INFORME sobre la dimensión social de la globalización
18.10.2005 - (2005/2061(INI))
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Ponente: Mihael Brejc
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre la dimensión social de la globalización
El Parlamento Europeo,
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» (COM(2004)383),
– Visto el informe, de 24 de febrero de 2004, de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización,
– Visto el artículo 45 de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A6-0308/2005),
A. Considerando que, aunque la globalización tiene muchos aspectos positivos y la economía de mercado mundial, basada en los avances del conocimiento científico, ha demostrado una gran capacidad de productividad, el proceso de globalización está provocando importantes desequilibrios económicos y sociales, tanto dentro de los propios países como entre ellos, fenómeno que crea serias preocupaciones sociales relacionadas con las elevadas tasas de desempleo y de pobreza que afectan a numerosos grupos de población a escala mundial,
B. Considerando que la globalización hace que aumenten las diferencias entre ricos y pobres y que es necesario realizar una fuerte inversión en personas de todas las capas sociales y todas las edades para contrarrestar las consecuencias negativas de la globalización,
C. Considerando que, la economía se mundializa cada vez más y las instituciones políticas y reguladoras siguen teniendo en gran medida un carácter nacional o regional y que ninguna de las instituciones actuales garantiza el control democrático de los mercados mundiales ni remedia las desigualdades básicas que existen entre los países,
1. Se felicita por la Comunicación de la Comisión, que posibilita el inicio de un primer debate sobre el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización con vistas a determinar la política de la Unión al respecto, pero espera, al mismo tiempo, que la Comisión presente propuestas más concretas para las políticas internas y externas de la UE en este ámbito;
2. Está de acuerdo con la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización en que la globalización debe ser un proceso con una importante dimensión social basada en valores universalmente compartidos, el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, que sea justo, integrador y democráticamente gestionado, brinde oportunidades y ventajas tangibles a todos los países y pueblos y esté vinculado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
3. Está convencido de que la Unión Europea puede aportar una contribución significativa a este proceso a través de sus políticas tanto internas como externas, mediante el reconocimiento y promoción de su modelo social en todo el mundo y el fomento de una colaboración internacional basada en el respeto mutuo, en un diálogo constructivo y en el reconocimiento del destino común;
4. Considera que el informe de la Comisión Mundial ha determinado que las ventajas e inconvenientes de la globalización se reparten de manera desigual tanto entre los Estados como entre los distintos territorios de Estados, y que únicamente en Asia se han logrado mejoras en este reparto desde los años noventa;
5. Considera que la globalización debe significar no sólo que la UE pueda vender más fuera de Europa sino que los países del tercer mundo en particular deben poder vender más a la UE con el fin de estimular su crecimiento, empleo e inclusión social; reconoce que la Política Agrícola Común debe ser radicalmente reformada si se desea enfatizar este aspecto de la globalización y si se desea que la campaña «Hagamos que la pobreza pase a la historia» tenga éxito;
6. Pide a la Comisión y al Consejo que aseguren que las políticas comercial, agrícola y exterior de la UE sean compatibles con la política de desarrollo tal como está establecida en el artículo 178 del Tratado y con los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
7. Pide a la Unión Europea que tome medidas concretas para luchar contra la pobreza adoptando una política mucho más coherente en los ámbitos de la agricultura y el comercio, en combinación con la condonación de la deuda y la prestación de ayudas;
8. Destaca que existe una fuerte interrelación entre pobreza y destrucción del medio ambiente: los problemas medioambientales como son la disminución de la diversidad biológica o el cambio climático suelen afectar a las capas de población más pobres, agravando así su situación de pobreza; señala además que la pobreza conduce a una ulterior degradación del medio ambiente, al no haber alternativa a la sobreexplotación de los recursos naturales; en este sentido, considera que la dimensión social de la globalización debe examinarse en relación con su dimensión ecológica;
