Informe - A6-0382/2005Informe
A6-0382/2005

    INFORME sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras)

    5.12.2005 - (2004/2208(INI))

    Comisión de Peticiones
    Ponente: Janelly Fourtou


    Procedimiento : 2004/2208(INI)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    A6-0382/2005
    Textos presentados :
    A6-0382/2005
    Textos aprobados :

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

    sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras)

    (2004/2208(INI))

    El Parlamento Europeo,

    –   Vistos el artículo 6 del Tratado UE por el que se transponen las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 7 del Tratado UE, que establece un procedimiento para constatar la existencia de una violación grave y persistente de los principios contemplados en el artículo 6,

    –   Vistas las Directivas 92/50/CEE[1] y 93/37/CEE[2], sobre contratos públicos, las Directivas 85/337/CEE[3], 97/11/CE[4] y 2001/42/CE[5], sobre la evaluación del impacto en el medio ambiente, y la Directiva 2000/60/CE[6], sobre la política del agua,

    –   Visto el derecho de petición previsto en los artículos 21 y 94 del Tratado CE,

    –   Vistas las peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras,

    –   Visto el apartado 1 del artículo 192 de su Reglamento,

    –   Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6‑0382/2005),

    A. Considerando que el Parlamento Europeo ha recibido un número considerable de peticiones (alrededor de 15 000) procedentes de particulares y de asociaciones que representan a varios miles de ciudadanos europeos y residentes en la Comunidad Valenciana, en las que formulan reclamaciones sobre muy diversos aspectos de la actividad urbanística, entre los que se incluyen quejas por la destrucción del medio ambiente y los excesos urbanísticos y, en muchos casos, denuncias por la vulneración de sus legítimos derechos de propiedad como consecuencia de la aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU),

    B.  Considerando que, en mayo de 2004, la Comisión de Peticiones elaboró un informe sobre este asunto, en el que se exponían casos concretos que demostraban violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho comunitario,

    C. Considerando que, en junio de 2005, la nueva delegación designada por la Comisión de Peticiones para realizar una misión complementaria a la desarrollada en mayo de 2004 continuó las investigaciones en Madrid y en la Comunidad Valenciana, con el fin de recabar información y entrevistarse con las partes interesadas y los principales responsables,

    D. Considerando que los miembros de la delegación tuvieron la oportunidad de oír a las partes interesadas, entre las que se incluyen:

    –   ciudadanos europeos y residentes que han dirigido peticiones al Parlamento en las que alegan violaciones sistemáticas de sus derechos como resultado de la aplicación de la LRAU;

    –   el Presidente de la Generalitat Valenciana y los consejeros competentes en la materia, el Presidente de las Cortes Valencianas y los jefes de los grupos políticos, el Defensor del Pueblo Valenciano (Síndic de Greuges) y el Defensor del Pueblo Español, altos cargos de los Gobiernos de Madrid y de Valencia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, representantes del sector de la construcción y promotores inmobiliarios, los embajadores de los Estados miembros y numerosas otras partes interesadas;

    –   y, por último, representantes del Tribunal Constitucional y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quienes cooperaron unánimemente en un clima de apertura y buena voluntad, demostrando un espíritu de colaboración constructiva que ha sido muy apreciado por el Parlamento,

    E.  Considerando que las competencias y las responsabilidades en esta materia, tanto de las autoridades autonómicas como de las autoridades nacionales españolas, son claras y reconocidas, y están proclamadas en la Constitución Española de 1978 y, en concreto, en el caso de que se trata, en sus artículos 10, 18, 33, 45, 47, 54, 93 y 105,

    F.  Considerando que las Instituciones europeas tienen el deber de velar por el cumplimiento de las disposiciones de los Tratados y de la legislación aprobada en virtud de los mismos, teniendo en cuenta, en particular, los derechos y las obligaciones de la ciudadanía europea; considerando, por consiguiente, que tienen la responsabilidad de resolver, en colaboración con los Estados miembros, los problemas que afectan a los ciudadanos europeos,

