INFORME sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Proyecto de informe conjunto sobre la integración social
(COM(2001) 565 – C5‑0109/2002 – 2002/2051(COS))
30 de abril de 2002
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente: Ilda Figueiredo
PÁGINA REGLAMENTARIA
Mediante carta de 12 de octubre de 2001, la Comisión transmitió al Parlamento su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Proyecto de informe conjunto sobre la integración social (COM(2001) 565 – 2002/2051(COS)).
En la sesión del 11 de marzo de 2002, el Presidente del Parlamento anunció que había remitido esta comunicación, para examen del fondo, a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y, para opinión, a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, así como a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (C5‑0109/2002).
En la reunión del 23 de octubre de 2001, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales había designado ponente a Ilda Figueiredo.
En las reuniones de los días 3 de diciembre de 2001, 21 y 22 de enero, 18 de febrero y 22 y 23 de abril de 2002, la comisión examinó la Comunicación de la Comisión y el proyecto de informe.
En la última de estas reuniones, aprobó la propuesta de resolución por 20 votos a favor, 13 votos en contra y 3 abstenciones.
Estuvieron presentes en la votación los diputados: Theodorus J.J. Bouwman (presidente), Marie-Hélène Gillig, Winfried Menrad y Marie-Thérèse Hermange (vicepresidentes), Ilda Figueiredo (ponente), Jan Andersson, Elspeth Attwooll, María Antonia Avilés Perea (suplente de Raffaele Lombardo), Regina Bastos, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Anne-Karin Glase, Richard Howitt (suplente de Elisa Maria Damião), Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen (suplente de Marco Formentini), Karin Jöns, Sylvia-Yvonne Kaufmann (suplente de Sylviane H. Ainardi, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Dieter-Lebrecht Koch (suplente de Miet Smet), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Claude Moraes, Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker, Barbara Weiler y Sabine Zissener (suplente de Mario Clemente Mastella).
Las opiniones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se adjuntan al presente informe.
El informe se presentó el 30 de abril de 2002.
El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones en que se examine.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Proyecto de informe conjunto sobre la integración social (COM(2001) 565 – C5‑0109/2002 – 2002/2051(COS))
El Parlamento Europeo,
– Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2001) 565 – C5‑0109/2002[1]),
– Visto el informe conjunto del Consejo y de la Comisión sobre la integración social (15223/2001)[2],
– Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,
– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, así como de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (A5‑0158/2002),
– Vista la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995) y, entre otros textos, las denominadas Recomendaciones de Beijing + 5, aprobadas en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, junio de 2000),
A. Considerando que en los Consejos Europeos de Lisboa, Niza y Estocolmo, los Estados miembros se comprometieron a promover el desarrollo sostenible y un empleo de calidad con objeto de reducir el riesgo de pobreza y de exclusión social y reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea, estableciendo un nuevo método abierto de coordinación para el trabajo conjunto sobre la intensificación de los efectos de la integración social en ámbitos como la protección social, el empleo, la formación, la salud, la vivienda y la educación,
B. Considerando que en el Consejo de Niza se definieron objetivos comunes de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que los Estados miembros tenían que concretar, a partir del año 2001, en el marco de los Planes nacionales de acción bianuales contra la pobreza y la exclusión social, y que la Agenda Social Europea reconoce la doble finalidad de la política social, como factor productivo y como instrumento fundamental para reducir las desigualdades y fomentar la integración y la cohesión social,
C. Considerando que los Estados miembros han destacado asimismo la importancia de integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las acciones destinadas a alcanzar dichos objetivos,
D. Considerando que, en septiembre de 2001, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre el programa de acción comunitaria para fomentar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la exclusión social, que ya ha entrado en vigor y que prevé la celebración anual de una mesa redonda sobre la exclusión social,
E. Considerando que la elaboración del primer informe conjunto sobre la integración social es positiva, al igual que la definición de un conjunto de indicadores comunes, la insistencia en la necesidad de consolidar el sistema estadístico y la invitación del Consejo a la Comisión de implicar progresivamente a los países candidatos en este proceso,
F. Considerando que las opiniones de participantes como los representantes de ONG, del Comité Económico y Social, CES, y de los Parlamentos nacionales pueden contribuir positivamente a que las conclusiones influyan en la elaboración de la segunda serie de planes nacionales de integración,
G. Considerando que, en los planes nacionales, la pobreza, en su forma más básica y directa que podría identificarse con la pobreza monetaria, es frecuentemente consecuencia de otras formas de privación o precariedad en ámbitos como el empleo, la educación y la formación, la cultura y el acceso a servicios o el resultado de la discriminación por razones de sexo, edad, condición física, nacionalidad o lengua, lo que exige que la pobreza y la exclusión social se aborden desde una perspectiva pluridimensional,
H. Considerando que el nivel de pobreza económica relativa varía mucho dentro de la Unión,
I. Considerando que incluso en los últimos años, en los que la Unión Europea ha registrado una tasa de crecimiento medio del PIB del 2,5%, la situación de pobreza y de exclusión social ha seguido manteniendo niveles elevados; que, si se toma como base la definición de un umbral de renta (el 60% de la renta mediana nacional) por debajo del cual las personas se encuentran en una situación de riesgo de pobreza, el 18% de la población de la Unión Europea correspondía, en 1997, a grupos con ingresos inferiores a dicho umbral,
J. Considerando que, frecuentemente, los Estados miembros que poseen los sistemas de bienestar más desarrollados y los gastos sociales más altos per cápita son los que han obtenido los mejores resultados en lo que se refiere a la satisfacción de necesidades básicas y mantienen el número de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza por debajo de la media de la UE,
K. Considerando que, a pesar de la complejidad del análisis de correlación entre el gasto público y la protección social, por una parte, y el riesgo de pobreza, por otra, el 41% de la población de la Unión Europea, sin prestaciones sociales como las pensiones de vejez, se encontraría en situación de riesgo de pobreza, y que este porcentaje se mantendría a pesar de todo en un 26% en caso de incluirse las pensiones de vejez pero excluirse de la renta otras prestaciones sociales,
