  Expresa su profunda preocupación por la expansión del uso industrial a gran escala de los bosques con fines energéticos mediante el monocultivo, lo que acelera la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos;

73.  Recuerda que la política de la Unión sobre los biocombustibles debe ser coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; reitera que la Unión debe suprimir gradualmente todas las políticas de incentivos para los agrocombustibles, a más tardar en 2030;

74.  Lamenta que la revisión en curso de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (RED II) no introduzca criterios de sostenibilidad social y otras consecuencias indirectas del uso de la tierra que tengan en cuenta los riesgos del acaparamiento de tierras; recuerda que la Directiva debe ser coherente con las normas internacionales en materia de derechos de tenencia, y en concreto con el Convenio n.º 169 de la OIT y con las Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra y los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios de la FAO; hace hincapié, asimismo, en la necesidad de introducir criterios más rigurosos para la biomasa forestal, a fin de evitar la promoción de bioenergía que desencadene la deforestación de otras partes del mundo;

75.  Observa que ha quedado establecido de manera irrefutable que la conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas, plantaciones y otros usos de la tierra provoca una pérdida significativa de especies y, en concreto, de especies específicas de los bosques; hace hincapié en la necesidad de restaurar los bosques naturales y con diversidad biológica como una manera de luchar contra el cambio climático y de proteger la biodiversidad, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030, en particular el objetivo 15; estima que los programas de restauración forestal deben reconocer los derechos consuetudinarios locales sobre las tierras, ser inclusivos y estar adaptados a las condiciones locales y promover soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración del paisaje forestal, para equilibrar los distintos usos de la tierra, incluyendo las zonas protegidas, la agrosilvicultura, los sistemas agrícolas, las plantaciones a pequeña escala y los asentamientos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el impacto del consumo de la Unión sobre la deforestación se aborde sobre la base de los objetivos fijados en la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020;

76.  Pide a la Unión que respalde las iniciativas de los países en desarrollo ricos en bosques encaminadas a contrarrestar la expansión sin restricciones de aquellas prácticas agrícolas y actividades mineras que tienen efectos desfavorables sobre la gestión forestal, los medios de vida y la integridad cultural de los pueblos indígenas, y consecuencias perjudiciales para la estabilidad social y la soberanía alimentaria de los agricultores;

77.  Reitera que unas cadenas de valor madereras sostenibles, procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, incluidas plantaciones forestales sostenibles y cultivos familiares de árboles, pueden ser aportaciones importantes para la consecución de los ODS y el cumplimiento de los compromisos contra el cambio climático; insiste, en un contexto en el que la degradación o alteración forestal es responsable del 68,9 % de las pérdidas totales de carbono en los ecosistemas tropicales(16) , en que no se utilice financiación pública procedente de la lucha contra el cambio climático y los fondos de desarrollo para apoyar la expansión de la agricultura, la tala industrial, la minería y la extracción de recursos, o el desarrollo de infraestructuras en paisajes forestales intactos, y en que toda financiación con fondos públicos esté sujeta a unos criterios de sostenibilidad estrictos; pide, además, a la Unión y a los Estados miembros que coordinen las políticas de los donantes a este respecto(17) ;

78.  Considera que los esfuerzos para detener la deforestación deben incluir ayuda y apoyo para un uso más efectivo de las tierras de cultivo existentes, que deberá aplicarse junto con el enfoque de «pueblos inteligentes»; reconoce que las prácticas agroecológicas tienen un enorme potencial a la hora de maximizar las funciones y la resiliencia de los ecosistemas a través de técnicas mixtas de plantaciones de alta diversidad, la agrosilvicultura y la permacultura, también para cultivos como el aceite de palma, el cacao o el caucho, y que también pueden proporcionar enormes beneficios en cuanto a efectos sociales, diversificación de la producción y productividad, sin recurrir a más conversiones de bosques;

Delincuencia forestal

79.  Toma nota de que, según el PNUMA e Interpol, la tala y el comercio ilegales de madera son uno de los cinco sectores más importantes de la delincuencia ambiental, en el que interviene de forma creciente la delincuencia transnacional organizada;

80.  Destaca que la lucha contra el comercio internacional ilegal requiere acciones concertadas e inclusivas para poner freno a la destrucción, la deforestación, la explotación ilegal de la madera, la lucha contra el fraude, las masacres y la demanda de productos forestales y especies silvestres;

