INFORME sobre la situación de la economía europea: informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006

23.3.2006 - (2006/2047(INI))

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Ponente: José Manuel García-Margallo y Marfil

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación de la economía europea: informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006

(2006/2047(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Vistas las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo (2005-2008) de la Comisión (COM(2005)0141) (las Directrices Integradas),

–   Visto el apartado 2 del artículo 99 del Tratado CE,

–   Visto el Informe Especial nº 4/2005 del Comité de Política Económica de la Comisión sobre las proyecciones del gasto relacionado con la edad (2004-2050) para los 25 Estados miembros de la UE, los supuestos de base y las metodologías de proyección,

–   Vistos los programas de reformas nacionales de la Estrategia de Lisboa de los 25 Estados miembros para el crecimiento y el empleo 2005-2008,

–   Visto el Informe Anual de la Comisión sobre los progresos realizados en la Estrategia de Lisboa, de 25 de enero de 2006,

–   Vistas sus Resoluciones, de 15 de mayo de 2003[1] y de 22 de abril de 2004[2], sobre la Recomendación de la Comisión relativa a las directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad correspondientes al período 2005-2008 (COM(2003)0170), y su Resolución de 26 de mayo de 2005[3],

–   Visto el documento de la Presidencia sobre los puntos clave del Consejo ECOFIN con miras al Consejo Europeo de primavera, de 7 de febrero de 2006,

–   Vistas las previsiones económicas de la Comisión[4],

–   Vistos los artículos III-179 y III-206 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado el 29 de octubre de 2004 (Tratado Constitucional),

–   Visto el Libro Blanco de la Comisión «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (COM(2001)0370),

–   Visto el documento oficioso («non-paper») de la Comisión, de 7 de julio de 2004, titulado «Base imponible común consolidada para las empresas»,

–   Vista la Carta Europea de las Pequeñas Empresas, adoptada por el Consejo Europeo de Feira de los días 19 y 20 de junio de 2000 (Carta de las PYME),

–   Visto el Código de Conducta sobre la tributación directa de las empresas, adoptado por el Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 1997,

–   Visto el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA) de la OCDE,

–   Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001, del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 y de los Consejos Europeos de Bruselas de los días 20 y 21 de marzo de 2003, 25 y 26 de marzo de 2004 y 22 y 23 de marzo de 2005,

–   Visto el informe de noviembre de 2004 del Grupo de alto nivel de la Comisión presidido por Wim Kok, titulado «Afrontar el reto de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo»,

–   Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–   Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6‑0077/2006),

A. Considerando que gran número de las recomendaciones formuladas por el Parlamento en sus últimos tres informes sobre las orientaciones generales de las políticas económicas (OGPE) no se han tenido en cuenta; que desde la aprobación del último informe del Parlamento han aparecido nuevos e importantes factores; que muchos de los retos a largo plazo detectados previamente han adquirido una nueva urgencia; que la economía de la UE sigue creciendo más lentamente que la de sus principales competidores y parece peor preparada para afrontar la mundialización,

B.  Considerando que la mundialización es un fenómeno revolucionario que pone en tela de juicio nuestro uso convencional de los recursos disponibles, permite a las economías emergentes importar capital, cualificaciones y tecnología y competir en un mundo cada vez más interconectado, hace crecer los flujos migratorios, cambia los modelos tradicionales del comercio internacional y confiere a la economía financiera una importancia sin precedentes frente a la economía real; considerando que la creciente importancia de la economía financiera convierte a la confianza en un factor clave y crea una nueva necesidad de supervisión eficiente y cooperación más estrecha para garantizar la estabilidad económica,

C. Considerando que desde la aprobación por el Parlamento en mayo de 2005 de su último informe sobre las OGPE han aparecido los siguientes nuevos factores de importancia: dificultades en relación con la ratificación del Tratado Constitucional; la aprobación por el Consejo Europeo de las perspectivas financieras de la UE para 2007-2013 sin el acuerdo del Parlamento Europeo; dos primeros aumentos de los tipos de interés en más de cinco años por parte del BCE; la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al presentar doce Estados miembros déficit superiores al 3 %; la adopción de los programas de reformas nacionales de la Estrategia de Lisboa de los Estados miembros; el aumento de la concienciación en relación con los problemas energéticos a nivel mundial y las tensiones geopolíticas derivadas de los mismos; las negociaciones iniciadas en relación con la voluntad de Estonia, Lituania y Eslovenia de integrarse en la zona del euro en 2007; y los esfuerzos para resucitar la ronda comercial de Doha de la OMC en Hong Kong,

