Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Procedimiento : 2004/2091(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0030/2004

Textos presentados :

A6-0030/2004

Debates :

PV 18/11/2004 - 4

Votaciones :

PV 18/11/2004 - 6.2

Textos aprobados :

P6_TA(2004)0065

INFORME     
29.10.2004
PE 346.943 A6-0030/2004

sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2003

(2004/2091(INI))

Comisión de Peticiones

Ponente: Proinsias De Rossa

ERRATA/ADDENDA
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2003

(2004/2091(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2003,

–   Visto el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

–   Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 1993, sobre la democracia, la transparencia y la subsidiariedad y el Acuerdo Interinstitucional sobre los procedimientos para la aplicación del principio de subsidiariedad; el estatuto del Defensor del Pueblo y las condiciones generales del ejercicio de sus funciones; las modalidades de funcionamiento del Comité de Conciliación previsto en el artículo 189 B(1), y en particular la parte relativa al Estatuto del Defensor del Pueblo y las condiciones generales del ejercicio de sus funciones,

–   Vista la Decisión (94/262/CECA, CE, Euratom), de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(2) y, en particular, el apartado 8 del artículo 3,

–   Visto el artículo 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–   Vistos el apartado 1 del artículo 112 y el apartado 2 del artículo 195 de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6‑0030/2004),

A. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales forma parte del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, adoptado por el Consejo Europeo, el 18 de junio de 2004, en Bruselas,

B.  Considerando que el artículo 41 (Derecho a una buena administración) del Capítulo V (Ciudadanía) de la Carta estipula que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable,

C. Considerando que el artículo 42 de la Carta estipula que todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión,

D. Considerando que el artículo 43 (Defensor del Pueblo) estipula      que todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales,

E.  Considerando que el Informe anual fue presentado oficialmente al Presidente del Parlamento Europeo el 19 de abril de 2004 y que el Defensor del Pueblo, Nikiforos Diamandouros, presentó el informe a la Comisión de Peticiones el 24 de abril de 2004,

F.  Considerando que en 2003, una vez más, el número de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo aumentó sustancialmente y que se prevé un aumento incluso mayor tras la ampliación,

G. Considerando que el número de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo en las que los ciudadanos tenían razón en tratar de remediar la falta de apertura y transparencia en el funcionamiento de las instituciones europeas es un hecho preocupante en materia de responsabilidad democrática de la Unión,

H. Considerando que el Informe anual cita ejemplos de casos en los que no se detectó mala administración, en los que las autoridades europeas han aplicado las recomendaciones del Defensor del Pueblo tras haber sido informadas de la reclamación o en los que se ha llegado a una solución amistosa, pero subrayando asimismo que hay reclamaciones cuyo examen ha concluido con comentarios críticos del Defensor del Pueblo,

I.   Considerando que el Defensor del Pueblo también ha actuado de forma proactiva, realizando investigaciones de oficio,

J.   Considerando que el 6 de septiembre de 2001 el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad el Código de Buena Conducta Administrativa de la Unión Europea, recomendado por el Defensor del Pueblo en un informe especial en abril de 2000, y que la Comisión no ha adoptado este Código,

K. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa contiene el fundamento jurídico para una futura ley en materia de buena administración,

L.  Considerando que, en una contribución presentada el 23 de enero de 2003 a la Convención, el Defensor del Pueblo afirmaba que "sustituir el Tratado por una Constitución, en particular por una Constitución en la que se incluyan los derechos fundamentales, exige una profunda reflexión sobre el papel de la Comisión como guardiana del Tratado",

M. Considerando que el Defensor del Pueblo, en su Decisión sobre la reclamación 995/98/OV, ya hizo hincapié en que, si bien la Comisión disfruta de poderes discrecionales en relación con la apertura de procedimientos por infracción, estos poderes están, no obstante, sujetos a los límites jurídicos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que requiere, por ejemplo, que las autoridades administrativas actúen con coherencia y de buena fe, eviten las discriminaciones, se atengan a los principios de proporcionalidad, equidad y expectativas legítimas y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales,