    G. Considerando la actual legislación que regula el régimen del suelo en el Estado español, que atribuye a los propietarios del suelo el 90 % de los derechos de construcción, así como la naturaleza específica de la LRAU, que obliga a los propietarios, en caso de aprobación por una administración local de un plan de actuación integrada (PAI), a ceder sin compensación el 10 % al municipio en concepto de «patrimonio municipal de suelo», además del terreno para la construcción eventual de caminos, carreteras, aparcamientos, espacios públicos y demás dotaciones, o a pagar los gastos de urbanización decididos por el promotor de la nueva infraestructura —un procedimiento que escapa por completo al control del propietario—,

    H. Considerando que es evidente que algunos propietarios han resultado claramente perjudicados por este proceso de urbanización, lo que queda patente tanto en las peticiones como en el resultado de las inspecciones in situ; considerando, asimismo, que estos hechos son reconocidos por el conjunto de las autoridades locales, por lo que la Generalitat Valenciana está preparando una nueva ley para evitar las desviaciones en la aplicación de la ley anterior,

    I.   Considerando que las quejas principales se refieren a los métodos de expropiación, en algunos casos leoninos, con tasaciones, a juicio de los interesados, extremadamente bajas, para proceder ulteriormente a su reventa a elevados precios de mercado, y en condiciones de información que impiden que los interesados puedan reaccionar, todo lo cual ha provocado un perjuicio material y moral en numerosos casos,

    J.   Considerando que la falta de transparencia, así como de criterios claros establecidos de antemano, pone de manifiesto que los procedimientos de adjudicación de contratos públicos no se ajustan a los principios del Derecho comunitario, lo que ha dado lugar a que la Comisión Europea dirigiera a España un escrito de requerimiento, y que el número de casos de corrupción confirmados o sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación,

    K. Considerando que los principales problemas que surgen de la aplicación de la LRAU hacen referencia al cometido del agente urbanizador («el urbanizador»), a los medios inadecuados de determinación y publicación de los contratos que son objeto de adjudicación, a la notificación insuficiente a los propietarios de los terrenos y a la falta de definiciones claras de los conceptos de «interés público» y «compensación pertinente», cuestiones todas ellas en las que la ley debe ser conforme a las normas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

    L.  Considerando que la proclamación solemne de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las declaraciones de los Presidentes de las Instituciones europeas en las que afirman que dichas Instituciones respetarán la Carta significan, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, por ejemplo, la sentencia de este Tribunal de 19 de julio de 1999[7]), que los ciudadanos pueden esperar legítimamente gozar de los derechos consagrados en la Carta,

    M. Considerando que los Estados miembros están obligados a cumplir la Carta cuando aplican, o están obligados a aplicar, el Derecho comunitario en todas aquellas situaciones en que las disposiciones de la Carta son relevantes; y que existe un estrecho vínculo entre el método de adjudicación de contratos, por una parte, y las modalidades de expropiación y determinación de las compensaciones pertinentes, por otra,

    N. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase, por ejemplo, la sentencia de 23 de septiembre de 1998[8]) requiere que «se encuentre un «equilibrio justo» entre las necesidades del interés general de la comunidad y los derechos fundamentales de las personas cuya propiedad se ha expropiado»,

    O. Considerando que algunos planes de urbanización parecen tener un impacto desastroso en el medio ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras y, más en concreto, en las condiciones futuras de abastecimiento de agua, una cuestión que preocupa a la Unión Europea,

    P.  Considerando que la Directiva 2001/42/CE requiere que se lleve a cabo una evaluación estratégica del impacto ambiental en relación con todos los planes y programas que se elaboren, entre otras cosas, con respecto al «turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo», que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente y que establezcan el marco de futuras autorizaciones de proyectos enumerados en los Anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE,