D. Considerando que el relativo declive de la economía europea puede explicarse por varios factores: un marco reglamentario inadecuado combinado con la ausencia de reformas estructurales, que hace que nuestra economía sea menos flexible que la de nuestros principales competidores; la debilidad de la demanda interna; la falta de dinamismo empresarial y mercados de trabajo débiles como resultado del lento crecimiento demográfico, tasas de empleo reducidas y escaso crecimiento de la productividad; considerando que el escaso crecimiento de la productividad se debe a la falta de inversiones, a la insuficiencia de la innovación y al desajuste de la oferta y la demanda de mano de obra debido a la incapacidad de nuestros sistemas educativos y de formación, mal financiados, de adaptar a nuestros trabajadores a un mundo en proceso de cambio continuo,

E.  Considerando, además, que desde la aprobación del último informe del Parlamento, se reconocen en mayor medida los siguientes retos: el continuo aumento del envejecimiento de la población; las tensiones migratorias en las fronteras de la UE y los problemas internos derivados de la insuficiente asistencia a la integración de las poblaciones inmigrantes de segunda generación; el crecimiento exponencial de las importaciones de terceros países en determinados sectores, así como la deslocalización y el desplazamiento de puestos de trabajo por parte de las empresas; la creciente demanda de recursos como petróleo crudo, gas natural, carbón o acero por parte de China y otras economías emergentes; la creciente dependencia de la UE de las importaciones de energía procedente de regiones inestables; y los peligros derivados de los desequilibrios macroeconómicos a nivel mundial,

1.  Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que adopten las recomendaciones incluidas en los tres últimos informes del Parlamento sobre las OGPE que aún no se han tenido en cuenta, a saber: la transposición de las Directivas sobre el mercado interior, la adopción de medidas de reducción del déficit por parte de los Estados con déficit excesivos, la adopción de una política común de comunicación respecto a las inquietudes de los ciudadanos en lo que se refiere a la mundialización, la elaboración de un plan de acción de reformas estructurales en el que se enumeren los obstáculos a los que hay que hacer frente, se establezcan las medidas que deben adoptarse y se fijen los plazos, y la plena aplicación de la Carta de las PYME, en particular un régimen tributario más favorable y una mayor inversión en investigación e innovación;

2.  Acoge con satisfacción el documento sobre los puntos clave del Consejo ECOFIN, y apoya la decisión de la Comisión de centrarse en cuatro actuaciones fundamentales (conocimientos e innovación, potencial empresarial, globalización y cambio demográfico, y mercado de la energía eficiente), que debería aplicarse con arreglo a las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo; además, comparte la opinión de que solamente se logrará un crecimiento mayor y más estable de nuestras economías mediante el refuerzo mutuo de las políticas macroeconómicas de estabilidad y orientadas al crecimiento y mediante reformas estructurales, incluida una coordinación económica más eficaz; celebra el propósito de la Comisión de presentar una hoja de ruta que recoja los pasos necesarios y las fechas clave para la realización de estas cuatro acciones para finales de 2007;

Reforma institucional

3.  Cree que al actual período de reflexión sobre el Tratado Constitucional debe servir para examinar: el marco actual de la gobernanza macroeconómica, tal como se debatió ya en el Grupo de Gobernanza Económica de la Convención; los objetivos económicos y sociales de la UE; la extensión del procedimiento de codecisión a los asuntos de política económica; la responsabilidad del BCE dentro del respeto de su independencia; la coordinación de las políticas económicas y el papel del Eurogrupo en este contexto; el procedimiento para hacer frente a los déficit excesivos; la competencia de la UE en materia tributaria; la aplicación de un derecho de avocación del PE en el contexto del procedimiento de comitología para el 1 de abril de 2008 a más tardar, y la representación de la zona del euro en las instituciones internacionales;