N. Considerando que ya en diciembre de 1999 el Parlamento Europeo recibió una solicitud del Defensor del Pueblo Europeo para que se modificasen las disposiciones del Estatuto del Defensor del Pueblo relativas a su derecho de acceso a los documentos y audiencias de los testigos, que el Parlamento Europeo recomendó la modificación de dichas disposiciones y que estas disposiciones aún no se han modificado debido a las reservas de la Comisión y del Consejo,

O. Considerando que el Defensor del Pueblo, lamentando los pareceres negativos sobre esta propuesta, propuso, mediante carta de 17 de diciembre de 2002 al Presidente del Parlamento Europeo, que los servicios del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo examinasen conjuntamente la cuestión de la revisión del Estatuto del Defensor del Pueblo,

P.  Considerando que el Informe anual refleja los esfuerzos que ha realizado el Defensor del Pueblo para seguir desarrollando la red de Defensores del Pueblo nacionales y regionales, con especial atención a los países candidatos,

Q. Considerando que el Informe Anual señala que tanto el anterior Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, como el actual, Sr. Diamandouros, han presionado en favor del reconocimiento en la Constitución de la función de los Defensores del Pueblo y otros recursos extrajudiciales,

1.  Aprueba el Informe anual para 2003 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo, en el que se ofrece una visión global y detallada de las actividades realizadas durante el año y una descripción de los asuntos tramitados;

2.  Felicita a Jacob Söderman, primer Defensor del Pueblo Europeo, por el cumplimiento, el 31 de marzo de 2003, de un mandato fructífero y cargado de retos y porque, durante los siete años y medio en los que ha ejercido el cargo, ha consolidado plenamente los fundamentos de la institución y ha ayudado a más de 11 000 ciudadanos a obtener satisfacción para sus reclamaciones;

3.  Elogia los esfuerzos de Nikiforos Diamandouros, quien, desde su entrada en funciones en abril de 2003, ha avanzado en la consecución de los objetivos de mejorar la eficacia de la Secretaría del Defensor del Pueblo Europeo y de promover la buena administración pública, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;

4.  Considera que la función del Defensor del Pueblo en la mejora de la apertura y de la rendición de cuentas en el proceso de toma de decisiones y la administración de la Unión Europea es una contribución esencial en la vía de lograr una Unión en la que realmente las decisiones se tomen "de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible", como requiere el segundo párrafo del artículo 1 del Tratado de la Unión Europea;

5.  Reconoce los esfuerzos realizados por el Defensor del Pueblo para dar a conocer su institución al público e informar a los ciudadanos acerca de sus derechos a través de distribución de material, visitas a los Estados miembros y conferencias;

6.  Toma nota de que la Comisión ha respondido positivamente a la propuesta del Defensor del Pueblo de informar de forma sistemática a los solicitantes y beneficiarios de subvenciones y ayudas acerca de la posibilidad de presentar una reclamación por mala administración;

7.  Toma nota de que el número de reclamaciones ha aumentado de forma sustancial, lo que pone de relieve el éxito obtenido por el Defensor del Pueblo al conseguir que los ciudadanos que están en contacto con las instituciones de la UE sean cada vez más conscientes de sus derechos a este respecto;

8.  Señala, sin embargo, que aún reina una cierta confusión entre el público en cuanto a las responsabilidades exactas del Defensor del Pueblo, pues alrededor del 75 % de las reclamaciones presentadas no inciden en sus competencias; señala, sin embargo, con satisfacción que, en estos casos, el Defensor del Pueblo trata de ayudar a los demandantes indicándoles que se dirijan a otros órganos, en particular la Comisión de Peticiones o los Defensores del Pueblo nacionales y locales;

9.  Toma nota con satisfacción de que, en numerosos casos, las autoridades europeas han emprendido acciones para solucionar una reclamación tras haber sido informadas del problema en cuestión y de que, en otros casos, se ha alcanzado una solución amistosa; insta a las autoridades comunitarias competentes a que apliquen los proyectos de recomendación del Defensor del Pueblo para solucionar los casos de mala administración detectados tras una investigación, y a que tengan en cuenta los comentarios críticos formulados por el Defensor del Pueblo, con el fin de evitar que en el futuro se produzcan casos similares de mala administración;

10. Constata con satisfacción que, en cuatro casos, el Defensor del Pueblo ha mediado con éxito y ha conseguido soluciones amistosas, con un resultado positivo y satisfactorio para ambas partes, y que otras siete propuestas de solución amistosa estaban en trámite al final del año;

