INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

2.3.2007 - (COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD)) - ***I

Comisión de Asuntos Jurídicos
Ponente: Arlene McCarthy

Procedimiento : 2004/0251(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
A6-0074/2007
Textos presentados :
A6-0074/2007
Debates :
Textos aprobados :

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

(COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–   Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2004)0718)[1],

–   Vistos el apartado 2 del artículo 251 y la letra c) del artículo 61 y el apartado 5 del artículo 67 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6‑0154/2004),

–   Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6‑0074/2007),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la ComisiónEnmiendas del Parlamento

Enmienda 1

Considerando 2

(2) El Consejo Europeo de Tampere, en su reunión de 15 y 16 de octubre de 1999, hizo un llamamiento a los Estados miembros para que crearan procedimientos alternativos y extrajudiciales destinados a mejorar el acceso a la justicia en Europa.

(2) El principio de acceso a la justicia es fundamental y, con vistas a asegurar un mejor acceso a la justicia, el Consejo Europeo de Tampere, en su reunión de 15 y 16 de octubre de 1999, hizo un llamamiento a los Estados miembros para que crearan procedimientos alternativos y extrajudiciales.

Enmienda 2

Considerando 5 bis (nuevo)

 

(5 bis) La presente Directiva se aplica asimismo a la mediación en litigios de consumidores. Por esta razón deberían tenerse en cuenta las particularidades de la mediación en litigios de consumidores. En particular, deberían incluirse en la misma los principios establecidos en la Recomendación de la Comisión (2001/310/CE), de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo1.

 

_______________________

1 DO L 109 de 19.4.2001, p.56.

Justificación

La legislación actual en materia de mediación en litigios de consumidores consta de dos recomendaciones de la Comisión en las que se establecen una serie de principios por los que deberían regirse los órganos extrajudiciales implicados en la resolución alternativa de litigios de consumidores (Recomendación 1998/257 y Recomendación 2001/310). Estos principios revisten gran importancia a la hora de asegurar el éxito de la resolución alternativa de litigios de consumidores. Por ello consideramos oportuno que se incorporen a la propuesta de directiva los principios de transparencia, imparcialidad, eficacia y equidad incluidos en la Recomendación 2001/310 (resolución consensual de litigios en materia de consumo).

Enmienda 3

Considerando 6

(6) La mediación puede proporcionar una resolución extrajudicial rentable y rápida de conflictos en asuntos civiles y mercantiles a través de procesos adaptados a las necesidades de las partes. Es más probable que los acuerdos de resolución alcanzados a través de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos.

(6) La mediación puede proporcionar una resolución extrajudicial rentable y rápida de conflictos en asuntos civiles y mercantiles a través de procesos adaptados a las necesidades de las partes. Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en situaciones que presentan elementos transfronterizos.

 

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su adopción impone adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Enmienda 4

Considerando 7 bis (nuevo)

 

(7 bis) Se alienta a los Estados miembros a aplicar lo dispuesto en la presente Directiva también a casos internos, con el fin, en particular, de facilitar el adecuado funcionamiento del mercado interior. Por otra parte, el hecho de que se afirme que lo dispuesto en la presente Directiva se limita a los casos con implicaciones transfronterizas no debería entrañar una limitación de las normativas de la legislación nacional existente en materia de fuerza ejecutiva de los acuerdos resultantes de la mediación, la confidencialidad de la mediación o los efectos de la misma en los plazos de caducidad o prescripción también en los casos no cubiertos por la presente Directiva.

Enmienda 5

Considerando 8

(8) Esta Directiva deberá abarcar los procedimientos donde dos o más partes en un conflicto son asistidas por un mediador para alcanzar un acuerdo amistoso sobre la resolución del conflicto, pero excluye los procedimientos que tienen una cierta naturaleza jurisdiccional como el arbitraje, el recurso al Defensor del Pueblo, las denuncias de consumidores, la determinación por experto o procesos administrados por órganos que formulan una recomendación formal, ya sea jurídicamente vinculante o no, para resolver el conflicto.

(8) Esta Directiva deberá abarcar los procedimientos donde dos o más partes en un conflicto transfronterizo son asistidas por un mediador para alcanzar un acuerdo amistoso sobre la resolución del conflicto, pero excluye procedimientos tales como las negociaciones precontractuales o los procedimientos que tienen una cierta naturaleza jurisdiccional como el arbitraje, la conciliación judicial, el recurso al Defensor del Pueblo, las denuncias de consumidores, la determinación por experto o procesos administrados por órganos que formulan una recomendación formal, ya sea jurídicamente vinculante o no, para resolver el conflicto. Deben también estar cubiertos los casos en que un órgano jurisdiccional refiere a las partes a la mediación o los casos en los que la legislación nacional lo prescribe, aunque se mantiene el principio de que la mediación es un proceso voluntario y que la existencia de una legislación nacional que haga obligatorio el recurso a la mediación o lo someta a incentivos o sanciones no debe impedir a las partes ejercer su derecho de acceso al sistema judicial.