4.  Acoge favorablemente la integración de las OGPE y de las Directrices de Empleo en las Directrices Integradas de la Comisión, pero considera que el informe anual de la Comisión sobre los progresos realizados en el proceso de Lisboa y otros documentos relacionados con el método abierto de coordinación también deben coordinarse y debatirse de forma conjunta; cree que se debe conferir a las OGPE el mismo rango legislativo que a las Directrices de Empleo y que hay que definir de nuevo las funciones respectivas del Parlamento y de la Comisión;

5.  Pide a la Comisión que examine la viabilidad de adoptar actos legislativos comunitarios destinados a lograr una definición uniforme de domicilio fiscal, aplicable a los residentes comunitarios dentro y fuera de la UE, en relación con el concepto de ciudadanía de la UE; una Convención Europea intracomunitaria sobre la doble imposición (de acuerdo con el artículo 293 del Tratado CE); y la inclusión en el Derecho de la UE del principio de no discriminación en lo referente a la tributación tal y como lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

6.  Acoge favorablemente que se haya establecido la obligación de que los Estados miembros presenten programas de reformas nacionales (PRN) estructurados alrededor de las veinticuatro Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo (2005-2008); considera que, a este respecto, el rendimiento económico puede seguir mejorando si la Comisión establece y promueve las mejores prácticas derivadas de los PRN y si se establece una clasificación anual de los países con mejores y peores resultados, como ha propuesto el Grupo de alto nivel de expertos independientes presidido por Wim Kok; solicita un análisis más profundo de las políticas de reforma estructural de la última década, con el fin de aclarar las razones del lento crecimiento y la insuficiente productividad persistentes; solicita una «estrategia inteligente de crecimiento» que agrupe los fragmentarios enfoques de la UE en materia de política económica en una estrategia coherente, con el fin de reforzar el potencial de la UE con respecto a una nueva generación de productos y métodos de producción, integrando las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías eficientes aplicadas a los recursos con miras al desarrollo sostenible;

7.  Deplora que el acuerdo del Consejo Europeo de diciembre de 2005 sobre las perspectivas financieras sea menos ambicioso que la propuesta del Parlamento, sobre todo porque se concentra en las políticas tradicionales y no presta suficiente atención a las que proporcionan un valor añadido a los ciudadanos; lamenta la reducción de los compromisos relativos a la investigación y la ciencia, la competitividad y el crecimiento, las PYME, la ciudadanía, la libertad, la justicia y las acciones exteriores; pide al Consejo que negocie de nuevo con el Parlamento un acuerdo que refuerce la prosperidad, la competitividad, el empleo y la cohesión de la UE;

8.  Pide a los Estados miembros que apliquen con rapidez y fidelidad los PRN, involucrando a los Parlamentos nacionales y a las partes interesadas, como los interlocutores sociales, y que faciliten información oportunamente al Parlamento, al Consejo y a la Comisión; pide al Consejo y a la Comisión que establezcan conjuntamente con el Parlamento Europeo un código de conducta que permita un estricto seguimiento conjunto estos programas;

Política macroeconómica, monetaria y tributaria

9.  Pide a la Comisión que adopte una interpretación estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento renovado que no permita el uso de medidas temporales o de contabilidad creativa; pide a los Estados miembros que fomenten la competitividad y persigan una mejora anual de sus déficit presupuestarios ajustados cíclicamente, y que realicen mayores esfuerzos de ajuste en las épocas de prosperidad económica; considera que los aumentos salariales deben ser coherentes con la tendencia de la productividad a medio plazo; solicita una política de fijación de precios moderada y responsable, en particular en el caso de los mercados oligopolistas o monopolistas, que reduzca las presiones inflacionistas y mantenga los tipos de interés en niveles que no pongan en peligro la actual recuperación económica;

10. Insta a los Estados miembros a que hagan esfuerzos adicionales para reducir la carga de la deuda pública y mejorar la calidad de sus finanzas públicas, lo que conducirá a emplear menos recursos en pagos de intereses y amortización y más recursos en educación, formación profesional, infraestructuras, investigación e innovación; subraya que, de conformidad con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera, es absolutamente necesario llevar a cabo una revisión general de los regímenes fiscales de los Estados miembros con el fin de reforzar la competitividad, lo que implica un gasto público restringido y/o más eficaz;

