Garantizar el derecho de asilo 

Cualquier persona que huye de una persecución o del riesgo de sufrir daños graves en su propio país tiene derecho a solicitar protección internacional. El asilo es un derecho fundamental, y concederlo a aquellas personas que cumplen los criterios previstos en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951 es una obligación internacional para los Estados parte, entre los que figuran los Estados miembros de la UE. La Unión Europea incorporó los requisitos para tener derecho a protección internacional en su propio corpus jurídico, y amplió el concepto mediante la creación de una categoría de beneficiarios de protección internacional aparte de los refugiados, a saber, los beneficiarios de protección subsidiaria.

El derecho de asilo está garantizado por el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 19 prohíbe las expulsiones colectivas y protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados a un Estado en el que corran un grave riesgo de pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Los Estados miembros de la UE han llegado a un acuerdo sobre una política europea común en materia de asilo, que incluye la protección temporal y subsidiaria.

Los procedimientos de concesión de asilo deben ser al mismo tiempo justos y efectivos en toda la Unión. Esta es la base del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).

El SECA se compone de varios actos legislativos que abarcan todos los aspectos del proceso de asilo:

  • el «Reglamento de Dublín», que determina cuál es el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo.
  • una Directiva sobre los procedimientos de asilo que establece unas normas comunes para que los procedimientos de asilo sean justos y eficientes;
  • una Directiva sobre las condiciones de acogida que establece unos mínimos comunes en relación con las condiciones de vida de los solicitantes de asilo, y que garantiza que las personas solicitantes de asilo tengan acceso a alojamiento, alimentos, empleo y atención sanitaria;
  • una Directiva sobre el reconocimiento que establece quién puede beneficiarse del estatuto de refugiado o de una protección subsidiaria, y que otorga una serie de derechos a las personas beneficiarias (permisos de residencia, documentos de viaje, acceso al empleo y a la educación, protección social y asistencia sanitaria).