 

Por otra parte, la mediación llevada a cabo por un juez que no está encargado de ningún procedimiento judicial relacionado con el asunto o asuntos en litigio debe también incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, la presente Directiva no cubre los intentos de un órgano jurisdiccional o un juez para resolver un conflicto en el contexto de un procedimiento judicial relativo a dicho conflicto, ni los casos en los que el órgano jurisdiccional o el juez solicitan ayuda o asesoramiento de una persona competente.

Enmienda 6

Considerando 9

(9) Es necesario un grado mínimo de compatibilidad de las normas procesales civiles en lo referente al efecto de la mediación sobre la caducidad y la prescripción y al modo de protección de la confidencialidad del mediador en todo proceso judicial ulterior. Debe también cubrir la posibilidad de que el órgano jurisdiccional remita a las partes a la mediación, sin olvidar el principio de que la mediación es un procedimiento voluntario.

(9) Dada la importancia de la confidencialidad en el proceso de mediación, es necesario un grado mínimo de compatibilidad de las normas procesales civiles en lo que se refiere al modo en que se protege la confidencialidad de la mediación en todo proceso ulterior, ya se trate de un proceso civil, mercantil, judicial o de arbitraje. Debe también cubrir la posibilidad de que el órgano jurisdiccional señale a la atención de las partes la opción de la mediación, sin olvidar el principio de que la mediación es un procedimiento voluntario. También es necesario prever un grado mínimo de compatibilidad de las normas del proceso civil en lo que se refiere al efecto de la mediación sobre los plazos de caducidad y prescripción.

Enmienda 7

Considerando 10

(10) La mediación no debería considerarse como una alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que la ejecución del acuerdo alcanzado depende de la buena voluntad de las partes. Por tanto, es necesario asegurar que todos los Estados miembros prevean un procedimiento por el que el acuerdo alcanzado pueda confirmarse mediante una resolución, sentencia, o instrumento auténtico por un órgano jurisdiccional o entidad pública.

(10) La mediación no debería considerarse como una alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que la ejecución del acuerdo alcanzado por la vía de la mediación depende de la buena voluntad de las partes. Por tanto, es necesario asegurar que las partes de un acuerdo por escrito alcanzado por la vía de la mediación puedan solicitar que su contenido tenga fuerza ejecutiva en la medida en que la fuerza ejecutiva de tal contenido sea posible con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que se formula la solicitud de ejecución. El contenido de un acuerdo puede convertirse en ejecutivo mediante una resolución o sentencia o un acto auténtico por un órgano jurisdiccional u otra entidad pública competente, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se formula la solicitud.

Enmienda 8

Considerando 11

(11) Tal posibilidad permitirá que el acuerdo alcanzado se reconozca y ejecute en toda la Unión, con arreglo a los requisitos establecidos en los instrumentos comunitarios sobre reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones y sentencias.

(11) El contenido de un acuerdo alcanzado por la vía de la mediación que se haya convertido en ejecutivo en un Estado miembro será reconocido y declarado ejecutivo en los otros Estados miembros, de conformidad con la legislación comunitaria o nacional aplicable, por ejemplo sobre la base del Reglamento del Consejo (CE) nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1, o el Reglamento del Consejo (CE) nº 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental2.

 

_______________

1 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento nº 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).


2 DO L 338 de 23.12.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento nº 2116/2004 (DO L 367 de 14.12.2004, p. 1).

Enmienda 9

Considerando 11 bis (nuevo)

 

(11 bis) Si bien la presente Directiva cubre la mediación en el ámbito de la legislación familiar, se hace extensiva únicamente a los derechos de los que pueden beneficiarse las partes con arreglo a la legislación en vigor en el Estado miembro en el que se efectúa la mediación. Además, si el contenido de un acuerdo alcanzado por la vía de la mediación en el ámbito de la legislación familiar no es ejecutivo en el Estado miembro en el que ha sido celebrado o donde su ejecución es solicitada, la presente Directiva no permite a las partes eludir la legislación del Estado miembro en cuestión haciendo que el acuerdo sea ejecutivo en otro Estado miembro, dado que el Reglamento (CE) nº 2201/2003 prevé expresamente que el acuerdo debe ser ejecutivo en el Estado miembro en el que ha sido celebrado.