    Q. Considerando que la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas exige a los Estados miembros, entre otras cosas, que eviten el deterioro de las «aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas» y los obliga a garantizar una política coordinada para la «demarcación hidrográfica en su conjunto»,

    R.  Considerando que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha presentado alegaciones, como mínimo, contra 30 nuevas urbanizaciones en la Comunidad Valenciana, y que la Comisión ha remitido un dictamen motivado a España debido a la transposición inadecuada de la Directiva marco del agua,

    S.  Considerando que todas estas cuestiones y circunstancias se han convertido en objeto de un debate político a todos los niveles, lo cual destaca en mayor medida la necesidad de un enfoque prudente y objetivo en el análisis de todos los elementos fundamentales de desacuerdo,

    1.  Constata que en la Comunidad Valenciana residen desde hace décadas decenas de miles de ciudadanos europeos, que en su mayoría se muestran satisfechos de vivir en ella, y que existe una creciente demanda de ciudadanos comunitarios que desean establecerse de modo permanente en esa región europea; no obstante, constata también que durante los últimos tres años se han incrementado de manera muy notable las reclamaciones por abusos urbanísticos;

    2.  Considera que los principales problemas que señalan los ciudadanos se centran en la aplicación abusiva de la LRAU por parte de los agentes interesados en el proceso de urbanización y en la gestión realizada por los poderes públicos competentes, especialmente algunos ayuntamientos y la Generalitat Valenciana;

    3.  Se congratula, en estas condiciones, de la decisión de la Generalitat Valenciana de elaborar y promulgar una nueva ley que sustituya a la LRAU, a fin de evitar las desviaciones constatadas en la aplicación de esta última, y se felicita, en particular, de la invitación dirigida por el Presidente de la región al Parlamento Europeo para que éste formule recomendaciones;

    4.  Alienta a la Comunidad Valenciana en su esfuerzo por resolver este problema con mayor diligencia que hasta ahora, dando así prueba de su interés por las inquietudes de los ciudadanos;

    5.  Considera que no es de su responsabilidad modificar el proyecto de la nueva ley, pero insta a que las normas futuras de expropiación respeten, tanto en el fondo como en la forma, los derechos de los propietarios y a que los proyectos de urbanismo integren con especial cuidado las preocupaciones sobre el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la ecología, que son objeto de políticas fundamentales de la Unión;

    6.  Con el fin de resolver los problemas que plantea la actual legislación en los aspectos relacionados con la protección de los derechos de propiedad, que suscitan cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos fundamentales, así como respecto a la normativa comunitaria en materia de contratación pública, insta a las autoridades competentes a que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

    –   la inclusión en la nueva ley de una definición clara del concepto de «interés público», de forma que descarte sin ambigüedades toda posibilidad de que la justificación del interés público de una expropiación —que constituye una condición sine qua non de cualquier expropiación, de acuerdo con las normas europeas de los derechos humanos y los derechos fundamentales— pueda utilizarse para la promoción de intereses con un carácter más privado que público;

    –   el establecimiento de criterios obligatorios para el cálculo de las indemnizaciones en casos de expropiación, sobre la base de las normas y principios reconocidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

    –   la revisión en profundidad de las bases de selección del agente urbanizador («el urbanizador»), así como del procedimiento de adjudicación de contratos al urbanizador seleccionado, de forma que esta función sea compatible con la legislación europea, dado que —como se desprende del procedimiento de infracción en curso— existen serias dudas al respecto; todo ello en aras de la transparencia del procedimiento de adjudicación de los contratos públicos y con el fin de garantizar la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos,

    –   la adopción de medidas que garanticen que todo propietario inmobiliario afectado por cualquier plan de urbanización sea informado, de forma individual, efectiva y a su debido tiempo, tanto del plan en cuestión como de todos aquellos aspectos del mismo que puedan afectar a su propiedad y a sus derechos fundamentales, con el fin de garantizar plenamente la posibilidad de utilizar las vías de recurso pertinentes;