11. Señala que, también en 2003, el Defensor del Pueblo ha formulado comentarios críticos con respecto a las instituciones, en particular el Consejo, en relación con las reclamaciones relativas a la dificultad para acceder a los documentos; recuerda que la Comisión de Peticiones examinó este asunto en un informe sobre una reclamación de la ONG "Statewatch", y que, en este contexto, el Consejo le aseguró que en el futuro respetará las normas relativas al acceso a los documentos;

12. Pide a todas las instituciones y órganos de la UE que apliquen el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(3), con el ánimo de reconocer que el acceso a los documentos de las instituciones y órganos europeos es un derecho fundamental de conformidad con el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales y con el objetivo sincero de tomar decisiones "de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible"; subraya que las instituciones y órganos de la UE deberían examinar cada solicitud con extremo cuidado antes de que se apliquen, si procede, las disposiciones o exenciones al principio de libre acceso;

13. Acoge con satisfacción la Decisión del Defensor del Pueblo relativa al acceso público a los órdenes del día y las actas del Praesidium antes de la conclusión de los trabajos de la Convención Europea; señala que, a pesar de la inaplicabilidad del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos, el Defensor del Pueblo vela con éxito por el respeto de los principios de la buena administración;

14. Recuerda su Resolución, de 14 de marzo de 2003, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001(4), en la que lamenta que la Comisión siga sustrayendo al examen parlamentario el procedimiento de infracción en su integridad, incluida la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros, en detrimento de la eficacia de la legislación comunitaria; pide a la Comisión que reconsidere su interpretación del objetivo del procedimiento de infracción;

15. Apoya la petición de que la Comisión presente propuestas para modificar el Reglamento (CE) nº 1049/2001, especialmente en relación con el acceso a los documentos legislativos;

16. Constata que también en 2003 gran número de reclamaciones se referían a la falta de apertura y transparencia en los concursos para la contratación de funcionarios, ámbito al que el Defensor del Pueblo ha concedido una elevada prioridad a lo largo de los años, teniendo en cuenta el gran número de ciudadanos que entran en contacto con las instituciones en relación con un procedimiento de contratación; señala que algunas de estas reclamaciones han concluido con un comentario crítico del Defensor del Pueblo;

17. Toma nota con satisfacción de que el Consejo, tras dos reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo, ha seguido la recomendación del Defensor del Pueblo y ha permitido a los candidatos de concursos de reclutamiento acceder a sus exámenes corregidos, conforme a la práctica del Parlamento y de la Comisión;

18. Insta a la EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal), órgano interinstitucional que en el futuro organizará la mayor parte de los concursos de reclutamiento para las instituciones de la UE, a que respete las normas y prácticas relativas a la apertura y la transparencia en los procedimientos de contratación que se han establecido a lo largo de los años, sobre todo gracias a las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo y las recomendaciones formuladas por éste;

19. Toma nota de que muchas de las reclamaciones que han concluido con un comentario crítico del Defensor del Pueblo se refieren al retraso en contestar la correspondencia, a la falta de respuesta o a respuestas insuficientes o descorteses; recuerda, por tanto, a las instituciones y a los órganos que una comunicación adecuada y correcta con los ciudadanos redunda en su propio interés;

20. Toma nota con satisfacción de que durante 2003 se iniciaron cinco investigaciones de oficio, entre ellas una relativa a la integración de las personas con discapacidad, con vistas a garantizar que no sean discriminadas en sus relaciones con la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

21. Recuerda que el 6 de septiembre de 2001 el Parlamento aprobó una Resolución sobre el Código de Buena Conducta Administrativa de las instituciones y los órganos de la UE y que, desde entonces, ha insistido reiteradamente en que todos los órganos e instituciones lo apliquen; lamenta que hasta ahora la Comisión no haya adoptado ni aplique plenamente este Código;

22. Recuerda que el 25 de septiembre de 2003, con ocasión del debate en sesión plenaria del Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2002, Loyola de Palacio, Vicepresidenta de la Comisión, hizo referencia al hecho de que el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa contiene un fundamento jurídico para una futura legislación en materia de buena administración, que deberá aplicarse de forma vinculante a todos los órganos e instituciones de la Unión; manifiesta que está de acuerdo con el Defensor del Pueblo en que la Comisión debe iniciar los trabajos preparatorios con vistas a la aprobación de dicha legislación;