Enmienda 10

Considerando 13

(13) Estos mecanismos y medidas, que serán definidos por los Estados miembros y podrán incluir el recurso a soluciones disponibles en el mercado, deberán aspirar a preservar la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía privada de las partes. La Comisión fomentará las medidas autorreguladoras a nivel comunitario a través, por ejemplo, del desarrollo de un código de conducta europeo que aborde aspectos claves del procedimiento de mediación.

(13) Estos mecanismos y medidas, que deben ser definidos por los Estados miembros y podrán incluir el recurso a soluciones disponibles en el mercado, deberán aspirar a preservar la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía privada de las partes. La Comisión debería fomentar las medidas autorreguladoras a nivel comunitario y los Estados miembros deberían alentar y fomentar la aplicación del Código de conducta europeo para los mediadores, que la Comisión publicará en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, garantizando al tiempo que la calidad de la mediación quedará asegurada mediante los criterios enumerados y definidos por las Recomendaciones de la Comisión Europea 98/257/CE, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo, y 2001/310/CE, a saber: imparcialidad, transparencia, eficacia, equidad, representación, independencia, carácter contradictorio, legalidad y libertad. De igual modo, en la mediación entre empresas y consumidores los Estados miembros deberían fomentar la aplicación de los principios establecidos en la Recomendación 2001/310/CE.

 

Además, los Estados miembros deberían fomentar el desarrollo de un sistema de certificación de los organismos nacionales que propongan formaciones en el ámbito de la mediación.

 

____________

1 DO L 115 de 17.4.1998, p. 31.

Enmienda 11

Considerando 17

(17) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de esta Directiva. / De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, estos Estados miembros no están vinculados por ella.

(17) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de esta Directiva.

Enmienda 12

Artículo 1, apartado 1

1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a la resolución de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación dinámica entre la mediación y el proceso judicial.

1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a la resolución de litigios y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial.

Enmienda 13

Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva se aplicará a los asuntos civiles y mercantiles.

2. La presente Directiva se aplicará a los asuntos civiles y mercantiles. No cubrirá, en particular, los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos ni la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de la autoridad estatal (acta jure imperii).

Enmienda 14

Artículo 1, apartado 3

3. En la presente Directiva, "Estado miembro" significará todos Estados miembros salvo Dinamarca.

3. En la presente Directiva, "Estado miembro" significará todos los Estados miembros salvo Dinamarca.

Enmienda 15

Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis

 

Ámbito de aplicación

 

1. La presente Directiva se aplicará cuando en la fecha en que las partes hayan acordado emprender la vía de la mediación, al menos una de ellas esté domiciliada o resida habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro de cualquiera de las otras partes.

 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los artículos 6 y 7 de la presente Directiva se aplicarán en relación con los acciones judiciales derivadas de la vía de mediación cuando en la fecha en que las partes hayan acordado emprender la vía de la mediación, el tribunal que sería competente en caso de una acción judicial subsiguiente esté situado en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que al menos una de las partes esté domiciliada o resida habitualmente.

 

3. A efectos de los apartados 1 y 2, el Estado miembro en que está domiciliada o reside habitualmente una de las partes se determinará de conformidad con el Reglamento (CE) nº 44/2001 o el Reglamento (CE) nº 2201/2003.

Enmienda 16

Artículo 2, letra a)

(a) "Mediación": todo proceso, sea cual sea su nombre o denominación, en que dos o más partes en un litigio son asistidas por un tercero para alcanzar un acuerdo sobre la resolución del litigio, independientemente de si el proceso es iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional, o prescrito por el Derecho nacional de un Estado miembro.

(a) "Mediación": todo proceso estructurado y de carácter voluntario, sea cual sea su nombre o denominación, en que dos o más partes en un litigio se esfuerzan por alcanzar un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este proceso puede ser iniciado por las partes, o sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional, o prescrito por el Derecho de un Estado miembro, respetándose siempre el carácter voluntario de la mediación.

No incluirá los intentos del juez por solucionar el litigio en el curso del proceso judicial referente a ese litigio.

Incluirá la mediación llevada a cabo por un juez que no esté encargado de ningún proceso judicial vinculado a dicho litigio. Sin embargo, no incluirá los intentos del órgano jurisdiccional o del juez llamados a solucionar el litigio en el curso del proceso judicial referente a ese litigio.

Enmienda 17

Artículo 2, letra b)

(b) "Mediador": todo tercero que lleva a cabo una mediación, independientemente de su denominación o profesión en el Estado miembro concernido y del modo en que haya sido designado o se le haya asignado la mediación.

(b) "Mediador": toda tercera persona nombrada en circunstancias que conlleven una expectativa razonable de que la mediación será efectuada de manera profesional, imparcial y competente, independientemente de su denominación o profesión en el Estado miembro concernido y del modo en que haya sido designada o se le haya asignado la mediación.