9. Acoge con satisfacción el informe sobre la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa y subraya que la revisión de dicha Estrategia podría constituir un instrumento útil a la hora de enfrentarse a muchos de los retos de la globalización; reitera su apoyo a la Estrategia de Lisboa, que subraya la interdependencia de los factores económicos, sociales y ambientales; considera que la creación de más y mejores empleos es una condición previa para que el mundo evolucione hacia la justicia social; señala que algunos aspectos de las buenas prácticas en los Estados miembros podrían servir de modelo para otras regiones del mundo; observa, no obstante, que esto sólo será viable si los Estados miembros logran llevar a cabo las reformas estructurales necesarias reforzando mutuamente y adaptando el desarrollo económico, el empleo y la política social; destaca la necesidad de una gobernanza eficaz para llevar a cabo estas reformas e insta a los Estados miembros y a sus Gobiernos a que asuman sus responsabilidades para hacer que la Estrategia de Lisboa revisada sea un éxito; subraya además la importancia de que los Estados miembros cooperen para aumentar las inversiones en recursos humanos, investigación e innovación; considera que los objetivos de la Estrategia de Lisboa son objetivos mínimos que los Estados miembros deben comprometerse a alcanzar;
10. Acoge con satisfacción el reconocimiento de la Comisión de que para mantener la competitividad en la UE son necesarias grandes inversiones en recursos humanos que comprendan a personas de todas las edades, con el fin de asegurar el bienestar social para todos; espera, por consiguiente, medidas y propuestas concretas para garantizar dichas inversiones y pide a la UE que se concentre en mejorar el desarrollo de cualificaciones a todos los niveles, especialmente entre los trabajadores no cualificados, de manera que los trabajadores puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización, y que apoye a las empresas que se responsabilizan de la formación profesional de sus trabajadores;
11. Subraya que los gobiernos, por sí solos, no pueden hacer realidad normas de mercado laboral y sistemas de seguridad social efectivos, y que es necesario incluir a los interlocutores sociales, que tienen, derecho a participar en los procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito nacional como en el europeo; considera que se deben potenciar aún más las posibilidades y la capacidad de las asociaciones de empresarios y de los sindicatos de iniciar un diálogo social constructivo, que es fundamental para mitigar y abordar las consecuencias sociales potencialmente negativas de la reestructuración, y es también un requisito preliminar si la UE quiere prever las consecuencias negativas y las oportunidades positivas de la globalización;
12. Subraya la importancia del respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la interdependencia y la indivisibilidad de todos los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y ambientales, y la importancia de las normas laborales fundamentales de la OIT en lo concerniente a la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la libertad de asociación y el derecho a negociaciones colectivas y la abolición del trabajo infantil; llama la atención sobre el hecho de que en la actualidad los principios contenidos tanto en la Declaración Universal como en las normas laborales fundamentales no son aplicados en grado suficiente;
13. Observa que según la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, la práctica sobre el terreno en lo que respecta a las normas laborales fundamentales contrasta a menudo con las decisiones y prácticas políticas; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo que obre en su poder para promover las normas laborales fundamentales a través de sus políticas tanto internas como externas y garanticen que ningún elemento de las mismas obstaculice la aplicación de estas normas; toma nota de la oportunidad que tiene la Unión Europea de promover las normas laborales fundamentales a través de los acuerdos bilaterales y regionales, la cooperación al desarrollo y la cooperación exterior, una política comercial que permita el acceso de los países en desarrollo a los mercados, el fomento de iniciativas privadas de desarrollo social y la promoción de una buena gobernanza a escala mundial;
14. Pide que los derechos sociales y el diálogo social, el respeto de los derechos humanos, la primacía del Derecho, la protección de los derechos del niño y, sobre todo, su derecho a la educación tengan mayor relevancia en los distintos programas exteriores de la UE para que se dé prioridad a la instauración, en los PMA, de la democratización y del Estado de Derecho, sin los cuales no es posible ningún desarrollo sostenible (véase la Cumbre de Johannesburgo de 2002);
15. Pide a la Comisión que garantice, mediante acuerdos bilaterales, que se respetan al menos las normas de la OIT, con el fin de asegurar condiciones de trabajo humanas y evitar el abuso de mujeres y niños en los correspondientes países;
16. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión en el sentido de que las relaciones bilaterales puedan incluir incentivos positivos para productos que cumplan determinadas normas sociales; celebra asimismo la propuesta de la Comisión a favor de que la dimensión social de la globalización en los acuerdos bilaterales se examine y supervise en el marco de «observatorios bilaterales conjuntos»; pide a la Comisión que presente una propuesta sobre etiquetado social; considera, asimismo, que la Unión debería utilizar sus relaciones bilaterales para fomentar las recomendaciones de la CMDSG, de forma que los puestos de trabajo extraterritorializados o deslocalizados fuera la UE no terminen convirtiéndose en talleres clandestinos en el tercer mundo, sino en puestos de trabajo de alta calidad que ayuden a mejorar las vidas de los trabajadores y sus familias en esos países;
