INFORME sobre el Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la cohesión económica y social
(COM(2001) 24 – C5‑0527/2001 – 2001/2207(COS))

11 de enero de 2002

Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo
Ponente: Francesco Musotto

PÁGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 2 de febrero de 2001, la Comisión transmitió al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones su Segundo Informe sobre la cohesión económica y social (COM(2001) 24 – 2001/2207(COS)).

En la sesión del 10 de diciembre de 2001, la Presidenta del Parlamento anunció que había remitido el informe, para examen del fondo, a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y, para opinión, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión de Pesca y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades(C5‑0527/2001).

En la reunión del 20 de marzo de 2001, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo designó ponente a Francesco Musotto.

En las reuniones de los días 10 de julio, 11 de octubre, 27 de noviembre y 19 de diciembre de 2001, examinó el informe de la Comisión así como el proyecto de informe.

En esta última reunión, aprobó la propuesta de resolución por 45 votos a favor, 1 voto en contra y 6 abstenciones.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Konstantinos Hatzidakis (presidente), Emmanouil Mastorakis, Rijk van Dam y Helmuth Markov (vicepresidentes), Francesco Musotto (ponente), Pedro Aparicio Sánchez (suplente de Carmen Cerdeira Morterero), Sir Robert Atkins, Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Philip Charles Bradbourn, Felipe Camisón Asensio, Luigi Cocilovo (suplente de Luigi Cesaro), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (suplente de Francis Decourrière), Jean-Claude Fruteau (suplente de Danielle Darras), Robert Goodwill (suplente de Jacqueline Foster), Mathieu J.H. Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle (suplente de Giorgio Lisi), Dieter-Lebrecht Koch, Brigitte Langenhagen (suplente de Reinhard Rack), Sérgio Marques, Linda McAvan (suplente de John Hume), Arlene McCarthy (suplente de Mark Francis Watts), Erik Meijer, James Nicholson (suplente de Dana Rosemary Scallon), Camilo Nogueira Román, Juan Ojeda Sanz, Josu Ortuondo Larrea, Wilhelm Ernst Piecyk, Giovanni Pittella (suplente de Carlos Lage), Samuli Pohjamo, Alonso José Puerta, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (suplente de Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Helena Torres Marques (suplente de Rosa Miguélez Ramos), Ari Vatanen, Adriaan Vermeer (suplente de Paolo Costa, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Demetrio Volcic y Brigitte Wenzel-Perillo.

Las opiniones de Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se adjuntan al presente informe; la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural decidieron respectivamente el 15 de marzo, el 11 y el 25 de abril de 2001 no emitir opinión.

El informe se presentó el 11 de enero de 2002.

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones en que se examine.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la cohesión económica y social (COM(2001) 24 – C5‑0527/2001 – 2001/2207(COS))

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Segundo Informe de la Comisión (COM(2001) 24 – C5‑0527/2001),

–   Vistos el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 158 a 162 y el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE,

–   Vistos los Reglamentos sobre los Fondos estructurales, sobre el Fondo de Cohesión y sobre el Fondo Estructural de Preadhesión,

–   Vista su Resolución de 19 de noviembre de 1997 sobre el Primer Informe Trienal sobre la cohesión económica y social[1],

–   Vista su Resolución de 31 de mayo de 2001 sobre la política de medio ambiente y desarrollo sostenible: preparación del Consejo Europeo de Gotemburgo,[2]

_   Vista su Resolución de 18 de enero de 2000 sobre el Sexto Informe periódico sobre la situación socioeconómica y el desarrollo de las regiones de la Unión Europea[3],

–   Vistas sus Resoluciones sobre los documentos de la Comisión relativos a la ejecución de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión y sobre la Agenda 2000,

–   Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones,

–   Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo,

_   Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (A5‑0007/2002),

A.   Considerando que el objetivo de la Unión Europea es caminar hacia una unión política cada vez más estrecha entre sus ciudadanos y promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo,

B.   Considerando que uno de los objetivos de la Unión Europea es promover un desarrollo armonioso en el conjunto de la Comunidad, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones, mediante, especialmente, el reforzamiento de su cohesión económica, social y territorial,

C.   Considerando que los desequilibrios regionales excesivos constituyen una amenaza tanto económica como política para la UE,

D.   Considerando que la política de cohesión es una de las políticas fundamentales de la Unión y del proceso de integración europeo; considerando que tanto la Comunidad Europea como los Estados miembros deben actuar para lograr la cohesión económica y social,

E.   Considerando que la política de cohesión, que no beneficia únicamente a las regiones menos avanzadas, sino al conjunto de la Unión, deberá estar orientada al desarrollo sostenible y sobre todo hacer frente a las necesidades de los países candidatos y, al mismo tiempo, garantizar actuaciones concentradas en las regiones con retraso en el desarrollo y en las regiones en fase de reconversión económica de los actuales Estados miembros y, por último, garantizar mayor calidad, simplificación y subsidiariedad,

F.   Considerando que la política de cohesión constituye un instrumento de solidaridad, cooperación y redistribución y que, en ese sentido, es una respuesta interna europea frente a una globalización económica incontrolada,

G.   Considerando que los resultados de la política de cohesión en estos últimos años han permitido reducir las disparidades entre los diferentes Estados, pero que, al mismo tiempo, las diferencias entre regiones dentro de algunos Estados miembros han aumentado; que, no obstante, siguen existiendo profundos desequilibrios económicos y sociales entre las diferentes áreas regionales de la Unión Europea, que se manifiestan en índices de desempleo y de pobreza muy superiores a la media comunitaria, bajos niveles de educación y formación, dotaciones inadecuadas por lo que se refiere a las infraestructuras, retrasos en materia de investigación e innovación y niveles de competitividad inferiores a los de las regiones más avanzadas,

H.   Considerando que la política regional ha tenido en los distintos Estados miembros resultados positivos en parte muy dispares,

I.   Considerando que la actual política de cohesión absorbe apenas el 30% de los recursos y cubre más del 30% de la población,

J.   Considerando que el éxito de la política de cohesión está estrechamente vinculado a un flujo adecuado de recursos financieros para su financiación y que el actual índice del 0,45% del PIB comunitario que se reserva a los Fondos estructurales para la programación actual representa un nivel insuficiente por debajo del cual no puede sino comprometerse seriamente la consecución de los objetivos de cohesión, con miras a la ampliación; considerando asimismo que sigue habiendo problemas administrativos para adecuarse a este índice,

K.   Considerando que el BEI ha aumentado su compromiso con la política de cohesión económica y social poniendo a disposición más recursos para acciones de política estructural y regional,

L.   Considerando que, de entrada, debe rechazarse cualquier tentativa de "renacionalización" de la política de cohesión de la UE, porque implica una dejación considerable de responsabilidades por parte de la UE en lo que concierne a la lucha contra las asimetrías regionales,

M.   Considerando que el objetivo de la política regional no es crear un régimen de subvenciones permanentes, sino lograr, a largo plazo, que pueda prescindirse de ella,

N.   Considerando además que el concepto de “cohesión territorial” es un componente importante de la cohesión y que el Esquema de Desarrollo Espacial Europeo (EDEE) puede contribuir en gran medida al desarrollo armonioso y equilibrado del territorio de la Unión,

O.   Considerando que una política regional que sea eficaz al responder a los diversos desequilibrios no puede tener como único criterio de elegibilidad de las regiones retrasadas en su desarrollo la mera referencia al umbral del 75% del PIB de la media comunitaria,

P.   Considerando que la futura ampliación es una etapa esencial de la construcción europea, ya que forma parte del fundamento mismo del proyecto europeo, es decir, garantizar la paz y la prosperidad económica en el continente,

Q.   Considerando que la ampliación de la Unión Europea traerá aparejado, como se indica en el Segundo Informe de la Comisión, un incremento de las disparidades entre las regiones y las diferentes zonas, habida cuenta de que la población y el territorio europeo aumentarán en un 30% mientras que el PIB comunitario crecerá únicamente un 5 %,

R.   Considerando que, tras la ampliación, muchas regiones del actual objetivo 1 superarán por un simple efecto estadístico, de acuerdo con los criterios actuales, el umbral del 75 % del PIB medio per cápita de la Unión Europea, sin que este hecho traiga aparejada una mejora del mismo orden del grado de desarrollo real,

S.   Considerando que la ampliación de la Unión Europea exigirá decisiones políticas valientes, no sólo en materia de presupuesto sino también por lo que se refiere a la coordinación de las diferentes políticas comunitarias existentes y sobre todo de la Política Agrícola Común, a fin de alcanzar los objetivos de la integración europea según se establecen en el artículo 2 del TCE,

T.   Considerando las desventajas geográficas de las regiones ultraperiféricas, las islas, las regiones rurales y de montaña y los territorios de baja densidad de población, que dificultan su desarrollo socioeconómico y estructural y necesitan un tratamiento específico,

U.   Considerando los graves problemas que sufren las regiones sometidas a cambios industriales, y reconociendo que la reconversión industrial continúa siendo un problema en los actuales Estados miembros,

V.   Considerando que la actual política agrícola común desempeña, con frecuencia y en la práctica, un papel contrario a la cohesión, como se pone de manifiesto en el segundo informe sobre la cohesión, y que absorbe aproximadamente el 50% del presupuesto de la UE, cubriendo apenas el 6% de la población,

W.   Considerando que, en virtud de los artículos 2 y 3 del Tratado CE, la Comunidad tiene por misión promover la igualdad de las mujeres y los hombres y que este objetivo también se ha de realizar en el marco de la política de refuerzo de la cohesión económica y social;

La actual política de cohesión económica y social

1.   Valora positivamente los resultados alcanzados en estos últimos años en materia de cohesión y la repercusión positiva de la política regional de la Unión Europea en el refuerzo de la cohesión económica y social de la Comunidad en su conjunto; recuerda que el principio de la cohesión, y por lo tanto de la solidaridad, está sancionado en los Tratados y constituye uno de los ejes de la integración de los pueblos y territorios de la Unión;

2.   Subraya, sin embargo, la falta de homogeneidad de los progresos realizados y, en particular, que junto a la recuperación en términos de renta per cápita entre los Estados miembros de la Unión siguen existiendo disparidades regionales inaceptables, que van aumentando en vez de disminuir, suscitando una fuerte preocupación por el posible agravamiento de la marginación de las regiones más atrasadas; toma nota de que con la ampliación se incrementará considerablemente la diferenciación entre las regiones y sus disparidades;