L. Considerando que el desarrollo demográfico actual y futuro exige una adaptación de los sistemas de protección social que, sin embargo, no debe afectar a los principios fundamentales en los que se basan dichos sistemas, en particular, el principio de solidaridad social,
M. Considerando que un aumento de la cuota de participación, en concreto, de las mujeres y de los trabajadores de edad avanzada, constituye un factor fundamental para la garantía de la financiación de los sistemas de seguridad social en el futuro y que el aumento de las instalaciones para la acogida y el cuidado de los niños, así como la modernización de la organización del trabajo pueden contribuir a la realización de este objetivo,
N. Considerando que los cambios estructurales que se están produciendo en la Unión Europea y los que se van a producir -en particular, la transformación del mercado laboral, las liberalizaciones, principalmente en el ámbito de los servicios públicos, el rápido crecimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los cambios demográficos y la diversidad étnica causados por los flujos migratorios así como el aumento de la movilidad dentro de la Unión Europea - pueden agravar la situación de los grupos sociales de la población más vulnerables y engendrar nuevos peligros de discriminación, de exclusión social y el recrudecimiento del racismo y la xenofobia; considerando, no obstante, que si los cambios estructurales pueden comportar riesgos, en algunos casos, con las medidas adecuadas pueden ofrecer nuevas posibilidades de integración social;
O. Considerando que en el informe conjunto se reconoce la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para incluir la cuestión de la pobreza y de la exclusión social en otros ámbitos políticos distintos de la protección y la asistencia sociales,
P. Considerando que la dimensión de la igualdad adolece de fuerza en la mayor parte de los planes nacionales,
Q. Considerando la existencia de grupos particularmente vulnerables y más afectados por la pobreza, en particular aquellos que se enfrentan con dificultades específicas para participar en la vida económica y social, como las personas con discapacidad y las personas de edad que no se valen por sí mismas, y el hecho de que los planes nacionales identifiquen una serie de factores de riesgo que contribuyen a subrayar la importancia pluridimensional del problema, a pesar de que su intensidad varíe considerablemente entre los Estados miembros y que, en algunos casos, estos factores ya no sean sólo causas sino también consecuencias, lo cual demuestra la importancia de romper el ciclo de la pobreza persistente o de la pobreza intergeneracional y de la exclusión social,
R. Considerando que las políticas económicas y monetarias (políticas de competencia, agrícola y de pesca, criterios del Pacto de Estabilidad, etc.) deben formar un triángulo coherente con las políticas sociales; que cada política debe evaluarse teniendo en cuenta sus efectos en el ámbito social,
S. Considerando que las personas con discapacidad constituyen un grupo que corre grandes riesgos de verse afectado por la exclusión social, que, por otro lado, en los planes nacionales faltan datos exactos e indicadores comunes sobre la situación de las personas con discapacidad,
T. Considerando que la excesiva representación de las mujeres entre los pobres viene determinada en primer lugar por la falta de independencia económica de las mujeres, debida a la desigual distribución del empleo remunerado y del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, no retribuidos, entre mujeres y hombres,
U. Considerando que se destacan los siguientes riesgos: la prolongada dependencia de una renta baja o inadecuada; el desempleo de larga duración; el empleo de baja calidad y la ausencia de experiencia profesional; una formación insuficiente y el analfabetismo; el crecimiento en el seno de una familia vulnerable; las discapacidades; una salud precaria; una vivienda precaria y la privación de vivienda; el hecho de vivir en una zona afectada por múltiples carencias; la inmigración, el racismo y la discriminación,
V. Considerando que los ocho desafíos principales establecidos son los siguientes:
- -desarrollar un mercado laboral integrador y promover el empleo como un derecho y una oportunidad para todos;
- -garantizar unos niveles de renta y de recursos adecuados, así como unas condiciones de vida dignas;
- -suprimir las desventajas en materia de educación;
- -preservar la solidaridad familiar y proteger los derechos del niño;
- -garantizar a todos condiciones de vivienda dignas;
- -garantizar la igualdad de acceso a servicios de calidad (salud, transportes, servicios sociales, asistencia sanitaria, cultura, ocio, asistencia jurídica);
- -mejorar la prestación de servicios;
- -rehabilitar las zonas afectadas por múltiples carencias,
W. Considerando que la existencia de un sistema educativo público y gratuito es una condición previa para garantizar un acceso sin exclusiones,
1. Reafirma que el fomento de un nivel elevado de empleo y de protección social, el aumento del nivel y de la calidad de vida y la cohesión económica y social deben constituir una prioridad para la Unión Europea y son fundamentales para reducir y prevenir la pobreza y la exclusión social; que la posibilidad efectiva de trabajar, el trabajo, constituye el mejor medio de integración y la mejor medida de lucha contra la exclusión social; opina que, por su parte, los Estados miembros deben efectuar mejoras significativas en la redistribución de recursos y oportunidades en la sociedad, en aras de garantizar la integración social, la participación de todas las personas y el ejercicio de sus derechos fundamentales;
2. Subraya que el reto común establecido para las políticas comunitarias y los distintos gobiernos nacionales es el de garantizar que los principales mecanismos de redistribución de oportunidades y recursos ‑el mercado de trabajo, los sistemas fiscales, los sistemas de protección social, de educación, de formación, de vivienda, de salud y otros servicios‑ se vuelvan suficientemente universales, en el contexto de los cambios estructurales, para poder responder a las necesidades de las personas más expuestas a los riesgos de pobreza y de exclusión social, incluidas las personas de edad, las personas con discapacidad, los desempleados, los inmigrantes etc., en particular los niños de regiones y grupos sociales en los que la pobreza es endémica al carecerse de respuestas multidisciplinares, y permitirles el ejercicio de sus derechos fundamentales;
3. Considera que es esencial que se garantice siempre la misión pública de las acciones de prevención y lucha contra la exclusión social en los ámbitos educativo y cultural, incluida la formación educativa a lo largo de toda la vida, el aprendizaje de idiomas, el uso de las nuevas tecnologías y los proyectos educativos en el ámbito de la imagen o del arte para todos y concretamente para los grupos desfavorecidos;
