Guía del Traductor - Sumario  Guía del Traductor 
Traducir en el Parlamento Europeo
Sumario de la Guía 
 
Última actualización: 22 de noviembre de 2005

Epígrafes | Sobre este capítulo 

La traducción institucional 
Traducir en un entorno multilingüe 
Traducir o redactar: la equivalencia jurídica 
Una traducción basada en reglas y convenciones 
Corrección lingüística: entre conservadurismo y pragmatismo 
Lenguaje administrativo, eurolalia y transparencia 
Fuentes y documentación 
El factor tiempo 
El trabajo en equipo 
En síntesis: el traductor institucional es ... 
Para saber más sobre la traducción institucional 
Notas 
 
 

Sólo una cosa no hay. Es el olvido.  
J. L. Borges, Everness 

Lo cierto es que en esos organismos lo único que en verdad funciona son las traducciones, es más, hay en ellos una verdadera fiebre translaticia, algo enfermizo, algo malsano, pues cualquier palabra que se pronuncia en ellos (en sesión o asamblea) y cualquier papelajo que les es remitido, trate de lo que trate y esté en principio destinado  a quien lo esté o con el objetivo que sea (incluso si es secreto), es inmediatamente traducido a varias lenguas por si acaso. 

Javier Marías, Corazón tan blanco

 
 

 
 

La traducción institucional  

El trabajo del traductor en las Instituciones de la UE no difiere, en lo esencial, del realizado por cualquier otro traductor, tanto si ejerce por cuenta propia como si está al servicio de una empresa u organización. La fórmula que García Yebra propone como regla de oro del oficio -«decir todo lo que dice el original, no decir nada que el original no diga y decirlo todo con la corrección y la naturalidad que permita la lengua a la que se traduce» (1) - resume perfectamente el ideal al que aspiran los lingüistas de las Instituciones. 

¿Por qué hablar, pues, de la «traducción institucional», es decir, de la traducción en las organizaciones internacionales y en las Instituciones de la Unión Europea (UE)? Porque la particularidad de las condiciones en que se lleva a cabo hacen de ella una actividad con rasgos muy específicos. 

Para empezar, la traducción institucional tiene lugar en un entorno multilingüe y la realizan de manera conjunta un grupo de traductores que, en la actualidad y en nuestro caso, traducen al castellano directa o indirectamente (como a continuación veremos) a partir de 19 lenguas distintas. Este colectivo produce, entre otros textos, actos jurídicos que serán considerados equivalentes a los producidos por sus colegas de otras lenguas. Su labor, aun siendo anónima y casi invisible, es una pieza fundamental del engranaje comunitario. Sus trabajos deben atenerse a patrones formales predeterminados, adaptarse al lenguaje político-administrativo y guardar una coherencia léxica con el resto de los textos producidos por las Instituciones europeas. 
 
 

 
 

Traducir en un entorno multilingüe 

Una de las peculiaridades del régimen lingüístico europeo es su talante democrático. Si bien es verdad que no son oficiales todas las lenguas habladas en la UE (no lo son, por ejemplo, ni el catalán ni el luxemburgués ni el bretón), las lenguas oficiales -al menos una por país- tienen todas ese mismo estatuto en los Estados miembros. Desde el punto de vista lingüístico, y a efectos oficiales, ningún país está discriminado. 

Otra peculiaridad del sistema es su carácter evolutivo. El Reglamento nº 1 del Consejo, en su versión de 1958, disponía que: «Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Comunidad serán el alemán, el francés, el italiano y el neerlandés.» Desde entonces, se ha modificado en cada ampliación para añadir las lenguas de los nuevos miembros, hasta llegar a la situación actual de 20 lenguas oficiales y 20 lenguas teóricas de trabajo: alemán, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, húngaro, griego, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués y sueco.