17. Pide a la Comisión, en este contexto, que revise todos los acuerdos bilaterales existentes, particularmente los acuerdos de asociación y los Acuerdos de Asociación en el ámbito de la Pesca, para asegurar que están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el principio de desarrollo sostenible;
18. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que la Comisión, el Consejo y los Estados miembros aboguen por el estatuto observador para la OIT en la OMC con el propósito de mejorar la calidad del diálogo interinstitucional; toma nota de que en la Resolución de 4 de julio de 2002[1], el Parlamento ya pedía a las instituciones y a los Estados miembros que actuasen en este sentido y ahora les pide que progresen en este ámbito; pide asimismo a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que obren por que las normas de la OIT sean vinculantes para los miembros de la OMC;
19. Considera que el trabajo decente según la Agenda de trabajo decente de la OIT debería ser una prioridad a escala nacional, comunitaria e internacional; subraya que garantizar un trabajo decente −con derechos laborales, protección social e igualdad entre hombres y mujeres− es indispensable para erradicar efectivamente la pobreza; sin embargo, señala que este objetivo está ausente de la política exterior de la UE, de la política comunitaria de comercio internacional y de la política económica y monetaria de la Unión Europea;
20. Manifiesta su convencimiento de que la UE debería ser un promotor fundamental de una iniciativa «una pensión y un trabajo dignos para todos»; subraya que se deberían adoptar y reconocer unos niveles mínimos en lo que respecta a los derechos laborales y la protección social como base socioeconómica que traerá el bienestar a largo plazo a cualquier país del mundo, e insiste en que lo ideal sería que los puestos de trabajo, el empleo y el «trabajo decente para todos» constituyeran cuanto antes el núcleo del noveno ODM y fueran adoptados lo antes posible;
21. Está de acuerdo con la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización en que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un primer paso hacia el establecimiento de una plataforma socioeconómica para la economía mundial, y con la Comisión, en que debe incrementarse la coherencia política de la UE en este ámbito; espera que la Comisión presente propuestas concretas sobre la manera de conseguir este propósito; subraya que es inútil reducir el acervo social de la UE para mantener una competitividad global sino que, por el contrario, deben mejorarse la productividad y la educación con el fin de mantener un nivel más alto de ingresos en la UE;
22. Señala a la atención el hecho de que las regiones constituyen un buen marco para mejorar los modelos sociales y hacer frente a los retos de la globalización; señala que la solidaridad existente entre los Estados miembros, así como las relaciones consolidadas entre la Unión Europea y los países vecinos a través de la política europea de vecindad pueden servir de ejemplo para otras regiones del mundo; está convencido de que las asociaciones de la UE deben incluir un pilar social que incluya entre otras cosas los derechos laborales;
23. Espera que la Comisión utilice fondos de la UE para contrarrestar resultados negativos y abrir nuevas perspectivas para las regiones y los sectores industriales más sensibles, así como para los grupos de trabajadores más débiles; espera que la Comisión tome medidas adecuadas para evitar que las empresas se deslocalicen por la única razón de obtener fondos estructurales o de otro tipo y pide que se compruebe sistemáticamente si los objetivos a largo plazo en la distribución de tales fondos se han alcanzado;
24. Destaca la importancia del comercio justo en la lucha a favor de la erradicación de la pobreza en las zonas rurales, e insta a la Comisión a que dé un seguimiento concreto a sus promesas de conceder una mayor ayuda técnica y presupuestaria a los productores que practican el comercio justo y a sus distribuidores en los Estados miembros de la UE;
25. Subraya que los países en desarrollo y los países menos desarrollados exigen un trato continuo asimétrico en la OMC para tener en cuenta su posición relativamente débil en el sistema de comercio internacional;
26. Subraya que la dimensión social de la globalización aboga por una reforma del régimen de la OMC; subraya además que los acuerdos de la OMC deben ser evaluados a la luz de sus impactos económico, social y medioambiental y que las pruebas de necesidad en los Obstáculos Técnicos al Comercio y otros Acuerdos deben ser sustituidas por pruebas de sostenibilidad;
27. Subraya que debe establecerse un verdadero control democrático de la OMC, que implique un auténtico escrutinio legislativo por parte de representantes o parlamentos elegidos;
28. Destaca la importancia de la coherencia política y concuerda con la Comisión en que la Unión Europea debería expresarse de manera más coherente en el marco de las Naciones Unidas, la OIT, Bretton Woods y otras instituciones internacionales; pide además a la Comisión que intervenga para que otros Estados miembros de la OIT garanticen la coherencia política necesaria en otras organizaciones internacionales, en particular en la OMC; considera que las normas laborales fundamentales, universalmente reconocidas, deben ser tema de debate en estas instituciones; está convencido de que la influencia de la UE a la hora de favorecer un modelo de desarrollo que integre plenamente la dimensión social, especialmente las normas laborales fundamentales, se vería incrementada por una presencia unificada en las instituciones de gobernanza multilateral;