4. Pide a los Estados miembros que proporcionen a todos los niños un mínimo de doce años de enseñanza libremente accesible, gratuita y obligatoria; la enseñanza debería permitir a los jóvenes adquirir no sólo aptitudes básicas, entre ellas, conocimientos informáticos, sino también un profundo conocimiento de la sociedad que les permita en el futuro contribuir conscientemente al progreso social;
5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen y amplíen a gran escala los proyectos piloto que hayan tenido éxito a la hora de luchar contra el analfabetismo y garantizar el dominio de la lengua materna y el aprendizaje de otras lenguas;
6. Pide a la Comisión que, a la vista del alto porcentaje de desempleados entre los jóvenes que abandonan la escuela, promueva la institución de las escuelas de segunda oportunidad;
7. Insta a los Estados miembros, dado que una mayoría aplastante de inmigrantes son analfabetos funcionales en la lengua principal del país de acogida, a que elaboren programas educativos específicos para los inmigrantes;
8. Subraya la importancia de modernizar los sistemas de seguridad social a fin de que puedan abordar los riesgos, nuevos o tradicionales, de pobreza y exclusión social así como concebir y aplicar medidas, en particular en forma de prestaciones sociales, para madres solteras, que estimulen su capacidad de ingresos y su integración en el mercado laboral;
9. Destaca la importancia de los ocho objetivos principales tal como se definen en el informe conjunto sobre los planes nacionales y aboga por un proceso más profundo de información, consulta y participación en la elaboración, seguimiento y evaluación de estos planes a escala nacional, regional y local, en el que participen, además de las entidades nacionales, las regionales y locales, así como ONG, agentes e interlocutores económicos y sociales y organismos que representen a personas excluidas o que corran el riesgo de serlo; señala, en particular, la necesidad de implicar también a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los planes nacionales de integración social;
10. Acoge favorablemente la aprobación, por parte del Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales, el 3 de diciembre de 2001 de un conjunto de 18 indicadores relacionados con los ingresos, el acceso al mercado laboral, la salud y la educación; pide a los Estados miembros que realicen esfuerzos adicionales de manera que se puedan formular indicadores en otros ámbitos de la política como, por ejemplo, la vivienda; pide al Consejo y a la Comisión que, en colaboración con el Parlamento Europeo, concreticen ulteriormente estas propuestas;
11. Considera que el método abierto de cooperación debe contemplar una mayor transparencia en la participación de las autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales y la garantía de un debate público amplio a nivel nacional que abogue por un verdadero intercambio de buenas prácticas;
12. Pide a la Comisión que tenga más en cuenta la cohesión social en el informe de síntesis previsto para la cumbre de la primavera de 2003 y en la redacción de los indicadores estructurales; pide a la Comisión y al Consejo que, como preparación de la próxima cumbre de la primavera de 2003, redacten un informe que trate sobre la pobreza en la UE y en los países candidatos;
13. Insta a la Comisión y al Consejo a que, junto con el Parlamento Europeo, negocien un acuerdo interinstitucional sobre el método abierto de coordinación con el fin de que el Parlamento participe plenamente en lo que respecta a la coordinación abierta;
14. Reafirma la necesidad de un planteamiento estratégico integrado y pluridimensional, basado en los objetivos definidos en Niza, para aportar un valor añadido a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, estableciendo prioridades claras, metas y objetivos específicos, políticas y medidas adecuadas, que se acompañen de los respectivos valores y recursos presupuestarios;
15. Subraya la importancia de la aplicación del programa de acción comunitaria para fomentar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la exclusión social, en particular la celebración anual de una mesa redonda sobre la exclusión social, su apoyo al desarrollo de un intercambio de mejores prácticas y planteamientos innovadores, así como el refuerzo del sistema estadístico y el funcionamiento en red de los observatorios nacionales;
16. Pide a los Estados miembros que, sin perjuicio de sus sistemas políticos y administrativos nacionales, aseguren la aplicación más próxima a la persona de sus políticas y delimiten claramente las responsabilidades de los diferentes niveles de competencia;
17. Subraya que las medidas políticas que se exigen para aumentar la integración social deben elaborarse y ejecutarse teniendo un contacto lo más cercano posible con el colectivo de afectados;
18. Pide a los Estados miembros que elaboren mecanismos para evaluar el impacto general de sus políticas sobre la pobreza y la exclusión social;
19. Pide que se preste mayor atención a los cambios estructurales tanto en curso como en preparación, incluida la adhesión de los países candidatos, potencialmente generadores de nuevas formas de pobreza debido a los procesos de reconversión industrial y transición a sistemas sociales propios de una economía competitiva, a los que urge dar una respuesta dirigida en particular a los desempleados de larga duración, los trabajadores prejubilados y los inactivos sin oportunidad de inserción en el mercado de trabajo;
20. Subraya que los planes nacionales deben incluir un planteamiento preventivo que aporte una visión de conjunto mediante la coordinación y vinculación de los ámbitos políticos;
21. Considera que la adopción por los Estados miembros de estrategias de integración (o exclusión) es esencial para explotar por entero las potencialidades de las TIC como elemento clave de acceso a empleos más cualificados y nuevos servicios dirigidos a grupos específicos para que se beneficien de las oportunidades económicas y sociales que ofrecen las TIC;
22. Subraya que la estrategia para combatir la pobreza y la exclusión social debe conceder una atención especial a la situación de las mujeres y los niños, y debe estar principalmente dirigida a elevar el nivel de vida de los grupos vulnerables más afectados por la pobreza y más expuestos a la exclusión social, teniendo en cuenta sus experiencias; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la divulgación de las mejores prácticas va acompañada de elementos contextuales y de evaluación para facilitar el diálogo entre los agentes de los distintos países y la mejora tangible de las prácticas;
23. Pide a la Comisión que inicie un estudio exhaustivo del alcance de la independencia o autonomía económica de las mujeres, en particular de aquellas que tienen cargas familiares, en la Unión Europea, teniendo en cuenta los distintos tipos de hogares de los que forman parte las mujeres y las distintas fases de sus ciclos de vida;
24. Pide a la Comisión que integre la distribución del trabajo en función del sexo como factor clave independiente en su marco analítico para el programa político de integración social, y que incluya la independencia económica de las mujeres, en particular la de aquellas con responsabilidades familiares, entre sus principales objetivos;