81.  Subraya que los delitos forestales, desde la quema no reglamentada o ilegal de carbón vegetal hasta los delitos societarios a gran escala relacionados con la madera, el papel y la pasta de papel, tienen una gran incidencia en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las reservas de agua, la desertificación y las pautas de precipitación;

82.  Observa con preocupación cómo, según el PNUMA e Interpol, la legislación para atajar los delitos medioambientales parece ser inadecuada en muchos países, debido a la falta de conocimientos especializados y de personal, el bajo importe de las multas o la ausencia de sanciones penales, entre otras cosas, lo cual constituye un obstáculo para la lucha efectiva contra estos delitos;

83.  Destaca la importancia de que se establezcan, en los países productores, sanciones realmente disuasorias y efectivas para luchar contra la tala y el comercio ilegal de madera;

84.  Pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal(18) , a fin de incluir en él la explotación ilegal de la madera;

85.  Alienta a la Unión a que preste ayuda para intensificar la vigilancia de la deforestación y las actividades ilegales;

86.  Hace hincapié en la necesidad de abordar las causas profundas de los delitos ambientales, como la pobreza, la corrupción y la mala gobernanza, mediante un enfoque integrado y holístico, incentivando la cooperación financiera transfronteriza y empleando todos los instrumentos de lucha contra la delincuencia organizada internacional, incluida la incautación y confiscación de los bienes derivados de dichas actividades y la lucha contra el blanqueo de dinero;

87.  Subraya la necesidad de reforzar los marcos jurídicos nacionales, apoyar la creación de redes nacionales para la aplicación de la ley y mejorar la aplicación y la observancia del Derecho internacional pertinente para el fomento de una gestión forestal transparente y responsable, por ejemplo mediante el intercambio de buenas prácticas, la divulgación de información rigurosa, evaluaciones de impacto sólidas sobre la sostenibilidad y sistemas de seguimiento y notificación que tomen en consideración la necesidad de proteger a los guardias forestales; pide una mayor colaboración intersectorial y entre agencias, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente con Interpol y la UNODC, en particular el intercambio de inteligencia y la cooperación judicial y la ampliación de las competencias de la CPI para que pueda entender de delitos medioambientales;

88.  Recuerda que un mayor acceso a los datos aduaneros sobre las importaciones que entran en la Unión reforzaría la responsabilidad y la transparencia de las cadenas de valor mundiales; pide a la Comisión que amplíe los requisitos sobre datos aduaneros e incluya al exportador y al fabricante como elementos obligatorios de los datos aduaneros, reforzando de ese modo la transparencia y la rastreabilidad de las cadenas de valor mundiales;

Aspectos comerciales

89.  Hace hincapié en que las negociaciones comerciales de la Unión tienen que ser conformes con sus compromisos de actuar para reducir la deforestación y la degradación forestal y aumentar las reservas de carbono de los bosques en los países en desarrollo;

90.  Hace hincapié en la necesidad de expandir y reforzar los acuerdos para impedir, supervisar y verificar los efectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos de los acuerdos de inversión y libre comercio, bilaterales y multilaterales, de la Unión, entre otros con unos indicadores verificables e iniciativas independientes, basadas en las comunidades, de seguimiento y presentación de informes;

91.  Insta a la UE a que incluya sistemáticamente en sus capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible disposiciones vinculantes y ejecutables para poner fin a la tala ilegal, la deforestación, la degradación de los bosques y el acaparamiento de tierras, así como a otras violaciones de los derechos humanos que están sujetas a mecanismos de solución de controversias adecuados y eficaces, y a que considere, entre otras posibles vías para garantizar el cumplimiento, un mecanismo basado en sanciones y disposiciones para garantizar el derecho a la propiedad, la consulta previa y el consentimiento informado; pide a la Comisión que incluya esas disposiciones en los acuerdos de libre comercio (ALC) ya concluidos a través de la cláusula de revisión y, en particular, el compromiso de aplicar de forma eficaz el Acuerdo de París sobre cambio climático; subraya la importancia de supervisar esas disposiciones y la necesidad de iniciar procedimientos de consulta gubernamental sin demora en caso de que los socios comerciales contravengan estas normas y poner en marcha los mecanismos vigentes de garantía del cumplimiento, como los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible;

