INFORME sobre la política de vivienda y la política regional

    28.3.2007 - (2006/2108(INI))

    Comisión de Desarrollo Regional
    Ponente: Alfonso Andria

    Procedimiento : 2006/2108(INI)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    A6-0090/2007
    Textos presentados :
    A6-0090/2007
    Textos aprobados :

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

    sobre la vivienda y la política regional

    (2006/2108(INI))

    El Parlamento Europeo,

    –       Vista la reglamentación que rige los Fondos Estructurales para el período 2007-2013,

    –       Vista su Resolución de 26 de septiembre de 2006 sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano[1],

    –       Vista su Resolución de 13 de octubre de 2005 sobre la dimensión urbana en el contexto de la ampliación[2],

    –       Vista la Resolución del Consejo de 12 de febrero de 2001 sobre la calidad arquitectónica en el entorno urbano y rural[3],

    –       Vista la Comunicación de la Comisión sobre «La política de cohesión y las ciudades: la contribución urbana al crecimiento y el empleo en las regiones» (COM(2006)0385),

    –       Vista la Comunicación de la Comisión sobre «Una estrategia temática para el medio ambiente urbano» (COM(2005)0718),

    –       Visto el Libro Verde de la Comisión de 22 de junio de 2005 sobre «La eficiencia energética o cómo hacer más con menos» (COM(2005)0265),

    –       Visto el Acuerdo de Bristol, de 7 de diciembre de 2005, que entre las ocho características de una ciudad sostenible menciona un entorno urbano de calidad, bien proyectado y construido,

    –       Vista la Carta Social del Consejo de Europa, versión revisada (STE 163), firmada en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996,

    –       Vista la Carta europea de la vivienda adoptada por el Intergrupo de política urbana y vivienda del Parlamento Europeo el 26 de abril de 2006,

    –       Vista la «Declaration on Human Settlements» (Declaración sobre los asentamientos humanos, adoptada a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda digna (Habitat I) que tuvo lugar en Vancouver entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 1976,

    –       visto el dictamen del Comité de las Regiones (345/2006) y el del Comité Económico y Social (407/2007), en aplicación de los artículos 117 y 118 del Reglamento,

    –       Visto el artículo 45 de su Reglamento,

    –       Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6‑0090/2007),

    A.     Considerando que la falta de viviendas decentes a precios asequibles influye de manera directa en la vida de los ciudadanos limitando sus posibilidades de inserción social y de movilidad tanto en las zonas urbanas como en las rurales,

    B.     Considerando que numerosas ciudades europeas padecen problemas importantes relacionados con la vivienda: según el país y la región de que se trata, oferta insuficiente o excesiva, situaciones de vida sin hogar, subida de los precios de compra y de los costes de mantenimiento y mal estado de los inmuebles; que un mal mantenimiento conduce a menudo a la demolición del patrimonio de viviendas existente, lo que puede dar lugar a nuevas desigualdades en términos de planificación urbana a falta de una estrategia de desarrollo integrado;

    C.     Considerando que la cuestión de la vivienda urbana se inscribe en el contexto más amplio de la planificación urbana y que, por lo tanto, esta vinculada a los problemas de empobrecimiento de determinados barrios, de degradación del medio ambiente (contaminación del aire y del agua, ruido, residuos, acumulación de desechos, etc.), de mal funcionamiento de los servicios públicos, de accesibilidad o de seguridad, etc.,

    D.     Considerando que las dificultades de acceso a la vivienda son una de las causas de segregación social y de separación social por barrios,

    E.     Considerando que el cambio demográfico y la despoblación en algunas regiones pueden dar lugar a un retroceso de la demanda de viviendas, a la existencia de viviendas vacías y a un retroceso de las infraestructuras culturales en particular, con la consiguiente disminución de la calidad de vida en los barrios afectados, que estarán habitados predominantemente por capas desfavorecidas de la población,

    F.     Considerando que la combinación de ingresos débiles, precios de la energía elevados y sistemas de calefacción y de aislamiento inadecuados generan problemas de pobreza y exclusión energética,