Enmienda 18

Artículo 2 bis (nuevo)

 

Artículo 2 bis

 

Calidad de la mediación

 

1. Los Estados miembros promoverán, por todos los medios que consideren adecuados, el desarrollo y la adhesión a códigos de conducta voluntarios por parte de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de mediación, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de mediación.

 

2. Los Estados miembros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores con el fin de asegurar que la mediación sea efectuada de forma equitativa, eficaz, imparcial y competente en relación con las partes y que los procedimientos se ajusten a las circunstancias del litigio.

 

3. Los Estados miembros fomentarán el desarrollo de un sistema de certificación de los organismos nacionales que propongan formaciones en el ámbito de la mediación.

Enmienda 19

Artículo 3, apartado 1

1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes el uso de la mediación para solucionar el litigio. En todo caso, el órgano jurisdiccional podrá requerir que las partes asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación.

1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes el uso de la mediación para solucionar el litigio. Asimismo el órgano jurisdiccional podrá pedir a las partes que asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación, si se celebran tales sesiones y si son fácilmente accesibles.

Enmienda 20

Artículo 3, apartado 2

2. La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que prevea el uso obligatorio de la mediación o la sujete a incentivos o sanciones, ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida el derecho de acceso al sistema judicial, en particular cuando una de las partes resida en un Estado miembro distinto al del órgano jurisdiccional.

2. La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que prevea el uso obligatorio de la mediación o la sujete a incentivos o sanciones, ya sea antes o después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida que las partes ejerzan su derecho de acceso al sistema judicial.

Enmienda 21

Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

 

2 bis. La mediación será un proceso voluntario.

Enmienda 22

Artículo 4

Artículo 4

suprimido

Garantizar la calidad de la mediación

 

1. La Comisión y los Estados miembros promoverán y fomentarán el desarrollo y la adhesión a códigos de conducta voluntarios por parte de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de mediación, tanto a nivel comunitario como nacional, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la prestación de servicios de mediación.

 

2. Los Estados miembros promoverán y fomentarán la formación de los mediadores para permitir que las partes en el litigio elijan a un mediador que pueda llevar a cabo una mediación eficaz de la manera esperada por las partes.

 

Enmienda 23

Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros asegurarán que, a petición de las partes, el acuerdo alcanzado tras una mediación pueda ser confirmado por una resolución, sentencia, o instrumento auténtico o de cualquier otra forma por un órgano jurisdiccional o entidad pública que haga ejecutorio el acuerdo de manera similar a una resolución judicial en virtud del Derecho nacional, siempre que el acuerdo no sea contrario al ordenamiento europeo ni al ordenamiento nacional del Estado miembro donde se formule la solicitud.

1. Los Estados miembros asegurarán que las partes, o una de ellas con el consentimiento explícito de las otras, puedan solicitar que el contenido de un acuerdo por escrito resultante de una mediación sea hecho ejecutivo, en la medida en que el contenido del acuerdo pueda ser ejecutivo con arreglo a la legislación del Estado miembro donde se formule la solicitud y ello no sea contrario a dicha legislación.

Enmienda 24

Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

 

1 bis. El contenido de un acuerdo puede ser hecho ejecutivo mediante una resolución judicial, una decisión o un acto auténtico de un órgano jurisdiccional o cualquier otra entidad competente de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se formula la solicitud.

Enmienda 25

Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión qué órganos jurisdiccionales o entidades públicas son competentes para recibir una solicitud de conformidad con el apartado 1.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión qué órganos jurisdiccionales u otras entidades son competentes para recibir una solicitud de conformidad con los apartados 1 y 1 bis.

Enmienda 26

Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

 

2 bis. Ninguna disposición del presente artículo afectará a las normas aplicables al reconocimiento y a la ejecución en otro Estado miembro de los acuerdos alcanzados por la vía de la mediación que se hayan hecho ejecutivos de conformidad con el apartado 1.

Enmienda 27

Artículo 6

Artículo 6

suprimido

Admisibilidad de las pruebas en los procesos judiciales civiles

 

1. Los mediadores, así como las personas implicadas en la administración de los servicios de mediación, no darán testimonio ni presentarán pruebas en procesos judiciales civiles en relación con ninguno de los siguientes extremos:

 

(a) la propuesta de una parte de recurrir a la mediación o el hecho de que una parte estuviera dispuesta a participar en la mediación;

 

(b) opiniones expresadas o sugerencias propuestas por una parte en una mediación relativas a una posible solución del conflicto;

 

(c) declaraciones o confesiones hechas por una parte en el curso de la mediación;

 

(d) propuestas del mediador;

 

(e) el hecho de que una parte hubiera manifestado su deseo de aceptar una propuesta de solución del mediador;

 

(f) documentos elaborados a los solos efectos de la mediación.

