INFORME sobre el Libro Blanco sobre una política europea de comunicación
16.10.2006 - (2006/2087(INI))
Comisión de Cultura y Educación
Ponente: Luis Herrero-Tejedor
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre el Libro Blanco sobre una política europea de comunicación
El Parlamento Europeo,
– Vista la Comunicación de la Comisión «Libro Blanco sobre una política europea de comunicación» (COM (2006)0035),
– Vista la segunda parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
– Vistos los artículos 195, 211 y 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
– Vistos los artículos 11, 41, 42 y 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión[1],
– Vista la Comunicación de la Comisión «Plan de acción de la Comisión para mejorar la comunicación sobre Europa» (SEC(2005)0985),
– Vista la Comunicación de la Comisión «Contribución de la Comisión al período de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate» (COM (2005)0494),
– Vista su Resolución de 13 de marzo de 2002 sobre la Comunicación de la Comisión relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades referentes a la política de información y comunicación de la Unión Europea[2],
– Vista su Resolución de 10 de abril de 2003 sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea[3],
– Vista su Resolución de 12 de mayo de 2005 sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea[4],
– Visto el artículo 45 de su Reglamento,
– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0365/2006),
A. Considerando que la comunicación es un elemento importante de la democracia tanto representativa como participativa,
B. Considerando que, por esta razón, una de las fuerzas de los elementos democráticos de la UE está ligada a las estructuras de comunicación a escala europea que hacen posible la conexión entre las instituciones y los ciudadanos,
C. Considerando que el derecho a la información y la libertad de expresión deberían estar en el centro de la democracia en Europa y apuntalar los sistemas políticos tanto a escala europea como nacional y que, por consiguiente, el público debería poder acceder a la información en la medida de lo posible,
D. Considerando que la experiencia de las elecciones y los referendos europeos ha demostrado que la probabilidad de participación es mayor entre quienes conocen la cuestiones europeas y se interesan por ellas que entre quienes no disponen de información,
E. Considerando que actualmente no existe una esfera pública europea consolidada, sino esferas públicas nacionales muy activas; que estas esferas públicas nacionales revelan variaciones profundas en lo que respecta a la dimensión y al contenido de los debates sobre cuestiones europeas,
F. Considerando que lograr una mayor prominencia de las cuestiones europeas en las esferas públicas nacionales constituiría una mejora importante,
G. Considerando que uno de los primeros pasos con vistas a la creación de una esfera pública europea consistiría en superar el aislamiento de las esferas públicas nacionales mediante una acción de comunicación europea, lo que está íntimamente ligado a la existencia de estructuras paneuropeas, o al menos transnacionales, en el ámbito de los medios de comunicación,
H. Considerando que existen pruebas evidentes de una información insuficiente de los ciudadanos en materia de asuntos europeos, según se refleja en los resultados de diversos sondeos del Eurobarómetro,
I. Considerando que la comunicación está también ligada a la cuestión de la transparencia, la simplificación de los procedimientos, la ciudadanía y los valores compartidos,
J. Señalando que durante los debates nacionales raramente se reconocen los asuntos europeos y el «valor añadido» de la legislación comunitaria, y que los políticos nacionales se arrogan a menudo los éxitos europeos, a la vez que se apresuran a criticar a la UE, a menudo por errores políticos que se producen a escala nacional,
K. Considerando que el Consejo Europeo de junio de 2006 volvió a introducir en la agenda la cuestión de la reforma institucional,
L. Considerando que el objetivo de un «período de reflexión» es hacer a la Unión más democrática y eficaz y volver a conectarla con los ciudadanos,
Política de comunicación y esfera pública europea
1. Acoge positivamente la presentación del Libro Blanco y respalda las intenciones de la Comisión de transformar la política de comunicación en una política autónoma con contenido propio;
2. Constata la necesidad de mejorar la comunicación entre la UE y sus ciudadanos; apoya, por consiguiente, el intento de modificar la manera en que está organizada la comunicación con los ciudadanos; subraya que una comunicación más eficaz no puede compensar las políticas insuficientes, pero puede mejorar la comprensión de las políticas puestas en práctica;
3. Celebra que la Comisión reconozca que la comunicación es indisociable de su contenido y debe ser un proceso «bidireccional» que implique escuchar a los ciudadanos, pero lamenta que estos principios afirmados al principio del Libro Blanco no se traduzcan de un modo concreto; pide, por consiguiente, a la Comisión que precise cómo se propone tener en cuenta la voz de los ciudadanos y sugiere, a tal fin, que se integren las iniciativas de las demás Instituciones, tales como el «Ágora», órgano de concertación con los representantes de la sociedad civil que el Parlamento ha decidido crear;
4. Insta a la Comisión a apoyar la creación de una esfera pública europea, estructurada primordialmente a través de los medios de comunicación nacionales, locales y regionales, aunque sin perder de vista el importante papel desempeñado por los periódicos y noticiarios de televisión nacionales y regionales de calidad a través de una cobertura suficiente de las cuestiones europeas; pide en este sentido a los Estados miembros que fomenten adecuadamente las cadenas audiovisuales públicas nacionales para informar a los ciudadanos acerca de las políticas desarrolladas a nivel europeo;
5. Observa que el objetivo de una política de comunicación europea no debería ser la creación de una esfera de comunicación que compita con las esferas públicas nacionales, sino más bien una estrecha alineación entre los debates nacionales y los debates a escala de la UE;
6. Insta a la Comisión a que, al diseñar una política de comunicación, tenga en cuenta las propuestas concretas enunciadas en la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de mayo de 2005 sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea;
Definición de principios comunes