23. Pide al Defensor del Pueblo que, hasta la aplicación de la legislación en materia de buena administración, trabaje con la Comisión de Peticiones para seguir desarrollando -y asegurando su aplicación por parte de la Comisión- los criterios de buena conducta administrativa referentes al procedimiento de infracción establecido en la Decisión del Defensor del Pueblo sobre la reclamación 998/98;

24. Opina que el Defensor del Pueblo debe tener un acceso ilimitado a los documentos que necesite inspeccionar en el marco de sus investigaciones; señala que han pasado casi seis años desde que el Defensor del Pueblo propuso cambios en el apartado 2 del artículo 3 de su Estatuto en relación con el acceso a los documentos y las audiencias de los testigos y que, el 6 de septiembre de 2001, el Parlamento aprobó una Resolución al respecto(5); lamenta que no haya sido posible aprobar esta Resolución por mayoría cualificada en el Consejo(6);

25. Está de acuerdo en que es necesaria una revisión del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, tal y como se aprobó el 9 de marzo de 1994, a la luz de los acontecimientos de la pasada década, incluyendo las competencias de investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o la aprobación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 sobre el acceso a los documentos, como propuso Jacob Söderman en su carta, de 17 de diciembre de 2002, al Presidente Pat Cox;

26. Reconoce las buenas relaciones de trabajo que existen entre la Secretaría del Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones, incluido un proceso de transferencia recíproca de los asuntos, cuando proceda, por el que seis reclamaciones se han transmitido directamente a esta comisión y se ha indicado a otros 142 demandantes que presenten una petición;

27. Elogia al Defensor del Pueblo por la creación de una red de Defensores del Pueblo y otros órganos nacionales y locales, a los que se transmiten las reclamaciones que no inciden en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo; opina que sería útil que la Comisión de Peticiones tuviera acceso a esta red o que creara una red similar en colaboración con la Secretaría del Defensor del Pueblo;

28. Anima al Defensor del Pueblo a que prosiga sus esfuerzos por establecer, en cooperación con los Defensores del Pueblo nacionales y regionales, un sistema general y eficiente de recursos extrajudiciales en beneficio de los ciudadanos europeos que consideren que se han violado los derechos de que disfrutan;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, así como el informe de la Comisión de Peticiones, a la Comisión, al Consejo, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a los Defensores del Pueblo u órganos equivalentes de los Estados miembros.

(1)

DO C 329 de 6.12.1993, p. 132.

(2)

DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.

(3)

DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

(4)

DO C 47E de 27.2.2003, p. 483.

(5)

DO C 72E de 21.3.2002, p. 336.

(6)

Nota del Consejo 14872/02 OMBUDS 29 de 26 de noviembre de 2002.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Defensor del Pueblo Europeo

La oficina del Defensor del Pueblo se estableció en virtud del Tratado de Maastricht, y el derecho de los ciudadanos a presentar una reclamación al Defensor del Pueblo forma parte de la ciudadanía de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo investiga casos de mala administración en las instituciones y los órganos de la UE. Ha proporcionado una definición del término "mala administración" que también ha hecho suya el Parlamento Europeo: se produce un caso de mala administración cuando un órgano público no actúa de acuerdo con una norma o principio que le es vinculante. El Defensor del Pueblo se guía aquí por las normas y los principios establecidos en el Código de Buena Conducta Administrativa, así como en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que se refieren al derecho a una buena administración.

Cuando el Defensor del Pueblo observa mala administración, en algunas ocasiones el caso puede ser resuelto por la institución afectada. Cuando esto no ocurre, el Defensor del Pueblo puede intentar una solución amistosa. Cuando ello no es posible, el Defensor del Pueblo puede archivar el caso con un comentario crítico o formular un proyecto de recomendación. Cuando la institución afectada no acepta la recomendación, el Defensor del Pueblo puede elaborar un informe especial para el Parlamento Europeo. Además, el Defensor del Pueblo puede iniciar investigaciones de oficio en relación con problemas sistemáticos que atraigan su atención.