25. Pide a los Estados miembros no sólo que integren la perspectiva del género en sus políticas y programas y desglosen sus datos en función del sexo, sino también que fomenten la autonomía económica de las mujeres como prioridad de su enfoque político de la integración social e informen sobre los progresos realizados en este sentido;
26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la articulación entre la vida laboral y la familiar, de forma que las mujeres tengan la posibilidad de obtener unos ingresos sostenibles que garanticen su autonomía económica y una seguridad social autónoma;
27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten también medidas en materia de infraestructura social, por ejemplo por lo que se refiere al cuidado de los niños, el trabajo voluntario o el transporte público en las zonas rurales, con objeto de facilitar a las mujeres la combinación del trabajo y la vida familiar;
28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y la salvaguardia de sus derechos reproductivos y sexuales en sus estrategias políticas de integración social, dado que se trata de elementos fundamentales de apoyo a la autonomía de las mujeres y a la potenciación de su papel;
29. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la igualdad de trato de los trabajadores en situaciones laborales precarias y atípicas;
30. Subraya la importancia de que los países candidatos participen lo antes posible en la estrategia para la integración social y que elaboren sus propios planes nacionales con el fin de aumentar la integración social;
31. Solicita que se preste especial atención al conjunto de factores de riesgo identificados en los planes nacionales, que contribuyen a subrayar la importancia pluridimensional de la pobreza y la exclusión social, que no se limita a la cuestión del acceso al mercado de trabajo, sino que afecta asimismo a la educación, la salud y la participación en los centros de toma de decisiones;
32. Pide a los Estados miembros que en sus planes nacionales adopten enfoques globales, fijen prioridades claras, separen claramente la atribución de competencias a las autoridades nacionales, regionales y locales y establezcan objetivos cuantitativos a largo plazo;
33. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen indicadores que permitan medir los cambios en la vida cotidiana de las personas de todas clases sociales y franjas de edad que viven en situación de pobreza, y de indicadores que permitan efectuar un análisis dinámico de los procesos que conducen a las personas a la pobreza o que les permiten salir de ella, permitiendo no sólo observar la evolución de la situación social de los diferentes países de la Unión Europea y, gradualmente, de los países candidatos, sino también advertir y controlar la evolución de la situación social por lo que respecta, en particular, a la pobreza y a la exclusión social; insta asimismo a desarrollar y aplicar indicadores de la pobreza pertinentes con respecto al género, es decir, que no se limiten a medir los ingresos del hogar sino que presten también la debida atención a los ingresos individuales de los diferentes miembros de la familia;
34. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen el posible efecto de las políticas económicas y monetarias, incluido el Pacto de Estabilidad, en los ámbitos sociales (empleo, pobreza y exclusión social, igualdad de derechos y oportunidades, etc.), con vistas a su adecuación a los objetivos sociales definidos en los sucesivos Consejos Europeos, y reafirma que, pese a la importancia de los Fondos Estructurales para la política de cohesión, es necesario tener presente la necesidad de una mayor cohesión económica y social en todas las decisiones sobre las diversas políticas comunitarias;
35. Pide a la Comisión de Asuntos Sociales que presente al Consejo durante 2002 indicadores comunes que pongan de manifiesto las diferentes formas y dimensiones de la exclusión social, como la calidad y el acceso a la salud, la educación y la vivienda así como la dimensión del género;
36. Pide a la Comisión que incluya en la elaboración del informe anual conjunto sobre la integración social la evaluación de la eficacia y el rendimiento de las políticas de lucha contra la pobreza ya existentes en los Estados miembros;
37. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Antecedentes
En los Consejos Europeos de Lisboa (marzo de 2000), de Niza (diciembre de 2000) y de Estocolmo (julio de 2001), los Estados miembros se comprometieron a fomentar el desarrollo sostenible y el empleo de calidad en aras de contribuir a reducir el riesgo de pobreza y de exclusión social, así como de reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea entre 2001 y 2010.
Basándose en el nuevo método abierto de coordinación que favorece que los Estados miembros trabajen conjuntamente con vistas a intensificar los efectos de la integración social en ámbitos como la protección social, el empleo, la salud, la vivienda y la educación, el Consejo de Niza definió los siguientes objetivos comunes en la lucha contra la pobreza y la exclusión social:
- promover la participación en el empleo y el acceso a todos los recursos, derechos, bienes y servicios esenciales para vivir con dignidad;
- prevenir los riesgos de exclusión;
- actuar en favor de los grupos más vulnerables;
- movilizar a todos los agentes.
Asimismo, acordó que estos objetivos fueran concretados por los Estados miembros, a partir de 2001, mediante los planes nacionales de acción bianuales contra la pobreza y la exclusión social, destacando la importancia de integrar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las acciones destinadas a alcanzar dichos objetivos.
Asimismo, se aprobó la Agenda Social Europea que reconoce la doble finalidad de la política social, como factor productivo y como instrumento fundamental para reducir las desigualdades y fomentar la cohesión social que, como ya ha afirmado el Parlamento, debe ser concretizada con mayor rapidez.
En septiembre de 2001 el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre el programa de acción comunitaria para fomentar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la exclusión social, que prevé la celebración anual de una mesa redonda sobre la exclusión social, organizada en estrecha colaboración con la Presidencia del Consejo y preparada previa consulta con todos los participantes, entre otros, los interlocutores sociales, representantes de organizaciones no gubernamentales con experiencia en este ámbito y representantes del Parlamento Europeo, del Consejo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones.
Según este programa comunitario, la Comisión rinde cuentas en su informe anual de síntesis al Consejo Europeo de Primavera, sobre el que emitirá dictamen el Parlamento en fecha oportuna, analizando la coherencia global de las políticas con la cohesión social, incluidos los avances realizados en el ámbito de dicho programa.
Igualmente importante fue la decisión del Consejo de Laeken sobre la celebración de una cumbre social antes de cada Consejo Europeo de Primavera, la definición de una serie de indicadores comunes, la insistencia en la necesidad de reforzar el sistema estadístico y la solicitud a la Comisión para implicar progresivamente en este proceso a los países candidatos a la adhesión.