7. Apoya la idea de establecer una comunicación de doble dirección entre la UE y sus ciudadanos, con la capacidad y la voluntad de escuchar con mayor atención lo que los ciudadanos quieren decir sobre Europa; considera, sin embargo, que no parece razonable la idea de convertir a los ciudadanos en conductores de la participación y del diálogo, dado que no son ellos quienes deben buscar la información, sino que la información debería llegar a ellos;
8. Considera inadecuado someter al Parlamento a un código de conducta que regule su comunicación con los ciudadanos de la UE;
9. Pide a la Comisión que proponga un proyecto de acuerdo interinstitucional en el que se definan los principios comunes que podrían canalizar la cooperación entre las instituciones europeas en materia de comunicación;
10. Insta a la Comisión a que explore la posibilidad de lanzar un verdadero programa comunitario de información y comunicación sobre Europa, sobre la base del artículo 308 del Tratado CE, con objeto de mejorar los actuales mecanismos de asociación interinstitucional en este ámbito; manifiesta que, si la Comisión presenta una propuesta en este sentido, el Parlamento deberá participar plenamente en la definición y la elaboración del contenido y el ámbito concretos del programa;
11. Opina que se debe hacer una referencia más clara a los principios y valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, con objeto de determinar el ámbito de una política de comunicación europea;
12. Recuerda que en la Carta de los Derechos Fundamentales ya se definen los derechos de los ciudadanos en materia de información y que todo nuevo instrumento habrá de respetar las prerrogativas del Parlamento, asamblea electa, en particular el hecho de que está habilitado para dirigirse libremente a los ciudadanos de toda la Unión; pide que su Comisión de Asuntos Constitucionales analice la naturaleza y el contenido posibles de ese instrumento interinstitucional;
13. Subraya la importancia de una Constitución para Europa, que daría a la Unión un carácter más político y democrático y mejoraría su atractivo para los ciudadanos; recuerda la responsabilidad política que tienen el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de apoyar este proceso;
Reforzar el papel de los ciudadanos
14. Acoge con satisfacción el deseo mostrado por la Comisión de hacer llegar Europa a todos los niveles, es decir, de comunicar las cuestiones europeas a nivel nacional, regional y local con objeto de descentralizar el mensaje, e insiste en la necesidad de que dicha comunicación se efectúe con mucha periodicidad; acoge asimismo con satisfacción el Plan de acción de la Comisión y espera su pronta aplicación;
15. Considera que el desarrollo de una administración europea de proximidad, que pueda colaborar con la multitud de puntos de recepción e información sobre Europa que existen actualmente, contribuiría a tejer importantes vínculos directos entre la Unión y sus ciudadanos, en particular favoreciendo el acceso de estos últimos a las iniciativas y los programas europeos que les conciernen; considera que las oficinas de información de la Comisión y del Parlamento Europeo en los Estados miembros desempeñan un papel importante en ese sentido; opina, en este contexto, que es necesario reconsiderar de arriba abajo el trabajo efectuado hasta ahora por dichas oficinas de información, dado que su política de relaciones públicas no despierta el interés de los ciudadanos y que los recursos utilizados a tal fin podrían utilizarse de forma mucho más eficaz; desea, por ello, que tengan un carácter más activo y menos burocrático;
16. Acoge con satisfacción la iniciativa a favor de la transparencia lanzada por la Comisión en noviembre de 2005, en la que se pone de relieve que las normas de transparencia forman parte de la legitimidad de toda administración moderna; considera que el público europeo tiene derecho a esperar que las instituciones públicas funcionen con eficiencia, de manera responsable y con actitud de servicio;
17. Considera que las regiones y las ciudades son las plataformas más adecuadas para promocionar la idea de Europa entre los ciudadanos, y pide la participación del Comité de las Regiones en la aplicación de una futura política de comunicación;
18. Apoya la idea de reforzar los debates en los parlamentos nacionales y regionales;
19. Insta a los parlamentos nacionales a que intensifiquen su función de control de sus respectivos gobiernos cuando éstos actúan en el Consejo, aumentando así la sensibilización y, por consiguiente, la responsabilidad democrática de las instituciones de la UE;
20. Insiste en que los parlamentos nacionales deben tratar de prestar más atención a los proyectos legislativos europeos en fases mucho más tempranas del proceso de decisión;
21. Llama la atención sobre las Conclusiones de la Presidencia de la Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la Unión Europea de 6 y 7 de mayo de 2005, en las que se pedía a los parlamentos nacionales que celebraran un debate anual, preferiblemente durante una sesión plenaria, sobre el programa legislativo y de trabajo anual de la Comisión;
22. Subraya la importancia de convocar foros interparlamentarios sobre el futuro de Europa, uno de los cuales se reunirá con ocasión del 50º aniversario de los Tratados de Roma; pide, en el marco de la política de comunicación europea, que se tengan en cuenta los debates entre representantes de la población europea;
23. Subraya la importancia de la educación cívica en materia de integración europea; considera que un cierto nivel de conocimiento de Europa es un requisito previo para una comunicación interactiva entre los ciudadanos y la UE y para contribuir a un sentimiento de ciudadanía europea;
24. Lamenta que se haya recortado la ayuda financiera a programas sectoriales con un fuerte efecto multiplicador, como Leonardo da Vinci, Sócrates y Erasmus, dado que estos programas acentúan la dimensión europea y facilitan el establecimiento de redes transnacionales;
25. Considera que para llegar a los ciudadanos es importante comunicar mejor y mostrar la importancia y las repercusiones de las decisiones de la UE para la vida cotidiana a través de la cooperación con las instituciones regionales y locales; sugiere que se ponga el acento en comunicar periódicamente a los ciudadanos los proyectos regionales y locales importantes en los que la UE haya participado, con el objeto de favorecer un proyecto común europeo;