29. Subraya que unas Naciones Unidas reforzadas constituyen un elemento indispensable para sustentar el progreso social en el tercer mundo; por ese motivo, insta a los Estados miembros a que apoyen las reformas en curso en las Naciones Unidas; subraya que un nuevo y reforzado Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), idealmente reconstituido como un Consejo de desarrollo humano con la facultad de coordinar la labor del FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OIT, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), resulta necesario para garantizar la coherencia política necesaria para realizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, de forma más general, hacer que la globalización impulse el progreso social;
30. Concuerda con la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización en que la supervisión parlamentaria del sistema multilateral debería ampliarse progresivamente; se felicita por la propuesta de creación de un grupo parlamentario encargado de velar por la coherencia y la consistencia de las políticas económicas, sociales y medioambientales, que deberá desarrollar un sistema de supervisión integrada de las principales organizaciones internacionales; considera que esto supondría la oportunidad para el Parlamento Europeo de participar en el grupo parlamentario y de contribuir a aumentar al máximo las ventajas de la globalización para todos los grupos sociales;
31. Está de acuerdo con la Comisión en que tanto el sector privado y las iniciativas privadas como la constitución y movilización de la sociedad civil y la acción internacional de diversas organizaciones sociales (como las ONG) pueden aportar una importante contribución a la promoción de una buena gobernanza social; celebra el apoyo de la Comisión a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales que establecen criterios para una conducta empresarial responsable; suscribe la propuesta de la Comisión de reforzar la aplicación de estas Directrices estableciendo criterios en los acuerdos bilaterales; coincide con la Comisión en que la aplicación de las Directrices debe ser más estricta y coherente; pide a la Comisión que siga promoviendo una mayor concienciación acerca de las buenas prácticas y de los instrumentos existentes, como las Directrices de la OCDE;
32. Considera que las pequeñas y medianas empresas no pueden ser excluidas de una participación activa en la economía mundializada, por lo que pide a la Comisión que prevea modos de fomentar la constitución de redes de este tipo de empresas; pide, además, que se adecuen los estatutos de la sociedad europea y de la sociedad cooperativa europea, de modo que también estos tipos de empresas se conviertan en agentes de pleno derecho en la economía mundializada;
33. Señala que la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización recomienda que la OIT convoque un foro mundial de actores múltiples sobre la responsabilidad social de las empresas; destaca que la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización reconoce que existe cierto escepticismo acerca del impacto real de los proyectos relativos a la responsabilidad social de las empresas; sugiere que la Comisión emprenda acciones de mayor concienciación, destinadas a abogar a favor de la responsabilidad social de las empresas;
34. Constata que los esfuerzos de la Comisión por sensibilizar a las multinacionales en cuanto a su responsabilidad social no han dado sino escasos frutos hasta la fecha; pide pues a la Comisión que formule propuestas para que la responsabilidad social de las empresas tenga carácter vinculante y para que se evite que las que nada hagan en este sentido puedan aprovecharse de los esfuerzos de las otras;
35. Destaca la necesidad de elaborar políticas de migración basadas en la Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, que por un lado tengan en cuenta las necesidades de los mercados de trabajo y por otro salvaguarden debidamente los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares;
36. Destaca que el tema de la migración, dentro del debate sobre la globalización, constituye una cuestión importante y delicada que sólo podrá resolverse si los Estados miembros se ponen de acuerdo sobre un sistema común de reconocimiento e integración;
37. Subraya la necesidad de asegurar que las personas estén mejor informadas tanto de los beneficios como de los retos de la globalización y destaca la importancia de las instituciones educativas y de los medios de comunicación en este contexto; considera que el déficit democrático de la globalización contribuye a aumentar el temor a la globalización y considera que el diálogo social puede corregir la situación respecto a las posibilidades de participación democráticas de los ciudadanos;
38. Insta a la Consejo y a la Comisión a que asignen las inversiones y los recursos necesarios para fomentar estos procesos;
39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.