El Informe anual del Defensor del Pueblo para 2003

El Informe anual de 2003 esboza con claridad las actividades de la oficina del Defensor del Pueblo a lo largo del año. Cubre el trabajo del Defensor del Pueblo fundador, Sr. J. Söderman, hasta el 31 de marzo de 2003 y el del Sr. Diamandouros, que asumió el cargo en abril de 2003.

El ponente expresa su satisfacción al recomendar al Parlamento la ratificación de dicho informe. Las actividades registradas representan un aspecto clave del proceso democrático y sirven para ejemplificar los principios de transparencia y responsabilidad, que deben seguir siendo objetivos principales de las instituciones europeas. Como se deduce claramente del Informe anual de 2003, el Defensor del Pueblo hace todos los esfuerzos posibles para habilitar a los ciudadanos informándoles de sus derechos a este respecto, para asegurarles un fácil acceso a una reparación adecuada cuando ello es posible y para garantizar que las instituciones adopten constantemente mejores prácticas de trabajo con vistas a eliminar las causas de las quejas siempre que sea posible.

Según el mencionado Informe anual, en 2003 se recibieron 2 436 reclamaciones, lo que representa un aumento del 10 % respecto a 2002. El Defensor del Pueblo anunció en la reunión de la Comisión de Peticiones de 26 de abril, en la que presentó el Informe anual, que se observaba un incremento del 40 % en este año. Este incremento muestra que el Defensor del Pueblo ha llegado a ser más conocido. Tanto el Defensor del Pueblo anterior como el actual han contribuido muy significativamente a difundir el conocimiento acerca de su Secretaría. Puede reseñarse que el Defensor del Pueblo y su personal han asistido a 80 conferencias, seminarios, etc. en 2003 y que el Defensor del Pueblo ha visitado casi todos los Estados miembros, nuevos y antiguos. Al mismo tiempo, sin embargo, existe una escasa conciencia acerca de lo que se incluye en el mandato del Defensor del Pueblo, ya que la gran mayoría de las reclamaciones quedan fuera de este mandato. En estos casos, se insta a los demandantes a ponerse en contacto con otros órganos, en particular la Comisión de Peticiones y los Defensores del Pueblo nacionales o locales. Se iniciaron investigaciones sobre 253 asuntos y se adoptaron decisiones sobre 180. En 87 asuntos el Defensor del Pueblo concluyó que no había pruebas de mala administración. 48 asuntos fueron solucionados por la institución pertinente.

El Informe anual describe una selección de asuntos tratados en 2003. A continuación se ofrece un breve resumen de algunas categorías de asuntos.

– Acceso a los documentos

Durante años, el anterior Defensor del Pueblo hizo un esfuerzo considerable para conseguir que las instituciones pusieran sus documentos a disposición del público. Hay que recordar que el Parlamento recibió en una ocasión anterior un informe especial sobre el problema del acceso a los documentos en relación con la recomendación al Consejo a raíz de la reclamación 917/2000 de la ONG británica "Statewacht". La Comisión de Peticiones elaboró un informe del que fue ponente Astrid Thors(1).

La reclamación 648/2002 se refería a la negativa del Consejo a permitir el pleno acceso a los documentos relativos a las negociaciones en relación con una propuesta de Reglamento sobre la aplicación de las normas previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado CE. El Consejo se negó a permitir el acceso a determinadas secciones de los documentos aduciendo el apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1409/2001, que prevé la denegación del acceso a un documento si su divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución. Las secciones en cuestión se referían a las propuestas y posiciones de las delegaciones nacionales. El demandante y el Defensor del Pueblo consideraron que era suficiente borrar el nombre de la delegación y entregar el texto propiamente dicho al demandante. El Consejo había borrado pasajes enteros del texto. El asunto concluyó con un comentario crítico a raíz del cual el Consejo decidió permitir al demandante el acceso a los documentos en su integridad.