11. Señala que el lento crecimiento económico, la deuda excesiva y las altas tasas de desempleo agravan enormemente los problemas derivados del cambio demográfico; subraya, por consiguiente, que la plena aplicación de la Estrategia de Lisboa para crear una sociedad incluyente, con un alto nivel de empleo y una productividad elevada, es esencial para hacer frente con éxito a este cambio; pide a la Comisión que inicie un gran debate para determinar las mejores prácticas y los métodos más rentables para gestionar la evolución futura;

12. Señala los desequilibrios que se observan en determinados países de la zona euro, especialmente peligrosos por la amplitud de los déficit comerciales y el diferencial de inflación observado en algunos de ellos, y pide a los Estados miembros que adopten las políticas económicas necesarias para corregirlos, insistiendo en la necesidad de llevar a cabo una política presupuestaria capaz de compensar las consecuencias negativas de dichos desequilibrios;

13. Pide a los Estados miembros que se abstengan de una competencia fiscal transfronteriza exagerada y nociva que reduce las capacidades de inversión pública en activos tangibles e intangibles;

Entorno empresarial

14. Pide que se fomente el espíritu empresarial (entendido como la posibilidad de poner en práctica una idea empresarial) en los sistemas de educación secundaria de los Estados miembros, reforzando el papel social del empresario y destacando la importancia de conceptos como la gobernanza empresarial y la responsabilidad social de las empresas;

15. Pide a la Comisión que aplique el principio de «acción positiva» a favor de las PYME y que tome medidas para contribuir: a la creación de empresas por medios electrónicos; a simplificar debidamente el entorno regulador; a promover el acceso de las PYME a la financiación durante sus primeros años de existencia a través de fórmulas de capital riesgo o inversores privados (business angels); a reforzar las funciones del BEI y del FEI; a mejorar el acceso de las PYME a las TCI, reconociendo que la diferencia en la competitividad entre la UE y los Estados Unidos no reside únicamente en los sectores de alta tecnología, sino también en los canales de distribución y al sector detallista; a promover estructuras de cooperación y su internacionalización mediante la aprobación de la propuesta de Decimocuarta Directiva en materia de Derecho de sociedades relativa al traslado transfronterizo de las sedes sociales de las empresas y debatiendo el valor añadido de un futuro estatuto de empresa privada europea para las PYME;

16. Recuerda su apoyo al Código de conducta sobre tributación directa de las empresas, en virtud del cual los Estados miembros se comprometieron a poner fin a la perjudicial competencia tributaria; apoya la propuesta de la Comisión de establecer una base imponible común consolidada para las empresas; insta al Consejo a que llegue a un acuerdo sobre las propuestas de la Comisión destinadas a simplificar las obligaciones en materia de IVA; apoya los esfuerzos para simplificar y reducir los impuestos, tal y como se exponen en la Carta de las PYME; apoya, a este respecto, el régimen de imposición según las normas del Estado de origen para las PYME, recientemente propuesto por la Comisión, y pide a la Comisión que examine la posibilidad de cambiar el principio del lugar de destino por el del lugar de origen por lo que respecta al IVA adeudado por estas empresas, incluidas las normas para la distribución equilibrada de los ingresos;

17. Recomienda vivamente que los PRN aborden las medidas proyectadas y vigentes para reducir las cargas administrativas y los obstáculos reguladores que afectan a las PYME y que pongan de relieve las decisiones a los niveles local, regional y nacional que podrían servir como criterio comparativo para las autoridades de otros Estados miembros;

18. Pide a los Estados miembros y a sus autoridades regionales y locales que desarrollen un sistema común para evaluar los efectos de redistribución y regionales de sus regímenes fiscales y de las subvenciones que conceden, habida cuenta de que, con frecuencia, las políticas fiscales a los niveles local, regional, nacional y de la UE no están coordinadas, y recuerda el papel cada vez más importante que desempeñan las comunidades locales en el bienestar económico, social y político de la UE;

19. Cree que la eliminación de las cuotas de exportación ha alterado profundamente el comercio internacional, obligando a los responsables políticos a reaccionar contra la competencia desleal de terceros países, en particular mediante la lucha contra las falsificaciones y la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un sistema eficiente de patentes de la UE mediante una patente comunitaria y otros instrumentos adecuados;

