INFORME sobre la situación social en la Unión Europea

9.2.2005 - (2004/2190(INI))

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente: Ilda Figueiredo


Procedimiento : 2004/2190(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A6-0035/2005
Textos presentados :
A6-0035/2005
Textos aprobados :

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación social en la Unión Europea

(2004/2190(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vista su Resolución de 4 de julio de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión "Fortalecimiento de la dimensión local de la estrategia europea de empleo"[1],

–   Vista su Resolución de 25 de septiembre de 2002 sobre la comunicación de la Comisión relativa al balance de cinco años de aplicación de la Estrategia Europea de Empleo[2],

–   Vista su Resolución de 3 de septiembre de 2003 sobre el cuadro de indicadores sobre la aplicación de la agenda de política social[3],

–   Visto el informe de noviembre de 2003 del Grupo de Trabajo sobre el Empleo, "Crear más empleo en Europa",

–   Vista la Resolución del Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad de 11 de noviembre de 2003, aprobada en el marco del Año Europeo de las Personas con Discapacidad 2003,

–   Vista su Resolución de 24 de septiembre de 2003 sobre el Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones[4],

–   Vista su Resolución de 4 de diciembre de 2003 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad[5],

–   Vista su Resolución de 14 de enero de 2004 sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea[6],

–   Vista su Resolución de 20 de abril de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión titulada "Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: un plan de acción europeo"[7],

–   Visto el documento de trabajo de la Comisión Europea de 18 de mayo de 2004 sobre la situación social en la Unión Europea,

–   Visto el informe del Grupo de Alto Nivel sobre el futuro de la política social en la Unión Europea ampliada de mayo de 2004,

–   Visto el informe de noviembre de 2004 del Grupo de Alto Nivel "La estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo - Hacer frente al reto",

–   Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la Agenda de política social (COM(2000)0379),

–   Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6‑0035/2005),

A. Considerando que la situación social en la Unión Europea de 25 Estados miembros, tras la adhesión el pasado mes de mayo de diez nuevos países con niveles de desarrollo muy diferentes y, en general, inferiores a la media de los 15, exige que se preste mucha más atención a los problemas sociales y de desarrollo,

B.  Teniendo en cuenta que el crecimiento económico observado en los últimos tres años ha disminuido a menos de la mitad, lo que ha contribuido al aumento del desempleo que afecta a cerca de 20 millones de personas en la Unión Europea, en su mayoría mujeres, y a niveles preocupantes de pobreza y de exclusión social, sabiendo que, según los últimos datos conocidos, relativos a 2001, el número total de personas que se encuentran expuestas al riesgo de la pobreza es de cerca de 70 millones, que los datos no actualizados e imprecisos sobre la pobreza y la exclusión social dificultan un análisis en profundidad y un mecanismo de alerta rápida para la adopción de medidas urgentes destinadas a superar los problemas y que los objetivos de Lisboa establecen para 2010 una tasa de empleo global del 70 % y de empleo de las mujeres del 60 %,

C. Considerando que han aumentado las desigualdades tanto entre países como entre regiones y distintas comunidades y grupos de población,

D. Teniendo en cuenta que se ha prestado menos atención a los aspectos sociales de la Agenda de Lisboa que a la estabilidad de los precios, a la reducción de los costes y del déficit presupuestario,

E.  Considerando que las transformaciones generales del mercado del empleo, en particular en el sector industrial, con las recientes deslocalizaciones de multinacionales en distintos Estados miembros, han generado elevados niveles de desempleo que afectan a los trabajadores de edades comprendidas entre los 40 y los 55 años, sobre todo mujeres, que difícilmente encuentran otros puestos de trabajo,

F.  Considerando que las políticas comunitarias deberían tener plenamente en cuenta la creación de empleo de calidad, especialmente para los grupos de población más expuestos al desempleo, en particular los jóvenes, cuyo índice de desempleo sobrepasa el 20 % en varios países, de manera persistente,