    G.     Considerando que la problemática inmobiliaria no se limita únicamente a la construcción de viviendas sino que también abarca las infraestructuras sociales (centros culturales, bibliotecas, estadios, lugares de encuentros etc.), que suponen un elemento fundamental de integración social al tiempo que contrarrestan el sentimiento de alienación que está particularmente extendido en los grandes núcleos urbanos,

    H.     Considerando que la exclusión social es contraria al modelo social europeo,

    I.      Considerando que se debe mantener la vitalidad de los centros de las ciudades y de los distritos sus barrios, así como la esencia de los edificios protegidos en su calidad de monumentos,

    J.      Considerando que el escalonamiento urbano genera numerosos problemas económicos y sociales que afectan al transporte (congestión de los transportes colectivos, dependencia respecto a los automóviles privados), a la protección del medio ambiente (mayor consumo de energía, contaminación) y a la accesibilidad a los servicios,

    K.     Considerando la importancia de la regeneración y la necesidad de dar otro uso a los eriales industriales (brownfield sites) y de la protección de los sitios vírgenes (greenfield sites),

    L.     Considerando que los instrumentos financieros de la política de cohesión permiten contribuir al florecimiento de los espacios urbanos al favorecer la rehabilitación de los espacios colectivos, la aplicación de medidas de seguridad y de prevención de la delincuencia, el desarrollo de acciones en favor de la utilización eficaz del agua y de la energía, el apoyo de la integración social, etc.,

    M.    Considerando los problemas específicos vinculados a los grandes inmuebles prefabricados, tanto en lo que se refiere a la calidad del hábitat como a las dificultades vinculadas a la rehabilitación de las infraestructuras (financiación de los trabajos de conservación y de renovación, así como de la investigación sobre las técnicas y tecnologías adecuadas),

    N.     Considerando que el nuevo Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha hecho que la vivienda puede optar a subvenciones en los nuevos Estados miembros en una serie de casos específicos[4],

    O.     Considerando los problemas de propiedad del hábitat, sobre todo los generados por la reglamentación inadecuada de los arrendamientos y los traspasos de propiedad en determinados Estados miembros,

    P.     Considerando el séptimo programa marco de investigación[5],

    Q.     Considerando las iniciativas financieras JEREMIE (Recursos europeos comunes para las micro y las medianas empresas) y JESSICA (Apoyo comunitario conjunto para una inversión sostenible en las zonas urbanas) establecidas en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI),

    R.     Considerando que el sector de la vivienda representa una fuente importante de empleo, tanto en el ámbito de la construcción propiamente dicha como en los ámbitos de la renovación, el acondicionamiento, los servicios de proximidad y los servicios financieros,

    S.     Considerando que el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo ha declarado prioritario el problema de las personas sin hogar y de la exclusión vinculada a la vivienda en el marco de la estrategia europea de inclusión y protección social,

    T.     Considerando que la inversión en viviendas sociales desempeña y seguirá desempeñando un papel fundamental en la tarea de proporcionar vivienda a muchas personas que no tienen otro acceso al mercado inmobiliario,

    1.      Considera que el derecho a una vivienda adecuada a un precio razonable es un importante derecho fundamental que está reconocido en diversas Cartas internacionales y Constituciones de los Estados miembros;

    2.      Considera que la reforma de viviendas para fines de política social y de eficiencia energética no es un asunto que interese únicamente a las ciudades, sino que debe darse una respuesta adecuada a los desafíos de gran envergadura a los que se enfrentan las zonas rurales en materia de vivienda, en particular en los nuevos países de la cohesión;

    3.      Pide que se identifiquen, a nivel europeo, una serie de indicadores de calidad mínimas que definan la noción de «vivienda adecuada»;

    4.      Subraya la importancia para la UE de aprobar una Carta Europea de la Vivienda a partir del trabajo del Intergrupo de política urbana y vivienda del Parlamento Europeo y sobre la base de la Carta aprobada por los Grupos políticos representados;