 

2. El apartado 1 se aplicará con independencia de la forma de la información o de las pruebas en él mencionadas.

 

3. Ni el órgano jurisdiccional ni ninguna entidad judicial ordenarán la divulgación de la información mencionada en el apartado 1 en un proceso judicial civil y, si tal información es presentada como prueba contrariamente a lo dispuesto en el apartado 1, esas pruebas se considerarán inadmisibles. Sin embargo, tal información podrá revelarse y admitirse como prueba

 

(a) en la medida requerida a efectos de la aplicación o ejecución de un acuerdo alcanzado como resultado directo de la mediación;

 

(b) para eliminar las consideraciones de orden público, en particular cuando se requiera para asegurar la protección de menores o para prevenir el daño a la integridad física o psicológica de una persona; o

 

(c) si el mediador y las partes están de acuerdo en ello.

 

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán con independencia de que el proceso judicial se refiera o no al litigio que es o ha sido objeto de la mediación.

 

5. Con sujeción al apartado 1, las pruebas que de otro modo sean admisibles en un proceso judicial no serán inadmisibles por haberse recurrido a la mediación.

 

Enmienda 28

Artículo 6 bis (nuevo)

 

Artículo 6 bis

 

Confidencialidad de la mediación

 

1. Dado que la mediación debe efectuarse de manera que se preserve la confidencialidad, los Estados miembros asegurarán, salvo acuerdo contrario de las partes, que ni los mediadores, ni las partes, ni las personas que participan en la administración del proceso de mediación tengan derecho o estén obligados a divulgar a terceros o a proporcionar, en un procedimiento judicial civil o mercantil o en un arbitraje, datos sobre la información derivada de una mediación o relacionada con la misma, excepto:

 

(a) por razones imperiosas de orden público u otras razones sustanciales, en particular cuando sea necesario para asegurar la protección de los intereses primordiales de los niños o impedir daños a la integridad física o mental de una persona; o

 

(b) cuando su divulgación sea necesaria para aplicar o ejecutar el acuerdo resultante de la mediación.

 

2. Nada de lo dispuesto en el apartado 1 impedirá a los Estados miembros aplicar medidas más estrictas para proteger la confidencialidad de la mediación.

Enmienda 29

Artículo 7, apartado 1

1. El transcurso de todo plazo de caducidad o prescripción relativo a la demanda objeto de la mediación se suspenderá a partir del momento en que, tras el surgimiento del conflicto:

1. Con el fin de asegurar que a las partes que optan por la mediación para resolver un litigio no se les impida incoar subsiguientemente procedimientos judiciales en relación con el mismo litigio al expirar los plazos de caducidad o prescripción, los Estados miembros garantizarán que estos plazos no expiran entre:

(a) las partes acuerden recurrir a la mediación;

(a) la fecha en la que las partes acuerdan por escrito, después del surgimiento del litigio, recurrir a la mediación o, a falta de tal acuerdo por escrito, la fecha en la que asisten a la primera reunión de la mediación, o la fecha en la que surge una obligación de recurrir a la mediación en virtud de la legislación nacional; y

(b) el órgano jurisdiccional ordene recurrir a la mediación; o

(b) la fecha del acuerdo alcanzado por la vía de la mediación, la fecha en la que al menos una de las partes informa a las otras por escrito de que la mediación ha terminado o, a falta de tal notificación por escrito, la fecha en la que el mediador declara, por propia iniciativa o a petición de por lo menos una de las partes, que la mediación ha terminado.

(c) sea obligatorio recurrir a la mediación de conformidad con el Derecho nacional de un Estado miembro.

 

Enmienda 30

Artículo 7, apartado 2

2. Cuando la mediación termine sin lograrse un acuerdo de solución, el plazo volverá a correr desde el momento del término de la mediación sin acuerdo de solución, a contar desde la fecha en que una o ambas partes o el mediador declaren terminada la mediación o se retiren efectivamente de ella. El plazo se ampliará en cualquier caso al menos un mes a contar desde la fecha de su reanudación, salvo cuando sea un plazo en el que se deba ejercitar una acción para evitar que una medida provisional o similar deje de surtir efecto o se revoque.

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre los plazos de caducidad o prescripción en los acuerdos internacionales de los que son parte los Estados miembros que no son compatibles con el presente artículo.

Enmienda 31

Artículo 7 bis (nuevo)

 

Artículo 7 bis

 

Información a los ciudadanos

 

1. Los Estados miembros asegurarán que esté disponible para los ciudadanos, en particular en Internet, la información sobre las modalidades para contactar con los prestadores de servicios de mediación y los mediadores definidos en la letra b) del artículo 2.