3.   Considera además que para el desarrollo de las regiones desfavorecidas resulta indispensable un aumento de la eficacia de la política regional y que ello también sería así aunque no hubiera ampliación; considera también que todos los participantes tienen que contribuir a este objetivo;

4.   Señala su convencimiento de que una política seria de desarrollo regional debe crear en las zonas atrasadas un contexto capaz de atraer nuevas inversiones y de eliminar estructuralmente los factores de atraso, en vez de limitarse a reducir los efectos con transferencias de recursos sólo compensatorios;

5.   Considera asimismo que el fomento del desarrollo de estas regiones debe llevarse a cabo mediante la mejora de la competitividad, la potenciación de las infraestructuras de comunicación y de transporte, la prestación de mejores servicios a las empresas y la población, el fomento específico de las PYME, la potenciación de los recursos humanos, fuertes inversiones en la investigación y en la innovación así como en una mejor cooperación entre las empresas, en especial la pequeña empresa, y los centros de investigación, las universidades y los organismos públicos, y una adecuada capacidad administrativa para poder utilizar con eficacia los Fondos y los instrumentos financieros comunitarios;

6.   Señala la necesidad de fomentar un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad y que el Esquema de Desarrollo del Espacio Europeo (EDEE) puede contribuir positivamente al desarrollo de un modelo policéntrico, capaz de corregir, a largo plazo, los desequilibrios del modelo centro-periferia;

7.   Subraya, en este sentido, la importancia de la cooperación entre los centros urbanos, las zonas rurales y las regiones periféricas; señala que las ciudades, en particular las pequeñas y medianas, deben considerarse como un elemento importante para el desarrollo;

8.   Recuerda que, de conformidad con el artículo 159 del Tratado CE, todas las políticas y acciones de la Comunidad deberán tener en cuenta los objetivos de cohesión económica y social; pide en este sentido a la Comisión que lleve a cabo una política comercial ofensiva que garantice una apertura de los mercados en condiciones de reciprocidad y asegure la capacidad exportadora de las empresas, ya que ello puede contribuir al mantenimiento de un alto nivel de ocupación en las zonas más desfavorecidas de la Comunidad, donde están ubicadas la mayoría de empresas que ocupan mucha mano de obra, como es el caso del sector textil;

9.   Afirma que el fomento activo de una política de igualdad de trato y de oportunidades para hombres y mujeres es una condición indispensable para conseguir una verdadera cohesión económica y social;

La cohesión en perspectiva: principales problemas actuales

10.   Expresa su preocupación por la persistencia de diferencias importantes por lo que se refiere al desempleo en muchas regiones de la Unión Europea y un nivel insuficiente de formación profesional, y señala su convencimiento de que una política seria de desarrollo regional, que cuente con instrumentos flexibles, puede crear en las zonas menos avanzadas y en las zonas de reestructuración industrial nuevas perspectivas de inversión y ocasiones de empleo, así como potenciar los recursos territoriales disponibles;

11.   Lamenta que la asociación sólo se haya aplicado parcialmente; de hecho, algunos sectores (ONG, autoridades locales) sólo han sido consultados al final del proceso, o se les ha dado un tiempo limitado para contribuir a la programación 2000-2006; pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que apliquen el principio de “partir de la base” en los estadios de programación, aplicación y evaluación, de manera que los actores locales y regionales se vean totalmente implicados, tanto en las regiones actuales de la UE como en los países candidatos;

12.   Lamenta el hecho de que no se pueda imponer ninguna sanción a los Estados miembros que incumplan el principio de adicionalidad; además, manifiesta su acuerdo con la recomendación del Tribunal de Cuentas de que, para el nuevo periodo de programación, se elaboren procedimientos para verificar la adicionalidad que sean más prácticos, estén integrados en los marcos de programación, control y evaluación y que sean susceptibles de utilizarse con la información presupuestaria y estadística disponible; pide a la Comisión que presente al Parlamento, lo antes posible, una lista de medidas que vaya a aplicar para asegurar la observancia de este principio;

13.   Insiste en la necesidad de afrontar cuanto antes el problema, tantas veces planteado, de la contribución de las otras políticas comunitarias a la política de cohesión y, en particular, de aquellas políticas que tienen un fuerte impacto territorial, como la Política Agrícola Común y la política de transportes pide, por lo tanto, a la Comisión que lleve a cabo una vigorosa acción de reorientación de dichas políticas en favor de la cohesión, poniendo en el punto de mira la prosecución de la reforma de la Política Agrícola Común;

14.   Considera que, en el futuro, la política destinada a mejorar la cohesión económica y social debería, si no ya ser la principal política de la nueva Unión, desempeñar al menos un papel importante, ya que cumple una función fundamental para la integración de sus pueblos y territorios;

15.   Solicita, en este sentido, que la Comisión Europea presente, con la mayor brevedad posible, un análisis más detallado del impacto de las principales políticas comunitarias sobre la cohesión económica y social tomando como base los indicadores socioeconómicos que se están elaborando; considera, por tanto, que es muy necesario aplicar un sistema de supervisión del distinto efecto que tienen las diversas políticas comunitarias en la cohesión europea;

16.   Pide, en particular, a la Comisión que persiga la reorientación de la PAC, prosiguiendo la reforma de ésta y teniendo en cuenta la dotación presupuestaria que la caracteriza y la necesidad de garantizar una mayor convergencia y coherencia con las políticas de cohesión;

17.   Considera que los problemas particulares de los territorios con desventajas de carácter geográfico, como las regiones ultraperiféricas e insulares, las zonas de montaña, las zonas poco pobladas y las de clima desfavorable o grandes distancias; deberán tomarse en consideración adecuadamente en la política regional; que las regiones insulares, al igual que otros territorios con desventajas de carácter geográfico, deben figurar en las prioridades de la política regional, en particular, mediante la aplicación del artículo 158 del Tratado;

18.   Hace hincapié en el hecho de que las regiones ultraperiféricas deben continuar siendo una prioridad de la política regional y de cohesión a través de los nuevos progresos que habrán de realizarse en la aplicación del apartado 2 del artículo 299 del Tratado;

19.   Pide que se tenga muy presente que la actividad pesquera constituye un sector estratégico para muchas regiones periféricas y del objetivo 1, sobre la que se ha creado el más importante, y a veces el único, tejido industrial y generador de empleo; recuerda, por ello, que los instrumentos implantados para distribuir el acceso a los recursos en el seno de la UE, como el mecanismo de la estabilidad relativa, no pueden tener como consecuencia un aumento de la desigualdad interregional, y que, al contrario, deben tener como objetivo el logro de la cohesión; por ello, y dado que la estabilidad relativa debe guardar una estrecha relación con la dependencia actual de la pesca de las regiones litorales, insiste en la necesidad de estudiar si el mecanismo debe ser actualizado;

Una cohesión más fuerte: acciones y métodos

20.   Considera esencial asegurar el máximo grado de coherencia entre la acción desarrollada a nivel europeo, en nombre de la política de cohesión, y las políticas internas de los Estados miembros de apoyo al desarrollo; pide, por lo tanto, a los Estados miembros, de acuerdo con los principios de adicionalidad y subsidiariedad, que apoyen el esfuerzo de convergencia económica regional que se realiza a nivel europeo, también a través de una política sensata de inversiones que sirva de base a la intervención europea y sepa atraer nuevos recursos en las zonas más retrasadas;

21.   En este sentido, considera especialmente importante, cuando ello sea posible y deseable, fomentar el desarrollo de asociaciones públicas/privadas para financiar infraestructuras que contribuyan al desarrollo económico;

22.   Hace hincapié en la necesidad de adaptar la política de competencia (especialmente por lo que se refiere a las ayudas de Estado con finalidad regional) y la política fiscal (por lo que se refiere a los regímenes fiscales con excepciones) a la política regional y de cohesión; por lo que se refiere a las políticas fundamentales para el futuro de regiones con retraso en su desarrollo, deberían revisarse para promover el crecimiento, habida cuenta de que una política regional que se base únicamente en los Fondos estructurales no basta para recuperar el atraso acumulado;

23.   Opina que el refuerzo de la asociación, especialmente a través de una mayor participación de todos los agentes económicos y sociales, constituye un requisito importante para que mejore la gestión de la política regional;

24.   Se congratula de la decisión de revisar el funcionamiento de la política de ayudas de Estado y de iniciativas de regeneración que impliquen financiación privada como resultado de las conclusiones del Consejo informal del 8 de octubre de 2001, y subraya la necesidad de que la Comisión dé prioridad a esa revisión para que la política de competencia pueda apoyar y dar realce a las políticas de cohesión regional;

25.   Solicita a la Comisión que respete íntegramente las disposiciones reglamentarias previstas para el contenido de los informes sobre la cohesión económica y social, ya que el segundo informe no incluye el análisis del efecto que tienen las políticas nacionales en la cohesión económica y social;

26.   Pide a la Comisión que establezca un Grupo de trabajo sobre cohesión para evaluar y mejorar la contribución a la política de cohesión de las otras políticas comunitarias;

27.   Pide que se garantice un mejor acceso de las PYME al capital de riesgo y al capital inicial a fin de promover las innovaciones;

28.   Atrae la atención de la Comisión Europea sobre la infrautilización de los créditos en determinadas zonas beneficiarias del objetivo 2 y le pide que tenga en cuenta esta situación en el marco de su reflexión sobre la próxima programación de los Fondos Estructurales;

29.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asignen más inversiones a las actividades de evaluación y control en los programas regionales 2000-2006 como un paso adelante en el fomento de la gobernanza a nivel local y regional;

La cohesión después de 2006

30.   Valora positivamente el Segundo Informe sobre la cohesión presentado por la Comisión Europea, y lo considera una base útil y necesaria para poner en marcha un debate más amplio sobre la política de cohesión después del año 2006; lamenta, sin embargo, que no se haya tomado debidamente en consideración el desafío que supone la próxima ampliación de la Unión ni, en particular, el impacto que tal desafío tendrá en la Unión misma como comunidad globalmente competitiva y unida; pide, en consecuencia, a la Comisión que prosiga el análisis, tanto de las repercusiones económicas y sociales de la ampliación, como de las condiciones de solidaridad necesarias para que la empresa tenga éxito; espera recibir pronto los resultados de las evaluaciones de los programas 1994-1999 y las evaluaciones provisionales de los programas 2000-2006 como claves para determinar los logros en las políticas de cohesión y para prioridades futuras; pide en especial a la Comisión que haga frente a las disparidades existentes en materia de progreso, pues algunas regiones siguen en retraso y otras alcanzan mejoras rápidas;

31.   Insiste en que sólo una correlación más rigurosa entre las medidas, adaptadas a las necesidades y al potencial de las regiones afectadas, y los recursos financieros necesarios permitirá alcanzar en el futuro los objetivos de la política de cohesión.