G. Considerando que subsisten discriminaciones con respecto al acceso al empleo de calidad de las mujeres y que, en muchos países, siguen siendo insuficientes los equipamientos sociales de apoyo a la familia, en particular en lo que respecta al cuidado de los niños, a la educación preescolar y a las personas mayores, para poder compaginar la familia con el trabajo,

H. Considerando la importancia de los servicios públicos y de la economía social en el dinamismo del empleo y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social,

I.   Considerando que la información no actualizada y poco precisa sobre pobreza y exclusión social dificulta un análisis más profundo y una alerta rápida para la aplicación de medidas urgentes que den solución a estos problemas,

J.   Considerando que la creciente tasa de envejecimiento y la disminución de la tasa de natalidad en la nueva Europa ampliada hacen necesario un análisis en profundidad del cambio demográfico, de cara a la consecución de los objetivos de Lisboa,

K. Considerando que un análisis de las condiciones sociales exige una contextualización de las consecuencias sociales de la organización económica existente con respecto a las tendencias hacia el empobrecimiento y la exclusión de amplias regiones, la degradación de las condiciones de trabajo, el aislamiento social de grupos de población cuya participación social se limita a un futuro de empleo precario, de desempleo, de dificultades de acceso a los sistemas de salud, a la vivienda digna, a la justicia, al ocio, a la cultura y a los derechos humanos y sociales que no les están garantizados,

L.  Considerando, que, incluso tras la última ampliación, la Unión Europea se enfrenta a importantes problemas demográficos, y que por ello la inmigración es necesaria para hacer frente a sus repercusiones directas en el actual mercado de trabajo,

M. Considerando que es necesario encontrar medios eficaces para luchar contra la pobreza, se propone estudiar la posibilidad de que los Estados miembros introduzcan medidas tales como la "renta mínima vital",

1.  Insiste en la necesidad de dar prioridad a la solución de los problemas de desempleo, de pobreza y de exclusión social, lo que impone una revisión de las políticas económicas y financieras actuales, en particular el Pacto de Estabilidad, la Estrategia de Lisboa, el mercado interior y la política de competencia, dar prioridad a la búsqueda de altos niveles de empleo y de empleo estable y de calidad y con derechos, a la inversión y a servicios públicos de calidad que garanticen la integración social, en particular en los ámbitos de la educación, de la salud pública, del cuidado de los niños, de los cuidados a las personas en situación de dependencia, de los transportes públicos y de los servicios sociales;

2.  Insiste en la necesidad de examinar la directiva prevista relativa a los servicios (propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a los servicios en el mercado interior) en lo relativo a las consecuencias que cabe esperar para el mercado laboral y la calidad de los puestos de trabajo;

3.  Señala que la búsqueda de un nivel elevado de empleo y de empleo estable y de mejor calidad requiere una verdadera política industrial, inversiones concertadas en las grandes infraestructuras y una política de investigación e innovación que responda a los objetivos de Lisboa y cuente con los medios necesarios, así como una política de formación permanente;

4.  Reafirma que las políticas sociales y las políticas de integración son fundamentales para el ciudadano y, al mismo tiempo, para el crecimiento de la Unión Europea, y señala que la política social y de integración constituye un factor de desarrollo;

5.  Subraya la importancia de la nueva Agenda de política social 2006-2010, que debe tener los objetivos siguientes:

–  una política social basada en el respeto y en la garantía de acceso a todos los derechos humanos fundamentales en todas las políticas comunitarias,

–  el desarrollo de una sociedad inclusiva y de cohesión, lo que presupone medidas a favor de un empleo estable y del respeto de los derechos de los trabajadores,

–  el fomento de una sociedad basada en la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación,

–  el fomento de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,

–  el reparto de la riqueza generada para garantizar un mayor bienestar para todos, lo que presupone que los sistemas de protección social sean públicos y universales, y para garantizar el acceso de todos a servicios públicos de calidad, incluida la salud, la educación y la vivienda,