 

2. Los Estados miembros alentarán a los profesionales de la justicia para que informen a sus clientes sobre la posibilidad de la mediación.

Enmienda 32

Artículo 7 ter (nuevo)

 

Artículo 7 ter

 

El Código de conducta europeo para los mediadores

 

La Comisión publicará el Código de conducta europeo para los mediadores en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea como un anuncio sin efectos jurídicos.

Enmienda 33

Artículo 8 bis (nuevo)

 

Artículo 8 bis

 

Cláusula de revisión

 

A más tardar el ...*, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Si es necesario, el informe irá acompañado de las propuestas de adaptación de la presente Directiva. En el informe se examinará, en particular, el impacto de la presente Directiva sobre el desarrollo de la mediación en casos tanto transfronterizos como internos. Además se estudiará si se requiere una propuesta de instrumento orientado a una mayor armonización de los plazos de caducidad y prescripción para facilitar el correcto funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 34

Artículo 9, apartado 1)

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para cumplir con esta Directiva a más tardar el 1 de septiembre de 2007. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias o bien garantizarán que las partes en una mediación introduzcan, a través de acuerdos voluntarios, las medidas necesarias, al tiempo que los Estados miembros adoptan todas las medidas precautorias necesarias para garantizar en todo momento el logro de los resultados dispuestos en la presente Directiva, para cumplir con esta Directiva a más tardar el 1 de septiembre de 2008, excepción hecha del artículo 8, que será aplicable a partir del 1 de septiembre de 2009. Informarán inmediatamente a la Comisión acerca de dichas medidas.

  • [1]  Pendiente de publicación en el DO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ponente siempre ha estado convencida del valor y el interés que ofrece para los particulares una alternativa para resolver sus litigios. Esta alternativa les resulta más económica, rápida y menos agobiante que los procedimientos judiciales y no les priva de su derecho a acudir a los tribunales como último recurso. Permite a las partes mantener, o incluso mejorar, una relación valiosa, que el carácter contradictorio de un litigio podría poner en peligro. Asimismo, les ofrece la posibilidad de buscar soluciones creativas que satisfagan sus necesidades reales. Por ejemplo, en casos de negligencia médica, la parte asegurada a menudo quiere una explicación y una disculpa tanto como una indemnización. La propia naturaleza del litigio contribuye a frustrar estas necesidades.

Ciertamente, en un principio la ponente puso en duda la necesidad de elaborar una directiva cuando los sistemas de mediación de la UE se encuentran aún en una fase embrionaria en algunos Estados miembros. Por otra parte, para ser eficaz, la mediación debe ser flexible. Cualquier intento de «regularla» podría reprimir su desarrollo. Tras su consulta en Internet y las pruebas presentadas por los expertos invitados a la audiencia de la comisión, la ponente ha de reconocer, sin embargo, que la elaboración de una directiva cuenta con un apoyo abrumador. Incluso los expertos que se mostraron reticentes en relación con la Directiva o críticos con su fundamento jurídico se manifestaron entusiasmados con la idea de la mediación como método alternativo de acceso a la justicia. Por consiguiente, el objetivo de la ponente ha sido conseguir una directiva viable, que contenga una regulación mínima y refleje las orientaciones y mejores prácticas existentes para poder fomentar un uso más amplio de la mediación en toda la UE. Por otra parte, la ponente desearía aprovechar esta oportunidad para agradecer a los expertos que participaron en la audiencia su buena disposición para remitir sus observaciones, algunas de las cuales se han utilizado para elaborar el presente informe.

Con sus enmiendas, la ponente ha intentado aclarar y mejorar la propuesta original, en particular modificando las definiciones de mediador y de mediación. Su principal preocupación es asegurar que se cumplan las normas de calidad, especialmente al incluir referencias al Código europeo de conducta para mediadores. La ponente ha modificado las disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución a fin de garantizar que son jurídicamente inatacables y que respetan las tradiciones jurídicas de los distintos Estados miembros. En cuanto a la confidencialidad, la ponente considera que la solución propuesta ofrece una forma viable de abordar esta cuestión, ofreciendo a los Estados miembros margen de maniobra para adoptar normas más estrictas, si lo consideran conveniente.

En lo que a la cuestión del fundamento jurídico se refiere, parece que la mayoría de los Estados miembros en el Consejo consideran que la propuesta de Directiva debería limitarse a casos transfronterizos, alegando que, en virtud del artículo 65 del Tratado CE, las medidas destinadas a «eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros» deben tener «repercusión transfronteriza» y han de adoptarse en la medida «necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior». La ponente ha optado por un compromiso que toma en consideración las preocupaciones de los Estados miembros en relación con la aplicación del artículo 65, al tiempo que ofrece a los consumidores y los ciudadanos del mercado interior una serie de opciones prácticas y accesibles para el usuario para lograr unos niveles elevados de mediación en toda la UE. La ponente confía en que finalmente prevalezca el sentido común en el Consejo en relación con los beneficios de la mediación y las disposiciones de la Directiva se apliquen también en los Estados miembros para situaciones puramente internas.