26. Considera que el debate debe tener en cuenta las necesidades y actividades de las personas con discapacidad y de los grupos minoritarios, así como las audiencias nacionales y locales y los grupos destinatarios específicos; señala que debe prestarse más atención a la difusión de información relevante y regionalizada entre las audiencias destinatarias previstas, conectando de esta manera las cuestiones europeas con la vida diaria de los ciudadanos;
27. Saluda las iniciativas adoptadas por algunos representantes de la Comisión y algunas administraciones nacionales para colaborar en campañas de información relacionadas con la UE; indica que dicha colaboración puede contribuir a crear vínculos más directos entre los ciudadanos y las instituciones;
28. Pide a la Comisión que asegure la consulta con las partes interesadas y con el público en una fase temprana de la configuración de la política; considera que las propuestas clave podrían ir acompañadas de la sección adicional en la evaluación del impacto, especificando la manera en que se han tenido en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos al elaborar la propuesta; señala que debe clarificarse el impacto de las consultas públicas sobre el proceso de toma de decisiones de la UE;
29. Pide a la Comisión que desarrolle una política de comunicación dinámica y reactiva que, en vez de principalmente informar acerca del consenso final alcanzado, se centre en mayor medida en la evolución de las decisiones que se adoptan en los distintos niveles del proceso de toma de decisiones; considera que el objetivo de la política de comunicación de la Unión es proporcionar a los ciudadanos una idea clara de cómo se elabora la legislación europea;
Trabajar con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías
30. Subraya la importancia de los medios de comunicación como intermediarios, formadores de opinión y vehículos de mensajes para los ciudadanos en la esfera pública europea que la Comisión intenta desarrollar; insta, en este contexto, a la Comisión a apoyar iniciativas concretas, como foros de debate sobre asuntos culturales y políticos europeos en los que se ofrezcan materiales en varias lenguas para que los ciudadanos europeos puedan interactuar e intercambiar opiniones en gran número;
31. Hace hincapié en que el ciudadano informado es la base de todo sistema democrático participativo que funcione;
32. Pide a la Comisión que defina, con la mayor precisión posible, el papel que le gustaría atribuir a los medios de comunicación, y subraya la necesidad de encontrar una fórmula que haga participar más estrechamente a los medios de comunicación nacionales, regionales y locales en la política de comunicación, para lo que también deben tomarse en consideración como canal de comunicación los medios alternativos;
33. Considera que debe reforzarse la cooperación transfronteriza entre los medios de comunicación regionales y locales en lo relativo a asuntos políticos europeos; estima que la cooperación europea entre medios de comunicación y entre periodistas beneficia a la información sobre la Unión Europea, y pide a la Comisión que instituya, en el marco del presupuesto, un «Fondo Europeo para el Periodismo (de investigación)» que haga posible que periodistas de varios Estados miembros profundicen juntos en un tema europeo y lo apliquen a las distintas situaciones locales y regionales;
34. Acoge con satisfacción la retirada de la propuesta de creación de una agencia de noticias de la UE;
35. Recomienda a la Comisión que utilice un lenguaje claro y conciso al comunicarse con los ciudadanos y con los medios de comunicación y que lo haga sistemáticamente en las lenguas oficiales de su Estado miembro de origen o de residencia; considera que la jerga de la UE aumenta la fractura entre las instituciones europeas y los ciudadanos, en vez de reducirla;
36. Recomienda que se establezcan intercambios de puntos de vista regulares sobre cuestiones relativas a la comunicación de Europa entre las instituciones europeas, en particular el Parlamento, y los medios de comunicación;
37. Observa la responsabilidad de la Comisión, en general, y la de los Estados miembros, en particular, en la transmisión de información objetiva, fidedigna e imparcial sobre las políticas europeas como una base para un debate bien informado; insta, en este sentido, a los Estados miembros a que refuercen la transmisión de información a sus funcionarios acerca de las políticas puestas en práctica a escala europea;
38. Acoge con satisfacción el que, con respecto a las nuevas tecnologías, el Libro Blanco esté en línea con el último informe del Parlamento sobre la estrategia de información y comunicación de la UE;
39. Valora positivamente las propuestas de la Comisión destinadas a utilizar mejor las nuevas tecnologías en materia de comunicación; pide, no obstante, que se adopten medidas para evitar que la «fractura digital» excluya en mayor medida a una parte de los ciudadanos del acceso a la información sobre la Unión; destaca a este respecto que sería conveniente, en aras de un enfoque global, integrar los medios de comunicación específicos de las diferentes instituciones, como la futura «Web TV» del Parlamento Europeo, dentro del respeto de la autonomía de cada una de ellas; subraya además que deben valorarse los medios tradicionales de comunicación de masas, como es el caso de la televisión;
Comprender a la opinión pública europea
40. Pide a la Comisión que informe al Parlamento de los resultados de la consulta que ha llevado a cabo;
41. Considera cuestionable la creación a corto plazo de un Observatorio de la opinión pública europea; considera, asimismo, que antes de llevar a cabo esta tarea, debería hacerse una utilización más coordinada de los datos y los recursos ya disponibles;
42. Observa que no puede haber una política de comunicación satisfactoria sin un conocimiento exacto de las lagunas en la información de que disponen los ciudadanos de la Unión, ya sea por lo que se refiere a los contenidos de la acción comunitaria o a las instituciones y procedimientos para llevarla a la práctica; pide, en consecuencia, que los servicios del Eurobarómetro se encarguen de realizar una encuesta de opinión específica y exhaustiva para tener una idea exacta y diferenciada del nivel de información de los ciudadanos comunitarios, en función de su Estado de origen, su categoría socioprofesional y su orientación política;
Colaboración
43. Pide a la Comisión que elabore propuestas concretas para la aplicación de la política de comunicación y que evalúe sus implicaciones jurídicas y financieras;