    5.      Insiste en la necesidad, en el contexto de la estrategia de Lisboa, de reforzar el derecho a la ayuda a la vivienda, así como otros derechos sociales, con el fin de permitir una real movilidad de los trabajadores;

    6.      Espera que las autoridades nacionales y locales adopten medidas para facilitar a los jóvenes la compra de la primera casa;

    7.      Pide a la Comisión Europea que incluya la cuestión inmobiliaria en la reflexión sobre las ciudades y el desarrollo sostenible de las regiones, así como en el programa de trabajo del grupo interservicios creado para la coordinación de las políticas que afectan a la dimensión urbana;

    8.      Subraya la importancia de las cuestiones de seguridad:

             •  en cuanto a la delincuencia, sobre todo en los barrios desfavorecidos,

             •  en cuanto a los edificios (normas de construcción y explotación),

             •  en cuanto a las infraestructuras de electricidad y de gas, pero también de conducción de aguas residuales y de calefacción (seguridad de los sistemas existentes y de las tecnologías de rehabilitación, incluida la sustitución de las canalizaciones obsoletas);

    9.      Considera asimismo importante tratar con coherencia las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible (solidaridad, medio ambiente y energía), la accesibilidad, la salud, la seguridad y la calidad de uso, y procurar que el coste de la mejora de las viviendas sea compatible con los medios de los hogares;

    10.    Destaca la importancia de los centros culturales, del diálogo intercultural y de los proyectos compartidos entre barrios como instrumentos de apoyo a la integración de las distintas comunidades residentes en las ciudades, en las poblaciones de la periferia y en las zonas rurales que las circundan;

    11.    Subraya la necesidad de tener en cuenta los problemas específicos de la vivienda en el medio rural, con el fin de fomentar una política equilibrada de planificación espacial que contrarreste la segregación y despoblación en las zonas rurales, especialmente considerando las numerosas desventajas de dichas zonas, tales como bajos niveles de ingresos, viviendas dispersas y ruinosas y la falta de viviendas para alquilar, viviendas sociales y de otro tipo;

    12.    Señala el carácter específico de las cuestiones de vivienda en pequeñas ciudades; considera que las pequeñas ciudades atraen a la población rural no sólo por sus opciones laborales sino también porque brindan la posibilidad de ampliar estudios y cualificaciones y satisfacen necesidades sanitarias y culturales; insiste en la necesidad de respaldar el desarrollo de estas funciones propias de las pequeñas ciudades, directamente vinculadas a los procesos de reestructuración de las zonas rurales, en particular en los servicios de salud, educación secundaria, desarrollo de pequeñas y medianas empresas en los sectores no agrícolas, turismo, balneoterapia, etc.;

    13.    Considera que, en el medio rural, es indispensable proponer medidas para incentivar la compra, rehabilitación o renovación de viejos edificios, apoyar a los organismos públicos y privados mediante asesoramiento y asistencia individualizados para la instalación de particulares y de profesionales, y mejorar la oferta de viviendas sociales, públicas o privadas, nuevas o renovadas;

    14.    Alienta a la Comisión a realizar un estudio y a los Estados miembros a mejorar la recogida de datos sobre el coste y la demanda de vivienda y sobre el mercado inmobiliario en general, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la ocupación de viviendas, los cambios en las estructuras familiares tradicionales y las circunstancias específicas de los jóvenes, así como el envejecimiento y la disminución de la población; además, pide a los Estados miembros que, al planificar y reestructurar proyectos de viviendas y al recoger los datos, tengan en cuenta el índice del aprovechamiento de las infraestructuras técnicas, sociales, culturales y de trasportes;

    15.    Hace hincapié, con referencia al principio de subsidiariedad, en que los problemas relacionados con la vivienda, que son una cuestión nacional, deben tratarse predominantemente al nivel local y en que, desde esta perspectiva, debe prestarse apoyo a los municipios;