Este reconocimiento del multilingüismo no impide que,  por motivos prácticos bien evidentes, algunas lenguas se utilicen más que otras (2). Dos de ellas, el inglés y el francés, sirven generalmente como vehículos de comunicación y negociación. En ellas se expresa la Administración interna y se redactan los documentos de los órganos de gobierno. Entre ambas representan el 70 % de los textos traducidos en el Parlamento Europeo. El 30 % restante se reparte, de forma desigual, entre las demás lenguas (3). 

Desde el punto de vista de la traducción, el multilingüismo integral practicado en el Parlamento se ha basado tradicionalmente en el llamado «modelo matricial», esto es, la traducción desde todas las lenguas a todas las lenguas. Sin embargo, la ampliación de mayo de 2004 ha obligado a replantear el funcionamiento de los servicios lingüísticos por razones organizativas y presupuestarias. Se ha optado por una fórmula que ha dado en llamarse «multilingüismo integral controlado», que se basa en la utilización de un sistema de lenguas puente [relais] (4) y troncales [pivot] (5), combinado con la optimización del recurso a la traducción externa y la traducción asistida por ordenador. 
 
 

 
 

Traducir o redactar: la equivalencia jurídica 

El principio de un multilingüismo basado en la igualdad de trato entre las distintas lenguas oficiales sería impensable sin la ficción o la convención de que los textos en las distintas lenguas son plenamente equivalentes. 

En efecto, el artículo 4 del citado Reglamento n° 1 del Consejo establece que los actos del llamado Derecho derivado (reglamentos, directivas, etc.) «se redactarán» en las once lenguas oficiales. Obsérvese que ni ésta ni ninguna otra disposición jurídica pertinente habla nunca de traducir, sino de redactar. En el marco jurídico, por paradójico que pueda resultar, la traducción no existe. 

La necesidad de producir textos equivalentes en todas las lenguas modifica los criterios de literalidad al traducir. Textos equivalentes no quiere decir textos idénticos. De hecho, las libertades que el traductor se puede tomar van aumentando a medida que se desciende en la jerarquía documental: son mínimas en un texto normativo y máximas en una carta. Sin embargo, la exigencia de equivalencia jurídica se mantiene en todos los niveles, con una consecuencia: por norma general, el traductor estará obligado a poner en su idioma la expresión jurídicamente correcta con independencia de que el original lo haga o no. Por ejemplo, si el original hace referencia a un trilogue, el traductor debe utilizar la fórmula autorizada «diálogo a tres bandas». De aquí se deriva implícitamente una segunda consecuencia: enfrentado a un original mal escrito, el traductor estará obligado a reelaborar o incluso reconstruir el texto en su propio idioma. Un documento institucional nunca será juzgado como traducción; tiene valor propio en cada lengua y, por lo tanto, debe ser correcto, desde el doble punto de vista del contenido y de la sintaxis, en cada lengua. 
 
 

 
 

Una traducción basada en reglas y convenciones 

En su calidad de «redactor», el traductor institucional ha de velar por la corrección formal y la uniformidad de las distintas versiones lingüísticas. Esta función normalizadora se refleja claramente en la metodología de los servicios de traducción. La producción de textos equivalentes exige que todas las unidades lingüísticas operen con métodos análogos. De ahí, por ejemplo, el recurso sistemático a documentos modelo para cada tipo de textos. 

Por añadidura, la coherencia entre las unidades depende a su vez de un alto grado de coherencia dentro de ellas. La traducción institucional es, así, una actividad fuertemente reglamentada. La exigencia de coherencia interna puede extenderse a cuestiones de detalle aparentemente nimias: uso de mayúsculas y minúsculas, elección entre variantes toponímicas, transcripción de antropónimos o escritura de fechas. 

Simplificando, puede decirse que esta subordinación a reglas y convenciones se manifiesta sobre todo en dos planos. 

En primer lugar, el traductor está supeditado al marco jurídico, en la medida en que buena parte de los textos son de carácter normativo. En aras de la coherencia lingüística de los mismos, como hemos visto, se verá obligado a utilizar fórmulas que permitan reconocer de manera inequívoca expresiones jurídicas y administrativas equiparables en las distintas lenguas. 