II. Informe conjunto sobre la integración social
El informe conjunto sobre la integración social, basado en la propuesta que la Comisión presentó en octubre de 2001 sobre el análisis de los 15 Planes nacionales de integración de los Estados miembros, tiene como objetivo identificar las mejores prácticas y los planteamientos innovadores que revistan un interés común para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
En este informe, la Comisión afirma que el término “pobreza” y la expresión “exclusión social” se refieren a situaciones en las que las personas son incapaces de participar plenamente en la vida económica, social y cívica, o cuando el acceso de éstas a la renta y otros recursos (personales, familiares, sociales y culturales) resulta inadecuado hasta el punto de excluirlas de un nivel y una calidad de vida considerados aceptables por la sociedad en la que viven. En estas situaciones, las personas se ven muchas veces privadas del pleno ejercicio de sus derechos.
La gran diversidad de los sistemas de política social de los Estados miembros ha supuesto diferentes planteamientos de los planes nacionales. En numerosas ocasiones se comprueba que, independientemente de los distintos niveles de intensidad, la pobreza monetaria se acompaña de otras formas de privación o precariedad en los ámbitos del empleo, la vivienda, la salud, la educación, la cultura o el acceso a los servicios, y remite, en general, a una definición pluridimensional de la pobreza y de la exclusión social.
En el marco de un análisis global de la evolución de la situación, cabe constatar que, incluso en los últimos años, la Unión Europea ha registrado una tasa de crecimiento medio del PIB del 2,5%, mientras que la situación de pobreza y exclusión social sigue manteniendo niveles elevados. Basándose en la definición de un umbral de renta (el 60% de la renta mediana nacional[1]), por debajo del cual las personas se encuentran en una situación de riesgo de pobreza, cabe señalar que en 1997, casi el 18% de la población de la Unión Europea correspondía a grupos con ingresos inferiores a dicho umbral, porcentaje que viene a ser prácticamente idéntico al de 1995, con el agravante de que el umbral anteriormente citado varía de 12 060 euros en Luxemburgo a apenas 2 870 euros en Portugal. Ello significa que la pobreza afectaba a más de 60 millones de personas, de las cuales la mitad ha vivido por debajo de este umbral durante 3 años consecutivos (1995-1997), situación que reviste especial gravedad en algunos Estados miembros.
A pesar de la complejidad del análisis de correlación entre el gasto público, la protección social y el riesgo de pobreza, se comprueba que los índices de pobreza más bajos se registran en Dinamarca (8%), Finlandia (9%), Luxemburgo y Suecia (12%), Austria y los Países Bajos (13%), Alemania (14%), países con niveles de gastos per cápita en protección social más elevados y muy superiores a la media europea, mientras que los índices de pobreza más altos corresponden a Portugal (23%), el Reino Unido y Grecia (22%), Irlanda (20%), España e Italia (19%), en los que los niveles de gastos per cápita en protección social son, en general, inferiores a la media.
Si se descuentan las prestaciones sociales y, en particular, las pensiones de vejez, se encontraría en situación de riesgo de pobreza el 41% de la población de la Unión Europea. Este porcentaje se mantendría en un 26% en caso de incluirse las pensiones de vejez pero excluirse de la renta otras asignaciones de carácter social.
También generan nuevos riesgos de discriminación, exclusión social y recrudecimiento del racismo y la xenofobia los cambios estructurales en curso y en preparación en la Unión Europea, de los que cabe destacar aquellos que afectan al mercado laboral, los riesgos derivados de las nuevas liberalizaciones, principalmente en el ámbito de los servicios públicos, el desarrollo sumamente rápido de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los cambios demográficos y las alteraciones en la estructura de los núcleos familiares y en el papel de los hombres y mujeres, así como la diversidad étnica, cultural y religiosa creciente, derivada de los grandes flujos migratorios internacionales y de una mayor movilidad dentro de la Unión Europea.
Existen grupos particularmente vulnerables y más afectados por la pobreza, a saber, los desempleados, las personas que viven en zonas industriales en declive y en determinadas zonas rurales, las personas que viven solas en un medio urbano, especialmente las mujeres de edad, las familias monoparentales (en las que predominan las mujeres), las familias numerosas, los inmigrantes, los refugiados, las personas víctimas de alcoholismo y toxicomanías, debiéndose prestar especial atención a los niños, a las personas con discapacidad y a los jóvenes, categoría en la que el desempleo alcanza un 16%, lo que equivale casi al doble de la media comunitaria.
Los planes nacionales identifican una serie de factores de riesgo que contribuyen a subrayar el carácter pluridimensional del problema, ya que la combinación de estos riesgos hace que las personas, tanto adultos como niños, resulten afectadas por situaciones de pobreza y de exclusión social, a pesar de que su intensidad varíe considerablemente entre los Estados miembros y, en algunos casos, ya no sean sólo causas sino también consecuencias, por lo que importa romper el círculo de pobreza persistente y de exclusión social.
De todos los riesgos identificados, cabe destacar los siguientes: la prolongada dependencia de una renta baja o inadecuada; el desempleo de larga duración, el empleo de baja calidad y la ausencia de experiencia profesional; una formación insuficiente y el analfabetismo; el crecimiento en el seno de una familia vulnerable; las discapacidades; una salud precaria; una vivienda precaria y la privación de vivienda; el hecho de vivir en una zona afectada por múltiples carencias; la inmigración, el racismo y la discriminación.
En el marco del análisis del contenido del informe, de las propuestas incluidas en los planes nacionales, de las metodologías utilizadas, de los procesos seguidos y de las acciones efectivamente realizables o ya realizadas, así como a la luz de los cuatro objetivos definidos en Niza, se ha tratado de conocer la opinión del mayor número de participantes.
Así, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales oyó a representantes de ONG, del Comité Económico y Social, CES, y organizó un debate con representantes de los Parlamentos nacionales. De esta forma se recabó la opinión de varias organizaciones, entre ellas Feantsa, Lobby Europeo de Mujeres, la EAPN[2], Ferpa, Quart Monde y Euronet, para permitir que las conclusiones puedan influir en la elaboración de la segunda serie de planes.