–  una política social que tenga en cuenta a todos los grupos, beneficiando, en particular, a las poblaciones más vulnerables y expuestas a la pobreza y a la exclusión social, incluidos los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y sus familias,

–  asegurar la democracia participativa en las diversas políticas sociales y laborales,

–  el desarrollo de una política de educación y de formación profesional que favorezca la convergencia y el reconocimiento de las cualificaciones, vinculada a las necesidades de la economía europea y en concertación con los interlocutores sociales,

–  una armonización de los estatutos del trabajo asalariado, que incluya derechos y garantías, en particular en los ámbitos de la protección social y de la formación permanente;

6.  Insiste en la necesidad de que la Cumbre de Primavera defina las grandes orientaciones económicas para tomar en consideración la realidad preocupante de los altos índices de desempleo, en especial de los jóvenes y de las mujeres, para adoptar medidas destinadas a lograr una mayor integración social y para mejorar cuantitativa y cualitativamente el empleo y el medio ambiente; pide que se refuerce el método de coordinación abierto; señala que, para alcanzar los objetivos de Lisboa en lo relativo a las tasas de empleo, es necesario crear más de 22 millones de puestos de trabajo antes de 2010;

7.  Pide a la Comisión que fomente todos los esfuerzos para promover un mejor entorno para la creación de empresas y apoye el espíritu empresarial, en particular a favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME), creadoras de la gran mayoría de puestos de trabajo en la UE;

8.  Pide a todas las empresas que reconozcan que tienen la responsabilidad social de tener en cuenta la defensa del empleo y el desarrollo de las regiones interesadas cuando decidan fusiones y deslocalizaciones; recuerda la necesidad de que se cumpla la Resolución nº 160/ 2003 del Parlamento Europeo sobre el cierre de empresas tras la concesión de ayuda financiera de la Unión Europea;

9.  Señala que, en el marco de la responsabilidad que les incumbe en el ámbito social, las empresas deberían garantizar a sus empleados las mejores condiciones posibles de capacitación:

     - durante los períodos de adquisición práctica de la formación inicial;

     - durante la formación permanente de sus empleados;

     - para el reconocimiento y la convalidación de la experiencia profesional;

     y que, para responder a estos objetivos, todas las grandes empresas deberían elaborar planes y balances de competencias para la formación y el desarrollo de las cualificaciones negociados entre los interlocutores sociales, por una parte, y las instituciones que expiden las cualificaciones profesionales, por otra;

10. Subraya que es necesario crear o mejorar los indicadores de pobreza en la Europa ampliada;

11. Insiste, en particular, en la necesidad de apoyar a las regiones desfavorecidas, las zonas con desventajas estructurales permanentes, las zonas ultraperiféricas y las zonas afectadas por desindustrializaciones recientes, reconversiones industriales o cierre de minas, para tomar en consideración la necesaria cohesión económica y social;

12. Insiste en la necesidad de asistir a los sectores productivos, a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas, a la agricultura en pequeña escala y familiar y a la economía social, teniendo en cuenta su importancia para la creación de empleo y de bienestar;

13. Insiste en que se adopten medidas que fomenten la igualdad y combatan las discriminaciones existentes, en particular mediante nuevas iniciativas legislativas, destinadas a desarrollar el artículo 13 del Tratado en el ámbito de los derechos de la mujer, de los inmigrantes y de las personas con discapacidad; señala asimismo la necesidad de reforzar los vínculos entre el Fondo Social Europeo y los planes de acción nacionales para el empleo y la integración social, con objeto de garantizar una financiación adecuada de los mismos y la participación efectiva de los Parlamentos nacionales, de las ONG que intervienen en estos sectores y de los interlocutores sociales;