44. Considera que el trabajo del Grupo interinstitucional de información debería ser analizado a fin de verificar si será posible introducir mejoras; considera, asimismo, que dicho Grupo debería tener un carácter predominantemente político, actuar como garante y tener un número reducido de miembros para poder operar con mayor eficacia;
45. Subraya la necesidad de una participación más estrecha de los partidos políticos paneuropeos en el diálogo con las circunscripciones electorales sobre asuntos de la UE;
46. Concede especial importancia al papel de los partidos políticos en favor de la democracia parlamentaria en todos los niveles; lamenta que siga sin utilizarse el potencial de los partidos políticos transnacionales; deplora que muchos partidos políticos nacionales sean reacios a adoptar una dimensión europea de modo coherente y convincente; insta a los partidos políticos a tener en cuenta la política europea en su toma de decisiones y en sus campañas electorales y a promover, en nombre de los ciudadanos, opciones políticas reales sobre el futuro de Europa;
47. Subraya que la política de comunicación debe tener en cuenta el «ritmo» particular de los asuntos europeos, a menudo desconectado de las agendas políticas nacionales, y no puede desarrollarse realmente al margen de las políticas y acciones concretas de la Unión Europea, que tienen su calendario independiente; considera pues que la Comisión, el Consejo y el Parlamento deben fijar de común acuerdo un calendario para los grandes temas que puedan interesar más en particular a las opiniones públicas europeas, con el fin de centrar sus esfuerzos de comunicación en ellos;
48. Pide a las instituciones que examinen la posibilidad de crear un grupo de coordinación de segundo nivel, donde estén representadas las direcciones generales competentes de las distintitas instituciones y representantes de las comisiones del Parlamento, para coordinar las acciones concretas de ejecución de las directrices fijadas por el IGI;
49. Reitera que la Unión Europea suele ser vista como una unidad por los ciudadanos, que no tienen por qué conocer los matices institucionales, y que, por lo tanto, hay que integrar las políticas de comunicación de cada una de las instituciones en una lógica común, dentro del respeto de las competencias y la autonomía de cada una de ellas; reitera su llamamiento para que se celebre un gran debate anual interinstitucional al respecto en el Pleno, con objeto de adoptar una declaración común sobre los objetivos y los medios de esta política;
50. Apoya el desarrollo del diálogo y de los debates públicos organizados en común entre las instituciones europeas y las instituciones nacionales y regionales; subraya que es importante que la comunicación se apoye en iniciativas incluidas en vectores de comunicación dirigidos al «gran público», tales como los programas culturales (premios literarios o cinematográficos), los acontecimientos deportivos, etc.; considera que la comunicación debe tener en cuenta una orientación estratégica del público al que va dirigida, como son las universidades, las entidades locales o las asociaciones profesionales;
51. Apoya que se refuerce el papel del Defensor del Pueblo a fin de incrementar la credibilidad de la transparencia;
52. Observa que tradicionalmente el programa PRINCE se ha basado en una asociación entre la Comisión y los Estados miembros; en su último informe sobre la estrategia de comunicación de la UE, el Parlamento ya subrayó la necesidad de una participación parlamentaria en el establecimiento de las prioridades del programa PRINCE; por tanto, opina que debería asociarse plenamente a los diputados del PE a los eventos organizados bajo los auspicios de este programa;
53. Recomienda que se eleve la cuantía de los créditos destinados a los actuales programas de financiación que permiten mejorar la comunicación de la integración europea, como los programas de Aprendizaje permanente, Juventud, Ciudadanos para Europa, MEDIA y Cultura, siempre y cuando se respeten totalmente los objetivos de los distintos programas;
54. Apoya la sustitución de cinco líneas presupuestarias del programa PRINCE que existen en la actualidad por un programa único que gestionaría la Dirección General de Comunicación, ya que así se aportaría mayor flexibilidad y un interlocutor central;
55. Subraya la necesidad de dar la mayor visibilidad posible a la ayuda financiera que concede la Unión Europea y, en consecuencia, la obligación que deberían tener todas las instituciones, asociaciones o actividades que reciban una subvención de un programa de la Unión de garantizar su divulgación;
56. Subraya que la participación activa de los Estados miembros es esencial para el éxito de la comunicación y, por consiguiente, invita a los Estados miembros a buscar los medios técnicos y financieros necesarios para contribuir a los esfuerzos conjuntos de comunicación de la UE;
57. Insta a los Estados miembros a transponer la legislación comunitaria de una manera adecuada y rápida, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos de la UE gozan de los mismos derechos que les confiere la legislación comunitaria; pide a la Comisión que asegure más activamente que se aplican las disposiciones de la legislación comunitaria; alienta a la Comisión a trabajar en cooperación con los Gobiernos de los Estados miembros para informar a los ciudadanos de su derecho de acceso a la justicia y a las vías de recurso en caso de que sus derechos hayan sido infringidos;
58. Pide a la Comisión que establezca una jerarquía más adecuada dentro de las asociaciones que ha emprendido en materia de comunicación, desarrollando para ello relaciones privilegiadas con los socios con «vocación transnacional», tales como las organizaciones de la sociedad civil europea, que se está estructurando, los partidos políticos europeos y los periodistas; afirma la importancia de incluir los medios de comunicación destinados a la juventud, a fin de reforzar el espacio europeo de la ciudadanía;
59. Subraya la necesidad de adaptar y hacer progresar las estrategias y contenidos del Libro Blanco en función de los debates que se están desarrollando en la sociedad europea y entre los Estados miembros;
60. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En febrero de 2006, la Comisión publicó un Libro Blanco sobre una política de comunicación europea. El texto trataba de contrarrestar el efecto de las respuestas negativas que el Tratado Constitucional obtuvo en los referendos de Francia y Holanda y de frenar el general aumento del euroescepticismo.