    16.    Considera que, frente a la complejidad de los factores que inciden sobre la vivienda, es necesario adoptar un planteamiento integrado, profundamente cimentado en los principios de subsidiariedad y de proximidad, que asegure la puesta en práctica simultánea de diferentes elementos determinantes que promuevan el acceso a la vivienda, permitan mejorar la calidad de la construcción y la calidad de vida para todas las generaciones y aumenten el atractivo de los medios urbanos y rurales;

    17.    Subraya que, en la medida en que la mayoría de las viviendas sociales no se encuentran en un entorno muy favorable a la salud y que su calidad no permite garantizar unas buenas condiciones de vida, no solamente hay que promover la vivienda mediante acciones de desarrollo financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional sino también mejorar la salud y el entorno de los habitantes de las viviendas sociales y, con ello, su calidad de vida;

    18.    Considera también que la adopción de un planteamiento integrado tiene mayores posibilidades de éxito si es adoptado por las autoridades locales y regionales, que pueden asegurar una visión de conjunto, una coordinación óptima de las políticas y de las iniciativas puestas en práctica en la aglomeración y una visión a largo plazo del desarrollo de la aglomeración; por consiguiente, alienta a los Estados miembros a que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, asocien a las ciudades a la programación y a la gestión de los fondos estructurales destinados a la cofinanciación de acciones urbanas elegibles en el marco de programas operativos y a delegar en ellas su puesta en práctica;

    19.    Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que, al elaborar programas para la vivienda beneficiarios de subvenciones comunitarias, procuren que las colectividades locales, sobre la base de la recomendación de la Presidencia finlandesa titulada «La salud en todas las políticas» (Health in all policies), evalúen el impacto sobre la salud con el fin de crear un entorno que sea adecuado desde el punto de vista del medio ambiente y de la salud para las personas socialmente desfavorecidas;

    20.    Insiste en la necesidad de diálogo y de concertación entre los diferentes niveles de autoridades locales, regionales y gubernamentales con el fin de asegurar la coherencia de la intervención pública, así como una actuación responsable desde el punto de vista social, mediante una coordinación horizontal (entre todas las políticas comunitarias relativas a la vivienda), vertical (entre los actores que a diferentes niveles, europeo, nacional, regional y local, se ocupan de la vivienda) y mixto (entre las autoridades públicas, los actores socioeconómicos y la sociedad civil); pide, además, un alto grado de participación de los ciudadanos residentes y de sus organizaciones con el fin de llegar a opciones compartidas en las actividades de recalificación, rehabilitación, gestión y preservación del entorno urbano;

    21.    Alienta a una mayor coordinación de los flujos financieros y políticos que afectan a la vivienda, velando por la complementariedad entre las acciones apoyadas por el FEDER, los instrumentos financieros JESSICA y JEREMIE, así como el séptimo Programa marco de investigación y otras iniciativas a nivel comunitario, nacional, regional y local en materia de vivienda y de renovación urbana, con especial atención a la necesidad de modernización y renovación de las viviendas ubicadas en los cascos históricos de las ciudades;

    22.    Espera que, con vistas a la revisión de los reglamentos relativos a la política de cohesión, prevista para 2009, se reanude el debate para ampliar a todos los Estados miembros los fondos comunitarios para la renovación de la vivienda social con el fin de ahorrar energía y proteger el medio ambiente, disponibles hoy únicamente para algunos países, puesto que las necesidades en vivienda son un elemento crítico común en toda Europa; pide a la Comisión y al BEI que apliquen la iniciativa JESSICA en las mismas condiciones en todos los países, incluyendo la vivienda en el marco de un planteamiento de desarrollo integrado;

    23.    Alienta a los Estados miembros afectados a utilizar los fondos puestos a disposición por el FEDER en el ámbito de la vivienda;

    24.    Pide a la Comisión que, en el control de la intervención de los Fondos estructurales, garantice que a la hora de financiar la construcción de viviendas con cargo a dichos Fondos se aplique plenamente el considerando 6) del Reglamento (CE) nº 1018/2006 y que esta financiación sirva para proporcionar viviendas adecuadas a las capas desfavorecidas de la población mediante un régimen de alquileres sociales y limitados, tal como corresponde al principio de la financiación pública;