Empleo y capital humano

20. Cree que para aumentar la proporción de la población en edad de trabajar con respecto a la población total es necesario lo siguiente: adoptar políticas de natalidad ambiciosas; mejorar los servicios de atención a los niños; promover sistemas que traten de mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar; integrar a los inmigrantes en el mercado de trabajo y luchar contra la inmigración ilegal mediante estrategias que promuevan el desarrollo sostenible en los terceros países y mediante la aplicación de una política de inmigración a nivel de la UE; y establecer incentivos para animar a los trabajadores a posponer la jubilación voluntaria;

21. Insiste en el potencial de la «flexiguridad» (flexibilidad y seguridad) para aumentar la participación en el mercado de trabajo, en particular, por parte de las mujeres, los trabajadores de más edad, los jóvenes, los desempleados de larga duración y los inmigrantes;

22. Considera que, con el fin de aumentar la proporción de la población empleada respecto a la población en edad de trabajar, es necesario adoptar medidas dirigidas de forma específica a los grupos que encuentran dificultades para acceder a los mercados de trabajo, a saber, los jóvenes, las mujeres, las personas de más de 55 años y las personas con discapacidad, así como desarrollar un enfoque basado en el ciclo de vida para el trabajo y el tiempo de trabajo que respete debidamente las necesidades individuales y, en particular, alentar a los trabajadores de más edad a ofrecer su experiencia laboral; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que, junto con los interlocutores sociales, promuevan medidas destinadas a adaptar las relaciones laborales y el tiempo de trabajo a las necesidades especiales de estos grupos sociales;

23. Considera que, a fin de desalentar la economía submergida, es necesario reducir los costes laborales no salariales, especialmente los de los empleos poco cualificados; acoge favorablemente, en este contexto, la decisión del Consejo de ampliar la aplicación de un tipo reducido de IVA a los servicios que requieren mucha mano de obra, y propone que se confiera a la Comisión el mandato de iniciar un nuevo estudio sobre el modo en que los tipos reducidos de IVA influyen en los precios de los servicios gravados, la reducción de la economía informal y los ingresos fiscales globales, incluidas las contribuciones a las entidades de seguridad social;

24. Subraya que la carencia de crecimiento en Europa es reflejo de la escasez de medidas eficaces destinadas a reducir las tasas de paro, incrementar la población activa y aumentar la baja productividad;

25. Pide a la Comisión que tenga en mente que la legislación comunitaria debe ser compatible con la de nuestros competidores, de forma que no repercuta negativamente en la posición competitiva de la UE ni en el potencial de innovación de las empresas de la UE en el mercado mundial;

26. Cree que para mejorar la calidad de la educación, y teniendo en cuenta que en los próximos años muchos hijos de inmigrantes con un nivel de educación relativamente bajo ingresarán en el sistema escolar, es necesario lo siguiente: aumentar la oferta de plazas en las escuelas primarias; mejorar el conocimiento de las lenguas extranjeras, las matemáticas y las ciencias en la educación primaria y secundaria, a la vista de nuestros bajos resultados en relación con nuestros competidores, tal y como refleja el informe PISA de la OCDE; y conseguir un modelo integrado de formación profesional mediante la actualización continua de los conocimientos;

27. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para mejorar la movilidad de los investigadores y para proporcionar una mejor infraestructura con el fin de atraer a más estudiantes a las carreras científicas; pide, además, medidas destinadas a equipar las universidades europeas para que lleguen a los más altos niveles de investigación, a reforzar la cooperación entre las universidades y los sectores industrial y comercial, a adaptar la oferta educativa a la demanda del mercado, haciendo hincapié en las cualificaciones en ingeniería y altas tecnologías, y a garantizar una mejor comunicación, difusión y aplicación de los resultados de la investigación;

28. Considera que los presupuestos de la UE y de los Estados miembros deberían reflejar mejor las prioridades de la Estrategia de Lisboa reforzando la capacidad de la UE de innovación e investigación y extendiendo los esfuerzos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, recurriendo también a recursos financieros adicionales;