En el Libro Blanco, la Comisión expone los rasgos generales de una nueva política de comunicación europea que sea capaz de cerrar la brecha que separa a la Unión de sus ciudadanos. En este informe, el ponente se propone compartir sus reflexiones acerca de las propuestas que la Comisión presenta en el Libro Blanco.
1. Definición de principios comunes
La Comisión propuso crear un código de conducta sobre comunicación, es decir, establecer unas normas comunes a las instituciones europeas, organismos nacionales, etcétera, sobre las cuales las políticas de comunicación deberían cimentarse. En opinión del ponente, esta idea no es sólo un error en sí misma, sino que, además, sirve inadecuadamente al propósito de suplantar una verdadera base jurídica. En efecto, las instituciones europeas carecen de una base jurídica sobre la que incardinar informes comunitarios específicos en materia de información y comunicación. Y en consecuencia, a la Comisión se le acusa con demasiada frecuencia de inmiscuirse en un área que no le compete o incluso de repartir propaganda. Sin embargo, la mejor manera de evitar este obstáculo no es establecer las bases para una política de comunicación a través de un código de conducta, sino buscar la unanimidad de los Estados miembros en el Consejo Europeo y con ella, a través del artículo 308 del Tratado, crear una base jurídica plena.
Además, dictar normas de conducta para que las instituciones de la UE las cumplan puede acarrear implicaciones negativas: se conculcaría tanto la autonomía como la independencia de opinión. El ponente, por tanto, no considera apropiado que el Parlamento Europeo se someta a un código que regularía sus comunicaciones con los ciudadanos europeos.
2. Reforzar el derecho de los ciudadanos
Dado que no existe una esfera pública europea, les corresponde a las instituciones la tarea de hacerse con las herramientas que permitan al mayor número de ciudadanos europeos acceder a la información. Si la Unión Europea quiere ser escuchada, debe llevar los asuntos europeos a los ámbitos nacional, regional y local. Sin embargo, la idea de que sean los ciudadanos los impulsores de la participación y el diálogo no es razonable. De nada serviría escuchar atentamente lo que ciudadanos desinformados tengan que decir. Para que las aportaciones de éstos resulten provechosas, las instituciones europeas han tenido primero que ser capaces de trasladarles toda la información necesaria que les permita implicarse e identificarse en el proyecto europeo. Sin información previa, no hay opinión posible. O al menos, opinión útil. Por eso, el principio general que debe presidir la política de información y comunicación de la UE es el siguiente: no es el ciudadano el que ha de acudir en busca de la información, sino la información la que debe salir al encuentro del ciudadano.
3. Trabajar con los medios y las nuevas tecnologías
En el Libro Blanco, está demasiado arraigada la idea de que el diálogo y el entendimiento de los ciudadanos pueden coordinarse a través de las iniciativas de las instituciones. Por eso, confía más en las nuevas tecnologías que en los medios de comunicación de masas tradicionales. A veces, da la impresión de que el Libro Blanco resta importancia a la repercusión de estos medios de comunicación en la sociedad.
En opinión del ponente, deberían enumerarse unas metas prioritarias como mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas en las instituciones europeas, la formación de profesionales de la información, la mejora de los métodos de comunicación directa, etc.
4. Comprender a la opinión pública europea
La Comisión propone crear una red de expertos nacionales en investigación de la opinión pública que ayude a intercambiar buenas prácticas y a desarrollar sinergias. El ponente, sin embargo, cree que sería más conveniente coordinar y optimizar el uso de los recursos ya existentes. Se puede intercambiar información y buenas prácticas sin crear un nuevo observatorio para la opinión pública europea. A corto plazo ve cuestionable la creación de este observatorio, ya que antes de lanzarse a dicha tarea conviene optimizar el uso de los datos recabados.
5. Colaboración
La implicación de los Estados miembros en la política de información y comunicación en la UE es de la máxima relevancia. Sin ellos, sería prácticamente imposible que ningún mensaje calara en el ánimo de los ciudadanos. Hay que prestar más atención al contenido de los mensajes, hasta conseguir que despierten el interés de los ciudadanos en función de sus respectivas inquietudes. Tenemos que saber explicar qué es lo que Europa puede hacer por cada uno de ellos. Debemos encontrar la fórmula que nos permita implicar más en la política de información y comunicación en los ámbitos regionales y locales, y para ello, es crucial el papel de ciertos actores, como los partidos políticos, que deberían lograr implicar al ciudadano en la política europea.
El ponente apoya reforzar el diálogo Parlamento-Comisión-Consejo y, para conseguirlo, considera necesaria una mejor coordinación por parte de las instituciones.