    25.    Confirma su apoyo al refuerzo de la asociación entre las autoridades públicas, los actores socioeconómicos y la sociedad civil, y subraya la importancia potencial de la colaboración público-privada especialmente en la modernización de edificios prefabricados y la revitalización de polígonos industriales abandonados;

    26.    Apoya la campaña iniciada por la Comisión en favor de la energía sostenible que tiene como objetivo sensibilizar a los ciudadanos europeos para que reduzcan el consumo doméstico; alienta también a la Comisión a promover una vasta campaña de información en el marco del plan de acción para la eficiencia energética;

    27.    Pide a la Comisión que facilite la difusión en el sector de la vivienda de las nuevas tecnologías y de los productos de construcción más eficaces que permitan reducir el consumo de energía;

    28.    Alienta a la Comisión a dar curso efectivo a la acción piloto para el sector del hábitat social en el marco del programa SAVE[6], con el fin de promover y de difundir los proyectos ejemplares seleccionados en materia de eficiencia energética;

    29.    Subraya la importancia de los intercambios de buenas prácticas en materia de política de vivienda y alienta a la Comisión a desarrollar redes temáticas para la vivienda similares a las establecidas en el marco del programa URBACT; en este contexto, acoge con interés la iniciativa de la Comisión «Las regiones por el cambio económico» (COM(2006)0675) y espera la presentación de las modalidades de aplicación de esta iniciativa;

    30.    Alienta a la Comisión a crear un sitio Internet en todas las lenguas oficiales de la Unión que pueda ser un foro de cooperación y de intercambio de información y de buenas prácticas siguiendo el ejemplo de de la red europea de conocimientos sobre las políticas urbanas (EUKN);

    31.    Pide a la Comisión que prepare un estudio que presente el reparto de competencias y responsabilidades entre los niveles nacional, regional y local, así como el marco jurídico para la vivienda en todos los Estados miembros; considera que dicho estudio permitirá adoptar decisiones con conocimiento de causa, así como identificar los posibles ámbitos de acción de la UE en favor de la vivienda con el fin de asegurar un verdadero valor añadido a las medidas comunitarias en relación a los niveles nacionales, regionales y locales;

    32.    Apoya firmemente la idea de una simplificación burocrática a todos los niveles, con el fin de hacer más eficaz la planificación y la gestión del territorio;

    33.    Subraya la importancia de la formación de operadores sobre el terreno con una preparación específica en el sector de la planificación urbana, construcción, rehabilitación, gestión y preservación del patrimonio arquitectónico existente y acoge con satisfacción las acciones de formación en el marco del Fondo Social Europeo (FSE);

    34.    Subraya la importancia de que las autoridades de gestión del territorio tomen en consideración, al identificar las políticas de ordenación del territorio y planificar las intervenciones y actuaciones, la accesibilidad de las viviendas, los servicios públicos y los medios de transporte urbano para las personas con discapacidad y la previsión de zonas de ejercicio y recreo para los niños y los jóvenes;

    35.    Alienta al grupo BEI y a la Comisión Europea a que establezcan, en el marco de JEREMIE y en sinergia con la iniciativa JESSICA, una estrategia para estimular el desarrollo del sector de la construcción, principalmente en los nuevos Estados miembros, lo que constituiría una ayuda estructural al desarrollo del sector de la vivienda con la movilización de recursos locales y regionales en torno a proyectos urbanos;

    36.    Alienta a las autoridades nacionales, regionales y locales a que identifiquen las diferentes circunstancias de las ciudades y de los territorios en los Estados miembros y a que elaboren y revisen sus políticas de vivienda de conformidad con el principio de sostenibilidad;

    37.    Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales que aborden con urgencia una de las prioridades de la política de la vivienda, que es remediar la carencia de hogar;

    38.    Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos de los Estados miembros, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.