La reclamación 1015/2002 se refería, entre otras cosas, a la negativa del Consejo a permitir acceso a dictámenes del Servicio Jurídico del Consejo. El Consejo se negó inicialmente a permitir el acceso haciendo referencia al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, que permite a las instituciones, en determinadas circunstancias, denegar el acceso, entre otros, a los dictámenes jurídicos. El Consejo había emitido una denegación general. El Defensor del Pueblo solicitó que se permitiera el acceso a estos documentos y subrayó que debe distinguirse entre dictámenes jurídicos relacionados con los procedimientos jurídicos, que normalmente no se publican, y dictámenes sobre proyectos de legislación que deben ser accesibles al público.

Estos dos ejemplos muestran que las instituciones son aún reacias a permitir el acceso a los documentos, que no han comprendido que la norma es el acceso libre a los documentos y que no hay nada automático sobre excepciones, sino que es necesario decidir asunto por asunto.

En este contexto hay que mencionar que el Parlamento Europeo declaró claramente en su Resolución, de 14 de marzo de 2002,(2) sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001que mantiene un desacuerdo con la Comisión, que continúa denegando el acceso a los documentos relativos a los procedimientos por incumplimiento del artículo 226 del Tratado. La Comisión de Peticiones ha intentado reiteradamente y en vano obtener información sobre asuntos en los que la Comisión, a menudo como resultado de peticiones presentadas al Parlamento Europeo, ha abierto un procedimiento por incumplimiento contra algún Estado miembro.

– Más apertura en relación con los concursos de reclutamiento

El Defensor del Pueblo ha recibido a lo largo de los años una larga serie de reclamaciones de ciudadanos sobre la falta de transparencia y apertura en relación con los concursos de reclutamiento. Dado que uno de los principales objetivos del Defensor del Pueblo es mejorar las relaciones entre las instituciones y el público en general, y dado que un gran número de ciudadanos se ponen en contacto por primera vez con una institución en relación con un concurso de reclutamiento, es importante que reciban una buena impresión. En 1999 el Defensor del Pueblo presentó al Parlamento un informe especial sobre los procedimientos de reclutamiento de la Comisión sobre el que la Comisión de Peticiones elaboró un informe con Herbert Bösh como ponente(3). La recomendación del Defensor del Pueblo de que los candidatos tuvieran acceso a sus exámenes escritos calificados fue aceptada por la Comisión en 1999 y por el Parlamento Europeo en 2000. En 2003, el Defensor del Pueblo trató dos reclamaciones (2097/2002 y 2059/2002) sobre la negativa del Consejo a conceder acceso a los exámenes escritos calificados. Tras una recomendación del Defensor del Pueblo, el Consejo por fin ha acordado modificar las normas. Por lo tanto, se puede decir que todos los candidatos en los concursos de reclutamiento tienen acceso a sus escritos de examen marcados.

La reclamación 341/2001 se refería a la negativa del Parlamento a informar al demandante acerca de los nombres de los candidatos que habían superado con éxito un concurso de reclutamiento y los puntos que habían obtenido. El Defensor del Pueblo dirigió una recomendación al Parlamento pidiéndole que asegurara que en el futuro la institución elaboraría dicha lista y, además, informaría a todos los candidatos de que dicha lista se publicaría. El Parlamento al principio se negó a seguir dicha recomendación. El Defensor del Pueblo decidió entonces elaborar un informe especial, a raíz del cual el Parlamento optó por seguir la recomendación del Defensor del Pueblo.

El hecho de que los límites de edad ya no se apliquen en los concursos de reclutamiento de las instituciones se debe también a los esfuerzos del Defensor del Pueblo.

En el futuro, la mayoría de los concursos de reclutamiento en la UE serán organizados por la EPSO (Oficina Europea de Selección del Personal). Debería dirigirse una recomendación a la EPSO en el sentido de que cumpla también con las normas de apertura y transparencia que han sido introducidas gracias a los esfuerzos del Defensor del Pueblo.

– Asuntos de demora, de falta de respuesta a la correspondencia, de lenguaje descortés, etc.