    7.  Insta a las autoridades valencianas y españolas competentes a que garanticen que los planes generales de desarrollo y urbanización que puedan tener un impacto ambiental significativo y establezcan el marco para la futura autorización de proyectos de desarrollo urbanístico estén sujetos a una evaluación estratégica de impacto ambiental de conformidad con la Directiva 2001/42/CE;

    8.  Recuerda que las autoridades competentes nacionales están obligadas a realizar una evaluación de impacto ambiental respecto a las actividades correspondientes a una de las categorías incluidas en el Anexo I de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE, y que la selección de proyectos que figuran en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE debe efectuarse sobre la base de un procedimiento de selección y de criterios transparentes;

    9.  Insta a las autoridades valencianas y españoles competentes a que garanticen que toda decisión sobre futuros desarrollos urbanísticos sea compatible con los requisitos que establece la Directiva 2000/60/CE en lo que se refiere a la prudencia en el uso y a la protección de los recursos hídricos, y, en particular, a que garanticen la coordinación de las medidas adoptadas en la cuenca del río Júcar para la consecución de los objetivos ambientales que establece el artículo 4 de la mencionada Directiva;

    10. Insiste en que se cree una oficina de reclamaciones, bajo la autoridad de las autoridades locales y del Gobierno regional, encargada de asistir en el plano administrativo a las personas afectadas por la LRAU, ofreciéndoles toda la información necesaria para optar, en su caso, por la vía del recurso judicial;

    11. Manifiesta su preocupación por los riesgos que implica el desarrollo de proyectos que ya están aprobados pero no se han iniciado todavía, así como por sus posibles consecuencias (parece, en efecto, que se está produciendo una cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de la nueva ley, que sin duda parecerá más restrictiva), e insiste con urgencia en la necesidad de una moratoria respecto a la aprobación de nuevos proyectos y planes de desarrollo urbanístico en suelo no urbanizable en tanto no entre en vigor la normativa revisada;

    12. Desea que se le informe sobre las medidas preventivas que adopte el Gobierno regional para evitar que se reproduzcan las desviaciones a que ha dado lugar la aplicación de la ley anterior;

    13. Recuerda que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del Estado de Derecho —principios que son comunes a los Estados miembros—; que el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contempla el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo con respecto al procedimiento de constatación por el Consejo de un riesgo manifiesto de violación grave de estos principios, y que la Comisión o un tercio de los Estados miembros pueden iniciar el procedimiento de sanción de un Estado miembro en el caso de que persista dicha violación;

    14. Insta a la Comisión a que prosiga las tareas de control e investigación para garantizar la conformidad de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) y de su aplicación con el Derecho comunitario en el ámbito de la contratación pública y otros ámbitos afines, y a que informe plenamente a la Comisión de Peticiones sobre las evoluciones en dichos ámbitos;

    15. Se compromete, de conformidad con sus competencias en el plano europeo, a seguir velando por el respeto de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y a mantener su vigilancia con respecto a los eventuales casos de apropiación indebida de fondos públicos;

    16. Desea que la información sobre el contenido de sus investigaciones y sobre sus recomendaciones tenga una amplia difusión, habida cuenta del gran número de ciudadanos europeos afectados (ingleses, alemanes, franceses, belgas, holandeses...), sin olvidar a los mismos ciudadanos españoles;

    17. Solicita a la Comisión que extraiga las experiencias de este caso y, teniendo en cuenta el gran número de ciudadanos europeos que adquieren propiedades inmobiliarias en otros países de la Unión Europea, examine qué medidas de salvaguardia —legislativas, administrativas o simplemente consultivas— podrían ser las más apropiadas para proteger y asistir a los ciudadanos que efectúan esas operaciones e inversiones tan importantes fuera de la esfera jurisdiccional de su propio país; pide, asimismo, a la Comisión que informe al Parlamento Europeo del resultado de dicho examen;

    18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, al Gobierno, al Parlamento y al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al Gobierno español y a los peticionarios.