Infraestructuras, transporte y energía

29. Cree que la insuficiencia de las inversiones es una de las causas que explican la diferencia entre nuestra competitividad y la de los Estados Unidos, por lo que pide a los Estados miembros que estimulen la inversión privada y que reorienten el gasto público hacia una inversión que refuerce la eficiencia económica y la productividad, como por ejemplo, la inversión en infraestructuras, en I+D, en la educación, en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en el deporte y en el uso de los recursos, así como que reformen sus sistemas tributarios para fomentar el crecimiento y la inversión privada en las nuevas tecnologías sostenibles;

30. Insta a los Estados miembros a que respeten estrictamente los plazos de ejecución de los proyectos de infraestructuras de transporte (redes transeuropeas), simplificando los procedimientos administrativos pertinentes y destinando, en caso necesario, más inversiones, dado que, de acuerdo con el Libro Blanco de la Comisión sobre el transporte, serán necesarios 20 años para completar los proyectos si se mantiene el ritmo actual;

31. Insta a los Estados miembros a que tomen decisiones sobre una nueva política coherente de energía de la UE durante el Consejo Europeo de primavera de 2006, con el triple objetivo de garantizar el suministro energético, el desarrollo sostenible y la competitividad económica; sugiere, por tanto, en primer lugar, una acción común para reforzar los vínculos políticos y económicos con los países suministradores, así como para crear un mercado interior de la energía de la UE con un verdadero entorno competitivo y no discriminatorio para los suministradores y los distribuidores de energía; en segundo lugar, establecer un equilibrio entre las fuentes interiores y exteriores de energía; en tercer lugar, centrarse en evitar la doble volatilidad de tipos debida a los precios y al cambio, facturando en euros los suministros de mercancías y energía; en cuarto lugar, mejorar la eficiencia energética; y, en quinto lugar, eliminar paulatinamente la dependencia del petróleo reforzando la investigación de la UE con miras al logro de un nuevo sistema de energía sostenible basado en las energías eólica, hidroeléctrica, de la biomasa, solar y geotérmica;

Innovación e I+D

32. Cree que sólo se puede luchar contra la competencia de las importaciones de países emergentes y la tentación de las empresas de deslocalizar sus actividades con la ayuda de un enorme esfuerzo de investigación e innovación; pide a la Comisión que presente propuestas en materia de financiación de la investigación en la UE; pide a los Estados miembros que asignen más recursos a la investigación y la innovación, garantizando a la vez una protección eficiente de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y que establezcan incentivos fiscales para las empresas y universidades que inviertan en I+D, sabiendo que, en comparación con las subvenciones directas, este tipo de incentivos garantizan mejor que los recursos públicos se destinan a apoyar los proyectos de éxito;

33. Opina que una política coordinada de la UE en materia de innovación es una de las claves principales para la creación de riqueza, crecimiento y empleo, fortalece la competitividad de la UE y contribuye a alcanzar el objetivo político general del desarrollo sostenible;

Más competencia y reforma de los mercados de servicios

34. Cree en una sólida política de competencia; pide que se revisen los criterios de asignación de los asuntos de competencia entre las autoridades nacionales de competencia y la Comisión, así como que se renueve la legislación nacional con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la independencia política de los órganos reguladores, la transparencia y la responsabilidad y la coherencia con el Derecho comunitario;

35. Señala que es imprescindible la consecución de un mercado único de servicios europeo como se estipula en el Tratado CE, con el fin de fortalecer un sector de actividad vital para el conjunto de la economía europea y especialmente relevante para el desarrollo económico de los nuevos Estados miembros;

36. Acoge favorablemente el Plan de acción de ayudas estatales de la Comisión, y considera que unas ayudas estatales más transparentes y eficaces pueden beneficiar a la UE, particularmente en materia de innovación e I+D; cree al mismo tiempo que también es necesario revisar los incentivos fiscales, en la medida en que constituyen una alternativa a las subvenciones o ayudas directas;

37. Pide un programa de servicios financieros orientado hacia el futuro, centrado en conseguir una zona de pago en euros única de aquí a 2010, la revisión de la solvencia de los seguros (Solvency II), la presentación de una propuesta sobre las fusiones bancarias transfronterizas, con el fin de facilitar la supervisión y evitar conflictos entre los órganos de supervisión de los Estados de origen y de acogida, una propuesta sobre el crédito hipotecario y la adopción de una Directiva sobre el crédito al consumo;