- [1] DO C 271 E de 12.11.2003, p. 598.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes
En la comunicación de la Comisión COM(2004)0383 se describe sucintamente el actual abanico de medidas emprendidas en el marco de la Unión en relación con la dimensión social de la globalización y se hacen propuestas para introducir algunos cambios. La intención es que sea una primera contribución al debate iniciado con la publicación del informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (CMDSG). Esta última, creada por la Organización Internacional del Trabajo, publicó el 24 de febrero de 2004 un informe de referencia sobre la repercusión social de la globalización.
El informe de la CMDSG transmite un mensaje crítico, pero positivo, para que se modifique el camino que sigue actualmente la globalización. Se basa en la premisa de que la economía de mercado mundial ha demostrado una gran capacidad productiva y que, si se gestiona sabiamente, puede aportar un progreso material sin precedentes, generar puestos de trabajo mejores y más productivos para todos y contribuir considerablemente a reducir la pobreza en el mundo. En el informe se sostiene, sin embargo, que el actual proceso de globalización está produciendo unos resultados desiguales entre países y dentro de los mismos y que, a los ojos de la gran mayoría de hombres y mujeres, la globalización no ha respondido a sus aspiraciones simples y legítimas de un trabajo digno y de un futuro mejor para sus hijos. Según señala el informe, incluso en los países económicamente prósperos, algunos trabajadores y comunidades se han visto negativamente afectados por la globalización.
En la comunicación de la Comisión se examina cómo puede contribuir la UE, por medio de sus políticas externas e internas, a modelar el proceso de globalización y a hacerlo más justo para todos. Se abordan el modelo económico social de la UE, sus relaciones bilaterales regionales (incluidos la «política de vecindad», los derechos humanos y la migración), la cooperación exterior y la cooperación al desarrollo, la política comercial, las iniciativas de fomento del desarrollo social y la gobernanza a escala mundial.
La dimensión social de la globalización es un tema muy amplio, y el presente informe se centra en los aspectos que al ponente le parecen de mayor interés para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
Medidas a escala de la Unión Europea
i) Políticas internas
El modelo de la UE ha insistido siempre en la importante dimensión social de la integración económica, lo cual se refleja en la Agenda de Lisboa acordada entre los Jefes de Estado y de Gobierno en el año 2000. Aunque se admite que el modelo social europeo no se puede transferir al pie de la letra a otras partes del mundo, sí son transferibles algunos aspectos de buenas prácticas. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario que los Estados miembros obtengan buenos resultados en la versión revisada de la Agenda de Lisboa y que se encarguen de introducir las reformas necesarias para hacerla realidad.
ii) Políticas externas
La CMDSG comunica que, aunque la comunidad internacional acepta, en general, el valor de las normas fundamentales del trabajo (NFT), la práctica sobre el terreno con frecuencia contradice los compromisos adoptados al máximo nivel político. La discriminación sigue siendo generalizada y se producen violaciones flagrantes de los derechos laborales y sindicales. El ponente pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que promuevan las normas fundamentales del trabajo en sus políticas internas y externas y que velen por que ninguna de sus políticas impida la aplicación de los derechos mencionados.