Una serie de reclamaciones podrían haberse evitado si los demandantes hubieran recibido una respuesta satisfactoria a su debido tiempo. A veces surgen asuntos cuando una institución, de hecho, actúa correctamente pero no explica al demandante las razones de su actuación. Tales asuntos pueden dar lugar a un comentario crítico por parte del Defensor del Pueblo. Un participante en un concurso de reclutamiento no había entendido la diferencia entre "haber obtenido el número de puntos necesario" y "entrar en la lista de reserva" y fue acusado de querer "engañar". Los funcionarios de la UE pueden tener tendencia a olvidar que puede ser difícil para personas ajenas a las instituciones comprender el modo de actuar de las instituciones, así como la jerga de la UE. Otro asunto se refiere a un empleado en la misión policial de la UE en Sarajevo que fue despedido por conducta inadecuada. El despido parecía estar justificado, pero a la persona en cuestión no se le dio la oportunidad de expresar su punto de vista sobre el asunto. El lenguaje descortés también puede dar lugar a un comentario crítico. Debe hacerse llegar a las instituciones el mensaje de que una comunicación adecuada y satisfactoria con los demandantes redunda en su propio interés.

Otros asuntos

– El Código de Buena Conducta Administrativa de la Unión Europea

En 1999, el Defensor del Pueblo presentó una propuesta de Código de buena conducta administrativa para las instituciones y los órganos de la UE. La Comisión de Peticiones elaboró un informe sobre esta propuesta cuyo ponente fue Roy Perry(4). El 6 de septiembre de 2001, el Parlamento aprobó la resolución correspondiente(5) y, en consecuencia, el mencionado Código con las modificaciones propuestas. La mayoría de las instituciones y de los órganos han adoptado el código como orientación para sus relaciones con el público en general. Dado que es de suma importancia que todas las instituciones apliquen el mismo código, el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones han pedido reiteradamente a la Comisión que adopte el Código común. El 26 de septiembre de 2002, durante el debate del Informe anual del Defensor del Pueblo para 2001, el Comisario Liikanen declaró que la Comisión tiene su propio Código, que, en muchos aspectos, es igual al código del Defensor del Pueblo, y que no estaba dispuesta a proponer un reglamento que incluyese un Código de buena conducta administrativa, como se le había pedido. El 25 de septiembre de 2003, durante el debate sobre el Informe anual del Defensor del Pueblo para 2002, la Vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, declaró que el proyecto de Tratado Constitucional contenía un fundamento jurídico para una futura legislación sobre buena conducta administrativa. El Defensor del Pueblo declara en el informe anual que, como seguimiento, ha escrito al Presidente de la Comisión indicando que esta legislación debe empezar a prepararse ya, de manera que pueda aplicarse rápidamente cuando se adopte la Constitución. El ponente no puede sino hacer suya esta solicitud, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución ha sido ya aprobada por el Consejo Europeo.

Inspección de documentos y audiencia de testigos por parte del Defensor del Pueblo

El apartado 2 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo trata, en parte, sobre el acceso del Defensor del Pueblo a documentos y, en parte, sobre la audiencia de testigos. Mediante carta de 13 de diciembre de 1999, el Defensor del Pueblo se puso en contacto con el Presidente del Parlamento a propósito de una propuesta de modificación de las disposiciones relevantes. Su opinión era que el apartado 2 del artículo 3 impone restricciones al Defensor del Pueblo en materia de sus poderes de investigación. De acuerdo con la redacción actual se puede negar el acceso a los documentos "por razones de secreto o de confidencialidad debidamente justificadas" y el acceso a los documentos de un Estado miembro clasificados como secretos sólo podrá concederse después de "haber obtenido el acuerdo previo de dicho Estado miembro". Por otra parte, los funcionarios y otros agentes de las instituciones llamados a prestar declaración se expresarán "conforme a las instrucciones" "de la administración de la que dependan" "y tendrán obligación de mantener el secreto profesional".

La Comisión de Asuntos Constitucionales elaboró un informe del que fue ponente Teresa Almeida Garret(6). En la correspondiente resolución se resolvió eliminar las restricciones mencionadas. De conformidad con el apartado 4 del artículo 195 del Tratado CE, el Parlamento Europeo fijará el Estatuto del Defensor del Pueblo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo, por mayoría cualificada. La Comisión expresó reservas acerca de la propuesta, y el Consejo no pudo aprobarla.

Una delegación de la Comisión de Peticiones que visitó Copenhague los días 17 y 18 de septiembre de 2002 expuso el problema al Ministro de Asuntos Exteriores danés, Bertel Haarder, Presidente del Consejo, que prometió plantear el asunto en el Consejo. El asunto se abordó en reuniones del Grupo de Asuntos Generales en octubre y noviembre de 2002. Una mayoría cualificada del Consejo no pudo aprobar la resolución del Parlamento. No obstante, se expresó la opinión de que el Estatuto del Defensor del Pueblo debía actualizarse a la luz de los acontecimientos y de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos.