El único foro donde los servicios de información y comunicación de la Comisión y del Parlamento ponen sus puntos de vista en común es el llamado Grupo Interinstitucional de Información. Su cometido fundamental es el de fijar las prioridades del Programa PRINCE. Todas las iniciativas no contempladas en ese programa se consideran acciones específicas y están llamadas a ser impulsadas o bien por la Comisión, cuando caen de su lado, o bien por el Parlamento, cuando caen del suyo. Desde el punto de vista del ponente, sería aconsejable que el Programa PRINCE incluyera más líneas de actuación prioritarias y que redujera lo imprescindible la acción específica de cada institución. El Grupo Interinstitucional debería, además, tener un carácter eminentemente político y una composición más reducida que le permitiera ser más operativo.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (18.9.2006)
para la Comisión de Cultura y Educación
sobre el Libro Blanco sobre una política europea de comunicación
(2006/2087(INI))
Ponente de opinión: Michael Cashman
SUGERENCIAS
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
A. Considerando que el derecho a la información y la libertad de expresión deberían estar en el centro de la democracia en Europa y apuntalar los sistemas políticos tanto a escala europea como nacional y que, por consiguiente, el público debería poder acceder a la información en la medida de lo posible,
B. Considerando que la participación democrática constituye el elemento clave del proceso político y que tendría que tener una relación directa con la formulación de la política de la Unión,
C. Considerando que la transparencia y la apertura son condiciones previas de la comunicación y que ésta constituye un diálogo en dos direcciones con los ciudadanos europeos, además de un elemento esencial de la democracia, indispensable a la hora de fomentar el debate público,
D. Considerando que el objetivo de un «período de reflexión» es hacer a la Unión más democrática y eficaz y volver a conectarla con los ciudadanos,
E. Señalando que durante los debates nacionales raramente se reconocen los asuntos europeos y el «valor añadido» de la legislación comunitaria y que los políticos nacionales se arrogan a menudo los éxitos europeos, a la vez que se apresuran a criticar a la UE, a menudo por errores políticos que se producen a escala nacional,
F. Recordando las Conclusiones de la Presidencia de la Conferencia de portavoces de los parlamentos de la Unión Europea (6 y 7 de mayo de 2005), en las que se pedía a los parlamentos nacionales que celebraran cada año un debate, preferiblemente en sesión plenaria, sobre el programa legislativo y de trabajo anual de la Comisión Europea,
1. Pide a la Comisión que asegure la consulta con las partes interesadas y con el público en una fase temprana de la configuración de la política; considera que las propuestas clave podrían ir acompañadas de la sección adicional en la evaluación del impacto, especificando la manera en que se han tenido en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos al elaborar la propuesta; señala que debe clarificarse el impacto de las consultas públicas sobre el proceso de toma de decisiones de la UE;
2. Opina que la transparencia y el acceso a los documentos constituyen pilares fundamentales para garantizar la comunicación con los ciudadanos sobre la UE y sus actividades, a fin de colmar la brecha existente; insta a la Comisión y a la Presidencia finlandesa a que adopten las medidas necesarias para revisar el Reglamento (CE) nº 1049/2001, como solicitaba el Parlamento, con el fin de garantizar que los dictámenes jurídicos, las posiciones y las enmiendas se publiquen en una base de datos pública antes de la adopción final; cree que habría que conectar las bases de datos públicas existentes y hacerlas tan fáciles de consultar como sea posible, con el fin de crear una base de datos común; considera que la base de datos Prelex utilizada para supervisar el proceso de toma de decisiones entre instituciones puede usarse para este fin;
3. Considera que deberían publicarse todos los órdenes del día y documentos del Consejo, de la Comisión y de las comisiones del Parlamento Europeo, así como una información de base fácilmente comprensible; señala que esta información debe ser fácilmente accesible al público, sobre todo a través de Internet, mediante la publicación de estos documentos y la oferta de transmisiones en directo de las reuniones y de archivos audiovisuales descargables;
4. Pide a la Comisión que desarrolle una política de comunicación dinámica y reactiva que, en vez de informar acerca del consenso final alcanzado, se centre en mayor medida en la evolución de las decisiones que se adoptan en los distintos niveles del proceso de toma de decisiones; considera que el objetivo de la política de comunicación de la Unión es proporcionar a los ciudadanos una idea clara de cómo se elabora la legislación europea;
5. Insta a los parlamentos nacionales a que intensifiquen su función de vigilancia de sus respectivos gobiernos cuando éstos actúan en el Consejo, aumentando así el nivel de conocimiento público de la actividad de las instituciones de la UE y, por consiguiente, la responsabilidad democrática de las mismas;
6. Pide a los Estados miembros que incorporen una dimensión europea en los debates nacionales, dirigiendo así la atención de los ciudadanos hacia los asuntos europeos;
7. Considera que el debate debe tener en cuenta las necesidades y actividades de las personas con discapacidad y de los grupos minoritarios, así como las audiencias nacionales y locales y los grupos destinatarios específicos; señala que debe prestarse más atención a la difusión de información relevante y regionalizada entre las audiencias destinatarias previstas, conectando de esta manera las cuestiones europeas con la vida diaria de los ciudadanos;
8. Insta a los Estados miembros a transponer la legislación comunitaria de una manera adecuada y rápida, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos de la UE gozan de los mismos derechos que les confiere la legislación comunitaria; pide a la Comisión que asegure más activamente que se aplican las disposiciones de la legislación comunitaria; alienta a la Comisión a trabajar en cooperación con los Gobiernos de los Estados miembros para informar a los ciudadanos de su derecho de acceso a la justicia y a las vías de recurso en caso de que sus derechos hayan sido infringidos.