Suscitaron especial preocupación las alertas dadas por algunos diputados nacionales sobre propuestas en fase de elaboración en sus respectivos países, destinadas a disminuir los actuales niveles de protección social, así como la escasa información gubernamental, un diálogo deficiente, la baja participación de las distintas instituciones y organizaciones que trabajan con personas en situación de pobreza y de exclusión social o que corren este riesgo, y el flaco apoyo financiero de las medidas propuestas por los Estados miembros en los respectivos planes.
También se destacó el reto común al que tienen que hacer frente las políticas comunitarias y los distintos gobiernos para garantizar que los principales mecanismos de redistribución de las oportunidades y de los recursos – el mercado de trabajo, el sistema fiscal, los sistemas de protección social, educación, vivienda, salud y otros servicios – se vuelvan suficientemente universales, en el contexto de los cambios estructurales, para responder a las necesidades de las personas, ya sean hombres, mujeres, jóvenes o niños, que se encuentran más expuestas a los riesgos de pobreza y de exclusión social, y permitirles el ejercicio de sus derechos fundamentales.
También se dio especial importancia al logro de los ocho desafíos principales establecidos en el informe conjunto sobre los planes nacionales, a saber:
- desarrollar un mercado laboral integrador y promover el empleo como un derecho y una oportunidad para todos;
- garantizar unos niveles de renta y de recursos adecuados, así como unas condiciones de vida dignas;
- suprimir las desventajas en materia de educación;
- preservar la solidaridad familiar y proteger los derechos del niño;
- garantizar a todos condiciones de vivienda dignas;
- garantizar la igualdad de acceso a servicios de calidad (salud, transportes, servicios sociales, asistencia sanitaria, cultura, ocio, asistencia jurídica);
- mejorar la prestación de servicios;
- rehabilitar las zonas afectadas por múltiples carencias.
Asimismo se reafirmó la necesidad de un enfoque estratégico integrado y pluridimensional, basado en los objetivos definidos en Niza, para garantizar un valor añadido en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, algo que, independientemente de las circunstancias específicas de cada Estado miembro, debe implicar que en el desarrollo de los planes nacionales se conceda especial atención a unas prioridades claras, a la definición de metas y objetivos específicos, al desarrollo de políticas adecuadas y a la aplicación de las medidas necesarias con el correspondiente presupuesto.
Por último, cabe destacar la especial importancia concedida a la aplicación del programa de acción comunitaria para fomentar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la exclusión social, a pesar de sus conocidas insuficiencias, y principalmente a la celebración anual de una mesa redonda sobre la exclusión social, su apoyo al desarrollo de un intercambio de mejores prácticas y de planteamientos innovadores, así como al refuerzo del sistema estadístico, con objeto de garantizar un seguimiento continuo de toda la estrategia europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
- [1] Cabe señalar que en la mayoría de los países, el importe correspondiente al 60% de la renta mediana es equivalente al 50% de la renta media.
- [2] La ponente participó asimismo en el debate que la EAPN organizó, a finales del año pasado, en el Parlamento Europeo sobre los planes nacionales de integración.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEPORTE
18 de abril de 2002
para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada "Proyecto de informe conjunto sobre la integración social"
(COM(2001) 565 – C5‑0109/2002 – 2002/2051(COS))
Ponente de opinión: Konstantinos Alyssandrakis
PROCEDIMIENTO
En la reunión del 12 de diciembre de 2001, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte designó ponente de opinión a Konstantinos Alyssandrakis.
En las reuniones de los días 25 de marzo y 17 de abril de 2002, la comisión examinó el proyecto de opinión.
En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad.
Estuvieron presentes en la votación los diputados: Michel Rocard (presidente), Vasco Graça Moura (vicepresidente), Mario Mauro (vicepresidente),Theresa Zabell (vicepresidente), Konstantinos Alyssandrakis (ponente de opinión), Alexandros Alavanos, Ole Andreasen (suplente de Marieke Sanders-ten Holte), Pedro Aparicio Sánchez, Christopher J.P. Beazley, Giuseppe Brienza (suplente de Francis Decourrière), Christine de Veyrac (suplente de Marielle de Sarnez), Geneviève Fraisse, Maria Martens, Pietro-Paolo Mennea, Domenico Mennitti, Juan Ojeda Sanz, Barbara O'Toole, Christa Prets, Giorgio Ruffolo, Gianni Vattimo, Stavros Xarchakos, Sabine Zissener y Myrsini Zorba (suplente de Lissy Gröner).
BREVE JUSTIFICACIÓN
La Comunicación de la Comisión se presenta como un documento político sobre la pobreza y la exclusión social. Se trata de un proyecto de informe conjunto que está enmarcado dentro de la estrategia elaborada en las Cumbres de Lisboa, Estocolmo y Niza, y que fue adoptado por el Consejo durante la Presidencia belga. Su objetivo consiste, en particular, en contribuir al fortalecimiento de la estrategia de cohesión social entre 2001 y 2010 a través intervenciones a nivel comunitario, nacional, regional y local, en los ámbitos del empleo, la vivienda, la sanidad la educación, la cultura, etc. En la Comunicación se destaca el hecho alarmante de que, aunque el PNB comunitario ha aumentado en los últimos años en un 2,5%, no se ha reducido la exclusión social ni la pobreza, que afecta a más de 60 millones de personas.
En general, una estrategia de este tipo no necesita ni burocracia ni retórica, y debe ponerse en práctica sobre la base de:
- un análisis exhaustivo y profundo de las razones que motivan la exclusión social,
- medidas concretas que puedan eliminar las causas de la exclusión social,
- la participación activa de los grupos sociales y de los agentes interesados, de los movimientos populares y del conjunto de la sociedad,
- un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar,
- una cooperación innovadora en el plano de las administraciones nacionales, regionales y locales.
Es esencial que se prevea una estrategia a largo plazo que, sobre la base de criterios comunes y compartidos, pueda tener una influencia importante y sostenible. Las acciones piloto y el intercambio de prácticas son instrumentos útiles pero insuficientes. Hay que acelerar el proceso actual, que resulta ser demasiado lento e inadecuado con respecto a la evolución social en curso; para ello es necesario lograr una mayor movilización de los movimientos populares.