El Parlamento Europeo ha pedido ya a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que hagan las gestiones necesarias para adquirir el estatus de observador en la OIT y en la Organización Mundial del Comercio (OMC)[1]. El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión a este respecto, pero pide a las instituciones que sigan progresando en este ámbito.
Aunque la reducción del desempleo constituye un objetivo de primer orden en muchos países, en sí no es suficiente. Muchas personas están ocupadas a tiempo completo en trabajos inaceptables. El empleo debe ser libremente elegido y proporcionar unos ingresos suficientes como para satisfacer las necesidades económicas básicas. Hay que respetar unos derechos y una representación, conseguir una seguridad básica mediante una forma u otra de protección social y garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas. Estos importantes aspectos recogidos en la «agenda de trabajo decente» de las Naciones Unidas deben ser prioritarios a todos los niveles.
El ponente destaca la importancia de la coherencia política en las instituciones internacionales.
Las empresas determinan el mundo del trabajo e influyen en el entorno social y económico en el que vivimos las personas. Por ello el ponente está de acuerdo en que se fomente la responsabilidad social de las empresas (RSE) y pide a la Comisión que dé a conocer las herramientas y prácticas existentes, por ejemplo, las directrices de la OCDE. También es necesario que la Comisión siga difundiendo los argumentos a favor de la RSE dentro de la comunidad empresarial.
Los ciudadanos no son del todo conscientes de las consecuencias de la globalización; por ello el ponente destaca la importante función que cumplen las instituciones educativas y los medios de comunicación en mantener a los ciudadanos bien informados sobre los procesos relacionados con la misma.
El ponente acoge favorablemente la propuesta de que un grupo parlamentario supervise la coherencia entre las políticas económicas, sociales y medioambientales globales dentro del sistema multilateral. Ello podría brindar al Parlamento Europeo una verdadera oportunidad de desempeñar un papel activo en la configuración del futuro desarrollo de la globalización y en el aprovechamiento de su potencial.
- [1] DO C 271E de 12.11.2003, p. 598.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Exteriores (4.10.2005)
para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
sobre la dimensión social de la globalización
-(2005/2061(INI))
Ponente de opinión: Poul Nyrup Rasmussen
SUGERENCIAS
La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (CMDSG) y apoya sus conclusiones; reconoce la importancia de la competitividad para asegurar los puestos de trabajo y subraya que garantizar un trabajo decente −con derechos laborales, protección social e igualdad entre hombres y mujeres− es indispensable para erradicar efectivamente la pobreza; sin embargo, señala que este objetivo está ausente de la política exterior de la UE, de la política comunitaria de comercio internacional y de la política económica y monetaria de la Unión Europea; por consiguiente, considera que un «trabajo decente para todos» y «una pensión digna para todos» deberían constituir objetivos comunes de las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea;
2. Manifiesta su convencimiento de que la UE debería ser un promotor fundamental de la iniciativa «una pensión y un trabajo dignos para todos»; subraya que se deberían aceptar y reconocer unos derechos laborales y una protección social mínimos como base socioeconómica que traerá el bienestar a largo plazo a cualquier país del mundo, e insiste en que lo ideal sería que los puestos de trabajo, el empleo y el «trabajo decente para todos» constituyeran cuanto antes el noveno ODM;
3. Subraya el carácter indispensable de las normas laborales fundamentales de la OIT e insiste en que la UE debería utilizar sus amplias relaciones bilaterales para promover dichas normas; considera que el respeto y la aplicación de las normas laborales fundamentales de la OIT debería constituir un requisito previo para el ingreso en la OMC y que la OIT debería tener estatuto de observador en la OMC; considera, asimismo, que la Unión debería utilizar sus relaciones bilaterales para fomentar las recomendaciones de la CMDSG, de forma que los puestos de trabajo extraterritorializados y deslocalizados desde la UE no terminen convirtiéndose en talleres clandestinos en el tercer mundo, sino en puestos de trabajo de alta calidad que ayuden a mejorar las vidas de los trabajadores y sus familias en esos países; subraya, por otra parte, que la buena gobernanza política, unos Estados sólidos y eficaces, unas sociedades civiles fuertes, las libertades individuales y un diálogo social productivo son fundamentales para que pueblos, sociedades y naciones se beneficien de la globalización, y que la Unión Europea debería dar prioridad a esos objetivos en sus relaciones bilaterales;