14. Señala que la educación permanente responde tanto a una necesidad social como a las necesidades del mercado laboral europeo y constituye un derecho social independientemente de la edad, el género o el origen social; señala que los grupos socialmente desfavorecidos (mujeres, inmigrantes, personas que viven por debajo del umbral de pobreza) deberían ser los destinatarios privilegiados, a la vista de las dificultades que encuentran por su escaso nivel de formación y su marginalización respecto de los sistemas de educación y de formación y pide medidas específicamente concebidas para estos grupos, con objeto de garantizarles la igualdad de oportunidades; desea, por último, que se establezcan objetivos específicos para las personas que no hayan acabado el segundo ciclo de educación secundaria, los analfabetos, las personas no cualificadas, los parados, las personas con discapacidad, los mayores de 50 años, los migrantes, las mujeres al acabar su permiso de maternidad, etc.;

15. Insta a que se desarrollen iniciativas legislativas que contribuyan a crear más puestos de trabajo, conciliar el trabajo con la vida familiar, asegurar la formación y la educación permanentes y fomentar la participación cívica y social de las personas en la vida de las comunidades;

16. Celebra que el informe de la Comisión haga hincapié en la vital importancia de la mejora del nivel de empleo y reconozca que el desempleo es una de las causas más importantes de exclusión social;

17. Destaca la necesidad de hacer frente de forma más eficaz a las causas y consecuencias de los accidentes laborales, a través del aumento y el refuerzo de las medidas de control;

18. Insiste, con objeto de reducir las disparidades entre los Estados miembros, en el refuerzo del presupuesto de las próximas perspectivas financieras (2007-2013) y de los Fondos estructurales para tomar en consideración la necesaria cohesión económica y social, conciliando dos requisitos fundamentales: la solidaridad con los nuevos Estados miembros y el apoyo al desarrollo estructural de las actuales regiones menos favorecidas y, por ende, una mayor convergencia real;

19. Pide a la Comisión que elabore y publique un mayor número de indicadores y estudios actualizados y de mejor calidad, en particular sobre la integración transversal de los objetivos sociales en los demás ámbitos políticos y sobre las consecuencias de las distintas políticas comunitarias en la agravación del desempleo, de la pobreza y de la exclusión social, así como de las discriminaciones, teniendo en cuenta el análisis por género y la contribución verdaderamente representativa de la sociedad;

20. Pide que la Comisión se ocupe más intensamente del desarrollo demográfico y sus repercusiones en la sociedad para evitar tendencias negativas;

21. Espera, por último, que se presenten propuestas concretas sobre cómo podrían atenderse en los Estados miembros las reivindicaciones de mejor formación y aprendizaje permanente, con vistas a desarrollar eficazmente los recursos en el ámbito del capital humano;

22.  Espera que se presenten propuestas concretas en la nueva agenda social sobre cómo conservar y afianzar el modelo social europeo en un mundo globalizado y mejorar la situación social de los grupos más vulnerables de la sociedad;

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.

  • [1]  DO C 271 E de
  • [2]  DO C 273 E de 14.11.2003, p. 192.
  • [3]  DO C 76 E de 25.3.2004, p. 226.
  • [4]  DO C 77 E de 26.3.2004, p. 251.
  • [5]  DO C 89 E de 14.4.2004, p. 124.
  • [6]  DO C 92 E de 16.4.2004, p. 329.
  • [7]  Textos aprobados de esa fecha, P5_TA (2004)0292.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación social en la Unión Europea de 25 Estados miembros, tras la adhesión en el pasado mes de mayo de diez nuevos países con niveles de desarrollo muy diferentes, exige que se preste mucha más atención a los problemas sociales y de desarrollo. La limitación de las páginas del presente informe no permite hacer un análisis detallado, por lo que sólo se mencionan algunos aspectos que se consideran esenciales, sobre la base de la información disponible.