PROCEDIMIENTO
Título |
Libro Blanco sobre una política europea de comunicación |
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Número de procedimiento |
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Comisión competente para el fondo |
CULT |
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Opinión emitida por |
LIBE |
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Cooperación reforzada − fecha del anuncio en el Pleno |
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Ponente de opinión |
Michael Cashman |
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Ponente de opinión sustituido |
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Examen en comisión |
12.7.2006 |
13.9.2006 |
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Fecha de aprobación |
13.9.2006 |
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Resultado de la votación final |
+: –: 0: |
35 2 0 |
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Miembros presentes en la votación final |
Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà y Tatjana Ždanoka |
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Suplente(s) presente(s) en la votación final |
Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani y Kyriacos Triantaphyllides |
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Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final |
Thomas Wise |
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Observaciones (datos disponibles en una sola lengua) |
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OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Constitucionales (5.10.2006)
para la Comisión de Cultura y Educación
sobre el Libro Blanco sobre una política europea de comunicación
2006/2087(INI)
Ponente de opinión: Gérard Onesta
SUGERENCIAS
La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Acoge positivamente la presentación del Libro Blanco y respalda las intenciones de la Comisión de transformar la política de comunicación en una política autónoma con contenido propio;
2. Celebra que la Comisión reconozca que la comunicación es indisociable de su contenido y debe ser un proceso «bidireccional» que implique escuchar a los ciudadanos; lamenta, no obstante, que estos principios afirmados al principio del Libro Blanco no tengan traducción concreta, por lo que pide a la Comisión que precise cómo se propone tener en cuenta la voz de los ciudadanos; sugiere, a tal fin, que se integren las iniciativas de las demás Instituciones, tales como el «Ágora», órgano de concertación con los representantes de la sociedad civil que el Parlamento ha decidido crear;
3. Observa que no puede haber una política de comunicación satisfactoria sin un conocimiento exacto de las lagunas en la información de que disponen los ciudadanos de la Unión, ya sea por lo que se refiere a los contenidos de la acción comunitaria o a las instituciones y procedimientos para llevarla a la práctica; pide, en consecuencia, que los servicios del Eurobarómetro se encarguen de realizar una encuesta de opinión específica y exhaustiva para tener una idea exacta y diferenciada del nivel de información de los ciudadanos comunitarios, en función de su Estado de origen, su categoría socioprofesional y su orientación política;
4. Subraya la importancia de los foros interparlamentarios sobre el futuro de Europa, uno de los cuales se reunirá con ocasión del 50º aniversario de los Tratados de Roma; pide, en el marco de la política de comunicación europea, que se tengan en cuenta los debates entre representantes de la población europea;
5. Da su apoyo para que se estudie un nuevo instrumento interinstitucional abierto a la participación de los Estados miembros y por el que se definan los principios de una política de comunicación europea; considera, no obstante, que debe analizarse detenidamente la naturaleza exacta de dicho instrumento -carta o código de conducta-, en función de las «garantías» que dé a los ciudadanos y de los compromisos que las Instituciones y los Estados miembros tengan que asumir;
6. Recuerda que en la Carta de los Derechos Fundamentales ya se definen los derechos de los ciudadanos en materia de información y que todo nuevo instrumento habrá de respetar las prerrogativas del Parlamento, asamblea electa, en particular el hecho de que está habilitado para dirigirse libremente a los ciudadanos de toda la Unión; pide que su Comisión de Asuntos Constitucionales analice la naturaleza y el contenido de ese posible instrumento interinstitucional;
7. Subraya que la política de comunicación debe tener en cuenta el «ritmo» particular de los asuntos europeos, a menudo desconectado de las agendas políticas nacionales, y no puede desarrollarse realmente al margen de las políticas y acciones concretas de la Unión Europea, que tienen su calendario independiente; considera pues que la Comisión, el Consejo y el Parlamento deben fijar de común acuerdo un calendario para los grandes temas que pueden interesar más en particular a las opiniones públicas europeas, con el fin de centrar sus esfuerzos de comunicación en ellos;
8. Reitera su convicción de que la Unión Europea suele ser vista como una unidad por los ciudadanos, que no tienen por qué conocer los matices institucionales, y de que, por lo tanto, hay que integrar las políticas de comunicación de cada una de las Instituciones en una lógica común, dentro del respeto de las competencias y la autonomía de cada una de ellas; reitera su llamamiento para que se celebre un gran debate anual interinstitucional al respecto en el Pleno, con objeto de adoptar una declaración común sobre los objetivos y los medios de esta política;
9. Subraya la necesidad de adaptar y hacer progresar las estrategias y contenidos del Libro Blanco en función de los debates que se están desarrollando en la sociedad europea y entre los Estados miembros;
10. Apoya el desarrollo del diálogo y de los debates públicos organizados en común entre las Instituciones europeas y las instituciones nacionales y regionales; subraya que es importante que la comunicación se apoye en iniciativas incluidas en vectores de comunicación dirigidos al «gran público», tales como los programas culturales (premios literarios o cinematográficos), los acontecimientos deportivos, etc.; considera que la comunicación no debe perder de vista la orientación estratégica del público al que va dirigida, como son las universidades, las entidades locales o las asociaciones profesionales;
11. Subraya la necesidad de dar la mayor visibilidad posible a la ayuda financiera que concede la Unión Europea y, en consecuencia, la obligación que deberían tener todas las instituciones, asociaciones o actividades que reciban una subvención de un programa de la Unión de garantizar su divulgación;
12. Valora positivamente las propuestas de la Comisión para utilizar mejor las nuevas tecnologías en materia de comunicación; pide, no obstante, que se adopten medidas para evitar que la «fractura digital» excluya en mayor medida a una parte de ciudadanos del acceso a la información sobre la Unión; destaca a este respecto que sería conveniente, en aras de un enfoque global, integrar los medios de comunicación específicos de las diferentes Instituciones, como la futura «Web TV» del Parlamento Europeo, dentro del respeto de la autonomía de cada una de ellas; subraya además que deben valorizarse los medios tradicionales de comunicación de masas, como es el caso de la televisión;