32.   Sugiere que la reforma de la política de cohesión tenga por objeto conseguir al mismo tiempo los objetivos consistentes en la necesaria toma en consideración de las necesidades de los países candidatos y en la garantía de una acción continuada en las regiones actualmente retrasadas en su desarrollo y en las que se hallan en fase de reconversión económica;

33.   Considera que se debe reducir la importancia de las fronteras en Europa, al mismo tiempo que se refuerza el proceso de integración, por lo que la cooperación interregional resulta esencial;

34.   Opina que la nueva política regional tendrá que prestar mayor atención – y, en consecuencia, mayores recursos – a la calidad de las inversiones (especialmente, los recursos humanos, la formación permanente y la capacidad innovadora), ideando nuevos instrumentos de ayuda regional específicamente encaminados a tal fin o utilizando mejor los instrumentos horizontales existentes;

35.   Hace hincapié, por lo tanto, en la necesidad de fomentar la cohesión territorial en Europa para evitar que la población, las actividades económicas, el empleo y las inversiones se concentren en las zonas más ricas y centrales de la Unión Europea;

36.   Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio acerca de cómo la política de cohesión beneficia al conjunto de la Comunidad, más allá de las regiones que perciben directamente la ayuda, al abrir posibilidades a empresas europeas de otras regiones, contribuir a la realización efectiva del mercado único, incrementar los intercambios comerciales y hacer más homogéneo el territorio de la Unión;

37.   Piensa que debería conservarse el Fondo de Cohesión, pero que debería convertirse en un instrumento de la política estructural sometido a las reglas de los Fondos Estructurales (programación, asociación, etc.);

Una Unión más grande y más compleja

38.   Señala su convencimiento de que, en la Unión que resultará tras la ampliación, la política de cohesión tendrá una función aún más importante, siendo una de las estrategias clave que podrán luchar contra desequilibrios tan acentuados buscando el crecimiento y la integración de las zonas menos avanzadas;

39.   Considera positiva la ampliación, que hará crecer el mercado interior de la UE, lo que a su vez implica un aumento total de la producción; señala que ello contribuirá, a medida que el nivel de consumo de los países candidatos vaya en aumento, al desarrollo de nuevos productos y servicios que puedan competir en el mercado mundial;

40.   Pone de relieve que la ampliación no debe hacerse a costa de las regiones más pobres de los Estados miembros actuales de la UE;

41.   Considera que en el contexto de una Unión ampliada será necesario un esfuerzo importantísimo de solidaridad, tanto política como económica y financiera, en favor de los nuevos Estados miembros, así como será fundamental seguir apoyando adecuadamente a las actuales regiones con atraso en el desarrollo y a las regiones en fase de reconversión económica;

42.   Considera que la ampliación incrementará las diferencias en el desarrollo entre los territorios centrales y los periféricos, como pone de manifiesto la Comisión;

43.   Comprueba que la próxima ampliación conducirá a una Unión caracterizada por desequilibrios nuevos y más fuertes entre territorios centrales y periféricos; desde tal perspectiva, considera que debe percibirse desde ahora mismo en la política de cohesión la estrategia capaz de mantener unida y hacer progresar a una Unión más grande, pero también menos homogénea; opina, por lo tanto, que la actual política de cohesión tendrá que revisarse, mejorarse y adaptarse a las exigencias de una Unión ampliada;

44.   Manifiesta su satisfacción por la oportunidad con que la Unión ha puesto en ejecución nuevos programas (ISPA, SAPARD) y revisado los existentes (PHARE, INTERREG) con objeto de preparar a los nuevos Estados miembros a incorporarse a las políticas comunitarias, adquiriendo experiencias significativas y preparando las estructuras político-administrativas que deberán resultar plenamente operativas tras la adhesión;

45.   Considera urgente que se disponga de mecanismos operativos para mejorar la coordinación entre, por una parte, los Fondos Estructurales y, por otra, los programas FED, PHARE Y MEDA;

Adaptar los instrumentos a los retos

46.   Opina que debe reforzarse la exigencia de que las autoridades regionales y locales participen ampliamente en la programación y aplicación de los Fondos estructurales;

47.   Lamenta los retrasos reiterados en la puesta en marcha de los programas, ocasionados, en parte, por los Estados miembros y, en parte, por la Comisión; pide a la Comisión que aclare si en el futuro se podrían diferenciar los periodos de programación de los programas objetivo y de las iniciativas comunitarias, a fin de que no se produzcan pausas entre los periodos de programación, y que no coincidan la fase de preparación de los programas con las negociaciones;

48.   Considera que los objetivos de las iniciativas comunitarias deben incorporarse en los Fondos estructurales, ya que constituyen un instrumento de intervención importante para atenuar los problemas inherentes a la renovación urbana y a la dimensión transnacional, transfronteriza (terrestre o marítima) e interregional de la Unión; que opina a ese respecto debe reaccionarse de manera apropiada ante las deficiencias que se presenten;

49.   Considera necesario establecer nuevas y mejores normas y procedimientos con vistas a garantizar una aplicación efectiva del principio de la mejor relación de calidad/precio;

50.   Considera, además, que las regiones en fase de reconversión deben poder beneficiarse de un objetivo 2 renovado y más centrado en sus objetivos, basado en un número reducido de criterios territoriales específicos y aplicable únicamente fuera del objetivo 1; subraya la importancia de fomentar los objetivos acordados en Lisboa y Estocolmo, esto es, la economía del conocimiento, la competitividad y la innovación, la inversión en capital humano, la lucha contra la exclusión social y el fomento del desarrollo económico sostenible;

51.   Considera que la gestión del objetivo 3 debería tener más en cuenta las características regionales y locales;

52.   Considera necesaria una mejor coordinación entre la dimensión urbana y la dimensión rural de la política de desarrollo regional;

53.   Considera que una política agrícola reformada debe estar coordinada con la política regional y fomentar el desarrollo rural;

54.   Pide a la Comisión que anticipe la presentación del tercer informe sobre la cohesión para que el Parlamento Europeo pueda emitir su propio dictamen antes de que expire su mandato y el de la propia Comisión;

La financiación de la futura política de cohesión

55.   Reitera que la futura política de cohesión debe basarse en los principios de solidaridad, asociación y adicionalidad;

56.   Hace hincapié en el problema de los recursos financieros, que deberán adecuarse al reto de una Europa ampliada; subraya la importancia de que se mejore la eficacia de las políticas de cohesión;

57.   Considera, por lo tanto, que el umbral actual del 0,45 % del PIB comunitario destinado a la política de cohesión es un umbral por debajo del cual no puede sino comprometerse el logro de la política de cohesión y que el presupuesto necesario para financiar la futura política de cohesión debería establecerse a un nivel más elevado;

58.   Reitera la importancia del principio de adicionalidad, el único que puede garantizar medios adecuados y sinergias operativas con los Gobiernos de los Estados miembros; desde este punto de vista, opina que debe mantenerse el umbral máximo del 4 % del importe de los Fondos comunitarios con respecto al PIB de cada Estado miembro;

59.   Considera que la “convergencia estadística” que se llevará a cabo con la adhesión de los nuevos países no debe confundirse con la “convergencia real” de los actuales beneficiarios: éstos no se convertirán automáticamente en ricos por el mero hecho de que entren a formar parte de la Unión regiones más pobres;

60.   Es de la opinión de que, aun no adoptando por ahora una posición definitiva sobre las cuatro opciones indicadas por la Comisión, no exhaustivas, sobre el derecho a acogerse a la política comunitaria de cohesión de las regiones menos avanzadas de la Unión, las regiones que en el futuro ya no puedan acogerse al objetivo 1 deben poder seguir teniendo derecho a una ayuda comunitaria, de acuerdo con criterios que deben establecerse; opina igualmente que las opciones 1 y 4 indicadas por la Comisión no son aceptables;

61.   Considera a este respecto que, para evitar el denominado “efecto estadístico” en la futura política de cohesión, sería necesario barajar junto al parámetro del PIB per cápita, admitiendo el carácter sustancial del mismo, otros indicadores alternativos, en primer lugar el índice de desempleo; deberán tomarse en cuenta otros parámetros para medir los problemas críticos territoriales y las dificultades de desarrollo, como el índice de zona periférica, la dotación de infraestructuras y transportes, los niveles de actividad en el ámbito de la investigación y de la innovación y la calidad de los recursos humanos (educación y formación); así como un índice que mida la diversificación de la estructura productiva regional;

62.   Pide, por lo tanto, a la Comisión que, de acuerdo con Eurostat, presente cuanto antes nuevos indicadores estadísticos que puedan aplicarse a las regiones y que tengan en cuenta, en especial, la competitividad de estas regiones en términos de accesibilidad, infraestructuras, investigación e innovación, educación y formación, diversificación de las actividades productivas e índice de desempleo;

63.   Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.

• [1] DO C 371 de 8.12.1997, p. 48.
• [2] Textos aprobados, punto 11.
• [3] DO C 304 de 24.10.2000, p. 62.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.   Introducción

El debate sobre la política de cohesión suscitado por el "Segundo informe sobre la política de cohesión económica y social" de la Comisión ha sobrepasado desde el principio los límites de una valoración rutinaria. El presente informe pretende ofrecer elementos para la reflexión y debe considerarse como una primera contribución al diálogo.