En segundo lugar, hay una subordinación a la coherencia lingüística y léxica. Esto implica, por ejemplo, que el traductor tiene que aplicar siempre la misma norma de mayúsculas y minúsculas, respetar las denominaciones toponímicas oficiales, utilizar los nombres oficiales de órganos y cargos, y atenerse a la terminología utilizada en otros documentos del mismo tema o del mismo expediente. 
 
 

 
 

Corrección lingüística: entre conservadurismo y pragmatismo 

Como profesional de la lengua, el traductor institucional está firmemente comprometido en la corrección de su uso. A veces, sin embargo, ésta se compadece mal con los imperativos políticos. El lenguaje es, con frecuencia, resultado de una toma de posición, y hay casos en los que el traductor debe renunciar a la «corrección lingüística» -es decir, a lo definido como «correcto» por la Academia, los diccionarios o los libros de estilo- para reflejar, mediante una determinada elección léxica, la posición de la Institución para la que trabaja. 

Cuando optamos por una expresión como «dimensión de género» o escribimos «Antigua República Yugoslava de Macedonia», evitando cuidadosamente la forma usual «Macedonia», otorgamos prioridad a un determinado posicionamiento político, aun cuando nuestra opción no coincida con la doctrina vigente de la Academia o los usos tradicionales. Reconocemos así que, además de profesionales de la lengua, somos funcionarios públicos, y como tales estamos al servicio de la Institución para la que trabajamos. 

Junto a los imperativos políticos, la proliferación de neologismos en casi todos los ámbitos -medio ambiente, ciencia, técnica, asuntos sociales- impone también una buena dosis de pragmatismo. En esta era de la tecnología y la hiperespecialización, el traductor se ve abocado a recurrir a voces y expresiones no siempre sancionadas por las autoridades de la lengua. En ocasiones, debe incluso hacer de terminólogo. La búsqueda de equivalentes para términos como racial profiling o bushmeat pondrá a prueba su talento investigador y su intuición lingüística. Después, los resultados de sus pesquisas podrán dar lugar a una labor terminológica colectiva que permita ir acuñando traducciones coherentes de algunos de estos nuevos términos. 
 
 

 
 

Lenguaje administrativo, eurolalia y transparencia 

Por la propia naturaleza de los textos con que trabaja, pero también por estar al servicio de organizaciones burocráticas, la traducción institucional toma como modelo estilístico el lenguaje político-administrativo, e inevitablemente refleja algunos de sus vicios: solemnidad innecesaria, pedantería, abuso de jergas. 

El traductor debe evitar estos vicios. El registro solemne, por ejemplo, sólo es apropiado en determinadas categorías de textos, como acuerdos internacionales o propuestas de resolución. Por lo que se refiere a la jerga comunitaria o «eurolalia», cabe distinguir dos clases. Hay, en efecto, un lenguaje propio de la UE que se puede considerar no sólo correcto, sino necesario, en su calidad de lenguaje especializado. Se incluyen aquí todos los términos y expresiones que se han ido poniendo en circulación desde la creación de las Comunidades Europeas, términos que denominan elementos específicamente comunitarios que carecen de equivalente en los ordenamientos jurídicos nacionales: «comitología» es un buen ejemplo. Otros, como «acervo comunitario» o «directiva», fueron seguramente, en su día, expresiones chocantes que hoy ya no sorprenden a nadie. 

Sin embargo, la eurolalia resulta verdaderamente problemática cuando se convierte en una jerga endogámica, ininteligible para quienes no frecuentan los pasillos de las Instituciones. Desde hace unos años, la campaña Fight the Fog, iniciada en la Comisión, intenta combatir la opacidad de los textos comunitarios. Si los originales no siempre cumplen los requisitos de claridad, concisión y sencillez, el traductor (que, como hemos visto, es  «redactor» en la lengua de llegada) debe tenerlos siempre como meta en el plano estilístico. De hecho, la claridad en la legislación comunitaria, y en los textos producidos por la UE en general, permitirá a los ciudadanos europeos entender la normativa que les concierne. La claridad es, en última instancia, una cuestión de democracia. 
 