13. Lamenta que la política actual de información no esté cumpliendo su objetivo y no llegue a los ciudadanos europeos; subraya, en consecuencia, que hay que emprender vías totalmente nuevas, en concreto mediante una oferta periodística específica para la televisión; es favorable a la idea de una información sobre Europa basada en el modelo de programas como «Universum»;
14. Pide a la Comisión que establezca una jerarquía más adecuada dentro de las asociaciones que ha emprendido en materia de comunicación, desarrollando para ello relaciones privilegiadas con los socios con «vocación transnacional», tales como las organizaciones de la sociedad civil europea, que se está estructurando, los partidos políticos europeos y los periodistas; afirma la importancia de incluir los medios de comunicación destinados a la juventud, a fin de reforzar el espacio europeo de la ciudadanía;
15. Concede especial importancia al papel de los partidos políticos en favor de la democracia parlamentaria en todos los niveles; lamenta que siga sin utilizarse el potencial de los partidos políticos transnacionales; deplora que muchos partidos políticos nacionales sean reacios a adoptar una dimensión europea de modo coherente o convincente; insta a los partidos políticos a tener en cuenta la política europea en su toma de decisiones y en su campaña electoral y a promover, en nombre de los ciudadanos, opciones políticas reales sobre el futuro de Europa;
16. Subraya el papel esencial de los medios de comunicación en el ámbito de la comunicación sobre las cuestiones europeas, e insiste en la necesidad de establecer formas de cooperación específicas con ellos, respetando estrictamente su independencia y su autonomía editorial; considera que hay que incrementar considerablemente los medios disponibles para contribuir a la formación de periodistas especializados en los asuntos europeos, sobre todo dentro de la prensa regional y local; considera además que la publicidad institucional es un buen medio para mostrar al gran público la imagen del centro político europeo, por lo que constituye un tema importante de debate con los medios de comunicación;
17. Subraya la importancia de vincular la política de comunicación con los programas de ciudadanía activa apoyados por la Unión Europea, que aportan a dicho proceso un efecto multiplicador;
18. Considera que el desarrollo de una administración europea de proximidad, que pueda colaborar con la multitud de puntos de bienvenida e información sobre Europa que existen actualmente, contribuiría a tejer importantes vínculos directos entre la Unión y sus ciudadanos, en particular favoreciendo el acceso de estos últimos a las iniciativas y los programas europeos que les conciernen; considera que las oficinas de información de la Comisión y del Parlamento Europeo en los Estados miembros desempeñan un papel importante en ese sentido; opina, en este contexto, que es necesario reconsiderar de arriba abajo el trabajo efectuado hasta ahora por dichas oficinas de información, dado que su política de relaciones públicas no despierta el interés de los ciudadanos y que los recursos utilizados a tal fin podrían utilizarse de forma mucho más eficaz; desea, por ello, que sean más políticas y menos burocráticas;
19. Subraya la importancia de una Constitución para Europa, que daría a la Unión un carácter más político y democrático, capaz de atraer a los ciudadanos; recuerda la responsabilidad política que tienen el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de apoyar este proceso.
PROCEDIMIENTO
Título |
Libro Blanco sobre una política europea de comunicación |
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Número de procedimiento |
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Comisión competente para el fondo |
CULT |
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Opinión emitida por |
AFCO |
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Cooperación reforzada − fecha del anuncio en el Pleno |
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Ponente de opinión |
Gérard Onesta |
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Ponente de opinión sustituido |
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Examen en comisión |
2.5.2006 |
12.7.2006 |
12.9.2006 |
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Fecha de aprobación |
5.10.2006 |
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Resultado de la votación final |
+: –: 0: |
17 1 1 |
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Miembros presentes en la votación final |
Carlos Carnero González, Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Johannes Voggenhuber y Bernard Piotr Wojciechowski |
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Suplente(s) presente(s) en la votación final |
Jean-Louis Bourlanges, Ashley Mote, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack y György Schöpflin |
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Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final |
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Observaciones (datos disponibles en una sola lengua) |
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PROCEDIMIENTO
Título |
Libro Blanco sobre una política europea de comunicación |
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Número de procedimiento |
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Comisión competente para el fondo |
CULT |
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Comisión(es) competentes(s) para emitir opinión |
LIBE |
AFCO |
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Opinión(es) no emitida(s) |
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Cooperación reforzada |
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Ponente(s) |
Luis Herrero-Tejedor |
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Ponente(s) sustituido(s) |
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Examen en comisión |
29.5.2006 |
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Fecha de aprobación |
0.0.0000 |
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Resultado de la votación final |
+: −: 0: |
29 1 0 |
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Miembros presentes en la votación final |
Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise y Tomáš Zatloukal |
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Suplente(s) presente(s) en la votación final |
Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Sérgio Sousa Pinto y Grażyna Staniszewska |
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Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final |
Harald Ettl |
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Fecha de presentación |
16.10.2006 |
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Observaciones (datos disponibles en una sola lengua) |
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