El reciente Foro de Bruselas ha puesto de manifiesto la complejidad del conjunto de intereses y necesidades al que deberá hacer frente la Unión y a los que deberá dar respuestas concretas; así pues, se esperan numerosas contribuciones, clara expresión de pluralismo, que encontrarán en el Parlamento más que en ningún otro sitio la mayor atención.

2.   Un gran éxito...

Debemos partir de esta primera constatación: la política de cohesión es uno de los mayores éxitos del proceso de integración comunitario y constituye una de las piedras angulares de la integración comunitaria.

Los datos y los indicadores del Informe muestran sin medios términos el camino recorrido: entre 1988 y 1998, el PIB por habitante de las regiones del objetivo nº 1 ha pasado del 63 al 70% de la media comunitaria. Ello gracias al impulso de los fondos comunitarios, que han movilizado considerables recursos nacionales e inversiones privadas. La cohesión, además, no beneficia sólo a quienes usan directamente los fondos, sino también a los países "contribuyentes netos" en forma de exportaciones de bienes y servicios.

... con alguna zona oscura

Los éxitos indiscutibles no pueden ni deben esconder las dificultades. Un ejemplo: en algunas regiones del objetivo nº 1 y en fase de reconversión económica no se ha reducido la tasa de desempleo.

También hay que destacar que, a la convergencia a nivel comunitario en términos de PIB per cápita se contrapone una divergencia bastante neta a nivel nacional entre las regiones prósperas y las menos avanzadas. Cabe, quizás, achacarlo a las políticas nacionales que, probablemente, no siempre se han aplicado con la finalidad de alcanzar los mismos objetivos que las políticas estructurales comunitarias.

Otro motivo de reflexión lo representa el hecho de que el porcentaje de transporte por carretera ha aumentado en toda la Unión, mientras que en el sector medioambiental -sin duda el primer recurso "natural" para el desarrollo de muchas áreas de cohesión- las intervenciones estructurales (para la gestión de residuos, de los recursos hídricos o de la energía) parecen situarse por debajo de lo necesario para asegurar un desarrollo duradero y sostenible que no incida negativamente en la vida cotidiana

3.   El período 1994-1999

Examinando de cerca la puesta en marcha de los programas estructurales, es posible apreciar que, a pesar de cierta incertidumbre inicial, los resultados de la ejecución presupuestaria para el período 1994-1999 son positivos y señalan una mejora decisiva respecto al período precedente.

Las inversiones realizadas en proyectos de infraestructuras ofrecen resultados muy positivos, especialmente en el sector de los transportes, que ha absorbido una parte considerable del total de las inversiones, a pesar del estado de las infraestructuras, con frecuencia deterioradas o incluso inservibles. No hay duda de que la accesibilidad es un factor determinante para la competitividad, en especial para las áreas más periféricas y las islas. Así pues, se puede afirmar que dichas intervenciones han sido positivas y que hoy en día las regiones periféricas son menos marginales.

Pero es obvio que todavía no se han satisfecho todas las necesidades y el concepto de periferia sigue siendo relativo: reducir las disparidades en materia de infraestructuras no lleva necesariamente a un incremento de la competitividad, puesto que las dotaciones de infraestructuras de transporte también aumentan en las regiones más céntricas, que , de hecho, conservan así sus relativas ventajas iniciales. Además, hay que tener en cuenta el "coste" ambiental ligado en ocasiones a proyectos de transporte: la necesidad de disponer rápidamente de ejes de comunicación y de transporte para una economía en crecimiento ha conducido en los últimos tiempos a preferir el transporte sobre ruedas en detrimento de otras modalidades con menor impacto medioambiental.

4.   Hacia una Europa mayor y más compleja

La política de cohesión, tal y como se define en el Tratado, es una dimensión fundamental del proceso de integración comunitaria. No obstante, esta política deberá remodelarse en el futuro en función de los nuevos contextos de la ampliación. Por otra parte, es fundamental basar la futura política regional en los resultados de las evaluaciones del actual período de programación.

4.1 La dimensión del reto

El Segundo Informe sobre la cohesión económica y social presenta las características de una Unión ampliada y examina todos los problemas relacionados. La diferencia entre “ricos” y “pobres” aumentará de manera significativa, ya que una sexta parte de la población comunitaria tendrá una renta que apenas alcanzará los 40 puntos porcentuales de la media comunitaria.

Para poder afrontar este nuevo contexto con anticipación, la Unión Europea ha elaborado una estrategia cuyas líneas fundamentales se indican en la Agenda 2000. La magnitud del reto ha exigido la creación de programas de preadhesión y de instrumentos operativos con objeto de que los países candidatos puedan incorporar el acervo comunitario y de que dispongan de estructuras administrativas para la aplicación de las políticas comunitarias y de la política regional.

El instrumento de preadhesión ISPA, creado sobre el actual Fondo de cohesión, y el programa SAPARD, constituyen dos ejemplos concretos de instrumentos creados para ayudar a los países candidatos.

4.2 Problemas sobre el terreno

El cometido que debe llevarse a cabo con mayor urgencia se refiere a la capacidad de aplicar y gestionar los programas estructurales en los países candidatos. Este cometido no se refiere únicamente a cada Estado, sino a toda la Unión. En el estado actual, debe reconocerse que se han llevado a cabo muchos progresos en la buena dirección, aunque siguen existiendo numerosas dificultades. En algunos Estados, faltan todavía las estructuras de gestión y, en otros, no se han delimitado con claridad las competencias y los procedimientos de cooperación, tanto horizontales como verticales.

5.   Tendencias y perspectivas

5.1 La dimensión territorial

La concentración de la riqueza europea en la zona central de Europa (identificable desde el punto de vista geográfico por un triángulo cuyos vértices son el Yorkshire septentrional, el Franco-Condado y Hamburgo, esto es, una séptima parte de la superficie comunitaria), podría resultar perjudicial a más largo plazo, ya que podría implicar la infrautilización de los recursos disponibles en la mayor parte del territorio europeo, constituido por las regiones periféricas (resulta significativa a este respecto la comparación con los Estados Unidos, indicada en el mismo Informe). Por ello, es necesario fomentar una auténtica política de desarrollo territorial. El Esquema de Desarrollo Espacial Europeo, aprobado por los Ministros competentes para el territorio en mayo de 1999 en Potsdam, bajo la Presidencia alemana de la UE, constituye una importante fuente técnica de información y un instrumento útil para abordar el tema de la organización del territorio a escala europea con especial referencia a las redes, materiales e inmateriales.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de un modelo policéntrico (y ya no de un modelo de desarrollo centro-periferia) debe ser un elemento fundamental de la estrategia de la Unión para el fomento de un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio de la Unión.

Por este motivo, la dimensión territorial debe ser un elemento fundamental del objetivo de cohesión de la UE, de conformidad con lo previsto en el Tratado. Además deberá concederse una atención especial a las zonas ultraperiféricas, a las zonas insulares, a las zonas de montaña y a los territorios con baja densidad de población, con objeto de evitar que queden al margen del proceso de integración comunitario.

5.2 Innovar en la solidaridad

El debate sobre el futuro de la política regional deberá permitir acomodar dos necesidades fundamentales: la solidaridad con respecto a los nuevos Estados miembros y la protección de los actuales beneficiarios de las políticas de cohesión. En efecto, si se quiere una Unión cohesionada y fuerte, será necesario llevar a cabo un gran esfuerzo de solidaridad -política, económica y financiera- con respecto a los nuevos Estados miembros, así como también será fundamental seguir apoyando a las regiones con atraso en el desarrollo y en reconversión económica de la Europa actual. La “convergencia estadística” que se llevará a cabo con la adhesión de países menos desarrollados no debe confundirse con la “convergencia real” de los actuales beneficiarios, que no se convertirán automáticamente en más ricos por el mero hecho de que se produzca la adhesión de regiones más pobres.

5.3 Eficacia y simplificación

La estrategia que debe aplicarse deberá basarse en la erradicación de los múltiples factores que frenan el desarrollo de las regiones menos favorecidas. Desde esta perspectiva, será necesario marcar como objetivo modalidades de gestión que puedan mejorar la operatividad de las medidas. Se trata, en especial, de fijar como objetivos:

-   una división de papeles más clara ente la Comisión y los demás niveles gubernamentales (nacional y regional);

-   una mayor sencillez de los procedimientos;

-   mayor subsidiariedad y mayor descentralización;

-   la racionalización de los instrumentos de intervención (esto es, una reducción del número de fondos, ya que en la actualidad hay demasiados y se encuentran muy fragmentados);

-   una mejor coordinación entre las políticas comunitarias (política agrícola, política de transportes, política de investigación e innovación, política de educación y formación, política de competencia y política fiscal) y la política de cohesión, con objeto de que contribuyan al desarrollo del conjunto del territorio de la Unión.

6.   A partir de 2006

Debe preservarse el carácter unitario de la política de cohesión y debe evitarse que, en nombre de la subsidiariedad, se vaya hacia una renacionalización, ya que 27 políticas nacionales de cohesión, aunque se trate de las mejores, no pueden actuar en el marco de un único contexto socioeconómico como el del mercado interior.

Además, la política de cohesión posterior a 2006 deberá tener bases al mismo tiempo sencillas y eficaces:

-   el mantenimiento de un objetivo número 1 para las regiones que sigan caracterizándose por un fuerte atraso en el desarrollo, medido principalmente en renta por habitante,

-   un nuevo objetivo 2 para las demás regiones, especialmente las regiones en fase de reconversión económica, basado en nuevos criterios e indicadores territoriales (grado de situación periférica, accesibilidad, infraestructuras, investigación e innovación, educación y formación, diversificación de las actividades productivas, tasa de desempleo) y en un mecanismo de financiación degresivo que sea proporcional a la gravedad de los problemas estructurales.

La futura política de cohesión debería tener en cuenta asimismo la dimensión de la cooperación regional (transfronteriza, transnacional e interregional) y la dimensión urbana.

Por último, la futura política de cohesión deberá contar con recursos financieros adecuados. El umbral actual del 0,45 % del PIB comunitario es un umbral por debajo del cual no puede sino comprometerse el logro de los objetivos de la política de cohesión, y debería aumentarse el presupuesto necesario para financiar la futura política de cohesión.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS

20 de noviembre de 2001

para la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo

sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la cohesión económica y social

(COM(2001) 24 – C5‑0527/2001 – 2001/2207(COS))

Ponente de opinión: Harald Ettl

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 10 de abril de 2001, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios designó ponente de opinión a Harald Ettl.