 

 
 

Fuentes y documentación 

De todas estas características de la traducción institucional no es difícil deducir que, hoy por hoy, lo que se espera del traductor institucional no es únicamente un texto correcto y fiel al original. Entre las obligaciones del traductor institucional figuran también el respeto de la forma (modelos, frases tipo), el uso del lenguaje específico común (denominaciones de órganos, expresiones acuñadas, terminología pertinente) o la exactitud de las citas (títulos de documentos, cargos, programas). 

En la actualidad, el traductor tiene a su disposición multitud de herramientas informáticas que van a facilitar su tarea: bases de datos jurídicas, terminológicas o documentales, recopilaciones, glosarios... e Internet. La era electrónica, con su multiplicidad de fuentes, tiene dos implicaciones inmediatas para la labor del traductor institucional. En primer lugar, le obliga a conocer al dedillo las herramientas a su disposición. Sería imperdonable, por ejemplo, hacer una versión propia de una cita de las Conclusiones de la Cumbre de Niza cuando existe una traducción oficial fácilmente accesible en red. En segundo lugar, le impone un uso crítico de las fuentes, que las jerarquice según su rango y le permita distinguir las primarias de las secundarias (6). 
 
 

 
 

El factor tiempo 

La descripción sumaria de la traducción institucional quedaría incompleta si no habláramos del tiempo. 

La mayor parte de los documentos que traducimos llevan fecha de caducidad. El orden del día de una reunión, un proyecto de informe cuyo debate esté previsto en una comisión parlamentaria, una enmienda que deba votarse en el Pleno son, todos ellos, textos perecederos. Nuestro trabajo está sujeto a la tiranía de los plazos, lo que condiciona lógicamente el resultado final de nuestro esfuerzo. Entregada fuera de plazo, hasta la mejor de las traducciones pierde todo valor. 

Junto a este tiempo «corto», también el tiempo «largo» influye notablemente en nuestro trabajo en la medida en que el corazón de la Institución late al ritmo de acontecimientos que jalonan cíclicamente el calendario: todos los meses los períodos parciales de sesiones, cada año el presupuesto, cada quinquenio una nueva legislatura, y así sucesivamente. Cada uno de estos ciclos lleva aparejados tipos de documentos y procedimientos específicos, valles y picos en la carga de trabajo. 
 
 

 
 

El trabajo en equipo 

De dos de las características descritas (la tiranía de los plazos y el multilingüismo) se deriva a menudo la necesidad de asignar un trabajo a un grupo de traductores, bien porque el original es extenso y el plazo es breve, bien porque el original contiene pasajes en más de las dos o tres lenguas principales de un traductor, bien porque se dan todas estas circunstancias a la vez. En tales casos, el grupo debe poner especial cuidado en entregar un producto homogéneo: hay que evitar que en una parte del documento se emplee un término o un giro determinado y que en otra se emplee otro sospechosamente próximo a aquél. 

A esto se añade el hecho de que, en nuestro mundo, son raros los textos que no se basan en documentos precedentes, no siempre escritos en las mismas lenguas. Con frecuencia es necesario intervenir en textos ya traducidos para añadir modificaciones o párrafos nuevos, o incorporar pasajes traducidos por otros a las propias traducciones. 

Así pues, nuestro trabajo es casi invariablemente resultado de un esfuerzo colectivo. Como es natural, para este trabajo en equipo se requiere flexibilidad y espíritu deportivo. No pocas veces hay que descartar una solución brillante en aras de la coherencia con una solución anterior o con la labor de los compañeros con quienes se comparta un trabajo. 
 
 

 
 

En síntesis: el traductor institucional es ... 

El traductor en el Parlamento Europeo es un sujeto colectivo anónimo, polivalente -traductor, redactor, documentalista y terminólogo a partes casi iguales-, polígloto -es decir, capaz de descifrar, desmontar, rehacer sin que se note y trasladar en distintas direcciones materiales escritos en 19 lenguas, más las que vengan- y polifacético, porque a veces es biólogo, experto en balística o sociólogo, muchas veces es jurista y casi siempre es lingüista. También es polífono, porque su voz está hecha de muchas voces, y polífago, porque su dieta es forzosamente variada. 