1. Empleo, desempleo y condiciones de trabajo

Si bien la información estadística es aún insuficiente, datos recientes de Eurostat[1] demuestran que, a finales de 2003, de una población de casi 443 millones de personas:

-  192,8 millones tenían empleo, un 43,6 % de las cuales eran mujeres y el 10,7 % jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad, cerca de 161 millones eran trabajadores por cuenta ajena, aunque con porcentajes elevados de trabajo precario y a tiempo parcial;

-  Tras el cuasi estancamiento de la creación de empleo en 2002, se registró en la Unión Europea, por primera vez en los últimos diez años, una regresión neta del empleo en 2003/2004;

-  Cerca del 62,9 % de la población de edad comprendida entre los 15 y los 64 años tenía empleo, pero las diferencias entre los distintos países de la Unión Europea eran grandes: en ocho de ellos, la media era del 67 % o más (Dinamarca, Chipre, los Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y el Reino Unido). El índice era inferior al 57 % en Italia, Malta y Polonia;

-  Pero cerca del 10,3 % de las personas de edad comprendida entre los 15 y los 64 años trabajaban sólo a tiempo parcial; en general, en los países con un índice de empleo más elevado, una parte significativa de este empleo lo es a tiempo parcial, como sucede en los Países Bajos (32,8 %), Eslovenia (23,2 %) y el Reino Unido (17,4 %);

-  El empleo precario es muy elevado, como se puede ver por el porcentaje del 12,9 % de empleo con contrato de duración determinada, destacando de manera especial Polonia (19,4 %), Portugal (20,6 %) y España (30,6 %);

-  Es preocupante la precariedad del empleo de las mujeres. En los empleos a tiempo completo sólo el 36,7 % eran mujeres y en los puestos de trabajo permanentes sólo lo era el 38 %;

-  19,1 millones de personas estaban desempleadas, el 51,3 % de las cuales eran mujeres y el 24,3 % jóvenes.

Entretanto, datos más recientes sobre el desempleo[2] demuestran que el desempleo sigue en aumento y que, en agosto de 2004, alcanzó la cifra de 19,3 millones de desempleados, es decir, un índice del 9 %. Pero en algunos países estos índices son mucho más elevados, en especial en Polonia con el 18,7 %, Eslovaquia (15,7 %), Lituania y España, ambos con el 11 %.

El índice medio de desempleo de las mujeres en la Unión Europea de 25 alcanza el 10 % y entre los jóvenes de menos de 25 años es del 18,1 %.

Como se sabe, desde el Consejo Extraordinario de Luxemburgo, en noviembre de 1997, se estableció una estrategia ambiciosa de reducción del desempleo y de crecimiento sostenible del índice de empleo, como la reducción de las disparidades de género.

En la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000 se fijó el objetivo del pleno empleo, con más empleos de mejor calidad. Para el año 2010, se fijaron los objetivos siguientes:

- 70 % para el índice global de empleo,

- 60 % para el índice de empleo de las mujeres.

Posteriormente, en el Consejo de Estocolmo, en la primavera de 2001, se fijó el objetivo de un índice de empleo del 55 % para las personas de edad comprendida entre los 55 y los 64 años.

Ahora bien, la verdad es que, en 2003, el índice global de empleo, incluido el empleo precario y el trabajo a tiempo parcial, no sobrepasaba el 62,9 % en la Europa de los 25.

En la división por géneros, el índice de empleo de las mujeres era sólo del 55 %, y una parte significativa de este empleo era precario y a tiempo parcial, mientras que el índice de empleo de los hombres era del 71 %. En consecuencia, se mantienen profundas desigualdades en el mercado de trabajo.

-  Las deficientes condiciones de trabajo en varios sectores de actividad de diversos países, provocan enfermedades y son causa de un elevado número de accidentes de trabajo, aunque su número haya disminuido desde 1994. En 2000 se perdieron cerca de 500 millones de jornadas de trabajo, bien como consecuencia de accidentes de trabajo (150 millones de jornadas perdidas), bien de problemas de salud relacionados con el trabajo (350 millones de jornadas perdidas).

