Relaciones con las organizaciones de la sociedad civil 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la democracia participativa ha sido un principio constitucional de la Unión Europea que tiene como objetivo reforzar su legitimidad democrática. El artículo 11 del Tratado de la Unión Europea promueve una elaboración de políticas inclusiva, transparente y participativa. En dicho artículo se dispone lo siguiente:

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.
3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.
4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados.
5. Los procedimientos y las condiciones preceptivos para la presentación de una iniciativa de este tipo se fijarán de conformidad con el párrafo primero del artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El apartado 1 codifica y refuerza el principio de democracia participativa, de manera que quede establecido como un valor fundamental de la Unión Europea.

El apartado 2 formaliza el proceso de «diálogo civil», con lo que promueve una interacción abierta, transparente e inclusiva entre la sociedad civil y las instituciones de la Unión para contribuir al desarrollo y la aplicación de políticas.

El apartado 3 obliga a la Comisión Europea a garantizar una elaboración de políticas transparente e informada, en particular mediante la realización de consultas públicas.

El apartado 4 introduce la iniciativa ciudadana europea (ICE), una herramienta que permite a la ciudadanía pedir a la Comisión Europea que realice propuestas legislativas en ámbitos en los que la Unión tiene competencia.

De conformidad con el artículo 27, apartado 5, del Reglamento interno del Parlamento Europeo, la presidenta ha encomendado a dos vicepresidentes que lleven a cabo la consulta estructurada con la sociedad civil.

Los vicepresidentes responsables de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil europea, incluida la iniciativa ciudadana europea, son Katarina Barley y Nicolae Ștefănuţă.

El diálogo con la sociedad civil cuenta con una larga tradición a escala europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y en virtud del artículo 11 del Tratado de la Unión Europea, incluso se ha consagrado como una obligación constitucional, y es por un buen motivo: un diálogo abierto y constructivo con la sociedad civil europea, en toda su diversidad, garantiza que todas las voces y opiniones se escuchen y se tengan presentes a escala europea. La comunicación con los responsables de la toma de decisiones de la Unión no debe ser un privilegio basado en intereses económicos de gran cuantía. Las organizaciones de la sociedad civil canalizan las preocupaciones de la sociedad y las transmiten a las instituciones de la Unión, lo que ayuda a garantizar que las decisiones se basen en las realidades y las necesidades de la ciudadanía tanto durante los procesos de elaboración como de aplicación.

Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil actúan como observadoras de las decisiones y debates europeos, interpretan procesos complejos e involucran a sus miembros en los debates. De este modo, actúan como multiplicadores y contribuyen a promover la transparencia en la elaboración de las políticas de la Unión. Para muchos ciudadanos, lo que sucede a escala europea puede parecer abstracto y lejano. Por tanto, la sociedad civil y sus organizaciones desempeñan una función crucial a la hora de colmar esta brecha y conectar a los ciudadanos con la toma de decisiones de la Unión, una tarea esencial frente a las crecientes tendencias autoritarias en todo el mundo.
El diálogo con la sociedad civil adopta muchas formas, como audiencias públicas, talleres de expertos, consultas e intercambios periódicos con organizaciones a todos los niveles. El Parlamento Europeo también coopera estrechamente con las organizaciones centrales europeas que representan intereses transfronterizos, para que así quede garantizado que se escuchen las perspectivas de todos los Estados miembros.

Como vicepresidentes responsables de las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil europea, nos comprometemos a ayudar a la sociedad civil a contribuir a los debates parlamentarios, supervisar la aplicación de las políticas de la Unión y exigir responsabilidades a las instituciones.