Por último, la ponente alaba esta iniciativa en la medida en que servirá para dar a conocer y fomentar la mediación como medio alternativo de acceso a la justicia y permitirá crear un marco de normas comunes que sean lo suficientemente sólidas para proteger los intereses de las partes y lo bastante flexibles para permitir la aparición de soluciones impulsadas por el mercado.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR (23.6.2005)

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles
(COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD))

Ponente de opinión: Johannes Blokland

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Consejo Europeo ha reiterado en distintas ocasiones la importancia que reviste la búsqueda de alternativas para la solución de conflictos. En 2000, el Consejo aprobó métodos alternativos para la resolución de litigios en el marco del Derecho civil y el Derecho mercantil. En la letra g) del apartado 2 del artículo III-269 del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa se incluye explícitamente la búsqueda de alternativas a la resolución de litigios entre las competencias de la Comunidad y se convierte en objetivo el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos.

Si el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos pasa a ser un objetivo, se impone la cautela en cuanto a la adopción de legislación. La nueva legislación limitaría el desarrollo de una alternativa a los procedimientos judiciales.

Posición del ponente

El ponente considera que los argumentos de la Comisión no son suficientemente claros para justificar una directiva sobre la mediación. Por consiguiente, propone que la Directiva sólo se aplique en los casos transfronterizos, con el fin de evitar que se obstaculice el desarrollo de la mediación como alternativa a los procedimientos judiciales en los Estados miembros. Los experimentos en materia de mediación deberían satisfacer los requisitos establecidos en la Directiva. El desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos figura en varios Estados miembros en el orden del día de los Ministerios de Interior y también interesa a los Ministerios de Justicia.

Las definiciones contempladas por la Comisión en el artículo 2 son demasiado amplias y deben limitarse de forma que no se abuse de la mediación. Por consiguiente, el ponente, por analogía con las directrices de las organizaciones internacionales de mediadores, opta por exigir que el acuerdo de mediación se establezca por escrito y por que la mediación sea llevada a cabo por un experto neutral en mediación.

Además de definir la calidad de la mediación, es necesario prever un procedimiento de reclamación y una normativa disciplinaria independientes. Estos instrumentos son esenciales para que la mediación sea una alternativa de pleno derecho a los procedimientos judiciales.

La mediación se caracteriza por el aspecto de confidencialidad. En el artículo 6 se vinculan los requisitos de confidencialidad de la mediación a la posibilidad de entablar un proceso judicial. El ponente considera que la confidencialidad de la mediación también debe mencionarse en el título. Además, el trato confidencial no debe limitarse a las declaraciones y confesiones hechas en el curso de la mediación. Los expertos también consideran como prueba para un procedimiento la conducta mostrada durante la mediación, por lo que este aspecto debería añadirse a la Directiva.

El desarrollo de la mediación en los Estados miembros no se verá favorecido en este momento con la adopción de legislación. La presente Directiva, en una versión modificada, podrá contribuir a crear confianza en la mediación como alternativa a los procedimientos judiciales en los litigios transfronterizos.

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión[1]Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1

Considerando 10

(10) La mediación no debería considerarse como una alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que la ejecución del acuerdo alcanzado depende de la buena voluntad de las partes. Por tanto, es necesario asegurar que todos los Estados miembros prevean un procedimiento por el que el acuerdo alcanzado pueda confirmarse mediante una resolución, sentencia, o instrumento auténtico por un órgano jurisdiccional o entidad pública.

(10) La mediación no debería considerarse como una alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que la ejecución del acuerdo alcanzado depende de la buena voluntad de las partes. Por tanto, es necesario asegurar que todos los Estados miembros, en el caso de que su legislación en el ámbito del Derecho civil o el Derecho mercantil no lo contemple, prevean un procedimiento por el que el acuerdo alcanzado pueda confirmarse mediante una resolución, sentencia, o instrumento auténtico por un órgano jurisdiccional o entidad pública.

Justificación

En algunos Estados miembros, un acuerdo surgido de la mediación es legalmente válido sin instrumento ni sentencia judicial. Por consiguiente, no es oportuno imponer obligatoriamente este procedimiento a todos los Estados miembros.

Enmienda 2

Artículo 1, apartado 1

1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a la resolución de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación dinámica entre la mediación y el proceso judicial.

1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a la resolución de litigios promoviendo el uso voluntario de las partes de la mediación y asegurando una relación dinámica entre la mediación y el proceso judicial.