El Defensor del Pueblo no incluye este problema en el Informe anual, lo que es un reflejo de que no ha tenido problemas con el examen de los documentos. El ponente considera que el apartado 2 del artículo 3 impone restricciones al trabajo del Defensor del Pueblo, lo que contrasta con la confianza generalmente demostrada al Defensor del Pueblo. Esta cuestión deberá plantearse de nuevo en la próxima legislatura.

– Cooperación entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo

Regularmente se hacen llamamientos en favor de una mayor cooperación entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo. Las relaciones están caracterizadas por la confianza y la voluntad de cooperación, pero, aparte de un acuerdo de transferencia mutua de asuntos -que llevó a que seis reclamaciones se transfirieran a la Comisión de Peticiones y se aconsejara a otros 243 demandantes que presentaran una petición, hay que reconocer que la cooperación no es particularmente amplia en la práctica. El propio Jacob Söderman presentó algunas propuestas específicas para una mayor cooperación con ocasión de la presentación del Informe anual para 2001, pero éstas no han sido puestas en práctica. Un factor que obstaculiza la cooperación es, sin duda, la diferencia en los métodos de trabajo.

En 1996, el Defensor del Pueblo estableció una red de contactos que incluía a Defensores del Pueblo y órganos similares, que, entre otras cosas, tenía como finalidad transmitir las reclamaciones que no inciden en el mandato del Defensor del Pueblo a otros órganos de los Estados miembros que son más adecuados para tratar estas reclamaciones. La Comisión de Peticiones recibe un gran número de peticiones que no son admitidas a trámite, ya que no inciden en el ámbito de actividades de la UE. La comisión se esfuerza al máximo por remitir a los peticionarios a otros órganos que podrían tratar sus asuntos, en particular, los Defensores del Pueblo y las Comisiones de Peticiones nacionales. Es obvio que la red de contactos del Defensor del Pueblo también podría ser utilizada por la Comisión de Peticiones. Sería conveniente examinar, en cooperación con la Secretaría del Defensor del Pueblo, las posibilidades de acceder a esta red o de establecer una red similar en la Comisión de Peticiones.

PROCEDIMIENTO

Título

Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2003

Referencias

2004/2091(INI)

Fundamento reglamentario

Art. 11, apdo. 1 y art. 195, apdo. 2

Comisión competente para el fondo
  Fecha del anuncio en el Pleno

PETI
28.10.2004

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión
  Fecha del anuncio en el Pleno

 

 

 

 

 

Opinión(es) no emitida(s)
  Fecha de la decisión

 

 

 

 

 

Cooperación reforzada
  Fecha del anuncio en el Pleno

 

 

 

 

 

Propuesta(s) de resolución incluida(s) en el informe

 

 

 

Ponente(s)
  Fecha de designación

Proinsias De Rossa

17.3.2004

 

Ponente(s) sustituido(s)

 

 

Examen en comisión

26.4.2004

1.9.2004

29.9.2004

 

 

Fecha de aprobación

30.9.2004

Resultado de la votación final

a favor:

en contra:

abstenciones:

[13]

[0]

[0]

Miembros presentes en la votación final

Marcin Libicki, Marie Pnayatopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Sir Robert Atkins, Alexandro Batilocchio, Alexandra Dobolyi, Janelly Fourtou, David Hammerstein-Mintz, Roger Helmer, Emmanouil Mavrommatis, Diana Wallis y Rainer Wieland

Suplentes presentes en la votación final

Marie-Hélène Descamps

Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final

 

Fecha de presentación – A[5]

29.10.2004

A6‑0030/2004

Observaciones

...

(1)

Doc. A5-0363/2002.

(2)

DO C 47 de 27.2.2003, p. 483.

(3)

Doc. A5-0280/2000.

(4)

Doc. A5-0245/2001.

(5)

DO C 72E de 21.3.2002, p. 239.

(6)

Doc. A5-0240/2001.

Aviso jurídico - Política de privacidad