En las reuniones de los días 25 de junio, 12 y 13 de septiembre y 16 de octubre de 2001, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Christa Randzio-Plath (presidenta), José Manuel García-Margallo y Marfil y Philippe A.R. Herzog (vicepresidentes), Harald Ettl, ponente de opinión (suplente de Helena Torres Marques), Generoso Andria, Richard A. Balfe, Luis Berenguer Fuster, Pervenche Berès, Hans Udo Bullmann, Benedetto Della Vedova, Jonathan Evans, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Christopher Huhne, Pierre Jonckheer, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Piia-Noora Kauppi, Werner Langen (suplente de Christoph Werner Konrad), Jules Maaten (suplente de Olle Schmidt), Thomas Mann (suplente de Brice Hortefeux), Ioannis Marinos, Ioannis Patakis, Karla M.H. Peijs (suplente de Marianne L.P. Thyssen), Fernando Pérez Royo, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Peter William Skinner, Ieke van den Burg (suplente de Bruno Trentin), Theresa Villiers y Karl von Wogau.

BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de los informes sobre la cohesión económica y social en la UE consiste no sólo en analizar la situación en un momento dado, sino sobre todo en evaluar a lo largo del tiempo la calidad de los mecanismos de control en un contexto económico que cambia con gran rapidez. Sólo los mecanismos y las políticas de aplicación flexible que contribuyan a evitar un distanciamiento excesivo entre las regiones podrán evitar, en la perspectiva de la ampliación de la UE, los conflictos y situaciones de crisis.

Parte I. Situación actual y tendencias

Si bien la política de cohesión como instrumento para reducir las disparidades de ingresos ha producido mejoras en la política europea de redistribución, aún no ha podido resolver graves problemas regionales en el interior de algunos Estados miembros. Está claro que las causas de este proceso sólo se encuentran en pequeña medida en los incentivos y ayudas de los propios mecanismos estructurales, y en mucha mayor medida en las prioridades políticas fijadas por los Estados miembros. Los mayores obstáculos para los esfuerzos de mejora de las regiones desfavorecidas siguen siendo los niveles de educación y formación de los sectores más pobres de la población. Esta situación se debe a la falta de instalaciones educativas y a las deficiencias de las infraestructuras para la formación industrial y empresarial. Difundir e incentivar el aprendizaje a lo largo de toda la vida sin los medios necesarios no es suficiente.

Los puntos de cristalización del crecimiento son las ciudades de Europa, algunas de las cuales también sufren, lamentablemente, los mayores desequilibrios sociales. Un vistazo a los países candidatos nos muestra un catálogo de problemas similar al de la propia UE. En todo caso, es necesario tomar desde ahora medidas de prevención frente a procesos negativos que ya se perfilan, ante todo debido a los rapidísimos cambios en la estructura industrial.

La baja productividad del trabajo y la gran proporción de la población activa en la agricultura, así como el retroceso permanente del empleo de la mujer (pese a un nivel inicial elevado) sólo son algunas de las cuestiones que plantean nuevas exigencias al conjunto de la política europea de cohesión.

Parte II. Aportación de las políticas comunitarias a la cohesión económica y social

Para la convergencia económica, es necesaria la armonización en general de la economía con la política de estabilidad monetaria. Aunque la presión del euro y las medidas de acompañamiento influyen en el ritmo de las medidas de reestructuración en la fase introductoria en las regiones con deficiencias estructurales, las medidas focalizadas del Fondo de Cohesión pueden producir rápidas mejoras con perspectivas de futuro positivas a largo plazo.

Es evidente que no conviene recortar excesivamente las ayudas regionales en la actual fase de reestructuración, con el argumento de las nuevas tareas que planteará la ampliación de la UE, incluso teniendo en cuenta sólo la dimensión de los grandes cambios que se están produciendo. Las zonas en las que aún predominan las "viejas industrias" se verán aún más afectadas por los cambios estructurales en la UE. La próxima revisión de los acuerdos comerciales a nivel mundial agravará aún más los problemas en este sector de aquí a 2005. Las exigencias de la nueva economía y de la sociedad del conocimiento serán una receta de acompañamiento para el cambio. El objetivo de lograr un desarrollo sostenible para aumentar la eficiencia energética tendrá como consecuencia sinergias óptimas económicas y medioambientales. Sin embargo, las exigencias de cambio e innovación también requieren un mejor acceso al capital riesgo y al capital inicial para las PYME.

Parte III. Resultados de la política de cohesión económica y social

A pesar de que los medios financieros del Fondo se han duplicado en los últimos diez años, no se ha podido hacer frente a graves problemas en el sector del empleo, como el desempleo de larga duración y de los jóvenes, debido a la gran dispersión de los recursos. Se requiere tanto una gestión más rigurosa en la fijación de prioridades como controles, con el fin de evitar una dispersión de las medidas.

CONCLUSIONES

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Señala que desde 1989 se ha conseguido mejorar, en general, el nivel de desarrollo de las regiones menos avanzadas con la ayuda de la política de cohesión y confirma, por consiguiente, su compromiso con el principio de la transferencia de fondos a fin de reducir las disparidades económicas en la Unión Europea actual y ampliada;

2.   Pide una mayor concentración de los recursos en problemas y reformas bien determinados con objeto de contrarrestar la tendencia a establecer un número excesivamente elevado de prioridades diversas y a aplicar el “principio de regadera" en la distribución de los recursos del Fondo;

3.   Deplora que en algunas regiones sólo se haya conseguido resolver de forma limitada el problema del desempleo crónico, en particular el de larga duración, de las mujeres y de los jóvenes;

4.   Pide que se instauren sin demora una gestión rigurosa y un sistema moderno de control en el contexto de una planificación y evaluación prospectivas;

5.   Señala que el proceso de ampliación de la UE no sólo requiere enormes esfuerzos por parte de los países candidatos, sino que también exigirá grandes esfuerzos financieros a la Unión Europea y a los Estados miembros, lo que afecta, por ejemplo, al establecimiento de factores de competitividad en la industria y la agricultura o en el sector de los transportes, para adoptar medidas preventivas que impidan una explosión del desarrollo;

6.   Señala que, al ritmo actual, se tardará al menos dos generaciones en lograr una convergencia aproximada sólo en el ámbito de la evolución de la renta, lo cual ilustra la naturaleza estructural del desarrollo regional, y pide, por consiguiente, el refuerzo de todas las medidas de acompañamiento, lo que conducirá a una reducción de las disparidades de la renta, a fin de precaverse contra las repercusiones de la ampliación sobre el mercado de trabajo;

7.   Subraya la importancia de garantizar que los nuevos Estados miembros y los países candidatos que se beneficien de los Fondos de Cohesión posean la capacidad administrativa necesaria para utilizarlos de forma fructífera y adecuada;

8.   Propone que las áreas prioritarias de apoyo en los nuevos Estados miembros y en los países candidatos sean las infraestructuras de transporte, las comunicaciones, la mejora del medio ambiente, la educación y la formación;

9.   Pide que se garantice un mejor acceso de las PYME al capital de riesgo y al capital inicial a fin de promover las innovaciones;

10.   Pide a los responsables de las decisiones que, en un contexto de cambios extraordinarios de la industria (debidos al desarrollo técnico y a la globalización, a la aceleración del cambio debido a la moneda única -que con seguridad es positivo-, y al proceso de ampliación de la UE), introduzcan en la política de cohesión un mayor dinamismo y una mayor rapidez de reacción ante los cambios, así como las medidas presupuestarias correspondientes para hacer frente a problemas cada vez más numerosos;

11.   Insiste en que sólo una correlación más rigurosa entre las medidas, adaptadas a las necesidades y al potencial de las regiones afectadas, y los recursos financieros necesarios permitirá alcanzar en el futuro los objetivos de la política de cohesión.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

4 de diciembre de 2001

para la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo

sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la cohesión económica y social

(COM(2001) 24 – C5‑0527/2001 – 2001/2207(COS))

Ponente de opinión: Elisa Maria Damião

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 21 de marzo de 2001, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía designó ponente de opinión a Elisa Maria Damião.

En las reuniones de los días 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2001, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por 39 votos a favor y 4 votos en contra.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Nuala Ahern (vicepresidente), Elisa Maria Damião (ponente de opinión), Gordon J. Adam (suplente de Glyn Ford), Ward Beysen (suplente de Willy C.E.H. De Clercq), Guido Bodrato, David Robert Bowe (suplente de Massimo Carraro), Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Harlem Désir, Concepció Ferrer I Casals, Christos Folias, Norbert Glante, Cristina Gutiérrez Cortines (suplente de Umberto Scapagnini), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (suplente de Werner Langen), Roger Helmer, Hans Karlsson, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Hans-Peter Martin (suplente de Elena Valenciano Martínez-Orozco), Hans-Peter Mayer (suplente de Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Angelika Niebler, Hervé Novelli (suplente de Marjo Matikainen-Kallström), Reino Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (suplente de Astrid Thors), John Purvis, Bernhard Rapkay (suplente de François Zimeray), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes (suplente de Nelly Maes), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Anders Wijkman, Myrsini Zorba y Olga Zrihen Zaari.

BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

La cohesión constituye uno de los mayores éxitos de la Unión Europea y sus objetivos se definen en el Tratado y en el Reglamento general de los Fondos Estructurales. Este segundo informe evalúa la eficacia de los Fondos Estructurales, la contribución de las políticas comunitarias para la cohesión y los retos que plantea la ampliación. La solidaridad en la UE se plasma en medidas de convergencia, entre las que debe destacarse destacar la UEM, que legitiman su modelo en el mundo.

Evaluación de la política de cohesión

Las disparidades entre Estados miembros siguen siendo importantes, a pesar de la aproximación a la media europea de los países de la cohesión. Se trata de una aproximación fundamental en la UE-15, basada en el incremento del esfuerzo financiero de la UE para lograr la cohesión en los 15 Estados miembros.