38. Considera que en un mercado financiero integrado, y teniendo en cuenta la rapidez con que las empresas cambian su domicilio social, el crecimiento exponencial de los flujos internacionales de capital y la velocidad con la que se realizan las inversiones, son indispensables una supervisión eficiente y una estrecha cooperación entre los órganos reguladores y de supervisión de los distintos Estados miembros, pese a la conveniencia de emprender una reflexión más profunda sobre el modelo más adecuado de supervisión, regulación y control de los bancos, los seguros y los valores mobiliarios en la UE;

o

o o

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales.

• [1]  DO C 67 E de 17.3.2004, p.295.
• [2]  DO C 104 E de 30.4.2004, p.1061.
• [3]  Textos aprobados, P6_TA(2005)0209.
• [4]  Otoño de 2005, nº 5/2005.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los debates sobre las orientaciones generales de las políticas económicas (OGPE) tienen una larga tradición en el Parlamento, tan larga como la lista de recomendaciones que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros no han recogido. El simple hecho de que el Parlamento deba mencionar estos fallos justifica la necesidad de un nuevo informe, a pesar de que la Comisión haya decidido mantener sin modificaciones las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo (2005-2008) del año pasado.

Pero, además, también es evidente que desde nuestro último debate sobre el informe Goebbels en 2005, han aparecido nuevos e importantes factores que deben comentarse. El fracasado Tratado Constitucional se limita a una refundición de las disposiciones existentes en el ámbito económico y social. La intención de la Presidencia austriaca de abrir de nuevo un periodo de reflexión sobre el texto coloca al Parlamento en una situación en la que también estamos obligados a prestar atención a estos asuntos. El acuerdo sobre las perspectivas financieras, en estos momentos en fase de negociación, establece un nuevo marco presupuestario que afecta necesariamente a las OGPE; tanto más si se tiene en cuenta que en Hampton Court se decidió emprender una revisión fundamental del presupuesto de la Unión dentro de un calendario muy limitado. El Banco Central Europeo (BCE) ha subido los tipos de interés por primera vez en más de cinco años y, por tanto, está claro que el contexto monetario en el que el presente informe se debate es diferente del año anterior. El actual entorno presupuestario también es diferente, pues en la actualidad debatimos las orientaciones económicas en el contexto de un Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado. También por primera vez tenemos sobre la mesa los planes de reformas nacionales, que tratan de resumir los avances realizados en el camino de la realización de los objetivos de Lisboa. Todas estas razones justifican sobradamente la necesidad de un informe parlamentario en la coyuntura actual.

Desde la aprobación del informe Goebbels, algunos de los temas ya detectados han atraído en mayor medida la atención del público y de los responsables políticos: el envejecimiento de la población, las consecuencias de la mundialización, y la crisis energética, que amenaza con escapar de todo control si las tensiones con los países productores siguen empeorando.

· Varios estudios publicados recientemente (y en particular el Informe especial nº 4/2005 de la Comisión sobre la economía europea) describen bien las amenazas al estado del bienestar europeo o, en otras palabras, las futuras dificultades para financiarlo: en los próximos años, el crecimiento demográfico será lento y habrá cada vez menos jóvenes en edad de trabajar y más personas excluidas del mercado de trabajo por razones de edad; el gasto en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración exigirá mayores recursos presupuestarios para poder hacernos cargo de las personas de edad; las contribuciones a la Seguridad Social no seguirán creciendo al ritmo actual, debido, por una parte, a que cada vez menos jóvenes se incorporarán al mercado de trabajo y, por otra, a que no podemos elevar las cotizaciones si queremos seguir siendo competitivos en la economía mundial.

· Las consecuencias de la mundialización (diversificación de los procesos de producción y el hecho de que las empresas funcionen en varios países a la vez) no son nuevas, pero han cobrado mayor relevancia este año. El Parlamento ha debatido ampliamente el problema de las importaciones de países emergentes (productos textiles, calzado, etc.), el problema de la deslocalización de empresas y el desplazamiento de puestos de trabajo, el necesario ajuste de la agricultura europea a los nuevos tiempos o el impacto del comercio electrónico e Internet sobre el crecimiento de los servicios.