Por lo que afecta más directamente a la Comisión de Cultura, es evidente que la educación es muy importante como medio de integración y de inclusión social; además, los aspectos culturales en sentido amplio pueden desempeñar una importante función en el marco de la prevención de la exclusión social. Es esencial que la educación permita a los jóvenes adquirir no sólo aptitudes básicas, sino también una comprensión completa de la naturaleza y la sociedad que les permita en el futuro contribuir conscientemente al progreso social. Así mismo es importante tener en cuenta que la educación por sí misma no basta para garantizar la inclusión social, puesto que, para ello, tiene que ir acompañada de medidas que garanticen un puesto de trabajo a tiempo completo y estable para todos.
No obstante, incluso en los ámbitos de la cultura y la educación, es esencial contar con un consenso amplio sobre la definición de los objetivos, en consonancia con las necesidades efectivas de los interesados y no únicamente con los imperativos de la competitividad económica. En este sentido, deberá garantizarse y reforzarse la misión pública de los servicios educativos y culturales. A este respecto, es indispensable que se establezca un sistema público y gratuito de educación básica de al menos doce años de duración al que puedan acceder todos los niños, además de un sistema público y gratuito de educación superior.
CONCLUSIONES
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Considerando que la lucha contra la exclusión social debería basarse en un análisis exhaustivo y profundo de sus causas,
2. Considerando que para la lucha contra la exclusión social se necesita la realización de acciones concretas en todo ámbito en que tal exclusión se haya constatado o pueda existir;
3. Considerando que la educación, la cultura y el deporte son factores de primer orden de la inclusión social;
4. Considerando que la existencia de un sistema educativo público y gratuito es una condición previa para garantizar un acceso sin exclusiones,
5. Considerando que, en el marco de las acciones específicas de lucha y prevención de la exclusión social, debería fomentarse el intercambio de experiencia directa, dado que este factor puede ayudar a reflexionar y a comprender mejor los cambios estructurales de la sociedad contemporánea,
6. Considera que es esencial que se garantice siempre la misión pública de las acciones de prevención y lucha contra la exclusión social en los ámbitos educativo y cultural, incluida la formación educativa a lo largo de toda la vida, el aprendizaje de idiomas, el uso de las nuevas tecnologías y los proyectos educativos en el ámbito de la imagen o del arte para todos y concretamente para los grupos desfavorecidos;
7. Pide a los Estados miembros que proporcionen a todos los niños un mínimo de doce años de enseñanza libremente accesible y gratuita; la enseñanza debería permitir a los jóvenes adquirir no sólo aptitudes básicas, entre ellas, conocimientos informáticos, sino también un profundo conocimiento de la sociedad que les permita en el futuro contribuir conscientemente al progreso social;
8. Pide a los Estados miembros que en la enseñanza también presten la necesaria atención al deporte en todos sus aspectos, puesto que constituye un medio eficaz para contribuir al fomento de la integración social;
9. Opina que la creación de una base amplia de participación de los movimientos populares y de los agentes implicados en la estrategia general de lucha contra la exclusión puede ir acompañada, a la hora de realizar acciones concretas, del establecimiento de sistemas de gestión flexibles y de instrumentos eficaces de control democrático;
10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen y amplíen a gran escala los proyectos piloto que hayan tenido éxito a la hora de luchar contra el analfabetismo y garantizar el dominio de la lengua materna y el aprendizaje de otras lenguas;
11. Pide a la Comisión que, a la vista del alto porcentaje de desempleados entre los jóvenes que abandonan la escuela, promueva la institución de las escuelas de segunda oportunidad;
12. Insta a los Estados miembros, dado que una mayoría aplastante de inmigrantes son analfabetos funcionales en la lengua principal del país de acogida, a que elaboren programas educativos específicos para los inmigrantes.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
11 de marzo de 2002
para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Proyecto de informe conjunto sobre la integración social
(COM(2001) 565) – C5-0109/2002 – 2002/2051(COS)
Ponente de opinión: Joke Swiebel
PROCEDIMIENTO
En la reunión del 22 de enero de 2002, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades designó ponente de opinión a Joke Swiebel.
En las reuniones de los días 25 y 26 de febrero de 2002, la comisión examinó el proyecto de opinión.
En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad.
Estuvieron presentes en la votación los diputados: Anna Karamanou (presidenta), Jillian Evans (vicepresidenta), Joke Swiebel (ponente de opinión), María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Fiorella Ghilardotti, Lissy Gröner, Heidi Anneli Hautala, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Martens, Amalia Sartori, Miet Smet, Patsy Sörensen, Helena Torres Marques, Feleknas Uca e Ilda Figueiredo.
BREVE JUSTIFICACIÓN
Este primero y exhaustivo documento político de la Comisión sobre la pobreza y la exclusión social es digno de elogio. En él se subraya debidamente el papel primordial que desempeña la participación en el empleo como estrategia esencial para superar la pobreza y la exclusión.
Este enfoque político afecta principalmente a las mujeres, que por término medio suelen estar insuficientemente representadas y discriminadas en el mercado de trabajo. El informe destaca asimismo el doble papel de la política social, que no sólo promueve la cohesión social sino que además constituye un factor productivo. El refuerzo de la productividad y la capacidad para obtener ingresos de los grupos desfavorecidos favorece su independencia económica, lo cual repercute favorablemente en los presupuestos estatales y fomenta la prosperidad y el crecimiento económico.
La Comisión ha hecho un intento loable de integrar la perspectiva de género en su informe. No obstante, cabe preguntarse si este intento ha estado bien planeado y si refleja las perspectivas y los conocimientos acumulados y disponibles en este ámbito.
De conformidad con la Estrategia Europea de Empleo, los objetivos que se mencionan en el presente informe incluyen el empleo para todos los hombres y todas las mujeres y el fomento de la articulación entre la vida profesional y la familiar (p. 27). Sin embargo, no se menciona en el informe que la desigual distribución del empleo remunerado y el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado entre las mujeres y los hombres constituye el principal factor que explica la tasa extremadamente elevada de mujeres pobres. La pobreza de las mujeres está directamente relacionada con su falta de independencia y oportunidades económicas. La autonomía económica de las mujeres debe promoverse mediante un empleo retribuido que genere unos ingresos sostenibles para ellas mismas y las personas que de ellas dependen. La potenciación del papel de la mujer es, por consiguiente, un factor clave en la erradicación de la pobreza.