Justificación

La característica específica de la mediación es el acuerdo voluntario de las dos partes. Debe precisarse.

Enmienda 3

Artículo 2, letra a), punto 1

a) "Mediación": todo proceso, sea cual sea su nombre o denominación, en que dos o más partes en un litigio son asistidas por un tercero para alcanzar un acuerdo sobre la resolución del litigio, independientemente de si el proceso es iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional, o prescrito por el Derecho nacional de un Estado miembro.

a) "Mediación": un proceso, sea cual sea su nombre o denominación, en que dos o más partes en un litigio intentan alcanzar un acuerdo sobre la resolución de su litigio mediante la participación de un mediador. Este proceso puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional con el acuerdo de las partes o iniciado en virtud de una obligación prevista por el Derecho nacional de un Estado miembro.

Justificación

Esta definición especifica que el objetivo de la mediación es intentar alcanzar un acuerdo por medio de un mediador que no tiene la misión de prestar asistencia a las partes. Además, precisa que para el procedimiento de mediación es necesario el acuerdo entre las partes. Se trata de una condición esencial para su éxito.

Enmienda 4

Artículo 3, apartado 1

1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes el uso de la mediación para solucionar el litigio. En todo caso, el órgano jurisdiccional podrá requerir que las partes asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación.

1. El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes el uso de la mediación para solucionar el litigio. El órgano jurisdiccional podrá solicitar que las partes asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación.

Justificación

La formulación del texto original va más allá del carácter marco de la propuesta de Directiva y menoscaba la subsidiariedad por lo que respecta al poder judicial. La enmienda permite la posibilidad de formular remisiones.

Enmienda 5

Artículo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros promoverán y fomentarán la formación de los mediadores para permitir que las partes en el litigio elijan a un mediador que pueda llevar a cabo una mediación eficaz de la manera esperada por las partes.

2. Los Estados miembros promoverán y fomentarán la formación de los mediadores para permitir que las partes en el litigio elijan a un mediador que pueda llevar a cabo una mediación eficaz, responsable y conforme a las expectativas justificadas de calidad de las partes.

Justificación

Es posible que en una mediación las partes participen en el proceso con expectativas totalmente contrarias. Por consiguiente, es necesario adaptar el texto en función de este criterio.

Enmienda 6

Artículo 6, título

Admisibilidad de las pruebas en los procesos judiciales civiles

Confidencialidad del proceso de mediación

Justificación

Este artículo debe hacer hincapié en la confidencialidad de un proceso de mediación. Lógicamente, la información obtenida durante la mediación no es admisible como prueba en un procedimiento judicial. Este criterio se aplica también a los procedimientos judiciales administrativos y no sólo a los procedimientos civiles. La modificación del título es aplicable a ambos.

Enmienda 7

Artículo 6, apartado 1, letra a)

(a) la propuesta de una parte de recurrir a la mediación o el hecho de que una parte estuviera dispuesta a participar en la mediación;

suprimido

Justificación

La propuesta o el ofrecimiento de una parte a concluir un litigio a través de la mediación no debe estar contemplada en las disposiciones sobre la confidencialidad de la mediación.

PROCEDIMIENTO

Título

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

Referencias

COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD)

Comisión competente para el fondo

JURI

Comisión competente para emitir opinión
  Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE
27.10.2004

Cooperación reforzada

 

Ponente de opinión
  Fecha de designación

Johannes Blokland
21.2.2005

Examen en comisión

26.5.2005

21.6.2005

 

 

 

Fecha de aprobación de las enmiendas

21.6.2005

Resultado de la votación final

a favor:

en contra:

abstenciones:

44

0

3

Miembros presentes en la votación final

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Helmuth Markov, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Michele Santoro, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà y Tatjana Ždanoka

Suplentes presentes en la votación final

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber y Kyriacos Triantaphyllides

Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes en la votación final

Richard James Ashworth, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Frédérique Ries y John Whittaker

  • [1]  Pendiente de publicación en el DO.

PROCEDIMIENTO

Título

Mediación en asuntos civiles y mercantiles

Referencias

COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)

Fecha de la presentación al PE

22.10.2004

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

JURI

27.10.2004

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión

       Fecha del anuncio en el Pleno

LIBE

27.10.2004

 

 

 

Ponente(s)

       Fecha de designación

Arlene McCarthy

24.11.2004

 

 

Examen en comisión

21.6.2005

13.9.2005

31.1.2006

20.4.2006

 

11.9.2006

3.10.2006

 

 

Fecha de aprobación

20.3.2007

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

26

0

0

Miembros presentes en la votación final

Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina y Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Mogens N.J. Camre, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer y Jacques Toubon

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Toine Manders