-  En 2001 el 3,8 % de los trabajadores de la UE fue víctima de accidentes de trabajo que tuvieron como consecuencia más de tres jornadas de ausencia del trabajo y el 6,1 % fue víctima de accidentes que no dieron lugar a faltas superiores a tres días. Los accidentes de trabajo mortales ocasionaron, por término medio, 80 muertes por cada 100 000 trabajadores, en especial en los sectores de la pesca y de la construcción. Por países, los casos más graves, que sobrepasan con mucho este promedio, son: Letonia, Bélgica, Lituania, Estonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido.

Esta realidad demuestra que no son suficientes las estrategias definidas con respecto al

crecimiento del empleo, porque se ha dado prioridad a la estabilidad de los precios, mediante criterios de convergencia nominal, por lo que se impone su sustitución por un Pacto de Desarrollo y Empleo, que conceda prioridad al crecimiento del empleo de calidad y con derechos.

Se imponen también medidas que condicionen las fusiones de empresas y las deslocalizaciones de multinacionales, que apoyen los sectores productivos, las microempresas y las pequeñas empresas, que fomenten la igualdad, que combatan las discriminaciones existentes y que contribuyan a la reducción del horario de trabajo sin pérdida de remuneración con el fin de facilitar la creación de más empleo, de conciliar el trabajo con la vida familiar, de asegurar la formación y la educación a lo largo de toda la vida y de facilitar la participación cívica y social de las personas en la vida de las comunidades.

2. Salarios y salario mínimo

En 18 de los 25 Estados miembros (Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, España, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido) hay salarios mínimos definidos .

-  Los valores aplicados, a 1 de enero de 2004, variaban entre los 121 euros mensuales por término medio en Letonia, los 498 en Portugal y los 1 403 euros en Luxemburgo.

-  Es cierto que, tras la supresión del factor precios, la comparación, basada en la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), muestra ligeras desigualdades y algunas alteraciones de posición, con salarios más altos en Malta y Eslovenia en términos de PPA que en Portugal y España.

-  El porcentaje de trabajadores a tiempo completo con salario mínimo está mucho más diversificado y va desde el 0,8 % en España y el 1,9 % en el Reino Unido hasta el 14 % en Francia, el 15,1 % en Luxemburgo y el 15,4 % en Lituania, afectando, en general, a un mayor porcentaje de mujeres que de hombres.

-  El salario mínimo corresponde a una proporción media mensual de los beneficios de la industria y los servicios que, en 2002, variaba del 32 % en Eslovaquia, el 43 % en Portugal, el 49 % en los Países Bajos y el 54 % en Malta.

-  Las diferencias de salarios en la Unión Europea de 25 ponen de manifiesto que también aquí se mantienen las discriminaciones entre hombres y mujeres. Aunque sea difícil hacer comparaciones, en 2001, en la UE de 15, la remuneración media bruta por hora de las mujeres era inferior en un 16 % a la de los hombres, y en varios países era bastante superior, en particular en Alemania y el Reino Unido. Pero los datos disponibles de los nuevos Estados miembros muestran asimismo diferencias significativas en algunos países, en particular en la República Checa y Estonia.

Para acabar con estas disparidades salariales es necesario acabar con la discriminación directa relacionada con el sueldo base, así como con la discriminación indirecta vinculada a la participación en la actividad económica, a las opciones profesionales y a la evolución de la carrera.

3. Renta - PIB por habitante

Según Eurostat[3], los valores del PIB por habitante, en 2003, en EPA (Estándar de poder adquisitivo (EPA), que trata de armonizar el poder adquisitivo de las distintas monedas para permitir las comparaciones entre países, presentaba grandes variaciones según los países:

-  con el 50 % o menos de la media de la Unión Europea de 25: Letonia, Estonia, Lituania y Polonia,

-  entre el 51 y el 75 % de la media de la Unión Europea de 25: República Checa, Hungría, Malta, Portugal y Eslovaquia,

-  entre el 76 y el 100 % de la media de la Unión Europea de 25: Chipre, Grecia, España y Eslovenia,

-  entre el 101 y el 125 % de la media de la Unión Europea de 25: Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido,

-  el 126 % y más de la media de la Unión Europea de 25: Irlanda y Luxemburgo.