· La necesidad de que el crecimiento económico sea compatible con la conservación del medio ambiente también ha estado entre las preocupaciones del Parlamento Europeo. El desarrollo sostenible es cada vez más un principio predominante que debe inspirar todos los ámbitos legislativos, ya se trate de la agricultura, la política económica, la energía o el transporte; esto es tanto más relevante en estos momentos, teniendo en cuenta el aumento de los precios del petróleo y la inestabilidad política en muchos países productores, aspectos que ponen dolorosamente de manifiesto la excesiva dependencia de la Unión de las fuentes de energía externas y no renovables.

En todos los documentos comunitarios se puede ver la confirmación de que la UE crece por debajo de su potencial y muy por debajo del crecimiento de los Estados Unidos. En estos documentos también se confirma que la UE está peor preparada que los Estados Unidos, y, en algunos aspectos, también peor que países emergentes como China y la India, para hacer frente a los retos de la nueva era. Sin embargo, parece que estos documentos sólo tratan de trasladar la responsabilidad a los demás: por tanto, en opinión del ponente, ha llegado el momento de enumerar con claridad los obstáculos que bloquean nuestro crecimiento económico, determinar con precisión las acciones necesarias para superarlos y definir un calendario de ejecución claro y preciso.

Los malos resultados de la economía europea tienen varias causas. Sin embargo, la mayoría de los documentos y las propuestas que están sobre la mesa coinciden en que Europa sufre de un exceso de regulación, lo que hace que nuestra economía sea menos flexible que la de los Estados Unidos. También coinciden en que contamos con menos empresas que sean líderes mundiales que los Estados Unidos y en que nuestras PYME crecen menos en los primeros años que las suyas. Igualmente, coinciden en el hecho de que nuestro crecimiento demográfico es inferior, así como nuestra tasa de empleo y nuestra productividad laboral. Esto último se debe a que contamos con menos infraestructuras, dedicamos menos recursos a la inversión pública y privada, no contamos con suficiente innovación en tecnología y no dedicamos suficientes recursos a la educación y la formación.

En todos nuestros debates (y el debate constitucional es un buen ejemplo) desperdiciamos enormes cantidades de energía en el análisis de temas institucionales o procedimentales, mucha más energía de la que deberíamos dedicar a la reflexión sobre las causas del declive relativo de la economía europea y sobre la forma de invertir esta tendencia.

Uno de los principales objetivos del presente informe es evitar las declaraciones puramente retóricas y centrarse en recomendaciones con claras repercusiones normativas. Además, el informe hace hincapié en los temas económicos y sociales que, en opinión del ponente, deben incluirse en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. El Parlamento Europeo debe participar activamente en la definición de la política económica para ayudar a los Estados miembros a hacer arrancar un periodo de crecimiento económico y dinamismo, como se acordó en Lisboa. El Parlamento Europeo, como única institución de la UE elegida por los ciudadanos, es el foro adecuado para evaluar y analizar las estrategias y medidas aplicadas por los Estados miembros para alcanzar los objetivos de Lisboa.

PROCEDIMIENTO

Título	Situación de la economía europea: informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2006
Número de procedimiento	2006/2047(INI)
Comisión competente para el fondo Fecha del anuncio de la autorización en el Pleno	ECON 16.3.2006
Comisión(es) competentes(s) para emitir opinión   Fecha del anuncio en el Pleno	EMPL 16.3.2006
Opinión(es) no emitida(s)   Fecha de la decisión	EMPL 15.3.2006
Cooperación reforzada   Fecha del anuncio en el Pleno
Ponente(s)   Fecha de designación	José Manuel García-Margallo y Marfil 16.11.2005
Ponente(s) sustituido(s)
Examen en comisión	31.1.2006		20.2.2006		20.3.2006
Fecha de aprobación	21.3.2006
Resultado de la votación final	+ - 0	38 2 2
Miembros presentes en la votación final	Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristóbal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček.
Suplente(s) presente(s) en la votación final	Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Jules Maaten, Vladimír Maňka, Poul Nyrup Rasmussen, Corien Wortmann-Kool.
Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final
Fecha de presentación	23.3.2006
Observaciones (datos disponibles en una sola lengua)