    • [1]  Textos aprobados, P6_TA(2006)0367.
    • [2]  DO C 233E de 9.9.2006, p. 127.
    • [3]  DO C 73 de 6.3.2001, p. 6.
    • [4]  Reglamento CE nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: artículo 7, apartado 2, y considerandos 5 y 6.
    • [5]  Séptimo programa marco de la Comunidad Europea para las actividades de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración.
    • [6]  SAVE - programa plurianual destinado a promover la eficiencia energética.

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    Aunque el Tratado no atribuye a la Unión Europea competencias específicas en materia de vivienda, un gran número de políticas comunitarias (sobre todo en materia de medio ambiente, energía, transportes, política social o incluso medidas en favor del mercado común) tienen repercusiones directas o indirectas en la situación de la vivienda en los distintos Estados miembros de la UE.

    Hay que señalar también que gracias al nuevo Reglamento del FEDER la vivienda puede optar a subvenciones en los nuevos Estados miembros en una serie de casos específicos (artículo 7, apartado 2, y considerandos 5 y 6), lo que confiere de facto a la UE una parte de las responsabilidades en la materia.

    La vivienda se inscribe además en una reflexión más amplia sobre la capacidad de atracción de las ciudades en el contexto del refuerzo de su potencial de crecimiento y de creación de empleo y, por consiguiente, en el de la contribución a la aplicación de la Agenda de Lisboa. La contribución de las ciudades al crecimiento y al empleo se pone de manifiesto también en las Orientaciones Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión.

    El Parlamento Europeo se ha pronunciado en varias resoluciones a favor de medidas concretas que estimulen el desarrollo del medio ambiente urbano y de una mayor responsabilización de las autoridades locales, que deben establecer los planes de gestión y de transporte urbano para mejorar la calidad de vida en sus ciudades.

    Por otra parte, la Carta Europea de la Vivienda, adoptada por el Intergrupo de política urbana y vivienda del Parlamento Europeo el 26 de abril de 2006, define la vivienda como un bien de primera necesidad, un derecho social fundamental que se encuentra en la base del modelo social europeo y un elemento de la dignidad humana.

    En este contexto, es importante identificar los factores que tienen repercusiones en la vivienda, a fin de poner en práctica una política «socialmente responsable» y hacer la vivienda accesible a todos. Se trata poner remedio a los fenómenos de segregación espacial y de creación de ghettos, así como de responder a los desafíos socioeconómicos vinculados al envejecimiento de la población, situando a la vivienda en una perspectiva más amplia de desarrollo sostenible de las ciudades.

    El presente informe tiene por objeto centrar la reflexión sobre la vivienda en torno a tres ejes clave:

    1. La dimensión social

    2. La dimensión ambiental y energética

    3. La dimensión de coordinación.

               1. La dimensión social

    Aunque la Carta Europea de la Vivienda considere la vivienda un derecho fundamental, la falta de viviendas decentes a precios asequibles influye de manera directa en la vida de los ciudadanos limitando sus posibilidades de inserción social, así como sus opciones en materia de estudios, de formación y de desarrollo profesional.

    Ello repercute a su vez en la competitividad, el empleo y el desarrollo económico en general. En esta última década, los precios de la vivienda han conocido un aumento constante en casi todos los países de la UE: Este aumento ha implicado una reducción de la capacidad de los hogares de consumir otros bienes, lo que constituye a largo plazo un freno al desarrollo sostenible.

    En particular, los problemas de acceso a la vivienda y la calidad de la misma generan problemas de segregación social: los más desfavorecidos siguen afluyendo a las zonas problemáticas, mientras los más favorecidos se trasladan a otros barrios. En este marco se inscribe también la cuestión de las personas que viven en la calle y los problemas de inserción social de los inmigrantes procedentes tanto de otras zonas de la Unión Europea como de países terceros, así como el problema de los barrios de extrarradio, que se manifiesta en los sucesivos brotes de violencia que se producen en las ciudades de varios Estados miembros.

    En este contexto, la cultura puede representar un instrumento precioso para favorecer la integración de las distintas comunidades que conforman las ciudades y su extrarradio. El establecimiento de centros culturales o la realización de proyectos de cooperación entre barrios pueden permitir el inicio de un diálogo intercultural, especialmente en las ciudades y los barrios del extrarradio con una fuerte concentración de inmigrantes y en los que los problemas de integración son más evidentes. Así pues, es importante incluir las actividades culturales en un enfoque integrador de la planificación y la regeneración urbanas.