Estos datos revelan las grandes divergencias de desarrollo entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea y demuestran que se está muy lejos de la cohesión económica y social prevista en el Tratado, por lo que se impone que se preste mayor atención a este problema mediante las políticas macroeconómicas y el aumento de los fondos comunitarios, en particular, del Fondo de Cohesión y de los Fondos estructurales, situación especialmente importante en el momento en que se inician las negociaciones de las perspectivas financieras.

4. Pobreza y exclusión social

Las recientes publicaciones de Eurostat[4] sobre Población y Condiciones Sociales, partiendo de los criterios y de los 18 indicadores comunes definidos en el Consejo de Laeken, de

diciembre de 2001, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo Europeo de Niza, de diciembre de 2000, que consideró que la lucha contra la pobreza y la exclusión social, prevista en la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000, debía llevarse a cabo mediante el método de coordinación abierto, de manera especial en lo que respecta a los Planes Nacionales de Inclusión, permiten sacar algunas conclusiones, aunque sobre la base de informaciones no actualizadas.

Entretanto, la publicación “La situación social en la Unión Europea – 2004” de la Comisión incluye en su análisis también a los diez nuevos Estados miembros y se basa en las distintas informaciones difundidas por Eurostat[5].

-  En 2001, cerca del 15 % de la población de la Unión Europea se encontraba expuesta al riesgo de la pobreza[6], o sea, casi 70 millones de personas; en Grecia y en Portugal esta cifra era del 20 % y en Irlanda del 21 %. Pero las rentas en que se basa el cálculo del 60 % de la media nacional son muy diferentes de país a país, como se puede ver en el análisis de los salarios mínimos y en la distribución de los ingresos mencionada.

-  La protección social y las prestaciones de seguridad social son fundamentales para diminuir la exposición al riesgo de la pobreza. Sin las distintas transferencias sociales, incluidas las pensiones y otras ayudas, el riesgo de pobreza afectaría, por término medio, al 30 % de la población en Finlandia, al 37 % en Portugal, al 40 % en Francia y al Reino Unido y al 42 % en Italia, lo que demuestra la importancia de la política de protección y seguridad social.

-  La distribución de la protección social varía mucho según los distintos Estados miembros: en la Unión Europea de 15, en 2001, variaba sólo entre 3 644 PPA en Portugal, el valor más bajo, y 10 559 en Luxemburgo, el valor más alto.

-  También la desigualdad en la distribución global de los ingresos es muy alta, bien entre grupos de población, bien entre países. En 2001, el 20 % de la población con ingresos más altos recibía casi cinco veces más que el 20 % de la población con ingresos más bajos. Este indicador variaba entre el 3 % en Dinamarca y el 6,5 % en Portugal.

-  El porcentaje de personas que viven en unidades familiares desempleadas[7] es muy elevado. En 2003, en la Unión Europea de 15, cerca del 10 % de la población entre los 18 y los 59 años vivía en unidades familiares cuyos componentes se encontraban en su totalidad en situación de desempleo.

Con el agravamiento del desempleo en los últimos años y la reducción de las ayudas sociales en algunos Estados miembros, la situación de pobreza y de exclusión social es, con toda probabilidad, aún más grave de lo que las estadísticas de referencia demuestran, lo que plantea la cuestión de la prioridad a la inserción social en las distintas políticas comunitarias, en particular en la política monetaria y del mercado interior, para defender servicios públicos de calidad, dando prioridad a inversiones públicas en los ámbitos sociales de la salud, la educación, la formación, la vivienda, la protección social, el acceso a la justicia, la cultura y el ocio, entre otros.