4. Subraya que la coherencia política entre la UE y sus Estados miembros y entre las instituciones mundiales involucradas en la gobernanza económica y el desarrollo, como el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la OIT y el PNUD, resulta fundamental para garantizar el progreso en el mundo en desarrollo de modo que la globalización ofrezca oportunidades para las personas de todo el mundo; por otra parte, hace hincapié en que, para ser eficaces, esas organizaciones deben trabajar de forma conjunta a fin de alcanzar los mismos objetivos; por consiguiente, acoge con satisfacción las propuestas concretas de la CMDSG para lograr una mayor coherencia política; celebra asimismo los objetivos de la Comisión de velar por la coherencia en el seno de las instituciones financieras internacionales y de hablar con una sola voz en esas instituciones, y subraya que la UE es un actor de más peso a nivel mundial cuando actúa concertada con las instituciones multilaterales;
5. Subraya que unas Naciones Unidas reforzadas constituyen un elemento indispensable para sustentar el progreso social en el tercer mundo; por ese motivo, insta a los Estados miembros a que apoyen las reformas en curso en las Naciones Unidas; subraya que un nuevo y reforzado ECOSOC, idealmente como un Consejo de desarrollo humano con la facultad de coordinar la labor del FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OIT, así como el PNUD y el PNUMA, resulta necesario para garantizar la coherencia política necesaria para realizar los ODM y, de forma más general, hacer que la globalización impulse el progreso social.
PROCEDIMIENTO
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Título |
Sobre la dimensión social de la globalización | |||||
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Referencias |
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Comisión competente para el fondo |
EMPL | |||||
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Comisión competente para emitir opinión |
AFET | |||||
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Cooperación reforzada |
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Ponente de opinión |
Poul Nyrup Rasmussen | |||||
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Examen en comisión |
14.9.2005 |
4.10.2005 |
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Fecha de aprobación de las enmiendas |
4.10.2005 | |||||
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Resultado de la votación final |
a favor: en contra: abstenciones: |
39 1 3 | ||||
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Miembros presentes en la votación final |
Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, Monika Beňová, Elmar Brok, Philip Claeys, Simon Coveney, Anna Elzbieta Fotyga, Jas Gawronski, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Justas Vincas Paleckis, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Karl von Wogau, Luis Yáñez-Barnuevo García y Josef Zieleniec | |||||
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Suplentes presentes en la votación final |
Árpád Duka-Zólyomi, Jaromír Kohlíček, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström y Csaba Sándor Tabajdi | |||||
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Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final |
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OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (2.9.2005)
para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
sobre la dimensión social de la globalización(2005/2061 (INI))
Ponente de opinión: Marie-Hélène Aubert
SUGERENCIAS
La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Considera que las pequeñas y medianas empresas no pueden ser excluidas de una participación activa en la economía mundializada, por lo que pide a la Comisión que prevea modos de fomentar la constitución de redes de este tipo de empresas; pide, además, que se adecuen los estatutos de la sociedad europea y de la sociedad cooperativa europea, de modo que también estos tipos de empresas se conviertan en agentes de pleno derecho en la economía mundializada;
2. Pide que los derechos sociales y el diálogo social, el respeto de los derechos humanos, la primacía del Derecho, la protección de los derechos del niño y, sobre todo, su derecho a la educación tengan mayor relevancia en los distintos programas exteriores de la UE para que se dé prioridad a la instauración, en los PMA, de la democratización y del Estado de Derecho, sin los cuales no es posible ningún desarrollo sostenible (véase la Cumbre de Johannesburgo de 2002);
3. Invita a la Unión Europea a tomar medidas concretas para luchar contra la pobreza adoptando una política mucho más coherente en los ámbitos de la agricultura y el comercio, en combinación con la condonación de la deuda y la prestación de ayudas;
4. Expresa su inquietud ante la fuga de cerebros que afecta a los países en desarrollo, en particular en el ámbito de los profesionales de la salud; pide a los Estados miembros que adopten políticas de contratación éticamente aceptables y a la Comisión que elabore un inventario de las prácticas actuales, de modo que se puedan establecer normas deontológicas en la materia;