    La exclusión social es contraria al modelo social europeo, que debe ofrecer perspectivas de futuro a cada ciudadano. Por consiguiente, es necesario garantizar una mayor cohesión social y favorecer, en particular, la inserción de los jóvenes y las personas de edad avanzada. Ello se inscribe en el marco de una revalorización de las relaciones entre el centro histórico y la periferia, entre barrios acomodados y barrios desfavorecidos, entre el territorio urbano y el territorio no urbano.

    Hay que señalar también que el sector de la vivienda representa en sí mismo una fuente importante de empleo, tanto en el ámbito de la construcción propiamente dicha como en los ámbitos de la renovación, el acondicionamiento, los servicios de proximidad y los servicios financieros.

               2. Dimensión medioambiental y energética

    La estrategia de desarrollo de la vivienda urbana se inscribe en el contexto más vasto de una estrategia general de desarrollo urbano. Los problemas de la vivienda no se limitan a cuestiones de construcción o de ordenación del territorio propiamente dichas, sino que están altamente influidos por una mala planificación urbana que hace que determinados barrios, afectados por la degradación medioambiental (contaminación del aire y del agua, ruido, desechos, aglomeración, etc.) y el mal funcionamiento a nivel de los servicios públicos, de la accesibilidad, de la seguridad, etc., resultan cada vez menos atractivos y se hunden en la pauperización.

    Este empobrecimiento se acrecienta a menudo debido a problemas energéticos. Los precios crecientes de la energía llevan, por una parte, a la racionalización de la explotación (establecimiento de medidas y tecnologías en favor del ahorro de energía e introducción de la energía sostenible, desarrollo de nuevas fuentes de energía, etc.), pero, por otra parte, la combinación de ingresos débiles, precios de la energía elevados y sistemas de calefacción y de aislamiento inadecuados generan problemas de «pobreza energética»[1] y de exclusión energética. Es importante considerar que el mayor potencial de ahorro de energía se encuentra en el sector de la vivienda, donde el potencial se estima en el 27 % de la energía utilizada, como lo subraya la Comisión Europea en su plan de acción sobre la energía.

    Hay que notar también el impacto de escalonamiento urbano en la situación de las ciudades. El abandono del centro de las ciudades y el empobrecimiento generan numerosos problemas de organización que afectan especialmente al transporte (congestión de los transportes colectivos, dependencia de los automóviles privados), la protección del medio ambiente (mayor consumo de energía, contaminación causada por los automóviles individuales) y la accesibilidad a los servicios, lo que incide sobre la situación social y económica de la ciudad y de sus habitantes.

    El atractivo de la vivienda supone la existencia de medios de transporte eficaces, poco costosos y funcionales, que permitan enlazar el lugar de residencia con el lugar de trabajo. Así pues, es necesario ofrecer al conjunto de la población medios de transporte que sustituyan al automóvil individual.

    Por otra parte, la buena accesibilidad de las viviendas a los servicios (especialmente en los ámbitos social y de la salud, de la formación, de los comercios y de la administración pública) es fundamental. A este respecto, conviene prestar una atención especial a los barrios desfavorecidos, que a menudo están débilmente dotados de servicios de proximidad y mal enlazados con los servicios más alejados.

    La seguridad urbana desempeña también un papel importante para el atractivo de las ciudades europeas. Por ello es importante elaborar políticas de lucha contra la delincuencia, especialmente en los barrios desfavorecidos. La renovación de los espacios públicos, por ejemplo, puede permitir la prevención de la delincuencia y garantizar una mejor seguridad. Para aplicar tales políticas es necesario disponer de información y estadísticas de calidad que permitan centrar mejor las políticas en cuestión.