5. Educación

A pesar de que existe un acuerdo generalizado sobre la importancia de la educación, de la formación profesional, de la educación a lo largo de toda la vida y de la investigación, siguen existiendo grandes desigualdades e innumerables insuficiencias, lo que demuestra que el énfasis puesto en la Cumbre de Lisboa en 2000 sirvió de poco. Datos recientes demuestran que, a pesar de que la Comisión ha subrayado la necesidad de dar prioridad a la lucha contra el abandono escolar precoz y al fracaso escolar, la situación sigue siendo grave en varios países:

-  En 2003, el índice de abandono escolar de jóvenes entre los 17 y los 19 años, sin completar la enseñanza secundaria, era del 48,2 % en Malta, del 41,1 % en Portugal y del 29,8 % en España. En Eslovaquia, la República Checa y Polonia sólo oscilaba entre el 4,9 % y el 6,3 %.

-  De igual manera, en el ámbito de la formación y de la educación a lo largo de toda la vida, las divergencias son grandes; en 2003, mientras que en Suecia el 34,2 % de las personas con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años habían seguido cursos de educación y formación, en Portugal sólo lo había hecho el 3,6 %, y continúa siendo el país con mayor abandono escolar precoz.

En consecuencia, se impone adoptar las medidas necesarias para modificar esta situación, dando prioridad a la educación, a la formación profesional y a la educación a lo largo de toda la vida.

  • [1] Eurostat - Statistics in focus, 14/2004.
  • [2]  Eurostat –Euroindicadores 122/2004 – 5 de octubre de 2004.
  • [3]  Eurostat nº 37/2004 sobre Economía y Finanzas.
  • [4]  Eurostat nº 10 y 16/2004 sobre Población y Condiciones Sociales.
  • [5]  Anuario estadístico de Eurostat 2004.
  • [6]  El umbral de la exposición al riesgo de la pobreza relativa viene dado por el porcentaje de personas que viven con menos de la media nacional del 60 % de la renta de cada país, lo que significa que se trata de rentas de base muy diversas.
  • [7]  Todos los miembros de la unidad familiar estaban desempleados, sin incluir, naturalmente, a los estudiantes hasta los 24 años.

PROCEDIMIENTO

Título

La situación social en la Unión Europea

Número de procedimiento

2004/2190(INI)

Fundamento reglamentario

art. 45

Comisión competente para el fondo
Fecha del anuncio de la autorización en el Pleno

EMPL
18.11.2004

Comisión(es) competentes(s) para emitir opinión
  Fecha del anuncio en el Pleno

FEMM
18.11.2004

 

 

 

 

Opinión(es) no emitida(s)
  Fecha de la decisión

FEMM
25.1.2005

 

 

 

 

Ponente(s)
  Fecha de designación

Ilda Figueiredo
20.9.2004

 

Examen en comisión

23.11.2004

17.1.2005

 

 

 

Fecha de aprobación

1.2.2005

Resultado de la votación final

a favor:

en contra:

abstenciones:

22

17

0

Miembros presentes en la votación final

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Mihael Brejc, Udo Bullmann, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Ottaviano Del Turco, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Richard Howitt, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Jamila Madeira, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Dimitrios Papadimoulis, Jacek Protasiewicz, Luca Romagnoli, Leopold Józef Rutowicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Eva-Britt Svensson, Georgios Toussas, Evangelia Tzampazi, Anne Van Lancker, Anja Weisgerber y Gabriele Zimmer

Suplentes presentes en la votación final

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Richard Howitt, Lasse Lehtinen, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Luca Romagnoli, Leopold Józef Rutowicz, Eva-Britt Svensson, Georgios Toussas, Evangelia Tzampazi y Anja Weisgerber

Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Fecha de presentación – A6

9.2.2005

A6‑0035/2005