No se trata de una mera sutileza teórica. El enfoque que se cita[1] tiene las siguientes consecuencias lógicas.
En primer lugar, la distribución de los papeles y las tareas en la sociedad en función del género debería incluirse en la lista de los principales mecanismos de distribución de oportunidades y recursos. Es necesario llevar a cabo un análisis de género de los efectos del mercado de trabajo, el sistema fiscal, la seguridad social, la educación, la vivienda, etc. sobre la distribución de la pobreza, pero es ante todo el propio sistema sexo-género[2] (ya sea apoyado o cuestionado por el Estado) el que debe considerarse como el principal factor desencadenante de la pobreza entre las mujeres.
En segundo lugar, los indicadores de pobreza que se han utilizado son, si se contemplan desde la perspectiva del género, irrelevantes o falsos. La "tasa de pobreza relativa", que se define como la proporción de personas que viven en hogares con ingresos inferiores al 60 % del ingreso medio nacional equiparado, no atiende a la distribución de recursos y poder dentro de la familia. Como consecuencia lógica de este enfoque falso, la disparidad global entre el hombre y la mujer por lo que se refiere a la pobreza parece pequeña[3]. Toda la atención política se concentra por tanto en las disparidades entre el hombre y la mujer por lo que se refiere a la pobreza que son visibles con este enfoque, como la tasa relativa de pobreza de las mujeres de edad avanzada que viven solas o de las madres solas. Las medidas destinadas a estos grupos pueden estar justificadas desde el punto de vista social, pero llegan demasiado tarde. La verdadera causa de la elevada tasa relativa de pobreza entre las madres solas y las mujeres de edad avanzada es su falta de independencia y oportunidades económicas en fases anteriores de sus vidas, especialmente durante el matrimonio.
En tercer lugar, la estrategia de promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y de articular la vida profesional y la familiar con miras a luchar contra la pobreza entre las mujeres tan sólo constituye una parte de la solución. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo debe procurarles unos ingresos sostenibles que respalden su autonomía y les permitan potenciar su papel. Las medidas políticas que hacen demasiado hincapié en el trabajo a tiempo parcial y los permisos especiales pueden ir en detrimento del apoyo a la capacidad de las mujeres para obtener ingresos a lo largo de su vida. La "articulación entre la vida profesional y la familiar" debe entenderse como la posibilidad de que tanto hombres como mujeres combinen individualmente sus respectivos trabajos remunerados y sus trabajos domésticos y tareas de cuidado. Con ello se evitaría que un miembro de la pareja se convierta en una "herramienta" indispensable para la carrera del otro, con las archisabidas consecuencias que ello conlleva para la autonomía económica del primero.
CONCLUSIONES
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe:
A. Considerando la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995) y, entre otros textos, las denominadas Recomendaciones de Beijing + 5, aprobadas en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, junio de 2000),
B. Considerando que la excesiva representación de las mujeres entre los pobres viene determinada en primer lugar por la falta de independencia económica de las mujeres, debida a la desigual distribución del empleo remunerado y del trabajo doméstico y las tareas de cuidado, no retribuidos, entre mujeres y hombres,
1. Pide a la Comisión que inicie un estudio exhaustivo del alcance de la independencia o autonomía económica de las mujeres, en particular de aquellas que tienen cargas familiares, en la Unión Europea, teniendo en cuenta los distintos tipos de hogares de los que forman parte las mujeres y las distintas fases de sus ciclos de vida;
2. Pide a la Comisión que integre la distribución del trabajo en función del sexo como factor clave independiente en su marco analítico para el programa político de integración social y que incluya la independencia económica de las mujeres, en particular la de aquellas con responsabilidades familiares, entre sus principales objetivos;
3. Pide a los Estados miembros no sólo que integren la perspectiva del género en sus políticas y programas y desglosen sus datos en función del sexo, sino también que fomenten la autonomía económica de las mujeres como prioridad de su enfoque político de la integración social e informen sobre los progresos realizados en este sentido;
4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y apliquen indicadores de la pobreza pertinentes con respecto al género, es decir, que no se limiten a medir los ingresos de los hogares sino que presten también la debida atención a los ingresos individuales de las distintas personas que componen un hogar;
5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la articulación entre la vida laboral y la familiar, de forma que las mujeres tengan la posibilidad de obtener unos ingresos sostenibles que garanticen su autonomía económica y una seguridad social autónoma;
6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten también medidas en materia de infraestructura social, por ejemplo por lo que se refiere al cuidado de los niños, el trabajo voluntario o el transporte público en las zonas rurales, con objeto de facilitar a las mujeres la combinación de trabajo y vida familiar;
7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y la salvaguardia de sus derechos reproductivos y sexuales en sus estrategias políticas de integración social, dado que se trata de elementos fundamentales de apoyo a la autonomía de las mujeres y a la potenciación de su papel;
8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la igualdad de trato de los trabajadores en situaciones laborales precarias y atípicas;
9. Pide a los Estados miembros que promuevan unos sistemas de pensiones basados en los derechos individuales y que conciban y apliquen medidas para las madres solas, también en forma de ayudas sociales, que mejoren su capacidad para obtener ingresos y su reintegración en el mercado de trabajo.
- [1] Basado en la Plataforma de Acción de Beijing (1995), la Revisión Beijing + 5 (2000), los informes del Banco Mundial "Engendering Development" (2000), etc.
- [2] La desigual participación de hombres y mujeres en los sectores del trabajo remunerado y no remunerado y las ideologías y percepciones en los que se basa esta desigualdad.
- [3] La Comisión parece darse cuenta de la existencia de un escollo (véase la nota a pie de página nº 3 de la página 14), pero no saca la conclusión lógica. La ponente recomienda la consulta del "Gender-related Development Index (GDI)", elaborado por el PNUD. Véase el "Informe sobre Desarrollo Humano" (Nueva York, 1995).