    • [1]  Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1).
    • [2]  Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199 de 9.8.1993, p. 54).
    • [3]  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
    • [4]  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).
    • [5]  Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
    • [6]  Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
    • [7]  Asunto T-14/98 Hautala / Consejo, Repertorio 1999, p. II-2489.
    • [8]  Asunto Aka / Turquía (Repertorio de sentencias y decisiones, 1998-VI, fasc. 90.

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    Desde hace más de dos años, el Parlamento viene recibiendo un número importante de peticiones sobre la situación, al parecer extremadamente crítica, de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana. El número de peticionarios directos a través de asociaciones es del orden de 15 000.

    El objeto de las reclamaciones se refiere al menoscabo de sus actuales derechos de propiedad por una aplicación abusiva de proyectos de ordenación o desarrollo urbanístico; las críticas se refieren tanto al fondo:

    –    legitimidad jurídica, económica y ambiental de tales proyectos,

    como a la forma:

    –    información deficiente, falta de transparencia, plazos de impugnación y alegación demasiado cortos, importe de las indemnizaciones demasiado bajo.

    Por otra parte, se han presentado graves acusaciones sobre el respeto de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, el respeto de las normas ambientales y —lo que es peor— sobre casos de corrupción. Hay que subrayar que la responsabilidad, tanto jurídica como política, de esta situación y de los proyectos futuros corresponde a las tres entidades siguientes:

    1.   El Gobierno español, por lo que se refiere a la Ley del Suelo;

    2.   La Comunidad Valenciana, por lo que se refiere a la legislación local relativa a las normas de urbanismo;

    3.   Los municipios, que, apoyándose en la legislación española y de la Comunidad Autónoma, establecen los programas que consideran legítimos.

    Lo que se discute en este asunto es la LRAU, promulgada en 1994, que se pone en cuestión tanto respecto al fondo como, sobre todo, respecto a su aplicación.

    La Comunidad Valenciana reconoce las desviaciones que ha sufrido la aplicación de la ley mencionada y se prepara para corregirla mediante la promulgación de un nuevo instrumento legislativo. En este contexto, la Comunidad Autónoma propuso a nuestra comisión, durante la visita que efectuó, someterle el nuevo proyecto a fin de incluir las sugerencias o enmiendas que juzgara oportunas.

    Por otra parte, el asunto se ha politizado enormemente, lo que hace que sea aún más difícil y delicada la apreciación de lo que se pueda aportar.

    ¿Cuál puede ser el papel de Europa en este problema, habida cuenta de que tanto el Parlamento como la Comisión han recibido el llamamiento de un número creciente de ciudadanos, no sólo españoles sino también de la mayor parte de los otros Estados miembros de la Unión?

    La intervención europea sólo puede basarse en el Derecho comunitario y, en el caso que nos ocupa, en una posible infracción de la Directiva que regula los contratos públicos (la Comisión ha iniciado una investigación a ese respecto). Sobre la cuestión ambiental, resulta más complejo y difícil actuar en este asunto porque el desarrollo urbanístico no forma parte de las competencias actuales de la Unión[1]* y el medio ambiente no figura entre las competencias exclusivas de la UE (véanse los artículos I-13 y I-14).

    Por último, en cuanto al respeto de los derechos humanos propiamente dichos, la Carta de los Derechos Fundamentales no tiene fuerza vinculante, por lo que sólo podemos aconsejar que se recurra al Tribunal de Estrasburgo.

    Sin embargo, este debate no debe hacernos olvidar la urgencia de la situación ni la respuesta que hay que dar a un número considerablemente importante de propietarios actuales que temen verse perjudicados de forma inaceptable, sin mencionar ya a aquellos que consideran que han sido definitivamente expoliados.