Este retrato del traductor del Parlamento Europeo puede tener algo de entelequia, pero no es una quimera: ninguno de nosotros es todo eso, pero entre todos nos acercamos bastante. 
 
 

 
 

Para saber más sobre la traducción institucional 

Manuel Espín: 
Babel bajo control. Los servicios de traducción del Parlamento Europeo ante la ampliación de la Unión Europea  
Ponencia para el Congreso Internacional de Almagro - El español, lengua de traducción (12-14.5.2002)
http://europa.eu/comm/translation/events/almagro/html/espinmrci_es.htm 

Isabel Carbajal: 
Traducción institucional y neologismos: el caso de «género» 
Comunicación al Congreso Internacional de Almagro - El español, lengua de traducción (12-14.5.2002)
http://europa.eu/comm/translation/events/almagro/html/carbajal_corri_es.htm 

Adelina Gómez González-Jover: 
La equivalencia como cuestión central de la traducción en las instituciones de la Unión Europea  
Comunicación al Congreso Internacional de Almagro - El español, lengua de traducción (12-14.5.2002)
http://europa.eu/comm/translation/events/almagro/html/gomez_gonzalez_doc_es.htm 

Edward Seymour: 
Una cultura jurídica común: ¿ficción o realidad? (16.1.2002)
http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/art3cultjur.htm  

Teresa Ruiz: 
La profesión de traductor vista por un traductor español (1997) 
http://www.europarl.europa.eu/trans/2001-trad_es.pdf  
 
 

 
 

Notas:  

 
 

(1) Valentín García Yebra, Teoría y práctica de la traducción.  Madrid, 1982, Editorial Gredos, p.45  
 

 
 

(2)   De hecho, en la mayoría de las instituciones el régimen de lenguas vehiculares sustituye en la práctica al régimen de lenguas de trabajo. El caso del PE ha sido, hasta la fecha, especial porque todas lenguas oficiales se utilizan como lenguas de trabajo. La situación creada tras la ampliación del 1 de mayo de 2004 ha exigido, no obstante, la aplicación de medidas cautelares para evitar que la salvaguardia de los derechos lingüísticos de los diputados pueda comprometer el funcionamiento de la Institución (véase el artículo 139 del Reglamento del PE en Fundamentos jurídicos de la traducción institucional). 
 

 
 

(3) Las cifras relativas al año 2005 (enero - octubre) son las siguientes: checo - 0,55 %; danés - 1,24 %; alemán - 8,72 %; griego - 2,59 %; inglés - 49,66 %; español - 3,87 %; estonio - 0,32 %; finés - 0,87 %; francés - 19,71 %; húngaro - 0,56 %; italiano - 3,65 %; lituano - 0,34 %; letón - 0,36 %; maltés - 0,16 %; neerlanés - 2,16 %; polaco - 1,38 %; portugués - 1,92 %; eslovaco - 0,36 %; esloveno 0,35 %; sueco - 1,30 %. A título comparativo, véanse los porcentajes correspondientes a 2002 (antes de la adhesión): danés - 1,9 %; alemán - 10,0 %; griego - 2,6 %; inglés - 39 %; español - 6,1 %; finés - 1,6 %; francés - 25,4 %;  italiano - 4,7 %; neerlandés - 4,0 %; portugués - 2,5 %;  sueco - 2,2 %.   
 

 
 

(4)  El sistema con lenguas puente implica que, cuando el traductor desconoce la lengua del original, toma la primera traducción que esté disponible en una lengua que conozca.  
 

 
 

(5) Las lenguas troncales son dos o tres lenguas designadas previamente a las cuales y a partir de las cuales se han de traducir los textos.  
 

 
 

(6)Véase  «La jerarquización de las fuentes en la traducción institucional», en el capítulo Método de trabajo.