Los contrastes regionales en términos de renta per cápita se deben a los siguientes factores: baja remuneración y niveles inferiores de educación y formación; falta de innovación, investigación e introducción de nuevas tecnologías, especialmente de información y comunicaciones; explotaciones agrícolas tradicionales con crecimiento negativo en regiones que reciben menos ayuda comunitaria, a lo que debe añadirse elevados índices de envejecimiento y de mano de obra no cualificada o estacional.

Productividad

Las disparidades de productividad quedan claramente de manifiesto en euros en una Unión Europea de 27 miembros, ya que el PIB per cápita en euros es el mejor criterio de comparación en una Unión Europea ampliada a 27 países. La productividad es un indicador comparativo importante para debatir acerca del derecho de los Estados miembros a optar a los Fondos comunitarios. Habida cuenta de que los países de la ampliación necesitarán infraestructuras, la UE-15 deberá orientar su intervención en determinados ámbitos y sectores a la vez con flexibilidad y rigor cuando examine y aplique los Fondos. La aproximación en la UE-15 depende de la capacidad de inversión en sectores con elevadas plusvalías.

Economía y centralismo

El grado de especialización y de éxito de la economía de la UE se explica en parte por su excesiva centralización, lo que constituye una desventaja con respecto a otras regiones del mundo (compárese, por ejemplo, con la descentralización de la economía estadounidense). En un triángulo regional, la capacidad de inversión se conjuga con otras variables como la IDT, la educación y las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo que la productividad es 2,4 veces superior a la periferia de la UE.

Para lograr una mayor eficacia, es importante prever a largo plazo las consecuencias de una reducida inversión en la competitividad, en los factores macroeconómicos y sociales y en los factores negativos específicos de cada Estado miembro. Asimismo es importante definir caso por caso lo que es estructural, concepto en constante evolución y al que los Consejos celebrados tras el Consejo de Lisboa añaden nuevos indicadores.

La Comisión debe seguir analizando y controlando el desarrollo regional y la eficacia en la aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como las variables que explican las razones por las que algunas regiones siguen en depresión tras haber recibido inversión comunitaria. Ante una economía europea especializada en los servicios (67% de la producción), las PYME adquieren un importante papel en la economía de la Unión Europea en general y por lo que se refiere a la creación de empleo en particular, lo que podrá favorecer la aparición de nuevos polos de actividad económica.

Reestructuración industrial

La reestructuración industrial y el crecimiento sostenible son temas obligatorios en el debate de la cohesión, al igual que la necesaria diversificación de actividades para lograr un equilibrio entre los Estados miembros, cuestión especialmente importante para los países de la ampliación, en los que se esperan reestructuraciones en la primera fase de integración. Paralelamente, las regiones menos prósperas, que presentan una gran concentración en sectores de bajo valor añadido, también deben fomentar esta diversificación.

Inversión en los ámbitos del conocimiento y de la educación

El conocimiento y la innovación son ejes fundamentales de desarrollo. Los países de la cohesión gastan por debajo de la media comunitaria en educación e investigación. Sin embargo, las economías más prósperas de la UE-15 gastan por encima del 2 % del PIB en I+D. El bajo nivel de educación de los países de la cohesión y también de Italia es importante por la relación existente entre ingresos salariales, cualificaciones y productividad. La relación entre cualificaciones y salarios es tanto más elevada en los países en que el porcentaje de personas con titulación es menor y donde la mayor parte de la población ha finalizado únicamente la escolaridad obligatoria, como es el caso de Portugal. El desarrollo de las economías nacionales y de un mercado único de trabajadores se obtendrá mediante mayor cualificación y mayor movilidad, a semejanza de la movilidad de las personas con titulación dentro de la UE.

Transportes

Son necesarios nuevos flujos de transporte para que aparezcan nuevos polos de actividad económica en el mercado único. La infraestructura vial, fundamental para dinamizar las economías regionales y los mercados de trabajo, es un sector importante de inversión en los países de la ampliación. Este tipo de transporte es mayoritario y, por lo que se refiere al transporte de mercancías, se encuentra en fase de expansión. El transporte marítimo puede aminorar costes y ser más favorable al medio ambiente, especialmente si se combina con el transporte ferroviario. Es irracional desde el punto de vista económico que el transporte ferroviario haya perdido cuota de mercado a pesar de la modernización. Resulta fundamental la inversión en transporte intermodal, debido a que, con la ampliación, aumentarán las zonas de costa. Por otra parte, en los países de la cohesión sigue siendo insuficiente esta inversión. En los países de la ampliación, el ferrocarril es el modo de transporte más desarrollado.

CONCLUSIONES

La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Considera que debe profundizarse y adecuarse la cohesión y que los criterios para optar a los Fondos deben tener en cuenta los diferentes problemas de las regiones menos desarrolladas de la UE y de los países candidatos a la adhesión;

2.   a)   Apoya a la Comisión en una evaluación cualitativa de los diferentes indicadores de los Estados miembros de la cohesión y de los países candidatos, y considera que la futura programación en una Unión Europea de 27 miembros debe tener en cuenta la especificidad de cada Estado miembro;

• b)Insta a la Comisión a concentrar los esfuerzos de la UE-15 para fomentar una orientación de la aplicación de los Fondos Estructurales en ámbitos y sectores concretos, imprimiendo al mismo tiempo flexibilidad en la aplicación y rigor en la evaluación;
• c)Insta a la Comisión a que ponga particular énfasis en que se tengan en cuenta, de conformidad con el artículo 159 TUE, los objetivos enunciados en el artículo 158 TUE cuando se formulen y desarrollen las políticas y acciones de la Comunidad;

3.   Apoya el crecimiento del esfuerzo financiero de la UE con respecto a la política de cohesión, especialmente a través de un mayor rigor en cuanto a la competencia y a la revisión presupuestaria de las políticas comunitarias:

• a)Considera que, por lo que se refiere a la política de cohesión, ninguna política con un esfuerzo financiero mayor debe poder neutralizarla;
• b)Toma nota de que los países más desarrollados conceden ayudas a la producción que representan la casi totalidad del presupuesto comunitario y que la falta de rigor por lo que se refiere a la competencia no favorece la cohesión ni el mercado interior;
• c)Considera que la UE necesita nuevos polos de actividad económica y una mayor diversificación de su economía;

4.   a)   Insta a la Comisión a que acelere la liberalización del mercado europeo de la energía y de las comunicaciones que respete el servicio universal;

• b)Insta a la Comisión a que promueva con carácter prioritario la eficacia energética y las investigaciones en materia de recuperación de energía y de fuentes de energía renovables;
• c)Insta a la Comisión a que acelere la creación de grandes redes transeuropeas de comunicación y de energía con vistas a una mejor interconexión entre las diferentes regiones de la UE;
• d)Exhorta a la Comisión a que ponga a punto las infraestructuras necesarias de acceso y de transportes (ferroviarios, marítimos y por carretera) a fin de subsanar las desventajas de las regiones periféricas en términos de competitividad, ya que de lo contrario se pondría seriamente en entredicho el esfuerzo de cohesión en curso;
• e)Pone de relieve la repercusión que pueden tener el precio y el tratamiento fiscal de las energías en las economías de las regiones periféricas y de ultramar;
• f)Recomienda que se ponga mayor énfasis en el desarrollo de fuentes de energía endógenas, incluidas las tecnologías limpias para la explotación energética del carbón, las fuentes de energía renovables, la energía nuclear y los hidrocarburos;

5.   Manifiesta su satisfacción por el impulso que representa el Sexto Programa marco de Investigación y subraya en particular la importancia que reviste el desarrollo de centros de excelencia en el ámbito de la ciencia y de la tecnología;

6.   Insta a la Comisión a que cree un espacio europeo de IDT y mejore la movilidad de científicos y jóvenes en formación, promoviendo la integración europea y la transferencia tecnológica;

7.   De acuerdo con el objetivo de Lisboa, la UE deberá encarrilar a la economía europea hacia el desarrollo de estructuras competitivas y dinámicas, tanto en los Estados miembros actuales como en los países candidatos, mediante una serie de acciones:

• a)inversiones en infraestructuras para apoyar el nuevo desarrollo industrial;
• b)fomento de la constitución de agrupaciones en el sector de las nuevas industrias (en particular, IT y biotecnologías);
• c)ayudas a la reestructuración de industrias más antiguas o en declive;
• d)reactivación de regiones en declive industrial;
• e)formación de personal más preparado y cualificado;
• f)examen de las posibilidades de fomentar la inmigración de personal altamente cualificado;

8.   Coincide con la Comisión en que resulta necesaria una política diferente con respecto a la empresa, especialmente por lo que se refiere a las dificultades que encuentran las PYME para acceder a la inversión, a la tecnología, a las cualificaciones de los recursos humanos y a la IDT;

9.   Recuerda que, de conformidad con el artículo 159, todas las políticas y acciones de la Comunidad deberán tener en cuenta los objetivos de cohesión económica y social. Pide en este sentido a la Comisión que lleve a cabo una política comercial ofensiva que garantice una apertura de los mercados en condiciones de reciprocidad y asegure la capacidad exportadora de las empresas, ya que ello puede contribuir al mantenimiento de un alto nivel de ocupación en las zonas más desfavorecidas de la Comunidad, donde están ubicadas la mayoría de empresas que ocupan mucha mano de obra, como es el caso del sector textil;

10.   Pide a la Comisión que siga apostando por la liberalización del comercio internacional a través de los mecanismos de la OMC, pero que esté preparada, no obstante, para proteger sectores vulnerables contra un dumping desenfrenado mediante una política antidumping eficaz;

11.   Coincide con la Comisión en que, debido a la disciplina macroeconómica para adoptar el euro, la UEM es un factor de estabilidad que tiene repercusiones positivas en la cohesión económica, al tiempo que facilita la competencia y la transparencia en la evaluación de las disparidades;

12.   Apoya la posibilidad, apuntada en el informe de la Comisión, de que el euro constituya una alternativa al indicador utilizado actualmente (PIB per cápita - IPC), lo que simplificaría el proceso para optar a los Fondos Estructurales y de Cohesión y reflejaría con mayor fiabilidad los niveles reales de ingresos;

13.   Considera que la presión sobre las regiones transfronterizas se desplaza hacia el este; los indicadores de pobreza en una UE de 27 países ponen de manifiesto el incremento de las disparidades regionales por lo que se refiere a los indicadores sociales; a pesar de que con la ampliación se espera un crecimiento económico para estas regiones, es importante que este crecimiento se lleve a cabo con arreglo a los objetivos de la cohesión; considera que los países de la ampliación, con sistemas sociales basados en el empleo protegido, encontrarán dificultades en la transición al mercado único;

14.   Insta a la Comisión a que emprenda una estrategia de creación de nuevos flujos de transporte con objeto de que aparezcan nuevos polos de actividad económica; será posible llevar a cabo esta estrategia mediante el desarrollo del transporte intermodal y, especialmente, fomentando el transporte marítimo (por ejemplo, el cabotaje) y el transporte ferroviario;

15.   Insiste en la necesidad de regular el comercio internacional, sobre todo mediante medidas contra las prácticas de dumping que perjudican a industrias tradicionales, p.ej. los sectores textil y naval, que están atravesando un proceso de profunda reestructuración con importantes repercusiones en las regiones desfavorecidas y en las zonas caracterizadas por la preponderancia de un determinado tipo de producción industrial.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA

20 de noviembre de 2001

para la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo

sobre el Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la cohesión económica y social

(COM(2001) 24 – C5‑0527/2001 – 2001/2207(COS))

Ponente de opinión: Camilo Nogueira Román

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 29 de mayo de 2001, la Comisión de Pesca designó ponente de opinión a Camilo Nogueira Román.