    También es preciso subrayar la importancia de la seguridad de las infraestructuras de distribución de electricidad y de gas, pero también de aguas de cloaca, tanto en materia de acceso como de seguridad de los sistemas existentes y de las tecnologías de rehabilitación utilizadas. Esto es necesario sobre todo en los nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental, donde los cimientos necesitan en la mayor parte de los casos una rehabilitación conforme a las normas de seguridad en vigor.

               3. Dimensión de coordinación

    En este contexto, en el que los diferentes problemas se entrecruzan y se solapan, es necesario adoptar un planteamiento integrado profundamente anclado en los principios de subsidiariedad y de proximidad que aseguraría la puesta en práctica simultánea de diferentes elementos determinantes para asegurar la calidad de vida y la atracción de los medios urbanos, siguiendo una metodología común y participativa que se inscribe en el marco de las agenda de Lisboa y de Gotemburgo.

    Este planteamiento puede ser realizado mejor por las autoridades locales, que pueden asegurar una visión de conjunto, una coordinación óptima de las políticas y de las iniciativas puestas en práctica en la aglomeración y una visión a largo plazo del desarrollo de la ciudad.

    Con el fin de apoyar este planteamiento, es necesario poner en práctica una coordinación horizontal (entre todas las políticas comunitarias relativas a la vivienda), vertical (entre los actores que a diferentes niveles europeo, nacional, local se ocupan de la vivienda) y mixto (entre las autoridades públicas, los actores socioeconómicos y la sociedad civil).

    Por otra parte, las ciudades, las regiones y los Estados miembros deben disponer de un mecanismo de intercambio de experiencias y de «buenas prácticas» en materia de políticas de vivienda, basándose en las enseñanzas extraídas del programa URBACT, que comprende actualmente 17 redes temáticas y varios grupos de trabajo.

    En particular, es preciso valorizar y difundir las mejores prácticas aplicadas por las autoridades nacionales, regionales y locales, con el fin de desarrollar concretamente la estrategia mencionada teniendo en cuenta los diferentes contextos de referencia. Este mecanismo permitirá establecer un ciclo de aprendizaje continuo y representa una de las fuentes fundamentales de valor añadido a nivel europeo.

    No obstante, vista la complejidad de la materia y la necesidad de planificar y realizar un planteamiento integrado a nivel local, el valor añadido de la contribución comunitaria en relación a las competencias nacionales, regionales y locales consistiría no en iniciar acciones legislativas que no podrían responder a la diversidad de las necesidades y situaciones de las ciudades, sino en establecer un sistema de apoyo al intercambio y a la transferencia de buenas prácticas entre los Estados miembros.

    • [1]  Se habla de «pobreza energética» cuando más del 10 % de los ingresos se consagra al pago de las facturas de energía.

    PROCEDIMIENTO

    Título

    La política de vivienda y la política regional

    Número de procedimiento

    2006/2108(INI)

    Comisión competente para el fondo
    Fecha del anuncio de la autorización en el Pleno

    REGI
    18.5.2006

    Comisión(es) competentes(s) para emitir opinión
      Fecha del anuncio en el Pleno

    EMPL

    16.11.2006

     

     

     

     

    Opinión(es) no emitida(s)
      Fecha de la decisión

    EMPL
    23.1.2007

     

     

     

     

    Cooperación reforzada
      Fecha del anuncio en el Pleno

     

     

     

     

     

    Ponente(s)
      Fecha de designación

    Alfonso Andria
    2.5.2006

     

    Ponente(s) sustituido(s)

     

     

    Examen en comisión

    22.11.2006

    22.1.2007

     

     

     

    Fecha de aprobación

    20.3.2007

    Resultado de la votación final

    +: 45

    –: 3

    0: 1

     

    Miembros presentes en la votación final

    Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

    Suplente(s) presente(s) en la votación final

    Alfredo Antoniozzi, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Christa Prets, Toomas Savi, László Surján, Károly Ferenc Szabó, Nikolaos Vakalis

    Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) presente(s) en la votación final

    Věra Flasarová

    Fecha de presentación

    28.3.2007

    Observaciones (datos disponibles en una sola lengua)