5. Constata que la agricultura sigue siendo la piedra angular de las economías de la mayoría de los países del hemisferio sur, que el sector agroindustrial margina a las pequeñas explotaciones y a las explotaciones familiares, que las grandes empresas del sector alimentario siguen aumentando el control que ejercen sobre el conjunto del mercado, que la mayor parte de la población de esos países sigue viviendo en zonas rurales y que, por ello, ha de ser posible eximir a esos países, cuando proceda, mediante un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, de la liberalización del comercio de productos agrícolas, de modo que puedan beneficiarse óptimamente de la supresión de los subsidios europeos a la exportación;
6. Destaca la importancia del comercio justo en la lucha a favor de la erradicación de la pobreza en las zonas rurales, e insta a la Comisión a que dé un seguimiento concreto a sus promesas de conceder una mayor ayuda técnica y presupuestaria a los productores que practican el comercio justo y a sus distribuidores en los Estados miembros de la UE;
7. Considera que se deben establecer con claridad las responsabilidades sociales y ambientales de las multinacionales, en particular en el caso de las empresas que explotan y comercializan los recursos naturales o que explotan los recursos petrolíferos y mineros, y que se debe reforzar la acción de la UE en este ámbito; opina que el seguimiento concreto del trabajo del Foro multilateral europeo sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) lleva un retraso considerable y pide a la Comisión que publique su comunicación sobre esta cuestión a principios del otoño;
8. Subraya que el modelo económico actual está muy ligado a los recursos petrolíferos, que tal dependencia puede tener influencias nefastas, no sólo sobre la evolución de los precios como consecuencia de la escasez de materias energéticas, sino, principalmente, sobre los conflictos y la inestabilidad política de los países productores del Sur, cuyo impacto social es muy fuerte.
PROCEDIMIENTO
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Título |
La dimensión social de la globalización | |||||
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Número de procedimiento |
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Comisión competente para el fondo |
EMPL | |||||
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Comisión competente para emitir opinión |
12.5.2005 | |||||
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Cooperación reforzada |
No | |||||
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Ponente de opinión |
Marie-Hélène Aubert | |||||
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Examen en comisión |
13.7.2005 |
30.8.2005 |
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Fecha de aprobación de las sugerencias |
30.8.2005 | |||||
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Resultado de la votación final |
a favor: en contra: abstenciones: |
32 0 0 | ||||
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Miembros presentes en la votación final |
Margrete Auken, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Toomas Savi, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Paul Verges, Anna Záborská y Mauro Zani | |||||
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Suplentes presentes en la votación final |
Marie-Hélène Aubert, John Bowis, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker y Gabriele Zimmer | |||||
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Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final |
Carl Schlyter, Åsa Westlund y Jürgen Zimmerling | |||||
PROCEDIMIENTO
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Título |
La dimensión social de la globalización | ||||||||||||
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Número de procedimiento |
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Fundamento reglamentario |
art. 45 | ||||||||||||
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Comisión competente para el fondo |
EMPL | ||||||||||||
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Comisión(es) competentes(s) para emitir opinión |
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Opinión(es) no emitida(s) |
INTA |
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Cooperación reforzada |
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Propuesta(s) de resolución incluida(s) en el informe |
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Ponente(s) |
Mihael Brejc |
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Ponente(s) sustituido(s) |
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Examen en comisión |
11.7.2005 |
5.10.2005 |
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Fecha de aprobación |
5.10.2005 | ||||||||||||
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Resultado de la votación final |
a favor: en contra: abstenciones: |
28 1 1 | |||||||||||
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Miembros presentes en la votación final |
Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker y Gabriele Zimmer | ||||||||||||
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Suplentes presentes en la votación final |
Edit Bauer, Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Lasse Lehtinen, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella y Patrizia Toia | ||||||||||||
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Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final |
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Fecha de presentación – A6 |
18.10.2005 |
A6-0308/2005 | |||||||||||