En las reuniones de los días 10 de julio, 9 de octubre y 20 de noviembre de 2001, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por 10 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (presidente), Rosa Miguélez Ramos (vicepresidenta), Hugues Martin (vicepresidente), Camilo Nogueira Román (ponente de opinión), Elspeth Attwooll, Arlindo Cunha, Ilda Figueiredo (suplente de Mihail Papayannakis, de conformidad con el apartado 3 del artículo 166 del Reglamento), Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Ian Stewart Hudghton, Heinz Kindermann, Carlos Lage, Brigitte Langenhagen, Giorgio Lisi, Patricia McKenna y Struan Stevenson.

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Segundo Informe sobre la cohesión económica y social, que la Comisión titula justamente "Unidad de Europa, solidaridad de los pueblos, diversidad de los territorios", se refiere a los resultados de la política estructural y de cohesión que aplica la Comunidad, pensando en el futuro de dicha política, en particular, en la perspectiva de la adhesión de nuevos Estados y en la ejecución de los programas de la Agenda 2000 hasta el año 2006. Según el Informe, la Comisión quiere que la política de cohesión sea una política creíble, que cuente con medios que correspondan a la dimensión sin precedentes de los desafíos que se presentan, que permita a los ciudadanos comprender las bazas de la cohesión y que, en cualquier caso, se aplique, más que en el pasado, en función de una visión clara de los territorios, su diversidad y sus necesidades específicas.

El Segundo Informe pone en evidencia que, a pesar de los esfuerzos realizados, la situación de la cohesión sigue siendo insatisfactoria, ya que no se vislumbra una tendencia clara en pos de la mejora del equilibrio territorial ni de corrección de las graves desigualdades que existen entre los diferentes países de la Unión. La aplicación de los Fondos estructurales y de cohesión no ha sido suficiente para corregir las disparidades de renta entre los territorios más ricos y los menos desarrollados, y a pesar de que la renta por habitante ha aumentado en los países de la cohesión, es decir, España, Portugal y Grecia, así como en Irlanda, con respecto a la media de la Unión Europea, este hecho no puede ocultar que se mantienen o aumentan las diferencias entre las regiones ricas y las menos desarrolladas, y que también aumentan las asimetrías territoriales dentro de algunos Estados.

Entre las contribuciones de las políticas comunitarias a la cohesión, el Segundo Informe destaca la Política Común de Pesca. Recuerda que la misma se centró en cuatro grandes ámbitos: la conservación de los recursos, las medidas estructurales, la organización de los mercados y los acuerdos de pesca con terceros países. Recuerda asimismo que el Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 reconoció oficialmente la existencia de Zonas que dependen de la pesca y la necesidad de prestarles una atención particular. El Informe menciona la reducción del esfuerzo realizada a través de los POP y del IFOP, que llevó a una reducción de la dimensión de las flotas y del empleo, así como a una reducción del empleo en el sector de la transformación de los productos de la pesca. El Informe destaca la mejora de la producción y el empleo en la acuicultura, especialmente en los territorios del Objetivo 1

Con respecto a los acuerdos de pesca con terceros países, el Informe se refiere a la evaluación realizada en 1999 sobre los efectos económicos en la UE y señala que han producido un valor añadido de 944 millones de euros y 40.000 puestos de trabajo, de los que se han beneficiado, en primer lugar, los países de la cohesión y los territorios del Objetivo 1.

Pero a pesar de que, sobre la base de la experiencia de los años anteriores, el Segundo Informe se orienta hacia el futuro, especialmente por lo que se refiere a las consecuencias de la adhesión de nuevos países para la política de cohesión, en la parte del texto que se dedica a la pesca no se menciona la prevista reforma de la Política Común de Pesca en 2002. Las propuestas de la Comisión aparecen en el Libro Verde sobre el futuro de la PCP, en el que la Comisión se niega de hecho a considerar el sector de la pesca como un sector económico normal, vital para la economía de algunos terceros países que, al igual que los demás sectores económicos, debe desarrollar sus actividades dentro de las normas establecidas en los Tratados y, dado que se trata de un medio natural fundamental y sumamente sensible, debe respetar especialmente los principios del desarrollo sostenible. Esta posición de la Comisión afecta en modo particular a la política de cohesión en tres cuestiones básicas: el principio de estabilidad relativa en la distribución de las capturas en aguas comunitarias, los acuerdos de pesca con terceros países y el mantenimiento del IFOP.

En sus propuestas, la Comisión no cuestiona el principio de estabilidad relativa en las aguas comunitarias, a pesar de que privilegia a algunos Estados en perjuicio de otros Estados miembros que, en algunos casos, son objeto de los Fondos estructurales y de cohesión. La Comisión considera que este principio es fundamental para la PCP, sin tener en cuenta que es contrario a las normas fundamentales de la Comunidad Europea y que, de la manera en que se lo aplica, contradice la propia política de cohesión. Una verdadera reforma de la PCP debe tener por objeto la supresión del principio de estabilidad relativa y la comunitarización de las cuotas de pesca, así como su reparto en función de criterios científicos, económicos, medioambientales y sociales. Los peligros para la cohesión que se derivan del principio de estabilidad relativa se ven reforzados por el hecho de que la misma se aplica a los acuerdos de pesca con terceros países del norte de Europa y que, de hecho, los países del sur de la UE no pueden participar.

Además, y esto también afecta a la política de cohesión, la Comisión no propone una verdadera política de acuerdos de pesca con los terceros países o con las Organizaciones Regionales de Pesca. La Comisión considera, justamente, que cada vez es más necesaria la cooperación en ámbitos tales como la ayuda financiera, el desarrollo de los recursos humanos, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, los servicios de asesoramiento, la formación y la capacidad para mejorar los recursos. Pero sus propuestas no tienden a hacer compatibles los intereses de los terceros países con los europeos teniendo en cuenta, por otra parte, que la hipótesis de la simple desaparición de las flotas europeas de las aguas de los países menos desarrollados no llevaría probablemente a un mayor desarrollo de dichos países sino más bien a la presencia en esas aguas de otros países desarrollados que les ofrecerían acuerdos con condiciones menos favorables. La Comisión no menciona el carácter comercial de los acuerdos de pesca, que es compatible con los acuerdos de cooperación al desarrollo de terceros países, al igual que cualquier otra actividad productiva.

Por último, al parecer, la Comisión prevé que las ayudas estructurales desaparecerán a medio plazo, en particular, las que se destinan a la renovación de la flota. A pesar de que el Reglamento base del IFOP no se puede modificar hasta 2006, la Comisión sugiere que en 2003 se modifique el Reglamento de aplicación, para que las ayudas desaparezcan en la práctica. No tiene en cuenta que los fondos del IFOP no sólo son sectoriales, sino también estructurales, por lo que la renovación es una condición necesaria para mantener una flota moderna y competitiva, contribuyendo de este modo a la política de cohesión.

CONCLUSIONES

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en su informe sobre el Segundo Informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social:

Teniendo en cuenta que la Política Pesquera Común incide en aspectos básicos de la política de desarrollo territorial y de cohesión, pide:

1.   Que se tenga muy presente que la actividad pesquera constituye un sector estratégico para muchas regiones periféricas y del objetivo 1, sobre la que se ha creado el más importante, y a veces el único, tejido industrial y generador de empleo; recuerda, por ello, que los instrumentos implantados para distribuir el acceso a los recursos en el seno de la UE, como el mecanismo de la estabilidad relativa, no pueden tener como consecuencia un aumento de la desigualdad interregional, y que, al contrario, deben tener como objetivo el logro de la cohesión; por ello, y dado que la estabilidad relativa debe guardar una estrecha relación con la dependencia actual de la pesca de las regiones litorales, insiste en la necesidad de estudiar si el mecanismo debe ser actualizado;

2.   El mantenimiento de la excepción del acceso a las 6/12 millas como manera de promover la cohesión económica y social, protegiendo la pesca costera y artesanal, manteniendo los puestos de trabajo en las fases inicial y final, y garantizando el mantenimiento del desarrollo socioeconómico de las regiones que dependen en gran medida de la pesca;

3.   La mejora y el desarrollo de la política de acuerdos de pesca con terceros países, que afecta especialmente a los países de la cohesión, con objeto de que los aspectos de la cooperación al desarrollo sean compatibles con los aspectos comerciales, necesarios para el sector de la pesca como para cualquier otra actividad productiva, teniendo en cuenta asimismo las orientaciones del Consejo de 30 de octubre de 1997, especialmente por lo que se refiere a la utilización por un Estado miembro de posibilidades de pesca no utilizadas por otro, durante un cierto período y sin perjuicio de futuros derechos;

4.   El mantenimiento de las ayudas procedentes del IFOP para la renovación de la flota y para el desarrollo del sector de la pesca y la acuicultura, teniendo en cuenta que se trata de ayudas estructurales.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

26 de noviembre de 2001

para la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo

sobre el Segundo informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la cohesión económica y social

(COM(2001) 24 – C5-0527/2001 – 2001/2207 (COS))

Ponente de opinión: Helena Torres Marques

PROCEDIMIENTO

En la reunión del 11 de septiembre de 2001, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades designó ponente de opinión a Helena Torres Marques.