92.  Insta a la Comisión a que incluya disposiciones forestales específicas y ambiciosas en todos los acuerdos de la Unión sobre comercio e inversión; subraya que estas disposiciones deberían ser vinculantes y ejecutables mediante mecanismos efectivos de supervisión y sanción que permitan a las personas y las comunidades, tanto fuera como dentro de la Unión, buscar reparación;

93.  Destaca que la corrupción vinculada a la tala ilegal debe abordarse en el ámbito de la política comercial de la Unión; insta a la Comisión a que incluya en los acuerdos de libre comercio disposiciones relativas a la tala ilegal que sean ejecutables y que se apliquen efectiva y plenamente;

94.  Insta a la Comisión a que incluya en el ámbito de aplicación de las disposiciones de los acuerdos de libre comercio relativas a la lucha contra la corrupción las prácticas forestales ilegales, como la fijación de un precio excesivamente bajo para la madera en las concesiones, la tala de árboles protegidos por parte de empresas comerciales, el contrabando transfronterizo de productos forestales, la tala ilegal y la transformación de materias primas forestales sin licencia;

95.  Señala que el Reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas (SPG) sigue teniendo un alcance limitado para la protección y la gestión responsable de los recursos forestales; pide a la Comisión que garantice que los convenios relativos a los bosques incluidos en los sistemas SPG y SPG+ sean supervisados adecuadamente, también por organizaciones de la sociedad civil, a fin de velar por la protección de los bosques en los países socios, con la posibilidad de establecer un mecanismo de reclamación para garantizar que se tengan debidamente en cuenta las reclamaciones presentadas por las partes interesadas; hace hincapié en que este mecanismo debe conceder una consideración especial a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques y a los derechos reconocidos en virtud del Convenio C169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, cuando proceda;

96.  Subraya la importancia de un acceso adecuado a la justicia y a las vías de recurso y de una protección eficaz para los denunciantes de irregularidades en los países exportadores de recursos naturales para garantizar la eficacia de toda legislación o iniciativa;

o
o   o

97.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0098.
(3) DO C 215 de 19.6.2018, p.125.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0330.
(5) Nellemann, C. (editor jefe); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E. y Barrat, S. (editores),The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (El aumento del delito ambiental –Una amenaza creciente para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad. Una evaluación de respuesta rápida PNUMA-Interpol), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Rhipto Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016.
(6) Goodman R. C. y Herold M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate (Por qué es esencial y urgente mantener los bosques tropicales para mantener un clima estable), documento de trabajo 385, Center for Global Development, 2014, Washington DC; McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica) (2009). McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica): versión 2 del Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve (Gráfico mundial de los costes de la reducción de los gases de efecto invernadero) (2013).
(7) Baccini, A., y otros, Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements (Los bosques tropicales constituyen una fuente de carbono neta sobre la base de las mediciones de pérdidas y ganancias de la superficie) Science , Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234.
(8) Véase https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge
(9) Nellemann, C. (editor jefe); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E. y Barrat, S. (editores),The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (El aumento del delito ambiental –Una amenaza creciente para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad. Una evaluación de respuesta rápida PNUMA-Interpol), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Rhipto Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016.
(10) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
(11) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
(12) El informe de 2014 «Permitting Crime», elaborado por el Organismo de Investigaciones sobre el Medio Ambiente (EIA) y la Red Indonesia de Seguimiento Forestal (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK), constató que algunas empresas con licencias del Sistema de Garantía de la Legalidad de la Madera de Indonesia (TLAS) están implicadas en el «blanqueo de madera», mezclando madera de origen ilegal con madera legal. En la actualidad, dicha madera podría ser exportada a la Unión como madera con licencia FLEGT. Disponible en http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf
(13) Caso de Nepal, presentado por ClientEarth, disponible en https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/
(14) Forest Trends Report Series, «Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations» (Los bienes de consumo y la deforestación: análisis del alcance y la naturaleza de la ilegalidad en la conversión de los bosques en plantaciones agrícolas y madereras), 2014.
(15) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
(16) Baccini, A., y otros, Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements (Los bosques tropicales constituyen una fuente de carbono neta sobre la base de las mediciones de pérdidas y ganancias de la superficie) Science , Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234, http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962.
(17) Baccini, A. y otros, op. cit.
(18) DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.

Última actualización: 25 de septiembre de 2018Aviso jurídico