    Está claro que el examen caso por caso está fuera de la capacidad y de la competencia de las instancias europeas, por lo que debemos limitarnos a expresar una recomendación urgente e instar a la Comunidad Valenciana no sólo a mejorar la Ley —cosa que ya está en marcha—, sino también a iniciar un procedimiento que pueda valorar las situaciones caso por caso y aplicar las correcciones e indemnizaciones oportunas.

    La Comisión de Peticiones, tras haber examinado las reclamaciones, se desplazó al lugar y quedó impresionada por la cantidad y la naturaleza de las protestas manifestadas por un considerable número de ciudadanos españoles u originarios de la mayor parte de países europeos.

    Si bien no estamos en condiciones de juzgar el fondo del asunto, lo que implicaría la realización de peritajes jurídicos y económicos que están fuera de las posibilidades de la Comisión de Peticiones, está claro para todo el mundo —incluida la Comunidad Valenciana— que ha habido desviaciones, y probablemente abusos. Ello justifica el establecimiento de un sistema de corrección. El Parlamento Europeo debe dar una respuesta dentro de los límites de sus competencias, a fin de evitar que se creen entre los ciudadanos expectativas que no podrían cumplirse.

    En conclusión, parece urgente proceder a:

    1.   Iniciar un procedimiento sobre los hechos que son competencia comunitaria (adjudicación de contratos públicos), lo que excluye todo juicio sobre la legitimidad del proyecto adoptado;

    2.   Dirigir un llamamiento a la Comunidad Valenciana y a los municipios interesados en el que se expongan las reclamaciones recibidas y la consternación de los miembros de la Comisión de Peticiones ante lo que parece, en el fondo y en la forma, una falta de consideración y de respeto hacia los ciudadanos europeos afectados;

    3.   Formular el deseo del Parlamento de que se inicie un proceso de corrección e indemnización de las injusticias que se hayan cometido;

    4.   Hacer un llamamiento para que en los proyectos en curso se tengan en cuenta los derechos ambientales, tan importantes para el conjunto de la Unión Europea.

    • [1] * Véase la Comunicación de la Comisión COM(2004)6, de 11 de abril de 2004.

    PROCEDIMIENTO

    Título

    Las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras)

    Número de procedimiento

    2004/2208(INI)

    Fundamento reglamentario

    art. 192 (1)

    Petición(es) de base

    PETI
    18.11.2004

    Fecha de la decisión de elaborar un informe

     

     

     

     

     

    Fecha del anuncio en el Pleno de la autorización

     

     

     

     

     

    Comisión(es) competentes(s) para emitir opinión
      Fecha del anuncio en el Pleno

     

     

     

     

     

    Opinión(es) no emitida(s)
      Fecha de la decisión

     

     

     

    Cooperación reforzada
      Fecha del anuncio en el Pleno

    Janelly Fourtou

    29.9.2005

     

    Ponente(s)
      Fecha de designación

     

     

    Ponente(s) sustituido(s)

    15.6.2005

    10.10.2005

     

     

     

    Examen en comisión

    23.11.2005

    Fecha de aprobación

    a favor:

    en contra:

    abstenciones:

    22

    0

    1

    Resultado de la votación final

    Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Alessandro Battilocchio, Michael Cashman, Elly de Groen-Kouwenhoven, Janelly Fourtou, David Hammerstein Mintz, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Willy Meyer Pleite, Marie Panayotopoulos-Cassiotou y Rainer Wieland

    Miembros presentes en la votación final

    Joan Calabuig Rull

    Suplentes presentes en la votación final

    Herbert Bösch, Salvador Garriga Polledo, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Antonio López-Istúriz White y Luis Yañez-Barnuevo García

    Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final

    5.12.2005

    A6-0382/2005

    Fecha de presentación – A[6]

     

     

    Observaciones