En las reuniones de los días 16 de octubre y 21 de noviembre de 2001, la comisión examinó el proyecto de opinión.

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las enmiendas por unanimidad menos una abstención.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Maj Britt Theorin (presidenta), Marianne Eriksson (vicepresidenta), Helena Torres Marques (ponente de opinión), María Antonia Avilés Perea, Armonia Bordes, Geneviève Fraisse, Lissy Gröner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas Mann, Maria Martens, Olle Schmidt (suplente de Lone Dybkjær), Patsy Sörensen, Elena Valenciano Martínez-Orozco y Sabine Zissener.

BREVE JUSTIFICACIÓN

1.   El dramático agravamiento de la situación política mundial tras los acontecimientos de los pasados 11 de septiembre y 8 de octubre dificultan aún más toda previsión sobre las políticas posteriores a 2006. No obstante, hay un punto que no suscita dudas: en la Unión Europea seguiremos trabajando para defender con determinación la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, tanto en Europa como en todo el mundo.

2.   La cohesión económica y social es uno de los pilares de la Unión Europea, pero sin una igualdad real de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres no existirá una verdadera cohesión.

3.   El debate iniciado por el segundo informe sobre la cohesión económica y social en vista de las propuestas de la Comisión para la nueva política de cohesión en una Unión de 27 Estados miembros en 2007 suscita una serie de consideraciones relativas a la igualdad de oportunidades.

4.   Cohesión económica y social no significa sólo reducir las diferencias a escala nacional y regional, sino también entre distintos grupos de población y, sobre todo, las desigualdades entre hombres y mujeres. Este es uno de los objetivos de la Unión Europea, tal como se establece en el Tratado CE (artículos 2 y 3). En su acción, la Unión no puede limitarse a objetivos estrictamente económicos, sino que deberá perseguir el modelo de una sociedad justa y equitativa, con mejores condiciones de vida e igualdad de oportunidades para todos.

5.   Pero pese a haberse registrado ciertos progresos, las desigualdades persisten: en la Unión Europea la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo inferior en cerca de un 19% a la de los hombres; la tasa de desempleo femenino supera en un 3% la tasa masculina; persiste la segregación –horizontal y vertical- en el mercado de trabajo por razones de género, así como las diferencias retributivas –las mujeres ganan una media del 76% de la remuneración horaria de un hombre, y constituyen el 77% de los asalariados con ingresos reducidos.

6.   Las mujeres predominan en los empleos a tiempo parcial (el 80% de estos empleos están ocupados por mujeres y el 30% de las mujeres trabajan a tiempo parcial frente un 6% de hombres) y en empleos precarios, poco cualificados o menos remunerados, en especial en el sector de los servicios.

7.   Estas diferencias pueden acentuarse con la ampliación. Si en algunos países candidatos de Europa Central y Oriental las tasas de empleo y de paro femeninos resisten favorablemente la comparación con la media comunitaria, la diferencia de retribución es a menudo superior a la media europea, y las mujeres ocupan mayoritariamente puestos de trabajo poco cualificados y mal remunerados.

8.   Con la ampliación, el PIB per capita disminuirá en un 18%. 98 de los 105 millones de habitantes de los países candidatos vivirán en regiones cuyo PIB per capita será inferior en un 75% a la media de la Unión Europea de los 27. En la lucha contra la pobreza y la exclusión social, es indispensable efectuar un análisis en función del género de los factores relacionados con la pobreza, como el paro, el bajo nivel de instrucción o las familias monoparentales, especialmente las femeninas.

9.   La política de cohesión de la Unión Europea deberá reforzarse y habrá que evitar cualquier renacionalización. La dotación financiera para la cohesión tras la ampliación –el 0,45% del PIB comunitario establecido por el Consejo Europeo de Berlín hasta 2006- se considera el mínimo indispensable y dependerá de los países que se adhieran a la Unión Europea.

10.   La estrategia comunitaria en materia de igualdad desempeña un papel esencial y su contribución a la cohesión debe quedar clara, de la misma manera que las demás políticas comunitarias.

11.   Pero el objetivo horizontal de la igualdad entre mujeres y hombres sólo se ha tenido parcialmente en cuenta en la estrategia europea de empleo. Son necesarias medidas específicas para alcanzar el ambicioso objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa: elevar la tasa de empleo de las mujeres al 60% antes de 2010 para reducir así las desigualdades en el mercado de trabajo.

12.   Las prioridades son asegurar un mayor número de empleos y de mejor calidad; promover la desegregación del mercado de trabajo y fomentar la igualdad de retribución (en este proceso, un elemento importante es la definición de indicadores, a petición del Consejo Europeo de Estocolmo). También es necesario reforzar las medidas que permiten conciliar mejor la vida profesional y la vida familiar, tanto para las mujeres como para los hombres. Importa, en particular, tener en cuenta el refuerzo de los derechos y de la protección de los hombres en cuanto padres, para que pueda ser efectivo, en lo que a ellos respecta, el derecho fundamental a la familia, que exige disponibilidad y tiempo, y para que, en lo que se refiere a las mujeres, pueda ser efectivo el derecho fundamental al trabajo remunerado, que exige igualmente disponibilidad y tiempo.

13.   El aumento de la tasa de empleo de las mujeres es necesario para aumentar la producción de la Unión Europea, y con más razón si se tiene en cuenta la evolución demográfica tanto de la Unión Europea como de los países candidatos: ante la disminución y el envejecimiento de la población, la contribución de las mujeres trabajadoras es esencial para la financiación de la seguridad social y el incremento de los ingresos fiscales.

14.   La formación es un elemento clave. Para mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral y promover su regreso al trabajo, es necesario programar sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida y el desarrollo de las competencias, así como asegurar una mejor divulgación de las oportunidades. Los problemas de las personas con un bajo nivel de instrucción inicial (sobre todo las mujeres) no deben verse agravados por un acceso limitado a la formación continua.

15.   El papel de las nuevas tecnologías se puso de relieve durante el Consejo Europeo de Lisboa: la inversión en los recursos humanos es un elemento clave de la economía basada en el conocimiento, pero la mujer está escasamente representada en la industria de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es necesario reducir el abismo existente entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y quienes quedan excluidos de ellas, en especial las mujeres.

CONCLUSIONES

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Considerando que, en virtud de los artículos 2 y 3 del Tratado CE, la Comunidad tiene por misión promover la igualdad de las mujeres y los hombres y que este objetivo también se ha de realizar en el marco de la política de refuerzo de la cohesión económica y social;

2.   Afirma que el fomento activo de una política de igualdad de trato y de oportunidades para hombres y mujeres es una condición indispensable para conseguir una verdadera cohesión económica y social;

3.   Subraya la persistencia de desigualdades socioeconómicas entre mujeres y hombres en la Unión Europea: tasa media de empleo de las mujeres inferior en un 18% a la tasa masculina, segregación en el mercado laboral, diferencia salarial media de un 24%, elevado porcentaje de mujeres en empleos a tiempo parcial, precarios y poco cualificados, y teme que dichas desigualdades se acentúen a raíz de la ampliación, si no se toman medidas adicionales;

4.   Destaca la importante función de la política de cohesión con vistas a luchar contra los desequilibrios socioeconómicos y continuar la integración, sobre todo desde la perspectiva de una Unión ampliada; considera necesario adaptar y reforzar los programas de cohesión para tener en cuenta los problemas específicos de los nuevos países, rechazando la renacionalización de las políticas existentes;

5.   Pide a la Comisión:

que considere la igualdad de las mujeres y los hombres como parte integrante de las políticas comunitarias que contribuyen a la cohesión económica y social;

• -que integre de manera sistemática, coherente y exhaustiva la dimensión del género y la igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres y los hombres en las políticas de cohesión, prestando especial atención a condiciones indispensables como la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en la vida profesional y familiar, así como en los procesos de adopción de decisiones;
• -que evalúe, mediante indicadores precisos y objetivos cuantificados, cómo contribuye a la cohesión económica y social la adaptación de la estrategia comunitaria en materia de igualdad de trato y de oportunidades de las mujeres y los hombres;

6.   Recuerda el objetivo fijado en la Cumbre de Lisboa de alcanzar una tasa de empleo femenino del 60% antes de 2010, así como la decisión de la Cumbre de Estocolmo según la cual el Consejo y la Comisión elaborarán medidas y, en particular, indicadores destinados a suprimir las diferencias de retribución discriminatorias entre mujeres y hombres por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor;

7.   Subraya que el aumento del empleo de las mujeres es esencial, no sólo para el futuro crecimiento del PIB europeo, sino también para la financiación de la seguridad social y el incremento de los ingresos fiscales;

8.   Subraya el papel clave de los Fondos Estructurales en la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, especialmente en lo que respecta a los objetivos de crear más empleo y de mejor calidad, llevar a cabo acciones de reconversión profesional, principalmente durante el desempleo, mejorar las competencias a lo largo de la vida profesional y luchar contra la exclusión;

9.   Recuerda las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa sobre la importancia de invertir en los recursos humanos, e insiste en la necesidad de evitar un abismo entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y quienes quedan excluidos de ellas, en especial las mujeres mayores de 40 años; pide a los Estados miembros que promuevan la diversificación de las opciones profesionales de las mujeres mediante su participación en todos los niveles de educación y formación y que faciliten su acceso al aprendizaje a lo largo de toda la vida, en particular a la formación en las nuevas tecnologías de la información, en la medida de lo posible dentro del horario y del contexto laboral que les corresponda;

10.   Subraya la necesidad de reforzar y adaptar las medidas, incluidas las iniciativas legislativas, que permiten conciliar mejor la vida profesional y la vida familiar: servicios de guardería y de acogida de otras personas dependientes, organización del tiempo de trabajo, diversificación de la oferta de los servicios públicos y privados, consolidación de los derechos de los hombres como padres y programas de permisos parentales y reinserción laboral tras un período de ausencia por motivos familiares.